Sentencia 1998-01117 de noviembre 8 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá, D.C., ocho (08) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 76001-23-31-000-1998-01117-01 (32863)

Actor: Flor Alba Mora Muñoz y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Salud – Municipio de El Cerrito (Valle) – Hospital San Rafael de El Cerrito (Valle), ESE.

Tema: Acción de reparación directa (sentencia)

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

Previo a la delimitación del problema jurídico, es menester realizar el análisis de algunos asuntos referentes a la procedibilidad de la acción; a saber, la competencia de este tribunal para conocer del recurso de alzada, la caducidad y la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Superado este análisis se plantearán los temas sobre los cuales versará la presente providencia para, finalmente, exponer la decisión a adoptar.

1. Aspectos procesales previos.

1.1. Competencia.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, la jurisdicción administrativa es la encargada de conocer las controversias en las que se alega la ocurrencia de un daño por causa de una acción u omisión de una entidad estatal. De la misma forma, el Consejo de Estado, como máximo tribunal de la mencionada jurisdicción, es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por las partes, de conformidad con los artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo, modificados por la Ley 446 de 1998. En efecto, al momento de la presentación del recurso de apelación —1º de febrero de 2006— ya se encontraban en vigencia las cuantías previstas por la Ley 446 de 1998 para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuera conocido por esta corporación.

Así las cosas, para la fecha de presentación de la demanda —3 de agosto de 1998— la estimación razonada de la cuantía era de $ 454.575.000, es decir, que superaba los 500 smlmv y, por ente, esta corporación es competente para fallar el caso en sede de segunda instancia.

1.2. Procedencia de la acción de reparación directa.

1.2.1. Naturaleza de la acción.

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo.

1.2.2. Caducidad.

El término para formular pretensiones, en sede de reparación directa, de conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente a la ocurrencia de la “omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

De acuerdo a lo anterior, se encuentra que la demanda fue presentada en tiempo, toda vez que el accidente tuvo lugar el 28 de septiembre de 1997 y la demanda fue presentada el 3 de agosto de 1998.

1.3. Legitimación en la causa.

Respecto de la legitimación en la causa por activa, se encuentra que, los demandantes acreditaron suficientemente su parentesco con las señoras María Rosalba Muñoz Delgado y Flor Alba Muñoz, como se evidencia de los registros civiles aportados que reposan desde el folio 3 hasta el 14 del cuaderno 1.

En el mismo sentido, la señora Flor Alba Muñoz adjuntó el croquis del accidente que origina la presente acción, fls. 23-24, cdno. 1, la historia clínica producto del accidente padecido, fls. 25-42, cdno. 1, y la historia clínica del tratamiento post traumático, fl. 43.

Ahora bien, en lo respectivo a la legitimación en la causa por pasiva, se encuentra que los actores demandaron a la Nación – Ministerio de Salud; al Municipio de El Cerrito (Valle) y al Hospital San Rafael de dicho municipio, por el accidente padecido cuando se movilizaban en la ambulancia de placas Nº ON-6981, de propiedad del Hospital San Rafael el 28 de septiembre de 1997.

Se tiene que en providencia del 14 de octubre de 2005, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Municipio de El Cerrito, Valle y de la Nación- Ministerio de Salud, lo anterior, toda vez que, de acuerdo al a-quo:

“MINISTERIO DE SALUD; Está llamada a prosperar la excepción propuesta por este organismo superior de la Administración, pues, como se dejó dicho en el acápite denominado “LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA” este organismo es una entidad encargada de la formulación de las políticas, planes programas y de dictar las normas científico-administrativas, que lo configuran como un organismo rector y orientador del Sistema Nacional de Salud reorganizado por la Ley 10 de 1990, misma que lo excluyó de la prestación y ejecución de los servicios de salud, asignados exclusivamente a las entidades territoriales del Estado, de acuerdo a nieles de atención; es así como a los municipios, distritos especiales y turísticos les corresponde la dirección y prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (...). 

(...) En el caso sub examine no se vislumbra la posibilidad de imputar al Ministerio de Salud la falla del servicio que subyace a la demanda y que se configura a partir de unos hechos u omisiones realizadas en el nivel local, cuando una ambulancia de propiedad de un hospital local, conducida por un servidor suyo, en estado de alicoramiento y con probadas manifestaciones culposas en el ejercicio de una actividad peligrosas, colisiona con un vehículo particular y genera una muerte y unas lesiones personales, por lo que deviene obligatoria la exclusión de este organismo de la relación jurídico sustancial y procesal y consecuencialmente estimar la excepción de “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA” propuesta. 

Análoga argumentación es aplicable para el Municipio de El Cerrito, pues, si bien es cierto el Hospital San Rafael, está adscrito al Municipio, también lo es que cuenta con autonomía administrativa, personalidad jurídica que le otorga la facultad de ejercer derechos y contraer obligaciones y presupuesto propio, por lo que se declarará la “falta de legitimación en la causa por pasiva” a favor de este ente territorial”. 

Considera la Sala que dicha argumentación es ajustada a derecho, toda vez que el hecho generador de la muerte de la señora fue el accidente ocurrido entre la ambulancia de placas Nº ON-6981, de propiedad del Hospital San Rafael, del Municipio de El Cerrito, empresa social del estado que cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 100 de 1993. En consecuencia, no hay lugar a predicar la responsabilidad del Municipio referido, ni del Ministerio de Salud, entidades que no tienen relación alguna con los hechos que aquí se estudian(14).

En consecuencia, respecto de la legitimación en la causa por pasiva en cabeza de la Nación – Ministerio de Salud y el Municipio de El Cerrito, Valle, anticipa la Sala que se confirmará lo dispuesto en la sentencia de primera instancia, desvinculando a dichas entidades del presente proceso, lo anterior, atendiendo a la posición que ha venido desarrollando la Sección Tercera(15), en cuanto a que en aquellos casos en que se pretenda la reparación de perjuicios causados por la deficiente, inoportuna, o incluso inexistente prestación del servicio de salud a los pacientes, la demanda de reparación directa debe ir dirigida contra la entidad del estado que presta el servicio, siendo inadecuado demandar al Ministerio de Salud o al ente territorial al cual se encuentra adscrito, ya que estos cumplen funciones de vigilancia, control, organización, entre otras funciones. Así se pronunció esta corporación en sentencia del 7 de diciembre de 2005(16):

“Con la expedición de la Ley 10 de 1990 se reorganizó el Sistema Nacional de Salud y se dictaron otras disposiciones. En ese sentido, el artículo 1º señaló que la prestación de los servicios de salud en todos los niveles, es un servicio público a cargo de la Nación, gratuito en los servicios básicos para todos los habitantes del territorio nacional y administrado en asocio de las entidades territoriales, de sus entes descentralizados y de las personas privadas autorizadas para el efecto. 

Igualmente, el artículo 8º de la misma ley, dispuso que la Dirección Nacional del Sistema de Salud estaría a cargo del Ministerio de Salud, al cual le corresponde formular las políticas y dictar todas las normas científico-administrativas, de obligatorio cumplimiento por las entidades que integran el sistema y ejercer entre otras las siguientes funciones: 

— Formular y adoptar la política para el sistema de salud, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo económico y social, y las políticas, estrategias, programas y proyectos del Gobierno Nacional. 

— Elaborar los planes y programas del sector salud que deberán ser incorporados al plan nacional de desarrollo económico y social o las políticas, estrategias, programas y proyectos del Gobierno Nacional. 

De otro lado, el sector salud está integrado por todas las entidades públicas o privadas que presten dicho servicio a las cuales les corresponde asumir la responsabilidad en la dirección y prestación del servicio.  

En el caso que ocupa la atención de la Sala, la acción fue dirigida contra la Nación – Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud (INSE), Departamento del Magdalena – Secretaría de Salud y Hospital del Tórax “FERNANDO TROCONIS”.  

Sin embargo, como quedó expuesto, es claro que la Nación a través del Ministerio de Salud le corresponde formular y adoptar la política para el sistema de salud, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo económico y social, razón suficiente para respaldar la decisión del Tribunal en cuanto absolvió a la administración central, pues la lesión del bien jurídicamente tutelado no resulta imputable a esta entidad, primero porque la prestación del servicio no forma parte de la órbita de su competencia y segundo, por sustracción de materia, por no ser la entidad que materialmente formuló el diagnóstico.  

Ahora bien, mediante el Decreto 890 del 18 de noviembre de 1993, se reestructuró el Centro de Rehabilitación y Diagnóstico “Fernando Troconis” inicialmente constituido como una entidad de salud de segundo nivel de atención, de carácter especializado, adscrito a la Secretaría de Salud del Magdalena, el cual fue transformado como un Centro de Rehabilitación y Diagnóstico denominado “Fernando Troconis” cuya naturaleza en la actualidad, obedece a los establecimientos públicos del orden Departamental, descentralizado de primer grado, con personería jurídica y autonomía presupuestal (fls. 221 y ss. cdno. ppal.). 

Bajo las condiciones señaladas, para todos los efectos el establecimiento de salud demandado es una entidad descentralizada del orden territorial, organizada como un establecimiento público, dotado de personería jurídica, administrativa, y patrimonio propio. En las propias normas orgánicas de presupuesto, la entidad territorial deberá asignar el presupuesto de gastos y funcionamiento del establecimiento público, y eventualmente, dicho patrimonio resultaría comprometido por los daños antijurídicos que le fueran imputables (...)” (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

Así pues, queda totalmente desvirtuada la afirmación del recurrente en cuanto a que existe solidaridad entre La Nación – Ministerio de Salud – Municipio de El Cerrito, Valle – Hospital San Rafael del Municipio de El Cerrito, y que por tal motivo, podía dirigir la demanda de reparación directa contra todos o algunos de ellos, olvidando que el sector salud está integrado por todas las entidades públicas o privadas que presten dicho servicio a quienes les corresponde asumir la responsabilidad en la dirección y prestación del servicio, debiendo reparar con su propio patrimonio los perjuicios ocasionados a los pacientes en desarrollo de su actividad.

Ahora, superado este punto, es pertinente pronunciarse respecto de la legitimación del Hospital San Rafael. Al respecto, se encuentra que la entidad es una Empresa Social del Estado, categoría especial de entidad pública, como lo establece el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 el cual indicó, “La prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las empresas sociales del estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo”.

Entidades públicas estas, que fueron reguladas por el Decreto 1876 de 1994, “Por el cual se reglamentan los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993”, que reiteró lo dicho en la Ley 100 en cuanto a la naturaleza jurídica de las empresas sociales del estado, disponiendo que son descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas departamentales o concejos municipales(17)

Así pues, en sentencia del año 2000(18) el máximo Tribunal Constitucional se refirió a las ESEs como una categoría especial de entidad pública en los siguientes términos:

“Estas empresas constituyen, de conformidad con el ordenamiento en vigor, una categoría especial de entidad pública descentralizada creada por el legislador en virtud de las facultades que le confiere el artículo 150, numeral 7º, según el cual corresponde al Congreso determinar la estructura de la administración nacional, crear, suprimir y fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos “y otras entidades del orden nacional”.

(...) 

Es claro que las empresas sociales del Estado son entes que no pueden confundirse con los establecimientos públicos y que constituyen una nueva categoría de entidad descentralizada concebida con un objeto específico que la propia legislación ha señalado y que justifica, por razón de los propósitos constitucionales que mediante su existencia persigue el legislador, unas ciertas reglas y una normatividad también especial. Como órganos del Estado, aun cuando gozan de autonomía administrativa, están sujetos al control político y a la suprema dirección del órgano de dirección al cual están adscritos. 

(...) 

Precisamente en la misma Ley 100 de 1993 se ordenó transformar todas las entidades descentralizadas del orden nacional cuyo objeto fuere la prestación de servicios de salud en empresas sociales de salud. Igual procedimiento debía llevarse a cabo en las entidades territoriales, a las que se concedió un plazo de 6 meses para dicha adecuación” (Subrayado propio). 

En el mismo sentido, en sentencia del 7 de marzo de 2012, al pronunciarse sobre la exequibilidad de algunas de las disposiciones de la Ley 1438 de 2011(19), dijo esta Corte lo siguiente:

“La jurisprudencia de esta Corte ha explicado respecto del régimen y naturaleza de las empresas sociales del estado que (i) la Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social y definió en el artículo 94 (sic) la naturaleza de las empresas sociales del estado; (ii) que el objeto de estas empresas es la prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado, o como parte del servicio público de seguridad social; (iii) que estas empresas constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada creada por el legislador en virtud de las facultades que le confiere el artículo 150, numeral 7º; (iv) que son entes que no pueden confundirse y se diferencian claramente de los establecimientos públicos (...) (v) que estas empresas como nueva categoría de entidades descentralizadas y concebidas con un objeto específico definido por la propia ley, de conformidad con los propósitos constitucionales que mediante su existencia persigue el legislador, se rigen por unas reglas y una normatividad especial; (vi) que la ley señala que estas entidades descentralizadas son creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación de servicios de salud, en forma directa; y (vii) que es al legislador a quien corresponde su creación, por la propia naturaleza de creación legal de estas entidades, y que igualmente se encuentra facultado ampliamente para determinar su estructura orgánica. Sobre la naturaleza de las empresas sociales del estado, la jurisprudencia constitucional ha sintetizado que éstas “son una nueva categoría dentro del catálogo de entidades administrativas del orden descentralizado, que tienen naturaleza, características y especificidades propias, lo cual impide confundirlas con otro tipo de entidades públicas”. Así mismo, ha explicado la naturaleza jurídica particular, la regulación especial y la competencia en cabeza del legislador para determinar la estructura orgánica de estas entidades, en razón a que “las empresas sociales del Estado tienen una naturaleza jurídica diversa de la que corresponde a los establecimientos públicos, y su función primordial, a diferencia de éstos, no consiste en el cumplimiento de tareas administrativas en un sentido general, sino que radica ante todo en la atención de salud. Por ello, las disposiciones que las rigen son también distintas y, en el caso de las empresas sociales, que por su naturaleza de entidades descentralizadas públicas debían ser creadas por ley, como en efecto lo fueron, el legislador estaba facultado para establecer su estructura orgánica”. (Subrayado y negrillas propias). 

De lo dicho anteriormente se concluye que las empresas sociales del estado fueron consagradas en la Ley 100 de 1993 como una categoría especial de entidades públicas descentralizadas creadas por mandato de la ley, que cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y que están adscritas a una entidad del nivel nacional, departamental, distrital o municipal.

Manifestación de esta autonomía, es que las ESEs pueden determinar su organización atendiendo a una estructura básica conformada por la dirección, la atención al usuario y la logística. Y es a partir de esta estructura básica, que las entidades definen su distribución de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los servicios que ofrezca cada una de ellas.

Así las cosas, en los artículos 196 y 197 de la Ley 100 de 1993 se dispusotransformar todas las entidades descentralizadas del orden nacional cuyo objeto era la prestación de servicios de salud en empresas sociales de salud, y para el caso de las entidades territoriales, se les otorgó un término de seis meses para efectuar dicha adecuación. Es por esto que en desarrollo de este mandato legal, mediante acuerdo Nº 13 del 14 de junio de 1994, la entidad aquí demandada se transformó en empresa social del estado(20).

Por consiguiente, es el Hospital San Rafael del Municipio de El Cerrito, Valle, quien tendría que responder con su propio patrimonio en aquellos eventos en que le sea imputable el daño antijurídico causado a un paciente, en razón a que la entidad cuenta con recursos propios para atender sus obligaciones(21).

2. Objeto de la apelación.

Encuentra la Sala que la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue cuestionada por la parte demandante, el Hospital San Rafael y por la entidad llamada en garantía, La Previsora, S.A, que fue condenada a reembolsar el valor asegurado en póliza por los riesgos de responsabilidad civil de “daños a terceros”, “muerte o lesiones a una persona” y “muerte o lesiones a dos o más personas”.

El apoderado de los demandantes sintetizó la inconformidad con la sentencia de primera instancia en cuatro puntos: i) la decisión de declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva a favor del Ministerio de Salud Municipio de El Cerrito, Valle; ii) la tasación de los perjuicios morales con respecto a las lesiones sufridas por Flor Alba Mora; iii) la tasación de los perjuicios a la vida de relación de Flor Alba Mora y iv) la negación de los perjuicios materiales a Flor Alba Mora.

Respecto a los perjuicios morales reconocidos por las lesiones de Flor Alba Mora, refirió que la víctima sufrió una lesión de columna que le produjo una pérdida de capacidad laboral del 48.47% y que ha sido sometida a un gran número de cirugías; por lo anterior, solicitó que se reconocieran 100 smlmv, en vez de 50 smlmv. Adicionalmente, sobre los perjuicios a la vida de relación manifestó que también debieron reconocerse 100 smlmv.

Finalmente, sobre los perjuicios materiales, cuestionaron los demandantes que el tribunal decidiera no acceder a su reconocimiento, pese a que se había presentado el correspondiente material probatorio que acreditaba la vinculación laboral de la actora, así como la calificación de la invalidez del 48.47%, en virtud de la cual estaba acreditado que la accionante no iba a poder desarrollar ninguna actividad laboral a futuro(22).

Por su parte, La Previsora S.A., Compañía de Seguros, solicitó revisar lo dispuesto en el numeral 6 del resuelve de la sentencia, dado que el a quo determinó que se debían “aplicar como obligación para reintegrar, los tres amparos contratados y “sumados” en la póliza 7-4803, que amparaba el vehículo ambulancia de placas ONG-981, o sea una responsabilidad civil extracontractual (daños a terceros, muerte o lesiones a una persona o muerte o lesiones a dos o más personas).”. En este sentido, manifestó la entidad que La Previsora S.A., reconoció al Hospital la suma de $ 10.000.000, por concepto de muertes o lesiones a dos o más personas, pero que no se encontraba obligada a reconocer de forma adicional los conceptos de “daños a terceros” y “muerte o lesiones a una persona”(23).

A su vez, el apoderado del Hospital San Rafael ESE, de El Cerrito, Valle, sustentó el recurso de apelación, manifestando que los perjuicios liquidados en la sentencia eran exorbitantes y la capacidad económica del hospital insuficiente para atender la cifra a la que fue condenado; en un sentido similar, cuestionó el reconocimiento de los perjuicios morales a favor de los demandantes sin que se demostrara la existencia de una relación afectiva con las señoras María Rosalba Muñoz Delgado y Flor Alba Mora Muñoz y, finalmente, refirió que no existía prueba alguna de los ingresos de la señora Flor Alba Mora Muñoz.

3. Valoración de la prueba trasladada.

La Sala, previo a abordar el estudio y análisis de fondo, se pronuncia acerca de la siguiente cuestión procesal: (1) valor probatorio de la prueba trasladada.

En cuanto a las pruebas que la Sala valorará, se advierte que se allegaron por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Palmira, copia de varias piezas procesales que hacen parte del proceso penal Nº 2000-0110 adelantado en contra del señor Manuel de Jesús Delgado Escobar por el homicidio de la señora María Rosalba Muñoz y las lesiones personales sufridas por Flor Alba Mora Muñoz, que culminó con sentencia condenatoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala con relación a la eficacia probatoria de la prueba trasladada sostiene que cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que en el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia, por cuanto se protege el derecho de contradicción y publicidad de la prueba, el cual solo se dará en la medida en que las partes tengan conocimiento de ellas y hayan podido controvertirlas

En este sentido, el precedente de la Sala sostiene que las pruebas recaudadas podrán ser valoradas y apreciadas, pese a que se hayan practicado sin citarse o intervenir alguna de aquellas en el proceso de origen, cuando se trata de prueba documental, específicamente, se podrá trasladar de un proceso a otro en original (evento en el que se requerirá el desglose del proceso de origen y que se cumpla lo exigido en el art. 185 CPC), o en copia auténtica (evento en el que se deberá cumplir lo consagrado en los arts. 253 y 254 del CPC).

En cuanto concierne a la prueba testimonial, no habrá lugar a valorarla cuando las declaraciones no hayan sido ratificadas en el proceso al que se trasladan, salvo que la parte contra la que se aducen coadyuve la petición del traslado de la prueba o mencione dichos testimonios en la contestación de la demanda, los alegatos conclusión o cualquiera otro acto procesal.

De esta manera, en el sub judice, la Sala valorará los documentos que se trasladaron del proceso penal, toda vez que los mismos fueron puestos en conocimiento de la parte contra la cual se pretendían hacer valer, sin que ésta hubiese impugnado su valor, lo cual, conforme a lo expuesto, permite que a los mismos se les otorgue valor probatorio.

4. Del acervo probatorio.

Dentro del plenario, obran los siguientes medios de prueba relevantes para la solución del caso:

— Poder otorgado al abogado Edgar González Bueno por parte de los demandantes. Fl. 1, cdno. 1.

— Copia del registro civil de nacimiento de Emma Edilia Mora Muñoz. Fl. 3, cdno. 1.

— Copia del acta de matrimonio celebrado entre Ángel Bolívar Mora y María Rosalba Muñoz. Fl. 4, cdno. 1.

— Copia del certificado de registro de nacimiento de José Jairo Mora Muñoz. Fl. 5, cdno. 1.

— Copia del registro civil de nacimiento de Yudy Mora Enríquez. Fl.6, cdno. 1.

— Copia de la certificación del registro civil de nacimiento de Flor Alba Mora Muñoz. Fl. 7, cdno. 1.

— Copia del certificado de nacimiento de Katherine Enríquez Mora. Fl. 8, cdno. 1.

— Copia del certificado del registro civil de nacimiento de María Nancy Mora Muñoz, fl. 9, cdno. 1.

— Copia del certificado del registro civil de nacimiento de Cristian Camilo Pérez Mora. Fl. 10, cdno. 1.

— Copia del certificado del registro civil de nacimiento de Omaira Mora Muñoz. Fl. 11, cdno. 1.

— Copia del certificado del registro civil de nacimiento de Luz Ayda Mora Muñoz. Fl. 12, cdno. 1.

— Copia del certificado del registro civil de nacimiento de Gloria Esther Mora Muñoz. Fl. 13, cdno. 1.

— Certificado de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la señora María Rosalba Muñoz Delgado, en el que se identifica que la causa de la muerte fue un “trauma torácico cerrado en accidente de tránsito”, el día 28 de septiembre de 1997. Fl. 14, cdno. 1.

— Copia del Acuerdo Nº 013 del 14 de junio de 1994, por medio del cual el Concejo Municipal de El Cerrito, crea el Hospital San Rafael de El cerrito, Valle, como Empresa Social del Estado. Fls. 15-17, cdno. 1.

— Tres fotografías de la ambulancia de placas ON 6981, en las que se observa que ésta bastante dañada y golpeada en la parte frontal. Fl. 18, cdno. 1.

— Constancia de la Secretaría Departamental de Salud de la Gobernación del Valle del Cauca, en la que se certifica que el Hospital San Rafael del Municipio de El Cerrito, se transformó en E.S.E. Fl. 19, cdno. 1.

— Certificación emitida por la señora Luz Dary Cifuentes Valencia el 27 de mayo de 1998, en la que se establece que la señora Flor Alba Mora Muñoz laboraba los días martes y jueves, lavando y planchando, a cambio de un sueldo de $ 18.000 semanales. Fl. 20, cdno. 1.

— Certificado suscrito por María Clarisa Morales Arenas, el 23 de mayo de 1998, en el que se dice que la señora Flor Alba Mora Muñoz trabajaba con ella en el momento del accidente, devengando un sueldo de $ 35.000 pesos semanales, por sus labores como ama de casa los días lunes, miércoles y viernes. Fl. 21, cdno. 1.

— Copia del registro civil de defunción de María Rosalba Muñoz Delgado, el 28 de septiembre de 1997. Fl. 22, cdno. 1.

— Copia del formato que contiene los datos del accidente en el que se establece que se chocaron dos vehículos en vía rural, curva de doble sentido, una sola calzada y doble carril, seca y sin iluminación. De igual forma, se establece que un vehículo era oficial y el otro particular. Se identifican a las víctimas como: María Rosalba Muñoz de Mora (fallecida) y Flor Alba Mora Muñoz (lesionada). Fls. 23-24, cdno. 1.

— Copia de la nota de remisión de Flor Alba Mora al Hospital Universitario del Valle con motivo del accidente. Fl. 25, cdno. 1.

— Copia de la inscripción de la señora Flor Alba Mora Muñoz en la Clínica Regional Nuestra Señora de Fátima, en la que consta que estuvo hospitalizada 13 días por politraumatismo. Fl. 26, cdno. 1.

— Notas de enfermería de la Clínica Regional Nuestra Señora de Fátima. Fl. 27, cdno. 1.

— Órdenes médicas de la Clínica Regional Nuestra Señora de Fátima. Fl. 28, cdno. 1.

— Historia clínica de la señora Flor Alba Mora Muñoz en la Clínica Regional Nuestra Señora de Fátima. Fl. 29, cdno. 1.

— Hoja de evolución de la señora Flor Alba Mora Muñoz en la Clínica Regional Nuestra Señora de Fátima en la que se establece que la paciente está pasando por un cuadro depresivo y se ordena atención psicológica post-hospitalaria. Fls. 30-31, cdno. 1.

— Notas de enfermería de la Clínica Regional Nuestra Señora de Fátima. Fls. 32-42, cdno. 1.

— Copia del resultado de la escanografía de columna dorso-lumbar practicada a Flor Alba Mora del 26 de junio de 1998, en la que se establece que la densidad ósea estaba ligeramente disminuida, así como el espacio distal t9-t10, concluyendo “hallazgos de secuela post-traumática a nivel del cuerpo de t10, con fractura por compresión a este nivel con probable protrusión del disco hacia el cuerpo de t10, sin poder descartar proceso inflamatorio incipiente a este nivel.”. Fl. 43, cdno. 1.

— Copia del contrato de seguro de automóviles suscrito entre La Previsora S.A, Compañía de Seguros y el Hospital San Rafael de El Cerrito, Valle, con vigencia a partir del 19 de octubre de 1996, hasta el 18 de octubre de 1997. Contrato que amparaba la responsabilidad civil extracontractual por daños a bienes de terceros, muerte o lesión a una persona y muerte o lesión a dos o más personas y otras coberturas al vehículo. Fl. 111, cdno. 1.

— Certificación de La Previsora S.A. en la que consta que la camioneta ambulancia Chevrolet LUV KB-41, motor 877049, modelo 1986, se encontraba asegurada, hasta por $ 20.000.000, por concepto de responsabilidad civil extracontractual. Fl. 112, cdno. 1.

— Copia historia clínica de Flor Alba Mora Muñoz. Fls. 1-18, cdno. 2.

— Copia del acta de inspección del cadáver de la Dirección Seccional de Fiscalías de Santiago de Cali del 28 de septiembre de 1997, en la que se identifica al occiso como María Rosalba Muñoz Delgado. Fl. 23, cdno. 2.

— Copia de la denuncia presentada por Roger Ceballos Vargas, ante la inspección permanente de policía del Municipio de Palmira, Valle, por el delito de lesiones personales contra el conductor de la ambulancia del Hospital de El Cerrito, de placas ON-6981. Fl. 26, cdno. 2.

— Copia de la diligencia de formulación de denuncia rendida por el señor José Jairo Mora Muñoz, ante la Fiscalía Seccional 134 del Cerrito, contra el motorista de turno del Hospital San Rafael por la muerte de María Rosalba Muñoz. Fls. 27-28, cdno. 2.

— Copia del SOAT de la ambulancia. Fl. 28, cdno. 2.

— Oficio de la Secretaría de Tránsito Municipal de Palmira, Valle, en el que se informa lo siguiente: “El primer vehículo es una camioneta Chevrolet Luv, color rojo, placas CAU-011, presenta estado de destrucción total y su costo aproximado es de $ 11’000.000; por lo tanto sus órganos de seguridad (luces, frenos, dirección), están en mal estado a causa del impacto.(...) El segundo vehículo es una camioneta-ambulancia, marca Chevrolet Luv, color blanco de placas ON-6981; presenta estado de destrucción total y su costo aproximado es de $ 7’500.000”. Fl. 30, cdno. 2.

— Acta de entrega de la ambulancia al representante legal del Hospital San Rafael de El Cerrito, Valle. Fl. 31, cdno. 2.

— Copia del registro civil de defunción de la señora María Rosalba Muñoz Delgado. Fl. 32, cdno. 2.

— Copia del primer reconocimiento médico legal de Flor Alba Mora Muñoz en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se describen las lesiones. Fl. 33, cdno. 2.

— Copia del protocolo de necropsia de María Rosalba Muñoz Delgado, del 28 de septiembre de 1997, en la que se concluye que fallece en “hipovolemia secundaria avulsión aorta torácica por trauma torácico cerrado en accidente de tránsito”. Fls. 34-35, cdno. 2.

— Copia del examen de alcoholemia practicado a María Rosalba Muñoz Delgado, que arroja resultado negativo. Fl. 36, cdno. 2.

— Copia del examen de alcoholemia practicado a Alexander Ceballos, que arroja resultado negativo. Fl. 38, cdno. 2.

— Apertura de la instrucción penal por parte de la Fiscalía Seccional 145 de Palmira. Fl. 45, cdno. 2.

— Diligencia de indagatoria rendida por Fabián Alexander Ceballos. Fls. 46-47, cdno. 2.

— Diligencia de indagatoria rendida por el señor Manuel de Jesús Delgado Escobar. Fls. 48-51, cdno. 2.

— Oficio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sobre el primer reconocimiento médico legal de Manuel de Jesús Delgado Escobar. Fl. 52, cdno. 2.

— Constancia respecto de la naturaleza del Hospital San Rafael, según la cual se trata de “un organismo de Salud de Origen Público que, mediante acuerdo Nº 13 del 14 de junio de 1994, se transformó en Empresa Social del Estado”. Fl. 54, cdno. 2.

— Definición de la situación jurídica de Fabián Alexander Ceballos y Manuel de Jesús Delgado Escobar, por la investigación adelantada por el delito de homicidio culposo, en la que se resuelve abstenerse de dictar medida de aseguramiento contra los investigados. Lo anterior, toda vez que las declaraciones de los procesados se contradecían entre sí y era necesario practicar otras pruebas para determinar con claridad las responsabilidades. Fls. 55-59, cdno. 2.

— Copia del estudio técnico adelantado por la Fiscalía General de la Nación al vehículo Chevrolet LUV de placas ON-698. Fls 62-63, cdno. 2.

— Copia de la historia clínica del señor Fabián Alexander Ceballos. Fl. 67, cdno. 2.

— Copia de la resolución de acusación contra Fabián Alexander Ceballos y Manuel de Jesús Delgado por la presunta comisión de los delitos de homicidio y las lesiones personales en la que se resuelve dictar medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Manuel de Jesús Delgado Escobar y precluir investigación en favor de Fabián Alexander Ceballos. Lo anterior, toda vez que al evaluar los elementos recaudados, se pudo inferir que el procesado buscó evadir la toma del análisis de sangre para la práctica del examen de alcoholemia hasta la tarde del día siguiente, momento en el cual los niveles de alcohol ya habrían disminuido de forma sustancial. De la misma forma, la Fiscalía resaltó que la señora Flor Alba Mora Muñoz en la versión rendida, manifestó que el señor Delgado, conductor de la ambulancia, había obrado de manera imprudente, ocasionando así el accidente. Fls. 69-78, cdno. 1.

— Providencia a través de la cual se resuelve el recurso de apelación presentado contra la Resolución Interlocutoria Nº 311 del 25 de agosto de 1999, mediante la cual se acusó formalmente al señor Manuel de Jesús Delgado, en la que se confirma la decisión. Fls. 81-92, cdno. 2.

— Copia de la sentencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Palmira, Valle, en la que se condena al señor Manuel de Jesús Delgado a la pena de 32 meses de prisión, el pago de una multa de $ 12.000 y a la suspensión del ejercicio de la profesión de conductor de vehículos o automotores por 18 meses, como autor responsable del delito de homicidio culposo, en concurso homogéneo con el de lesiones personales culposas. Decisión que se tomó teniendo en cuenta el señalamiento directo hecho por Flor Alba Mora Muñoz, quien de forma categórica atribuyó la responsabilidad del accidente al acusado, resaltando que el señor Delgado se presentaba cierto estado de alicoramiento, condujo con exceso de velocidad y no llevaba la sirena, ni el faro prendido. De la misma forma, se valoró el testimonio de uno de los ocupantes de la camioneta, quien señaló que la ambulancia se había ido encima de la camioneta, toda vez que venía invadiendo el carril que ocupaba la misma, situación que no le permitió al señor Alexander Ceballos, conductor de la camioneta, realizar maniobra alguna. Finalmente se hizo alusión a los múltiples testimonios que señalaban al señor Manuel Delgado como una persona que constantemente se embriagaba en horas laborales. Fls. 93-114, cdno. 2.

— Historia clínica de Flor Alba Mora Muñoz, en el Hospital Universitario del Valle, “Evaristo García”. Fls. 118-122, cdno. 2.

— Copia del registro diario de consulta externa del mes de septiembre de 1997. Fl. 124, cdno. 2.

— Documentos de propiedad del vehículo marca Chevrolet Luv, modelo 1986, de plaza ON-6981, aportados por el Hospital San Rafael, E.S.E. Fls. 125- 132, cdno. 2.

— Testimonio tendido por William Leyton Rodríguez, vecino de la familia, en el que hace referencia a la composición familiar de María Rosalba Muñoz, señalando que tenía 7 hijos y varios nietos, siendo Cristian y Katherine los más cercanos. Fls. 140-141, cdno. 2.

— Testimonio rendido por Hortensia Riascos Alomia, vecina de la familia, en el que refiere que la señora María Rosalba Muñoz era muy cercana a sus hijos y a sus nietos Cristian y Katherine, quienes vivían con ella; así mismo, manifestó que la señora Flor Alba Mora Muñoz quedó muy afectada de salud tras el accidente y tuvo que ser sometida a terapias físicas y psicológicas como consecuencia de las lesiones y la muerte de su madre. Fls. 142-143, cdno. 2.

— Testimonio rendido por Flover José Trujillo, compañero de trabajo del señor Ángel Bolívar, en el que refiere que los niños Katherine y Cristian vivían con la señora María Rosalba Muñoz. De la misma forma, manifestó que la fallecida era la jefe del hogar y que su muerte causó gran impacto en toda la familia. Respecto de las lesiones padecidas por Flor Alba, expuso que estuvo prácticamente inválida por un largo periodo de tiempo. Fl. 144, cdno. 2.

— Testimonio rendido por Omar Edilberto Inzuasty, amigo de la familia, quien refiere que la noche del accidente se encontró con la familia y le facilitó dinero al conductor de la ambulancia, quien solicitó el valor del peaje que debía cancelar. Así mismo, corroboró lo dicho en testimonios anteriores respecto de las buenas condiciones de salud de las victimas antes del accidente, la unidad familiar. Fl. 145, cdno. 2.

— Testimonio rendido por Jhon Edwin Montes, pasajero de la camioneta que conducía Fabián Alexander Ceballos, quien manifestó que venía dormido y cuando ocurrió el accidente se fracturó las costillas y se hirió la frente. Respecto de las condiciones del siniestro, refirió que la carretera era peligrosa y que la habían tomado, toda vez que no tenían dinero para pagar el peaje; así mismo, expuso que no era usual que las ambulancias tomaran dicho camino al ser tan riesgoso. Sobre la conducta de Manuel de Jesús Delgado, refirió que intentó escaparse del accidente y que los involucrados en el siniestro solicitaron en repetidas ocasiones la práctica del examen de alcoholemia, pues el conductor de la ambulancia se encontraba en evidente estado de alicoramiento. Fls. 147-148, cdno. 2.

— Testimonio rendido por Ferney Corral Hernández, pasajero de la camioneta que conducía Fabián Alexander Ceballos, quien manifestó que la ambulancia venía invadiendo los dos carriles en la vía que tenía doble sentido. También expuso que el conductor de la ambulancia se veía cansado, olía a licor y se había escapado al manifestar que “corría peligro”. Fls. 149- 150, cdno. 2.

— Testimonio rendido por Argenis Montes, pasajero de la camioneta que conducía Fabián Alexander Ceballos, quien manifestó que el conductor del carro particular iba despacio y la ambulancia invadió el carril, impidiendo que el señor Ceballos pudiera realizar maniobra alguna para evitar el accidente. De la misma forma, reiteró que el conductor de la ambulancia se marchó de la escena de los hechos. Fl. 151, cdno. 2.

— Dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral y determinación de la invalidez de la Junta de Calificación de Invalidez, regional Valle del Cauca, practicado a la señora Flor Alba Mora Muñoz, en el que se establece un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 48.47%, de origen común. Fls. 171-172, cdno. 2.

— Certificación del Dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral y determinación de la invalidez de la Junta de Calificación de Invalidez, regional Valle del Cauca, practicado a la señora Flor Alba Mora Muñoz, en el que se establece un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 48.47%, de origen común. Fl. 173, cdno. 2.

— Aclaración o adición al dictamen pericial solicitada por el apoderado de La Previsora S.A., en el que se solicita especificar las lesiones sufridas en el accidente en la bicicleta y las derivadas del accidente y la posibilidad o imposibilidad de la calificada para desarrollar actividades. Fls. 182-183, cdno. 2.

— Aclaración de la Junta de Calificación de Invalidez, regional Valle del Cauca, respecto de las solicitudes presentadas por el apoderado de La Previsora S.A., en la que se manifiesta que la calificada tiene que desarrollar las actividades con apoyo, razón por la cual el tiempo ocupacional es mínimo y la calificación en ese punto es de 15. Fl. 189, cdno. 2.

— Objeción por error grave presentada contra el dictamen pericial solicitada por el apoderado de La Previsora S.A., toda vez que la aclaración no dio respuesta al primer punto, a saber, especificar las lesiones sufridas por la señora Flor Alba Mora en el accidente en la bicicleta y las derivadas del accidente en la ambulancia. De la misma forma, cuestionó que la señora Mora fuera calificada como persona con discapacidades de tres roles como ayudados: 1) autocuidado; 2) disposición y 3) varios de marcha, puesto que la actora puede valerse por sí misma y sus discapacidades no son las limitadas. Fls. 192-193, cdno. 2.

— Nuevo dictamen proferido por la Junta de Calificación de Invalidez, regional Valle del Cauca, en el que se señala una pérdida de capacidad laboral de 48.47%, de origen común. Fls. 204-209, cdno. 2.

— Nueva objeción presentada por el apoderado de La Previsora S.A., contra el nuevo dictamen, al considerar que se limitaba a reproducir el anterior. Fls. 212-213, cdno. 2.

— Solicitud de pago de la póliza en la que se indica un monto de gastos por concepto de responsabilidad civil de $ 6.750.000.00. Fl. 1, cdno. 3.

— Solicitud de pago de $ 5.000.000, total el monto asegurado por concepto de responsabilidad civil por daños a terceros. Fl. 2, cdno. 3.

— Documentos allegados por La Previsora S.A., sobre el siniestro. Fls. 4-7, cdno. 3.

— Solicitud de pago de indemnización, presentada por el apoderado de las víctimas, ante La Previsora, S.A., compañía de seguros, por los perjuicios causados en el accidente ocurrido el 28 de septiembre de 1997 en la ambulancia de propiedad del Hospital San Rafael de El Cerrito, Valle. Fls. 13-15, cdno. 3.

— Certificado de necropsia practicada a María Rosalba Muñoz Delgado. Fl. 25, cdno. 3.

— Orden de pago de La Previsora S.A., al Hospital San Rafael, por un valor de $ 6.707.085, por pérdida total del vehículo. Fl. 143, cdno. 3.

— Comunicación del Hospital, en el que se autoriza el cruce de cuentas con la aseguradora, por la deducción de parqueadero y salvamento. Fls. 146, cdno. 3.

— Comunicación de La Previsora S.A., en la que se refiere que el salvamento corresponde a $ 1.500.000 y el parqueadero a $ 578.400, por tanto, que el pago corresponde a $ 6.721.600.

4.1 Valor probatorio de las fotografías.

La Sala advierte que al plenario fueron allegadas por el demandante diferentes fotografías de la ambulancia involucrada en el accidente.

Con relación a dichas fotografías cabe hacer varias consideraciones: i) para valorar su autenticidad la Sala tiene en cuenta lo previsto en el artículo 25 del Decreto Ley 2651 de 1991 [norma aplicable para la época de presentación de la demanda], a cuyo tenor se estableció que los “documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieran o no como destino servir de prueba, se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación”; ii) la presunción de autenticidad de las fotografías no ofrece el convencimiento suficiente, ni define las situaciones de tiempo, modo y lugar de lo que está representado en ellas, ya que se debe tener en cuenta que su fecha cierta, consideradas como documento privado, con relación a terceros se cuenta, conforme al artículo 280 de Código de Procedimiento Civil, desde el momento en el que son aportadas al proceso, esto es, desde la presentación de la demanda, sin perjuicio de los demás criterios fijados por la misma norma mencionada; iii) la valoración, por lo tanto, de las fotografías se sujetará a su calidad de documentos, que en el marco del acervo probatorio, serán apreciadas como medios auxiliares, y en virtud de la libre crítica del juez(24).

5. Problema jurídico.

En consecuencia, procederá la Sala a resolver el siguiente problema jurídico: ¿hay lugar a declarar la responsabilidad del Hospital San Rafael, del Municipio de El Cerrito, Valle, por la muerte de la señora María Rosalba Muñoz y las lesiones causadas a Flor Alba Mora Muñoz, como consecuencia del accidente padecido en la ambulancia de propiedad de la entidad demandada?

6. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado(25), la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización”(26) erigiéndola como garantía de los derechos e intereses de los administrados(27) y de su patrimonio(28), sin distinguir su condición, situación e interés(29). Como bien se sostiene en la doctrina,

“La responsabilidad de la administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(30); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público(31).

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(32), este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(33) tanto por la acción, como por la omisión, bien sea bajo los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional u otro.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme a lo cual se analizará el caso a resolver.

7. El daño.

El daño comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(34) y del Estado, impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(35), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.

En cuanto al daño antijurídico, la Corte Constitucional ha señalado que la “(...) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(36).

Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(37). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(38), anormal(39) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(40).

Es preciso advertir que en la sociedad moderna, el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamado a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva y no sujetada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de una daño cierto, que afecta o genera un detrimento en derechos, bienes o intereses jurídicos, y que esperar a su concreción material, podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece(41).

8. Imputación de la responsabilidad al Estado y fundamento del deber jurídico de reparar.

En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio; daño especial; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(42).

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(43), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(44).

En cuanto a lo anterior, la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(45). Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(46).

Esto es sin duda, un aporte dado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(47). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(48). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(49).

Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(50) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(51) que el juez está llamado a aplicar bajo la consideración de la utilización de la máxima “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(52).

Esta formulación no debe suponer, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal(53), teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la Administración, puesto que no puede considerarse (...) que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”(54), y que además debe obedecer a la cláusula del Estado social de derecho(55).

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo título de imputación en el que deba delimitarse la responsabilidad extracontractual del Estado(56), sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede en primera medida la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos(57), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado social y democrático de derecho; en caso de no poder aplicarse dicha motivación, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera “(...) en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación (...)”(58).

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo estos postulados, en el caso de autos el juicio de imputación se realizará a la luz del concepto de falla en la prestación del servicio de salud, el cual opera, como lo señala la jurisprudencia de la Sección Tercera, no sólo respecto de los daños indemnizables derivados de la muerte o de las lesiones corporales causadas, sino que también comprende “... Los que se constituyen por la vulneración del derecho a ser informado; por la lesión del derecho a la seguridad y protección dentro del centro médico hospitalario y, como en este caso, por lesión del derecho a recibir atención oportuna y eficaz”(59).

8.1. Régimen de responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por accidentes de tránsito ocasionados en la conducción de vehículos oficiales.

La jurisprudencia reiterada de la Corporación ha sostenido que tratándose de la producción de daños originados en el despliegue de actividades peligrosas, lo cual ocurre cuando se conduce un vehículo automotor, estará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado(60), con fundamento en el título del régimen objetivo, identificado como riesgo excepcional; así mismo, en cuanto al reparto de la carga de la prueba que tiene lugar en litigios en los cuales el aludido sea el asunto objeto de controversia, se ha advertido, en forma reiterada, que:

“[A]l actor le bastará probar la existencia del daño y[la relación de causalidad] entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”.(61)

En los eventos en que se demanda la responsabilidad del Estado por el ejercicio de una actividad peligrosa, como es el caso de la conducción de vehículos, la Sala(62) ha señalado que cuando se demuestra que la guarda de la actividad está a cargo de la entidad estatal demandada, el daño que se cause durante el desarrollo de la misma podrá imputarse al Estado con base en el fundamento de atribución jurídica de la falla del servicio, como del riesgo excepcional(63) [siguiendo la jurisprudencia de la Sala Plena de Sección Tercera de 23 de agosto de 2012, expediente 24392]. Ahora bien, para la Sala resulta importante precisar que en la actualidad es absolutamente equívoco presumir la responsabilidad del Estado, tanto en los regímenes objetivos como en el subjetivo.

Con todo, como también lo ha reiterado la Sala(64), en el análisis de la responsabilidad del Estado se debe comenzar por estudiar si en el caso, el referido daño tiene su origen en irregularidades en la actividad de la administración pública falla en la prestación del servicio de modo que, en caso de no hallarse estructurada ésta, debe acudirse a la aplicación del fundamento de atribución objetivo por riesgo(65), el cual no prescinde de los elementos de la responsabilidad sino, única y exclusivamente, del elemento subjetivo “falla” de la administración, por cuanto se fundamenta en el desarrollo de actividades peligrosas cuya imputación se concreta cuando el daño ha devenido de la concreción de los riesgos propios de esa actividad o de aquellos creados con el ejercicio de determinadas actividades peligrosas para la comunidad o terceros.

Lo anterior implica un necesario análisis del hecho dañoso para establecer el fundamento de la imputación, a fin de determinar si éste devino de la concreción de un riesgo propio de la actividad o, por el contrario, de una falta en cabeza de quienes dirigían el desarrollo de tal actividad.

El juicio de imputación exige, en primer lugar, analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el accidente, y luego determinar si operó una causal eximente de responsabilidad —caso fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero—, o si se trata de un evento de concurrencia de culpas, esto es, que la acción, conducta o comportamiento de la víctima contribuyó a la producción del daño antijurídico, pero no fue la única determinante, sino que fue necesaria la acción u omisión de la entidad pública demandada para su concreción.

9. Caso concreto.

Inicia la Sala, advirtiendo que la litis se encuentra abierta, toda vez que, tanto la parte demandante, como la parte demandada, presentaron recurso de apelación contra la sentencia del 14 de octubre de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En esa medida, se revisará la totalidad de la condena para determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad del Hospital San Rafael, por la muerte de la señora María Rosalba Muñoz y las lesiones padecidas por Flor Alba Mora Muñoz.

Se tiene probado que el día 28 de septiembre de 1997, la señora Flor Alba Mora Muñoz acudió al Hospital San Rafael, de la localidad de El Cerrito (Valle), para ser atendida luego de que sufriera una caída en bicicleta(66). Igualmente, se encuentran en el proceso pruebas que demuestran que la paciente se trasladaba en ambulancia, de propiedad del hospital(67), y que en dicho trayecto ocurrió un accidente de tránsito en el que falleció la señora María Rosalba Muñoz y terminó lesionada Flor Alba Mora Muñoz(68).

De acuerdo al acta levantada como consecuencia del accidente, tiene conocimiento la Sala que el día de los hechos se chocaron dos vehículos en una vía rural, curva de doble sentido, doble carril, que para el momento se encontraba seca y sin iluminación(69). Así mismo, es claro que al momento del siniestro no fue posible valorar la conducta de los implicados para determinar responsabilidades y solo en el proceso penal se pudo determinar cuál de los dos conductores era el responsable de la muerte de María Rosalba Muñoz y las lesiones causadas a Flor Alba Mora Muñoz y a los pasajeros de la camioneta particular.

Según los documentos aportados, provenientes del proceso penal, ante la imposibilidad de establecer la responsabilidad de los conductores, la Fiscalía optó por iniciar un proceso por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales contra Fabián Alexander Ceballos —conductor de la camioneta particular— y Manuel de Jesús Delgado Escobar —conductor de la ambulancia—, luego de recaudar una serie de elementos materiales probatorios, la Fiscalía, mediante resolución de acusación, decidió dictar medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Manuel de Jesús Delgado Escobar y precluir investigación en favor de Fabián Alexander Ceballos. Lo anterior, toda vez que al evaluar los elementos recaudados, se pudo inferir que el procesado buscó evadir la toma del análisis de sangre para la práctica del examen de alcoholemia hasta la tarde del día siguiente, momento en el cual los niveles de alcohol ya habrían disminuido de forma sustancial, y además que el conductor de la ambulancia invadió el carril porque el que se desplazaba la camioneta particular. De la misma forma, la Fiscalía resaltó que la señora Flor Alba Mora Muñoz en la versión rendida, manifestó que el señor Delgado, conductor de la ambulancia, había obrado de manera imprudente, ocasionando así el accidente(70).

En sentido similar, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Palmira, Valle, en sentencia del 6 de noviembre de 2001, condenó al señor Manuel de Jesús Delgado Escobar a la pena de 32 meses de prisión, el pago de una multa de doce mil pesos $ 12.000 y a la suspensión del ejercicio de la profesión de conductor de vehículos o automotores por 18 meses, como autor responsable del delito de homicidio culposo, en concurso homogéneo con el de lesiones personales culposas. Decisión que se tomó teniendo en cuenta el señalamiento directo hecho por Flor Alba Mora Muñoz, quien de forma categórica atribuyó la responsabilidad del accidente al acusado, resaltando que el señor Delgado presentaba cierto estado de alicoramiento, condujo con exceso de velocidad, no llevaba la sirena, ni el faro prendido en la ambulancia.

De la misma forma, se valoró el testimonio de uno de los ocupantes de la camioneta, quien señaló que la ambulancia se había ido encima del vehículo particular, toda vez que venía invadiendo el carril que ocupaba la misma, situación que no le permitió al señor Alexander Ceballos, conductor de dicho vehículo, realizar maniobra alguna. Y finalmente se hizo alusión a los múltiples testimonios que señalaban al señor Manuel Delgado como una persona que constantemente se embriagaba en horas laborales(71).

Sobre la conducción de ambulancias y en general de las normas de conducción, consagra el Decreto 1344 de 1970 (Código de Tránsito), lo siguiente:

“ART. 125.—Todo conductor detendrá la marcha y cederá el paso a los vehículos de la comitiva presidencial, cuerpo de bomberos, convoyes del ejército y de la policía y a las ambulancias, cuando anuncien su presencia por medio de sirenas o campanas”. Subrayado fuera del texto 

(...) 

ART. 135.Todo conductor antes de efectuar un adelantamiento debe observar; que ningún conductor que le siga haya empezado una maniobra para adelantarlo; que la vía que vaya a tomar esté libre en una longitud suficiente para que, de acuerdo a la diferente entre la velocidad de su vehículo durante la maniobra y la de los otros que pretende adelantar, dicha maniobra no ponga en peligro o entorpezca el tránsito de los que vayan en dirección contraria o de los que haya adelantado y anunciar su intención en forma clara y con suficiente anterioridad por medio de las luces direccionales de su vehículo, o en su defecto, haciendo la señal apropiada con el brazo. 

Efectuada la maniobra deberá regresar nuevamente al carril derecho, dejando una separación prudencial con el último vehículo que haya alcanzado. 

ART. 136.Es prohibido adelantar a otro vehículo en los siguientes casos: 

1. En los cruces de vías; 

2. En las vías donde exista la línea separadora central continua. 

3. En las curvas donde no exista una visibilidad de siquiera cien metros. 

4. Cuando la visibilidad sea desfavorable. 

5. En las proximidades de pasos de peatones, delimitados con marcas sobre la calzada o cualquier otra señal. 

6. En los cruces de vías férreas y puentes. 

7. En general, cuando la maniobra ofrezca peligro. 

(...) 

ART. 148.En las carreteras la velocidad máxima permitida es de sesenta kilómetros por hora, salvo cuando el Ministerio de Obras Públicas por medio de señales adecuadas, indiquen un límite superior o inferior”. 

Sobre la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia de la desatención de las autoridades públicas en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, la jurisprudencia de esta corporación(72) ha señalado que el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio. En efecto, la Sala ha indicado que es necesario efectuar, de un lado, el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado y, de otro, el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. En este sentido se ha sostenido:

“«... Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la Constitución Política, sólo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la Sala en sentencia del 5 de agosto de 1994 (Exp. 8487, actor Víctor Julio Pardo, ponente, Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló: 

“1. En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO. (...) 

“2. Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.  

“La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como anormalmente deficiente”. (Mayúsculas dentro del texto original. Subrayas fuera de él)(73). 

De lo anterior necesariamente concluye la Sala que se encuentra plenamente demostrado que el daño causado a los demandantes, a saber, la muerte de la señora María Rosalba Muñoz y las lesiones ocasionadas a Flor Alba Mora Muñoz, se originaron en la conducta desplegada por el señor Manuel de Jesús Delgado, conductor de la ambulancia, quien desplegó sus funciones con total desconocimiento y violación de las normas de tránsito las cuales le eran exigibles en atención a la labor que desempeñaba.

Es necesario señalar de forma preliminar que este caso versa sobre una actuación extra médica, derivada de las obligaciones de seguridad, cuidado, vigilancia, protección y custodia de los usuarios, en cabeza de las entidades que prestan el servicio público de salud. Al respecto, cabe resaltar lo dispuesto en providencia proferida por esta Sección, según la cual:

(...) la responsabilidad extracontractual del Estado que se genera a partir de la ocurrencia de eventos adversos, esto es, la trasgresión del principio de seguridad en sentido amplio o lato, es decir, comprensivo de las obligaciones de cuidado, vigilancia, protección, entre otras, tendrá como referente la falla del servicio, razón por la que siempre será imprescindible constatar, en el caso concreto, si el daño tuvo origen en la violación al deber objetivo de cuidado, es decir, provino de una negligencia, impericia, imprudencia o una violación de reglamentos por parte del personal administrativo de la clínica o del hospital respectivo(74).

Atendiendo a lo anterior, encuentra la Sala que, de acuerdo a los testimonios practicados al interior del proceso, la señora Flor Alba Mora Muñoz fue trasladada al Clínica de la Policía ubicada en la ciudad de Cali en ambulancia del Hospital San Rafael y que, para dicho traslado le fue permitido a la madre de la paciente, la señora María Rosalba Muñoz, abordar el vehículo, adicionalmente, es importante resaltar que la paciente que era trasladada en la ambulancia no revestía condiciones de gravedad en su integridad física, puesto que lo que había sufrido era una lesión en uno de sus tobillos.

De acuerdo a los resultados del proceso penal y a las diferentes declaraciones rendidas al interior del proceso contencioso administrativo, es posible evidenciar que el señor Manuel de Jesús Delgado, no se encontraba en condiciones óptimas para prestar el servicio, toda vez que, de acuerdo a los testigos, presentaba un evidente estado de alicoramiento y, adicionalmente, optó por transportar a la paciente y su acompañante por una vía inusual, con poca iluminación y de forma imprudente al invadir el carril opuesto a la dirección en que conducía.

En este punto, es necesario señalar que si bien es evidente que la conducta desplegada se originó de forma principal en el conductor del vehículo, es obligación del centro médico garantizar la seguridad de sus pacientes y que dicha obligación se extiende a la verificación de la idoneidad de sus empleados, especialmente cuando, como lo señalan algunos de los testigos, era usual encontrar al señor Delgado ingiriendo bebidas alcohólicas en horario laboral. Razón por la cual, no puede entonces el Hospital excusar su responsabilidad aduciendo la culpa exclusiva del funcionario

Para la Sala es claro entonces que en este caso se configuró una falla en el servicio, toda vez que al comprobarse que la ambulancia era propiedad del Hospital San Rafael y que el señor Manuel de Jesús Delgado prestaba sus servicios a tal institución, como conductor de dicho vehículo, es claro que el Hospital debía ejercer el control y la guarda del servicio de transporte prestado a los pacientes quienes, hasta tanto no fuesen remitidos de forma exitosa a otro centro prestador de servicios de salud, seguían bajo vigilancia y cuidado de la entidad aquí demandada.

Adicionalmente, es claro que los hechos tuvieron lugar en el marco de la prestación del servicio de salud a la señora Flor Alba Mora Muñoz y no por la decisión arbitraria del señor Delgado de conducir el vehículo; en consecuencia, la actividad se encontraba directamente ligada con la actividad y los deberes exigidos al hospital y por esta razón, hay lugar a declarar su responsabilidad.

En este punto, es importante resaltar, además, que la actividad que desencadenó el daño, a saber, las lesiones padecidas por la señora Flor Alba Mora Muñoz y la muerte de la señora María Rosalba Muñoz, consistía en una actividad peligrosa, y en este caso no se demostró que existieran causales que dieran lugar a la exculpación del conductor y, por el contrario, se demostró la actuación negligente del señor Delgado y la falta de cuidado imputable al Hospital San Rafael, circunstancias que desencadenaron en las afectaciones que alegan los demandantes.

En consecuencia, considera la Sala que hay lugar a confirmar el fallo de primera instancia, proferido por el Tribunal administrativo del Valle del Cauca de 14 de octubre de 2005, en el sentido de condenar al Hospital San Rafael del Municipio de El Cerrito, Valle.

Así pues, teniendo en cuenta que, como ya fue señalado, la litis se encuentra abierta, procederá la Sala a re liquidar los perjuicios materiales e inmateriales en los acápites siguientes.

10. Liquidación de perjuicios.

10.1. Perjuicio moral.

Con relación al perjuicio inmaterial, y concretamente en lo que respecta al daño moral, la Sala de Sección Tercera se pronunció mediante sendas sentencias del 28 de agosto de 2014, en las que precisó que este concepto se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.

Ahora bien frente a la reparación del daño moral en el caso de muerte la Sala diseñó cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas y estableció la indemnización que corresponde a cada uno de dichos niveles, así:

Asimismo, frente a la reparación del daño moral en caso de lesiones personales se fijó como referente en la liquidación la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima, dividida en seis (6) rangos y con observancia de los mismos 5 niveles de cercanía afectiva, así:

S1998-01117CE fig 1
 

De manera que debe verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, para determinar el monto indemnizatorio que le corresponde en salarios mínimos, y para las víctimas indirectas se asigna un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro que antecede.

En atención a los parámetros que anteceden, la Sala procede a hacer el reconocimiento del perjuicio moral, así:

S1998-01117CE fig 2
 

10.1.1. A título de indemnización por concepto de perjuicios morales por la muerte de la señora María Rosalba Muñoz:

DemandantesCalidadIndemnización
Ángel Bolívar MoraEsposo100 smlmv
Flor Alba Mora MuñozHija100 smlmv
María Nancy Mora MuñozHija100 smlmv
Omaira Mora MuñozHija100 smlmv
José Jairo Mora MuñozHijo100 smlmv
Luz Aida Mora MuñozHija100 smlmv
Gloria Esther Mora MuñozHija100 smlmv
Emma Edilia Mora MuñozHija 100 smlmv
Katherine Enríquez MoraNieta50 smlmv
Yudy Enríquez MoraNieta50 smlmv
Cristian Camilo Pérez MoraNieto50 smlmv

10.1.2. A título de indemnización por concepto de perjuicios morales por las lesiones sufridas por Flor Alba Mora Muñoz:

DemandantesCalidadIndemnización
Flor Alba Mora MuñozVíctima80 smlmv
Ángel Bolívar MoraPadre80 smlmv
Katherine Enríquez MoraHija80 smlmv
Yudy Enríquez MoraHija80 smlmv
María Nancy Mora MuñozHermana40 smlmv
Omaira Mora MuñozHermana40 smlmv
José Jairo Mora MuñozHermano40 smlmv
Luz Aida Mora MuñozHermana40 smlmv
Gloria Esther Mora MuñozHermana40 smlmv
Emma Edilia Mora MuñozHermana 40 smlmv

10.2. Perjuicio a la salud.

Al respecto la Sala estima oportuno precisar que, no obstante que en la demanda se pidió el reconocimiento del perjuicio, denominándolo “perjuicio fisiológico”; se entrará a estudiar esta pretensión habida cuenta de la pluralidad de los nomina iura que se utilizaron en el pasado para denotar el daño corporal. Sabido es que esta corporación unificó esas distintas denominaciones en un único nomen iuris: “daño a la salud”; por tanto, no podría el recurrente ver negada su pretensión so pretexto la denominación del perjuicio ha cambiado.

En segundo lugar, se precisa que en el momento que se unificó la divergencia de nombres que habían utilizado, en el de daño a la salud se dispuso que:

“....el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica31. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.  

De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá 31 “Este estado de cosas no sólo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos”. CORTÉS, Edgar Ob. Cit., pág. 57. 31 Darío de Jesús Jiménez y otros. Exp. 32912. Acción de reparación directa incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada(75)”. 

Este precedente fue reiterado recientemente en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014(76), en la cual se precisó, además de lo anterior, que la indemnización por este concepto está sujeta a lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la víctima directa, en cuantía que no podrá exceder de 100 smlmv, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:

REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD
REGLA GENERAL
Gravedad de la lesiónVíctima directa
 smlmv
Igual o superior al 50%100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10

Al respecto estableció la Sala que el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano, para lo cual estimó considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima, de acuerdo con las siguientes variables:

— La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente)

— La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.

— La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.

— La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.

— La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.

— Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.

— Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.

— Los factores sociales, culturales u ocupacionales.

— La edad.

— El sexo.

— Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima.

— Las demás que se acrediten dentro del proceso.

No obstante lo anterior, también aceptó la Sala que en casos excepcionales, esto es, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño a la salud, podrá otorgarse una indemnización mayor a la señalada en la tabla anterior, sin que en tales casos el monto total de la indemnización por este concepto pueda superar la cuantía equivalente a 400 S.M.L.M.V. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño, con aplicación de las mismas variables referidas. En conclusión, la liquidación del daño a la salud se efectuará conforme a la siguiente tabla:

S1998-01117CE fig 3
 

Con relación a los parámetros anteriores, se aclara que ellos son excluyentes y no acumulativos, de manera que la indemnización reconocida no podrá superar el límite de 400 smlmv.

Dados los parámetros que anteceden, y en consideración a que la gravedad de las lesiones padecidas por la señora Flor Alba Mora Muñoz se fijó en el 48.47%, éste se ubica en el rango de gravedad de la lesión igual o superior al 40% e inferior al 50%, donde corresponde el reconocimiento de 80 smlmv como monto indemnizatorio.

Para establecer la gravedad de las lesiones, y por ende la indemnización, la Sala tuvo en cuenta que la afectación de Flor Alba Mora Muñoz es de carácter permanente y, además, que se estableció la existencia de una perturbación psíquica transitoria; de la misma forma, se tuvo en cuenta que para la época de los hechos, la señora Flor Alba Mora Muñoz tenía 34 años y que a raíz del accidente perdió la posibilidad de desarrollar diversas actividades por las evidentes afectaciones a su movilidad.

10.3. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Es el artículo 1614 del Código Civil el que establece la disposición normativa respecto de la indemnización de perjuicios materiales a título de lucro cesante, ubicado dentro del libro IV del código relativo a las obligaciones y los contratos. En dicho artículo el código define el lucro cesante como “la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento”. A partir de allí, queda claro que la indemnización de perjuicios abarca el aumento patrimonial que fundadamente podía esperar una persona de no ser por haber tenido lugar, en el caso de la responsabilidad extracontractual, el hecho dañoso, por lo tanto este perjuicio se corresponde con la idea de ganancia frustrada(77). Al respecto esta corporación ha sostenido:

“En cuanto al lucro cesante esta corporación ha sostenido reiteradamente, que se trata de la ganancia frustrada o el provecho económico que deja de reportarse y que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima. Pero que como todo perjuicio, para que proceda su indemnización, debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna(78).

Así las cosas, este perjuicio, como cualquier otro, si se prueba, debe indemnizarse en lo causado”.(79) 

En cualquier caso, la indemnización por concepto de lucro cesante no constituye sanción alguna, ya que su vocación es el restablecimiento del equilibrio económico derivado del daño antijurídico producido e imputado al responsable, cuya causación se cuantifica desde la fecha de los hechos(80).

Puede tratarse también de la pérdida de utilidad que no siendo actual, la simple acreditación de su existencia es suficiente en cuanto a su certeza(81), lo que configura el lucro cesante futuro o anticipado, así como debe tenerse en cuenta (1) las circunstancias del caso en concreto y las “aptitudes” de quien resulta perjudicado, esto es, si la ventaja, beneficio, utilidad o provecho económico se habría o no realizado a su favor(82), o (2) si la misma depende de una contraprestación de la víctima que no podrá cumplir como consecuencia del hecho dañoso, de manera que se calcula a su favor el valor entre el beneficio, utilidad o provecho económico y el valor por la víctima debido(83) [que puede incluir el reconocimiento de labores no remuneradas domésticas con las que apoyaba a su familia]; (3) puede comprender los ingresos que se deja de percibir por las secuelas soportadas por la víctima(84); (4) debe existir cierta probabilidad objetiva que resulte del curso normal de las cosas y del caso en concreto(85), pero no cabe reconocer cuando se trata de una mera expectativa(86); (5) la existencia de la incapacidad no es suficiente para ordenar la indemnización por lucro cesante cuando el lesionado está demostrado que siguió laborando en el mismo oficio que desempeñaba(87).

El contenido del lucro cesante, tanto consolidado o debido, como futuro o anticipado, debe fundarse en la aplicación por el juez administrativo del principio de equidad(88) [para determinar la proporción y valoración del perjuicio(89)] y del respeto del derecho a la reparación integral(90) constitucional y convencionalmente reconocido [arts. 90 y 93 de la Carta Política y 1.1, 2, y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos].

Para la prueba del lucro cesante [consolidado o debido y futuro o anticipado] todos los medios probatorios son admisibles, especialmente la prueba indiciaria, en cuya valoración deben atenderse a ciertas reglas: (1) que el hecho dañoso del que se desprende el perjuicio comprende su integridad; (2) su cuantía no debe guardar proporción con la gravedad o no de la culpa del hecho dañoso cometido por el responsable; (3) su cuantía no puede superar el hecho dañoso efectivamente producido(91); (4) cuando se trate de un dictamen pericial debe contar con los soportes suficientes para la determinación y cuantificación(92).

En este sentido, cabe precisar que la indemnización por lucro cesante puede provenir bien sea por un daño causado a una persona (bien sea una lesión o la muerte), caso en el cual el rubro indemnizatorio estará determinado por la mengua que sufrió el sujeto y que le limita total o parcialmente para el ejercicio de actividades productivas(93); como también puede derivarse este perjuicio cuando los daños son sufridos por cosas muebles o inmuebles de las cuales se genera para la víctima un beneficio lucrativo; en este, y para no entrar en confusión con el daño emergente, la indemnización no pretende reparar los daños de los bienes sino verificar la utilidad líquida que dejó de ganar la víctima(94). En todo caso, siempre se hace énfasis en la capacidad productiva o de explotación económica para determinar la existencia de tal perjuicio material.

Dicho perjuicio requiere ser probado, tanto su existencia o causación como su magnitud patrimonial; en este sentido, no puede ser objeto de indemnización un perjuicio que sea hipotético o meramente eventual, pues para la indemnización del perjuicio es necesario tener certeza, so pena de que este no sea tenido en cuenta; tal consideración aplicable bien para acreditar su existencia como para su tasación(95).

Conforme a la anterior estructura conceptual, procede la Sala a analizar el reconocimiento de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante a favor de la lesionada Flor Alba Mora Muñoz, para lo cual encuentra las siguientes certificaciones que obran en el expediente y refieren a la actividad económica de la víctima principal:

— Certificación emitida por la señora Luz Dary Cifuentes Valencia el 27 de mayo de 1998, en la que se establece que la señora Flor Alba Mora Muñoz laboraba los días martes y jueves, lavando y planchando, a cambio de un sueldo de $ 18.000 semanales. Fl. 20, cdno. 1.

— Certificado suscrito por María Clarisa Morales Arenas, el 23 de mayo de 1998, en el que se dice que la señora Flor Alba Mora Muñoz trabajaba con ella en el momento del accidente, devengando un sueldo de $ 35.000 pesos semanales, por sus labores como ama de casa los días lunes, miércoles y viernes. Fl. 21, cdno. 1.

La Sala encuentra acreditado que la señora Flor Alba Mora Muñoz desempeñaba una actividad laboral para la fecha, sin embargo, en la demanda se solicita determinar el perjuicio material correspondiente al lucro cesante con base al salario mínimo legal mensual vigente, que en la actualidad corresponde a la suma de $ 689,455., suma a la cual se le incrementará el 25% correspondiente a las prestaciones sociales (861.818), sin embargo el ingreso base de liquidación se determinará sobre el 48.47%, correspondiente al grade de incapacidad.

10.3.1 Lucro cesante consolidado.

Por lo anterior, se reconocerá lo dejado de percibir por la señora Flor Alba Mora Muñoz desde la fecha de los hechos, 28 de septiembre de 1998, hasta el 10 de octubre de 2016, fecha en que se dicta este fallo, periodo de tiempo correspondiente al lucro cesante consolidado, de acuerdo a la siguiente formula:

S = Ra ((1+i)n -1)

i

Donde,

S: es la indemnización a obtener.

Ra: renta actualizada, es decir, el valor de $ 417.723,18

N: número de meses comprendido entre la fecha de los hechos y la presente sentencia, es decir, 219,56 meses.

I: interés puro o técnico, esto es, 6% anual o 0.004867 mensual.

S = 417.723,18 ((1+0.004867)219,56 -1)

0.004867

S = $ 163.395.260,70

Así pues, se le reconocerá a la señora Flor Alba Mora Muñoz por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 163.395.260,70).

10.3.2 Lucro cesante futuro.

Se liquidará este periodo desde el día siguiente de la fecha de esta sentencia hasta la expectativa total de vida de la señora Flor Alba Mora Muñoz, de conformidad con la siguiente fórmula matemática:

S = Ra ((1+i)n -1)

i (1+i)n

Donde,

S: es la indemnización a obtener.

Ra: renta actualizada, es decir, el valor de $ 417.723,18

N: expectativa de vida de Flor Alba Mora Muñoz(96), es decir: 307,72 meses.

I: interés puro o técnico, esto es, 6% anual o 0.004867 mensual.

S = $ 417.723,18 (1+ 0.004867)307,72 - 1

0.004867 (1+0.004867)307,72

S = $ 66.562.414.

10.4. Responsabilidad de La Previsora S.A.

Finalmente, respecto de éste punto encontró acreditado la Sala —ver acápite de pruebas— que el Hospital San Rafael de El Cerrito (Valle) tenía vigente para el momento en que ocurrieron los hechos una póliza de seguros de responsabilidad civil con la Compañía de Seguros La Previsora S.A., de modo que los argumentos presentados por el apoderado de la compañía de seguros tienen vocación de prosperar, comoquiera que el valor a reintegrar será el correspondiente al concepto de “muerte o lesiones a dos o más personas” y no por los tres conceptos amparados en la póliza, los cuales habían sido sumados erróneamente por el a quo, en una interpretación extensiva de las cláusulas del contrato de seguro suscrito entre la aseguradora y el Hospital San Rafael.

11. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del 14 de octubre de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:

“PRIMERO. SE DECLARA probada la excepción de “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA” a favor de los demandados: MINISTERIO DE SALUD y MUNICIPIO DE EL CERRITO – VALLE DEL CAUCA. 

SEGUNDO. SE DECLARAN no probadas las demás excepciones propuestas por las entidades demandadas. 

TERCERO. SE DECLARA administrativa y patrimonialmente responsable al HOSPITAL “SAN RAFAEL”, E.S.E. del Municipio de EL CERRITO, por la muerte de la Señora MARIA ROSALBA MUÑOZ DELGADO y de las lesiones físicas sufridas por la Señora FLOR ALBA MORA MUÑOZ, en accidente de tránsito con vehículo oficial ocurrido el día 28 de Septiembre de 1997, en la vía que de El Cerrito conduce a Cali, por la vía de Rozo. 

CUARTO. SE CONDENA al HOSPITAL “SAN RAFAEL”, ESE del Municipio de El Cerrito a reconocer y pagar a título de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero representadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia: 

DemandantesCalidadIndemnización
Ángel Bolívar MoraEsposo100 smlmv
Flor Alba Mora MuñozHija100 smlmv
María Nancy Mora MuñozHija100 smlmv
Omaira Mora MuñozHija100 smlmv
José Jairo Mora MuñozHijo100 smlmv
Luz Aida Mora MuñozHija100 smlmv
Gloria Esther Mora MuñozHija100 smlmv
Emma Edilia Mora MuñozHija 100 smlmv
Katherine Enríquez MoraNieta50 smlmv
Yudy Enríquez MoraNieta50 smlmv
Cristian Camilo Pérez MoraNieto50 smlmv

Por concepto de perjuicios morales por las lesiones sufridas por Flor Alba Mora Muñoz: 

DemandantesCalidadIndemnización
Flor Alba Mora MuñozVíctima80 smlmv
Ángel Bolívar MoraPadre80 smlmv
Katherine Enríquez MoraHija80 smlmv
Yudy Enríquez MoraHija80 smlmv
María Nancy Mora MuñozHermana40 smlmv
Omaira Mora MuñozHermana40 smlmv
José Jairo Mora MuñozHermano40 smlmv
Luz Aida Mora MuñozHermana40 smlmv
Gloria Esther Mora MuñozHermana40 smlmv
Emma Edilia Mora MuñozHermana 40 smlmv

QUINTO. CONDENAR al Hospital San Rafael del Municipio de El Cerrito, Valle, al pago de 80 smlmv a la señora Flor Alba Mora Muñoz, por concepto de daño a la salud, como consecuencia del accidente. 

SEXTO. CONDENAR al Hospital San Rafael del Municipio de El Cerrito, Valle, al pago de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 163.395.260,70), a favor de la señora Flor Alba Mora Muñoz por concepto de lucro cesante consolidado. 

SÉPTIMO: CONDENAR al Hospital San Rafael del Municipio de El Cerrito, Valle, al pago de SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($ 66.562.414), a favor de la señora Flor Alba Mora Muñoz por concepto de lucro cesante futuro.

OCTAVO. CONDENAR a La Previsora S.A., Compañía de Seguros, a reembolsar al Hospital San Rafael, del Municipio de El Cerrito, el valor asegurado en la póliza # U-4803-3, por medio de la cual se aseguró la ambulancia de plazas ON-6891, por el concepto de “muerte o lesiones a dos o más personas”. 

NOVENO. SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda. 

DÉCIMO. Sin costas en esta instancia”. 

2. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente de la Sala—Guillermo Sánchez Luque, Aclaración de Voto Cfr. Rad. 48842/16#7 y 34158/16#3».

14 Artículo 20. Decreto 1876 de 1994.

15 Exp. 20.374-20.415.

16 Consejo de Estado, Sentencia del 5 de diciembre de 2005, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Exp. 15.470.

17 Artículo 1º Decreto 1876 de 1994.

18 Corte Constitucional. Sentencia C-665 de 2000.

19 Corte Constitucional. Sentencia C-171 de 2012.

20 Fl. 54, cdno. 2.

21 Ley 344 de 1996, por la cual se racionalizó el gasto público.

22 Fls. 306-321, cdno. 1.

23 Fls. 322-326, cdno. 1.

24 Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2004, Exp. 14688.

25 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

26 En precedente jurisprudencial constitucional se indica: “El Estado de derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

27 Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VÁSQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, pág. 49.

28 “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

29 La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. AG-2001-213. En la doctrina puede verse STARCK, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.

30 “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que ésta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos”. MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, pág. 120.

31 MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., págs. 120-121.

32 “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.

33 Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, Exps.10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.

34 “(...) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la administración la que tenga que soportarlo”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 185.

35 “(...) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”. ob., cit., pág. 186.

36 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.

37 Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”. Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, Exp. 9550.

38 Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, Exp. 2001-01541 AG.

39 “(...) por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, Exp. 12166.

40 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, Exp. 1999-02382 AG.

41 “(...) el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cierto del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo (...) Se parte, en acuerdo con C. THIBIERGE cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad sólo por la simple amenaza del daño, con la condición de que éste último sea suficientemente grave” (...) La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido (...) La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”. HENAO, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T. II, 1ª editorial, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, págs. 194, 196 y 203.

42 Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004.

43 En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. KANT, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, pág. 35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

44 El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

45 “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. GIMBERNAT ORDEIG, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, págs.77 ss.

46 MIR PUIG, Santiago. Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal, ob., cit., pág. 7.

47 LARENZ, K. “Hegelszurechnungslehre”, en MIR PUIG, Santiago. Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal, ob., cit., pág. 7.

48 JAKOBS, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo... No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005, Exp. 14170.

49 MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob., cit., pág. 171.

50 El principio de proporcionalidad se compone de tres sub- principios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización(...) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer sub principio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VÁSQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., pág. 62.

51 La ley de la ponderación pone de manifiesto que ésta se puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VÁSQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., pág. 64.

52 ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VÁSQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., pág. 62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “... la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación —afirma Habermas— los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, pág. 259. A lo que agrega: “... no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. HABERMAS, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, En ROSENFELD, Michel; ARATO, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Ángeles, Berkeley, 1998, pág. 430.

53 La profesora BELADIEZ comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen <<resultados desproporcionados e injustos>> para la administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. LEGUINA VILLA, Jesús. “Prólogo”, en BELADIEZ ROJO, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, pág. 23.

54 MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob., cit., pág. 204.

55 “(...) el tema de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las administraciones públicas como consecuencia de la amplia actividad que éstas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de Derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de Derecho”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, ob. cit., pág. 308.

56 Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, Exp. 21515; de 23 de agosto de 2012, Exp. 23492.

57 Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es sólo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. MERKL, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, pág. 211. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no «parezcan» excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la administración”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, ob., cit., pág. 311.

58 “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, Exp. 21515; 23 de agosto de 2012, Exp. 24392.

59 Sentencia de 7 de octubre de 2009. Exp. 35656.

60 Sentencias de 30 de noviembre de 2006, Exp. 15473; 4 de diciembre de 2.007, expediente: 16.827; 9 de mayo de 2911, expediente: 17608; 7 de julio de 2011, Exp. 19470, entre otras.

61 Sentencia de 14 de junio de 2001, Exp. 12.696; 27 de abril de 2006, Exp. 27.520.

62 Pueden consultarse, entre muchas otras: sentencias de 19 de julio de 2000, Exp. 11842; de 10 de noviembre de 2005, Exp. 17920; de 31 de agosto de 2006, Exp. 14868; de 3 de diciembre de 2007, Exp. 20008; de 29 de enero de 2009, Exp. 15055.

63 Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de marzo de 2012, Exp. 21346.

64 Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 5 de julio de 2012, Exp. 22571.

65 Sentencia de 25 de febrero de 2009, Exp. 15793; sentencia de 6 de junio de 2012, Exp. 23025.

66 Fl. 124, cdno. 2.

67 Fls. 125-132, cdno. 2.

68 Fls. 23-24, cdno. 2.

69 Ibídem.

70 Fls. 69-78, cdno. 2.

71 Fls. 93-114, cdno. 2.

72 Ver sentencias de la Sección Tercera, proferidas el 8 de marzo y el 29 de agosto de 2007 (Exps. 16.052 y 27.434).

73 Sección Tercera, sentencia de septiembre 11 de 1997. Exp. 11.764, M.P. Dr. Carlos Betancur Jaramillo.

74 Sentencia proferida por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, el 9 de mayo de 2012, Rad. 05001-23-24-000-1994-02530-01(22304).

75 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031.

76 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172.

77 Esta corporación ha sostenido esta idea de lucro cesante. Puede verse, por ejemplo, la sentencia de 6 de febrero de 1986, C.P. Julio César Uribe Acosta. Rad. 3575, en donde se dijo: “El lucro cesante, [es] entendido como la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia del hecho ilícito”.

78 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21 de mayo de 2007. Exp. 15989, C.P. Mauricio Fajardo y de 1 de marzo de 2006. Exp. 17256, M.P. María Elena Gómez Giraldo.

79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 7 de julio de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Exp. 18008.

80 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de noviembre de 1967, Exp. 718.

81 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de septiembre de 1990, Exp. 5835.

82 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de septiembre de 1990, Exp. 5835.

83 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de septiembre de 1990, Exp. 5835.

84 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 19 de agosto de 2011, Exp. 1992.

85 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 23 de mayo de 2012, Exp. 22541; Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 8 de agosto de 2012, Exp. 23691.

86 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 30 de marzo de 2011, Exp. 19567.

87 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de diciembre de 1995, Exp. 10605.

88 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de septiembre de 1990, Exp. 5835; Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 19 de agosto de 2011, Exp. 19633; Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Exp. 20334.

89 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 23 de mayo de 2012, Exp. 23135; Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de enero de 2012, Exp. 19959.

90 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 31 de enero de 2011, Exp. 17842.

91 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de septiembre de 1990, Exp. 5835.

92 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de enero de 2012, Exp. 19920; Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 19 de agosto de 2011, Exp. 19633.

93 Sobre este punto destaca Henao lo siguiente: “Cuando fallece una persona, sus deudos tienen derecho a recibir indemnización por el dinero que deja de aportarles el muerto. (...) Cuando la persona es lesionada, el lucro cesante consistirá en el dinero que habría recibido la persona de no haber ocurrido el daño y cuya pérdida o mengua se origina en su incapacidad laboral.”. HENAO PÉREZ, Juan Carlos. El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Bogotá, Editorial Universidad Externado de Colombia. 1º edición, 1998, págs. 210 y 212.

94 HENAO PÉREZ, Juan Carlos. El daño. Ob. Cit. pág. 225. Igualmente Tamayo Jaramillo indica: “La destrucción o deterioro de una cosa puede adicionalmente privar a la víctima de la utilidad o provecho que el bien le producía cuando no había sido inmovilizado. Asimismo, cuando la víctima con su propio dinero repara o reemplaza el bien dañado, este vuelve a producir el rendimiento inicial, pero el damnificado se ve privado de la utilidad o provecho que le habría producido ese capital de no haber tenido que invertirlo en la reparación o reemplazo”. TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de responsabilidad civil. TOMO II. Bogotá, Legis. 2ª edición, 2007, pág. 842.

95 Sobre este punto la jurisprudencia ha sostenido: “En cuanto tiene que ver con el lucro cesante, la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido reiteradamente que el mismo, para que proceda su indemnización, debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 2 de mayo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 15989. Igualmente, sentencia de la misma corporación de 1º de marzo de 2006, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 17256.

96 Según la Resolución 0497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria, la expectativa de vida para una mujer de 34 años de edad es de: 43.94.