Sentencia 1998-01167/30176 de enero 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 05001-23-31-000-1998-01167-01 (30.176)

Consejera ponente:

Dr. Olga Melida Valle de De La Hoz (E)

Bogotá D.C., veintiocho de enero de dos mil quince

Demandante: Teresa de Jesús Echeverri Upegui y otros

Demandado: Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, Departamento de Antioquia.

EXTRACTOS «CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 13 de octubre de 2004, proferida por la Sala Novena de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

1. Previo a resolver de fondo, es necesario analizar un asunto procesal de gran importancia para efectos de la imputación de responsabilidad, consistente en la legitimación en la causa por pasiva del Departamento de Antioquia, teniendo en cuenta que el referido ente territorial fue llamado como parte pasiva del proceso en su calidad de administrador y responsable de la institución educativa en la cual tuvieron lugar los hechos que dieron origen al sub exámine. En ese orden, es necesario verificar, conforme a la normativa aplicable, quién estaba a cargo de la administración de la institución educativa donde ocurrieron los hechos.

La educación, en su doble connotación, es decir, como servicio público y como derecho, tiene su fundamento constitucional en el artículo 67, que informa:

ART. 67.—La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

“La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

“El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

“La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

“La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”. (Resalto fuera del texto).

La norma transcrita condensa un espíritu dogmático y otro técnico administrativo, en el entendido de que menciona un componente sustancial sobre la educación como servicio y como derecho; los fines hacia los cuales va dirigido, y quiénes son los encargados de su prestación. También contiene un aspecto operacional, al encomendar al Estado la suprema inspección y vigilancia del mismo; el cual verificará el proceso educativo, el cubrimiento del servicio y su permanencia en el tiempo. Finalmente, indica que la participación en la prestación de este servicio y la dirección del mismo, será realización conjunta entre la Nación y las entidades territoriales, en los términos señalados en la constitución y la Ley.

En virtud de esa obligación compartida, conforme al proceso de descentralización administrativa que se consolidó con la expedición de la Constitución de 1991, que supuso el traslado a las entidades territoriales de funciones que antes concentraba la Nación, se expidió la Ley 60 de 1993, por medio de la cual se dictaron normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyeron recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, entre otras disposiciones; y en materia de educación, hubo una radicación de funciones a cargo de los Municipios y Departamentos. Y en lo que respecta a este último ente territorial, se estableció en el artículo 3º lo siguiente:

“ART. 3º—Competencias de los departamentos. Corresponde a los departamentos, a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas departamentales competentes, conforme a la Constitución Política, la ley, a las normas técnicas nacionales y a las respectivas ordenanzas:

“1. Administrar los recursos cedidos por la Nación; planificar los aspectos relacionados con sus competencias para los sectores de educación y salud y ejercer funciones de coordinación, subsidiariedad y concurrencia relacionadas con las competencias municipales conforme a la Constitución, a la Ley y a los reglamentos que sobre tales aspectos expidan los respectivos Ministerios. En desarrollo de estas funciones promoverá la armonización de las actividades de los municipios entre sí y con el departamento y contribuirá a la prestación de los servicios a cargo de los municipios, cuando éstos presenten deficiencias conforme al sistema de calificación debidamente reglamentado por el respectivo Ministerio.

(…)

“5. Las anteriores competencias generales serán asumidas por los departamentos así: A. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política las disposiciones legales sobre la materia:

“Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la prestación de los servicios educativos estatales en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media. Participar en la financiación y cofinanciación de los servicios educativos estatales y en las inversiones de infraestructura y dotación. Asumir las funciones de administración, programación y distribución de los recursos del situado fiscal para la prestación de los servicios educativos estatales.

—“Promover y evaluar la oferta de capacitación y actualización de los docentes, de acuerdo con los desarrollos curriculares y pedagógicos y facilitar el acceso a la capacitación de los docentes públicos vinculados a los establecimientos educativos del área de su jurisdicción. Regular, en concurrencia con el municipio, la prestación de los servicios educativos estatales.

Ejercer la inspección y vigilancia y la supervisión y evaluación de los servicios educativos estatales. Incorporar a las estructuras y a las plantas departamentales las oficinas de escalafón, los fondos educativos regionales, centros experimentales piloto y los centros auxiliares de servicios docentes. Asumir las competencias relacionadas con currículo y materiales educativos. La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo de la presente Ley”.

Por su parte, los artículos 14 y 15(3) de la misma normativa, previeron los requisitos que debían ser satisfechos por las entidades territoriales para consolidar el traslado de funciones educativas, radicación de funciones que incluiría la entrega de establecimientos educativos a cargo de la Nación para que fueran dirigidos y administrados por las entidades certificadas. Posteriormente se expidió el Decreto Reglamentario 2886 de 1994, a través del cual se establecieron los procedimientos y demás formalidades necesarias que debían cumplir las entidades territoriales para obtener la certificación del lleno de requisitos que les permitiera asumir la administración de los recursos del situado fiscal y la prestación del servicio educativo.

Es decir, el proceso de descentralización no tuvo vigencia automática ni inmediata, sino gradual y sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos fijados por la misma Ley y el reglamento, para efectos de la certificación que habilitaría al ente territorial para prestar el servicio educativo en su jurisdicción.

Esta distribución de competencias quedó sujeta a desarrollo legal, mediante la Ley 115 de 1994, por la cual se expidió el Estatuto General de Educación, que estableció:

“ART. 147.—Nación y entidades territoriales. La Nación y las entidades territoriales ejercerán la dirección y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución Política, la Ley 60 de 1993, la presente Ley y las demás que expida el Congreso Nacional”. (Resaltado fuera del texto).

“ART. 148.—Funciones del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional, en cuanto al servicio público educativo, tiene las siguientes funciones:

“1. De Política y Planeación:

a) Formular las políticas, establecer las metas y aprobar los planes de desarrollo del sector a corto, mediano y largo plazo, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política.

b) Diseñar los lineamientos generales de los procesos curriculares.

c) Proponer el ajuste del situado fiscal, conforme a la evaluación anual de recursos financieros;

d) Establecer los indicadores de logros curriculares y en la educación formal, fijarlos para cada grado de los niveles educativos;

e) Fomentar las innovaciones curriculares y pedagógicas;

f) Promover y estimular la investigación educativa, científica y tecnológica;

g) Evaluar y controlar los resultados de los planes y programas educativos;

h) Elaborar el Registro Único Nacional de docentes estatales,

i) Proponer los programas de inversión del sector educativo que se deben desarrollar a través del Fondo de Inversión Social FIS y coordinar su ejecución.

“2. De Inspección y Vigilancia:

a) Velar por el cumplimiento de la ley y de los reglamentos sobre educación;

b) Asesorar y apoyar a los departamentos, a los distritos y a los municipios en el desarrollo de los procesos curriculares pedagógicos;

c) Evaluar en forma permanente la prestación del servicio educativo;

d) Fijar los criterios para evaluar el rendimiento escolar de los educandos y para su promoción a niveles superiores, y

e) Cumplir y hacer cumplir lo establecido por el Escalafón Nacional Docente y por el Estatuto Docente, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.

“3. De Administración:

a) Dirigir la actividad administrativa en el sector educativo y ejecutar la ley;

b) Coordinar a través de las Secretarías de Educación, o de los organismos que haga sus veces, la ejecución de los planes de desarrollo educativo en los departamentos, distritos y municipios;

c) Establecer el sistema descentralizado de información para la adecuada planeación y administración de la educación y para ofrecer información oportuna a la sociedad y a los padres de familia para que puedan elegir la mejor educación para sus hijos, y

d) Coordinar todas las acciones educativas del Estado y de quienes presten el servicio público en todo el territorio nacional.

“PAR.—El Ministerio de Educación Nacional podrá delegar en las secretarías de educación departamentales y distritales las funciones administrativas de expedición de la tarjeta profesional del secretariado, la expedición y registro de los títulos de bachiller por desaparición de la institución educativa y los procedimientos que se relacionan con el otorgamiento de personería jurídica para las asociaciones de padres de familia de las Instituciones educativas, previa evaluación que permita establecer la eficacia, economía y celeridad para el cumplimiento de estas funciones, por dichos entes territoriales”. (Resaltado fuera del texto).

“(…)

“ART. 150.—Competencias de asambleas y consejos. Las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, respectivamente, regulan la educación dentro de su jurisdicción, en los términos de la Ley 60 de 1993 y la presente Ley.

“Los gobernadores y los alcaldes ejercerán, en relación con la educación, las facultades que la Constitución Política y las leyes les otorgan”. (Resaltado fuera del texto).

“ART. 151.—Funciones de las Secretarías Departamentales y Distritales de Educación. Las secretarías de educación departamentales y distritales o los organismos que hagan sus veces, ejercerán, dentro del territorio de su jurisdicción, en coordinación con las autoridades nacionales y de conformidad con las políticas y metas fijadas para el servicio educativo, las siguientes funciones:

a) Velar por la calidad y cobertura de la educación en su respectivo territorio;

b) Establecer las políticas, planes y programas departamentales y distritales de educación, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional;

c) Organizar el servicio educativo estatal de acuerdo con las prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia y supervisar el servicio educativo prestado por entidades oficiales y particulares;

d) Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de currículos, métodos y medios pedagógicos;

e) Diseñar y poner en marcha los programas que se requieran para mejorar la eficiencia, la calidad y la cobertura de la educación;

f) Dirigir y coordinar el control y la evaluación de calidad, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y aplicar los ajustes necesarios.

g) Realizar los concursos departamentales y distritales para el nombramiento del personal docente y de directivos docentes del sector estatal, en coordinación con los municipios;

h) Programar en coordinación con los municipios, las acciones de capacitación del personal docente y administrativo estatal;

i) Prestar asistencia técnica a los municipios que la soliciten, para mejorar la prestación del servicio educativo;

j) Aplicar, en concurrencia con los municipios, los incentivos y sanciones a las instituciones educativas, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones de calidad y gestión;

k) Evaluar el servicio educativo en los municipios;

l) Aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de educación formal y no formal, a que se refiere la presente Ley;

m) Consolidar y analizar la información de los municipios y remitirla al Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con los estándares fijados por éste, y

n) Establecer un sistema departamental y distrital de información en concordancia con lo dispuesto en los artículos 148 y 75 de esta Ley”.

Las disposiciones que anteceden constituyen, en gran medida, el marco de acción y de dirección legal del servicio de educación, sujeto a un proceso de radicación de funciones a nivel territorial, para un control más inmediato, distribuido y orientado al mejoramiento de su prestación, de allí que, certificadas las entidades territoriales la materialización de funciones tendría lugar.

En ese orden, analizando la situación del Departamento de Antioquia en esta materia, en relación con la institución educativa “Escuela Normal Superior de Varones de Medellín”, conforme al documento expedido por la Secretaría de Educación, este ente territorial fue certificado a través de la Resolución Nacional 6000, del 20 de diciembre de 1995, y se le concedió la competencia para administrar el Servicio Público Educativo en su jurisdicción(4). Posteriormente, por medio de Decreto 1409, del 9 de abril de 1996, se organizó y estructuró la planta de cargos docentes, Directivos y Administrativos de los establecimientos educativos del Departamento, y se incorporaron a la Secretaría de Educación Departamental los establecimientos educativos recibidos de la Nación.

Ahora bien, comoquiera que en el caso en estudio se analiza, de igual forma, la naturaleza jurídica de la Escuela Normal de Varones de Medellín y el papel del Departamento en su dirección y administración, hay que considerar la orden dada en el artículo 216 de la Ley 115 de 1994 —Ley General de Educación—, que consistió en lo siguiente:

“ART. 216.—Reestructuración de las normales. El Gobierno Nacional dentro del término de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente Ley, determinará los procedimientos para reestructurar las normales que, por necesidad del servicio educativo, pueden formar educadores a nivel de normalista superior.

Las normales que no sean reestructuradas ajustarán sus programas para ofrecer, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, preferiblemente programas de la educación media técnica u otros de la educación por niveles y grados, según las necesidades regionales o locales.

La Nación y las entidades territoriales crearán las condiciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.

En virtud de lo anterior, el Departamento de Antioquia presentó el proyecto de reestructuración de las escuelas Normales Superiores de su jurisdicción, dentro de las cuales se encontraba la Escuela Normal Nacional de Varones de Medellín, sujeta a reestructuración mediante Resolución 3086, del 15 de julio de 1996(5). Lo anterior lo confirma el certificado del 14 de agosto de 2014, expedido por la Secretaría de Educación, que realiza un recorrido normativo y reglamentario al cual estuvo sujeta la institución educativa. Se extrae lo pertinente:

“Mediante la Resolución 3086 del 15 de julio de 1996, el Ministerio de Educación Nacional aprobó la reestructuración de las Escuelas Normales del Departamento de Antioquia, cuyo nombre para la fecha era Escuela Normal Nacional de Varones, cuya responsabilidad y administración estaba a cargo del Departamento de Antioquia.

Acto seguido mediante Resolución 8561 del 24 de septiembre de 1999, se concede el reconocimiento de carácter oficial como Escuela Normal Superior de Medellín, al instituto docente antes denominado Escuela Normal de Varones ubicado en el Municipio de Medellín.

Posteriormente mediante Resolución 16252 del 27 de Noviembre de 2002, se cambia la denominación a la Escuela Normal Superior de Medellín, el cual continuó bajo la responsabilidad del Departamento de Antioquia u denominándose Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín.

Es importante indicar que mediante Resolución 2823 del 09 de Diciembre de 2002, el Municipio de Medellín, se certificó en la administración del servicio educativo en su jurisdicción, por cuando la responsabilidad y administración de dicho establecimiento educativo pasó a este ente territorial”. (fl. 169, cdno. ppal. Apelación).

Partiendo de lo transcrito, no existe duda que la institución educativa en la cual sucedieron los hechos que marcaron la presentación de esta demanda, para la época del acaecimiento de los mismos, estaba vinculada legal y reglamentariamente al Departamento de Antioquia, siendo éste, en consecuencia, el representante del Estado en la dirección y control de su funcionamiento, como también en la administración del personal que en ella ejecutaba labores de enseñanza y dirección, por lo tanto, queda clara la legitimación en la causa por pasiva el Departamento de Antioquia, sin que esta declaratoria signifique una imputación prematura de responsabilidad, dado que este asunto será objeto de estudio con posterioridad a este acápite, es decir, sólo se está reconociendo la aptitud para que el Departamento de Antioquia conforme la relación jurídico procesal en calidad de demandado.

2. Con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

2.1. Conforme al certificado de defunción, el joven Jhon Freddy Zapata Echeverry falleció el 9 de mayo de 1996, debido a “Shock Traumático con heridas de cráneo y torax por arma de fuego” (fl. 3, cdno. 1).

2.2. En relación con la ocurrencia de los hechos, Alejandro Rojas Mejía, quien para la época de los mismos estudiaba en la Normal Superior de Varones de Medellín, manifestó:

“Pregunta: Sabe usted o le constan las circunstancias en que ocurrió la muerte de este joven Jhon Fredy, en caso positivo haga una exposición amplia al Despacho Contestó: Eso fue el 9 de mayo de 1996 nosotros fuimos a estudiar a la Normal Superior de Medellín, éramos compañeros del colegio y no del grupo, él estaba en noveno y yo en sexto y ese día entramos y vimos un letrero que decía que salíamos a las 4 y 30 de la tarde porque había reunión de profesores entonces él cogió para su salón y yo para el mío entonces en el descanso él y yo no encontramos entonces al ver que salíamos temprano quedamos de ir a jugar maquinitas donde Joaco que queda una cuadra arriba del parque de Villa Hermosa entonces en esos momentos pasó el señor Jhon Fredy Casas e invitó a Jhon Fredy a jugar un partido de fútbol y entonces Jhon Fredy le dijo que no, que él no quería jugar, él había quedado de ir conmigo a las maquinitas y entonces yo quedé de esperarlo en el paradero de los buses de Villa Hermosa entonces al ver que él no llegaba yo me devolví para el colegio y escuche unos disparos entonces todo el mundo corría y yo salí a ver qué era lo que había pasado cuando llegué al colegio yo vi un montón de gente yo llegué y me metí donde estaba la gente y vi a Jhon Fredy en el suelo con los disparos entonces como yo estaba tan asustado y llorando un profesor que nos conocía que sabía que éramos amigos me entregó las pertenencias de él entonces yo salí cogí un bus y subí a la casa de él y le conté a la mamá que había herido a Jhon Fredy al momentico llegó el profesor de Educación Física en el carro de él y bajo a unas tías de Jhon Fredy, al papá y a la hermanita y al hermanito. Pregunta: Sírvase decir si usted sabe quién fue el que causó la muerte de este joven Jhon Fredy Zapata Echeverri? Contestó: Yo lo que oí fue cuando llegué que las compañeras estaban llorando y decían que por qué lo habían matado y entre ellas decían que había sido Jhon Fredy Casas otro compañero de él. Yo conocía a Jhon Fredy Casas como alumno de la normal como compañero de Jhon Fredy Zapata. Pregunta: Sírvase decir si usted se enteró con qué tipo de arma de fuego fue que asesinaron a su compañero Jhon Fredy Zapata Echeverri y de quién era? Contestó: Yo precisamente no sé de que calibre era el arma, era un arma de fuego y como que era del papá de Jhon Fredy Casas, él como que siempre la llevaba al colegio y en el colegio le tenían mucho miedo porque siempre andaba con esa arma de fuego, se la sacaba sin permiso al papá Pregunta: Durante cuánto tiempo fue que este muchacho Jhon Fredy Casas acostumbraba a llevar esa arma de fuego al colegio y si de este hecho tenían conocimiento los profesores o los directores del establecimiento educativo Contestó: Yo no se durante que tiempo él la llevaba, pero casi siempre la llevaba al colegio, los profesores nunca supieron que él llevaba esa arma, sólo los mismos compañeros de él”.

(…)

“Pregunta: Dígale concretamente al Despacho en que lugar vio usted reunida la gente y donde usted abrió paso al oír los disparos y observó tendido a su compañero de colegio y amigo Jhon Fredy Zapata Echeverri. Contestó: Cuando yo llegué él estaba más adentro de la portería de la normal por la parte de Villa Hermosa, cerca a un palo de mango y de la caseta de los celadores. Pregunta: Dígale al Despacho lo más concreto posible qué profesores observó usted de la Normal Superior de Medellín al lado del herido Jhon Fredy Zapata Echeverri cuando usted llegó y lo vio tendido en el piso? Contestó: el que a mí me entregó las cosas se llama Roberto Bustamante y es profesor de Ética, otro de Religión que se llama Libardo Mejía, También había una profesora pero que no recuerdo el nombre y me daba clase de Religión y el Director de la Normal Horacio Mendoza, yo no recuerdo más porque estaba muy asustado ese día. Pregunta: Dígale al Despacho concretamente que jornada le correspondía Jhon Fredy Zapata Echeverri en la Normal de Medellín, al señor Jhon Fredy Casas y a usted. Contestó: Jhon Fredy Zapata Echeverri tenía la jornada de la tarde era de 1 de la tarde a 6 y media, Jhon Fredy Casas tenía la misma jornada y era compañero de Jhon Fredy Zapata en el mismo salón y el mismo curso y la jornada mía era también de 1 a 6 y media de la tarde”. (fls. 74-78, cdno. 1).

De otro lado, el señor Humberto de Jesús Sánchez Valencia señaló:

“Pregunta: indique las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos donde resultó muerto el joven Jhon Fredy Zapata Echeverri? Contestó: Él lo mataron en el colegio normal de varones de Villahermosa, estaba haciendo noveno grado, él se fue a estudiar por la tarde cuando a mi me llamaron al taller que habían matado a Jhon Fredy, en el colegio eso fue el 9 de mayo de 1996, como a las 5 de la tarde pasaditas. Yo me fui para el colegio que quedaba cerquita de donde yo tenía el taller en ese momento, cuando llegué al colegio se lo había llevado una patrulla de la policía para el hospital (clínica de Villahermosa). Cuando llegue no encontré sino el charco de sangre y el tumulto de amigos de él; Pregunta: Se le informó a usted en el colegio que había pasado con su sobrino político? Contestó: Si me informaron, ellos decían que lo había matado Jhon Fredy Casas un pelao del colegio de muy mala reputación, era muy peliador y le tenían miedo, se cree que porque el sobrino de mi señora era muy buen estudiante y el otro muy malosito y le ayudaba a hacer las tareas a las compañeritas el otro le tenía como bronca. Pregunta: Que edad tenía el agresor de su sobrino político? Contestó: la edad no la sé de que era menor de edad, creo que por eso salió rapidito. Pregunta: sabe usted con qué tipo de arma fue ultimado Jhon Fredy Zapata? Contestó: Con un arma de fuego que era dotación del papa que era policía eso lo comentaban entre los compañeros yo no sé y que varias veces había llevado el arma y había amedrentado a los compañeros.

(…)

Pregunta: Dígale al Despacho cuál fue el motivo del cual usted se enteró, que el menor Jhon Fredy Casas tuvo para dispararle con el arma de fuego al fallecido Jhon Fredy Zapata y que a consecuencia de esos impactos falleció? Contestó: Que por no haber ido a jugar un partido de fútbol, afuera del colegio que había dicho Jhon Fredy Casas porque Zapata jugaba también bien el fútbol. Pregunta: Cual fue el motivo para que el fallecido Jhon Fredy Zapata se negara a jugar el partido de fútbol? Contestó: se iba a jugar maquinitas, con un muchacho Alejandro compañero del colegio. Pregunta: Manifieste al Despacho el sitio donde dice usted le fueron impactados los disparos a la ufanidad del fallecido Jhon Fredy Zapata? Contestó: Dentro del colegio (La Normal de Varones de Villahermosa) Pregunta: Dígale al Despacho que hacía Jhon Fredy Zapata, el 9 de mayo de 1996 en la hora en que le fue disparado con arma de proyectil por el señor Jhon Fredy Casas Contestó: Estaba estudiando, llevaba estudiando 4 años. Pregunta: Diga cuál era la jornada de estudio que debía cumplir Jhon Fredy Zapata, para la fecha en que fue herido con los impactos de bala por el Sr Jhon Fredy Casas Contestó: La jornada de la tarde”. (fls. 67-70, cdno. 1).

En el mismo sentido, relató la señora Aura Ligia Echeverry:

“Pregunta: Indique las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos donde resultó muerto el joven Jhon Fredy Zapata Echeverry? Contestó: Nosotros vivíamos en la 71 con la 43, mi esposo trabajaba en la tapicería, cuando nos llamaron a avisarnos que habían matado a mi sobrino. Cogimos un taxi, y nos fuimos a la normal de varones de Villahermosa que lo habían matado allá. Cuando llegamos allá el pelado se lo habían llevado y el murmuro que la gente decía, que Jhon Fredy Casas lo había matado, eso decían los profesores y niños del colegio, le pregunté a un niño que había pasado y me contestó que le había mostrado el revolver en el colegio y que a la salida le daba, y no sabemos más nada cuando llegamos el pelado ya se lo habían llevado.

(…)

Pregunta: Dígale al Despacho cual fue el motivo del cual usted se enteró, que el menor Jhon Fredy Casas tuvo para dispararle con el arma de fuego al fallecido Jhon Fredy Zapata y que a consecuencia de esos impactos falleció Contestó: Solamente decían que habían tenido una discusión por ir a jugar un partido y el pelado dijo que no que se iba a ir a jugar maquinitas, con un pelado Alejandro que dicen en la casa que era el mejor amigo Pregunta: Cual fue el motivo para que el fallecido Jhon Fredy Zapata se negara a jugar el partido de fútbol? Contestó: Se iba a ir a jugar maquinitas con un pelado Alejandro que decían que era el mejor compañero de él. Pregunta: Manifiéstele al Despacho el sitio donde dice usted le fueron impactados los disparos a la humanidad del fallecido Jhon Fredy Zapata? Contestó: Saliendo del colegio o sea de la aula donde estudiaba (la normal de Varones de Villahermosa) Pregunta: Usted donde vio el charco de sangre? Contestó: Dentro del colegio Pregunta: Dígale al Despacho que hacía Jhon Fredy Zapata, el 9 de mayo de 1996 en la hora en que le fue disparado con arma de proyectil por el señor Jhon Fredy Casas Contestó: Estaba estudiando, él estudiaba por la tarde Pregunta: Diga cuál era la jornada de estudio que debía cumplir Jhon Fredy Zapata, para la fecha en que fue herido con los impactos de bala por el Sr Jhon Fredy Casas Contestó: Yo sé que estudiaba por la tarde Pregunta: El sr Jhon Fredy Casas era una persona, que pertenecía también a la jornada de la tarde en dicha institución Contestó: Se que estudiaba por la tarde pero no se si era con él”. (fls. 70-73, cdno. 1).

Finalmente, Mariela Echeverri Upegui relató:

“Pregunta: Sabe usted o le constan las circunstancias en qué ocurrió la muerte de este joven Jhon Fredy Zapata Echeverri, en caso positivo haga una exposición amplia al Despacho. Contestó: Yo sé porque ese día estábamos en la casa de mi hermana Teresa que es la mamá de Jhon Fredy y con mi otra hermana Esperanza, nos enteramos porque un compañero de él vino a avisar que le habían dado un tiro a Jhon Fredy y al momentico llegaron unos profesores para avisarle también a ella, mi hermana Esperanza y yo nos bajamos en el carro de un profesor también el papá, y las dos hermanas y la mamá se quedó en la casa, nos fuimos al colegio a ver qué había pasado y cuando llegamos al colegio llegó la patrulla de la policía lo estaban recogiendo del piso para llevárselo para la clínica El Rosario porque todavía estaba vivo, él como que murió en el camino. El comentario de la gente era que lo había matado un compañero de él que se llama Jhon Fredy Casas. Pregunta: Dígale al Despacho que hacía Jhon Fredy Zapata en la Normal de Varones de Medellín, el día 9 de mayo de 1995 a eso de las 5 o 5 y 30 de la tarde? Contestó: Estaba en el Colegio, él estudiaba de 1 a 6 de la tarde, pero ese día había una cartelera que decía que ese día era jornada hasta las 4 y media porque había reunión de profesores, esto lo supe porque me lo contó Alejandro y nos contó a todos que ese día salían temprano por la reunión de profesores”. (fls. 79-81, cdno. 1).

3. Con las pruebas relacionadas, queda acreditado el daño alegado en la demanda, toda vez que se demostró que el 9 de mayo de 1996, Jhon Freddy Zapata Echeverry murió como consecuencia de un disparo con arma de fuego. Igualmente, con los testimonios transcritos se acreditó que Jhon Freddy Zapata Echeverry se encontraba cerca de un salón de clases de la Escuela Normal Superior de Varones de Medellín, dentro de su horario ordinario, de 1:00 pm - 7:00 pm, cuando un compañero, de nombre Jhon Freddy Casas, le propinó unos disparos con el arma que tenía en su poder.

Para analizar la imputación del demandado a la luz de los hechos que nos ocupan, y teniendo en cuenta que las circunstancias temporales y modales tienen un soporte, en su mayoría, testimonial; de igual forma, comoquiera que varios de los declarantes tienen la calidad de familiares de los demandantes, vale la pena hacer las siguientes precisiones sobre este medio probatorio, para llevar a cabo la valoración pertinente. En ese orden, en materia de la prueba testimonial, y en especial respecto al testigo sospechoso, la doctrina ha sostenido lo siguiente:

“(…) la prueba testimonial, tiene como fundamento la presunción de que el hombre tiende a decir la verdad, a ser sincero, negar esta propensión es negar el fundamento de las pruebas personales y negar que el problema fundamental del hombre es el retorno a sí mismo”(6)

“La prueba testimonial es generalmente la principal… es posible prescindir de la confesión o de los escritos, pero es más difícil prescindir de testigos cuando se quiere saber cómo se desarrollaron los hechos. ‘Los testigos, decía Bentham, son los ojos y los oídos de la justicia’ ”(7)

La prueba testimonial es un medio probatorio que reviste especial connotación en el curso de un proceso, en la medida en que es la prueba por excelencia para acreditar conductas humanas y acontecimientos de la sociedad y de la naturaleza. Por ello se han determinado criterios objetivos de valoración probatoria, como son: la probidad de quien interviene en la prueba, en el que se tiene en cuenta las condiciones personales del testigo, la aptitud en la declaración; la ciencia, relacionados con la fuente de conocimiento del testigo; la credibilidad, que es la conducencia de la declaración; y la concordancia, entendida como la coherencia guardada con los demás medios de prueba(8). Asimismo, el estudio debe hacer un análisis retrospectivo, esto es, al proceso de formación del testimonio, lo cual viene a ser clave para que lo declarado tenga la virtud de acreditar los supuestos de hecho que sirven de fundamento a las pretensiones.

Aplicando este análisis al caso concreto, es menester advertir que los declarantes: Humberto de Jesús Sanchez Valencia, Aura Ligia Echeverry de Correa y Mariela Echeverry Upegui, guardan una relación de parentesco (civil y natural) con los demandantes, y aunque la credibilidad o imparcialidad de los tres se puede comprometer en razón a ese solo motivo, se ha señalado que los vínculos que puedan tener los testigos con las partes del proceso no son óbice, per se, para no valorarlos, y que de hecho la prueba testimonial, regulada de los artículo 208 al 225 del Código General del Proceso (CGP), en concordancia con el artículo 176 del mismo estatuto(9), se rige en cuanto a su apreciación por el principio de la sana critica, de manera que el juzgador, según su buen criterio, le dará o no la credibilidad debida, lo cual aplica, incluso, tratándose de personas que tengan intereses marcados con alguna de las partes. En este sentido señala la doctrina, de manera elocuente:

“El medio radical de impedir los errores consiste en excluir los testimonios que ofrezcan garantías insuficientes. Esto parece sencillo: un testimonio vale esencialmente según la confianza concedida al testigo; si el deponente resulta indigno de ella, ¿no es más seguro descartarlo de golpe? Más, ¿qué testigos son los sospechosos hasta el punto de no quererlos oír? ¿Y cómo determinar, incluso antes de verlos y oírlos, su falta de credibilidad? Para merecer una exclusión total, la incredibilidad debe ser bastante completa, versar sobre todo el conjunto del testimonio, y no solamente sobre cual o tal de sus partes. Ahora bien, sabemos que ese supuesto resulta excepcional, que la mayoría de los errores son relativos o parciales y que hasta las mentiras son con frecuencia compartimentos estancos. La exclusión practicada por anticipado debe, por lo tanto, constituir un procedimiento muy limitado. No por eso hay que dejar de estudiarlos; porque ha formado el principal aspecto negativo del sistema de la prueba legal, mas o menos subsistente en todas las legislaciones”.(10)

No existe norma que ordene al funcionario judicial desechar las declaraciones de quienes tienen alguna relación con una de las partes del proceso judicial. Lo que ocurre es que el juez debe considerar estas circunstancias adecuadamente, y darles el valor que correspondan(11). Esta situación no desacredita a tales testigos, per se, ni la ley procesal descalifica, a priori, al testigo sospechoso, sino que, al tenor del artículo 211, advierte que el juez debe analizarlo “de acuerdo con las circunstancias de cada caso”, lo que significa que debe examinarlo con mayor cuidado, pero puede merecerle plena credibilidad. En efecto, nada obsta para que en el presente caso se aplique la regla de la sana crítica, establecida en el artículo 176 del Código General del Proceso, en la apreciación de la declaración de los señores Humberto de Jesús Sánchez Valencia, Aura Ligia Echeverry de Correa y Mariela Echeverry Upegui.

Así las cosas, en el caso sub lite se tiene que los testimonios de los señores Humberto de Jesús Sánchez Valencia, Aura Ligia Echeverry de Correa y Mariela Echeverry Upegui ofrecen confiabilidad; sus versiones se presumen ciertas, los hechos que relatan y las circunstancias que describen pueden ser tenidas en cuenta, además, no fueron desvirtuadas, ni su dicho fue tachado de sospechoso o falso(12). En ese orden, al confrontar su declaración en conjunto, es decir, con las demás pruebas que obran en el proceso, en especial con el testimonio del menor Alejandro Rojas Mejía, se concluye que existe coherencia temporal, espacial y modal, en la medida en que las mismas apuntan a una causa de acontecimientos compartida, aun teniendo sus relatos un soporte real temporal posterior a los acontecimientos, es decir, lo presenciado por ellos solo fue con posterioridad al homicidio del menor, y parte de sus afirmaciones obedecen a lo oído de los demás miembros del plantel educativo; no obstante, al margen del origen de oídas que pueda tener parte de sus relatos, al ser valorados como un todo probatorio, conservan sintonía con el resto de medios, lo cual le otorga credibilidad al contenido de las declaraciones. Obsérvese que los cuatro relatos conforman un tronco común de sucesos, en otras palabras, a nivel circunstancial se encuentra una conexión de dichos que permiten estructurar el orden y modo de los acontecimientos, el lugar de los mismos, su tiempo de ocurrencia, la modalidad de las conductas desplegadas y el sujeto activo de las mismas.

Todos coinciden en que la muerte del menor Jhon Freddy Zapata Echeverry tuvo lugar dentro de las instalaciones de la Escuela Normal de Varones de Medellín, en las horas de la tarde, cerca al momento de la salida; que el delito fue cometido por otro miembro de la institución, Jhon Freddy Casas (compañero de clases); que momentos antes había conversado con su amigo Alejandro Rojas Mejía, y este último, al momento de irlo a buscar, presenció a su compañero herido en el suelo, y de inmediato dio aviso a los padres y demás familiares. En consecuencia, del análisis del acervo probatorio no queda duda de que Jhon Freddy Zapata Echeverry, al momento de su muerte estaba dentro de las instalaciones del centro educativo, recibiendo clase(13.), de allí que al tener la calidad de estudiante(14)de esa institución se encontraba bajo la responsabilidad y cuidado del referido plantel.

Sobre este punto, concerniente al deber de cuidado que pesa sobre las instituciones que prestan el servicio público de educación, vale decir que este imperativo obedece a razones de tipo subordinario y de garantía, en el entendido de que quien asume el proceso educativo adquiere, automáticamente, y por vía Constitucional y Legal, la obligación de velar por quienes acuden a ese proceso, teniendo en cuenta que, por regla general, se trata de menores de edad inmersos en la búsqueda del conocimiento, los que por esa sola razón ameritan un grado especial de protección, en otras palabras, dado que el proceso formativo abarca, en principio, a la niñez y a la juventud, quienes dirijan ese recorrido, deben, además de cultivar en los destinatarios los saberes propios según los estándares educacionales, proteger la vida e integridad física de los mismos, la cual puede verse perturbada por razones propias de interacción o por otros eventos adversos. En razón a esa exposición social, y a la subordinación existente entre los menores y los educadores o directivas, se genera una posición de garantía, por lo tanto el prestador del servicio está obligado a asumir el rol de garante de los derechos de quienes están bajo su custodia y cuidado.

Sobre el deber de custodia de los establecimientos educativos y la posición de garante que ostentan respecto de los alumnos, la Corporación tiene por establecido:

“El artículo 2347 del Código Civil, establece que ‘toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado’.

“Así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso.

“La custodia ejercida por el establecimiento educativo debe mantenerse no sólo durante el tiempo que el alumno pasa en sus instalaciones, sino también durante el que dedica a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovidas por éste, incluyendo paseos, excursiones, viajes y demás eventos tendientes al desarrollo de programas escolares.

“El deber de cuidado surge de la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno, pues el primero, debido a la posición dominante que ostenta en razón de su autoridad, tiene no sólo el compromiso sino la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente.

“Sobre este tema, la doctrina ha dicho:

“Para encontrarse en condiciones de reprochar una falta de vigilancia al demandado, la víctima debe probar que aquél soportaba esa obligación de vigilancia en el momento preciso de la realización del daño... La obligación de vigilancia se extiende incluso a las horas consagradas al recreo y a los paseos; comienza desde que el alumno queda autorizado para entrar en los locales destinados a la enseñanza y cesa desde el instante en que sale de ellos, a menos que el profesor se encargue de la vigilancia de los alumnos durante el trayecto entre el colegio y la casa; subsiste también aunque no sea ejercida efectivamente, si el profesor se ausenta sin motivo legítimo”(15).

“Agréguese a lo dicho que si bien dentro de las nuevas tendencias pedagógicas, la educación que se imparte en los colegios debe respetar ciertos parámetros de libertad y autonomía, ello no obsta para que se adopten las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la integridad física de los alumnos, respetando desde luego la independencia que se les otorga.

“Este deber encuentra su fundamento en la protección que debe brindarse al alumno, no sólo respecto de los daños que éste pueda causarse a sí mismo, sino también de los que pueda ocasionar a los demás.

“El centro educativo se erige en garante y adquiere la obligación de responder por los actos del educando que pudieran lesionar derechos propios o ajenos, es decir, que la obligación de cuidado de los maestros con respecto a los alumnos origina responsabilidad de los centros educativos y de los mismos maestros por cualquier daño que los alumnos puedan llegar a causar o sufrir, aunque aquellos pueden exonerarse de responsabilidad si demuestran que actuaron con absoluta diligencia o que el hecho se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima.

“Así lo establece el inciso final del artículo 2347 del Código Civil: 'Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho'.

“Debe advertirse que el deber de vigilancia de los centros educativos por los daños que causen o puedan sufrir los alumnos, es inversamente proporcional a su edad o capacidad de discernimiento, es decir, es mayor frente a alumnos menores o con limitaciones físicas o sicológicas, pero será más moderado en relación con alumnos mayores de edad. Es decir, aunque los centros educativos mantienen el deber de seguridad y cuidado sobre todos los alumnos, es claro que entre más avanzada sea la edad de los mismos, mayor libertad de decisión deberá concedérseles y por lo tanto, el deber de vigilancia se mantendrá para advertirles del peligro, prohibirles el ejercicio de actividades que puedan representarles riesgos y rodearlos de todas las medidas de seguridad aconsejables.

“No obstante, sin consideración a la edad de los alumnos, las entidades educativas responderán por los daños que se generen como consecuencia de los riesgos que ellas mismas creen en el ejercicio de las actividades académicas, sin que le sea exigible a los alumnos y padres asumir una actitud prevenida frente a esas eventualidades, en razón de la confianza que debe animar las relaciones entre educandos, directores y docentes. Así por ejemplo, los establecimientos educativos y los docentes responderán por los daños que se cause en ejercicio de una práctica de laboratorio, cuando el profesor encargado de la clase confunda sustancias químicas y ocasione una explosión en la que muere o resulta lesionado el alumno que las manipulaba. En este caso, es evidente la responsabilidad de la institución educativa y del docente, pues es éste quien posee la instrucción académica necesaria para hacer seguras dichas prácticas, sin que sea exigible a los alumnos y padres cerciorarse previamente de la corrección de tales prácticas.

“En oportunidades anteriores, la Sala ha deducido la responsabilidad de los centros educativos por la falta de vigilancia sobre los alumnos, aún en la realización de actividades recreativas, cuando no se extreman las medidas de seguridad para evitar el peligro que éstos puedan sufrir. No obstante, en esas decisiones se ha reconocido que, inclusive en relación con alumnos menores de edad hay lugar a analizar si su conducta contribuyó igualmente a la realización del daño, para disminuir el valor de la indemnización”.

“(…)”(16)

En similares términos, la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del 23 de agosto de 2010, señaló:

“La responsabilidad de los centros educativos puede resultar comprometida a título de falla cuando se producen accidentes que afectan la integridad física de sus alumnos, por hechos originados como consecuencia de un descuido o negligencia de los directores o docentes encargados de custodiarlos, situación que puede ocurrir no sólo dentro de las instalaciones del plantel educativo sino fuera de él, como por ejemplo durante el tiempo destinado a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovidas como parte del desarrollo integral de programas escolares. Es indudable que el deber de vigilancia y cuidado se origina en el ámbito de la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno, toda vez que el primero, debido a la posición dominante que ostenta en razón de su autoridad, tiene no sólo el compromiso sino la responsabilidad ineludible de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente y alejado de los patrones normales de comportamiento que debe observarse en todo momento, de tal suerte que el centro educativo se convierte en garante y adquiere la obligación de responder por los actos del estudiantado que pudieran lesionar derechos propios o ajenos.

“En relación con este aspecto, la Sala, de tiempo atrás, ha tenido oportunidad de pronunciarse en otras ocasiones, para reafirmar que a las autoridades educativas les asiste un deber de protección y cuidado de los alumnos que se encuentran a su cargo, de tal suerte que se garantice su seguridad y se vigile su comportamiento con miras a evitar la producción de daños propios o ajenos, deber que surge simple y llanamente porque los estudiantes se encuentran bajo la tutela de los directivos y docentes durante su permanencia en las instalaciones educativas o con ocasión de su participación en actividades afines de tipo académico, cultural o recreativo organizadas por sus directivas, dentro o fuera de las mismas.

“(...)”(17)

Los pronunciamientos transcritos muestran una línea unánime al interior de la Corporación, en tanto se evidencia un recorrido unísono y consolidado acerca de la responsabilidad de los establecimientos educativos por daños antijurídicos ocurridos a quienes se encuentran bajo su dirección y cuidado. Se itera, en tratándose de estos eventos, el título de imputación por excelencia es el de la falla del servicio, por el desconocimiento del deber de custodia y cuidado que pesa sobre todo establecimiento que imparta el servicio de educación. Este tipo de responsabilidad, cuyo punto de partida normativa es el artículo 2347 del Código Civil, dimensiona una doble connotación, es decir, abarca dos esquemas que le dan origen: por un lado, la responsabilidad indirecta por hechos cometidos por personas a su cargo, que se entiende por aquel deber de determinadas personas (padres, guardadores, directores de colegios), de responder por las actuaciones de quien se encuentra bajo su dependencia y cuidado, y por el otro, la que surge ante una omisión que quebranta la garantía de cuidado sobre quienes están bajo su custodia y subordinación. En el primer caso se responde por el sujeto activo de la conducta; en el segundo, por el afectado con el hecho (sujeto pasivo), ambos encontrados bajo la custodia y cuidado del mediato responsable. Con ello no se dota de objetividad a este tipo de responsabilidad, en tanto el eje teórico que irradia este tópico sólo se explica a partir de desconocimiento a contenidos obligacionales, es decir, se requiere una violación a un deber preexistente, obligación que tiene escenarios de conductas positivas (protección, vigilancia, control), y cuya infracción tiene lugar por un dejar de hacer (omisión), lo que marca el surgimiento de responder, como sucedió en el caso sub exámine.

En este orden de ideas, la Escuela Normal de Varones de Medellín, dirigida y administrada por el Departamento de Antioquia, tenía a cargo la vigilancia, cuidado y seguridad de los estudiantes, especialmente de los que se encontraban dentro de sus instalaciones, en efecto, ese deber de custodia se desprende, como se dijo anteriormente, de la relación de subordinación existente entre los docentes y los alumnos; de allí que los daños causados a estos últimos le son imputables al centro estudiantil, lo cual es extendido al ente territorial demandado, en tanto, se insiste, es garante(18) de la vida e integridad de los estudiantes a su cargo.

En el asunto sub examine, se acreditó la falla del servicio de la Administración, en tanto que el menor Jhon Freddy Zapata Echeverry murió cuando se encontraba dentro del plantel educativo Normal Superior de Varones de Medellín por la acción violenta de otro compañero de la institución, quien le propinó varios disparos en su humanidad. La falta de seguridad y control en las instalaciones educativas permitió que otro estudiante, haciendo uso irresponsable de un arma de fuego, hiriera mortalmente a su compañero, circunstancia que para la Sala configura un inexcusable descuido de quienes omitieron el deber de vigilancia y cuidado de los alumnos que se encontraban dentro de la Normal Nacional de Varones de Medellín.

El Tribunal de primera instancia consideró, acogiendo los argumentos de uno de los demandados, que no había posibilidad a estructurar una falla del servicio en tanto las directivas del colegio no estaban en la obligación de ejercer vigilancia y control de armas de fuego en la institución por tratarse ésta de un lugar de formación y no de reclusión, es decir, se entendió que por ser una institución educativa quienes estaban a cargo de la misma no tenían el deber de ejercer control sobre el estudiantado, en tanto se trataba de personas que acudían a esas instalaciones por motivos de crecimiento intelectual y humano, lo cual descartaba una sospecha o premonición de la comisión de un delito. La Sala, por el contrario, considera que esto no es suficiente para exonerar a la institución de los deberes que su posición de garante le imponía respecto de los estudiantes. Los Centros educativos, si bien albergan en sus aulas a niños y jóvenes en proceso de formación, no es óbice para que en el proceso educativo, y en medio de la interacción social (clases, eventos culturales y deportivos), dado el espíritu dinámico y emocional que los caracteriza como menores de edad, se presenten eventos de notoria violencia, como sucedió con el suceso en el cual perdió la vida uno de los estudiantes, de ahí que el control, la vigilancia y la protección de los educandos vienen a constituir una obligación constante y de la esencia de este servicio público, y no excepcional o circunstancial, como fue establecido por el a quo.

Se insiste, no hay duda que la institución educativa era garante de la seguridad del menor Jhon Freddy Zapata Echeverry, de allí que al desconocer los deberes que su posición le imponía, le es imputable, a título de falla del servicio, el daño alegado en la demanda.

Ahora bien, como se estableció con anterioridad, en la época en que sucedieron los hechos el Departamento de Antioquia tenía obligaciones y deberes respecto del Colegio Normal Superior de Varones de Medellín (hoy Escuela Normal Superior de Medellín), y será a esta entidad la condenada por el daño causado, mientras que a la Policía Nacional se le exonerará de los cargos imputados, toda vez que no existe material probatorio alguno que vincule su responsabilidad.

4. Liquidación de Perjuicios

4.1. En relación con el perjuicio moral, los demandantes solicitaron el equivalente de 2.000 gramos oro para cada uno, al momento de presentarse la demanda.

La Sala, de manera reiterada, ha señalado que este tipo de daño se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad, en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral.

Ahora bien, con el fin de unificar los parámetros bajo los cuales debía tasarse esta clase de perjuicio y para garantizar el derecho a la igualdad, la Sección, en sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, estableció una serie de reglas que deben tenerse en cuenta y fijó los montos a indemnizar, según el supuesto de hecho que dio origen al daño, distinguiéndose si se trataba de un evento de muerte[1], lesiones físicas o psíquicas[2], privación injusta de la libertad[3] o graves violaciones de derechos humanos[4], evento en el que es posible reconocer un monto superior al establecido por la jurisprudencia, cuando se demuestre que el daño moral reviste mayor intensidad y gravedad y siempre y cuando el monto total de la indemnización no supere el triple de los montos indemnizatorios señalados para los demás supuestos. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño. Además, como característica sui generis en el marco de graves violaciones a los derechos humanos, también se permite mutar la categoría o nivel en la que se encuentra el demandante, según las pruebas y la gravedad de la violación.[5]

Sin embargo, es regla común a todos los supuestos la división de los demandantes en cinco categorías o grupos, de acuerdo con su cercanía a la víctima directa, así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno - filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables).

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos).

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados).

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además de la prueba del parentesco se requiere la prueba de la relación afectiva y, finalmente, para el nivel 5 deberá acreditarse la relación afectiva.

Ahora bien, para los eventos en los que el daño se traduce en la muerte, se establecieron los siguientes montos: nivel 1, le corresponde el 100% del tope indemnizatorio, es decir, 100 smlmv; nivel 2, le corresponde el 50% del tope indemnizatorio, o sea, 50 SMLMV; nivel 3, le corresponde el 35% del tope indemnizatorio, esto es, 35 smlmv; nivel 4, le corresponde el 25% del tope indemnizatorio, es decir, 25 smlmv; y nivel 5, le corresponde el 15% del tope indemnizatorio, o sea, 15 smlmv.

En el sub examine, Jhon Freddy Zapata Echeverry era hijo de: Luis Javier Zapata Yepez y Teresa de Jesús Echeverre; y hermano de: Celsa Inéz Zapata Echeverri, Claudia Patricia Zapata Echeverri, Carlos Mario Zapata Echeverri y Pablo Emilio Zapata Echeverri, según dan cuenta los registros civiles de matrimonio, bautizo y nacimiento, visibles de folios 4 - 9 y del 16 al 21 del cuaderno principal.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta (i) la naturaleza y la gravedad del perjuicio, y (ii) los máximos porcentajes reconocidos por la jurisprudencia como compensación al dolor en situaciones extremas de pérdida de un ser querido, se asignarán los porcentajes, para cada uno de los demandantes, en los valores que se indican a continuación:

Luis Javier Zapata Yépez (Padre) 100 smlmv

Teresa de Jesús Echeverre (Madre) 100 smlmv

Celsa Inéz Zapata Echeverri (Hermana) 50 smlmv

Claudia Patricia Zapata Echeverri (Hermana) 50 smlmv

Carlos Mario Zapata Echeverri (Hermano) 50 smlmv

Pablo Emilio Zapata Echeverri (Hermano) 50 smlmv

4.2. En relación con la indemnización por concepto de lucro cesante, solicitada para la madre, obran varios testimonios que señalan que Jhon Freddy Zapata ayudaba en labores con animales domésticos en sus tiempos libres, (fls. 105 a 109, cdno. 1), sin embargo, no se puede desconocer que se presume que una vez cumpliera la mayoría de edad iniciaría su vida laboral y recibiría como remuneración el salario mínimo legal mensual vigente.

En ese orden, la situación descrita en el párrafo anterior y del conjunto probatorio, es constitutiva de un hecho cierto, que se erige como el suficiente para sustentar la presunción desarrollada por la Sala del ejercicio actividad económica de quien llegaría a la mayoría de edad, y con ello, se justifica la ayuda a los padres hasta que cumpliera los 25 años.

Por lo anterior, se realizará la liquidación teniendo como base el salario mínimo legal mensual vigente(19), esto es, $644.350, adicionado en un 25% correspondiente al valor de las prestaciones sociales, menos otro 25% relativo a los gastos personales de la víctima, y la suma obtenida corresponde a la renta actualizada, $604.078, la cual será divida por cada uno de los padres, dando un valor de $302.039.

La indemnización a que tienen derecho comprende solamente un período: el vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que el joven fallecido cumpliría la mayoría de edad hasta los 25 años(20), para un total de 84 meses.

Liquidación de la indemnización debida o consolidada de la señora Teresa de Jesús Echeverry Upegui:

S = Ra(1+ i)n - 1
i

S = $302.039(1+ 0.004867)84 - 1
0.004867

S = $ 31.250.273

Liquidación de la indemnización debida o consolidada del señor Luis Javier Zapata Yepes:

S = Ra(1+ i)n - 1
i

S = $302.0390(1+ 0.004867)84 - 1
0.004867

S = $ 31.250.273

Así las cosas, por concepto de lucro cesante, para la señora Teresa de Jesús Echeverry Upegui, se obtiene un valor total de $ 31.250.273. El mismo valor se le dará por ese concepto al padre, Luis Javier Zapata Yepes.

4.3. Finalmente, respecto al daño emergente solicitado por el señor Luis Javier Zapata Yepes, por concepto de los gastos funerarios, en el expediente obra factura a su nombre por un valor de $870.000 (fl. 26, cdno. 1) y una constancia de la Funeraria Santa Lucía que prueba que fue él la persona encargada de estos gastos (fl. 27, cdno. 1); por lo tanto, se entiende debidamente acreditado este rubro y se concederá una vez se actualice con la siguiente fórmula:

Va = $870.000118,15 (índice final) (Dic. de 2014)= $2.918.527
35,22 (índice inicial) (mayo de 1996)

Así las cosas, la indemnización por daño emergente que le corresponde a Javier Zapata Repes, es de $2.918.527

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia proferida el 13 de octubre de 2004, por la Sala Novena de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. Declárase al Departamento de Antioquia patrimonialmente responsable por la muerte de Jhon Fredy Zapata Echeverry.

3. Condénase al Departamento de Antioquia, a pagar, a las personas que a continuación se relacionan, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

Teresa de Jesús Echeverry Upegui: 100 smlmv

Luis Javier Zapata Yepes: 100 smlmv

Celsa Ines Zapata Echeverry: 50 smlmv

Claudia Patricia Zapata Echeverry: 50 smlmv

Carlos Mario Zapata Echeverry: 50 smlmv

Pablo Emilio Zapata Echeverry: 50 smlmv

4. Condénase al Departamento de Antioquia, a pagar, a Teresa de Jesús Echeverry Upegui y a Luis Javier Zapata Echeverry, por concepto de lucro cesante, la suma de treinta y un millones doscientos cincuenta mil doscientos setenta y tres mil pesos ($ 31.250.273) a cada uno.

5. Condénase al Departamento de Antioquia a pagar, a Luis Javier Zapata Yepes, por concepto de daño emergente, la suma de dos millones novecientos dieciocho mil quinientos veintisiete pesos ($2.918.527).

6. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

7. Dése cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.

9. En firme esta providencia vuelva el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase»

(3) Ley 60 de 1993. "ART. 15.-Asunción de competencias por los departamentos y distritos. Los departamentos y distritos que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 14 en el transcurso de cuatro años, contados a partir de la vigencia de esta ley, recibirán mediante acta suscrita para el efecto, los bienes, el personal, y los establecimientos que les permitirán cumplir con las funciones y las obligaciones recibidas. En dicha acta deberán definirse los términos y los actos administrativos requeridos para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones a cargo de la nación y las entidades territoriales respectivas.

"Mientras las entidades territoriales no satisfagan los requisitos previstos en el artículo 14 y conforme al principio de subsidiariedad, la administración de los recursos del situado fiscal se realizará con la intervención técnica y administrativa de la Nación por intermedio del respectivo Ministerio, en los Fondos Educativos Regionales para el caso de Educación. En el caso de Salud, a través de las modalidades y mecanismos existentes, u otros mecanismos que el Ministerio de Salud establezca, ya sea directamente o mediante contratos con otras personas jurídicas. Igualmente, en este evento el Gobierno determinará las condiciones y los términos en los cuales se prestarán los respectivos servicios con cargo al situado fiscal.

"El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos y demás formalidades necesarias para obtener la certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 de la presente ley".

(4) Certificación del 14 de agosto de 2014, expedida por la Secretaría de Educación de Antioquia. Folio 169, cdno ppal. Apelación.

(5) El artículo Primero de la mencionada resolución dispuso: “Aprobar la reestructuración como Escuelas Normales Superiores de las siguientes escuelas Normales del Departamento de Antioquia: (…) Escuela Normal Nacional de Varones del Municipio de Medellín”. (fl. 195 del cdno ppal. Apelación).

(6) Parra Quijano, Jairo. Tratado de la Prueba Judicial. Ediciones Librería El Profesional. Bogotá. 1982. Pág. 29.

(7) Gorphe, François. La apreciación judicial de las pruebas. Editorial La Ley. Buenos Aires. 1967. Pág. 367

(8) En este sentido. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Mayo 5 de 1999. Expediente 4978 M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles.

(9) Ley 1564 del 2012. Código General del Proceso. ART. 176.—Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

(10) Gorphe, Francois. De la Apreciación Judicial de las Pruebas. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires, 1955. Pág. 412.

(11) En esa misma línea, continúa el autor en comento: “Aquí, como en los demás aspectos de la apreciación de las pruebas, la reglamentación legal, por fundada que pareciese estar, nunca da más que un resultado muy limitado, y a menudo resulta contraproducente. En primer término, sólo puede operar de forma negativa, por vía de eliminación. Ahora bien, de ese modo sólo se pueden eliminar algunos casos típicos de testimonios sospechosos; para intentar ser mas o menos completo, ¿qué lista sería necesaria? Esto ya lo hemos visto en ciertas tentativas de legislaciones antiguas. Si se debiesen descartar todos los testimonios sobre los que hubiera sospechas, ¿qué quedaría en algunos casos? a la inversa, se corre el peligro de descartar buenos testigos. No se podría fijar a priori una noción tan compleja y variable como la de la credibilidad o incredibilidad, que depende de múltiples factores y comporta numerosos grados. La división de testigos en buenos y malos es, fuera de los casos extremos, superficial y artificial. Las declaraciones lo mismo que los documentos, no forman generalmente un todo indivisible y de igual valor: el tamiz de la crítica de aplicarse principalmente a su contenido para retener lo que merece confianza, rechazar lo sospechoso y dejar en suspenso lo incierto. Son muy pocas las deposiciones que no contienen una parte de verdad, que no son utilizables..”. (Ibídem. Págs. 426 y 427)

(12) Artículo 217 del CPC “Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”
Artículo 218 del CPC “Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a estos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindirá de toda otra prueba.
“Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del cual se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha en la audiencia, y si encuentra probada la causal, se abstendrá de recibir la declaración.
“El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.

(13) De acuerdo al certificado expedido por la Escuela Normal Superior de Medellín, del 4 de abril de 1998, el joven Jhon Freddy Zapata Echeverry estuvo matriculado en la Institución desde el año 1993 hasta 1996. Asimismo, se informa que para el día 9 de mayo de 1996, se encontraba en el establecimiento, y cumplía el horario comprendido entre la 1:00 pm y las 7:00 pm, junto con su compañero Jhon Freddy Casas. (fl. 24, cdno.1).

(14) Acreditado en el registro de matrícula del 26 de enero de 1996 para cursar el año escolar. (fl. 22, cdno.1)

(15) Nota original de la sentencia citada: Mazeaud Tunc. Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1977, primer tomo, volumen II, pág. 545.

(16) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 7 de septiembre de 2004, Expediente 14.869 C.P. Nora Cecilia Gómez Molina.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de agosto de 2000, Expediente 18.627, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez.

(18) “Por posición de garante debe entenderse aquélla situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho...
“Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley —en sentido material— atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2007, Expediente 15.567, C.P. Enrique Gil Botero.

(19) Se utilizará el salario mínimo legal mensual para el año 2015 ($644.350), toda vez que el vigente para la fecha en que el occiso cumpliría la mayoría de edad -—9 de mayo de 1997— $172.000, actualizado a la fecha —$486,516,64— es menor que el actual.

(20) Se indemnizará hasta los 25 años del occiso —24 de mayo de 2004—, toda vez que se supone que hasta ese momento se haría cargo económicamente de sus padres. Según registro de nacimiento que obra a folio 4 del cdno 1, el joven Jhon Freddy Zapata Echeverry nació el 24 de mayo de 1979.