Sentencia 1998-01036 de mayo 8 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 25000-23-26-000-1998-01036-01 (23016)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz

Actor: Socorro de los Ángeles Bohórquez y otros

Demandado: Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., ocho de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado(4), procede la subsección a resolver el asunto sometido a su consideración de acuerdo con el siguiente esquema: 1) Los hechos probados; 2) La valoración probatoria y conclusiones; y 3) La condena en costas.

1. Los hechos probados.

El acervo probatorio está integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes, por las ordenadas por el a quo, y por las decretadas en segunda instancia. Al respecto, se imponen varias precisiones(5).

En lo que se refiere a los recortes de prensa que se anexaron con el texto de la demanda, en reciente pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado(6) se estableció lo siguiente:

“Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental(7). Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez(8).

En la jurisprudencia de esta corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas “… son indicadores solo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y que si bien “… son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen”(9).

Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos” (resaltado fuera de texto).

Así las cosas, los recortes de prensa anexados con la demanda y su corrección, habrán de ser analizados en conjunto con las demás pruebas que obran en el expediente, con el fin de verificar la información que en ellos consta(10).

Ahora bien, con respecto a las pruebas trasladadas del proceso penal(11), cuya práctica se decretó tanto en primera como en segunda instancia, se les dará valor probatorio de acuerdo con lo dicho en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil —por remisión directa del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo—, en virtud del cual, “las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. En el sub lite, el proceso primitivo se adelantó en contra de miembros del Ejército Nacional, parte demandada en el proceso que ahora se decide.

Realizadas las anteriores precisiones, pasa la subsección a hacer la relación de las pruebas que considera útiles y pertinentes para fallar, teniendo en cuenta que el actor solicitó revocar la sentencia de primera instancia en todas sus partes, insistiendo en que existe prueba de que René Carvajal López, Bernardo Ruiz Silva, Omar Berrío Loaiza, Henry Berrío Loaiza, Carlos Alberto Gaona Ovalle y Franklin Gaona Ovalle, fueron partícipes de los hechos relatados en la demanda a pesar de su condición de miembros y colaboradores de las Fuerzas Militares del país, de acuerdo con lo consignado en el proceso identificado con radicación JR4621A.

— Folio 1 del cuaderno 1 de pruebas: copia del registro de defunción en el que se inscribe al señor José del Cristo Huertas Hastamorir, quien murió el 2 de noviembre de 1995 por anemia aguda producida por herida cardiaca de acuerdo con certificación médica.

— Folio 41 del cuaderno 1 de pruebas: constancia expedida el 10 de agosto de 2000 por el director de personal del comando del Ejército Nacional en el que se lee: “que el señor SP Berrío Loaiza Omar de Jesús, identificado con código militar 7220264, con C.C. 10.230.250 del Ejército Nacional en retiro mediante, RECDO 497 de 19921001, novedad fiscal 19921001 por solicitud propia, con un tiempo de servicio prestado a las Fuerzas Militares de 19 años 11 meses 8 días hasta 19921001”.

— Folio 42 del cuaderno 1 de pruebas: constancia expedida el 15 de agosto de 2000 por el director de personal del comando del Ejército Nacional en el que se lee: “que el señor SP Berrío Loaiza Henry, identificado con código militar 7319682, con C.C. 10.241.632 del ejército en retiro mediante, RECDO 192 de 19910424, novedad fiscal 19910424 por inasistencia al servicio más de 5 días sin causa jus [sic], con un tiempo de servicio prestado a las Fuerzas Militares de 12 años 6 meses 8 días hasta 19910424”.

— Folio 43 del cuaderno 1 de pruebas: constancia expedida el 15 de agosto de 2000 por el director de personal del comando del Ejército Nacional en el que se lee: “que el señor SP Gaona Ovalle Franklin, identificado con código 91273791, con C.C. 91.273.791 del ejército en retiro mediante, RECDO 983 de 19961125, novedad fiscal 19961210 por solicitud propia, con un tiempo de servicio prestado a las Fuerzas Militares de 5 años 3 meses 6 días hasta 19921001”.

— Folio 45 del cuaderno 1 de pruebas: oficio 185689/CE-DINTE-DIPLA-701 suscrito por el comandante del Ejército Nacional el 3 de octubre de 2000, en el que se lee: “Literal a: Qué grado ostentaban los señores Omar de Jesús Berrío Loaiza, Henry Berrío Loaiza, Carlos Alberto Gaona Ovalle y Franklin Gaona Ovalle para el día 2 de noviembre de 1995: Omar de Jesús Berrío Loaiza, para el día 2 de noviembre de 1995 no ostentaba ningún grado, fue retirado del servicio activo por solicitud propia por el comando del Ejército mediante la Resolución 497 con novedad fiscal 01-OCT-92. Franklin Gaona Ovalle: Durante el año de 1995 ostentaba el grado de Cabo Segundo del Ejército Nacional. Carlos Alberto Gaona Ovalle: para el año de 1995 ostentaba el grado de Adjunto Tercero (D-3). Literal b: Qué funciones cumplían para el día 2 de noviembre de 1995 los militares mencionados: Omar de Jesús Berrío Loaiza: durante el segundo semestre de 1995 y el primero de 1996 el señor Omar de Jesús Berrío Loaiza, colaboró con la desactivada Brigada Veinte tratándose de un informante ocasional, su traslado a la ciudad de Bogotá se produjo por voluntad propia, pues ya no estaba dado de alta como suboficial ni como agente de inteligencia, por ende el comando del ejército y de la desactivada Brigada Veinte no podría intervenir en su trabajo. Franklin Gaona Ovalle: Durante el año de 1995 se desempeñó como escolta del comandante del batallón de contrainteligencia en Bogotá. Carlos Alberto Gaona Ovalle: En el mes de mayo de 1995 es asignado como conductor del comando del batallón de contrainteligencia, posteriormente fue trasladado internamente a la compañía de seguridad militar”.

— Folio 51 del cuaderno 1 de pruebas: oficio MDACE114 suscrito por la coordinadora del grupo de archivo general del Ministerio de Defensa Nacional el 15 de diciembre de 2000, en el que se lee: “Franklin Gaona Ovalle, para el 2 de noviembre de 1995 ostentaba el grado de cabo primero según la calificación del año 95/96 desempeñaba las siguientes funciones: Orientar y dirigir el esfuerzo de búsqueda con el fin de ubicar capturar y/o someter al cabecilla principal de la operación. Recopilar el máximo de información relacionada con la ubicación de las principales vulnerabilidades del objetivo asignado. Elaborar el cuadro de contactos con el fin de conocer las actividades y personas implicadas en la misión con la organización. Determinar el perfil psicológico y ambiental personal del cabecilla de la operación. Conocer el modus operandi del grupo subversivo en el cual delinque el cabecilla principal. Sargento viceprimero Henry Loaiza Barrio [sic], este suboficial fue retirado del servicio activo del ejército por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días según la Resolución 192/61 con novedad fiscal del 24 de abril de 1991. Sargento primero Omar de Jesús Berrío Loaiza, se retiró del servicio activo del ejército por solicitud propia según la resolución del Comando del Ejército 497/92 con novedad fiscal del 1º de octubre de 1992. Al señor Carlos Alberto Gaona Ovalle, no le figura ninguna clase de documento en esta dependencia”.

— Folio 52 del cuaderno 1 de pruebas: oficio D-11-315 suscrito por el técnico judicial II del 31 de julio de 2001 de la subunidad de terrorismo de la unidad de fiscalías especializadas delegadas ante los jueces penales del circuito en el que se lee: “La investigación radicada bajo el número 27212, se adelanta por los hechos en los que perdió la vida el Dr. Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir, quien se movilizaba en compañía del primero para la fecha de los hechos. De otra parte le comunico que a la investigación se encuentran vinculados los señores René Carvajal López, suboficial del ejército retirado, quien fue vinculado mediante diligencia de indagatoria y cuya etapa instructiva tuvo fin el día 14 de abril del 2000, al proferirse en su contra resolución de acusación, el señor Bernardo Ruíz Silva también miembro de Ejército Nacional (retirado) fue vinculado mediante diligencia de indagatoria y su ciclo instructivo culminó el día 8 de noviembre de 1999, al proferirse en su contra resolución de acusación”.

• Folio 54 del cuaderno 1 de pruebas: resolución de acusación proferida el 14 de abril de 2000 dentro del proceso 27212 adelantado por la fiscalía delegada ante los juzgados penales del circuito especializados en la que se lee: “Procede esta fiscalía a calificar el mérito del sumario, seguido en contra de René Carvajal López quien fue vinculado mediante diligencia de indagatoria al proceso investigativo que se adelanta por los hechos en los cuales perdieron la vida los drs. Álvaro Gómez Hurtado y José Huertas Hastamorir (…). Hechos: En pronunciamientos anteriores se han consignado de la siguiente manera: El 2 de noviembre de 1995, pasadas las 10:30 a.m. el Dr. Álvaro Gómez Hurtado y sus acompañantes se desplazaban en el vehículo de su propiedad, Mercedes Benz de placas BCE-578 color azul oscuro, escoltado por un Agente de la Policía Nacional quien ocupaba el asiento delantero del automotor, cuando en inmediaciones de la Universidad Sergio Arboleda —calle 74, carrera 14 de esta ciudad— fue interceptado por dos individuos que dispararon al interior del vehículo, causándoles heridas de gravedad, las cuales produjeron instantáneamente la muerte del político Álvaro Gómez Hurtado y de su asistente, mientras que Edgar Ignacio Rueda Jáuregui su escolta, recibió heridas de suma gravedad al tratar de repeler la acción de los agresores. (…) Para resolver se considera: (…) En efecto, ha sido de amplio conocimiento que para el año de 1995 los factores mencionados produjeron un fenómeno de radicalización frente al Presidente de la República en muchos de los niveles del orden ejecutivo y legislativo, fenómeno que de alguna manera también se presentó al interior del Ejército Nacional materializándose el retiro de varios miembros de las Fuerzas Armadas; paralelamente se conformaron grupos de personas que se reunían frecuentemente y analizaban las posibles soluciones a la crisis institucional y planteaban propuestas para obtener la renuncia del señor presidente o una salida inconstitucional del presidente del gobierno. (…) Pues bien, es en este contexto en donde se produce la muerte violenta del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado quien —según consta en el proceso— habría recibido propuesta de liderar el golpe de Estado por parte de miembros del Ejército Nacional (…). Y se dice que el Doctor Gómez no aceptó la propuesta por lo cual al parecer desde ese momento se constituyó en un grave riesgo para las personas que así procedieron. (…) Labores de inteligencia desarrolladas por las unidades investigativas del CTI, documentos remitidos por el director seccional de fiscalías de Bucaramanga, escritos anónimos enviados tanto al proceso como a la familia del occiso, diferentes testimonios recibidos, advirtieron sobre la posible participación de miembros del Ejército Nacional en los luctuosos acontecimientos del 2 de noviembre de 1995, concretamente de integrantes de un grupo de inteligencia conocido como Grupo Cazador adscrito al BITE 2 de Bucaramanga y orgánicamente perteneciente a la brigada 20, personas identificadas como Omar Berrío Loaiza alias Juan Camilo Restrepo, Henry Berrío Loaiza alias Mauricio Restrepo, Carlos Alberto Gaona Ovalle y Franklin Gaona Ovalle (…). A lo largo de la investigación de la referencia múltiples han sido las referencias al suboficial retirado del Ejército Nacional René Carvajal López quien fue vinculado a este proceso investigativo mediante diligencia de indagatoria (…). Con base en la abundante prueba incorporada al voluminoso expediente que conforma el proceso investigativo adelantado por el homicidio del Dr. Álvaro Gómez Hurtado se aprecia que la responsabilidad de René Carvajal López conocido como el sargento René, se encuentra gravemente comprometida, como copartícipe en la comisión de los hechos delictuosos de que da cuenta esta investigación. Resuelve: Proferir resolución de acusación sin beneficio de excarcelación en contra de René Carvajal López, de condiciones personales y civiles conocidas en autos, como presunto partícipe responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio, concierto para delinquir con fines terroristas o de sicariato y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, cometidos en las circunstancias de que da cuenta el informativo, en concurso de hechos punibles. Segundo: Por secretaría envíese copia de esta resolución al despacho del señor juez especializado que conoce la etapa de la causa en donde se encuentran involucrados los señores Héctor Paul Flórez Martínez - Manuel Mariano Montero Pérez - Gustavo Adolfo Jaramillo - Hermes Ortiz Montero Durán por razón de los mismos hechos, para que forme parte del proceso que allí se sigue así como a la investigación que se adelanta en contra de los hermanos Omar y Henry Berrío Loaiza y del coronel Bernardo Ruiz Silva”.

• Folio 149 del cuaderno 1 de pruebas: resolución de acusación proferida el 8 de noviembre de 1999 dentro del proceso 27212 adelantado por la fiscalía delegada ante los juzgados penales del circuito especializados en la que se lee: “Procede esta fiscalía a calificar el mérito del sumario, seguido en contra de Bernardo Ruiz Silva quien fue vinculado mediante diligencia de indagatoria al proceso investigativo que se adelanta por los hechos en los cuales perdieron la vida los drs. Álvaro Gómez Hurtado y José Huertas Hastamorir (…). Una vez se ha establecido que el coronel Bernardo Ruiz Silva si bien no concurrió materialmente a la comisión del ilícito sometido a esta investigación sí se encuentra gravemente comprometido a nivel intelectual, toda vez que es un hecho cierto que su conducta se dirigió a la preparación del hecho en orden a coordinar el personal que debía actuar directamente en contra del Doctor Álvaro Gómez Hurtado. (…) Conforme a las probanzas recaudadas ha sido posible determinar entonces que en esta investigación y en la adelantada por el atentado al Dr. Antonio José Cancino ocurrida el 27 de septiembre de 1995, se ha presentado comunidad de autoría material —comunidad en el sitio de planeación (Bar Windsor)— amistad entre los partícipes y coordinadores aunque al parecer diferencia en la autoría intelectual, aunque con un mismo objetivo: crear situaciones que virtualmente tuvieran la capacidad de generar estados de crisis - desestabilizar las instituciones democráticas. (…) Resuelve: Primero: Proferir resolución de acusación sin beneficio de excarcelación en contra del coronel (r) Bernardo Ruiz Silva, de condiciones personales y civiles conocidas en autos, como presunto partícipe responsable en calidad de autor determinador de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio, concierto para delinquir con fines terroristas o de sicariato y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, cometidos en las circunstancias de que da cuenta el informativo, en concurso de hechos punibles”.

— Folio 171 del cuaderno principal: oficio 1867 suscrito el 4 de diciembre de 2002 por el secretario del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en el que se lee: “De manera atenta y con el respecto [sic] acostumbrado, en atención a su comunicado de la referencia, me permito remitir a usted copia del fallo mixto emitido por este despacho judicial dentro del proceso radicado con el número JR4152 seguido contra Mauricio Calderón Muñoz y otros, por los delitos de homicidio con fines terroristas, hurto, concierto para delinquir y otros”.

• Folio 1 del cuaderno 2 de pruebas: sentencia proferida el 21 de diciembre de 2001 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en el que se lee: “Como factor determinante de la compleja conformación material y situación procesal de esta causa, se evidencia que en cumplimiento a lo normado por el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal, que regula el fenómeno procesal de la acumulación de causas, varios son los juicios que se adelantan bajo el radicado JR4152, lo que se produjo en las siguientes circunstancias: 1. Radicado JR4152: Los hechos que originaron este averiguatoria [sic] tuvieron ocurrencia en esta ciudad, hacia las 6:50 a.m. del veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), cuando un número aproximado de ocho individuos a bordo de diferentes vehículos, impidieron el normal tráfico del automóvil Mercedes Benz en el que se desplazaba el doctor Antonio José Cancino Moreno y accionando armas de fuego contra los ocupantes del vehículo, hirieron de gravedad al doctor Cancino Moreno, a Omar Galindo Muñoz y dieron muerte a dos (2) de sus escoltas Jaime Acevedo Quimbayo y Ancizar Gutiérrez Cuevas. El académico, doctor Cancino Moreno representaba para la época, la defensa técnica del señor Presidente de la República Ernesto Samper Pizano, en esos momentos, investigado por la H. Cámara de Representantes, por presunta responsabilidad en la utilización de dineros provenientes del narcotráfico en desarrollo de su campaña para la Presidencia de la República. (…) Instaurados contra ambas resoluciones (oct. 4/96 y nov. 20/96) recursos de apelación, en decisión de mayo 30 de 1997, la fiscalía delegada ante el tribunal nacional, resuelve confirmarlas, por modo que como sindicados afectados con resolución de acusación por los hechos materia de investigación se relacionan a: Mauricio Calderón Muñoz, Iván Darío Quintero Oquendo, Hermes Ortiz Durán (a. Pastel), José Vicente Carvajal Gómez, Rafael Carvajal Gómez, Oscar Montoya Molina (a. Motas) y Luis Eduardo Rodríguez Cuadrado (a. Porquería y/o Mono) (…). Hallándose la actuación en práctica de pruebas, en enero 9 de 1998, el señor defensor de Hermes Ortiz Durán, solicita al juzgado se sirva acumular la causa radicada bajo el número JR4621A. Verificada la procedencia de la acumulación, mediante interlocutorio de marzo 24 de 1998, se dispone la acumulación solicitada. 2. Recibida la actuación JR4621A, se corrobora que se adelanta en razón de los acontecimientos de noviembre 2 de 1995, cuando siendo aproximadamente las 10:30 a.m., fueron muertos como consecuencia de varios impactos de armas de fuego, los doctores Álvaro Gómez Hurtado y su auxiliar, académico José del Cristo Huerta [sic] Hastamorir, en momentos en que abordo del vehículo Mercedes Benz de placas BCE578 se disponían a salir del parqueadero de la Universidad Sergio Arboleda de esta ciudad (…). Agotado el espacio para alegar de conclusión mediante decisión de noviembre 13 de 1996, se profiere resolución de acusación contra los procesados así: Flamenis de Jesús Tovar, por los delitos de concierto para delinquir y omisión de denuncia. Contra Héctor Paul Flórez, Manuel Mariano Montero, Gustavo Adolfo Jaramillo Giraldo y Hermes Ortiz Durán, como coautores responsables de homicidio doble agravado por las causales determinadas en los numerales 2º, 3º, 4º, 7º y 8º del artículo 324 del Código Penal en concurso real homogéneo, heterogéneo y como coautores responsables del ilícito de tentativa de homicidio agravado por las causales 2, 3, 4, 7 y 8 del artículo 324 C.P., porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública (D.L. 3664/86, art. 2º) adoptado como L.P. por el D.L. 2266/91, lesiones personales agravadas y concierto para delinquir en acto terrorista (D.L. 180/88, art. 7º), por los hechos comunes acaecidos el 2 de noviembre de 1995. 3. (…) En el proceso JR4465 se investigaba el asalto armado del que resultó víctima la sucursal de la Corporación Concasa ubicada en la carrera 23 # 47-51, según hechos sucedidos el 26 de abril de 1996 hacia las 11:00 a.m., cuando varios individuos armados entraron a su sede intimidando a sus empleados y clientes, con el fin de hurtarse el dinero producto de sus operaciones, acción en la que resultó muerto uno de los asaltantes identificado como David Gerardo Galeano Portocarrero. (…) En decisión de octubre 28 de 1996, se profiere resolución de acusación contra Gustavo Adolfo Jaramillo Giraldo o Juan Carlos Marín Marulanda, Luis Fernando Hoyos Vargas, Gilberto Jaramillo Giraldo y Manuel Rodolfo Moreno o Diego Alberto Tibirita o Rodríguez, como presuntos coautores de los delitos de hurto calificado agravado, concierto para delinquir en infracciones a los artículos 1º y 2º del Decreto 3664/86, decisión que tomó ejecutoria el 16 de junio de 1997. (…) 4. Referente a la causa 8890, procedente del Juzgado 6º Penal del circuito de esta ciudad, a su examen se pudo constatar que en la misma se adelantaba la acción penal que estimuló el homicidio del ciudadano Juan Pablo Rojas Suárez, sucedido en la madrugada del 23 de febrero de 1996, cuando en compañía de Leonardo Castillo Sánchez y otros amigos, se hallaban en el mirador “La Paloma” ubicado en la vía que de esta ciudad conduce a La Calera y escucharon la alarma del vehículo de propiedad de Leonardo, percatándose que un sujeto luego de romper el vidrio sustrajo del interior del rodante un teléfono celular, emprendiendo de inmediato la huida en tres vehículos junto con otros sujetos que le acompañaban (…) aprovecharon para agredirlo y finalmente propinar contra este y Castillo Sánchez, impactos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte al primero de los nombrados y lesiones al segundo, para emprender de inmediato su retirada. (…) El 11 de abril de 1997, había quedado en firme la resolución de acusación proferida el 11 de septiembre de 1996, contra Diego Alberto Rodríguez, Gustavo Adolfo Jaramillo Giraldo, Luis Fernando Hoyos Vargas y Mauricio Mediorreal Munevar como presuntos coautores de los delitos de homicidio y tentativa de hurto agravado. (…) Como las circunstancias motivadas imponen como metodología de la decisión el estudio independiente de las causas, así se procede en el orden en que se resolvieron sus acumulaciones (…). IV.2. Causa JR4621A. (…) IV.2.2. Individualización de los sindicados. Héctor Paul Flórez Martínez, hijo de Héctor Hernando Flórez y Ayda Luz de 22 años de edad, nacido el 18 de septiembre de 1973, natural de San Vicente de Chucurí (…). IV. 2.4. De los supuestos de condenación. 2.4.1. Objetividad. La materialidad del hecho delictual se encuentra plenamente demostrada con el acta de levantamiento de cadáver y necropsia. (…) Es de esta forma que no sobra recalcar que es de la abundante prueba testimonial y documental, incorporada en esta investigación la que nos muestra que hacia las diez y treinta de la mañana del 2 de noviembre de 1995, en instantes que salía el Dr. Álvaro Gómez Hurtado excandidato a la Presidencia de la República de Colombia —en compañía de su asistente Dr. José del Cristo Huertas Hastamorir y del escolta de la Policía Nacional Edgar Ignacio Rueda Jáuregui— fueron atacados por varios sujetos que portando armas automáticas y semiautomáticas dispararon indiscriminadamente contra el automotor que en esos momentos iniciaba movimiento (…). Ahora bien, en cuanto al punible de infracción al Decreto 3664 de 1986 —Porte ilegal de armas—, suficiente evidencia testimonial y documental permite considerar que, ciertamente, este ilícito también tuvo ocurrencia (…). Con lo anterior, queda pues demostrado, que en efecto para causar la muerte de los señores Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir, así como las lesiones de Rueda Jáuregui y Sandra Merchán se utilizaron armas de grueso calibre, de aquellas que reprocha al artículo 2º del Decreto-Ley 3664 de 1986. (…) En cuanto al artículo 7º del Decreto 180 de 1998, declarado legislación permanente por el artículo 4º del Decreto 2266 de 1991, concierto para delinquir con fines de sicariato o terrorismo, se tiene que es el mismo Flórez Martínez, el que da cuenta de su vinculación, con esta actividad relacionando el homicidio realizado en la persona de Ovidio Fernández, en el Carmen de Bolívar, en enero de 1995, hecho delictivo que acepta el procesado Héctor Paul Martínez [sic] cometió y narra las circunstancias en que este sucedió, el pago que recibió por el mismo, el cual fue de 1.000.000 de pesos y la forma como fue contratado para este trabajo como él mismo lo denomina y finalmente los hechos del 2 de noviembre, en el cual perdieron la vida el Dr. Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir, hechos que presentan entre ellos similitudes tales como el arma utilizada y los correspondientes anillos de seguridad. (…) De conformidad con lo motivado considera este despacho que en lo que hace a la situación de Héctor Paul Flórez Martínez se estructura certeza respecto de su responsabilidad en los hechos materia de juzgamiento por lo que se proferirá sentencia condenatoria en contra de Héctor Paul Flórez Martínez de generales de ley consignados en este fallo, en su condición de coautor material de los delitos de que da cuenta la acusación”.

— Folio 185 del cuaderno principal: oficio 874 suscrito el 19 de mayo de 2003 por el oficial mayor del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en el que se lee: “De manera atenta me permito remitirle copia de las sentencias de los procesos JR6214-2 y JR6214C-2, advirtiéndole a usted que el proceso JR6214B-2 se encuentra al despacho para fallo (…). El proceso JR6214-2, es un acumulado del JR6214A-2, JR6214-2 y JR4152-2”.

• Folio 1 del cuaderno 3 de pruebas: sentencia proferida el 31 de enero de 2003 por el juzgado segundo penal del circuito especializado en la causa adelantada contra René Carvajal López, por los punibles de homicidio múltiple agravo en la persona del Dr. Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir, en la que se lee: “El ente acusador dedicó gran parte de su discurso narrando la forma en la cual aparece involucrado el Grupo Cazadores dentro de las investigaciones que por el magnicidio del insigne político se realizaron, para concluir que la vinculación de René Carvajal López, es producto de sus relaciones con el grupo en mención. (…) Así las cosas, se tiene que las aseveraciones hechas por la fiscalía acerca de la participación y correspondiente responsabilidad del señor René Carvajal López, en el atentado de que fuera víctima el Dr. Álvaro Gómez Hurtado no tiene cimentación alguna, toda vez que la multiplicidad de circunstancias, que lo señalan como partícipe, han sido desvirtuadas a lo largo de esta providencia. (…) Resuelve. Primero. Proferir sentencia absolutoria a favor de René Carvajal López”.

• Folio 1 del cuaderno 4 de pruebas: sentencia proferida el 25 de marzo de 2003 por el juzgado segundo penal del circuito especializado en la causa adelantada con los radicados JR6214, JR6214A y JR4152B, en la que se lee: “Se deja constancia que la presente causa comprende los hechos referenciados en los radicados JR6214, JR6214A y JR4152B (…). Causa JR4152. Los hechos que originaron este averiguatorio [sic] tuvieron ocurrencia en esta ciudad, hacia las 6:50 a.m. del veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), cuando un número aproximado de ocho individuos a bordo de diferentes vehículos, impidieron el normal tráfico del automóvil Mercedes Benz, en el que se desplazaba el Doctor Antonio José Cancino (…). Causa 6214. Los hechos que originaron este averiguatorio [sic] tuvieron ocurrencia el día 2 de noviembre de 1995, cuando siendo aproximadamente las 10:30 a.m., fueron muertos como consecuencia de varios impactos de armas de fuego, los doctores Álvaro Gómez Hurtado y su auxiliar, académico Dr. José del Cristo Huertas Hastamorir (…) agotado el espacio para alegar de conclusión mediante decisión de noviembre 13 de 1996, se profirió resolución de acusación contra los procesados así: 1. Gustavo Adolfo Jaramillo Giraldo; 2. Hermes Ortiz Durán como coautores responsables de: - Homicidio doble agravado por las causales determinadas en los numerales 2º, 3º, 4º, 7º y 8º del artículo 324 del Código Penal en concurso real homogéneo, heterogéneo y como coautores responsables del ilícito de, [sic] - Tentativa de homicidio agravado por las causales 2, 3, 4, 7 y 8 del artículo 324 Código Penal, - Porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública (D.L., 3664/86, art. 2º) adoptado como legislación permanente por el Decreto-Ley 2266/91, - Lesiones personales agravadas y - Concierto para delinquir en acto terrorista (D.L. 180/88, art. 7º), por los hechos comunes acaecidos el 2 de noviembre de 1995. Teniendo en cuenta que el cierre no se había producido, por esta última conducta, se excluyó este comportamiento de la acusación por lo tanto la suerte de los acusados en relación con los restantes delitos fue decidida por el juzgado en fallo 21 de diciembre de 2001 (fl. 1, cdno. 2 pbas.). Ulteriormente mediante proveído de fecha febrero 23 de 1998 se calificó el mérito del sumario en cuanto correspondió a Luis Fernando Trujillo o a Luis Carlos Triana, profiriendo resolución de acusación en su contra, como presunto autor responsable de los delitos de: homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas por los hechos ocurridos el 2 de noviembre de 1995. Seguidamente y por estos mismos hechos se profiere mediante providencia de fecha febrero 25 de 1998, resolución de acusación en contra de los señores: Franklin Gaona Ovalle, Carlos Alberto Gaona Ovalle, Omar de Jesús Berrío Loaiza y Henry Berrío Loaiza, como presuntos partícipes responsables de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas (…). Causa JR6214A. Recibida la actuación, se estableció que la acusación correspondía a los hechos acaecidos el día 2 de noviembre de 1995 y que la misma había sido producto de un nuevo cierre parcial de la investigación, dicha acusación obraba respecto de los procesados: Luis Fernando Jutinico Trujillo, Gustavo Adolfo Jaramillo Giraldo y Hermes Ortiz Durán por el delito de concierto para delinquir con fines terroristas o de sicariato (…). 2. Causa JR6214 y JR6214A. 2.1. Causa JR6214. (…) 2.1.6. De los supuestos de condenación. 2.1.6.1. De la materialidad. A. Delito de homicidio múltiple agravado. La materialidad del hecho delictual se encuentra plenamente demostrada con el acta de levantamiento de cadáver y necropsias médico-legales en donde se demuestra que verdaderamente el día 2 de noviembre de 1995 fueron muertos por innumerables y penetrantes heridas de armas de fuego, los doctores Gómez Hurtado y Huertas Hastamorir (…). B. Tentativa de homicidio. Ahora, referente a las lesiones causadas al escolta del Dr. Álvaro Gómez Hurtado debemos aclarar que innegable resulta dentro del plenario, que circunstancias ajenas a la voluntad de los sicarios, fueron las que le impidieron concluir sus manifiestos propósitos - esto es acabar con la vida del escolta Edgar Ignacio Rueda Jáuregui, razón para que afirmemos que en referencia a esta persona estamos ante el punible de tentativa de homicidio (…). C. Porte ilegal de armas. (…) queda pues demostrado, que en efecto para causar la muerte de los señores Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir, así como las lesiones de Rueda Jáuregui y Sandra Merchán se utilizaron armas de grueso calibre, de aquellas que reprocha el artículo 2º del Decreto-Ley 3664 de 1986. (…) 2.1.6.2. Responsabilidad. B. De la Responsabilidad de Franklin Gaona Ovalle, Carlos Gaona Ovalle, Omar de Jesús Berrío Loaiza y Henry Berrío Loaiza. El juzgado pone de presente que no existen testigos de excepción que informen que los señores Franklin Gaona Ovalle, Carlos Gaona Ovalle, Omar de Jesús Berrío Loaiza y Henry Berrío Loaiza, participaran materialmente en los luctuosos hechos del día dos (2) de noviembre de 1995; los testigos presenciales del insuceso no realizaron en su contra sindicación alguna y los retratos hablados elaborados por los mismos no muestran similitud con los rasgos morfológicos de los hoy enjuiciados. (…) En las condiciones anotadas, ante la ausencia de pruebas que certeramente resquebrajen la presunción de inocencia que por mandato constitucional se adeuda a los procesados (…) se proferirá sentencia absolutoria a favor de los hermanos Omar y Henry Berrío Loaiza y, Carlos y Franklin Gaona Ovalle”.

— Folio 213 del cuaderno principal: oficio 1 suscrito el 3 de enero de 2013 por el escribiente del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en el que se lee: “En atención a lo solicitado en el oficio de la referencia y en consideración a lo dispuesto por la señora juez, rindo informe detallado sobre el estado actual de los procesos identificados con los radicados JR6214-2, JR6214C-2, JR6214B y JR6214D-2. 1. Radicado JR6214-2 acumulado de los procesos JR6214A y JR4152B Acusados: Hermes Ortiz Durán, Luis Fernando Jutinico Trujillo, Gustavo Adolfo Jaramillo Giraldo, Henry Berrío Loaiza, Omar de Jesús Berrío Loaiza, Carlos Alberto Gaona Ovalle y Franklin Gaona Ovalle (…). Decisión. 1ª instancia 25 de marzo de 2003, sentencia mixta. 2ª instancia 21 de noviembre de 2003, confirma parcialmente la sentencia. Casación 24476 del 7 de septiembre de 2006 casa de oficio parcialmente. Estado del proceso: parcialmente archivado para los sujetos que fueron absueltos y el resto del proceso en los juzgados de ejecución de penas en relación con las personas que resultaron condenadas. 2. Radicado JR6214B-2 Acusado: Bernardo Ruiz Silva (…) Decisión: 1ª instancia: 20 de mayo de 2003 sentencia absolutoria. 2ª instancia: 2 de diciembre de 2003, confirma sentencia absolutoria. Estado del proceso: archivado. 3. JR6214C-2 Acusado: René Carvajal López (…) Decisión 1ª instancia 31 de enero de 2003, sentencia absolutoria. Estado actual del proceso: archivado. 4. JR6214D-2 Acusado: Miguel Ángel Díaz Méndez (…) Decisión: 1ª instancia 31 de enero de 2002, sentencia absolutoria. Estado actual del proceso: archivado”.

2. La valoración probatoria y conclusiones.

El acervo probatorio así constituido, permite tener por demostrados los siguientes hechos:

— Que el 2 de noviembre de 1995 el señor José del Cristo Huertas Hastamorir, murió por anemia aguda producida por herida cardiaca ocasionada con arma de fuego percutida por sicarios contratados para dar muerte al exconstituyente y excandidato presidencial, Dr. Álvaro Gómez Hurtado. En efecto, pasadas las 10:30 a.m. el Dr. Álvaro Gómez Hurtado y sus acompañantes se desplazaban en el vehículo de su propiedad, Mercedes Benz de placas BCE-578 color azul oscuro, escoltado por un Agente de la Policía Nacional quien ocupaba el asiento delantero del automotor, cuando en inmediaciones de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, fue interceptado por dos individuos que dispararon al interior del vehículo, causándoles heridas de gravedad, las cuales produjeron instantáneamente la muerte del político y de su asistente.

— Que labores de inteligencia advirtieron sobre la posible participación de miembros del Ejército Nacional en los luctuosos acontecimientos del 2 de noviembre de 1995, concretamente de integrantes de un grupo élite conocido como Grupo Cazador adscrito al BITE 2 de Bucaramanga y orgánicamente perteneciente a la Brigada Veinte.

— Que a las investigaciones penales adelantadas por los hechos relatados, de las que se da cuenta en el acervo probatorio, se vinculó a:

• Omar de Jesús Berrío Loaiza, alias Juan Camilo Restrepo, identificado con código militar 7220264, con C.C. 10.230.250, miembro del Ejército Nacional en retiro mediante RECDO 497 de 19921001, novedad fiscal 19921001 por solicitud propia, con un tiempo de servicio prestado a las Fuerzas Militares de 19 años 11 meses 8 días hasta 19921001. Para el día 2 de noviembre de 1995 no ostentaba ningún grado pero durante el segundo semestre de 1995 y el primero de 1996, colaboró con la desactivada Brigada Veinte tratándose de un informante ocasional. Investigado en la causa JR6214, proceso penal en el que se desvirtuó su participación en los hechos que dieron origen a la presente demanda por ausencia de testigos de excepción, pues los testigos presenciales del insuceso no realizaron en su contra sindicación alguna y los retratos hablados elaborados por los mismos no muestran similitud con los rasgos morfológicos del sujeto enjuiciado. Así las cosas, ante la ausencia de pruebas que certeramente resquebrajen la presunción de inocencia que por mandato constitucional se adeuda a los procesados, se profirió sentencia absolutoria en favor del señor Omar de Jesús Berrío Loaiza.

• Henry Berrío Loaiza, alias Mauricio Restrepo, identificado con código militar 7319682, con C.C. 10.241.632, miembro del ejército en retiro mediante RECDO 192 de 19910424, novedad fiscal 19910424 por inasistencia al servicio más de 5 días sin causa justificada, con un tiempo de servicio prestado a las Fuerzas Militares de 12 años 6 meses 8 días hasta 19910424. Investigado en la causa JR6214, proceso penal en el que se desvirtuó su participación en los hechos que dieron origen a la presente demanda por ausencia de testigos de excepción pues los testigos presenciales del insuceso no realizaron en su contra sindicación alguna y los retratos hablados elaborados por los mismos no muestran similitud con los rasgos morfológicos del sujeto enjuiciado. Así las cosas, ante la ausencia de pruebas que certeramente resquebrajen la presunción de inocencia que por mandato constitucional se adeuda a los procesados se profirió sentencia absolutoria en favor del señor Henry Berrío Loaiza.

• Franklin Gaona Ovalle, identificado con código militar 91273791, con C.C. 91.273.791, miembro del ejército en retiro mediante RECDO 983 de 19961125, novedad fiscal 19961210 por solicitud propia, con un tiempo de servicio prestado a las Fuerzas Militares de 5 años 3 meses 6 días hasta 19921001. Durante el año de 1995 ostentaba el grado de Cabo Segundo del Ejército Nacional, y se desempeñó como escolta del comandante del batallón de contrainteligencia en Bogotá. Para el 2 de noviembre de 1995 ostentaba el grado de Cabo Primero según la calificación del año 95/96 desempeñando las siguientes funciones: Orientar y dirigir el esfuerzo de búsqueda con el fin de ubicar capturar y/o someter al cabecilla principal de la operación; recopilar el máximo de información relacionada con la ubicación de las principales vulnerabilidades del objetivo asignado; elaborar el cuadro de contactos con el fin de conocer las actividades y personas implicadas en la misión con la organización; determinar el perfil psicológico y ambiental personal del cabecilla de la operación; y conocer el modus operandi del grupo subversivo en el cual delinque el cabecilla principal. Investigado en la causa JR6214, proceso penal en el que se desvirtuó su participación en los hechos que dieron origen a la presente demanda por ausencia de testigos de excepción pues los testigos presenciales del insuceso no realizaron en su contra sindicación alguna y los retratos hablados elaborados por los mismos no muestran similitud con los rasgos morfológicos del sujeto enjuiciado. Así las cosas, ante la ausencia de pruebas que certeramente resquebrajen la presunción de inocencia que por mandato constitucional se adeuda a los procesados se profirió sentencia absolutoria en favor del señor Franklin Gaona Ovalle.

• Carlos Alberto Gaona Ovalle, para el año de 1995 ostentaba el grado de adjunto tercero (D-3) dentro del Ejército Nacional. En el mes de mayo de 1995 fue asignado como conductor del comando del batallón de contrainteligencia y posteriormente fue trasladado internamente a la compañía de seguridad militar. Investigado en la causa JR6214, proceso penal en el que se desvirtuó su participación en los hechos que dieron origen a la presente demanda por ausencia de testigos de excepción pues los testigos presenciales del insuceso no realizaron en su contra sindicación alguna y los retratos hablados elaborados por los mismos no muestran similitud con los rasgos morfológicos del sujeto enjuiciado. Así las cosas, ante la ausencia de pruebas que certeramente resquebrajen la presunción de inocencia que por mandato constitucional se adeuda a los procesados se profirió sentencia absolutoria en favor del señor Carlos Alberto Gaona Ovalle.

• René Carvajal López, natural de Bucaramanga, hijo de Roberto Carvajal y Alicia López, casado con Rosa Monsalve y padre de cuatro hijos, de profesión electricista y suboficial retirado del ejército, investigado en la causa JR6214C por los hechos relatados en la presente demanda mediante diligencia de indagatoria, cuya etapa instructiva tuvo fin el día 14 de abril del 2000 al proferirse en su contra resolución de acusación, con base en la prueba sobre su coparticipación en los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio, concierto para delinquir con fines terroristas o de sicariato y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las aseveraciones hechas por la fiscalía acerca de la participación y correspondiente responsabilidad del señor Carvajal López en el atentado de que fuera víctima el señor Huertas Hastamorir, no tienen cimentación alguna toda vez que la multiplicidad de circunstancias que lo señalan como partícipe, fueron desvirtuadas a lo largo del proceso, motivo por el cual se absuelve de toda culpa y se decide archivar el proceso.

• Bernardo Ruíz Silva, miembro retirado del Ejército Nacional, vinculado al proceso JR6214B-2 mediante diligencia de indagatoria cuyo ciclo instructivo culminó el 8 de noviembre de 1999 al proferirse en su contra resolución de acusación por cuanto la fiscalía consideró que si bien Ruíz Silva no concurrió materialmente a la comisión del ilícito sometido a la investigación, sí se comprometió a nivel intelectual, toda vez que es un hecho cierto que su conducta se dirigió a la preparación y coordinación del personal que debía actuar directamente en contra del Dr. Álvaro Gómez Hurtado. En este orden de ideas, se le investigó como presunto partícipe responsable en calidad de autor determinador de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio, concierto para delinquir con fines terroristas o de sicariato y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, investigación en la que resultó absuelto y su proceso, archivado.

• Héctor Paul Flórez Martínez, hijo de Héctor Flórez y Ayda Luz, nacido el 18 de septiembre de 1973 en San Vicente de Chucurí. De conformidad con lo motivado en sentencia proferida dentro de la causa JR4621A con ocasión de los hechos en los que perdió la vida el señor Huertas Hastamorir, existe certeza respecto de su responsabilidad en los hechos materia de juzgamiento por lo que se profirió sentencia condenatoria por su condición de coautor material de los delitos de que da cuenta la acusación. Su condición de miembro de la fuerza pública no se encuentra probada en el proceso.

• Gustavo Adolfo Jaramillo, identificado con la C.C. 79.637.310, hijo de Gustavo Jaramillo y María Teresa Giraldo, con estudios secundarios, vendedor de accesorios para carros en el sector de San Andresito de la carrera 38. Investigado dentro de las causas: JR4152B por los hechos ocurridos el 27 de septiembre de 1995 en los que se atentó contra el Dr. Antonio José Cancino Moreno por los delitos de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, homicidio agravado múltiple y tentativa de homicidio, siendo condenado con base en la certeza absoluta de su responsabilidad por los delitos que le fueron probados; JR6214A por los hechos relatados en la presente demanda, resultando absuelto del delito de homicidio del señor Huertas Hastamorir pero condenado por el delito de concierto para delinquir por la creación y participación en una empresa criminal constituida para la comisión de múltiples y diversos delitos; JR4465 por el asalto a la Corporación Concasa con el fin de hurtar el dinero producto de sus operaciones, y JR8890 por el hurto de un celular en el lugar conocido como La Paloma en el municipio de La Calera, que condujo al homicidio del dueño que reclamó de los asaltantes la devolución de su equipo de comunicaciones, siendo condenado por homicidio agravado en concurso, tentativa de homicidio agravado, tentativa de hurto agravado, porte ilegal de armas de uso privativo y defensa personal, concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado. Por estas causas (JR4465 y JR8890) también fueron condenados Diego Alberto Rodríguez(12) (conocido como Manuel Rodolfo Moreno o Diego Alberto Tibirita), Luis Fernando Hoyos(13), Andrés Mauricio Mediorreal(14), César Augusto Rodríguez(15) y Jorge Loaiza Pacheco(16). Su alegada condición de miembros de la fuerza pública no se encuentra probada en el proceso.

• Hermes Ortiz Montero Durán, mecánico automotriz, hijo de Jesús Ortiz y Corona Durán, natural de Socotá (Boyacá), investigado dentro de las causas: JR4152 por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de uso privativo y defensa personal, en hechos en los que se atentó contra el Dr. Cancino Moreno, delitos por los que fue condenado; y JR4621A por los hechos relatados en la presente demanda resultando absuelto de los cargos sindicados a falta de elementos de convicción que resquebrajen el principio de inocencia, pero condenado por el delito de concierto para delinquir por idear la conformación de una empresa criminal constituida para la comisión de múltiples y diversos delitos. Su condición de miembro de la fuerza pública no se encuentra probada en el proceso.

• Luis Fernando Jutinico Trujillo, alias Pechuga, nacido en Bogotá, hijo de Álvaro Jutinico y Argelia Trujillo, de ocupación mecánico de motos y comerciante; investigado dentro de las causas: JR4152B por los hechos en los que se atentó contra la vida del Dr. Cancino Moreno por los delitos de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, homicidio agravado múltiple y tentativa de homicidio, donde resulta condenado por comprobarse su rol de liderazgo dentro del grupo de personas que atentaron contra el Dr. Cancino, pues dirigió la conformación del grupo sicarial, supervigiló la elaboración del plan criminal y estuvo atento a cada una de las estrategias previstas para la comisión del punible; JR6214 por los hechos relatados en la presente demanda, como presunto autor de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, donde es absuelto por inexistencia de prueba de mérito; y JR6214A por concierto para delinquir con fines terroristas o de sicariato, cargos por los que fue condenado en razón a que no cabe duda de la existencia de una empresa criminal conformada junto a Hermes Ortiz y Gustavo Adolfo Jaramillo, y su participación en la comisión de varios ilícitos hasta llegar al atentado del Dr. Cancino Moreno. Su condición de miembro de la fuerza pública no se encuentra probada en el proceso.

• Manuel Mariano Montero Pérez, hijo de Luis Manuel y Emperatriz, natural de Sincelejo, alfabeto, soltero. Investigado dentro de la causa JR4621A por los hechos relatados en la presente demanda, por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, lesiones personales, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, en donde se le absuelve por no existir en su contra evidencia alguna que comprometa su responsabilidad en los hechos por los que se le investigó. Su condición de miembro de la fuerza pública no se encuentra probada en el proceso.

• Mauricio Calderón Muñoz, sin generales de ley detallados en el acervo probatorio, investigado dentro de la causa JR4152 por los hechos en los que se atentó contra el Dr. Cancino Moreno, contra quien se profiere resolución de acusación por los delitos de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio y concierto para delinquir, pero contra quien finalmente no se impone ninguna condena. Su condición de miembro de la fuerza pública no se encuentra probada en el proceso.

• Luis Eduardo Rodríguez Cuadrado, alias Porquería o Mono, sin generales de ley detallados en el acervo probatorio, investigado dentro de la causa JR4152 en la que se investiga el atentado dirigido contra el Dr. Cancino Moreno, por presunto autor responsable de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio y concierto para delinquir, por los que se sometió a diligencia de sentencia anticipada aceptando la condena en su contra. Por los mismos hechos fue condenado Oscar Montoya Molina(17), y fueron absueltos Iván Darío Oquendo(18), Rafael Carvajal Gómez(19) y José Vicente Carvajal Gómez(20). Su condición de miembros de la fuerza pública no se encuentra probada en el proceso.

2.1. El daño antijurídico.

De acuerdo con lo que ha establecido esta sección, al estudiar los procesos de reparación directa es indispensable abordar primeramente, lo relativo a la existencia o no del daño y si el mismo puede o no considerarse antijurídico; solo bajo la premisa de la existencia del daño antijurídico se ha de “realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado”(21).

En el sub lite, la muerte del señor Huertas Hastamorir certificada a través de registro de defunción(22) en el que consta que la causa del deceso fue anemia aguda ocasionada por una herida cardíaca, es suficiente para acreditar el daño antijurídico del cual se derivan los perjuicios cuya reparación solicitan sus familiares.

2.2. La imputación.

Ahora, desde el plano de la imputación, corresponde determinar si dicha muerte es imputable a la entidad demandada, o si por el contrario, es atribuible a una causa extraña.

Al efecto, preciso es recordar que a partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes(23). En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”(24). Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(25).

Sobre la noción de daño antijurídico, esta sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(26). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”(27); en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”(28).

Al respecto, en recientes pronunciamientos, esta sección ha reiterado que:

“La imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”(29) (resaltado fuera de texto).

En el sub lite, el actor consideró que la responsabilidad por la defunción del señor Huertas Hastamorir es endilgable a la Nación por cuanto agentes estatales participaron en su realización en una evidente falla “ordinaria” en el servicio por “omisión administrativa” en la que incurrió el Ministerio de Defensa, a través del comando general del Ejército Nacional, por ausencia de controles que hubieran impedido conductas delincuenciales a su interior. Adicionalmente consideró que también se configura una “responsabilidad presunta” derivada de la utilización de vehículos y armas de dotación oficial en la comisión del ilícito.

Al respecto, el a quo no encontró elementos suficientes para acceder a las pretensiones por cuanto las investigaciones penales iniciadas para dilucidar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió el crimen, reseñadas por el actor, seguían en etapa de instrucción al momento de proferir sentencia en lo contencioso administrativo. En consecuencia, a falta de decisión penal en firme de la que se pudiera inferir la participación de los agentes del Estado investigados, el juez de lo contencioso administrativo estaba en imposibilidad de declarar responsabilidad alguna por cuanto la pretensión del actor es la de condenar por la participación de dichos agentes en los lamentables hechos que terminaron con la vida del señor Huertas Hastamorir.

En este escenario, el actor apeló la decisión de primera instancia por tres razones principales que se analizarán en el mismo orden propuesto por este:

1. Ausencia de pruebas solicitadas y decretadas en oportunidad, y no practicadas sin que haya habido culpa de la parte demandante, referidas a los expedientes que reposan en los juzgados especializados, motivo por el cual solicita evacuarlas en segunda instancia.

Habida cuenta de que se constató que lo dicho por el actor era cierto, el Magistrado Sustanciador resolvió decretar la prueba documental solicitada, la que parcialmente se allegó al expediente y fue dada a conocer a las partes oportunamente. Valga señalar que se trata de la causa JR4152 (atentado contra el Dr. Cancino Moreno y sus acompañantes) a la que se acumularon las causas JR4621A (atentado contra el Dr. Álvaro Gómez Hurtado y sus acompañantes), JR4465 (asalto armado a la Corporación Concasa), y JR8890 (hurto calificado y homicidio en el lugar conocido como La Paloma en el municipio de La Calera).

Al respecto, la solicitante alegó que dicha prueba no era suficiente para dilucidar los hechos en los que se basó la demanda, motivo por el cual solicitó oficiar a la autoridad competente para que allegue copia de las investigaciones adelantadas contra René Carvajal López, Bernardo Ruíz Silva, Omar Berrío Loaiza, Henry Berrío Loaiza, Carlos Alberto Gaona Ovalle y Franklin Gaona Ovalle, además de la realización de una inspección judicial al expediente que contiene la causa JR4621A, o en su defecto, solicitar se allegue copia del mismo.

Es así como, se ordenó al Juzgado segundo penal del circuito especializado la remisión de las copias pertinentes del proceso referenciado, orden que fue cumplida al allegar copia de las sentencias de los procesos JR6214-2 y JR6214C-2 (cdnos. 3 y 4 pbas., respectivamente), advirtiendo que son procesos acumulados y que responden a las causas JR6214A-2, JR6214B-2, JR6214D-2 y JR4152-2. Valga la pena recordar que la prueba allegada se puso en conocimiento de la solicitante quien mantuvo silencio.

Ahora bien, con base en las pruebas aportadas en esta instancia de decisión, se tiene que las investigaciones adelantadas contra René Carvajal López, Bernardo Ruíz Silva, Omar Berrío Loaiza, Henry Berrío Loaiza, Carlos Alberto Gaona Ovalle y Franklin Gaona Ovalle, por los hechos en los que perdió la vida el señor Huertas Hastamorir, resultaron en sentencias absolutorias(30).

En consecuencia, los hechos en los que se basó la demanda quedaron sin fundamento pues no se logró demostrar la alegada participación ni de los agentes identificados por la parte demandante, ni de otros agentes estatales, tal y como lo sostuvo el Ministerio Público en el concepto que rindió ante esta corporación. Ahora bien, es preciso indicar que aun cuando reposa en el plenario copia de la sentencia condenatoria contra Héctor Paul Flórez Martínez en su condición de coautor material de los delitos de que da cuenta la acusación, su condición de agente del Estado no se encontró probada en el proceso.

En suma, la alegada falla del servicio apoyada en la participación de uniformados en el execrable crimen del que dan cuenta los hechos relatados en la demanda, no se encuentra probada en el sub lite.

2. Ausencia de análisis y pronunciamiento respecto del régimen de responsabilidad objetiva por ejercicio de actividades peligrosas, lo cual ha debido hacer una vez desechado el régimen subjetivo por no encontrar probada la falla, teniendo en cuenta que existe prueba de que el daño fue producido con armas de fuego y vehículos oficiales, todo con base en el contenido de las resoluciones de acusación que reposan en el plenario.

Al respecto, esta subsección ha sostenido que efectivamente, el daño antijurídico puede ser ocasionado por el desarrollo de actividades definidas como peligrosas por la ley o la jurisprudencia. En efecto, “la jurisprudencia de la Sala ha señalado que tratándose de la producción de daños originados en el despliegue —por parte de la entidad pública o de sus agentes— de actividades peligrosas, es aquel a quien corresponde jurídicamente la guarda de la actividad quien quedará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen por la realización del riesgo creado”(31).

Si dichas actividades son desarrolladas por agentes estatales, el eventual daño que puedan causar será imputable a la administración a título de riesgo excepcional. Al respecto, esta sección explica que “En cuanto a la aplicación de la teoría del riesgo excepcional, ha sido reiterada la tesis según la cual, en los eventos en que el daño es producido por cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción de energía eléctrica, etc.) el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal al cual el Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella”(32).

No obstante lo anterior, también se ha considerado que en aquellas ocasiones en las que la actividad peligrosa hubiere sido desplegada de manera negligente o imprudente, el régimen de responsabilidad aplicable ya no sería objetivo por riesgo excepcional, sino subjetivo por falla en el servicio. En efecto, “Por regla general, la imputación de responsabilidad patrimonial al Estado derivada de los daños antijurídicos producidos con ocasión de la utilización de armas de dotación oficial, por tratarse de una actividad peligrosa, se hace con fundamento en el régimen del riesgo excepcional, en el cual basta con acreditar la existencia del daño y su nexo de causalidad con el servicio sin necesidad de entrar a determinar o calificar la conducta de quien produjo el daño, como culposa o no; sin embargo, en el presente asunto resulta evidente la existencia de una falla del servicio, constituida por las lesiones causadas a uno de los demandantes, miembro de la Policía Nacional, con arma de dotación oficial accionada por otro miembro de esta entidad, que estando también en servicio, obró imprudentemente”(33).

De cualquier forma, independientemente que el caso de autos se analice desde la perspectiva del régimen de responsabilidad de riesgo excepcional o desde el de falla en el servicio, en lo que se refiere a la supuesta utilización de vehículos oficiales, armas de dotación oficial y recursos provenientes del Fondo Rotatorio del Ejército para fines criminales, ninguna prueba obra en el plenario que permita siquiera inferir lo dicho en la demanda tal y como lo advirtió el Ministerio Público, pues si bien inicialmente se investigó la conducta de algunos miembros de la fuerza pública como presuntos partícipes responsables de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas con base en las averiguaciones realizadas por los investigadores de la fiscalía, todas quedaron desvirtuadas pues finalmente, ninguno fue condenado por dichos delitos dentro de la causa en la que se investigaron los hechos que sirvieron de fundamento a la presente demanda, y en consecuencia, no puede endilgarse responsabilidad en la Nación por los mismos.

3. Ausencia de análisis de la responsabilidad objetiva sustentada en la tesis del daño especial por ruptura del equilibrio de las cargas públicas, pues el magnicidio que terminó con la vida del señor José del Cristo, realmente iba dirigido contra el Dr. Álvaro Gómez Hurtado con base en móviles puramente políticos.

De acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, no existiendo criterio de imputación material ni normativa que vincule la administración a los hechos que generaron el daño antijurídico, se confirmará la sentencia apelada en su totalidad. Lo anterior, con independencia de lo dicho por el actor en la sustentación del recurso de apelación en el sentido de que “por todos es sabido, puesto que se trata de un hecho notorio, que el atentado que cobró la vida del Dr. Gómez Hurtado tuvo móviles eminentemente político sociales, y que se encaminó a perturbar el orden público y a desestabilizar las instituciones legítimamente constituidas. (…) Así las cosas, el Dr. José del Cristo Huertas Hastamorir resultó siendo víctima fatal en un ataque contra las instituciones, contra el Estado mismo, un ataque que no le correspondía a él soportar y que por consiguiente excedió la carga pública a la que estaba obligado como ciudadano colombiano. (…) Así las cosas, la ausencia de prueba respecto a la falla del servicio como elemento estructural de responsabilidad, advertida por el a quo, pierde todo relieve jurídico cuando nos adentramos en el estudio del régimen de responsabilidad objetiva ya que esta se produce aún sin falla”.

En efecto, como se concluye del apartado transcrito, el actor ahora pretende que se endilgue responsabilidad en la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con base en hechos distintos a los esgrimidos en su demanda los cuales sirvieron de fundamento para la defensa de la entidad demandada, pues en el libelo demandatorio explicó que los daños fueron consecuencia de la planeación y ejecución de un crimen a cargo de agentes estatales, mientras que en la sustentación del recurso de apelación expresó que fueron consecuencia del infortunio de la víctima al encontrarse junto a un personaje representativo de la estatalidad contra quien se dirigió el ataque.

A este respecto, como lo ha sostenido reiteradamente esta corporación, “Los hechos son la causa petendi de la demanda, en cuanto configuran la causa jurídica en que se fundamenta el derecho objeto de las pretensiones y por eso, desde el punto de vista procesal, su afirmación constituye un acto jurídico que tiene la trascendencia y alcance de definir los términos de la controversia y por lo tanto el alcance de la sentencia, y deben ser objeto del debate durante el proceso, para que si al final se encuentran debidamente probados puedan prosperar las peticiones de la demanda, ya que respecto de ellos debe pronunciarse el juzgador, en perfecta congruencia”(34).

De acuerdo con el contenido del artículo 208 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 47 del Decreto 2304 de 1989, la demanda podrá aclararse o corregirse hasta el último día de la fijación en lista, oportunidad que en el sub lite fue aprovechada por el actor para adicionar demandantes, hechos, pretensiones y pruebas. Sin embargo, solo hasta el momento de la sustentación del recurso de apelación el actor adecuó su versión de lo acontecido, variando los hechos en los que fundó todo el sumario y que le sirvieron inclusive, para determinar la fecha a partir de la cual computó el término de caducidad de la acción impetrada, expresando que la muerte había sido producto del rompimiento de las cargas públicas por ser consecuencia de un ataque dirigido contra un personaje representativo de las instituciones estatales, y ya no por el actuar ilegal de agentes del Estado como lo había sostenido en el texto de la demanda(35).

Por lo anterior, esta subsección no abordará lo relativo a la procedencia o no de la aplicación de la teoría del daño especial, por cuanto está en imposibilidad de pronunciarse sobre hechos distintos a aquellos en los que el actor basó sus pretensiones, pues, se insiste, no es el recurso de apelación la oportunidad procesal prevista por el ordenamiento jurídico para modificar la causa petendi de la demanda, ni siquiera con base en la aplicación del principio iura novit curia, por cuanto,

“La Sala precisa que sí es posible en materia de juicios de responsabilidad extracontractual del Estado, la aplicación del principio iura novit curia, pero siempre teniendo en cuenta que a través de él no se puede llegar a la modificación de los fundamentos fácticos de la pretensión, expuesto en el libelo, los cuales constituyen su causa petendi y son precisados por el actor, y no otros. Así en esta materia, lo importante es la realidad y naturaleza de los hechos y no la calificación jurídica que les puede dar el demandante, todo lo cual coincide con lo dispuesto por nuestra legislación positiva, concretamente por el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, la sentencia debe analizar “Los hechos en que se funda la controversia”. (…) Si se aceptare que el juez puede al final del proceso, en la sentencia cambiar los hechos alegados en la demanda se estaría desconociendo el derecho de defensa y contradicción del proceso que tiene la parte demandada, la cual contestará la demanda enfrente de los hechos alegados por el demandante y enfocará su actividad probatoria para desvirtuar esos hechos que se conocen desde un comienzo. Pero si al final del proceso se cambia ya no podría cuestionarlos”(36) (resaltado fuera de texto).

3. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia apelada, esto es la proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 19 de febrero de 2002.

2. Sin costas.

3. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) Si bien al momento de la presentación de la demanda el 16 de marzo de 1998, ya habían transcurrido los dos años de los que habla la norma para que la acción de reparación directa se encuentre caducada —por cuanto los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 1995—, el Consejo de Estado admitió la demanda en auto en el que resolvió la apelación interpuesta contra el de primera instancia a través del cual se inadmitió por encontrarse la acción caducada. Al efecto, esta corporación consideró que el término debía contarse a partir del día en que se dio a conocer la supuesta vinculación de agentes del Estado a las investigaciones que por los hechos relatados se adelantaban ante la justicia ordinaria, información que se publicó en los medios de comunicación durante el mes de marzo de 1998.

(5) Ver sentencias en igual sentido pronunciadas por el mismo despacho que hoy resuelve el asunto: Expedientes 26489, 26604, 24676, 25087 y 24964.

(6) Consejo de Estado; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia del 29 de mayo de 2012; Rad. 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI).

(7) Esta corporación ha reiterado que los artículos publicados en la prensa escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener “(…) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido”. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran también las siguientes providencias: sentencia del 27 de junio de 1996, Rad. 9255; sentencia del 15 de junio de 2000, Expediente 13.338; sentencia del 10 de noviembre de 2000, Expediente 18298; y sentencia del 16 de enero de 2001, Rad. ACU-1753; sentencia del 25 de enero de 2001, Rad. 3122; sentencia de 6 de junio de 2002, Rad. 739-01.

(8) En sentencias de 15 de junio de 2000 y de 25 de enero de 2001, al igual que en auto de noviembre 10 de 2000, según radicaciones 13338, 11413 y 8298, respectivamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, sostuvo la tesis según la cual una versión periodística aportada al proceso solo prueba que la noticia apareció publicada en el respectivo medio de comunicación.

(9) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 6 de junio de 2007; Expediente AP-00029.

(10) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de enero de 2013; Expediente 25087.

(11) Obran en los folios 54-273 del cuaderno 1 de pruebas, y los cuadernos 2, 3 y 4 de pruebas.

(12) Nacido en Tibiritá, hijo de Stella Rodríguez con estudios primarios y comerciante de ropa en el sector comercial de San Andresito de la carrera 38.

(13) Nacido en Armenia, hijo de Blanca Inés Vargas y Adalberto Hoyos, realizó estudios hasta tercero de bachillerato, comerciante de electrodomésticos en San Andresito.

(14) Nacido en Bogotá, hijo de Colombia Munevar y Alirio Mediorreal, bachiller, comerciante de rancho y licores en San Andresito de la carrera 20.

(15) Nacido en Bogotá, hijo de Dora Rodríguez, casado, estudió hasta cuarto de bachillerato, comerciante de accesorios de carros en el San Andresito de la carrera 38.

(16) Nacido en Bogotá de profesión vigilante.

(17) Nacido en Ibagué, hijo de Clarét Montoya y Aliria Molina, alfabeta, empleado, soltero.

(18) Nacido en Urrao, hijo de José Quintero y Marta Rosa Oquendo, bachiller, ornamentador de hierro

(19) Nacido en Bogotá, hijo de Antonio Carvajal y Bárbara Gómez, estudios hasta segundo de bachillerato, conductor y comerciante ocasional.

(20) Nacido en Bogotá, hijo de Antonio Carvajal y Bárbara Gómez, estudios hasta cuarto de primaria, mesero.

(21) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 18 de febrero de 2010; Expediente 17885.

(22) Reposa en folio 1 del cuaderno 1 de pruebas.

(23) Ver Consejo de Estado, Sección Tercera: Sentencia del 24 de enero de 2011, Expediente 18471; Sentencia del 25 de abril de 2012, Expediente 23013; y Sentencia del 8 de agosto de 2012, Expediente 24363.

(24) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Expediente 15932.

(25) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

(26) Consejo de Estado; Sección Tercera; del 13 de agosto de 2008; Expediente 17042.

(27) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Expediente 15932.

(28) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de julio 12 de 1993; Expediente 7622.

(29) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569.

(30) Este es el motivo por el cual resulta innecesario realizar una inspección judicial al expediente pues se cuenta con las providencias proferidas dentro de las causas indicadas por el actor.

(31) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 17 de marzo de 2010; Expediente 18567.

(32) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 15 de marzo de 2001; Expediente 11222.

(33) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 19 de agosto de 2004; Expediente 15791.

(34) Consejo de Estado; Sala Plena; Sentencia del 14 de febrero de 1995; Expediente S-123.

(35) Se advierte que “la jurisdicción de lo contencioso administrativo en las actuaciones que conoce carece por completo de facultades para variar la causa petendi que se narra en la demanda, es decir, que en procesos de esta naturaleza la sentencia está irremediablemente abocada a resolver sobre si hay o no lugar a declarar la responsabilidad de la administración con base en los antecedentes fácticos descritos en la demanda y a los medios de convicción regular y oportunamente agregados al plenario. (…) Cualquier variación o modificación del marco fáctico implicaría un desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso, ya que, por una parte, sorprendería a la entidad pública demandada cuya defensa y medios exceptivos estarían enfocados a rebatir los hechos presentados en la demanda y, por otra parte, en atención a que esta jamás tendría opción de ejercer en ese caso el legítimo derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientes a rebatir los elementos de juicio eventual base de la declaración de responsabilidad y consecuencial condena al pago de los perjuicios”. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 19 de junio de 1996; Rad. 8422.

(36) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 14 de febrero de 1995; Rad. S-123.