Sentencia 1998-01149 de febrero 27 de 2013

 

Sentencia 1998-01149 de febrero 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad. 76001-23-31-000-1998-01149-01 (26.325)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Tadeo Enrique Perea y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988 y de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $18.850.000. Como quiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 32.794.749, solicitada por concepto de perjuicios materiales, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Consideraciones previas

Sobre los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, se ha dicho que aquella que no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no haya sido solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aduce, o no haya sido practicada con audiencia de esta no puede ser valorada en el proceso al que se traslada(1). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de la prueba rendida dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dicha prueba puede ser tenida en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando haya sido practicada sin su citación o intervención en el proceso original y no haya sido ratificada en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque formalidades legales para su inadmisión(2).

En este caso, mediante auto del 6 de abril de 2000(3), el tribunal dispuso tener como prueba la copia auténtica del Expediente 48171, en el cual la Fiscalía 51 Delegada ante los jueces penales del circuito de la unidad primera de patrimonio económico adelantó investigación contra el señor Tadeo Enrique Perea, por el delito de falsedad en documentos, que fue remitida a este proceso, por esa autoridad, con el Oficio 707 del 9 de julio de 2001(4). Aunque tal prueba solo fue solicitada por la parte demandada, se tendrá como tal, pues es claro que tal investigación se adelantó con audiencia del aquí demandante (de hecho, lo fue en su contra), quien es, precisamente, la parte contra la cual se aduce.

El caso concreto

1. El 28 de abril de 1995, cuando el señor Tadeo Enrique Perea Chala se movilizaba en Cali, en el vehículo campero de placas GP 4455, fue detenido por varios Agentes de la Policía, quienes le retuvieron el automotor, por presunta falsedad en la calcomanía del certificado de movilización 489631, de lo que dan cuenta la orden de comparendo nacional 238-0490967(5), el acta de inmovilización 8618(6) y el informe que sobre esa situación rindieron los agentes de la policía, con destino a la Fiscalía(7).

Por lo anterior, el 12 de mayo de 1995, el Fiscal 24-1 profirió resolución de apertura de instrucción(8) y, mediante providencia del 5 de agosto de 1996(9), el Fiscal Seccional 51 de la unidad primera de patrimonio económico declaró la preclusión de esa investigación, adelantada —por falsedad en documentos— contra el señor Perea Chala, ya que se demostró que ese delito no existió y, en consecuencia, ordenó la entrega definitiva del automotor a su propietario.

2. A la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura se les atribuye la responsabilidad por los perjuicios ocasionados a los demandantes, con el decomiso e inmovilización del vehículo de placas GP 4455 y la vinculación del señor Tadeo Enrique Perea Chala a un proceso durante 11 meses.

Con todo, conforme a lo expuesto por el a quo, el señor Perea Chala no demostró ser el propietario del mencionado vehículo, por cuanto, al efecto, aportó al proceso los siguientes documentos: i) “un formulario para traspaso y otros trámites de vehículos”(10), de la oficina de Tránsito y Transporte de Villavicencio, del 29 de abril de 1988, en el que Marco Antonio Rojas Rivas aparece como propietario y Tadeo Enrique Perea Chala figura como comprador; ii) un documento del 6 de mayo de 1988, en el que el señor Perea Chala afirmó haber recibido del señor Marco Antonio Rojas Rivas los documentos del vehículo, consistentes en “un formulario de traspaso completamente diligenciado y autenticado, recibos de pago hasta el año de 1987 (sic), formularios de revicion (sic), una targeta (sic) de propiedad”(11); y, iii) la póliza de seguro 9-1483609 1(12), expedida el 20 de diciembre de 1993, en la que el demandante aparece como tomador.

Sin embargo, obra en el expediente la licencia de tránsito 093485(13), en la que aparece como propietario el señor Mario Oswaldo Sarmiento Arévalo.

El 3 de octubre de 1995, el jefe de la sección de registro vehicular del Instituto de Tránsito y Transporte del Meta certificó que, desde el 25 de septiembre de 1987, aparece registrado como último propietario el señor Marco Antonio Rojas Rivas y que, el 16 de julio de 1987, se registró el cambio del motor y el regrabado del número original en el nuevo motor(14); así mismo, el 18 de julio de 1996, mediante oficio 1261(15), comunicó: (i) que, el 10 de enero de 1977, el vehículo se matriculó a nombre de Ricardo Aurelio Espinosa, (ii) que, el 15 de junio de 1987, se hizo traspaso a nombre de Mario Oswaldo Sarmiento, (iii) que, el 16 de junio de 1987, se autorizó el cambio de motor y la regrabación del número original, (iv) que, el 25 de septiembre de 1987, pasó a nombre de Marco Antonio Rojas Rivas, (v) que, el 10 de julio de 1996, se autorizó cambiar las placas a GP 4455 y (vi) que, el 11 de julio de 1996, pasó a nombre del señor Rafael Barragán.

De todo lo anterior, se colige que, como el nombre del señor Tadeo Enrique Perea nunca figuró en la tarjeta de propiedad del automotor de placas GP 4455, jamás fue propietario del mismo, pues, tal como lo ha dicho la Sala en forma reiterada:

“... para que opere la tradición del correspondiente derecho real de dominio hace falta el cumplimiento de la formalidad o solemnidad de la inscripción del negocio jurídico en el respectivo registro, procedimiento este que se constituye, aún desde la normatividad expedida en 1970, en el modo a través del cual el título conduce a la transmisión de la propiedad en los negocios en los cuales no se aplica la legislación mercantil;

(...).

En la medida en que el anotado registro tiene naturaleza claramente constitutiva y no meramente declarativa, tanto en materia civil como en materia comercial, desde los años 1970 y 1971, respectivamente, la tradición de este tipo de bienes solo se entiende surtida con la entrega material del automóvil y con la inscripción del título correspondiente en el registro nacional automotor.

Como corolario de lo anterior, la propiedad o la realización de cualquier negocio jurídico que afecte un derecho real respecto de un vehículo automotor, solamente puede probarse con la acreditación tanto del título (contrato) como del modo (tradición tabular) del cual se deriva la calidad de propietario, usufructuario, acreedor pignoraticio, etcétera; las normas que expresamente establecen una tarifa legal de prueba en esta materia —artículos 43 y 44 del Decreto-Ley 1250 de 1970— excluyen la posibilidad de que las anteriores circunstancias puedan acreditarse mediante la sola aportación de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción”(16).

En el mismo sentido, el artículo 47 de la Ley 769 de 2002 ¾Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente¾ estableció como requisitos uniformes para hacer efectiva la tradición de los automóviles, tanto en materia civil como en el ámbito mercantil, la entrega material del automotor, por una parte y, por otra, la inscripción del negocio jurídico correspondiente en el registro nacional automotor.

Así las cosas, le asistió la razón al tribunal al negar las pretensiones de la demandada, con fundamento en que el actor no estaba legitimado en la causa por activa para reclamar perjuicios derivados de la retención del vehículo.

Ahora bien, sobre los perjuicios morales que reclaman los demandantes, al haber involucrado al señor Perea en un proceso penal, sobre los cuales el tribunal omitió pronunciamiento, se tiene que aquél inició en la Fiscalía, luego de recibir el informe rendido por los agentes de la policía que participaron en el decomiso del vehículo.

Procede la Sala, entonces, a valorar las actuaciones adelantadas por la Fiscalía, con el fin de establecer si en la investigación existió falta de proporcionalidad, arbitrariedad, ilegalidad o algún otro elemento que evidencie una falla en la prestación del servicio que conlleve a la indemnización de perjuicios solicitada. La mencionada investigación transcurrió de la siguiente manera:

El 12 de mayo de 1995, la Fiscalía profirió la resolución de apertura de instrucción(17), a partir de la cual, y con el fin de determinar si la calcomanía del certificado de movilización 489631 era o no auténtica, se llevó a cabo una investigación en la cual se ordenó la práctica de una serie de pruebas, tales como: i) diligencia de inspección judicial al vehículo, realizada el 5 de octubre de 1995(18), donde la Fiscalía decidió solicitar la valoración de un perito de la sección de criminalística del CTI, con el fin de que despegara la calcomanía y conceptuara respecto de su autenticidad; ii) revisión técnica al vehículo, realizada el 6 de septiembre de 1995(19) por el jefe de la unidad de automotores de la Sijín; iii) informe del técnico criminalístico 869 del CTI(20), del 24 de octubre de 1995, en el que se sugirió dirigirse a la jefatura del Laboratorio de Investigación Científica, Labici, para el análisis de la calcomanía; iv) informe del 25 de enero de 1996(21), de un perito documentólogo (sic), quien aseguró que no fue posible retirar la calcomanía del vidrio para realizarle el estudio con los equipos de laboratorio de investigación, por lo que solicitó oficiar al Ministerio de Transporte, en Bogotá, para que allegara una muestra patrón de un certificado coetáneo al investigado, para emitir el pronunciamiento al respecto; y, v) estudio documentológico (sic), del 23 de febrero de 1996(22), realizado a la calcomanía por un técnico criminalístico documentólogo (sic) del Laboratorio de Investigación Científica de la Fiscalía General de la Nación, en el que se concluyó que el certificado de movilización adherido al parabrisas del vehículo era auténtico.

Así y por lo que atañe al daño generado por el proceso penal, se tiene que, ante la sospecha de que la calcomanía era falsa, el vehículo fue retenido y la Fiscalía inició una investigación dentro de la cual se vio involucrado el señor Tadeo Enrique Perea Chala quien, además de conducirlo, aseguró ser el propietario del mismo.

Se estableció que, contra el demandante, existió un indicio de responsabilidad penal por la falsedad en documento y la única forma en que la Fiscalía podía establecer la verdad era realizando la investigación, tal como ocurrió y, finalmente, con las pruebas recaudadas llegó a la conclusión de que la calcomanía sí era auténtica.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 250 de la Constitución Política, en el cual se establecen las funciones de la Fiscalía General de la Nación, dentro de las que se encuentran la de investigar los delitos, acusar a los presuntos infractores (de oficio o mediante denuncia) y tomar las medidas necesarias para la comparecencia de los presuntos infractores y para hacer efectivo el restablecimiento de los derechos, razones por las cuales la institución se encontraba en la obligación de proceder conforme lo hizo, dada la denuncia de los agentes de la policía, en cuyo informe aseguraron que la calcomanía del certificado de movilización era falsa.

Con lo descrito anteriormente, no se demostró la falta de proporcionalidad de la investigación, su arbitrariedad o su ilegalidad, nada que lleve a concluir que se incurrió en una falla del servicio de la que se derive un derecho a la reparación, por lo que no habrá lugar a reconocer los perjuicios morales solicitados como consecuencia de la vinculación al mencionado proceso, además de lo ya mencionado, porque los demandantes no los demostraron.

Así, se tiene, entonces, que no se acreditó ninguna conducta reprochable a la Fiscalía General de la Nación ni al Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto obraron en cumplimiento de sus funciones y sin que se demostrara, se reitera, que la vinculación del señor Perea a la mencionada investigación hubiese sido desproporcionada o carente de fundamento legal.

En otras palabras, no se demostró que las demandadas fueron ineficientes en la prestación de su servicio o que hubo una falla en la administración de justicia o que su actuar fue negligente, situaciones que, de haberse dado, llevarían a la conclusión de que habría que indemnizar los perjuicios ocasionados.

A lo anterior se agrega que el artículo 414 del antiguo Código de Procedimiento Penal, en que la parte actora sustenta su recurso de alzada, no aplica al caso, como quiera que el señor Tadeo Enrique Perea nunca fue privado de la libertad, situación en la cual, habría habido lugar a la reparación de perjuicios, en caso de configurarse uno de los cuatro supuestos allí planteados.

Así las cosas, se presenta una clara ausencia de imputación, por lo que habrá lugar a confirmar la sentencia recurrida.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia del 23 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20.300.

(2) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789.

(3) Folios 177 y 178 del cuaderno 1.

(4) Folio 1 del cuaderno 4.

(5) Folio 3 del cuaderno 4.

(6) Folio 4 del cuaderno 4.

(7) Folio 5 del cuaderno 4.

(8) Folio 9 del cuaderno 4.

(9) Folios 155 a 157 del cuaderno 4.

(10) Folio 53 del cuaderno 1 (22 de 4 fotocopia).

(11) Folio 23 del cuaderno 4.

(12) Folio 28 del cuaderno 4.

(13) Folio 29 del cuaderno 4.

(14) Folio 70 del cuaderno 4.

(15) Folio 115 del cuaderno 4.

(16) En sentencia del 23 de abril de 2009, Expediente 16.837, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sin embargo, es del caso advertir que el ponente de la presente sentencia se aparta de la posición mayoritaria de la Sala, por cuanto considera que, para acreditar la propiedad, es suficiente con el modo, es decir, con la inscripción del título correspondiente en el registro nacional automotor, sin que sea necesario allegar al proceso el título mismo, esto es, el contrato mediante el cual adquirió el vehículo, pues este último documento nada aporta al proceso, en la medida en que él dará cuenta de los términos y condiciones del negocio, pero nada agregará a la propiedad misma del bien, a lo cual se suma que, sin su existencia, no podrá hacerse el registro correspondiente que, de ser falso, permitirá que se haga la tacha del caso, que en esta oportunidad no se dio.

(17) Folio 9 del cuaderno 4.

(18) Folio 64 del cuaderno 4.

(19) Folio 73 del cuaderno 4.

(20) Folio 78 del cuaderno 4.

(21) Folio 88 del cuaderno 4.

(22) Folios 96 y 97 del cuaderno 4.