Sentencia 1998-01248 de junio 5 de 2008

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Radicación número: 73001-23-31-000-1998-01248-01(16819)

Actor: Sociedad Coldicom Ltda

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Ministerio de Justicia y del Derecho

Referencia: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C, cinco de junio de dos mil ocho.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de mayo de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la que se negaron las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte actora.

I. Antecedentes 

1. Mediante demanda presentada el 25 de junio de 1998, Miguel Baracaldo Corzo quien actúa en nombre propio y como representante legal de la empresa Coldicom Ltda; Daniel Bonilla Lamprea y Leonidas Garnica Rodríguez, por medio de apoderado, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional y al Ministerio de Justicia y del Derecho, por la privación injusta de la libertad de los demandantes entre el 26 y 28 de junio de 1996 y por la retención de dos vehículos y el crudo que trasportaban desde aquel primer día hasta el 11 de julio siguiente, cuando se realizó su entrega provisional y por el lapso adicional, que finalizó el 11 de julio de 1997 cuando se hizo la entrega definitiva de los automotores.

Como consecuencia de la anterior declaración pidieron que se condenara a las demandadas al pago, por perjuicio moral, a 1.000 gramos de oro, para cada uno de los demandantes y por perjuicio material en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, una suma no inferior a $450.000.000, sin discriminar a cual de los actores.

Como fundamento de sus pretensiones, narraron que, el 26 de junio de 1996, en la vereda Sucre del municipio del Espinal, Tolima, aproximadamente a las 3:30 de la mañana, a Daniel Bonilla Lamprea le fue solicitada, por agentes de la Policía Nacional, la documentación de la carga de petróleo crudo que transportaba en la tractomula. A continuación, el conductor y los agentes, a solicitud del primero, se desplazaron a la casa de Miguel Baracaldo Corzo, representante legal para la época, de la empresa Coldicom Ltda., propietaria del vehículo. Este último presentó la patente de funcionamiento de la empresa, el Certificado de la Cámara de Comercio de la misma y la remisión 2029 de crudo de Coldicom Ltda a textiles Konkord, documentos que no fueron aceptados por los uniformados. En el lugar se encontraba otro vehículo, también con carga de crudo, y perteneciente a la misma empresa, que conducía el señor Leonidas Garnica Rodríguez. Las tres personas citadas fueron privadas de la libertad durante dos días y los vehículos retenidos, 15 días físicamente y un año en provisionalidad.

2. La demanda fue admitida el 7 de julio de 1998 y notificada en debida forma. La Policía Nacional, en su contestación, manifestó que los agentes que conocieron del caso estaban cumpliendo con sus funciones, toda vez que habían tenido conocimiento que, el día anterior, en esa jurisdicción se había presentado una merma en la presión del oleoducto de ECOPETROL. Por lo anterior, cuando estaban realizando patrullaje, encontraron en el depósito de combustible de propiedad de Miguel Baracaldo, al frente una tractomula con 2.500 galones de petróleo crudo y adentro dos más con 5.500 y 2.000 galones del mismo producto. Los vehículos fueron inmovilizados, porque no fue presentada la documentación que estableciera la procedencia del crudo. Ese mismo día se dejó a disposición de la autoridad competente tanto los vehículos como las personas. Si el perjuicio se hace consistir en la detención ilegal, ésta no se derivó del proceder de la Policía.

Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, aseguró que los funcionarios judiciales actuaron conforme a las normas sustantivas y procesales; agregó que, una eventual responsabilidad debía imputarse a la Policía Nacional, que rindió el informe y puso a los detenidos y los vehículos a disposición de la fiscalía.

3. El proceso se abrió a pruebas por auto del 27 de octubre de 1998 y en providencia del 17 de febrero de 1999 se corrió traslado para alegar de conclusión. La parte demandante presentó escrito de alegaciones, las demandadas guardaron silencio.

La actora insistió en que estaba demostrada la responsabilidad de las entidades demandadas al privar de su libertad a los demandantes; además, enfatizó en la especial protección que le compete al Estado de velar por la estabilidad laboral de los particulares, que se encuentran respaldados por la inviolabilidad de su libertad y el ejercicio de la libre empresa.

II. Sentencia de primera instancia 

El a-quo, como ya se dijo, no accedió a las pretensiones de la demanda. Consideró que no se configuró causa alguna de indemnización por la captura de los demandantes, ni por la retención de los vehículos, toda vez que al momento del hecho no se presentaron los documentos que autorizaban el transporte del combustible y era necesario que la autoridad judicial investigara la conducta de las personas que lo tenían en su poder. Si hubo una conducta que se denunció como ilícita, las personas procesadas tenían la obligación de soportar las consecuencias que de ella se derivaran así se precluyera luego la investigación.

III. El recurso de apelación 

1. La actora impugnó en sede de apelación la anterior providencia. En la sustentación de la misma señaló que en la sentencia recurrida hubo una connotada indiferencia respecto de los argumentos expuestos en la demanda.

2. El recurso fue concedido el 1º de junio de 1999 y admitido el 1º de septiembre siguiente. En el traslado para presentar alegatos de conclusión las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. Consideraciones: 

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 10 de mayo de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, para lo cual se analizará el daño antijurídico y su imputabilidad al Estado, en el caso concreto, a partir del material probatorio allegado al proceso.

En el libelo demandatorio se solicita se reconozcan los perjuicios por la privación injusta de la libertad sufrida por los actores, entre los días 26 y 28 de junio de 1996, y la retención indebida de las tractomulas y el crudo que en ellas se transportaba, materialmente entre la primera fecha y el 11 de julio del mismo año y el cese de la medida un año después.

1. Privación injusta de la libertad.

Sobre el tema, en el proceso obran las siguientes pruebas:

1.1. Mediante el informe del 26 de junio de 1996, el Comandante de vigilancia primer turno, del Departamento de Policía del Tolima, DG Edgar Achury Santos, puso a disposición del Comandante de Vigilancia del Espinal, tres vehículos y tres personas (fls. 7 y 8 C.1), allí se lee:

“Comedidamente me permito dejar a disposición de esa jefatura los vehículos: 1) tractocamión marca GMC de placas AEA 994 Santafé de Bogotá, color rojo con un trailer color verde, placa trailer No. RO3855, esa tractomula fue encontrada en la vía que conduce a la vereda SUCRE frente al depósito de dicho combustible (CRUDO) de propiedad del señor MIGUEL BARACALDO CORZO c.c.11.370.782 de Fusa Cundinamarca, 48 años, casado, Bachiller, Natural de Fusa Residente Espinal Vereda Sucre, siendo las 3:30 horas, vehículo mencionado era conducido por el señor DANIEL BONILLA LAMPREA c.c. 5´921.448 de Guamo, 40 años, casado, conductor, Bachiller, natural Guamo, residente Carrera 9ª No. 3-18 Guamo, quien presentó únicamente documentos del vehículo y manifestó tener 2.500 galones de crudo cargados de la misma planta, pero minutos antes nos manifestó haberlos traído de Castilla, al constatarse en el tanque, este transportaba aparentemente CRUDO, como también nos manifiesta que había hecho una carga de QUEROSENE, el señor MIGUEL BARACALDO no presentó documentos de la carga.

 

2) Tractocamión marca MAC color rojo, Placas VXA299 de Neiva, con un trailer color rojo de placas RO7324 donde transportaba crudo en un total de 5.500, conducido por el señor LEONIDAS GARNICA RODRIGUEZ C.C. 18’911.576 de Aguachica, 42 años, casado, conductor, bachiller, natural Espinal, Residente Carrera 5 Calle 21 manifestó no tener nomenclatura, [el] mencionado vehículo se encuentra en el Depósito LOS TANQUES vereda SUCRE, el señor MIGUEL BARACALDO presentó una factura de la empresa COLDICOM Ltda. No. 2029 fechada Junio 25 año en curso, a nombre de TEXTILES KONKORD, de Santafé de Bogotá, por la cantidad de 5.500 galones de Crudo de Castilla, para ser transportado en el vehículo mencionado por el señor LEONIDAS GARNICA, el conductor en momentos de los hechos no se encontraba en su residencia, para lo cual se procedió a localizarlo y pedir el favor de conducir el vehículo a las instalaciones del Cuartel, dentro de las Instalaciones se constató en los vehículos y esta relacionado porta Petróleo crudo, el señor LEONIDAS GARNICA manifiesta no haber cargado en ningún momento dicho CRUDO, el simplemente dejó en las Instalaciones de la planta el cabezote, no conoce de ningún transporte de CRUDO.

3) Tractocamión marca CHEVROLET placas SBH314 de Santafé de Bogotá, color rojo, tanque de color gris con 2.000 galones de CRUDO conducido por el señor LEONIDAS GARNICA a las instalaciones, mencionado vehículo fue encontrado dentro de la Planta a la misma hora y se constató y vehículo transporta crudo, no presentaron documentos de dicho cargamento.

El señor MIGUEL BARACALDO presentó una patente de funcionamiento No. 317 expedida Espinal, para funcionamiento de la Planta distribuidora de hidrocarburos de razón social COLDICOM Ltda., Dirección Carrera 5ª No. 20-97 Espinal Nit. 800.019.791-3 expedida Julio 01 de 1995 con horario de funcionamiento de 8:00 horas, misma forma presenta Certificado de la Cámara de Comercio del Espinal de 1995, los cuales se anexan al presente informe, lo mismo que el recibo 2029.

Respetuosamente me permito informar a esa jefatura que en el momento de llegar a las instalaciones de la planta, de la vereda Sucre, constatamos que en este lugar hay más cantidad de CRUDO en unos tanques subterráneos y no se nos presentó documentación al respecto.

HECHOS,

Los hechos se produjeron en el momento que se realizaba un patrullaje por el sector de las veredas aledañas al Espinal, por encontrarse un bajón en la presión del oleoducto de ECOPETROL, hechos ocurridos a eso de las 3:30 horas.” (fls. 7 y 8 C. 1).

El informe fue aclarado y ampliado el 27 de junio de 1996, por el DG. Edgar Achury Santos (fls. 82 y 83 C. 1), así:

“Comedidamente me permito aclarar y dar ampliación sobre el informe redactado junio 26 de 1996, para la fecha nos encontrábamos patrullando por la vía que conduce a la vereda Sucre a eso de las 03 y 30 horas encontramos en la vía un Tracto Camión de Marca GMC de placas AEA 994 de Santa Fé de Bogotá color rojo con un Trailer color verde placa RO 3855 y procedimos a hacer la correspondiente requisa del vehículo y verificar su procedencia y el contenido del producto que llevaba en dicho tanque.

El conductor de ese vehículo de nombre (MIGUEL) CORRIJO el nombre del conductor de dicho vehículo en mención es DANIEL BONILLA LAMPREA C.C. 5.921448 del Guamo Tolima, quien presentó únicamente los documentos del vehículo y no los documentos del producto que llevaba que aparentemente es crudo.

Como nos encontramos frente al deposito de nombre los Tanques, el conductor llamó al propietario de nombre MIGUEL BARACALDO CORZO C.C. 11.370.782 de Fusa Cundinamarca para que nos hiciera aclaración de dicho producto, el propietario no presentó ningún documentos de dicho producto, pero al indagar al conductor manifestó que en ese vehículo transportaba 2.500 galones de crudo traídos de castilla y le preguntamos sobre la factura de compra y no presentó nada, lo que manifestó era que había hecho un viaje de QUEROSENE y que el crudo que portaba en el vehículo había sido cargado de la misma planta en pocas palabras el conductor ya no sabía que manifestar, se encontraba confuso.

El segundo vehículo Tractocamión Marca MAC color rojo placas VXA 299 de Neiva con un trailer color rojo de placa RO7324 se encontraba dentro del depósito o planta se indagó al propietario MIGUEL BARACALDO CORZO sobre el producto que contenía dicho vehículo y el manifestó que contenía 5.500 galones de crudo, le pedimos documentación sobre el producto que contenía dicho vehículo y presentó una factura de la empresa COLDICOM LTDA Nro. 2029 fechada junio 25 año 96 a nombre de TEXTILES KONKORD, en la cual manifestaba 5.500 galones de crudo traídos de Castilla, le preguntamos sobre el conductor de ese vehículo y manifestó que se encontraba en la casa y el mismo manifestó irlo a traer al espinal para que llevara el tractocamión al distrito tres de Policía, cuando llegó el conductor a la planta de nombre LEONIDAS GARNICA lo indagamos si él era el conductor de ese vehículo y el manifestó que si y le preguntamos de a donde había traído ese producto y manifestó no haber cargado dicho crudo que el simplemente dejó en la planta el cabezote y se fue para su vivienda ubicada en el Espinal Carrera 5 con Calle 21.

El tercer vehículo camión marca CHEVROLET placa SBH 314 de SANTAFE DE BOGOTA, color rojo, tanque de color gris, este vehículo se encontraba dentro del deposito o planta, también se le averiguó al propietario MIGUEL BARACALDO CORZO sobre los documentos y el producto que contenía y no presentó ningún documento pero lo que manifestó era que contenía 2.000 galones de crudo en virtud de que no daba una aclaración exacta del producto que contenía los tres camiones y no dar o presentar los documentos en regla como lo exige la ley 300 del 93 procedimos a pedirle el favor al propietario que por favor (sic) lleváramos los tres vehículos al distrito para hacer las averiguaciones y la procedencia de dicho producto.

El señor LEONIDAS GARNICA nos colaboró en ir a traer el tercer vehículo del deposito al Distrito, es de anotar que este señor en ningún momento se encontraba en dicha planta que el propietario fue hasta su vivienda y lo trajo hasta la planta ubicada en la vereda Sucre para que movilizara o condujera (a los vehículos) CORRIJO para que condujera el segundo vehículo y el tercero al distrito.

Es de anotar que en dicha planta se encuentra unos tanques subterráneos aparentemente con más cantidad de crudo depositado; como también se le averiguó al propietario sobre los documentos de dicho producto almacenado y no presentó nada.”

Es de anotar que los vehículos fueron encontrados cargados con crudo frente a una bodega de propiedad del señor Baracaldo Corzo, donde éste ejercía su actividad económica que consistía, de acuerdo con lo consignado en la patente de funcionamiento, en la “distribución de hidrocarburos” (fl. 13 C.P.).

1.2. De acuerdo con el informe presentado por el DG. Edgar Achury Santos, el 26 de junio de 1996, el Jefe de Sección de Vigilancia de la Estación del Espinal, puso a disposición de la Fiscalía Seccional del Tolima, a Daniel Bonilla Lamprea, Miguel Baracaldo Corzo y Leonidas Garnica Rodríguez y tres vehículos: un tracto camión marca Mac, color rojo, placas VXA-299 de Neiva, con un trailer color rojo de placas RO7324; un tractocamión marca GMC, placas AEA 994 de Santafé de Bogotá, color rojo y verde con un trailer de placas RO3855; y un tractocamión marca Chevrolet, placas SBH 314 de Santafé de Bogotá, color rojo y tanque color gris. (fl. 6).

1.3. El 26 de junio de 1996, fueron libradas las boletas de detención a los señores Daniel Bonilla Lamprea, Leonidas Garnica y Miguel Baracaldo Corzo (fls. 22, 24 y 25).

1.4. El mismo día, la Secretaría Común de la Unidad de Fiscalías ante el Circuito del Espinal, mediante oficio No. 4211, solicitó al administrador del garaje La Octava “mantener bajo su custodia, vigilancia y hasta nueva orden” los vehículos antes relacionados (fl. 26 C.1).

1.5. En providencia del 28 de junio de 1996, suscrita por el Fiscal 30 seccional del Espinal Tolima, se resolvió la situación jurídica de los señores Miguel Baracaldo Corzo, Leonidas Garnica Rodríguez y Daniel Bonilla Lamprea, en donde se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra los tres detenidos y ordenó su inmediata libertad (fls. 100 a 102 C.P.).

De lo anterior, se deduce, que los señores Baracaldo, Garnica y Rodríguez estuvieron privados de su libertad del 26 al 28 de junio de 1996.

1.6. Mediante providencia del 20 de junio de 1997, la Fiscalía Treinta Seccional del Espinal, decidió “PRECLUIR la presente investigación a favor de los vinculados DANIEL BONILLA LAMPREA, MIGUEL BARACALDO CORZO Y LEONIDAS GARNICA RODRIGUEZ…ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE el expediente y hacer entrega definitiva de los vehículos” (fls. 310 a 313 C.1); para llegar a esta decisión el fiscal realizó las siguientes consideraciones:

“Fundamental resulta en este momento para el proceso mismo, así como para la Administración de justicia el dictamen rendido por la Dra. ALICIA VARGAS RODRIGUEZ, Profesional Universitaria Judicial I, adscrita al cuerpo Técnico de Investigación de la ciudad de Ibagué, visible del folio 225 al 231 del cuaderno principal, rendido como complemento de la diligencia de Inspección Judicial sugerida por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de dicha capital, -prueba con la cual se buscaba “establecer en forma definitiva si de acuerdo con los movimientos registrados aparecían o no en reserva crudo del que se aprovisionara la firma hasta el 1º de abril de 1996”, prueba que a la postre ha servido para demostrar que:

1. Al primero (1º.) de Abril de 1996 la empresa Colombiana Distribuidora de Combustible “COLDICOM”, aparece con reservas de combustible en una cantidad de 176.866 galones…” y de otra parte que, teniendo en cuenta que la incautación tuvo ocurrencia el día 26 de junio de 1996, para esa fecha había una existencia de 69.906 galones de CRUDO. (subraya fuera de texto), con lo cual se ha colmado la expectativa del Superior jerárquico constituyéndose a la vez en pilar fundamental para la decisión que en Derecho corresponda a esta instancia tomar.

Significa lo anterior que si la policía local decomisó dos carrotanques que contenían un total de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) galones de CRUDO, y contablemente se estableció que dentro del almacenamiento del procesado BARACALDO CORZO, para la fecha del 25 de Junio del año próximo pasado, tenía 69.906 galones, es palmar que el combustible era de su propiedad, y había sido adquirido legalmente ello en ejercicio de su desempeño como distribuidor de combustibles, labor que según lo estableció en la Inspección Judicial el sindicado viene desempeñando hace varios años, hecho que aparece corroborado a través de las facturas de las fotocopias arrimadas junto con la experticia que estamos analizando, lo cual permite afirmar sin hesitación alguna que los hechos puestos en conocimiento por la Policía Nacional de la localidad y que dieron lugar a la iniciación de esta instructiva no tuvieron ocurrencia, pues como se repite, ni persona particular o entidad oficial ha manifestado haber sido víctima del hurto del combustible primario decomisado, y contrario sensu procesalmente aparece plenamente demostrada la procedencia, y propiedad del crudo.

En tales condiciones, procede la aplicabilidad oficiosa del artículo 36 de la obra Procesal Penal, disponiendo como consecuencia lógica la PRECLUSIÓN de la investigación a favor de los indagados MIGUEL BARACALDO CORZO, DANIEL BONILLA LAMPREA y LEONIDAS GARNIA RODRIGUEZ, por hallarnos ante la causal de improseguibilidad de la acción penal por cuanto ha quedado aclarado que los antes mencionados no cometieron el hecho punible en comienzo endilgado” (se subraya).

1.7. De conformidad con la providencia antes transcrita, los señores Baracaldo Corzo, Bonilla Lamprea y Garnica Rodríguez, no cometieron el delito que les había sido imputado, la actividad económica que ejercía el señor Baracaldo Corzo era la distribución de hidrocarburos y por lo tanto, resultaba obvio que frente al depósito donde guardaba el crudo para la comercialización se hallara un vehículo, de su propiedad, cargado con ese material.

También resulta claro que quien indujo a error a la Fiscalía fue la Policía Nacional, al poner a su disposición a los tres detenidos y los vehículos, acusándolos del delito de hurto de combustible, lo que tuvo como consecuencia que estos fueron recluidos en la cárcel del Espinal y aquéllos retenidos en un parqueadero. La total ausencia de justificación, de tales medidas configuraron, sin duda, una detención injusta. 

Visto lo anterior, debe tenerse en cuenta que la privación de la libertad que se discute ocurrió entre el 26 y 28 de junio de 1996, cuando había entrado a regir la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, promulgada el 15 de marzo de 1996, y en cuyo artículo 68 establece: “Quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”. En la sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional, respecto de esa norma, expresó lo siguiente: 

“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamentearbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, precedería en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención. 

“En virtud de lo anterior, y a propósito de lo explicado en torno al artículo 66 del presente proyecto, debe entenderse que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente y el procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error judicial en que incurran las demás autoridades judiciales. 

“Bajo estas condiciones, el artículo se declarará asequible”  

Respecto del mismo artículo, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando ésta sea ilegal o arbitaria. En jurisprudencia reciente(1), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención  

injusta, contempladas en el derogado artículo 414(2) del decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición. Es decir, que después de la entrada en vigencia de la ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta “porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta. A las hipótesis citadas se les ha agregado el evento de absolución en aplicación del in dubio pro reo(3). Lo enunciado, con fundamento en la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución política; la sentencia del 2 de mayo de 2007, señaló:  

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 -y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia-, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. 

“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-03[7] de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado -a la que se hizo referencia en apartado precedente- ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(4)

Precisamente, los parámetros del artículo 90 de la C.P., fueron los que guiaron la interpretación del citado artículo 414 del C. de P.P., para derivar de él, de manera automática responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, a través del título objetivo. Así lo ha destacado la Sala en sentencia reciente:

“Acerca del contenido y alcance de esta norma, la jurisprudencia de esta Sala, con relevante sindéresis, ha precisado:

“(…) 6. La responsabilidad en estos casos, como lo señaló también la Sala es “fiel desarrollo del artículo 90 de la Carta Política, sólo que circunscrito al daño antijurídico proveniente de las precisas circunstancias allí previstas” y “es objetiva, motivo por el cual resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez o magistrado, para tratar de definir si por parte de él hubo dolo o culpa.” (Ver sentencias del 30 de junio de 1994, exp. 9734, actor Neiro José Martínez, ponente Dr. Daniel Suárez Hernández y del 15 de septiembre de 1994, exp. No. 9391, acto Alberto Uribe Oñate, ponente Dr. Julio César Uribe Acosta).

“7. Se reitera que es un tipo de responsabilidad objetiva en la medida en que no recurre la existencia de falla del servicio, razón por la cual no tiene ninguna incidencia la determinación de si en la providencia que ordenó la privación de la libertad hubo o no error judicial; y no es posible la exoneración de responsabilidad de la administración con la sola prueba de diligencia que en este caso se traduciría en la demostración de que la providencia estuvo ajustada a la ley.”(5)

“Las hipótesis establecidas en el señalado precepto, contrario a lo precisado por el a quo, no requieren de la constatación de un error judicial, sino, simplemente, del acaecimiento de cualquiera de las mismas sin referencia alguna al contenido de la providencia judicial que impuso la medida de aseguramiento. Se trata por lo tanto, en estos eventos, de la obligación objetiva establecida en la ley, de reparar el perjuicio causado cuando frente a la persona que, en determinado momento fue privada de la libertad a través o con fundamento en una providencia legal y, en principio, ajustada al ordenamiento jurídico, sin embargo, se precluye la investigación, cesa el procedimiento, o se absuelve en la sentencia(6).

“La norma así analizada, no hace nada distinto a preestablecer la responsabilidad patrimonial del Estado en específicos supuestos, principalmente a causa del perjuicio que representa el estar privado de la libertad, como medida cautelar del proceso penal, para luego concluir por parte del sistema judicial que el ciudadano no cometió la conducta punible, no era típica, o nunca existió.”(7)

En efecto, la privación de la libertad, en estos casos, puede y debe darse con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero, a la postre, si se dicta una providencia absolutoria, por cualquiera de los supuestos ya citados o por duda, se trataría de una decisión legal que pone en evidencia que la medida inicial fue equivocada. El fundamento de la indemnización, entonces, no sería la ilegalidad de la conducta, por lo que debe preguntarse si el hecho de la privación de la libertad, en esas circunstancias, da lugar o no a un perjuicio indemnizable, es decir, si se ha configurado un daño antijurídico. Esto, bajo el entendido que “los ciudadanos están obligados a soportar algunas cargas derivadas del ejercicio de las funciones administrativas, y sólo en la medida en que, como consecuencia de dicho ejercicio, se produzca un perjuicio anormal, puede concluirse que han sido gravados de manera excepcional”(8). En la sentencia del 4 de diciembre de 2006, la Sala contestó de manera categórica el interrogante:  

“Esta Corporación ha sostenido que a los asociados corresponde soportar la carga pública que implica participar, por voluntad de la autoridad, en una investigación. Sin embargo, ahora la Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo. 

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la perdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona -junto con todo lo que a ella es inherente- ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.  

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona -con todos sus atributos y calidades- deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un -desde esta perspectiva, mal entendido- interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular -incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo- sin ningún tipo de compensación. 

(…)

Entre las consideraciones acerca de la naturaleza del daño antijurídico se ha sostenido que, en cada caso, ha de corresponder al juez determinar si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario. En este orden de ideas, no pocas veces se ha concluido que constituye daño antijurídico aquel que se experimenta en el ámbito puramente material, por vía de ejemplo, cuando se devalúa un bien inmueble por la proximidad de un puente vehicular que ha sido construido y puesto en funcionamiento para el bienestar de toda la colectividad.

No se entiende entonces con apoyo en qué tipo de argumento no habría de ser catalogado como igualmente antijurídico el daño que sufre quien se ve privado de la libertad -como en el presente caso- durante cerca de dos años y acaba siendo absuelto mediante sentencia judicial. Ciertamente resulta difícil aceptar que, con el fin de satisfacer las necesidades del sistema penal, deba una persona inocente soportar dos años en prisión y que sea posible aducirle, válidamente, que lo ocurrido es una cuestión “normal”, inherente al hecho de ser un buen ciudadano y que su padecimiento no va más allá de lo que es habitualmente exigible a todo individuo, como carga pública derivada del hecho de vivir en sociedad. Admitirlo supondría asumir, con visos de normalidad, la abominación que ello conlleva y dar por convalidado el yerro en el que ha incurrido el sistema de Administración de Justicia del Estado”(9)

De acuerdo con los principios tutelares del Estado Social y Democrático de Derecho, entre los cuales la libertad y la justicia ocupan un lugar privilegiado, frente a la materialización de cualquiera de las hipótesis enunciadas, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o por in dubio pro reo, se habrá de calificar sin ambages como detención injusta. Es por ello, que se trata de una responsabilidad objetiva, toda vez que en eventos de esta naturaleza, ambos valores se encuentran en juego y un argumento de tipo utilitarista, en el sentido de afirmar que se trata de una carga que se debe soportar en bien de la mayoría, no tiene justificación alguna:

LA JUSTICIA ES LA PRIMERA VIRTUD DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES, COMO LA VERDAD LO ES DE LOS SISTEMAS DE PENSAMIENTO. POR ESTA RAZÓN, LA JUSTICIA RECHAZA EL QUE LA PÉRDIDA DE LIBERTAD DE ALGUNOS SEA JUSTIFICADA EN EL MAYOR BIENESTAR COMPARTIDO POR OTROS. NO PUEDE PERMITIRSE QUE EL SACRIFICIO IMPUESTO SOBRE UNOS POCOS SEA SOBRESEIDO POR LA MAYOR CANTIDAD DE VENTAJAS DISFRUTADAS POR MUCHOS… LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR LA JUSTICIA NO ESTAN SUJETOS A REGATEOS POLÍTICOS NI AL CALCULO DE INTERESES SOCIALES. SIENDO LAS PRIMERAS VIRTUDES DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS, LA VERDAD Y LA JUSTICIA SON INNEGOCIABLES”(10).

De otro lado, y al margen de lo anterior, la acción ejecutada por la Policía Nacional y la Fiscalía fue desproporcionada, ya que en ninguna parte se da cuenta de que, para esa época, se buscaran sospechosos por hurto de crudo; en efecto, si estas personas no estaban en el lugar del latrocinio, si era que en verdad lo hubo, ni fueron sorprendidas en flagrancia, no era apropiado que la policía, se hubiera dirigido a sus viviendas, los sacara de ellas y después los pusiera a disposición de la fiscalía y que esta entidad librara boletas de captura y los condujera al centro carcelario del Espinal, cuando la privación de la libertad no tenía sustento legal.

Lo anterior conduce a concluir que el daño antijurídico causado a los demandantes debe ser asumido en forma solidaria por las entidades demandadas.

2. 2. Retención indebida de los vehículos.

La parte actora, además de los perjuicios ocasionados con motivo de la detención injusta, solicita se les reconozca el que se les causó con el decomiso de los vehículos y el crudo que en ellos se trasportaba, los cuales fueron entregados en forma provisional el 11 de julio de 1996 y definitiva el 11 de julio de 1997.

En el presente caso quedó claro que en el mismo momento en que se pusieron a disposición de la fiscalía, los señores Baracaldo, Garnica y Bonilla, también hizo lo propio con tres vehículos de placas SBH-314, VXA-299 y RO-7324 y el crudo con el que se encontraban cargados. A folios 112, 114 y 116 del cuaderno principal, obran los inventarios individuales de los mismos, así como la constancia de que la Fiscalía Seccional del Espinal, mediante comunicación del 26 de junio de 1996, envió los vehículos al garaje La Octava de esa ciudad (fl. 22)

El 11 de julio de 1996, 15 días después de su incautación, se realizaron sendas diligencias de entrega provisional de los vehículos, donde se lee:

“Se hizo presente el señor MIGUEL BARACALDO CORZO ante esta Unidad Delegada de Fiscalías, con el fin de recibir la orden de entrega del vehículo de placas… el cual fuera ordenada en resolución anterior. En estas condiciones el suscrito Fiscal en presencia del Secretario de la Unidad, hace saber al interesado que este automotor lo recibe en forma provisional y en depósito, es decir, que bajo ninguna circunstancia podrá ser enajenado, vendido o permutado, o cualquier negocio jurídico que traslade el dominio y propiedad del mismo, que este deberá ser puesto a ordenes de este estrado judicial, cuando legalmente se requiera, en el evento de incumplir deberá responder penalmente por su conducta.... El combustible deberá ser puesto a disposición de la Fiscalía en caso de ser solicitado en las mismas condiciones y características encontradas en el momento de la diligencia a igual se le hace entrega de sus respectivas llaves.” (se subraya)

 

Obran en el proceso documentos como la Patente de funcionamiento No. 317, de la empresa COLDICON LTDA, en la que se lee:

“RAZON SOCIAL: COLDICON LTDA

CLASE DE ESTABLECIMIENTO: DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS

DIRECCIÓN: CARRERA 5 NUMERO 20-97 ESPINAL

PROPIETARIO: COLDICON LTDA NIT. 800.019.791-3

FECHA DE EXPEDICION: JUNIO 01 DE 1995

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: DE 8:00 A.M. A 6:00 P.M.

…” (fl. 13).

El Certificado de la Cámara de Comercio expedido el 31 de mayo de 1995, en el que se certifica que:

“COLOMBIANA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COLDICOM LTDA SE ENCUENTRA MATRICULADO BAJO EL NO. 45-8269-3 CON EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO COLOMBIANA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES “COLDICON”, POR EL AÑO DE 1995, ESTA MATRICULA DEBE RENOVARSE ANTES DEL 31 DE MARZO DE 1996.” (fl. 13 vto.)

Es evidente, por lo tanto, que con la retención de los vehículos y el crudo se le causó un perjuicio a la Sociedad Coldicom Ltda. Igualmente se debe tener en cuenta la providencia en virtud de la cual se decidió precluir la investigación, porque se estableció que el presunto delito por el cual fueron incautados los vehículos y el crudo que transportaban no existió. Así las cosas, se reconocerán los perjuicios solicitados por la sociedad actora.

Perjuicios morales

Ahora bien, pasa la Sala a tratar el tema relacionado con los perjuicios de orden moral, por la detención injusta de que fueron víctimas los señores Daniel Bonilla Lamprea, Miguel Baracaldo Corzo y Leonidas Garnica Rodríguez.

En la demanda se solicita se le reconozca a cada uno de los actores el perjuicio moral por la detención injusta de que fueron objeto, una suma equivalente a 1000 gramos de oro, para cada uno.

Conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha precisado, por el contrario, que la estimación de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(11).

En el presente caso, se decretarán perjuicios morales a favor de los demandantes que sufrieron el daño, esto es, Daniel Bonilla Lamprea, Miguel Baracaldo Corzo y Leonidas Garnica Rodríguez y es que:

“Una razonable aspiración de la sociedad, es que - como retribución por su obediencia a las leyes, de su sometimiento pacífico a las decisiones jurisdiccionales, de su profundo respeto a la dignidad de quienes ejercen el apostolado de la justicia - se le garantice que sus derechos no podrán ser conculcados, ni por ignorancia, ni por negligencia, ni por arbitrariedad del poder público. Y cuando estos principios se olvidan, empiezan los síntomas del despotismo y la tiranía.

“(…) Pero si ya ha padecido la situación aflictiva, perjudicial y desmoralizante, después de lo cual se declara su inocencia; si se le ha sometido a torturas o coacciones físicas y morales; si su nombre como incriminado en un delito, ha trascendido imprudentemente a la opinión pública, mediante la radio, la prensa o la televisión; si como consecuencia de la privación de su libertad perdió su crédito o quedaron falencia sus negocios; si por causa de su reclusión sufrió serios quebrantos su salud y adquirió enfermedades que requirieron tratamiento posterior; si por ello moralmente se desmoronó su hogar y se interrumpió la seguridad de un bienestar económico; y, en fin, si por un error judicial han quedado en su vida estas huellas que lo afrentan y lo disminuyen ante el conglomerado social, el Estado debe obligarse a repararle adecuadamente los perjuicios sufridos, lo que se impone no solo por incuestionable deber moral, sino por imperativo mandato de justicia”(12).

De otra parte, si bien, en la demanda se solicitó como perjuicio moral las sumas de 1000 gramos de oro para quienes padecieron la detención, es relevante precisar que en el sub judice no se presenta el perjuicio en su mayor magnitud (v.gr. eventos de muerte), en estas condiciones habrá lugar a reconocer, a título de daño moral y con fundamento en el arbitrio judicial, la suma equivalente en pesos a 20 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de los demandantes.

Perjuicios materiales.

Daño emergente.

Los actores, igualmente, solicitaron se les reconociera daño emergente, consistente en los honorarios profesionales que debieron pagar por la asistencia en el proceso penal.

Con el fin de probar ese concepto, se allegó al proceso constancia suscrita por el abogado Nestor Felix Ortiz Clavijo, en la que expresa haber recibido los respectivos honorarios de cada uno de los actores (fl. 342 C.P.).

Por lo anterior y teniendo claro que el doctor Ortiz Clavijo atendió todo el proceso penal, lo cual se deduce de la revisión del mismo y de la certificación por él expedida(13), se le reconocerá por perjuicio material en la modalidad de daño emergente a Daniel Bonilla Lamprea y Leonidas Garnica Rodríguez la suma de $500.000 para cada uno y para Miguel Baracaldo Corzo, $750.000, sumas debidamente actualizadas desde la fecha de la certificación (24 de junio de 1998) hasta la fecha de esta sentencia.

Daniel Bonilla Lamprea y Leonidas Garnica Rodríguez

V actualizado = Valor histórico x (índice final marzo 2008/ índice inicial junio 1998)

Valor actualizado = 500.000 x (184.04/97.78)

Valor actualizado = $941.092,oo

Miguel Baracaldo Corzo

V actualizado = Valor histórico x (índice final marzo 2008/ índice inicial junio 1998)

Valor actualizado = 750.000 x (184.04/97.78)

Valor actualizado = $1.411.638,oo

La sociedad actora, igualmente solicita se le reconozca daño emergente, consistente en los honorarios profesionales que debió pagar por la asistencia del proceso penal.

Con el fin de probar dicha suma, se allegó al proceso constancia suscrita por el abogado Nestor Felix Ortiz Clavijo, en donde consta que recibió a título de honorarios $750.000 (fl. 342 C.P.).

Por lo anterior y teniendo claro que el doctor Ortiz Clavijo atendió todo el proceso penal, lo cual se deduce de la revisión del mismo y de la certificación por él expedida, se le reconocerá por perjuicio material en la modalidad de daño emergente a la sociedad Coldicom Ltda la suma de $750.000, debidamente actualizada desde la fecha de la certificación (24 de junio de 1998) hasta la fecha de esta sentencia.

V actualizado = Valor histórico x (índice final marzo 2008/ índice inicial junio 1998)

Valor actualizado = 750.000 x (184.04/97.78)

Valor actualizado = $1.411.638,oo

Lucro cesante.

En relación con el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante solicitan se reconozca lo que dejaron de percibir mientras se encontraban privados de la libertad.

Con el fin de probar ese rubro, obra a folios 332 y 333, constancia expedida por el Gerente General de COLDICOM Ltda., en donde consta que los señores Daniel Bonilla Lamprea y Leonidas Garnica Rodríguez, desempeñaban el cargo de conductor y tenían un sueldo promedio de $500.000, por lo que devengaban $16.700 diarios y durante los dos días que dejaron de trabajar dejaron de percibir $33.400, suma que será actualizada hasta la fecha.

Valor actualizado = Valor histórico x (índice final marzo 2008/ índice inicial junio 1998)

Valor actualizado = 33.400 x (184.04/97.78)

Valor actualizado = $62.865,oo

En relación con el ingreso devengado por el señor, Miguel Baracaldo Corzo, obra a folio 1 del cuaderno de pruebas, certificación expedida por el contador público, Pedro Antonio Sabogal Zarabanda, con matrícula profesional No. 17.858, en donde consta que: “los ingresos del señor Miguel Baracaldo Corzo, identificado con la Cédula de ciudadanía número 11.370.782 expedida en Fusagasuga, los cuales provienen de su actividad principal de la comercialización de hidrocarburos y transporte a nivel nacional,…mes de marzo de 1996 $7.845.910; mes de abril de 1996 $7.929.425 y mes de mayo de 1996 $8.007.240.”

De acuerdo con lo anterior, se hará un promedio mensual para el mes de junio, dando como resultado $7.927.525,oo, teniendo así un ingreso diario de $264.251,oo, por los dos días que dejó de trabajar no percibió $528.502, suma que será actualizada hasta la fecha.

Valor actualizado = Valor histórico x (índice final marzo 2008/ índice inicial junio 1998)

Valor actualizado = 528.502 x (184.04/97.78)

Valor actualizado = $994.738,oo

Igualmente, la Sociedad Coldicom Ltda., solicita se le reconozca perjuicio material en la modalidad de lucro cesante por la inmovilidad del crudo, y la inactividad de los vehículos retenidos; sin embargo, no existe material probatorio en relación con el punto. De otro lado, el a quo decretó una prueba pericial con el fin de determinar el perjuicio solicitado, experticio que fue presentado el 27 de enero de 1999, visible de folios 3 a 8 del cuaderno de pruebas, revisado el mismo no se encuentra la documentación que les sirvió a los peritos para deducir el perjuicio que se le causó a la Sociedad Coldicom Ltda., toda vez que se actualizaron los rubros expresados en el libelo de la demanda, sin que fueran aportadas o solicitadas otras pruebas que acreditaran tales pérdidas.

Por anterior el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante será negado.

Resumen perjuicios materiales

ActorLucro cesanteDaño emergenteTotal
Daniel Bonilla Lamprea62.865,oo941.092,oo1.003.957
Leonidas Garnica Rodríguez62.865,oo941.092,oo1.003.957
Miguel Baracaldo Corzo994.738,oo1.411.638,oo2.406.376
Coldicom 1.411.638,oo1.411.638,oo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 10 de mayo de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y en su lugar dispone:

1. Declárase patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio Defensa, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, en forma solidaria, de los perjuicios causados a la Sociedad Coldicom Ltda, y a los señores Daniel Bonilla Lamprea, Miguel Baracaldo Corzo y Leonidas Garnica Rodríguez, con ocasión de la privación injusta de la libertad de éstos entre el 26 y 28 de junio de 1996 y por la retención de dos vehículos y el crudo que trasportaban en ellos desde la primera fecha hasta el 11 de julio de 1997 cuando se realizó la entrega definitiva de los automotores.

2. Se condena en forma solidaria, a la Nación - Ministerio Defensa, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de perjuicios morales a Daniel Bonilla Lamprea, Miguel Baracaldo Corzo y Leonidas Garnica Rodríguez, 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

3. Se condena en forma solidaria, a la Nación - Ministerio Defensa, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, a pagar por perjuicios materiales a los señores Daniel Bonilla Lamprea y Leonidas Garnica Rodríguez, la suma de un millón tres mil novecientos cincuenta y siete pesos ($1.003.957,oo), para cada uno de ellos; al señor Miguel Baracaldo Corzo, la suma de dos millones cuatrocientos seis mil trescientos setenta y seis pesos ($2.406.376,oo) y a la sociedad Coldicom Ltda., la suma de un millón cuatrocientos once mil seiscientos treinta y ocho pesos ($1.411.638,oo).

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a los actores serán entregadas al apoderado judicial que los ha venido representando.

5. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del C.C.A, todas las comunicaciones deberán ser libradas por el a-quo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese.

Magistrados: Myriam Guerrero de EscobarEnrique Gil BoteroRuth Stella Correa PalacioMauricio Fajardo GómezRamiro Saavedra Becerra.

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros, Bogotá, D.C., consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

2 “ART. 414.—INDEMNIZACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.” (negrilla del original, subrayado adicional).

3 Sobre el particular consultar la sentencia de cuatro de diciembre de 2006, exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, expediente: 15.463, actor: Adelaida Molina Torres y otros, Bogotá, D.C., consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10056.

6 “Sin embargo, es posible que el juez haya actuado con absoluta imparcialidad y objetividad al valorar las pruebas y los indicios y dicte un auto de detención a una persona que después resulta absuelta o es condenada a una pena privativa de la libertad inferior a la efectivamente padecida.
“Sin lugar a dudas en este caso y a pesar de que el servicio de justicia funcionó adecuada y normalmente, al haberse causado un perjuicio a una persona que no tiene obligación de soportarlo, el daño es antijurídico y por lo tanto exige una adecuada reparación…” HOYOS Duque, Ricardo “La responsabilidad del Estado y de los jueces por la actividad jurisdiccional en Colombia”, Revista Vasca de Administración Pública, No. 49, 1997, pág. 140 y 141.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 4 de diciembre de 2007, expediente: 15.498, actor: Martha Esperanza Ramos Echandía y otros, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente: 11.601, actor: Ana Ethel Moncayo de Rojas y otros, consejero ponente: Alier Eduardo Hernández.

9 Consejo de Estado, sentencia del cuatro de diciembre de 2006, expediente: 13.168, actor: Audy Hernando Forigua y otros, consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

10 John Rawls, “A Theory of Justice”, Cambridge: Harvard University Press, 1971, pág. 3-4, citado por MEJÍA Quintana, Oscar “Carácter y proyección de la filosofía del derecho en el pensamiento contemporáneo”, Ed. Universidad Nacional de Colombia, pág. 22.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646.

12 LONDOÑO Jiménez, Hernando “De la captura a la excarcelación”, Ed. Temis, 1974, pág. 196 y 197.

13 Documento privado conforme lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 446 de 1998.