Sentencia 1998-01020 de agosto 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-1998-01020-01 (29.904)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Segundo Roberto Hernández Caicedo y otros

Demandado: Municipio de Candelaria

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., trece de agosto de dos mol catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988 y de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 18’850.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma aproximada de $ 200’000.000, solicitada por daño emergente, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Consideraciones previas

1. Con la demanda fueron aportadas 5 fotografías(2), con las cuales se pretende mostrar el lugar en el que ocurrió el accidente en el que resultó lesionado el señor Segundo Roberto Hernández Caicedo; sin embargo, comoquiera que ellas registran unas imágenes que no fueron reconocidas o ratificadas dentro de este proceso y no existe certeza de que correspondan al sitio donde ocurrieron los hechos objeto del litigio, la Sala no les dará valor probatorio.

2. También con la demanda, se aportaron unas declaraciones extraprocesales(3), con las que se pretenden acreditar las relaciones familiares entre los demandantes y la dependencia económica de los mismos con la víctima, declaraciones que no se puede tener como medio de prueba, por cuanto no se dieron los supuestos que, para ese efecto, establecen los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, según los cuales este tipo de prueba solo es admisible cuando el testimonio lo rinde una persona que manifieste estar gravemente enferma o cuando tenga como propósito servir de prueba sumaria en un asunto en el que la ley lo autorice, a lo que se agrega que las referidas declaraciones no fueron ratificadas en este asunto.

El caso concreto

En oficio del 21 de julio de 1997, dirigido al inspector de policía departamental, el comandante de la estación menor de Policía de Villagorgona hizo constar que:

“...el día 02-03-97, siendo las 22.05 horas en la cra. 10 frente a la residencia Nº 10-45 barrio central de Villagorgona, sufrio (sic) un accidente de transito (sic) el señor Segundo Roberto Hernández... quien se movilizaba en la motocicleta marca: Yamaha DT.125, placa: IXO-30 ... el señor en mención se accidento (sic) en un hueco que dejo (sic) el municipio de Candelaria, cuando pavimento (sic) la carrera 10 y el señor Segundo Roberto Hernández, al caer en el mencionado hueco sufrio (sic) laceraciones en varias partes del cuerpo, siendo llevado al hospital local de Candelaria, donde posteriormente llamaron y dijeron que sufrio (sic) fractura craneoencefalica (sic) y ruptura de la cervical, siendo trasladado al hospital universitario de Cali, la motocicleta quedo (sic) a disposición del transito (sic) municipal de Candelaria”(4).

Esa información consta, igualmente, en el folio 149 del libro de población de la subestación de Policía de Villagorgona(5).

Según la historia clínica del señor Segundo Roberto Hernández en el hospital Universitario del Valle(6), remitida a este proceso el 21 de noviembre de 2000, por la secretaria de la sección de estadística de ese centro asistencial, aquel ingresó al servicio de urgencias de esa institución el 3 de marzo de 1997, a las 00:49 horas, con diagnóstico de trauma craneoencefálico severo, lesión axonal difusa y permaneció hasta el 14 de los mismos mes y año(7).

Al momento del ingreso, presentaba trauma cerrado por accidente en moto, politraumatismo, trauma craneoencefálico severo, trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen, trauma cervical y se encontraba en estado de embriaguez(8).

Como consecuencia de lo anterior, el señor Hernández perdió el 70.95% de su capacidad laboral, con diagnóstico de “Secuelas de trauma craneoencefálico hemiparesia izquierda. Pérdida de audición perdida visual”, según certificado del 23 de diciembre de 2002, proferido por la junta de calificación de invalidez, regional Valle del Cauca(9).

2. Verificada así la existencia del daño, se abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si este es atribuible o no a la entidad pública demandada, como lo alegan los actores.

Sobre la ocurrencia del accidente, además del informe del comandante de la estación menor de Policía de Villagorgona transcrito en la página anterior, obran los testimonios que a continuación se relacionan.

El de Yolanda Amaya Moncada, rendido el 31 de enero de 2001, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Candelaria (en cumplimiento de la comisión ordenada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca), quien dijo:

“El accidente ocurrió el día 2 de marzo de 1997, entre las 9 y 10 de la noche, yo me encontraba afuera de mi casa, lugar del accidente, habia (sic) una calle destapada y habia (sic) un pedazo sin pavimentar, en ese momento venía el señor Segundo Roberto, por su carril derecho, pero estaba oscuro, por que (sic) el poste no tenia (sic) luz, el (sic) no alcanzo (sic) a ver de lejor (sic) el hueco y por tratar de esquivar el mismo perdió el control de la moto se cayó en el mismo hueco, y quedo (sic) privado botando sangre por la boca por los oidos (sic), y llamaron al carro de la policia (sic) y lo llevaron al hospital”(10).

En el rendido el 14 de junio de 2001, la misma señora afirmó:

“... iba despacio, era una velocidad prudente ... El hecho de que la via (sic) pavimentada se interrumpía pr cisamente (sic) en el carril que le tocaba a Segundo Roberto Hernández y entraba a un hueco sin pavimentar, el pavimento de la via (sic) de la carrera 10 habia (sic) sido colocado recientemente, es decir era nuevo y no era lógico que dejaran ese tramo sin pavimentar porque un motorista no podía prever esa interrucción (sic) del pavimento, no habia (sic) señales de advertencia sobreel (sic) hueco o previniendo a los motoristas sobreel (sic) peligro. Es tan ilógico que hayan dejado ese hueco sin pavimentar que solo unos cuantos metros después se encontraba nuevame te (sic) pavimentado, se formabacomo (sic) una especie de muela en la via (sic) pavimentada con ese hueco (...) la muela estaba sin pavimentar, ocupaba todo el carril que le correspondía al señor Hernández y él legó (sic) encima del hueco inadvertido porque no habian (sic) señales deprevisión (sic)”(11).

La señora Piedad Sánchez Antia, en testimonio rendido el 14 de junio de 2001, manifestó:

“...fué (sic) a las diez dela (sic) noche, el accidente fué por causa de la muela que estaba destapada, o sea un hueco en la calle porque como esaba (sic) destapado el hueco entonces por eso fué el accidente y como él venia (sic) en la moto entonces se cayó dela (sic) moto en el hueco y de ahí él quedó invalido (sic) y sobre el accidente y por eso él quedó invalido (sic) ... era pavimentada pero le faltaba un pedazo para pavimentar, el resto estaba pavimentado y allí donde seprodujo (sic) el accidentes (sic) ese pedazo estabapendiente (sic) por pavimentar ... No habia (sic) buena iluminación de alumbrado público, si ha habido alumbrado público pero ese día no habia (sic) bombilla, el accidente ocurrió a las diez dela (sic) noche”(12).

Por su parte, la señora Lilia María Moncada Rodas, en testimonio rendido durante la diligencia de inspección judicial al lugar de los hechos, el 9 de octubre de 2001, sostuvo:

“... yo estaba en la puerta de mi casa ubicada en la carrera 10 Nº 10-29 ...entonces el (sic) venia (sic) y como eso habia (sic) un hueco en la carretera por que (sic) estaba sin pavimento ... pero el otro carril si estaba completamentep (sic) pavimentado, y antes y despues (sic) del hueco también estaba pavimentado ... yo creo que sería que el (sic) no vio el hueco, como el (sic) venia (sic) por el lado donde estaba el hueco, osea (sic) por la derecha, y cuando nosotros fué (sic) que se vino y calló (sic) de la moto ... el (sic) quedó muy mal estado (sic), nosotros lo ayudamos y llamamos a la policia (sic) y lo llevaron al hospital ... la inseguridad que prestaba ese hueco, por que (sic) hay (sic) se podía accidentar cualquie (sic) persona, así como se accidentó el señor”(13).

Sobre el particular, en oficio del 27 de octubre de 2000(14), el alcalde del municipio de Candelaria dijo que durante los años 1994 a 1997 no se contrataron obras de pavimentación sobre la carrera 10 del barrio Central de Villagorgona, pues las obras del proyecto del anillo vial de esa localidad, que comprendían la pavimentación de la carrera 10, se contrataron en 1993. Dijo también, que el sector comprendido entre las calles 9 y 11 de la carrera 10 no fue terminado, por lo que, en 1998, contrató la terminación de la pavimentación de ese tramo específico.

De conformidad con el escaso material probatorio antes descrito, se encuentra acreditado que el señor Segundo Roberto Hernández Caicedo perdió el 70,95% de la capacidad laboral, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 2 de marzo de 1997, en el municipio de Candelaria.

Según los testimonios, el accidente ocurrió cuando el señor Hernández Caicedo cayó a un hueco en la vía (tramo sin pavimentar de una vía), sin señalización y sin iluminación.

El municipio de Candelaria es el encargado del cuidado y mantenimiento de sus vías, tal como lo dispone la Constitución Política, así:

“ART. 311.—Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

“(...)

“ART. 315.—Son atribuciones del alcalde:

“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.

“(...)

“3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; (...)

“(...)

“5. Presentar oportunamente al concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio.

“(...)

“10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen”.

A su turno, en desarrollo del anterior postulado constitucional, la Ley 136 de 1994(15) dispone:

“ART. 3º—Funciones. Corresponde al municipio:

“1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley.

“2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal.

“3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

“4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la Ley y en coordinación con otras entidades.

“(...)

“7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio.

“(...)

“9. Las demás que señale la Constitución y la ley”.

“(...)

“ART. 91.—Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.

“Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:

“A) En relación con el concejo:

“1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio.

“2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, y de obras públicas, que deberá estar coordinado con los planes departamentales y nacionales.

“(...)

“D) En relación con la administración municipal:

“(...)

19. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria”.

Tales funciones, según la jurisprudencia de la Sala, abarcan la operación y el mantenimiento de las vías públicas como parte integral del desarrollo municipal(16).

De lo anterior se desprende que el municipio de Candelaria omitió el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, pues la vía en la cual ocurrió el accidente pertenece a la malla vial urbana municipal.

Concretamente, omitió el mantenimiento adecuado y la conservación de la vía, toda vez que no adoptó las medidas necesarias para tapar el hueco que dejó la pavimentación incompleta de esta; así mismo, omitió, cuando menos, la señalización que advirtiera a los transeúntes y conductores sobre el peligro que aquel hueco representaba, lo cual contribuyó de manera determinante para que se produjera el daño cuyos perjuicios se demandan, de manera que si el hueco no hubiera estado en la vía, en principio, la víctima no hubiera sufrido el accidente.

Así las cosas, es claro que el daño antijurídico causado a los actores le es imputable al municipio de Candelaria, de conformidad con el régimen de la falla del servicio, por cuanto se demostró con las normas y las pruebas transcritas que dicha entidad territorial tenía a su cargo la conservación, mantenimiento y señalización de sus vías y que no cumplió con ese deber y, por tanto, tampoco cumplió el de garantizar el tránsito adecuado y seguro en ellas.

Al respecto, es preciso señalar que, cuando la omisión de un deber legal da lugar a un resultado dañoso, se configura una falla en la prestación del servicio. Precisamente, la Sala se ha referido en varias oportunidades al régimen de falla del servicio, para señalar que este ha sido y continúa siendo en nuestro derecho el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria a cargo del Estado; en efecto, si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual(17).

También ha sostenido la Sala que el inciso segundo del artículo 2º de la Carta, según el cual “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades...”, “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”(18).

En esa medida, el Estado tiene la obligación de utilizar adecuada y eficientemente todos los medios que están a su alcance en orden a cumplir el cometido institucional. Si el daño se produce por su incuria o desidia en el empleo de tales medios, surge su obligación resarcitoria; en cambio, si el daño ocurre a pesar de su diligencia y cuidado, no es posible que resulte comprometida su responsabilidad.

En casos como este, en los que la existencia de huecos ha sido la causa determinante en la generación de accidentes de tránsito, cuando dicha obligación está a cargo de las autoridades administrativas, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera (se transcribe tal cual):

“La seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida u obstaculizada por situaciones anormales, que en eventos como el de autos, constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en todo el plexo normativo en esta materia, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8º del Decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas; el artículo 1º inciso segundo del Código Nacional de Tránsito, el capítulo octavo de la Ley 336 de 1996, que desarrollan el principio de la seguridad entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción con (sic) un derecho fundamental; y todos ellos se acompasan con el denominado principio de la señalización en materia de tránsito de vehículos, en efecto se ha dicho:

‘(...)

‘La seguridad de los habitantes, o mejor de los usuarios de las vías públicas, es uno de los deberes propios de las entidades y personas vinculadas al control del tránsito en todo el territorio nacional, así lo estableció el Decreto 1344 de 1970. Resulta evidente que cuando esa seguridad no es propiciada, antes bien, es cuestionada o puesta en peligro, por la inercia o negligencia de las autoridades llamadas a ejercer el control, las consecuencias gravosas para los particulares, que pueden seguirse de dichas omisiones o cumplimiento defectuosos (sic) de tales competencias, han de ser asumidas por las respectivas entidades públicas’”(19).

No obstante, con la historia clínica obrante en el proceso(20) y con la narración de los hechos de los propios actores en la demanda(21), se demostró igualmente que la conducta indebida de la propia víctima, esto es, la conducción de una motocicleta en estado de embriaguez también contribuyó a la ocurrencia del accidente de tránsito, pues el consumo de bebidas alcohólicas disminuye la capacidad de reacción y la pericia necesarias para el ejercicio de una actividad peligrosa.

En efecto, sobre las afectaciones generadas por el consumo de bebidas alcohólicas, la doctrina ha dicho(22):

“Con cifras en sangre hasta de 20 mgs. % no existe ninguna alteración; entre 20 y 50 mgs. %, puede haber alguna locuacidad y merma de reflejos; entre 50 y 85 mgs. %, hay disminución de los reflejos y alteración en la percepción. Entre 85 y 100 mgs. % en una tercera parte de las personas ya puede haber síntomas de embriaguez, y las inhibiciones sociales están disminuidas; las respuestas se tornan lentas y ya existe incoordinación. A niveles de 100 a 150 mgs. %, la mitad de las personas... ya están ebrias, y hay una definida merma de los reflejos y de la coordinación motora.

“Con cifras de 150 a 200 mgs. %, el 80% está francamente ebrio y existe percepción defectuosa en sentidos tan importantes como la visión, disminución del dolor y la voz es arrastrada. De 200 mgs. % en adelante, cualquiera estará completamente ebrio; de 250 a 300 mgs. %, existe disminución de los estímulos, notoria incoordinación muscular que difícilmente permite a la persona mantenerse en pie. Cifras de 300 mgs. % en adelante hacen que el individuo esté en estupor y variará de superficial a profundo. Cifras por encima de 400 mgs. %, llevan a coma, hipotermia e hiporreflexia, anestesia y colapso, y ya son frecuentemente fatales. De 500 mgs. % en adelante sobreviene depresión del centro respiratorio y vasomotor y rápidamente la muerte.

“Entre 600 y 700 mgs. %, hay un coma profundo con muerte rápida. Alcoholemias por encima de 700 mgs. %, son incompatibles con la vida” (negrillas de la Sala) (sic).

Con base en lo anterior, se tiene que una persona en estado de embriaguez, como ingresó la víctima al centro asistencial en el que recibió atención médica —según la historia clínica—, presenta disminución de sus reflejos (disminución de sus capacidades de observación y de reacción) y alteración en la percepción, circunstancia que, sin duda, en el presente caso, contribuyó a que aquella disminuyera la pericia en la conducción de la motocicleta.

Sobre las obligaciones y medidas de precaución que deben observar los conductores y sobre las sanciones a imponer a los infractores de las mismas, los artículos 109, 224 y 230 del Decreto-Ley 1344 de 1970, modificado por los decretos 1809 de 1990 y 2591 de 1990 (Código Nacional de Tránsito, vigente para la época de los hechos) establecían lo siguiente:

“ART. 109.—Toda persona que tome parte en el tránsito, como conductor o como peatón, debe comportarse en forma que no incomode, perjudique o afecte a las demás, y deberá conocer y cumplir las normas de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito; además observará las señales de control de tránsito que determine el Ministerio de Obras Públicas y coloque la autoridad competente.

“(...)

ART. 224.—Quien conduzca es estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas o estupefacientes y sin perjuicio de que se aplique el artículo 207 del Código de Policía, será sancionado con multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos y suspensión de la licencia de conducción de seis (6) meses a un (1) año”.

ART. 230.—Los vehículos podrán inmovilizarse:

“(...)

3. Cuando el conductor se encuentre conduciendo en estado de embriaguez o drogadicción”.

Así las cosas, las normas de tránsito referidas y el material probatorio obrante en el expediente dan cuenta de que en el accidente de tránsito que le ocasionó las lesiones al señor Segundo Roberto Hernández concurrieron dos causas: i) el hueco en la vía y ii) el estado de embriaguez de aquel.

Por lo anterior, forzoso resulta concluir que el daño causado a los demandantes es jurídicamente imputable tanto al municipio de Candelaria como al señor Hernández, razón por la cual la Sala condenará al demandado a pagar el 50% de los perjuicios que se causaron a los demandantes, comoquiera que, si bien aquel incurrió en una falla en el servicio, la conducta de la víctima también fue determinante para la producción del daño.

Expuesto lo anterior, habrá lugar a modificar la sentencia recurrida.

Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

Por las lesiones del señor Segundo Roberto Hernández Caicedo, además de él, concurrieron al proceso Aleida Ospina Berrio (en calidad de compañera permanente), Alexander, Katerine y Leydi Yuliet Hernández Ospina (en calidad de hijos), quienes acreditaron las calidades con que acudieron al proceso(23).

Pues bien, según la jurisprudencia de la Sala, en los eventos en los que una persona resulta lesionada y estas lesiones resultan imputables al Estado, ello puede desencadenar la indemnización de perjuicios morales.

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(24).

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que los demandantes son la víctima y su núcleo familiar, se reconocerían, en principio, 100 smlmv para cada uno; sin embargo, como la conducta de la víctima también fue determinante para la producción del daño, se reducirá en un 50%, tal como se expuso anteriormente, así:

Segundo Roberto Hernández Caicedo (víctima) 50 smlmv

Aleida Ospina Berrio (compañera permanente) 50 smlmv

Alexander Hernández Ospina 50 smlmv

Katerine Hernández Ospina 50 smlmv

Leydi Yuliet Hernández Ospina 50 smlmv

Perjuicios materiales

Lucro cesante

En consideración a que, para el momento del accidente, el señor Segundo Roberto Hernández era una persona en edad productiva y, por lo mismo, con capacidad de ejercer una actividad laboral que le permitiera recibir por lo menos un salario mínimo, la Sala, como no se acreditaron los ingresos de dicho señor, liquidará el perjuicio material teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos (1997), es decir, la suma de $ 172.005, valor que se actualizará a la fecha de esta sentencia, así:

S1998-01020ECUA1
 

Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar ($ 172.005).

Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (en este caso se toma el de junio de 2014).

Índice inicial: índice de precios al consumidor, a la fecha del accidente, esto es, marzo de 1997.

Aplicando la fórmula:

S1998-01020ECUA2
 

Vp = $ 497.134,84

Comoquiera que la actualización arroja un valor inferior al del salario mínimo vigente al momento de esta sentencia, esto es, al de 2014, se tendrá este último ($ 616.000), más el 25% por prestaciones sociales ($ 154.000), esto es, $ 770.000 como ingreso base de liquidación.

Es del caso precisar que si la pérdida de la capacidad laboral resulta igual o superior al 50%, como en este caso que es del 70.95%, esta debe ser entendida como una pérdida total de la capacidad laboral, es decir, equivalente al 100%, según el alcance que la jurisprudencia de la corporación le ha dado al artículo 38 de la Ley 100 de 1994.

Entonces, el lucro cesante consolidado se calcula desde el momento del accidente sufrido por Segundo Roberto Hernández (mar./97), hasta el mes anterior al de esta sentencia (jun./2014), esto es, 207 meses.

Así, pues, la liquidación del lucro cesante para la víctima se hará con base en la fórmula:

S1998-01020ECUA3
 

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses indicado anteriormente (207 meses).

Aplicando la fórmula:

S1998-01020ECUA4
 

S= $ 274’013.091,46

Valor al que se le descuenta el 50% de la concurrencia de culpas, para un resultado de $ 137’006.545,73

El lucro cesante futuro se calcula desde la fecha de esta sentencia (jul./2014) hasta lo que resta de la vida probable de la víctima, esto es, de 43.38 años (520,56 meses), menos el lucro cesante consolidado (207 meses), para un total de 313,56 meses.

Para su liquidación, se aplicará la fórmula matemático - actuarial utilizada por la jurisprudencia para el efecto, la cual se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante y “n” corresponde al periodo mencionado, equivalente a 313,56 meses:

S1998-01020ECUA5
 

S = $ 123’691.113,70

Valor al que se le descuenta el 50% de la concurrencia de culpas, para un resultado de $ 61’845.556,85

Para un total de $ 198’852.102,58, por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro), a favor del señor Segundo Roberto Hernández Caicedo.

Daño a la salud

Los actores pidieron en la demanda que se condenara a la accionada a pagar al lesionado $ 100’000.000, por concepto de perjuicios fisiológicos, teniendo en cuenta la alteración de sus condiciones de existencia, debido a la afectación psicofísica que sufrió.

Si bien la Sala, hasta hace poco, reconocía los perjuicios inmateriales, diferentes al perjuicio moral, bajo el concepto de “alteración a las condiciones de existencia”, en el asunto sub lite se reconocerá dicho perjuicio bajo la denominación de daño a la salud, pues, de conformidad con la jurisprudencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el daño a la salud es la categoría autónoma que resulta adecuada para indemnizar los perjuicios cuando el daño provenga de una lesión corporal, toda vez que dicha denominación comprende toda la órbita psicofísica del sujeto y está encaminada a resarcir económicamente una lesión o alteración a la unidad corporal de las personas(25).

Bajo esta perspectiva y en consideración a que el daño reclamado por el actor proviene de una lesión que le produjo la pérdida de la capacidad laboral del 70.95%, la Sala reconocería, en principio, a favor del señor Segundo Roberto Hernández, por concepto de daño a la salud, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; sin embargo, dada la concurrencia de culpas, se reconocen 50 salarios mínimos mensuales vigentes.

Los demás perjuicios solicitados en la demanda no fueron acreditados.

Costas

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstiene de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícanse los ordinales segundo y tercero de la sentencia del 19 de noviembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, los cuales quedarán en uno solo, así:

Condénase al municipio de Candelaria a pagar:

A. Por concepto de perjuicios morales, los siguientes valores a favor de:

Segundo Roberto Hernández Caicedo (víctima) 50 smlmv

Aleida Ospina Berrio (compañera permanente) 50 smlmv

Alexander Hernández Ospina 50 smlmv

Katerine Hernández Ospina 50 smlmv

Leydi Yuliet Hernández Ospina 50 smlmv

B. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante (consolidado y futuro), ciento noventa y ocho millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento dos pesos con cincuenta y ocho centavos ($ 198’852.102,58), a favor del señor Segundo Roberto Hernández Caicedo.

C) Por concepto de daño a la salud, 50 smlmv, a favor del señor Segundo Roberto Hernández Caicedo.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Folios 13 a 15 del cuaderno 1.

(3) Folios 9 y 10 del cuaderno 1.

(4) Folio 12 del cuaderno 1.

(5) Folio 3 del cuaderno 3.

(6) Folios 8 a 33 del cuaderno 3.

(7) Folio 19 del cuaderno 1.

(8) Folio 20 del cuaderno 3.

(9) Folio 143 del cuaderno 3.

(10) Folio 55, al reverso, del cuaderno 3.

(11) Folios 75 y 76 del cuaderno 3.

(12) Folio 72 del cuaderno 3.

(13) Folio 113, al reverso, y 114 del cuaderno 3.

(14) Folio 7 del cuaderno 3.

(15) Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de mayo de 2010. Expediente 17930.

(17) Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 1993, Expediente 8163.

(18) Sentencia del 8 de abril de 1998, Expediente 11837.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2007, Expediente 16.058. Actor: Teotiste Caballero de Buitrago y otros.

(20) Folio 20 del cuaderno 3.

(21) Folio 21 del cuaderno 1.

(22) Giraldo G., César Augusto: “Medicina forense. Estudio biológico de ciencias forenses para uso de médicos, juristas y estudiantes”, 6ª edición, Señal Editora, Medellín, 1991, pp. 348 a 352.

(23) Registro civiles de nacimiento obrantes a folios 3 a 5 del cuaderno 1 y testimonio obrante al reverso del folio 73 del cuaderno 3.

(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros.

(25) Sentencia del 14 de septiembre de 2011, Expediente 38.22.