Sentencia 1998-01185 de agosto 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad. 19001233100019980118501(26820)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: María Gloria Montoya y otros

Demandado La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional

Bogotá D. C., veintinueve de agosto de dos mil trece

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Jurisdicción y competencia

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 28 de noviembre de 2002, por cuanto la pretensión mayor excede la cuantía mínima exigida para que proceda la doble instancia ante esta Corporación, en aplicación del Decreto 597 de 1988, vigente en la época de presentación de la demanda(1).

2. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala establecer si en el sublite cabe imputar al Ejército Nacional los perjuicios ocasionados por la muerte de los señores Suárez Zúñiga y Narváez Urcuqui. Para lo anterior la Sala deberá examinar si se trató de un operativo militar, en el que los efectivos habrían actuado en legítima defensa, como alega la parte demanda. En caso afirmativo, será preciso examinar si la defensa invocada tiene fuerza exonerativa total o parcial, para lo cual será menester detenerse en la acción y sus límites. Y así mismo establecer si, como la demandante lo asegura, se está frente a un caso de ejecución extrajudicial.

3. Hechos y circunstancias acreditados 

3.1 Hechos relativos a las circunstancias familiares, económicas y profesionales de los señores Rafael Emilio Suárez Zúñiga y Diego León Narváez Urcuqui 

3.1.1 Está probado que el señor Rafael Emilio Suárez Zúñiga era hijo de Rafael Emilio Suárez Bustamante; nieto de Gala Bustamante, hermano de Ana María, Martín Rafael y Jairo César Suárez Granados, cónyuge de Zulma Ligia Piamba Pino y padre de los menores David Esteban Suárez Piamba y Duván Camilo Suárez Montoya (copia auténtica de los registros civiles de nacimiento y matrimonio obran a folios 25 a 27, y 34 a 36 del c. 7 y f.. 18 c. 1. Copia auténtica de la sentencia del Juzgado Primero de Familia de Popayán que declara la filiación en los f 78 a 114).

3.1.2 Está probado que los señores José Joaquín Silva Francoise y Elvia Rosa Suárez de Silva trataron al señor Rafael Emilio Súarez Zúñiga públicamente como su hijo y que el mismo mantenía con éstos un vínculo afectivo de carácter filial. Expuso la señora Claribeth Pino ante el a quo:

“Preguntado: Sírvase manifestar si usted conoce a José Joaquín Silva Francoise y Elvia Rosa Suárez de Silva. En caso afirmativo, qué relación existía con el señor Rafael Emilio Suárez Zúñiga:

Contestó: Si no estoy mal son los papás, la señora Rosa llamaba a la casa pero pues yo no la conocí, fue por teléfono, directamente no.

Por otra parte, no se puede pasar por alto el hecho de que en la hoja de servicios del agente Suárez Zúñiga, la señora Eliva Rosa Suárez aparezca señalada como madre (f. 112 c. 2).

Resalta la Sala que, aunque no existe prueba directa de la relación de Luisa María, Maury Estella y Lucy Patricia Suárez con el fallecido, se conoce que son hijas de José Joaquín Silva Francoise y Rosa Elvia Suárez de Silva (f. 30 a 2 c. 7 ) por lo que, con base en las reglas de la experiencia y la semejanza de las edades de éstas y el occiso (dos años de diferencia), la Sala tendrá por cierto el lazo afectivo cercano que los unía y así mismo su dolor por su muerte.

3.1.3. Está probado que el Señor Rafael Emilio Suárez Zúñiga era miembro de la Policía Nacional, tal como se evidencia en la constancia que el Departamento de Recursos Humanos de la Policía Nacional remitió al Tribunal Administrativo del Cauca el día 13 de febrero de 2013. En ella se lee:

En atención a oficio del asunto de fecha 10 de diciembre de 2002. Ref. (Oficio No 7332 GEHM. Redi No. 1998118500, comedidamente me permito informar al Despacho, que consultada la base de datos de este grupo el señor AG Rafael Emilio Suárez Zúñiga, figura adscrito al departamento de Policía del Cauca” (f. 209, c. 2).

La vinculación del señor Suárez Zúñiga se establece también en la hoja de servicio No 85453370 a cuyo tenor el mismo devengaba la suma de $832.241 mensuales.

3.1.4 Está acreditado que el señor Diego León Narváez Urcuqui era hijo de Aura Urcuqui, hermano de Isleni y de Dilmer Arnubio Narváez Urcuqui, padre de Laura Marcela y Ricardo León Narváez Muñoz y nieto de Otilia Urcuqui Bolaños (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento, fl 19 a 27 del c. 5).

La calidad de compañera permanente de la señora Afra Marina Muñoz se acredita por el hecho de que ésta figura como cónyuge, en el registro de defunción del señor Narváez Urcuqui y se refuerza por indicios como lo son el hecho de ser madre de los dos hijos menores de la víctima y haber presentado una misma demanda con la madre, hermanos e hijos del occiso, indicativo de que no resulta extraña al grupo familiar y que sus integrantes la reconocen según la calidad alegada.

3.1.5 Se sabe que el señor Diego Narváez Urcuqui laboraba, pero no es posible tener certeza de dónde lo hacía y de la cuantía de sus ingresos. En efecto, aunque en el expediente se encuentran constancias laborales expedidas por Producciones Cadena y el Almacén Agropecuario La Granja (las dos fechadas el seis de octubre de 1998), las mismas resultan contradictorias con la afirmación de su hermano, el día del levantamiento del cadáver, según la cual la víctima se desempeñaba como agricultor.

3.2. Hechos relativos al operativo en el que resultaron muertos los señores Suárez Zúñiga y Narváez Urcuqui 

Dado que en el caso sublite se discute la legitimación y la proporción de la actuación de los miembros del Ejército Nacional dentro del contexto de un operativo dirigido a combatir la piratería terrestre, la Sala analizará minuciosamente cada uno de los elementos probatorios relativos a la planeación y el desarrollo de la consabida operación, con el objeto de reconstruir lo ocurrido, hasta donde resulte posible.

3.2.1. Relación de los medios de prueba relativos a la preparación del operativo y la información que lo motivo 

3.2.1.1. Pruebas documentales 

a) Informe de Inteligencia de marzo 13 de 1998, suscrito por el CT Frankiln Gómez Gómez

En la fecha arriba mencionada, sin que se conozca la hora, el CR Frankilin Gómez Gómez remitió al Teniente Coronel Enrique Luis Cotes Prado, comandante del Batallón José Hilario López, un informe de inteligencia en el que se da cuenta de la actuación de una banda de piratas terrestres y la alta posibilidad de que estos atacaran en la madrugada del día 14. En este documento se solicita autorización para llevar a cabo una operación, en contra de los presuntos delincuentes:

Con el presente me permito dar a conocer al señor Teniente Coronel Comandante del Batallón de Infantería No 7 Gral José Hilario López, informaciones Eval C-3 de fuente humana en relación a la comisión de un hecho delictivo en jurisdicción del municipio de Popayán así:

De acuerdo a (sic) la fuente, delincuentes con vínculos directos a las Milicias Bolivarianas han planeado ejecutar a partir de la fecha al parecer un asalto (sic) a un vehículo indeterminado que transporta valores en la ruta Popayán-Cali sobre la vía Panamericana. Estos actos se pretenden realizar simulando un retén, empleando para el efecto los elementos que se encuentran ubicados a la altura del sitio la Cabuyera, vereda Río Blanco municipio de Popayán y que son utilizados en la reparación de la vía Panamericana que se hace sobre este sector. Así mismo señala la fuente que estos delincuentes tienen nexos con la cuadrilla LX y con las Milicias Bolivarianas de la ONT-FARC que delinquen en el área urbana de la ciudad de Popayán que ya han realizado atracos y asaltos en diferentes oportunidades y sitios, y que son de alta peligrosidad; para tales hechos emplean armas largas (fusiles Galil, subametralladoras), así como armas cortas (pistolas, revólveres) y granadas de fragmentación; también se conoce que estos delincuentes se transportarán al sitio en uno o dos vehículos, de los cuales no se saben detalles y que el hecho se realizará en horas de la madrugada entre las 03:00 y las 05:30 horas aproximadamente.

Por estas razones, me permito solicitar a mi Comandante se realice una operación militar sobre este sector a fin de contrarrestar estas actividades delincuenciales, máxime si se tiene en cuenta el alto índice de piratería terrestre que viene afectando a la ciudadanía, en las diferentes vías de la jurisdicción en especial al gremio de comerciantes y transportadores (f. 397, c. 3).

b) Orden fragmentaria de operaciones No 009 CORCEL de 13 de marzo de 1998 a las 18:00 horas 

Consta así mismo en el expediente copia de la orden fragmentaria de operaciones No 009, en la que se señalan los objetivos y el modo de proceder en la misión proyectada.

La orden se transcribe a continuación:

“Orden fragmentaria de operaciones No. 009 Corcel.

Referencias: Carta Departamento del Cauca escala 1:50.000

1. Situación.

a. Enemigo.

Bandoleros integrantes de milicias bolivarianas y/o delincuencia común, vienen adelantando actividades delincuenciales en el municipio de Popayán, como secuestros, extorsiones a campesinos y comerciantes de la región, asaltos a vehículos en la vía Panamericana e intimidando a las autoridades locales, perturbando de esta forma la paz y tranquilidad de la región.

b. Propias tropas

Pelotón antiterrorista urbano

c. Agregaciones

Omitido

d. Segregaciones

Omitido

2. Misión

El Batallón de Inf. No. Gral. José Hilario López a partir del 140200-mar-98, con el empleo de una escuadra del pelotón antiterrorista urbano, al mando del señor CP Arguello Mendoza Reinaldo, efectúa movimiento táctico desde el Batallón hasta proximidades de la vereda La Cabuyera, para emboscarse sobre la vía Panamericana con el fin de ubicar, aprehender, neutralizar y si oponen resistencia armada, destruir al grupo de piratas terrestres que pretenden asaltar un vehículo indeterminado que transporta elementos de valor, de los cuales pretenden apropiarse.

3. Ejecución

a. Intención del combate

Mi intención como Comandante del Batallón de Infantería No. 7 General José Hilario López, es la de ubicar, aprehender bandoleros y/o delincuentes de las milicias bolivarianas, en mi área de responsabilidad y con ello neutralizar las actividades delictivas que vienen adelantando, para ello se mantendrá el secreto y la operación se fundamentará en la sorpresa y la rapidez; de no lograrlo, obtener la mayor cantidad de informaciones para el desarrollo de futuras operaciones, así mismo, lo|grar el apoyo de la población civil y a orden de continuar operaciones.

b. Concepto de la operación

La operación consiste en efectuar una operación (sic) de destrucción mediante el método de patrullaje ofensivo utilizando la maniobra de infiltración y emboscada respectivamente.

c. Maniobra

Se realizará de la siguiente manera:

A las 04:00 horas y empleando dos vehículos del Batallón se transportará el personal del Pelotón Antiterrorista Urbano PAU

La escuadra del Pelotón Antiterrorista Urbano se embosca en el sector donde de acuerdo a la información recopilada, se llevará a cabo el asalto del vehículo.

Se debe tener en cuenta que según informaciones recopiladas por el S-2 el asalto del vehículo se llevará a cabo en la vereda La Cabuyera, sitio donde se ubicará una escuadra del movimiento antiterrorista urbano.

d.Misiones a unidades subordinadas

El tercer pelotón de la Compañía C, se queda en el batallón como reserva.

e. Instrucciones de coordinación

1. Se hace necesario extremar la compartimentación para evitar la fuga de información.

2. Antes de iniciar el desplazamiento la Unidad deberá efectuar un ensayo de reacción y contraataque para evitar ser sorprendidos por el enemigo.

3. Por ningún motivo se debe hacer uso de las armas hasta tanto no se identifique claramente que es un delincuente o que este ataque. La reacción debe ser proporcionada y siempre la defensa se planteará en los mismo términos de la ofensa si de armas de fuego se trata.

4. Los comandantes en todos los niveles deben ejercer estricto cumplimiento y control con todo su personal bajo su mando, tanto operacional como disciplinariamente.

5. Se debe hacer uso adecuado del I.O.C y del código de identificación de las tropas.

6. Se debe poner en práctica el decálogo de seguridad de las armas de fuego.

7. Al personal que realiza la misión le queda terminantemente prohibido ingerir bebidas alcohólicas o realizar actividades diferentes al cumplimiento de la misión al igual que a los conductores.

8. Si algún comandante en nivel que sea propone o dispone actos contrarios a lo legalmente establecido, el subalterno no está obligado a seguirlo y si lo hace incurrirá en igual falta o delito que el Comandante.

9. Se debe hacer registros en los puntos críticos, tanto en el movimiento motorizado como en el movimiento a píe.

10. Durante los desplazamientos los radios deben permanecer Q.A.P

11. El Comandante de la Unidad que ejecuta la presente orden de operaciones debe efectuar las coordinaciones necesarias con tropas del Ejército, Policía Nacional y demás organismos de seguridad que se encuentren en la ruta de desplazamiento o sector donde se ejecutará la misión.

12. La unidad deben (sic) efectuar maniobras de engaño en el área.

13. La tropa no debe dejarse manipular por los colaboradores de la población civil para cometer atropellos contra la población civil y propiedades.

14. La unidad comprometida debe restringir los movimientos diurnos y hacer uso máximo de las horas nocturnas.

15. Se debe controlar el exceso de velocidad con el fin de evitar accidentes de tránsito.

16. Enlace radial permanente, durante el desarrollo de la operación, silencio de radios.

17. Para cualquier procedimiento legal, administrativo, disciplinario o policial se debe dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente.

18. Cualquier duda que surja debe ser consultada con el comando del batallón en cuanto a procedimientos y actividades a realizar (f. 391 a394, c. 3).

3.2.1.1. Declaraciones rendidas en el proceso ante la jurisdicción penal militar(2) 

Asimismo, obran en el proceso las declaraciones rendidas por los militares intervinientes, así como por los comandantes del Ejército y la Policía del Cauca en el proceso penal militar seguido en contra del comandante Reinaldo Arguello y los seis soldados intervinientes en la operación.

A continuación se citan los apartes en los que el comandante del Ejército Nacional y el subcomandante de la Policía en el departamento del Cauca se refieren a su conocimiento sobre la operación contra la piratería terrestre proyectada, dadas las informaciones de inteligencia con que se contaba de la posible ocurrencia de un asalto en la vía Panamericana.

Declaraciones del teniente coronel Enrique Luis Cotes Prado

“Preguntado: Sírvase decirnos todo lo que sepa y le conste de los hechos el día en mención a las cuatro de la mañana.

Contestó: Como antecedentes, el día anterior soy informado que en horas de la madrugada del día catorce se iba a atracar por parte de una banda de asaltantes terrestres un vehículo indeterminado que se desplazaría y pasaría por ahí con elementos de valor que bien podría ser droga, estupefaciente, una persona secuestrable, dinero o qué se yo. De todas maneras este lugar ha sido atracadero de vehículos, allí paran vehículos y por fuentes de inteligencia tengo conocimiento que se los llevan por la vía Cartón de Colombia para cometer ilícitos. Una vez tengo conocimiento claro de la información procedo a hacer las coordinaciones y como en la información supe por indicios que no es del caso precisar que se hablaba de que para el atraco decían “hay que esperar a que el man salga de turno” supuse presuiblemente que podría haber un miembro de la Policía Nacional, porque el término “turno” es propio de ellos; aquí en el Ejército genéricamente la gente se refiere a servicio o guardia. Aproximadamente a las cinco de la tarde del día anterior al hecho hice una llamada al Comandante del Policía del Departamento del Cauca, como él no estaba hablé con el señor TC Álvarez, quien es el subcomandante. Le expliqué de la operación que íbamos a realizar, se corrige, le expliqué de la operación que teníamos pensado realizar en el sitio de la Cabuyera, en la vía que conduce a Cali sobre la carretera Panamericana, le dije que al parecer y de acuerdo a los indicios podía estar involucrado algún agente de Policía. Le sugerí que pasara revista del material de guerra y de personal para que si se llegara a presentar el evento no les resultara delinquir con material oficial. El me respondió tranquilo, haga lo que tiene planeado que si hay alguien de la Policía Nacional metido eso va a servir de escarmiento. Acto seguido entonces coordiné con el señor Coronel Álvarez, para que por ninguna razón fuera a ir ningún miembro de la Policía Nacional al sitio de los hechos para evitar que por alguna confrontación equivocada fuera a coincidir una operación del Ejército superpuesta con alguna de la Policía no coordinada y con algún saldo trágico. Por ello fui reiterativo en solicitarle que la Policía no fuera a hacer ningún operativo en este sitio donde yo lo iba a hacer; y así quedó coordinado. A continuación se ordenó hacer la orden de operaciones para dar instrucciones de cómo se desarrollaría la operación, todo se coordinó, todo se planeó, se ultimaron detalles, se hizo reconocimiento del sitio, se determinó la hora de la iniciación de la operación y aproximadamente a las cinco de la mañana fui informado por el señor Capitán S-2 a mi celular del resultado de la operación con un saldo de dos piratas terrestres dados de baja” (f. 456 y 457 del C. 3).

Declaraciones del teniente coronel Olman Rodrigo Álvarez Buitrago 

Preguntado: Sírvase decirnos si en el transcurso de dicha tarde usted recibió una llamada del señor Comandante del batallón José Hilario López, en caso afirmativo sírvase informar al despacho qué temas trataron

Contestó: Sí, recibí una llamada del señor Coronel Cotes Prado Luis Enrique donde me manifestaba que tenía pendiente un operativo, encaminado, se corrige, encaminado al control de la piratería terrestre, que tenía un informante y lo que más le llamaba la atención era que se había oído hablar por parte de los miembros de la banda sobre un turno, lo que le daba a él a pensar que podría tratarse de un miembro de las Fuerzas Armadas, entre ellos había la posibilidad de que hubieran (sic) uno o varios policías…(f. 465, c 3).

Hechos acreditados sobre la planeación de la operación en la que resultaron muertos los señores Suárez Zúñiga y Narváez Urcuqui

Del análisis del material probatorio hasta ahora señalado, se tiene como cierto que:

a) Según informe de inteligencia, del 13 de marzo de 1998, en la madrugada del 14 siguiente a la altura del sitio La Cabuyera, en la vía Panamericana, trayecto Popayán- Cali, podría presentarse algún tipo de hecho delictivo.

b) Que según lo sostenido por el teniente coronel Enrique Luis Cotes Prado cabía la posibilidad de que uno de los delincuentes perteneciera a la Policía Nacional.

c) Que la Policía Nacional fue advertida de esta circunstancia y que se coordinó que esta entidad no realizaría misiones en la zona.

d) Que la operación realizada en la madrugada del 14 de marzo de 1998 fue planeada detalladamente desde el día anterior, sin que se conozca si el reconocimiento del sitio efectivamente se realizó.

3.2.2. Pruebas sobre la ejecución de la operación militar y sus resultados

3.2.2.1 Pruebas documentales

a) Registros civiles de defunción de los señores Rafael Suárez Zúñiga y Diego León Narváez Urcuqui, a cuyo tenor estos murieron de forma violenta el 14 de marzo de 1998.

b) Actas de la diligencia de inspección de cadáveres. El documento da cuenta de la muerte de los señores Suárez Zúñiga y Narváez Urcuqui, así como de la causa, ubicación y características de sus heridas, su vestimenta y lo encontrado en la escena de los acontecimientos. Además, contiene un recuento de lo acontecido, elaborado con fundamento en las declaraciones de los militares intervinientes en la operación y del señor Luis Enrique Lasso Martínez, tercero que presenció los hechos.

Acta No. 968.98 de Marzo de 1998, correspondiente a la inspección inicial practicada al cadáver del señor Diego León Narváez Urcuqui:

Nombre del Cadáver N.N

Documento de identidad: SIN

Sexo M

Ocupación: Desconocida

Dirección: Desconocida

Lugar de los hechos: “Vereda la Cabuyera” –Carretera Panamericana Popayán-Piendamó.

Fecha de los hechos: 14-03-98

Manera de Muerte: violenta

Descripción de la escena: Lado izquierdo vía Panamericana Popayán Piendamó -Sitio “La Cabuyera” entrada a carretera despavimentada que conduce nuevamente a la Panamericana. Es una especie de “atajo”. Al mismo lado izquierdo se encuentra equipo pesado de pavimentación propiedad del ingeniero Álvaro Vásquez.

Prendas de vestir: chaqueta cuerina color negro, jean color gris claro, zapatos deportivos color azul, raya blanca marca Adidas, rostro cubierto con “pasamontañas” color verde oliva, medias tobilleras negras estampado azul, correa de cuero negra, camiseta larga, rayas o franjas anchas verdes y blancas, camiseta azul torqui, interiores azul claro estampado.

Descripción de las heridas:

1. Presenta destrozo total del tercio inferior del brazo derecho, con exposición del tejido.

2. Herida abierta de 5 por 4 cms en región infraescapular derecha.

3. Herida forma semicircular tercio medio del brazo derecho línea axilar

4. Herida forma circular hemitórax izquierdo de 0.5 cms de diámetro

5. Herida forma circular región hipocondrios izquierdo de 0.5 cm de diámetro.

(…)

Elementos encontrados:

En la mano derecha del occiso se encontró un revólver Smith & Wesson calibre 32 largo, número H92381, dentro del tambor cinco (5) vainillas percutidas y un cartucho calibre 32 percutido, se marca con “evidencia 15”. Igualmente se le localizó pasamontaña en la cintura derecha (f. 420-423, c. 3).

Y en documento complementario al acta se lee:

Fiscalía General de la Nación. Seccional Popayán-Cauca, Fiscalía 001- Reacción Inmendiata- Popayán:

Constancia: Popayán, marzo catorce (14) de mil novecientos noventa y ocho (1998).- Se hace constar que en la fecha, siendo las cuatro de la tarde (4:00) pm, compareció a esta Fiscalía el señor Arnubio Narváez Urcuqui, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 10.549.141 de Popayán, quien manifestó reconocer el cadáver del N.N. cuya inspección realizó esta delegada en la fecha mediante acta 064-98, como su hermano Diego León Narváez Urcuqui y dejado a disposición del Despacho la cédula del mismo correspondiente al número 76.304.758 de Popayán, en la cual aparece como fecha de nacimiento el 15 de septiembre de 1967 en Argelia, Cauca y según manifestación del hermano de profesión agricultor, casado con Marina Muñoz, residente en la calle séptima 22.44 Barrio José María Obando de esta ciudad, hijo de Aura Urcuqui residente en el mismo lugar. Por tal motivo se expide oficio 243 para que se le haga entrega del cuerpo por parte de Medicina Legal.

Acta 065 de 14 de marzo de 1998, correspondiente a la inspección realizada al cuerpo del señor Suárez Zúñiga :

Nombre del Cadáver Rafael Emilio Suárez Zúñiga

Documento de identidad: C.C 85.453.370

Sexo M

Ocupación: Agente de Policía Nacional

Dirección: carrera 12 1N-45

Lugar de los hechos: “Vereda la Cabuyera” –Carretera Panamericana Popayán-Piendamó.

Fecha de los hechos: 14-03-98

Manera de Muerte: violenta

Descripción de la escena:

Lado derecho vía despavimentada de especie de “atajo” que comunica dos puntos de la vía Panamericana-Piendamó-Popayán a 20 metros de la pavimentada y a un metro de cerca de alambre de Púas.

Prendas de vestir:

Pasamontañas color negro sobre el rostro-camiseta blanca estampada con signo de piscis, sudadera color gris, tenis blancos adidas, pantaloneta gris con azul larga, interiores azules, “leo”.

(…)

Heridas:

1. Herida circular región derecha mamaria izquierda aproximadamante 5 cms línea media de 0.3 cms de extensión.

2. Tres (3) heridas forma circular epigastrio en línea media con extensión aproximada de 0.5 cms.

3. Herida forma circular en hipogastrio a 1 cm línea media.

4. Herida semicircular flanco o vacío derecho aproximadamente a dos centímetros línea axilar.

5. Herida semicircular región hipocondrio izquierdo parte posterior aproximadamente a 20 cms línea media.

6. Dos heridas en región dorsal inferior parte posterior del cuerpo a tres centímetros línea media.

7. Pequeña herida en región dorsal inferior parte posterior del cuerpo a tres centímetros línea media.

8. Herida borde irregular con expulsión de tejido en región vacío izquierdo posterior del cuerpo a 20 cm línea media.

(…)

Elementos encontrados escena: Al costado derecho de la mano derecha a distancia de 15 cm del cadáver se encontró un revólver calibre 38 largo, marca Smith and Wesson, número 1 en la base de la empuñadura. ABE8006, cachas madera, en el tambor cinco vainillas percutidas de calibre 38 y un proyectil sin percutir calibre 38.

En un radio de acción de 180 grados del occiso 13 vainillas de proyectil de arma de fuego, los cuales se embalan como evidencia así:

Número 2 vainilla calibre 30 percutida,

Números 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13 vainilla calibre 7.62 percutidas

Números 5, 6, 14, calibre 9 milímetros percutidas.

El revólver se embala con número de evidencia “1”

Observaciones:

Acerca de los hechos, se ha podido recaudar lo siguiente: El señor Luis Enrique Lasso Martínez identificado con CC 5.277. 034 de La Cruz Nariño, residente en “La Cabuyera”, vigilante de la empresa del ingeniero Álvaro Vásquez sostiene que aproximadamente a las tres de la mañana, llegó una camioneta carpada y descendieron cerca de diez integrantes del Ejército Nacional y le manifestaron que se iba a desarrollar una operación de seguridad. Sostiene que se retiró hacia atrás de la moma cerca del sitio de los hechos y que aproximadamente a las cuatro de la mañana escuchó intercambio de disparos por espacio de cinco a diez minutos. A las cinco de la mañana regresó al sitio inicial y vio los dos occisos. Así mismo, expresa que cuando se dirigió a refugiarse fue acompañado por dos soldados. No tiene más datos.

Militares intervinientes en el operativo y armamento que portaban:

Según información del CP Reinaldo Arguello Mendoza, el operativo materia de investigación, estuvo bajo su mando con la intervención de seis unidades más adscritas al Batallón José Hilario López de esta ciudad, cudril a Escolta del Coronel.- Utilizaron siete fusiles calibre 7.62 tipo Galil, los cuales llegaron al operativo en la madrugada de los hechos, todos con capacidad total del proveedor (25 cartuchos), los cuales se relacionan de la siguiente manera según su portador:

1. John Jairo Larrahondo. Soldado, fusil No. 7-1171 3482, con 16 cartuchos en proveedor y uno en la recámara. Disparó ocho cartuchos.

2. Carlos Alberto Rosero Camilo. Soldado, fusil. No. 8-1927786, con 25 cartuchos en el proveedor. No accionó el arma.

3. Gilberto Portilla Buesaquillo. Fusil número 7-1716391, 22 cartuchos en proveedor, cero en recámara, disparó tres cartuchos.

4. Paulo César Obregón Saavedra. Soldado, fusil No. 8-1924465m 24 cartuchos en proveedor 0 en recámara, disparó uno.

5. José Emigdio Fernández Gómez, soldado, fusil, No. 7-1712400, 16 cartuchos en proveedor, 0 en la recámara disparó nueve.

6. CP Reinaldo Arguello Mendoza, fusil No. 8-1924453, 19 cartuchos en proveedor, uno en recámara, disparó cinco. Igualmente portaba pistola Pietro Beretta nueve mm, proveedor con ocho cartuchos y uno en recámara, capacidad del proveedor 15 cartuchos; igualmente portaba revólver Smith and Wesson, número de externo ABP 8893, número interno 25716, calibre 32 largo, con cuatro cartuchos sin percutir dentro del tambor. Manifiesta que no intervino el arma en el operativo y pertenece al capitán Gómez Gómez Franklin a quien se la custodiaba. Nota: la misma se incauta por la Fiscalía y se allega a las diligencias para efectos de establecer su procedencia.- Se entrega de la misma recibo manuscrito elaborado por el Fiscal de conocimiento, el cual se allega a la foliatura.

Constancia: el conteo de cartuchos en las armas y verificación de su identificación se hizo por parte del suscrito Fiscal de manera directa.

Respecto a la forma en que sucedió el operativo y hechos se obtuvo: El CP Arguello Mendoza Reinal (sic), manifestó tras identificarse con C.C 93.382.951 de Ibagué, que a eso de las tres de la mañana, él con personal del Ejército de Colombia debidamente uniformados, montó un operativo con el fin de contrarrestar un hecho delictivo que se había venido presentando días anteriores y que para ese día se tenía información que unos sujetos armados con pasamontañas tenían planeado atracar un carro procedente de Pasto el que tenía como finalidad transportar valores. Como a eso de las cuatro y media de la mañana llegó un vehículo cerca a donde ocurrieron los hechos y se bajaron unos sujetos y en el momento en que ellos se desplazaban al lugar donde según informaciones siempre se ubicaban, se les solicitó una requisa a lo cual respondieron con disparo de arma de fuego, por lo que se respondió de igual manera por parte de los uniformados, cayendo abatidos dos sujetos en tanto que un tercero escapó aprovechando la oscuridad reinante, al parecer con un arma de largo alcance.

Se anota que el teniente Torres Pineda Camilo, comandante de la unidad de contraguerrilla de la Policía, reconoció el cadáver como Suárez Zúñiga Rafael, Agente de esta unidad , expresando que éste no se encontraba de servicio.

(…)

Otro sí: se hace constar que el lugar de los hechos fue en el kilómetro cuatro más seiscientos metros vía Panamericana Popayán-Cali, lado izquierdo de la vía en tal sentido. Igualmente que el lugar presentaba condiciones de total oscuridad (f. 423-426, c 3).

c) Álbum fotográfico 

A las actas de las diligencias de inspección de los cadáveres, No. 064 y 065 se anexó un álbum fotográfico, con imágenes de conjunto, semiconjunto y detalle de la escena de los hechos, las armas, las municiones y los cadáveres. De estos últimos cabe destacar que obran fotos tomadas en la escena, las que permiten verificar su ubicación, su posición, cercanía a las armas y vestimenta, sin que se distinga el rostro por estar cubierto por pasamontañas. También figuran fotografías de los cadáveres despojados de la ropa, que por lo mismo permiten verificar la ubicación y el tamaño de las heridas, así como de cada uno de los impactos recibidos ( f. 587 a 509 c. 3).

  1. e) Informe de patrullaje de fecha 14 de marzo de 1998

Obra en el expediente copia del informe de patrullaje suscrito por el CP Reinaldo Arguello Mendoza, el 14 de marzo de 1998. En el informe se lee:

“Asunto: Informe de patrullaje

Al: Señor Capitán S-3 del BILOP

Gn

1. Situación:

a. Enemigo

Bandoleros pertenecientes a las Milicias Bolivarianas de la ONT-FARC, en desarrollo de actividades ilícitas de financiación y/o organizaciones delincuenciales de piratería terrestre vienen delinquiendo en las diferentes vías de la jurisdicción convirtiéndose la vía Panamericana que conduce de la ciudad de Cali, Popayán, Pasto como el área de más vulnerabilidad para acciones delictivas en contra de la población civil especialmente los transportadores de carga y pasajeros que a diario se movilizan por esta importante red vial.

b. Propias tropas

01-04-06, Grupo Especial BILOP

c. agregaciones omitido

d. segregaciones omitido

II Misión

Unidades orgánicas del Batallón José Hilario López a partir del día 1402:00 marzo de 1998, sobre el sitio la Cabuyera vereda Río Blanco, jurisdicción del Municipio de Popayán adelantarán una operación de registro de área con maniobra de emboscada a fin de contrarrestar mediante la captura y en caso de resistencia armada dar de baja a delincuentes con nexos a las (sic) Milicias Bolivarianas de la ONT-FARC que pretenden asaltar a un vehículo indeterminado que transporta valores que al parecer cubre la ruta Pasto-Cali.

(…)

IV Desarrollo de la operación

“Una vez realizado el ciclo de inteligencia el día 141700 de marzo de 1998 , se tuvo conocimiento de la instalación de un falso retén en próximos días, a la altura de la vereda la Cabuyera, jurisdicción del municipio de Popayán, por parte de una banda delincuencial, donde se pretendía al parecer efectuar un asalto a un carro indeterminado que transportaba elementos de valor. Una vez realizado este ciclo se determinó ejecutar una operación militar con maniobra emboscada sobre el sector.

Para el efecto se constituyó un equipo de asalto 00-01-06 (C.P Arguello y 06 soldados de la sección Halcón) y un equipo de apoyo y cierre a 01-02 (C.T Gómez Gómez Franklin, SV Insuasty López Silvio, SS. Ospina Duque José Freddy y C.S Rangel Juan Carlos)

Siendo aproximadamente las 04:00 horas del día 14 de marzo, al parecer de un vehículo que no se pudo identificar por la oscuridad y lo lejano, se bajaron los antisociales, el vehículo siguió vía a Cali, posteriormente cuando los delincuentes iban a penetrar presuntamente a esconderse en el sitio donde se encontraba el equipo de asalto, que eran tropas del Batallón José Hilario López, sin mediar palabra, los delincuentes abrieron fuego directo contra las propias tropas, ante la cual (sic) éstas se defendieron, dando de baja a dos de los antisociales y al parecer el tercero huyó, escabulléndose entre la maleza del sector.

A estos delincuentes, quienes fueron identificados como Suárez Zúñiga Rafael y un NN encontrándoseles en su poder 02 armas cortas, 03 pasamontañas así: 01 revólver marca Smith Weson (sic), calibre 38 largo No AB8006, 01 revólver calibre 32 No. H92831, 06 cartuchos calibre 38 largo y 06 cartuchos calibre 32”.

V. Conclusiones y recomendaciones

2. Aspectos negativos

Se logró escapar un delincuente que se encontraba en el sitio de los hechos y que al parecer portaba un arma larga. Esto debido a la oscuridad que se presentaba en el momento de los hechos.

f) Protocolos de necropsia

Obran también en el expediente copias de los protocolos de necropsia.

En el correspondiente al cadáver del señor Diego Narváez Urcuqui se lee sobre las heridas por arma de fuego, lo siguiente:

Protocolo de heridas por proyectil de arma de fuego:

1-1. Orificio de entrada: De forma circular, sin tatuaje, ni ahumamiento de bordes evertidos de 0.0 x 09 cms en 4 espacio intercostal izquierdo con línea axilar media a 16 cms de línea media y 42 cms del vértice.

1-2 Orificio de salida d 4x4 cms en región infra-escapular derecha a 17 cms. de línea media y 46 cms del vértice.

1.-3 Lesiones: Piel, tejido celular subcutáneo-músculos intercostales izquierdos-pleura parietal y visceral, pulmón izquierdo-cuerpo vertebral posteroanterior de vértebra torácica #8 –pleura parietal y visceral pulmón derecho, 7º espacio intercostal derecho posterior-tejido celular subcutáneo, piel y sale.

1-4. Trayectoria: izquierda-derecha/ antero-posterior ligeramente/ supero-inferior ligeramente.

2-1 Orificio de entrada: de 09 x 09 cms, sin tatuaje, ni ahumamiento, en 10 espacio intercostal izquierdo anterior a 12 cms de la línea media y 62 cms. del vértice.

2-3 Lesiones: piel tejido celular subcutáneo –músculos intercostales, diafragma izquierdo pasó el hígado y lo lacera completamente, músculos de la pared lateral derecho- piel y sale.

2-4 Trayectoria: Izquierda- Derecha/ Supero-Inferior/ Antero-posterior ligeramente.

3-1 Orificio de entrada: De forma irregular de 2x3 cms en tercio medio interno de brazo derecho a 80 cms del vértice.

3-2 De forma irregular de 8 x6 cms, con fractura subcondílea y expuesta de brazo derecho a 61 cms del vértice.

3-3 Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo-músculos del brazo flexores –fractura hueso húmero tercio distal-lesiona músculos extensores del brazo-tejido celular subcutáneo-piel-sale.

3-4- Trayectoria: postero-anterior (f.482 ty 483 c. 3).

Y en el protocolo correspondiente al señor Suárez Zúñiga consta lo siguiente:

Protocolo de heridas por proyectil de arma de fuego:

1-1. Orificio de entrada: De forma circular, sin tatuaje, ni ahumamiento en región pectoral izquierda. A 6 cm de la línea media y 48 cms del vértice.

1-2 Orificio de salida de 1,5 x 1,2 de bordes evertidos en región posterior torácica izquierda. A 15 cms de la línea media y 49 cm del vértice.

1.-3 Lesiones: Piel, tejido celular subcutáneo-músculos de tercer espacio intercostal izquierdo posterior, sale.

1-4. Trayectoria: anteroposterior; superi-inferior ligeramente; izquierda-derecha.

2-1 Orificio de entrada: de 09 x 09 cms, sin tatuaje, ni ahumamiento, en cadera derecha. A 19 cm de línea media y a 78 cm del vértice.

2-2 Orificio de salida: de forma alargada de 2x1,5 en región de flanco derecho posterior. A 15 cm de la línea media y 49 cm del vértice.

2-3 Lesiones: piel tejido celular subcutáneo, sale.

2-4 Trayectoria: antero posterior; ínfero superior; derecha-izquierda.

3-1 Orificio de entrada: De forma circular de 0,9 x 0,9 cm, sin tatuaje ni ahumamiento en región paraumbilical derecha. A 1 cm de la línea media y 77 cm del vértice.

3-2 Orificio de salida: No hay. Se recupera proyectil en región posterior con línea media a nivel lumbo-sacro. A 76 cm del vértice.

3-3 Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo-músculos de pared abdominal, asas intestinales, mesenterio, páncreas, cuerpos vertebrales lumbares, tejido subcutáneo donde se aloja el proyectil y se recupera.

3-4- Trayectoria: anteroposterior; ínfero superior; en un mismo plano transverso.

4-1 Orificio de entrada: De forma circular de 0,9 x 0,9 cm, en región de mesograstrio, sin tatuaje ni ahumamiento e. A 2 cm de la línea media y 63 cm del vértice.

4-2 Orificio de salida: No hay. Se recupera proyectil en región posterior derecha a 5 cm de la línea media y 63 del vértice.

4-3 Lesiones: Piel, tejido celular subcutáneo-músculos de pared abdominal, peritoneo, estómago asas intestinales, mesenterio, fractura cuerpos vertebrales torácicos 9-10, tejido celular subcutáneo donde se aloja

4-4- Trayectoria: anteroposterior; izquierda-derecha, ligeramente en un mismo plano transverso.

5-1 Dos orificios de entrada en mesogastrio de 0,9 x0,9. A 64 cm del vértice y sobre línea media, sin atatuaje ni ahumamiento.

5-2 Dos orificios de salida de bordes evertidos en región dorsal media inferior lado izquierdo, separados de la línea media a 4 t c cm respectivamente y a 59 y 61 cm del vértice respectivamente.

5-3 Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo-músculos de pared abdominal, asas intestinales, mesenterio, cuerpos vertebrales torácicos 9-10, músculos paravertebrales, tejido celular subcutáneo, salen.

5-4- Trayectoria: anteroposterior: ínfero superior en un mismo plano (f 610 y 611 c. 3).

f. Análisis instrumental para residuos de disparo por emisión atómica (plasma) o absorción atómica

Al expediente también se aportaron copias de los resultados positivos de las pruebas de absorción atómica practicadas a los señores Rafael Emilio Suárez Zúñiga y Diego León Narváez Urcuqui, pues en ambos cadáveres se verificó la presencia de elementos químicos compatibles con residuos de disparo, en la mano derecha (f. 599-602 c. 3).

g. Examen balístico prácticado a las armas halladas en poder de los occisos

También figura en el expediente copia del análisis balístico realizado sobre las armas encontradas al lado de los occisos durante la operación militar. Se trató de establecer las características, funcionamiento y estado de conservación de cada una, así como su correspondencia con las vainillas encontradas en la escena de los hechos. Los resultados fueron:

“Prueba de Griess:

Para establecer si un arma ha sido disparada después de que fuera limpiada por última vez se practica la prueba de Griess.

Esta tiene como finalidad detectar en una superficie determinada, la presencia de nitritos procedentes de la deflagración de pólvora nitrada que constituye la carga de propulsión de los cartuchos.

Aplicando el reactivo al interior del cañón de las armas en estudio, dio resultado POSITIVO, esto nos indica que si bien la notable estabilidad de los nitritos no nos permite precisar la fecha exacta ni el número de disparos efectuados, lo que sí nos permite establecer es que las armas de fuego descritas han sido disparadas después de que fueran limpiadas por última vez.

Prueba de las armas

Cargadas las armas reseñadas, empleando cartuchos de los remitidos adecuados a su calibre y características, se procedió a efectuar con ella una serie de disparos de prueba, que pusieron de manifiesto el buen estado de funcionamiento de sus mecanismos de disparo y, al mismo tiempo, nos permitió recoger vainillas “muestra” posteriormente realizar los cotejos solicitados.

Cotejo de vainillas

La identificación de las vainillas está fundamentado (sic) en el principio de que las señales microscópicas que produce una determinada arma mediante sus distintos mecanismos, son idénticas en todas las vainillas que percute, siempre que aquellas no hayan sufrido modificaciones o que los disparos que hubieren efectuado en el intervalo de tiempo transcurrido entre los realizados con los cartuchos cuyas vainillas se cotejan no sean lo suficientemente elevados como para introducir nuevas lesiones en dichos mecanismos (percutor, cabeza de cierre) o anular los existentes.

Ejecución

Con el auxilio del microscopio de comparación para balística con material fotográfico especial incorporado, se procedió a cotejar las ocho (8) vainillas enviadas para estudio (cuyos culotes han quedado reflejados en las fotografías 4 y 4) con vainillas “muestras” obtenidas en este laboratorio al disparar las armas peritadas.

Como consecuencia de estos cotejos se ha podido determinar lo siguiente:

1. Las tres (3) vainillas calibre 38 especial enviadas para estudio han sido percutidas por el revólver marca Smith and Wesson con número identificativo ABE 8006 reseñado como arma número 1 en el presente informe.

2. Las cinco (5) vainillas calibre 32 largo enviadas para análisis han sido percutidas por el revólver marca Smith and Wesson con número identificativo H02381 como arma No. 2 en este informe.

h. Solicitud de devolución de arma de fuego por parte de la Policía Nacional y documentos anexos

En el expediente figura una comunicación enviada por la Policía Nacional al Juez de 51 de Instrucción Penal, en la que se solicita la devolución del revólver hallado cerca de cadáver del señor Rafael Emilio Suárez Zúñiga, dada su pertenencia a la Policía Nacional.

En el documento se puede leer:

Respetuosamente me permito solicitar a ese Despacho, una vez termine el proceso que se adelanta por el arma de ABE8006, sea reintegrado al almacén de armamento del Departamento de Policía Cauca ya que es de propiedad de la Policía Nacional y estaba asignado a esta unidad, mediante el acta No. 009240286, el cual portaba el occiso agente Rafael Emilio Suárez Zúñiga, en hechos ocurridos el 140398 en la vereda la Cabuyera jurisdicción de este municipio. Caso conocido por una patrulla del Ejército Nacional.

Anexo documentos que acreditan la propiedad de la Policía Nacional, así, tarjeta de kardex, aviso de alta (f. 341, c. 2).

3.2.2.2 Declaraciones rendidas dentro del proceso penal militar por el

señor Luis Enrique Lasso Martínez

El 17 de marzo de 1998, señor Luis Enrique Lasso Martínez depuso sobre los hechos del 14 del mismo mes y año:

Preguntado: Sírvase manifestar a la Fiscalía todo lo que le conste respecto de los hechos violentos donde perdió la vida Rafael Emiro (sic) Suárez Zúñiga y Diego León Narváez Urcuqui, los cuales tuvieron ocurrencia en esta localidad el 14 de los corrientes.

Contestó: Eso fue el viernes para amanecer sábado ya 14 de este mes, eran las tres de la mañana, yo me encontraba en la vereda La Cabuyera trabajando como vigilante, yo cuido tres máquinas que son las de la pavimentación de la vía Panamericana a cargo del Ingeniero Álvaro Vásquez, entonces yo me encontraba subido en una máquina de esas y tenía un plástico forrado alrededor de la máquina para protegerme del frío, en ese momento o sea las tres de la mañana fue cuando llegaron los soldados, ellos llegaron en un camioncito pero no le puse mucho cuidado al carro, pero era un camioncito carpado, era pequeño, se bajaron los soldados y me golpearon en la máquina y me dijeron que me bajara, que allí iba a haber un operativo y que yo tenía que quitarme de allí porque era muy peligroso que yo me quedara allí, entonces me bajé de la máquina y ellos me dijeron que me fuera con ellos y que teníamos que favorecernos detrás de la maraña o sea del monte, yo me fui como con tres o cuatro de ellos, nos salimos de la vía Panamericana y nos metimos para el monte al lado derecho de la vía Cali-Popayán, anduvimos después de la Panamericana unos cincuenta metros, allí nos acostamos detrás de un cerrito que hay allí, yo me quedé acostado allí con los soldados que iba, ya faltando como unos cinco minutos para las cuatro de la mañana, llegó otro soldado hasta donde estábamos y les dijo a los soldados que estaban conmigo que ya era hora del operativo, que yo me quedada y ellos se iban, yo me quedé y ellos se vinieron, entonces, ya como a los cinco minutos de haberse venido, escuché un abaleo, pues yo me quedé allí hasta nueva orden, de allí yo ya salí a las cinco de la mañana, pero antes de salir pasó un soldado y me dijo que no fuera a salir porque era peligroso, entonces yo seguí allí, y ya por mi cuenta me levanté de allí y me vení (sic) para donde estaban las máquinas, pues como yo salí tan asustado no había visto nada, claro que los soldados estaban allí, entonces iba yo a prender candela cuando ya vi a dos personas tiradas en el piso. No es más. No he visto nada más.

(…)

Preguntado: Indique al Despacho si sabe cuántos eran los soldados que hicieron presencia en el sitio de los hechos, si los conocía, como estaban vestidos?

Contestó: Pues eran bastantes, yo creo que eran como unos diez los que bajaron del camión, pues no los conté, a ninguno de los soldados conocí, ninguno se identificó, vestían con prendas militares, como armas lo que les vi fue el fusil que es lo que ellos cargan.

Preguntado: Diga al Despacho si en el sitio donde ocurrieron los hechos o el operativo, había visibilidad, existe alumbrado público en el sector?

Contestó: Es totalmente oscuro y no se podía ver rostros, no hay alumbrado público, no había luna tampoco porque en ese momento parecía que iba a llover.

Preguntado: Informe al Despacho qué tiempo duró (sic) la balacera que ud escuchó el día de autos, díganos si escuchó igualmente que hubiera intercambio de disparos, se notaba que las armas utilizadas eran de diferentes calibres.

Contestó: Pues yo creo que esa balacera duró unos dos o tres minutos, en cuanto a si hubo intercambio de disparos o fueran armas de distintas clase (sic) no puedo decir, porque era un solo traqueteo y muy rápido, entonces no puedo decir qué armas eran.

Preguntado: Informe al Despacho, si escuchó voces o discusiones en el momento del inicio de la balacera que ha referido?

Contestó: No escuché voces de ninguna clase, solamente la balacera.

Preguntado: Informe al Despacho, en qué lugares observó a las dos personas que estaban en el piso, cómo estaban?

Contestó: Había un gordo y este estaba pata arriba o boca arriba, el otro estaba boca abajo, entre el uno y el otro había una distancia aproximada de diez metros, se notaba sangre en el piso y donde estaban ellos caídos, estaban ya finados.

Preguntado: Escuchó usted del lugar donde se encontraba refugiado cuando la balacera en mención, que llegaron más vehículos al sitio donde se originó la balacera?

Contestó: Pues eso es carretera y no puedo decir si paró o no más carros allí, pero a esa hora sí pasaban muchos carros, tampoco no escuché (sic) que hubiera llegado alguna moto.

Preguntado: Dígale al Despacho si conocía Ud. a las personas que estaban sin vida en la vía el día de los hechos?

Contestó: No los conocía a los muertos, no los había visto antes, lo que sí vi fue un revólver que estaba en el piso al lado de uno de los muertos, o sea, el gordo, del otro no le vi si tendría o no arma, el revólver que estaba en el piso estaba muy cerca de la mano derecha del gordo, como diez centímetros (f. 434 .435 c, 3)

3.3. Análisis de las pruebas, hechos acreditados y hechos plausibles

Del material probatorio antes mencionado es dable inferir un posible enfrentamiento armado entre los señores Suárez Zúñiga y Narváez Urcuqui y miembros de la patrulla al mando del CP Reinaldo Arguello Mendoza, en el que murieron los dos primeros.

El enfrentamiento como posibilidad se apoya en que el testigo escuchó detonaciones de arma de fuego durante un lapso de no menos de dos minutos y no más de diez y aunque esta sola circunstancia no acredita, por sí misma, el intercambio de disparos, da lugar a considerarlo en concurrencia con otros elementos del acervo probatorio. Así, por ejemplo, la prueba de absorción atómica revela que en las manos de los occisos se encontraron restos de elementos químicos coincidentes con los que se encuentran al disparar armas de fuego y los exámenes de balística practicados a las armas encontradas en la escena de los hechos revelan que éstas dispararon, efectivamente, las vainillas encontradas cerca de los cuerpos.

Aparte de ello, se tiene claro en la escena de los hechos la presencia de un arma encontrada cerca del cadáver del señor Suárez Zúñiga, de dotación oficial y perteneciente a la Policía, que fue disparada, aunque la Sala no cuenta con elementos de juicio para sostener que la misma había sido asignada al policial.

Se ha de destacar, que el posible enfrentamiento no comporta necesariamente la aceptación de que las víctimas mortales se encontraban en el lugar de los hechos, con el fin de realizar acciones delictivas o que abrieran fuego injustificadamente contra los efectivos del Ejército. En efecto, según la parte actora habría cuanto menos que considerar que el señor Suárez Zúñiga habría salido a realizar una misión que comportaba cierto peligro (fuese o no oficial) en la que era previsible encontrarse con delincuentes, lo cual da plausibilidad al hecho de que éste último y su compañero estuvieran armados. Más aún, si la presencia de los occisos en el lugar de los hechos obedecía, efectivamente, a su intención de verificar la presencia de infractores de la ley antes de informar a las autoridades, se puede estimar como explicable el uso de los pasamontañas, pues es razonable pensar que quien se encuentra en tales circunstancias adopte medidas para proteger su identidad y evitar posibles represalias.

Respecto del desarrollo de los hechos, cabe mencionar que no existe constancia de que antes del inicio de los disparos los soldados se identificaran y dieran voces de alerta o que solicitaran una requisa puesto que, de una parte, las referencias de los uniformados sobre el punto no resultan contundentes y el único testigo presencial de los hechos declaró no haber escuchado ninguna voz, solo el sonido de las armas disparadas. Lo que da lugar a considerar que los avisos no se dieron, pues no se explica la Sala cómo no recordar un aspecto tan importante de parte de quien comandó la operación. Esto es así porque el C.P Arguello Mendoza si bien informó a la Fiscalía haber solicitado una requisa a las víctimas, acorde con el informe de patrullaje rendido por el mismo, el enfrentamiento habría ocurrido sin mediar palabra. Por lo anterior se ha de decir que no se cuenta con prueba, sobre la voz de advertencia.

Aspecto que tiene relevancia, pues, como, al parecer los agentes de la Fuerza Pública incumplieron el deber de identificarse no tenían por qué haber sido percibidos como tales, menos en una situación de total oscuridad que dificultaba percatarse de los uniformes e insignias. En estas circunstancias resulta plausible concluir que los señores Suárez Zúñiga y Narváez Urcuqui, pudieran haber confundido a los uniformados con miembros de la banda delincuencial que se afirma buscaban, al punto de reaccionar de modo encuadrable en lo que en la doctrina penal se denomina legítima defensa putativa.

Asimismo, del análisis del material probatorio se colige que los miembros del Ejército Nacional se encontraban en ventaja numérica, técnica y táctica frente a los occisos. En efecto, como se puso de manifiesto, los uniformados prevenidos y organizados esperaban la presencia de piraras terrestres, tenían planeado un esquema preciso de respuesta, aventajaban en cinco hombres a los otros y poseían armas semiautomáticas, más efectivas que los revólveres hallados en posesión de los occisos.

Siendo así, lo razonable de la respuesta de la Fuerza Pública se valorará teniendo en cuenta la proporción de siete contra dos, la calidad de las armas portadas por la autoridad y sorpresa de las víctimas.

4. Consideraciones generales

4.1 Sobre la responsabilidad estatal por daños causados con armas de dotación oficial y sus implicaciones en el régimen probatorio

Dado que en el caso concreto se discute la imputabilidad de un daño derivado del uso de armas de dotación oficial, lo primero que se impone es recordar la naturaleza de la responsabilidad que el mismo comporta.

A este respecto, conviene comenzar señalando que la conservación del orden público exige recurrir eventualmente a la fuerza para contener las agresiones al mismo y a los derechos de los asociados y que, para ello, se hace necesario el uso de medios eficaces, tales como armas de corto y largo alcance. Ahora bien, como la susodicha dotación tiene una aptitud natural para hacer daño, su uso exige una prudencia particularmente calificada, con miras a evitar, hasta donde fuere posible, la falibilidad propia de la conducta humana. Prudencia que, aun siento extrema no logra eliminar el riesgo, dado su carácter eminentemente nocivo. De donde, si bien, en orden a preservar el orden público y el imperio de la ley el uso de armas deviene en legítimo, comporta en sí mismo un desequilibrio que, de llegarse a concretar, vulnera el principio de igualdad, en cuanto carga que supera lo que razonablemente un individuo debe soportar. Por ello, esta Corporación ha sostenido, reiterativamente, que el uso de armas de dotación oficial constituye un supuesto de riesgo excepcional, generador de un régimen de responsabilidad objetiva, sin que ello comporte que en todos los casos ante el uso de las armas, opere igual régimen. Como se ha resumido en sentencia de 14 de junio de 2001(3).

En este sentido, ha sostenido la Sala:

Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, esta Sala elaboró y desarrolló los fundamentos de varias teorías o regímenes que permitían sustentar, con base en el análisis del caso concreto, la responsabilidad del Estado. Así, se desarrolló, entre otras, la teoría del riesgo excepcional, cuyo contenido, precisado en varios pronunciamientos, fue presentado muy claramente en sentencia del 20 de febrero de 1989, donde se expresó:

“...Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio...”.(4)

Precisó el Consejo de Estado, en aquella oportunidad, que el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional podía incluirse dentro de los denominados regímenes objetivos, en los que el elemento falla del servicio no entra en juego. En efecto, no está el actor obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla, y la administración sólo se exonera demostrando la existencia de una causa extraña, que rompa el nexo de causalidad.

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la Corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política.(5) La actividad generadora del daño causado, en el caso que ocupa a la Sala, es una de aquellas actividades. En efecto, la utilización de armas de fuego ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa, y cuando su guarda corresponde al Estado, por tratarse de armas de dotación oficial, el daño causado cuando el riesgo se realiza, puede resultar imputable a éste último. (se subraya).

No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima” (énfasis añadido)(6).

A ello habría que añadir que la jurisprudencia ha precisado que el solo uso de armas de dotación oficial resulta insuficiente para demostrar la responsabilidad estatal, ya que bien puede darse su uso en una actuación sin conexidad con el servicio. Señala la jurisprudencia:

(…) Por cuanto tiene que ver con los elementos cuya acreditación resulta necesaria en el expediente para que proceda declarar la responsabilidad patrimonial del Estado con base en el título jurídico objetivo de imputación consistente en el riesgo excepcional derivado de la utilización de armas de dotación oficial, se precisa de la concurrencia de (i) un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado o determinable, que se inflige a uno o a varios individuos; (ii) la utilización, por parte de un agente de alguna entidad pública, en ejercicio de sus funciones, de un arma de dotación oficial y (iii) una relación o nexo de causalidad entre ésta y aquél, vale decir, que el daño se produzca como consecuencia directa de la utilización del artefacto peligroso antes mencionado, pues éste último elemento -el empleo de un elemento peligroso- hace, en principio, jurídicamente imputable la responsabilidad de reparar los daños causados a la entidad demandada, salvo en los casos en los cuales ésta consiga acreditar la configuración de una eximente de responsabilidad, esto es, la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima, circunstancias cuyo advenimiento determinará la imposibilidad de imputar o atribuir jurídicamente el resultado dañoso a la accionada, que no a destruir el nexo, el proceso causal o la relación de causalidad que condujo a la producción del daño(7)

Con todo, las entidades a quienes se confiere el uso de las armas no pueden sustraerse a los deberes extremos de diligencia y cuidado. Siendo así, en el sublite no cabría sino esperar que el Ministerio de Defensa allegara al plenario elementos de convicción sobre el uso legítimo y proporcionado de las armas de utilizadas en el operativo y que así mismo demostrara bajo qué condiciones perdió el control que celosamente tendría que haber mantenido.

4.1.1 La legítima defensa como causal de exoneración de responsabilidad

En este orden y ya que el sublite tiene que ver con el uso de armas de dotación oficial, en el marco de un operativo planeado y adelantado por el Ejército Nacional, quien alega que su actuación fue en legítima defensa, en necesario ahondar en este último concepto, para establecer sus límites, dimensiones y requisitos.

En principio, la legítima defensa rompe el vínculo de causalidad pues hace recaer el daño en el atacante. Baste decir, al respecto, que quien invoca el eximente traslada la acción riesgosa (o sea, el uso de las armas de dotación oficial) a la misma víctima pues ésta obligó al causante del daño a adoptar las medidas necesarias para contenerla. En otras palabras, la invocación de la legítima defensa implica la afirmación de que la víctima se autoinfligió el daño, por lo que a nadie más cabe imputarlo. En lo que concierne a la virtud desestimadora de la antijuridicidad propia de la causal de legítima defensa, se ha de decir que reposa en la premisa (ya señalada por Hegel y apoyada por el razonamiento lógico matemático) según la cual la oposición al acto contrario a derecho afirma este. Sostener lo contrario sería tanto como afirmar que es el acto antijurídico el que las fuerzas de defensa estatal deben garantizar, lo cual deviene en absurdo.

De especial importancia es señalar en este punto que el acto de legítima defensa no es prioritariamente un acto de contención, de ahí que se refiera al hecho lesivo y no al agente. En otras palabras, para que la defensa se repute legítima, deberá dirigirse a repeler la agresión potencialmente dañosa, cuya ocurrencia no se puede evitar, esto porque el agresor, cualquiera que fuere su actuación, no pierde sus derechos a la vida e integridad.

Así pues, de ninguna manera se puede pretender justificar agresiones en contra del agente que superen el acto de contención. En estricto sentido, lo que sucede es que la actuación antijurídica neutraliza el derecho en igual medida a la necesidad de protegerlo, pero no más allá. En el caso directamente tocante a la actuación de las fuerzas del orden, ello significa su deber de garantizar la vida e integridad personal del agresor, a menos que la necesidad de repeler el ataque torne el deber en inoponible. Así pues, el acto de defensa, para estimarse prudente, deberá procurar la contención del acto ilícito, sin menoscabo de bienes jurídicos de mayor entidad, salvo que el resultado no se pueda evitar.

4.1.2 La proporcionalidad como elemento esencial. El exceso en la legítima defensa

De lo dicho ad supra se desprende que el acto de legítima defensa comporta exoneración de responsabilidad, únicamente en la medida en que responda exactamente a la necesidad de contención. La respuesta que exceda este límite y que cause un daño, de hecho evitable, carece de fuerza liberadora, en la medida en que la consecuencia no se acompasa con el peligro sino que se centra en una causa externa al mismo, fundada ya fuere en la intención de dañar o en una actitud de negligencia, imprudencia o impericia, de por sí generadoras de responsabilidad.

Es por esta última razón que la jurisprudencia penal y contencioso-administrativa han entendido que el empleo de fuerza superior a la necesaria para repeler el ataque, no exonera de responsabilidad, aunque podría hacerlo parcialmente. En este sentido cabe recordar lo dicho por esta Corporación en sentencia de 11 de marzo de 2004(8) en la que se sintetiza la postura de este tribunal, para dejar sentado que el uso de la fuerza no puede sino responder a la agresión en condiciones de proporcionalidad. Por su pertinencia se cita in extenso:

El Tribunal, en la sentencia impugnada, consideró que se configuraba la culpa exclusiva de la víctima, dado que la muerte de las dos personas por las cuales se demanda tuvo ocurrencia en un enfrentamiento armado que sostuvo un grupo de asaltantes bancarios, al cual pertenecían los occisos, y miembros de la Policía Nacional. Los demandantes alegan que no se presentó dicho enfrentamiento y que sus parientes fueron ejecutados.

Debe tomarse en cuenta que el artículo 26 del Código Penal Militar (decreto 2550 de 1988), vigente al momento de los hechos, establecía, en su numeral cuarto, la legítima defensa como causal de justificación: “El hecho se justifica cuando se comete... 4) Por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión”. La legítima defensa establecida como causal de justificación de la conducta en la citada norma penal, es aplicable en el campo de la responsabilidad patrimonial como causa exonerante de la misma; sobre este particular los tratadistas Mazeud y Tunc expresan:

“El derecho penal suprime la responsabilidad en caso de legítima defensa o de un tercero. La misma regla se aplica en el derecho civil; por supuesto, no porque se haya suprimido la responsabilidad penal, sino por aplicación directa de los principios que definen la culpa en materia civil. Desde luego se precisa, como lo exige el derecho penal, que la agresión sea actual, que sea injusta y que la defensa empleada no exceda manifiestamente de la medida del ataque.

“Esos principios, así como acaba de decirse, derivan necesariamente en la definición de la culpa. El que le causa un daño a su agresor o al agresor de un tercero, a fin de impedirle a este último (ofensor) que realice un perjuicio, ¿incurre en culpa? Para responder, hay que preguntarse lo que habría hecho un individuo situado en iguales circunstancias. La solución se impone: ese individuo cuidadoso se hubiera esforzado por impedir que el agresor consiguiera su propósito; para ello, no habría dudado en causarle un daño al agresor. La emoción que causa el ataque puede excusar incluso una defensa demasiado enérgica. Sin embargo, y por descontado, que no todo medio de defensa es legítimo. Como puntualiza con razón el proyecto de reforma del Código penal francés (art. 113), la defensa debe “ser proporcionada a la gravedad de la agresión”(9).

La Sala, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido la legítima defensa como causal de exoneración de responsabilidad de la administración(10); sin embargo, en situaciones como la que se discute en el presente proceso, ha prestado especial atención a los casos en que la ley permite el uso de las armas por parte de los miembros de la fuerza pública en el cumplimiento de sus funciones(11). Así lo consideró, por ejemplo, en sentencia del 27 de julio de 2000:

“Se agrega que aún en el evento de que los señores Orlando y James Ospina hubieran sido delincuentes y que pretendieran extorsionar a la señora Mélida Díaz, los funcionarios no estaban legitimados para sancionarlos con la pena de muerte, pues si bien es cierto que el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y por lo tanto, recurrir a las armas para su defensa, esta potestad sólo puede ser utilizada como último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un menor daño. Lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas”(12).

Similares consideraciones ha hecho la Asamblea General de Naciones al aprobar el “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, en la 106ª sesión plenaria del 17 de diciembre de 1979, para establecer, en el artículo 3°, que: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”; sobre dicha norma comenta que el uso de la fuerza debe ser excepcional, en la medida de lo razonablemente necesario. Tal ha sido también el entendimiento que condujo a la aprobación de los “Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en agosto y septiembre de 1990, en los cuales se establece:

“4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto...

“9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.

Por ello, el examen de la proporcionalidad que debe existir entre, la respuesta de la fuerza pública y la agresión que ella misma padece, en éste tipo de eventos, para que su conducta pueda configurar una legítima defensa, debe someterse a un examen más riguroso que el que se pudiera hacer en el común de los casos. Efectivamente, los elementos configurantes de la legítima defensa deben aparecer acreditados de manera indubitable, de modo que el uso de las armas de fuego aparezca como el único medio posible para repeler la agresión o, dicho de otra forma, que no exista otro medio o procedimiento viable para la defensa; que la respuesta armada se dirija exclusivamente a repeler el peligro y no constituya una reacción indiscriminada, y que exista coherencia de la defensa con la misión que legal y constitucionalmente se ha encomendado a la fuerza pública”.

4.1.3 Legitima defensa objetiva y subjetiva. Proporcionalidad subjetiva y objetiva

La legítima defensa también puede estudiarse desde la óptica subjetiva, esto porque si aparece configurada, cuando se emplea la fuerza para contener una agresión real, habrá de considerarse igualmente cuando se usa para la contención de lo que se percibe como tal, sin serlo.

Aunque lo normal tiene que ver, desde luego, con que los aspectos objetivo y subjetivo de la legítima defensa confluyan, bien puede suceder que se perciba como agresión lo que objetivamente no lo es. En tales circunstancias difícilmente cabría exigir al agente una conducta diferente, lo que realmente en últimas, vendría a desvirtuar la culpa personal, exclusivamente, pues el error no podría trasladarse a la víctima.

Estas consideraciones a la legítima defensa, en general, son aplicables también a sus requisitos, como ocurre en el caso de la proporcionalidad. En efecto, así como se puede errar sobre la peligrosidad de un acto, también su graduación puede equivocarse, con la consecuente elección de un plan de acción desproporcionado a la intensidad real del ataque. En este sentido, es dable considerar el exceso objetivo en la legítima defensa o, lo que es lo mismo, proporcionalidad subjetiva de la respuesta.

Ahora bien, dado que la responsabilidad extracontractual del Estado orbita sobre el daño y su antijuridicidad y no sobre la conducta del agente y que su fin es la reparación y no la sanción, la invocación de la legítima defensa putativa no tiene, en principio, la virtud de exonerar a la administración(13). Y es que, la severidad del daño infligido puede aminorarse por hecho de la misma víctima y no del responsable, de modo que no es razonable asumir que se tiene el deber de soportar la afectación grave de los bienes jurídicos, atendiendo a la conducta del agente. En casos como estos habrá que considerar, pues, que el riesgo inherente al uso de las armas se ha concretado, dando lugar con ello a la declaración de responsabilidad por riesgo excepcional.

Por lo demás, los conceptos de legítima defensa putativa y objetiva son importantes en la responsabilidad estatal en la medida en que, aunque la intención del agente no cualifica el daño, sí determina la naturaleza del acto lesivo. De esta manera, cuando se analiza la muerte causada por el uso de armas de dotación oficial, la intención del agente determina el límite entre la concreción del riesgo y la ejecución extrajudicial y, por ende, define la procedencia o improcedencia de las medidas de rehabilitación, satisfacción y no repetición, que se exigen en casos de crímenes de lesa humanidad.

4.1.4 El exceso en la legítima defensa determina la causalidad del daño

En lo que concierne a la proporcionalidad de la defensa, para efectos de la determinar la responsabilidad extracontractual del Estadio por el uso de armas, se ha de tener en cuenta, por lo demás, que el primer análisis tiene que ver con la relación de causalidad, esto es, si el exceso tuvo que ver con la generación del daño.

Esto es relevante, porque en los supuestos de exceso, hay elementos que verdaderamente corresponden a la legítima defensa y otros que la exceden. Así, por ejemplo, si alguien dispara cinco veces contra un agresor, el primer impacto se puede entender amparado por la legítima defensa, mientras que los restantes se han de reputar ilegítimos, en cuanto vulneran el deber de respetar el derecho ajeno y no abusar del propio; particularmente cuando este se ejerce en condiciones de privilegio o real dominación.

Habrá de establecerse si el exceso fue el causante del daño alegado. Volviendo al ejemplo anterior, habría lugar a la declaración de responsabilidad si se demostrase que una vez herido el agresor y sin capacidad de respuesta, el ataque subsiguiente le causó la muerte, pues este último resultaba innecesario. En cambio, de demostrarse que el primer impacto fue mortal, los restantes, aunque contrarios a derecho, dada la ausencia de relación causal con la muerte del agresor, devienen en irrelevantes para la determinación de la responsabilidad extracontractual.

Dicho lo anterior, es necesario notar que no siempre resulta posible determinar el exceso y que, cuando ello es así, parece prudente asumir una concausalidad, con la correspondiente distribución de la responsabilidad y aminoración de la indemnización debida. A este respecto cabe anotar que no necesariamente la responsabilidad se ha de repartir en porciones absolutamente equivalentes, pues en todo caso a las autoridades habrá de exigirse mayor celo en las actividades que le fueron confiadas.

4.1.4. Sobre la acreditación de existencia y la proporción de la defensa

Establecido que le corresponde al guardador de la actividad riesgosa demostrar el cumplimiento de su deber, eso es a la entidad pública compelida a responder por el uso de armas, vale concluir que la defensa bien puede centrarse en la ocurrencia de una causal de exoneración y así mismo preguntarse cómo y cuándo ha de entenderse probado el hecho de la víctima, teniendo presente que bien puede suceder que lo ocurrido esté rodeado de incertidumbre.

En estos casos se considera que, en principio, demostrado el enfrentamiento, puede aceptarse la legitimidad de la defensa, siendo del caso entonces abordar lo atinente a la génesis del mismo. Así, por ejemplo, el hecho de la preparación permite suponer mayor cautela de parte de quien conocía y pudo prever el ataque y un actuar impulsivo de quienes serían sorprendidos.

En igual sentido, cabe suponer que quien se ve sorprendido en la ejecución o preparación de un acto delictivo tiene mayor proclividad a iniciar el ataque, a menos que existan circunstancias especiales que permitan suponer que actuar de tal modo sería irracional y suicida en el caso concreto. En efecto, aparte de que el hecho de encontrarse en actos delictivos de por sí implica nerviosismo, la sorpresa bien puede estimular la impulsividad, aunado al hecho de quien se halla en estas circunstancias tiene una “pérdida” prácticamente asegurada. De manera que, salvo que se encuentre en especiales circunstancias de inferioridad, puede esperar razonablemente evitar el resultado temido mediante la asunción del riesgo de iniciar el ataque.

Ahora bien, en principio, la demostración de la legítima defensa no exige un despliegue demostrativo relativo al cabal cumplimiento de cada uno de sus requisitos, tampoco desvirtuar la posibilidad de exceso en la acción defensiva. Empero, de haber en el material probatorio elementos que permitan poner en duda la proporcionalidad o el cabal cumplimiento de los protocolos y requisitos de la legítima defensa, la incertidumbre habrá de interpretarse en contra del titular del deber de cuidado de armas, surgiendo, entonces, un deber de probar ya no solamente la legítima defensa, sino la ausencia de abuso en su ejercicio.

4.1.5 Sobre los principios materiales que rigen la interpretación del acervo probatorio y la determinación de la ocurrencia de un supuesto de legítima defensa

Por último, se ha de resaltar que en la determinación de lo ocurrido en casos como el sublite, en los que el material probatorio es ambiguo y lo ocurrido permite diversas interpretaciones, el juzgador se halla obligado a respetar los criterios materiales y formales que rigen la valoración de las pruebas.

En efecto, el razonamiento por el cual el juzgador reconstruye los hechos a partir de las pruebas está regido por criterios cuya observancia es obligatoria y hace parte del núcleo duro del derecho fundamental al debido proceso. Dentro de estos criterios se encuentran las exigencias formales de la sana crítica, que obligan a tener en cuenta las reglas lógicas de la inferencia y a privilegiar las explicaciones más plausibles, sobre las menos probables y a atender a lo que la experiencia señala como lo más usual. Sin embargo, al lado de estos principios se encuentran elementos de orden material, como los derechos fundamentales, los principios y los valores constitucionales.

Algunas de estas exigencias materiales tienen que ver con la exclusión absoluta de las pruebas obtenidas ilegalmente y en clara contradicción con la dignidad humana, así como la exigencia de preferir, dentro del universo de las interpretaciones plausibles, aquellas que menos contradigan principios constitucionales como la presunción de inocencia. Exigencia que guiará de modo especial la interpretación de los hechos que esta Sala acepte en el sublite.

4.2 Consideraciones sobre el caso concreto

4.2.1. Sobre la legítima defensa y el exceso en la misma

Como se enunció en apartados anteriores, aunque el desarrollo de los acontecimientos adolece de falta de claridad, lo más cercano a la realidad procesal tiene que ver con que los señores Suárez Zúñiga y Narváez Urcuqui murieron en el marco de un enfrentamiento con la fuerza pública. Ahora, sobre su origen se cuenta con dos versiones. Acorde con la primera, sostenida en la demanda, los hoy occisos, uno de ellos informante, acudieron a verificar hechos delictivos y, de acuerdo con la segunda, efectivos de la Fuerza Pública habrían acudido al lugar por haber sido informados sobre un hecho de piratería terrestre y accionado sus armas en defensa propia. Se conoce también que uno y otro grupo dispararon. Las tropas del ejército, en cuanto, informes de inteligencia indicaban que los señores Narváez Urcuqui y Suárez Zúñiga se encontraban en el lugar de los hechos con propósitos criminales. De donde para unos y otros el uso de las armas se enmarcaría en legítimo en razón de su defensa.

Ahora bien la Sala observa que, si bien parecería que se trató de un acto de defensa recíproco, existen serios cuestionamientos sobre la plenitud en la satisfacción de los requisitos de proporcionalidad y diligencia por parte de los miembros del Ejército Nacional.

Advierte la Sala, en efecto, la innegable preparación y ventaja numérica, técnica y táctica del Ejército y así mismo echa de menos una especial carga de cuidado en la operación. En efecto, los efectivos contaban con los medios, el tiempo y las posibilidades para planear un esquema operativo que no solamente garantizara la contención de un ataque posible y que también evitara las bajas, resultado este último que, vale anotar, nunca se puede considerar como “positivo”.

Sin entrar en detalle sobre las medidas que se debían adoptar para aminorar el riesgo de bajas, se ha de destacar que la primera y más obvia consistía en dar voces de aviso claras, contundentes y fácilmente identificables, obligación ineludible que no se habría cumplido, aunque en el sublite los militares aseguraron haber alertado y también haber intentado una requisa. Declaraciones que, además de carecer de respaldo probatorio, en cuanto se sustentan en los propios dichos de quienes participaron en la operación, con interés en presentar una conducta adecuada, lo que cuestiona su imparcialidad, muestran una clara inconsistencia con el testimonio del civil, cuya imparcialidad no se cuestiona, quien asegura haber escuchado, únicamente, el sonido de los disparos. Éste último, cabe resaltarlo, no solo se encontraba a una distancia en la que las voces eran audibles, sino que por su actividad (vigilante) le tendría que haber dotado de especiales destrezas, para la detección de circunstancias anómalas y de alerta.

En vista de esto último, la Sala considera que no se puede predicar la satisfacción del requisito básico de diligencia, por parte de las fuerzas del orden, por lo que se entenderá, de entrada, que la acreditación de la defensa por parte de la demandada no satisface exigencias mínimas.

Por otra parte, la Sala advierte que en el acervo probatorio se halla plenamente acreditado el empleo de una fuerza inmensamente superior a la que era objetivamente necesaria para la contención de los disparos (subjetivamente justificados). Así, por ejemplo, el cadáver del señor Suárez Zúñiga revela seis impactos con arma de fuego, varios de los cuales afectaron órganos vitales, lo que obliga a la Sala a concluir que los recibió después de haber quedado en situación de imposibilidad para continuar y, por lo tanto, cuando la defensa ya no era necesaria. Así mismo, la desproporción no admite duda, puesto que mientras en conjunto el señor Suárez Zúñiga y el señor Narváez únicamente habrían disparado en ocho ocasiones, existe evidencia de que los disparos de las fuerzas del orden ascendieron a treinta y cinco.

Ahora bien, la patente desproporción cuantitativa entre la intensidad del ataque y la de la respuesta podría ser interpretada como prueba de que la intención de los agentes defensores excedió y en mucho, la de mera contención. Sin embargo, esta Sala encuentra que si bien en circunstancias de plena visibilidad esta opción resultaría ser la más razonable, la oscuridad acreditada impide pronunciarse con certeza sobre si los uniformados conocieron la magnitud del ataque, pues solo así sería dable concluir la desproporción de la defensa.

En efecto, en una circunstancia de nula visibilidad, como la que se ha acreditado, muy posiblemente no resultaba factible percibir las debilidades y fortalezas de los adversarios como tampoco el cese del ataque. Por esta razón, en el sublite, se condenará a la entidad demandada, acreditado como se encuentra el exceso objetivo en la defensa, generador de responsabilidad estatal.

5. Sobre la fiabilidad de las pruebas y las declaraciones

En su escrito de apelación, la parte actora ha dado a entender que el material probatorio obrante en el proceso pudo haber sido objeto de manipulaciones. Así, por ejemplo, alega que los pasamontañas encontrados pudieron haber sido puestos sobre el rostro de los occisos con posterioridad a su muerte o que los resultados positivos de la prueba de absorción atómica podría obedecer a disparos postmortem. El fundamento de lo anterior radica, principalmente, en la aparente contradicción entre las afirmaciones del testigo José Enrique Lasso Martínez, las declaraciones de los militares implicados y las fotografías tomadas en la diligencia de levantamiento. Las contradicciones señaladas por los apelantes como prueba de la falta de veracidad de las pruebas controladas por el ejécito son, básicamente dos: La primera, contradicción consiste en que el señor Lasso Martínez afirmó no haber oído las voces de advertencia que los soldados, ubicados a la misma distancia, manifestaron haber escuchado. La segunda tiene que ver con que, al preguntársele si reconocía a los occisos, respondió negativamente omitiendo cualquier mención al rostro cubierto por pasamontañas.

Por lo primero, esto es en lo que respecta a las voces, todo indica que no fueron escuchadas por el testigo, de donde no puede sino afirmarse que no se elevaron como correspondía y sin duda no deja de inquietar que el testigo no se pronunciara sobre los pasamontañas. Se trata, efectivamente, de una circunstancia anómala, que podría ser indicativa de falsedad o manipulación. En efecto, el testigo, al tiempo que pasó por alto los pasamontañas, se refirió a la poca visibilidad, a distinguir los rostros debido a la misma y a que no los había visto antes, concretamente indicó: “estaba muy oscuro y no se podía ver rostros, no hay alumbrado público, no había luna tampoco porque en ese momento parecía que iba a llover”; “No los conocía a los muertos, no los había visto antes” (f. 435, c. 3).

Por lo demás, la Sala hace notar que en el caso concreto, la discordancia entre el testimonio del señor Lasso y las declaraciones de los militares resulta indicativa de ocultamiento de parte de estos, de las reales circunstancias que rodearon los hechos de limitada admisibilidad, según la máxima universal del derecho probatorio “Praesumptum de praesumpto non admittiturzs”(14) .

6. Imputación

En vista de que, como se ha dicho hasta el momento, ante la falta de claridad de las circunstancias que rodearon la muerte de los señores Suárez Zúñiga y Narváez Urcuqui la versión más plausible comporta sostener que ambos grupos actuaron en legítima defensa, aunque a fuerza pública se excedió en la misma. De modo que la Sala declarará la responsabilidad estatal pero impondrá una condena de indemnización parcial, puesto que, por regla general, en los supuestos de exceso en la legítima defensa se predica la concausalidad.

Lo anterior, dado que se probó el exceso objetivo en la legítima defensa, esto es, la desproporcionalidad, empero sin claridad sobre percepción subjetiva, no se puede entender que la acción de las fuerzas militares haya tenido una finalidad homiciday por ende, no se le puede considerar como un acto de ejecución extrajudicial, en los términos en los que éste es definido en el ordenamiento internacional. Debido a lo anterior, no se impondrán las sanciones específicas de esta clase de crímenes de lesa humanidad (verdad, justicia, reparación integral y no repetición).

7. Liquidación de los perjuicios

Probada la ocurrencia de los daños y siendo evidente que éstos deben ser indemnizados por la parte demandante, queda determinar su cuantía. Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas ad supra sobre la determinación de la causalidad en los casos en los que se discute el exceso en la legítima defensa, en el caso concreto, las indemnizaciones corresponderán al 40% del daño verificado.

7.1. Perjuicios morales

Por la muerte de los señores Suárez Zúñiga y Narváez Urcuqui se reconocerá indemnización por perjuicio moral a sus familiares, así: cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a sus padres, parejas e hijos y veinte (20) a sus hermanos y abuelos.

En el caso del señor Rafael Emilio Suárez Zúñiga se reconocerá también el perjuicio moral a quienes demostraron tener una relación asimilable a la paterno filial. Así, los señores José Joaquín Silva Francoise y Elvia Rosa Suárez recibirán cuarenta (40) smlmv. En cambio, no se ordenará indemnización a favor de las hermanas Luisa María, Amaury Estella y Lucy Patricia Silva Suárez, por cuanto su relación con el señor Suárez Zúñiga no quedó acreditada.

La Sala hace notar que las indemnizaciones reconocidas se han estimado teniendo en cuenta que, ante la ausencia de pruebas contundentes, la Sala opta por suponer que el enfrentamiento fue simultáneo, aunque sobre el exceso de la fuerza pública no cabe duda.

8.2 Lucro cesante

8.2.1 Lucro cesante debido a los familiares del señor Rafael Emilio Suárez Zúñiga

8.2.1 .1 Lucro cesante consolidado

Para el cómputo del lucro cesante dejado de percibir por la esposa, un hijo del occiso y el de aquella, la Sala tendrá en cuenta que al, momento de su muerte el señor Suárez Zúñiga devengaba un salario de $832.241 que hoy equivaldría a $1,952.651 aunado a que las reglas de la experiencia indican que una persona casada dedica el 25% de sus ingresos a sus gastos personales y lo restante a la manutención de su familia. Así las cosas, el valor de los ingresos mensuales del señor Suárez Zúñiga se dividirá, según los criterios sucesorales, destinándose 50% de los ingresos estimados a la cónyuge del occiso y repartiéndose el 25% restante entre sus hijos. Finalmente, la Sala empleará la siguiente fórmula aceptada jurisprudencialmente.

En donde

S=Suma a obtener.

Ra=Renta actualizada, es decir, la porción de los ingresos actualizados del señor Suárez Zuñiga que a cada cual corresponda.

I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

N=Número de meses dejados de laborar .

1=Es una constante.

A la cifra resultante se descontará un sesenta por ciento ya que, como se dijo, en el sublite se condenará al Estado a indemnizar a los afectados por el 40% del valor de los daños.

Así las cosas:

Lucro cesante consolidado de la señora Zulma Ligia Piamba Pino

sika1
 

Al descontar un 60% de esta cifra se obtiene un total de $ 114.389.610

Lucro cesante consolidado de David Esteban Suárez Piamba

sika2
 

Al descontar el 60% de esta cifra se obtiene un total de $57.194.805

Lucro cesante consolidado de Duván Camilo Suárez Montoya

sika3
 

Al descontar el 60% de esta cifra se obtiene un total de $57.194.805

8.2.1.2 Lucro cesante futuro

Para la estimación del lucro cesante futuro la Sala tendrá en cuenta las proporciones de distribución antes mencionada y el valor actualizado de los ingresos del señor Suárez Zúñiga, además de ello que el joven Duván Camilo Suárez Montoya cumplirá 25 años el día 30 de noviembre de 2018 y David Esteban Suárez Piamba, el día 29 de diciembre de 2020, por lo que el cálculo de la indemnización por este concepto ha de dividirse en tres períodos: uno comprendido entre la fecha de esta decisión y el 30 de noviembre de 2018, otro entre esa fecha y el 29 de diciembre de 2020 y uno final entre el 29 de diciembre de 2020 y la fecha de la muerte probable del señor Suárez Zúñiga. Última que se calculará teniendo en cuenta que hoy en día el occiso tendría 44 años, por lo que su expectativa de vida sería de 37.1, de acuerdo con los parámetros establecidos por la resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Adicionalmente, la Sala empleará la siguiente fórmula:

tambor1
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual.

i= Interés puro o técnico: 0.004867.

n= Número de meses que comprende el período indemnizable.

Así las cosas.

Primer periodo

Zulma Ligia Piamba Pino

soka1
 

Al descontar el 60% de esta suma se obtiene un total de $22.281.801

David Esteban Suárez Piamba

soka2
 

Descontando el 60% a esta cantidad se obtiene un total de $ 11.140.900

Duván Camilo Suárez Montoya

soka3
 

Descontando el 60% a esta cantidad se obtiene un total de $ 11.140.900

Segundo Periodo  

Zulma Ligia Piamba Pino

kase1
 

Al descontar el 60% a esta cantidad se obtiene un total de $9.515.932

David Esteban Suárez Piamba

kase2
 

Descontando el 60% a esta cantidad se obtiene un total de $4.753.951

Tercer periodo 

Zulma Ligia Piamba Pino

kosa3
 

 

Descontando el 60% a esta cantidad se obtiene un total de $66.185.356.

8.2.2 Lucro cesante debido a los familiares del señor Diego León Narváez Urcuqui

Para el cómputo del lucro cesante dejado de percibir por la compañera y los hijos del señor Suárez Zúñiga desde los hechos, la Sala tendrá que al momento de su muerte el mismo laboraba, aunque por contradicciones en el material probatorio no es posible saber si como administrador de un almacén agropecuario o como agricultor, según afirmó su hermano en la diligencia de reconocimiento del cadáver. Por lo anterior, ante la incertidumbre sobre su real condición laboral y la cuantía de sus ingresos se indemnizará con base en el salario mínimo. Esta última cantidad se dividirá, a su vez, según los criterios de la sucesión, destinándose 50% del salario mínimo a la compañera del occiso y repartiéndose el 25% restante entre sus hijos. Finalmente, la Sala empleará las fórmulas jurisprudenciales empleadas ad supra.

8.2.2.1 Lucro cesante consolidado

Afra Marina Muñoz Muñoz

kun1
 

Descontando el 60 % a esta cantidad se obtiene un total de $43.167.388

Laura Marcela Narváez Muñoz

kun2
 

Descontando el 60% a esta cantidad se obtiene un total de $21.583.694

Ricardo León Narváez Muñoz

kun3
 

Descontando el 60% a esta cantidad se obtiene un total de $21.583.694.

8.2.2.2 Lucro cesante futuro

Para la estimación del lucro cesante futuro la Sala debe considerar las proporciones de distribución antes mencionadas y el valor actualizado de los ingresos del señor Narváez, además de ello se tendrá en cuenta que la joven Laura Marcela Narváez Muñoz cumplirá 25 años el día 17 de marzo de 2017 y el joven Ricardo León Narváez Muñoz, el día 24 de agosto de 2018, por lo que el cálculo de la indemnización por este concepto ha de dividirse en tres períodos: uno comprendido entre la fecha de esta decisión y el 17 de marzo de 2017, otro entre esa fecha y el 24 de agosto de 2018 y uno final entre el 24 de agosto de 2017 y la fecha de la muerte probable del señor Suárez Zúñiga. Fecha que se calculará teniendo en cuenta que hoy en día el occiso tendría 45 años, por lo que su expectativa de vida sería de 36.2 , de acuerdo con los parámetros establecidos por la resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Así las cosas

Primer periodo

Afra Marina Muñoz Muñoz

kon1
 

Descontando el 60% a esta cantidad se obtiene un total de $6.001.956

Laura Marcela Narváez Muñoz

kon2
 

Descontando un 60% a esta cantidad se obtiene un total de $3.000.978

Ricardo León Narváez Muñoz

kon2
 

Descontando un 60% a esta cantidad se obtiene un total de $3.000.978

Segundo periodo

Afra Marina Muñoz Muñoz

ken1
 

Descontando el 60% de esta cantidad se obtiene un total de $2.398.942

Ricardo León Narváez Muñoz

ken2
 

Descontando el 60% de esta cantidad se obtiene un total de $1.099.066

Tercer Periodo

Afra Marina Muñoz Muñoz

ken3
 

Descontando el 60% de esta cantidad se obtiene un total de $25.476.633

Con base en todo lo anteriormente expuesto se

III. RESUELVE

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de 4 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

SEGUNDO.- DECLARAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional administrativamente responsable por la muerte de los señores Rafael Emilio Suárez Zúñiga y Diego León Narváez Urcuqui

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional al pago del valor de los siguientes valores por concepto de perjuicios morales.

a) A Rafael Emilio Bustamante, José Joaquín Silva Francoise, Elvia Rosa Suárez de Silva, Zulma Ligia Piamba Pino, David Estaban Suáez Piamba la suma equivalente a 40 smlmv para cada uno.

b) Para Duván Camilo Suárez Montoya, la suma equivalente a 40 smlmv.

c) Para Gala Rosa Bustamante, Ana María Suárez Granados, Martín Rafael Suárez Granados y Jairo César Suárez Grandados, la suma equivalente a 20 smlmv.

d) Para Aura Urcuqui, Afra Marina Muñoz Muñoz, Laura Marcela Narváez Muñoz y Ricardo León Narváez Muñoz, la suma equivalente a 40 smlmv.

e) Para Dilmer Arnubio Narváez Urcuqui, Isleni Narváez Urcuqui y Otilia Urcuqui Bolaños, la suma equivalente a 20 smlmv.

CUARTO.- NEGAR las pretensiones relativas a la indemnización a título de daños morales a las señoras Luisa María, Amaury Estella y Lucy Patricia Silva Suárez.

QUINTO- CONDENAR al Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante.

a) Para Zulma Ligia Piamba Pino, doscientos doce millones trecientos setenta y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos ($212.372.699).

b) Para David Esteban Suárez Piamba, setenta y tres millones ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis pesos ($73.089.656).

c) Para Duván Camilo Suárez Montoya, sesenta y ocho millones trescientos treinta y cinco mil setecientos cinco pesos($68.335.705).

d) Para Afra Marina Muñoz Muñoz, setenta y siete millones cuarenta y cuatro mil novecientos diecinueve pesos ($77.044.919).

e) Para Laura Marcela Narváez Muñoz, veinticuatro millones quinientos noventa y tres mil seiscientos cuarenta y dos pesos ($24.593.672).

f) Para Ricardo León Narváez Muñoz veinticinco millones sesicientos noventa y dos mil setecientos treinta y ocho pesos ($25.692.738).

SEXTO.- Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

SÉPTIMO. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del Art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el Art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995.

En firme esta providencia, REMITASE la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

1 Para el momento de presentación (1998) la cuantía establecida para que un proceso tuviera vocación de segunda instancia era de $18.850.000. Ahora bien, la pretensión mayor en la demanda, correspondiente al valor del lucro cesante debido a la esposa y la compañera permanente de los occisos, asciende a $300.000.000.

2 Se entiende que se ha cumplido con el requisito de la contradicción, toda vez que las citadas declaraciones se rindieron ante la parte demandada.

3 Exp. 12.696; Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez

4 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 20 de febrero de 1989. Expediente 4655. Actor: Alfonso Sierra Velásquez.

5 Nota original de la sentencia citada: Ver, entre otras, sentencia de la Sección III, del 16 de junio de 1997. Expediente 10024.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001, expediente: 12.696; Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez. Estas consideraciones también figuran en sentencia dede abril veintisiete (27) de dos mil seis (2006), Radicación: 27.520 (R-01783); Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 108076, M.P Mauricio Fajardo Gómez.

8 Exp. 14777. M.P Alier Eduardo Hernández Enríquez,

9 Henri y León Mazeud, André Tunc, Tratado Teórico y práctivo de la responsabilidad civil, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, tomo I, volumen II, reimpresión, 1993, pág. 138.

10 Al respecto, ver por ejemplo, sentencia del 19 de febrero de 1999, exp: 10.459, del 10 de marzo de 1997, exp: 11.134, del 31 de enero de 1997, exp: 9.853, del 12 de diciembre de 1996, exp: 9.791, del 21 de noviembre de 1996, exp: 9.531, del 18 de mayo de 1996, exp: 10.365 y del 15 de marzo de 1996, exp: 9.050.

11 Sobre el uso indiscriminado de armas de fuego por miembros de la fuerza pública la Sala se ha pronunciado, entre otras, en sentencias del 14 de marzo de 2002, expediente: 12054, del 21 de febrero de 2002, expediente: 14016, y del tres de mayo de 2001, expediente: 13.231.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 27 de julio de 2000, expediente: 12.788, actora: Ofelmina Medina Villa.

13 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de junio de 2010 .exp, (18466), C.P Enrique Gil Botero.

14 El indicio del indicio no es admisible.