Sentencia 1998-01145 de marzo 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Expediente: 5000-12-33-1000-1998-01145-01 (26.892)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Everth Gonzalo Alvarado Barrigas y otros

Demandada: Nación - Ministerio de Salud y otro

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2003, por el Tribunal Administrativo del Meta, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la demanda se presentó el 29 de mayo de 1998(18) y la pretensión mayor se estimó en dos mil (2.000) gramos de oro, equivalentes a la suma de $ 26.260.220, por concepto de perjuicios morales, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 18.850.000(19).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(20), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en la muerte de la señora María Idalid Mondragón Cárdenas, en hechos ocurridos el 31 de diciembre de 1997 y, como quiera que la demanda se interpuso el día 29 de mayo de 1998, resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. El caso concreto.

Pretenden los actores que se declare a la parte demandada patrimonialmente responsable de todos los perjuicios de orden moral y material que, dijeron, les fueron irrogados con ocasión de la muerte de la señora María Idalid Mondragón Cárdenas, en hechos ocurridos el 31 de diciembre de 1997, en la vía que de Villavicencio conduce a Granada, en un accidente de tránsito presuntamente ocasionado por un funcionario del Hospital Departamental y/o Local de Puerto Gaitán, quien conducía un vehículo de propiedad de ese centro asistencial.

Así las cosas, para resolver el caso concreto, debe establecerse, en primer término, si se produjo el daño alegado en la demanda para, luego, entrar a definir si el mismo es antijurídico y si le resulta imputable a la parte demandada.

4. Cuestión previa: el mérito probatorio de las pruebas trasladadas.

Debe señalarse que en la demanda se solicitó el traslado en copia auténtica de la investigación penal(21) adelantada con ocasión de la muerte de la señora María Idalid Mondragón Cárdenas, prueba trasladada que, si bien fue decretada, no fue objeto de valoración por parte del tribunal de primera instancia, al considerar que no se había ordenado tenerla como prueba y tampoco cumplía con los requisitos para tal efecto, consagrados en el Código de Procedimiento Civil.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera necesario reiterar lo expresado en anteriores oportunidades respecto de las reglas aplicables frente al traslado de pruebas y su mérito probatorio(22).

En tal sentido, el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo dispone que “En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del procedimiento civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

En relación con el traslado de pruebas, debe aplicarse, entonces, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:

“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella” (se destaca).

De otra parte, el artículo 229 del mismo Código dispone:

“Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

Conforme a lo anterior se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando hayan sido trasladados en copia auténtica y siempre que se hubieren practicado con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, hubiesen sido ratificados en el nuevo proceso, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso contencioso administrativo, ya que en ningún caso puede valorarse como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, deberá obtenerse la práctica de su testimonio.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, se tiene claro que podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En tal virtud, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba y la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Para el específico caso de la prueba documental la Sala ha señalado que la omisión del referido traslado no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal “se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece”.

De igual manera ha dicho la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, estas podrán ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicitara que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, viniese a invocar la ausencia de formalidades legales para obtener su inadmisión(23).

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez sean trasladados a un proceso contencioso administrativo, se surta este trámite para garantizar así el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretende hacerlos valer.

Finalmente, en relación con las pruebas de inspección judicial y de pericia, se ha señalado que no pueden trasladarse válidamente a procesos distintos de aquellos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen y ello obedece a que, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, con garantía de oportunidad a las partes para estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivo.

De acuerdo con el anterior marco legal y jurisprudencial, es claro que las pruebas practicadas en un proceso distinto al contencioso administrativo no pueden ser valoradas para adoptar la decisión que corresponda dentro del mismo, salvo que, siendo procedente su traslado, este se efectúe dando cumplimiento a las condiciones antes referidas. Si estas no se cumplen, no podrán ser tenidas tales probanzas en cuenta por el juzgador.

Ahora bien, tal como se mencionó anteriormente, en el presente caso se ha producido el traslado del proceso penal adelantado respecto de los hechos que han dado origen a la acción contencioso administrativa que ahora se decide, prueba allegada en copia auténtica y decretada a petición de la parte demandante, por lo que es viable su valoración en consonancia con las anteriores consideraciones.

5. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tiene debidamente acreditado lo siguiente:

• Que la señora María Idalid Mondragón Cárdenas falleció el 31 de diciembre de 1997, tal como se desprende del contenido de la copia auténtica de su registro civil de defunción(24), documento en el que se consignó como causa de la muerte “politraumatismo shock hipovolémico accidente de tránsito”.

• Que la muerte de la señora María Idalid Mondragón Cárdenas ocurrió en un accidente de tránsito, en el cual se vieron involucrados dos automotores, uno de servicio público en donde se movilizaba la víctima y otro de servicio oficial, el cual era conducido por el señor Álvaro Gilberto Acosta Ramos.

Lo anterior se sustenta en el Acta 591 de inspección al cadáver de la señora Mondragón Cárdenas, en donde se consignó una descripción de la escena de los hechos en los siguientes términos:

“Se indica que la occisa se movilizaba como pasajera en el vehículo taxi conducido por el señor José Nolberto (sic) Casas Pinzón (se encuentra hospitalizado en el Hospital Departamental), en compañía de su esposo Heberth (sic) Gonzalo Alvarado, quien sufrió algunas lesiones de poca consideración y de la una menor —se desconoce su nombre— con destino hacia Villavicencio, por la vía que de esa ciudad conduce a Acacías, cuando les fue invadido el carril por el vehículo Toyota, de placas OSG-347 conducido por el señor Álvaro Gilberto Acosta Ramos, - conductor del Hospital de Puerto Gaitán (interno en la Clínica Meta, cama 37B), quien viajaba hacia Acacías...”(25) (destaca la Sala).

De igual manera, en el informe del accidente diligenciado por servidores de la Secretaría de Tránsito Municipal de Villavicencio(26), quedaron establecidas las circunstancias posteriores a la ocurrencia del accidente y se señaló que este aconteció en punto de una calzada de doble vía que se encontraba en buen estado, en un día seco y soleado, sin ninguna clase de señalización prohibitiva y demarcada únicamente con líneas central y de borde. También se determinó que el accidente involucró un vehículo de transporte público tipo taxi de placas SWD 904 y uno “oficial” de placas OSG-347, que era conducido por Álvaro Gilberto Acosta Ramos.

Lo anterior es concordante con el levantamiento planimétrico del lugar de los hechos, realizado por la Sección Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, en el cual se aprecia que la calzada tenía una sola línea central discontinua y solo existía una señal reglamentaria de “prohibido adelantar” ubicada 66 metros antes del lugar en donde impactaron los vehículos, sobre el carril y en el sentido en que se desplazaba el taxi(27).

De otra parte, se tiene el informe fotográfico realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se allegaron las placas fotográficas de los vehículos implicados en el accidente, así como sus respectivas improntas de chasis y motor. En dicho informe se consignó:

“Comedidamente me permito hacer llegar a ese despacho las placas fotográficas de los siguientes vehículos (...) Conjunto de vehículo Mazda, Servicio público, color amarillo, placas SWD 904, motor E3-321291, chasis 323-NT3-07114, afiliado a Arimena, Nº De orden 553(...)Conjunto del vehículo Toyota, servicio oficial, color verde, cabinado, placas OSG 347, motor 2F-S29398, chasis FJ43-104535(28) (se destaca).

• Que el vehículo de placas OSG-347 era de propiedad del Hospital Departamental y/o Local de Puerto Gaitán, Meta, según lo certificó expresamente el director de dicho centro hospitalario(29).

• Que el accidente ocurrió cuando el vehículo oficial invadió el carril por el que se desplazaba el taxi en donde se movilizaba la víctima.

En este sentido, el señor José Norberto Casas Pinzón, conductor del taxi en el que viajaba la víctima, declaró ante el a quo lo siguiente(30):

“... siendo aproximadamente las 10 de la mañana, en Granada, y viniendo hacia Villavicencio, en la altura de porfía, un campero color verde, creo que es del Hospital de Puerto Gaitán, invadió el carril mío destrozando totalmente el automóvil Mazda 323 de placas SWD 904, que quedó destrozado a 21 metros que me arrastró este señor, posteriormente la señora María Idalid Barragán(31), quien murió en después en la clínica Meta, creo que fue, pues yo perdí el sentido totalmente en el accidente y no me doy cuenta de más nada... (sic)” (se destaca).

En el informe del accidente diligenciado por la Secretaría de Tránsito Municipal de Villavicencio(32) se indicó como causa probable “invadir carril”, por parte del vehículo oficial, así mismo, su conductor, el señor Álvaro Gilberto Acosta Ramos, presentó la siguiente versión: “Yo voy con dirección acacías (sic), adelante iva (sic) un bus, paró de repente, por no irme debajo del bus salgo y me encuentro con el taxi”.

• Que el señor Álvaro Gilberto Acosta Ramos, persona que conducía el vehículo de placas OSG-347, tenía la condición de coordinador administrativo y financiero del Hospital Departamental y/o Local de Puerto Gaitán, nombrado mediante la Resolución 51 de 5 de diciembre de 1997 y posesionado a través del Acta 503 del 8 de diciembre de la misma anualidad, actos suscritos por el director del mencionado centro asistencial(33).

6. La imputabilidad del daño a la demandada.

Según se expuso en la demanda, el daño antijurídico por el que se pretende reparación consiste en la muerte de María Idalid Mondragón Cárdenas, ocurrida el 31 de diciembre de 1997, como consecuencia de una presunta falla en el servicio, con ocasión de un accidente de tránsito generado por un funcionario del Hospital Departamental y/o Local de Puerto Gaitán, en un vehículo oficial, por invadir el carril en exceso de velocidad, lo que según los demandantes conlleva a que la entidad deba resarcir los perjuicios ocasionados.

De lo probado en el expediente y analizado en precedencia, es claro que la muerte de la señora María Idalid Mondragón Cárdenas está debidamente acreditada, por lo que debe analizarse ahora si le resulta imputable a la entidad demandada.

Ahora bien, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(34), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

Ahora bien, a juicio de la Sala, el material probatorio que obra en el expediente no arroja la información suficiente para concluir, con la fuerza de convicción necesaria, que habría sido la alegada conducta negligente e imprudente del funcionario que conducía el automotor oficial, la causa determinante del accidente de tránsito en el cual resultó muerta la señora Mondragón Cárdenas, toda vez que no se encuentran probadas tales circunstancias en el proceso, por el contrario, los medios de convicción en estado de valoración allegados al plenario, indican que el conductor cumplía con el manejo del vehículo oficial dentro de las condiciones impuestas por el ordenamiento jurídico, pues el solo hecho de adelantar un vehículo en un carril y en un sentido en donde no existía tal prohibición no constituye per se una falla.

En efecto, no aparece demostrado en el proceso cuál era la velocidad máxima permitida en la vía por las normas vigentes ni que el rodante hubiera rebasado tal límite, tampoco que el funcionario del hospital hubiera realizado alguna clase de maniobra imprudente que desencadenara el resultado dañoso, aspectos estos que, a título de ejemplo, permitirían inferir la existencia de una conducta falente del agente y que esta pudiera constituir la causa del accidente que generó el daño por el cual se reclama indemnización.

Así las cosas, debido a que el material probatorio resulta insuficiente para acreditar la existencia de una falla en el servicio, la Sala estima que la responsabilidad de la administración debe analizarse desde la óptica del riesgo excepcional, título jurídico objetivo que permite estructurar la imputación de responsabilidad en el presente caso.

En este sentido, la jurisprudencia de la Sección ha señalado que, como corolario del principio general de responsabilidad estatal consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder patrimonialmente por las acciones u omisiones contrarias a derecho que le sean atribuibles e incluso por aquellas conductas lícitas en cuanto unas u otras ocasionen daños antijurídicos.

De igual manera, ha sido reconocida la operatividad de regímenes en los cuales no se precisa del acaecimiento de falta o falla alguna en el funcionamiento del servicio para que resulte posible deducir responsabilidad a la entidad normativamente encargada de prestarlo; se trata de los denominados regímenes de responsabilidad “sin culpa” o “sin falta”, en los cuales la obligación de indemnizar a cargo del Estado puede ser declarada con independencia de que la actividad de este o la conducta —activa u omisiva— de sus agentes, se encuentre plenamente conforme con el ordenamiento jurídico; son los referidos eventos, aquellos en los cuales esta corporación ha reconocido y estructurado los catalogados como títulos jurídicos objetivos de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado, entre ellos el basado en el riesgo excepcional(35).

Así, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que, tratándose de la producción de daños originados en el despliegue —por parte de la entidad pública o de sus agentes— de actividades peligrosas, lo cual ocurre cuando se utilizan vehículos oficiales, es aquel a quien corresponde jurídicamente la guarda de la actividad quien quedará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen por la realización del riesgo creado(36).

En consonancia con el anterior aserto, en cuanto al reparto de la carga de la prueba que tiene lugar en litigios en los cuales el aludido sea el asunto objeto de controversia, se ha advertido, en forma reiterada, que:

“[A]l actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(37).

En este orden de ideas y considerando que en el presente caso el Hospital de Puerto Gaitán se encontraba a cargo de la actividad riesgosa que produjo el daño, como es la conducción de vehículos oficiales, la Sala concluye que la responsabilidad predicable respecto del ente demandado lo es a título del régimen objetivo del riesgo excepcional, situación que impone la revocatoria del fallo apelado en este aspecto.

Ahora bien, respecto del argumento planteado por la parte recurrente, en el sentido de afirmar la responsabilidad del Ministerio de la Protección Social con fundamento en su calidad de director y garante del servicio público de salud a nombre de la nación, la Sala encuentra que sí le asistió razón al tribunal para decidir sobre su falta de legitimación por pasiva en los términos de la providencia recurrida, pues aunque antes se aceptaba la vinculación del entonces Ministerio de Salud a los casos de responsabilidad estatal por los perjuicios derivados de la prestación irregular del servicio médico, con fundamento en el principio de la colaboración interinstitucional y responsabilidad de los entes encargados de cumplir las tareas que le asigna la Constitución y la ley en esa materia, en la actualidad el criterio jurisprudencial de la Sección(38) refiere que, en sentido estricto, al Ministerio de la Protección Social —antes Ministerio de Salud—, no le compete ni directa ni indirectamente la prestación de servicios médicos asistenciales a los pacientes o afiliados al sistema de seguridad social, habida cuenta que como ente rector que es del propio sistema de salud, de acuerdo con las leyes 10 de 1990 y 100 de 1993 entre otras disposiciones, su misión constitucional y legal es la de diseñar las políticas, planes y programas generales, así como dictar las normas técnicas y administrativas para ese sector, entre muchas otras.

Por ello, a diferencia de la presunta responsabilidad que pretende hacer ver el recurrente recae en el Ministerio de la Protección Social, lo que se observa es que dicha entidad no desplegó alguna conducta que estuviera relacionada en forma eficiente —así fuera de manera indirecta— con los hechos de la demanda, que pudiera dar lugar a comprometer su responsabilidad, por lo cual este tópico del fallo se ajusta a derecho.

En los términos anteriormente expuestos, habrá lugar a revocar parcialmente la sentencia apelada, para declarar la responsabilidad administrativa del Hospital Departamental y/o Local de Puerto Gaitán y disponer las condenas que correspondan, en atención al petitum planteado en la demanda.

7. Liquidación de perjuicios.

7.1. Perjuicios morales.

Se solicitó en la demanda que se acceda a la condena por concepto de perjuicios morales, a favor de Everth Gonzalo Alvarado Barrigas, en la suma equivalente a dos mil (2.000) gramos de oro fino, en su condición de compañero permanente de la víctima. Así mismo, que se reconozca la indemnización correspondiente, por este mismo concepto, a favor de William Alexander Alvarado Mondragón, Grace Giselle y Everth Mauricio Alvarado Mondragón la suma equivalente a mil (1.000) gramos de oro fino, para cada uno de ellos en su calidad de hijos de la fallecida.

En relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de la corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria(39) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante en virtud del principio de arbitrio iuris. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba(40).

Igualmente se ha definido en diversos pronunciamientos que la condición personal de la que pende la demostración del daño es la de “damnificado”, puesto que: “tanto el parentesco dentro de ciertos grados (padres, hijos y hermanos), como el vínculo matrimonial, hacen presumir tal condición y por consiguiente la legitimación”(41). Se ha explicado igualmente que “en el proceso de reparación directa no interesa la calidad de heredero sino de damnificado y esta se demuestra a lo largo del proceso”(42).

Las diferencias existentes entre esas dos calidades, fueron precisadas por la Sección en sentencia proferida el 1º de noviembre de 1991; así:

“Ha dicho la jurisprudencia, en forma reiterada, que en estos procesos de responsabilidad la indemnización de perjuicios la piden o solicitan los damnificados de la persona fallecida o herida por causa de la falla del servicio, no en su carácter de herederos de esta, sino por el perjuicio que les causó esa muerte o esas lesiones, con prescindencia del mismo vínculo parental que gobierna el régimen sucesoral. En otras palabras, la parte demanda porque fue damnificada y no porque es heredera.

Tan cierto es esto que con alguna frecuencia se niega en estos procesos indemnización al padre, al cónyuge, a los hijos o hermanos, pese a la demostración del parentesco, porque por otros medios se acredita que no sufrieron daño alguno. El caso, por ejemplo, del padre o madre que abandona a sus hijos desde chicos; o del hijo que abandona a sus padres estando estos enfermos o en condiciones de no subsistir por sus propios medios.

En otros términos, lo que se debe probar siempre es el hecho de ser damnificada la persona (porque el hecho perjudicial afectó sus condiciones normales de subsistencia, bien en su esfera patrimonial o moral) y no su carácter de heredera.

El equívoco se creó cuando la jurisprudencia aceptó, para facilitar un tanto las cosas, que el interés de la persona damnificada resultaba demostrado con la prueba del vínculo de parentesco existente entre la víctima y el presunto damnificado.

Esta idea, de por sí bastante clara, creó el equívoco, hasta el punto de que se confundió el interés del damnificado con el del heredero.

Lo anterior hizo que los demandantes se contentaran simplemente con acompañar al proceso las pruebas del parentesco. Y esto, en la mayoría de los casos es suficiente porque la jurisprudencia, por contera, terminó aceptando la presunción de hombre o judicial de que entre padres e hijos o cónyuges entre sí se presume el perjuicio por el solo hecho del parentesco.

Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acreditó bien el interés en la pretensión”(43).

Posteriormente, en providencia proferida el día 17 de mayo de 2001(44), se explicó que la ley —artículo 86 del Código Contencioso Administrativo—, en materia de la acción de reparación directa, otorga el derecho de acción a la persona interesada —legitimación de hecho, por activa—, y no condiciona su ejercicio a la demostración, con la demanda, de la condición que se alega en esta, precisamente, porque el real interés es objeto de probanza en juicio —legitimación material por activa—.

De esta manera se precisó —y ahora se reitera— que no se puede confundir la prueba del estado civil con la prueba de la legitimación material en la causa. Cuando la jurisprudencia partió de la prueba del parentesco para deducir, judicialmente, que una persona se halle legitimada materialmente por activa, lo ha hecho porque infiere de la prueba del estado civil —contenida en el registro o en la copia de este—, su estado de damnificado, porque de ese registro infiere el dolor moral. Es por ello que cuando el demandante no acredita el parentesco —relación jurídica civil— y, por tanto, no se puede inferir el dolor, debe demostrar la existencia de este para probar su estado de damnificado y con ello su legitimación material en la causa - situación jurídica de hecho.

Este entendimiento es congruente con la posición recientemente reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera(45), en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, con las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de William Alexander Franco Mondragón(46), Grace Giselle(47) y Everth Mauricio Alvarado Mondragón(48), está acreditado que son hijos de la víctima.

De igual manera, está probado que Everth Gonzalo Alvarado Barrigas, era compañero permanente de la occisa, circunstancia que quedó debidamente acreditada con las declaraciones de los testigos Víctor Manuel Céspedes Rozo, José Ramiro Ospina Ospina, Francisco Javier Múnera Bedoya y José Miguel Cervera quienes dieron cuenta que el señor Alvarado Barrigas y la señora Mondragón Cárdenas convivieron como marido y mujer aproximadamente por 14 años(49).

Así mismo, en cuanto a la aspiración indemnizatoria incoada por los demandantes, en su condición de compañero permanente e hijos de la víctima, los mencionados testigos relataron que los miembros del núcleo familiar se vieron profundamente afectados con la muerte de su compañera y madre.

Con fundamento en los anteriores medios de prueba, la legitimación de los actores se encuentra suficientemente establecida en el expediente, toda vez que se acreditó debidamente el vínculo familiar entre los reclamantes y la fallecida, así como las relaciones filiales entre estos y el dolor moral que sufrieron con la muerte de aquella.

En estas condiciones, se impone conceder la indemnización solicitada pero fijándola en salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya que de acuerdo con lo expresado en sentencia del 2001(50), la Sección abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980 para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales.

Se ha considerado, en efecto, que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas en salarios mínimos legales mensuales por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado(51).

Es así como la Sala acude a la regla de la experiencia(52) que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral, por lo que en tratándose del fallecimiento de una persona es igualmente claro que el dolor moral se proyecta en su mayor intensidad en los miembros de dicho núcleo familiar, de manera que, ante la ausencia de elementos de juicio que en esta oportunidad puedan llevar a la Sala a separarse de la tasación adoptada de manera pacífica por la jurisprudencia de la Sección(53), resulta pertinente reconocer por concepto de indemnización por el daño moral padecido con los hechos a que se refiere la demanda las siguientes sumas, a favor de cada uno de estos demandantes:

• Para William Alexander Franco Mondragón, Grace Giselle Alvarado Mondragón y Everth Mauricio Alvarado Mondragón, en calidad de hijos de la víctima, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.

• Para Everth Gonzalo Alvarado Barrigas, en calidad de compañero permanente de la víctima, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

7.2. Perjuicios materiales.

7.2.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Se solicitó en la demanda por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000), a favor de los demandantes, teniendo en cuenta la vida probable de la víctima y el ingreso derivado de su actividad económica, incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales.

En relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de los hijos, la jurisprudencia tiene establecido que se presume que los padres les dispensan su ayuda hasta la edad de veinticinco años, en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar”(54), por lo que al demostrarse que los hijos recibían ayuda económica de sus padres antes del fallecimientos de estos, la privación de esta tendría un carácter cierto y hay lugar a liquidar las indemnizaciones correspondientes hasta el momento en que cumplan los 25 años de edad.

En el caso concreto, por vía testimonial, se demostró que la señora María Idalid Mondragón Cárdenas les colaboraba económicamente a sus hijos y a su compañero permanente con el ingreso derivado de oficios de cocina, por el cual recibía una remuneración de doscientos cincuenta mil pesos mensuales ($ 250.000)(55).

Además, encuentra la Sala que Grace Giselle y William Alexander Alvarado Mondragón a la fecha de la presente providencia ya han cumplido los 25 años de edad(56), por lo cual solo hay lugar a reconocerles el lucro cesante consolidado; Respecto de Everth Alexander Alvarado Mondragón, quién[sic] a la fecha no ha cumplido dicha edad, es del caso reconocerle el lucro cesante consolidado y futuro hasta el 22 de noviembre de 2017, fecha en la cual cumplirá los 25 años. Finalmente, en cuanto al señor Everth Gonzalo Alvarado Barrigas, se reconocerá el lucro cesante futuro por el término de su vida probable, ya que la fallecida era menor que él(57).

En consecuencia, se accederá a la pretensión formulada, teniendo en consideración la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000) que era el ingreso que percibía la señora Mondragón Cárdenas a la fecha de su muerte(58), incrementado en un 25%, por concepto de prestaciones sociales y actualizado de conformidad con las pautas trazadas en este tipo de casos por la jurisprudencia de la Sección.

El ingreso demostrado —$ 250.000—, incrementado en un 25% corresponde a $ 312.500, guarismo que será actualizado a la fecha de esta providencia con aplicación de la siguiente fórmula:

Ra = Rh x Índice final

Índice inicial

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar: 312.500

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el correspondiente a la fecha en que se realiza la actualización: 112.65

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el vigente a la fecha de los hechos: (dic. de 1997) 44.72

Reemplazando tenemos:

Ra = 312.500 x 112.65

44.72

Ra = $ 787.189.

A esa suma —$ 787.189— se le descontará el 25% ($ 196.797) que se presume, disponía la víctima para sus gastos personales, monto total de $ 590.391 del cual el 50% será la base de liquidación para Everth Gonzalo Alvarado Barrigas ($ 295.195) y el 50% restante se dividirá a prorrata para cada uno de los hijos de la señora Mondragón Cárdenas ($ 98.398).

Para la liquidación de la indemnización se aplicarán las fórmulas matemático actuariales utilizadas por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio, como sigue a continuación:

Liquidación para Everth Gonzalo Alvarado Barrigas

— Indemnización debida o consolidada

Comprende el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos —31 de diciembre de 1997— y la fecha de esta providencia, es decir, 15 años 2 meses y 14 días (182.46 meses).

La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

S= Ra (1 + i)n - 1

i (1 + i)n

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o base de liquidación que equivale a $ 295.195

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el periodo indemnizable: 182.46

Reemplazando tenemos:

S= -$ 295.195 (1 + 0.004867)182.46 - 1

0.004867

S= $ 86.436.552

— Indemnización futura o anticipada

La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

S = Ra (1 + i)n - 1

i(1 + i)n

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o base de liquidación que equivale a $ 295.195

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el periodo indemnizable: desde el día siguiente a la fecha en que se profiere la presente providencia hasta el término de vida probable de Everth Gonzalo Alvarado Barrigas, quien es menor que la víctima.

Teniendo en cuenta que para el momento de los hechos tenía 33 años de edad, al revisar la tabla de mortalidad vigente se tiene que le correspondía una expectativa de vida probable de 47.5 años (570 meses).

A dicha expectativa de vida debe restarse el periodo ya reconocido como lucro cesante consolidado (181.9), lo que arroja un total de 388.1 meses.

Reemplazando se tiene:

S = $ 295.195 (1+0.004867)388.1 - 1

0.004867 (1.004867) 388.1

S= $ 51.437.123

Resumen liquidación para Everth Gonzalo Alvarado Barrigas

Lucro cesante consolidado: $ 86.436.552

Lucro cesante futuro: $ 51.437.123

Total: $ 137.873.675

Liquidación para Grace Giselle Alvarado Mondragón

— Indemnización debida o consolidada

Como ya se señaló, comprende el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos —31 de diciembre de 1997— y la fecha en que cumplió los 25 años de edad —2 de marzo de 2012— , es decir 14 años, 2 meses y 2 días. (170.06 meses).

La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

S= Ra (1 + i)n - 1

i

Donde:

S: Suma que se busca

Ra: Renta actualizada, suma base de liquidación para los hijos: $ 98.398

n: Número de meses que comprende el periodo indemnizable: 170.06

i : 0.004867

Reemplazando tenemos:

S= -$ 98.398 (1 + 0.004867)170.06 - 1

0.004867

S= $ 25.947.395

Liquidación para William Alexander Alvarado Mondragón

— Indemnización debida o consolidada

Como ya se señaló, comprende el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos —31 de diciembre de 1997— y la fecha en que cumplió los 25 años de edad —12 de febrero de 2010— , es decir 12 años, 1 meses y 12 días. (145.4 meses).

La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

S= Ra (1 + i)n - 1

i

Donde:

S: Suma que se busca

Ra: Renta actualizada, suma base de liquidación para los hijos: $ 98.398

n: Número de meses que comprende el periodo indemnizable: 145.4

i : 0.004867

Reemplazando tenemos:

S= -$ 98.398 (1 + 0.004867)145.4 - 1

0.004867

S= $ 20.738.195

Liquidación para Everth Alexander Alvarado Mondragón

— Indemnización debida o consolidada

Comprende el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos —31 de diciembre de 1997— y la fecha de esta providencia, es decir, 15 años 1 mes 27 días (181.9 meses).

La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

S= Ra (1 + i)n - 1

i

Donde:

S: Suma que se busca

Ra: Renta actualizada, suma base de liquidación para los hijos: $ 98.398

n: Número de meses que comprende el periodo indemnizable: 181.9

i : 0.004867

Reemplazando tenemos:

S= -$ 98.398 (1 + 0.004867)181.9 - 1

0.004867

S= $ 28.678.961

— Indemnización futura o anticipada

Comprende el periodo que transcurrirá desde el día siguiente a la fecha en que se profiere la presente providencia hasta la fecha en que cumplirá los 25 años de edad —22 de noviembre de 2017— , es decir 4 años, 8 meses y 26 días. (56.86 meses).

La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

S = Ra (1 + i)n - 1

i(1 + i)n

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o base de liquidación que equivale a $ 98.398

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el periodo indemnizable: 56.86.

Reemplazando tenemos:

S= -$ 98.398 (1 + 0.004867)56,86 - 1

0.004867

S= $ 4.877.189

Resumen liquidación para Everth Alexander Alvarado Mondragón

Lucro cesante consolidado: $ 28.678.961

Lucro cesante futuro: $ 4.877.189

Total: $ 33.556.150

7.2.2. Perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, se solicitó en la demanda el reconocimiento de la suma de tres millones ($ 3.000.000) de pesos por concepto de gastos funerarios, honorarios de abogado, y demás gastos que sobrevinieron con la muerte de la señora María Idalid Mondragón Cárdenas.

El artículo 1.614 del Código Civil define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”, mientras que el lucro cesante consiste en “la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento.”

En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la Sección, estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1.998, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo.

En vista de lo anterior, es necesario recordar que para que el daño sea indemnizable, el mismo debe ser personal, directo y cierto. Que el perjuicio sea cierto implica establecer fehacientemente la relación causal entre este y el daño(59), y en el presente caso no existe prueba alguna en el plenario que demuestre la existencia de una disminución patrimonial imprevista con ocasión del pago de los gastos funerarios u honorarios de abogado que se dice fueron cancelados como consecuencia del fallecimiento de la señora maría Idalid Mondragón Cárdenas.

En estas condiciones, y ante la ausencia de prueba sobre el particular, se impone denegar el pedimento elevado a título de daño emergente.

8. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 1a de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2003, por el Tribunal Administrativo del Meta y, en su lugar se dispone:

2. DECLARAR al Hospital Departamental y/o Local de Puerto Gaitán, Meta, patrimonialmente responsable de la muerte de María Idalid Mondragón Cárdenas, en hechos ocurridos el 31 de diciembre de 1997, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al Hospital Departamental y/o Local de Puerto Gaitán, Meta, a reconocer y pagar las siguientes indemnizaciones:

Por concepto de perjuicios morales

Para William Alexander Franco Mondragón, Grace Giselle Alvarado Mondragón y Everth Mauricio Alvarado Mondragón, en calidad de hijos de la víctima, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de ellos.

Para Everth Gonzalo Alvarado Barrigas, en calidad de compañero permanente de la víctima, la suma equivalente a cien (100) salarios minimos legales mensuales vigentes.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante

A favor de William Alexander Alvarado Mondragón, la suma de veinte millones setecientos treinta y ocho mil ciento noventa y cinco pesos m/cte. ($ 20.738.195)

A favor de Grace Giselle Alvarado Mondragón, la suma de veinticinco millones novecientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y cinco pesos m/cte. ($ 25.947.395)

A favor de Everth Mauricio Alvarado Mondragón, la suma de treinta y tres millones quinientos cincuenta y seis mil ciento cincuenta pesos m/cte. ($ 33.556.150)

A favor de Everth Gonzalo Alvarado Barrigas, la suma de ciento treinta y siete millones ochocientos setenta y tres mil seiscientos setenta y cinco pesos m/cte. ($ 137.873.675)

4. SE CONFIRMA en lo demás el fallo apelado.

5. SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin costas.

7. El Hospital Departamental y/o Local de Puerto Gaitán, Meta, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1a de 1984.

8. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

9. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(18) Folio 15 Vto. del cuaderno principal 1.

(19) Decreto 597 de 1988.

(20) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”

(21) Investigación allegada en copia auténtica que reposa de folios 140 a 423 del cuaderno principal 2.

(22) Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Sentencia de 4 de febrero de 2010, Exp. 18109, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 18 de marzo de 2010, Exp. 32.651, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 9 de junio de 2010, Exp. 18.078, C.P. (E): Gladys Agudelo Ordóñez; sentencia de 25 de agosto de 2011, Exp. 21.894; Sentencia de 16 de septiembre de 2011, Exp. 19.642; Sentencia de 29 de septiembre de 2011, Exp. 23.182; Sentencia de 11 de abril de 2012, Exp. 22.667; y, Sentencia de 11 de abril de 2012, Exp. 21.134, todas con ponencia del Consejero Hernán Andrade Rincón.

(23) Sentencia de febrero 21 de 2002, Exp. 12.789.

(24) Documento que reposa a folio 19 del cuaderno principal 1.

(25) Documento obrante en el proceso penal a folio 143 del cuaderno principal 2.

(26) Documento obrante en el proceso penal, de folios 149 a 151 del cuaderno principal 2.

(27) Documento obrante en el proceso penal a folio 210 del cuaderno principal 2.

(28) Documento obrante en el proceso penal, de folios 226 a 230 del cuaderno principal 2.

(29) Folio 110 del cuaderno principal 1. Si bien en la demanda se designó al centro asistencial como “Hospital Departamental”, la mencionada certificación se encabezó como “Secretaría Departamental de Salud del Meta, Hospital Local de Puerto Gaitán...”.

(30) Folios 100 a 105 del cuaderno principal 1.

(31) Durante la diligencia el testigo aclaró que se trataba de la señora María Idalid Mondragón Cárdenas. Ver folio 103 del cuaderno principal 1.

(32) Documento obrante en el proceso penal, de folios 149 a 151 del cuaderno principal 2.

(33) Folios 112 y 113 del cuaderno principal 1.

(34) Expediente 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(35) Sentencias del 11 de febrero de 2009, Exp. 17.145 y de 26 de marzo de 2008, Exp. 16.530, entre muchas otras.

(36) Respecto a este criterio pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp. 20.958, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 17 de marzo de 2010, Exp. 18567, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Sentencia de 30 de noviembre de 2006, Exp. 15473, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(37) Sentencia de 14 de junio de 2001, Exp. 12.696; C.P. Alier E. Hernández Enríquez; sentencia de abril 27 de 2006, Exp. 27.520; C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(38) Sentencia de 21 de septiembre de 2005, Exp. 14828.

(39) En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que —por regla general— no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por el doctor Renato Scognamiglio, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

(40) Ver, por ejemplo, sentencia de 2 de junio de 2004, Exp. 14.950. En el mismo sentido, se ha determinado que es razonable que el juez ejerza su prudente arbitrio al estimar el monto de la compensación por el perjuicio moral y que para el efecto ha de tenerse en consideración los lineamientos expresados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en virtud de los cuales, dentro de los procesos contencioso administrativos: “la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad.”

(41) Sentencia de 26 de octubre de 1993, Exp. 7793.

(42) Sentencia de 1° de octubre de 1993; Exp. 6657.

(43) Exp. 6469; actor: Ferney Londoño Gaviria y otros, criterio que fue igualmente reiterado en sentencia de 24 de mayo de 2001, Exp. 12.819, C.P. María Elena Giraldo.

(44) Exp. 12956; actor: Hernando Palacios Aroca y otros.

(45) Sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392), C.P. Hernán Andrade Rincón

(46) Folio 16 del cuaderno principal 1.

(47) Folio 17 del cuaderno principal 1.

(48) Folio 18 del cuaderno principal 1.

(49) Folios 82 a 99 del cuaderno principal 1

(50) Consultar sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13.232-15.646. C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(51) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13.232-15.646.

(52) Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. - La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con las ciencia sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico...” Gustavo Humberto Rodríguez. Presunciones. Pruebas Penales Colombianas Tomo II. Ed. Temis, Bogotá 1970, pág. 127 y ss. Quiceno Álvarez Fernando. Indicios y Presunciones. Compilación y Extractos. Editorial Jurídica Bolivariana. Reimpresión 2002 (destacado de la Sala).

(53) Sobre la tasación de la condena por el perjuicio moral derivado de la muerte de una persona, en favor de sus padres, hermanos, esposa e hijos, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Sentencia de 1º de marzo de 2006, Exp. 13.887, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Sentencia de 3 de mayo de 2007, Exp. 21.511, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 30 de agosto de 2007, Exp. 15.635, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Sentencia de 19 de octubre de 2007, Exp. 29.273A, C.P. Enrique Gil Botero; Sentencia de 9 de febrero de 2011, Exp. 19.460, C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 4 de marzo de 2012, Exp. 21.859, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 28 de marzo de 2012, Exp. 22.163, C.P. Enrique Gil Botero.

(54) Ver, por ejemplo, sentencia del 12 de julio de 1990, Exp. 5666.

(55) En este sentido se manifestaron los testigos Víctor Manuel Céspedes Rozo, José Ramiro Ospina Ospina, Francisco Javier Múnera Bedoya y José Miguel Cervera, —Folios 82 a 89 y 91 a 99 del cuaderno principal 1—.

(56) Grace Giselle Alvarado Mondragón cumplió 25 años de edad el 2 de marzo de 2012 y William Alexander Alvarado Mondragón cumplió 25 años de edad el 12 de febrero de 2010, según se desprende de sus registros civiles de nacimiento, obrantes en copia auténtica a folio 17 y 16 del cuaderno principal 1, respectivamente.

(57) En certificado individual de defunción —Proceso penal folio 158 del cuaderno principal 2— y en el acta de inspección a cadáver —Proceso penal folios 142 y 143 del mismo cuaderno— se señaló que la víctima tenía 28 años de edad, mientras que en el primer reconocimiento médico legal realizado al señor Everth Gonzalo Alvarado Barrigas el 9 de enero de 1998 —nueve días después de los hechos—, se consignó que tenía 33 años de edad —proceso penal folio 179 del mismo cuaderno—.

(58) Monto superior al salario mínimo legal mensual vigente para el año 1997, el cual ascendía a $ 172.005.

(59) La doctrina ha señalado que “El carácter cierto del daño, permite constatar que este sea pasado, presente o futuro, y habrá certidumbre del mismo cuando aparezca con evidencia que produjo o producirá una disminución o lesión material o inmaterial en el patrimonio de quien lo sufre, es decir, no podrá ser resarcido lo eventual, hipotético o posible”. Gil Botero Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado. Tercera Edición 2006. Librería Jurídica Comlibros, pág. 70.