Sentencia 1998-01262 de junio 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 26 029

Rad.: 500012331000199801262 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Mariela Duarte Parrado y otros

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Naturaleza: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. Al tenor del Decreto 597 de 1988, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto en tanto que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para que proceda el recurso de apelación(4).

II. Hechos probados

9. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

9.1. El señor Josué Giraldo Cardona, abogado, ejerció los cargos de juez de ejecuciones fiscales (de nov. 3/87 a ene. 1º/92), gerente de la Empresa Licorera del Meta (de ene. 3/92 a mayo 31/96 con interrupciones) y por último, celebró contrato de prestación de servicios con el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta, todos ellos siendo a su vez militante del partido político Unión Patriótica(5) (desde el jun. 4/96, por el término de 6 meses) (originales de certificaciones laborales, fls. 41-43, cdno. 2, copia simple contrato de prestación de servicios profesionales Nº 19 de 1996, fls. 46-48, cdno. 2).

9.2. Por solicitud verbal que el señor Josué Giraldo Cardona, en su calidad de gerente de la Empresa Licorera del Meta, elevara ante el gobernador del Meta y este a su vez al director seccional del DAS del Meta, el 10 de noviembre de 1992 (fl. 181, cdno. 2) se ordenó prestar el servicio de escolta permanente en los siguientes términos: i) en todos sus desplazamientos dentro de la ciudad; ii) con arma automática, proveedores, cartuchos y brazalete institucional; iii) cuando tenga que salir con su escoltado fuera de la ciudad “debe informar a su jefe inmediato de guardia e información para hacer la respectiva anotación e informarle al señor director seccional para los fines pertinentes”; iv) debe rendir informe semanal (fl. 180, cdno. 2).

9.3. El 4 de noviembre de 1993 se reconoció personería jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada “comité cívico por los derechos humanos del Meta” en la cual el señor Josué Giraldo Cardona ostentaba la calidad de presidente (Res. 1464/93, fls. 51-53, cdno. 2).

9.4. El 14 de marzo de 1995, Luis Enrique Lara Melo, escolta de la Policía al servicio del diputado Pedro Malagón de la Unión Patriótica, envió un informe al comandante del Departamento de Policía del Meta en el que manifestó que un individuo “que al parecer trabaja con grupos de autodefensas” le había pedido su colaboración para asesinar a su protegido y aseguró:

“De igual manera pongo en conocimiento de mi coronel, que hace algunos días, a la Gobernación entraron unos sujetos de los que se tiene información trabajan con grupos de autodefensa, que andaban en un Renault 4, sin placas, y que se demoraron un rato y luego salieron del edificio. Obteniéndose informaciones posteriores de que han llegado a la ciudad varios sujetos de las autodefensas, que pretenden realizar un atentado contra algunos de los miembros de la UP en esta ciudad, como son don Pedro Malagón, Nelson Viloria, James Ricardo Barrera o Josué Giraldo Cardona. Por lo que mi escoltado está saliendo en horas de la mañana de su residencia y solo regresa a la noche, tomando los alimentos del medio día en la misma oficina, recomendándonos al del DAS y a mí que estemos pendientes afuera de la sede o de la oficina atentos” (fl. 276, cdno. 3).

9.5. El 25 de agosto de 1994, el señor Josué Giraldo Cardona envió un oficio al defensor del pueblo regional y nacional solicitándole a ese despacho insistiera ante la Corte Constitucional para la revisión de la sentencia de tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia donde revocó la protección de los derechos fundamentales a la vida, la libertad de conciencia y participación política, la libertad de pensamiento y el derecho a la armonía y unidad de su familia, concedida en primera instancia, en virtud de las persistentes amenazas de muerte (original con sello de recibido de la misma fecha, fl. 45, cdno. 2).

9.6. El 18 de abril de 1995, la Comisión Alemana de Justicia y Paz solicitó al presidente Ernesto Samper: i) “iniciar una investigación independiente de todas las amenazas”; exigió, ii) “que los responsables sean llevados a los tribunales” y que, iii) el gobierno tome las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de todos los miembros del comité cívico de derechos humanos del Meta (fl. 50, cdno. 2).

9.7. El 30 de enero de 1996, la Comisión intercongregacional de justicia y paz(6) envió un oficio al consejero presidencial para los derechos humanos en el que expresa su preocupación por las amenazas contra la vida e integridad física de los miembros del comité cívico por los derechos humanos en el departamento del Meta y en general contra personas pertenecientes a movimientos políticos de oposición, sindicatos y movimientos cívicos(7) y más concretamente señaló:

“Es así que en días pasados se detectaron operativos tendientes a liquidar al Dr. Josué Giraldo, a través de seguimientos en carros sin placas, en motos ocupadas por personas desconocidas y sospechosas y según información confiable obtenida de diversas fuentes se ha puesto como fecha límite para acabar con su vida, el presente mes, para lo cual supuestamente se ha trasladado un grupo élite paramilitar a la ciudad de Villavicencio” (fl. 49, cdno. 2).

9.8. El 6 de febrero de 1996 se reunieron el señor Josué Giraldo Cardona en su calidad de gerente de la Empresa Licorera del Meta y de presidente del comité cívico de los derechos humanos del Meta, con el jefe de la Sijín, de la Sipol del Meta y el secretario “con el objeto de ponerse al tanto sobre la seguridad del primero de los relacionados, puesto que según denuncias interpuestas por el ofendido ha recibido una serie de amenazas de parte de personas extrañas” (copia autenticada, acta de la reunión suscrita por el jefe de la Sijín, fl. 294, cdno. 3). En esa oportunidad denunció sus sospechas de existir una alianza entre los paramilitares y el Ejército Nacional para cometer atentados selectivos:

“Desde noviembre del año pasado en un informe que rendí a un funcionario de la Fiscalía Regional CTI acá en Villavicencio indiqué como se venía preparando en una finca de Víctor Carranza, ubicada entre los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán (...) un grupo de aproximadamente 15 personas entre otras los hermanos Alape y según mi conocimiento en la preparación de este grupo o por lo menos para la escogencia de él participaron miembros del B-2 del Ejército; la misión de ese grupo es preparar un comando de asalto para hacer atentados en oficinas o residencias, cinco integrantes de ese grupo estuvieron en Villavicencio terminando noviembre y empezando el mes de diciembre se pasearon por todas las organizaciones de derechos humanos del departamento, entre ótras (sic): Cedavida, Pastoral Social, comité de derechos humanos del META y Ascodas, para el caso concreto del comité de derechos humanos, se presentaron como un grupo de desertores del 31 frente de las FARC, en las indagaciones que el propio comité hizo, se pudo verificar que en las instituciones atrás mencionadas y a donde también ocurrieron mencionaban que su procedencia eran de otros lugares distintos a los que al comité indicaron, insistieron mucho en preguntar quiénes eran los directivos del comité y lo que yo personalmente pude concluir era que ellos estaban haciendo un trabajo de campo o de investigación en desarrollo del curso en que estaban participando. Para la primera semana de enero de este año, fui informado de un plan en el que se incluía a Pedro Malagón y al suscrito para asesinarnos a más tardar terminando enero (...).

Finalmente debo indicar que entiendo que toda esta persecución en mi contra proviene directamente de los grupos paramilitares que en este departamento tiene organizado y financiado Víctor Carranza y que he sabido que están muy incómodos con la retención en la cárcel de “rasguño” y con las ordenes de captura que se le han librado a los principales jefes paramilitares y esta incomodida (sic) obedece a que es el comité cívico de derechos humanos el que ha aportado pruebas o mejor coayudado (sic) en la consecución de testigos y declarantes que involucren a estos personajes en un sinnúmero de crímenes y asesinatos y atrocidades que han cometido en esta región y que este accionar está coordinado con el B-2 del Ejército. (...).

Preguntado. Diga si ud. tiene denuncias concretas sobre miembros del B2. Contesto. Finalizando el mes de enero di (sic) esta misma declaración ante un funcionario en Bogotá perteneciente a la Fiscalía e informé de forma verbal al jefe del DAS de Villavicencio. Preguntado. Diga doctor si ud. está en condiciones de confiar en la Policía Nacional, par (sic) que se realicen las investigaciones y que se forme un frente de trabajo para poder brindarle seguridad a su integridad. Contesto. Si. Preguntado. Diga si está de acuerdo que ese frente de trabajo se realice con las demás fuerzas vivas del Estado. Contesto. Estoy de acuerdo que se forme un frente común para que se hagan las investigaciones pero guardando siempre la desconfianza. Preguntado. Diga doctor si cree conveniente que se le incremente la seguridad. Contesto. Nó (sic), por el problema del desplazamiento de tanta gente, aconsejable el escolta en una motocicleta, también si es posible seguridad para mi residencia por temor a mi familia, que le pueda pasar algo” (fls. 294-296, cdno. 3).

9.9. Ese mismo día, 6 de febrero de 1996, la Sección de Inteligencia Policial del Meta - Sipol - Demet informó al comandante del Departamento de Policía del Meta sobre la reunión que había llevado a cabo con el señor Josué Giraldo Cardona y de las medidas de seguridad que debería poner en ejecución, entre las cuales se encontraban evitar desplazamientos fuera del perímetro de la ciudad y cuando los realizara, informar a los organismos de seguridad; igualmente se le dio amplia instrucción a sus escoltas para que estuvieran informando al personaje e institución nuevos hechos que se presenten. Dentro de las recomendaciones se propuso: i) convocar una junta de seguridad integrada por la Policía Nacional, Fiscalía, DAS, Ejército Nacional, con la participación del gobernador, alcalde y dirigentes del comité de derechos humanos, con el fin de dar a conocer las denuncias para tomar medidas al respecto; ii) solicitar a la Fiscalía los resultados de las investigaciones presentadas por el comité de derechos humanos del Meta; iii) ordenar a personal uniformado patrullajes permanentes a los alrededores de la Licorera del Meta, residencia de Josué Giraldo, así como las instalaciones del comité de derechos humanos del Meta, con el fin de lograr la identificación de personas que merodean en forma sospechosa las mismas, iv) estudiar la posibilidad de asignar una motocicleta y una unidad más, para mejorar la seguridad del personaje, v) tratar de comprometer en la seguridad a los miembros del Ejército, toda vez que las denuncias son directamente contra esta fuerza (fls. 60-61, cdno. 10).

9.10. El 6 de junio de 1996, el señor Josué Giraldo le remitió un oficio al director regional de fiscalías en el que denunció las amenazas que le fueron entregadas el 17 de enero y el 13 de mayo del mismo año, en el que se le informa de posibles atentados contra su vida por parte de “grupos irregulares” que se reunieron previamente en Puerto López y Cumaral. Adicionalmente manifestó haber recibido información reciente de la presencia de un grupo de paramilitares, aproximadamente 30, quienes tenían una lista en la que, entre otros, estaba incluido su nombre “y quienes pretenden proceder a ejercer acciones de liquidación y exterminio” (fls. 1-3, cdno. 4). Sobre el posible origen de las amenazas reiteró sus sospechas de una posible alianza entre el paramilitarismo y el Ejército Nacional:

“(...) por mi condición de ser presidente del comité cívico de derechos humanos del Meta que ejerzo desde 1991 y además por ser miembro activo de la Unión Patriótica, desde mucho tiempo atrás pero más en estos últimos años he recibido constantes amenazas que proviene principalmente de los grupos paramilitares que ha financiado y dirigido por muchos años en esta región el esmeraldero Víctor Carranza y que ha tenido su asiento principalmente en El Dorado, San Martin, Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán. La razón de dicha persecución obedece a que por un lado el comité de derechos humanos ha venido durante estos últimos años denunciando múltiples masacres, asesinatos y desapariciones de campesinos y de organizaciones políticas y sociales de posición e incluso a llevada (sic) a instancias judiciales a muchos testigos que han declarado contra dichos grupos en la Comisión de estos hechos irregulares. Y por el otro lado también porque he sido un objetivo de los grupos paramilitares el terminar la Unión Patriótica en el Meta (...) Preguntado: dice el escrito al que nos estamos refiriendo que hay que prender la fecha luego del 28, sabe usted el porque (sic) de esa fecha. Contesto: yo parto de este presupuesto, la inteligencia militar siempre a (sic) asociado la Unión Patriótica como un brazo de la guerrilla, el 28 de mayo es el nacimiento de este grupo insurgente y se encarga de informar públicamente que van ha (sic) haber actos por la celebración de la creación de ese grupo insurgente no se si es por eso que hablan de esa fecha lo cual explicaría una conexión muy estricta entre el Ejército y el paramilitarismo de este país” (fls. 4-8, cdno. 4).

9.11. Dichas amenazas fueron ratificadas por Josué Giraldo Cardona bajo la gravedad del juramento (fls. 4-8, cdno. 4) y por Diego Eduardo Suárez Niño también integrante de la Unión Patriótica y secretario general de Tránsito y Transporte Departamental, en donde insistió sobre el asedio telefónico, mediante volantes, vigilancia permanente, persecuciones de motos y vehículos sin placas, y sobre el pobre esquema de seguridad brindado, al respecto este último explicó:

“Preguntado: manifiestemos (sic) si ha tenido protección por parte de algún cuerpo del Estado y ha sí (sic) mismo ha puesto en conocimiento estos hechos a otra autoridad. Contesto: tuve protección muy esporádicamente del DAS cuando era gerente del Instituto de Valorización Municipal y después de haber hecho detener un supuesto sicario que se me metió en mi despacho. Se me prestó protección por unos días y posteriormente me comunicaron que no había personal disponible. En la etapa que trabaje en la Licorera del Meta la protección me la prestado (sic) un escolta del DAS asignado al doctor Josué Giraldo Cardona y lógicamente porque nos transportamos en el mismo vehículo. Este escolta no lo asigna el DAS cuando el doctor Josué Giraldo Cardona no está, pero protección directa no tenemos. Nosotros hemos insistido en la necesidad de un escolta permanente, pero reitero que siempre se nos han respondido que no hay o simplemente con un silencio absoluto. Es más el citado escolta del DAS inclusive ha sido colocado para responder por la seguridad a veces por tres personajes a la vez que son el diputado Malagón, el doctor Josué Giraldo Cardona, el doctor Jairo Navarro actual director de tránsito y transporte y el suscrito. La observación que tenemos es que, nos escolta cuando puede físicamente y en subsidio de la ausencia del uno o del otro. He puesto en conocimiento mis hechos al DAS, el Ejército, la Policía que a veces nos ha colaborado e inclusive con estas declaraciones a la Fiscalía” (testimonio rendido bajo la gravedad del juramento, el 19 de junio de 1996 ante la dirección regional de fiscalías de oriente, fls. 9-13, cdno. 4).

9.12. El 13 de octubre de 1996, en el municipio de Villavicencio (Meta), aproximadamente a las 8:00 a.m., el señor Josué Giraldo Cardona, de 37 años de edad, se encontraba jugando con sus hijas de 5 y 3 años, en frente de su casa y en compañía de Carlos López Michel(8), cuando fue impactado en cuatro oportunidades con proyectiles de arma de fuego, lo que le ocasionó un shock neurogénico e hipovolémico por laceración cerebral y pulmonar que le causó la muerte (copia del acta de levantamiento del cadáver, fls. 1-2, cdno. 5; copia autenticada del protocolo de necropsia 409 de 1996 de oct. 13/96, fls. 9-11, cdno. 3; original, certificación de registro de defunción expedido el oct. 31/96, fl. 30, cdno. 2).

9.13. En el momento del atentado Josué Giraldo Cardona no contaba con el servicio del escolta que se encontraba asignado, por cuanto José Alfredo Agudelo Lombana fue sancionado desde el 3 hasta el 13 de octubre de 1996 “supuestamente por hacer escándalo en la vía pública”, y su arma de dotación como su placa le fueron retenidas (declaración rendida bajo la gravedad del juramento por Alfredo Agudelo Lombana, el abr. 9/97 ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, fls. 177-181, cdno. 4).

9.14. El 25 de octubre de 1996, tomando en consideración: i) que la víctima se desempeñaba al momento de los hechos como dirigente regional de la Unión Patriótica “movimiento político que desde su creación ha visto cercenado el derecho a la vida de sus militantes” y ii) “que por la naturaleza, modalidad de los hechos descritos que constituyen crímenes de lesa humanidad, la posición de la víctima frente a la comunidad en donde se desempeñaba y la violencia que vive esa zona del país”, el director nacional de fiscalías ordenó reasignar la investigación por el delito de homicidio del doctor Josué Giraldo Cardona a la Unidad Nacional de Fiscalía de Derechos Humanos (Res. 223, fls. 35-36, cdno. 5).

9.15. Ante el asesinato de Josué Giraldo Cardona, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH - solicitó medidas provisionales de protección a la Corte IDH necesarias para garantizar la vida, integridad física, seguridad personal y evitar daños irreparables a favor de la hermana Noemy Palencia, Islena Rey Rodríguez, Gonzalo Zárate, Mariela de Giraldo y sus dos menores hijas Sara y Natalia Giraldo en estricto cumplimiento de la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos que la República de Colombia tiene contraída de acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención y considerando que las medidas cautelares previamente decretadas habían demostrado no ser eficaces ni haber producido los efectos requeridos, “dado que no brindaron una protección efectiva a la vida e integridad personal de los miembros del comité cívico, y especialmente a su presidente, asesinado el 13 de octubre del presente año y, por esta razón, se presentan circunstancias excepcionales que hacen necesario ordenar medidas urgentes para evitarles daños irreparables tanto a los demás miembros del comité como a los familiares de Josué Giraldo Cardona”(9). En los hechos alegados por la Comisión para fundamentar la solicitud se expuso:

“a) El 5 de abril de 1995 un grupo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Colombia, encabezadas por la Comisión intercongregacional de justicia y paz, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición, según la cual desde el año de 1992 los integrantes del comité cívico por los derechos humanos del Meta habían sido sujetos de amenazas, hostigamientos y persecuciones y que desde dicho año se habían producido seis ejecuciones, tres desapariciones y dos personas habían sido obligadas a desplazarse internamente y buscaron asilo en el extranjero.

b) Durante 1995 se incrementó el asedio contra el comité cívico por los derechos humanos del Meta por parte de grupos paramilitares los cuales, a través de eventos públicos y llamadas telefónicas, amenazaban a los organismos de derechos humanos presentes en la zona.

c) En 1995 los peticionarios presentaron varios escritos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ratificar la solicitud de medidas cautelares. El 31 de agosto de 1995 los peticionarios señalaron por escrito que “[l]a situación de inminente peligro contra sus vidas que corrían los defensores de los derechos humanos no había cambiado en absoluto; que por el contrario se tenía conocimiento de hechos y circunstancias, que hacían temer que se estuviese preparando un atentado, dirigido a eliminar al presidente del comité, doctor Josué Giraldo Cardona”. Además, la solicitud señalaba que hasta esta fecha no se habían recibido respuestas certeras y efectivas en torno a esta situación de parte del Estado colombiano.

d) En respuesta a dichas amenazas, el 22 de noviembre de 1995, la Comisión Interamericana solicitó medidas cautelares al gobierno colombiano en favor de los integrantes del comité cívico, incluyendo al señor Josué Giraldo Cardona. A dicha solicitud, el gobierno colombiano respondió, el 5 de enero de 1996, que “[l]a consejería presidencial para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos (...) realizó gestiones al más alto nivel a fin de que se brindara protección a los miembros del comité”. Además, señaló que la Fiscalía General de la Nación había iniciado una averiguación y que la Policía Nacional había coordinado algunas acciones para brindar seguridad a las personas afectadas pero que dicha seguridad se suspendió porque el comité cesó provisionalmente sus labores de promoción de derechos humanos y que se había formado una Comisión interinstitucional para diagnosticar la situación de derechos humanos en el Meta.

e) En enero de 1996 las amenazas en contra del comité se intensificaron lo cual motivó que el presidente del comité cívico, Josué Giraldo Cardona, abandonara temporalmente el país y que la junta directiva del comité cívico cerrara definitivamente su sede. Al regresar el señor Giraldo al país, después de participar en el período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1996, continuaron las amenazas en su contra y supuestamente “un grupo paramilitar se instaló en Villavicencio con el exclusivo objeto de asesinar a Josué Giraldo [Cardona]”. Este hecho fue reiteradamente denunciado ante la Fiscalía General de la Nación sin que se obtuvieran resultados.

f) A pesar de la solicitud de medidas cautelares de la Comisión al gobierno, el 13 de octubre de 1996, Josué Giraldo Cardona fue asesinado a tiros por un desconocido frente a su casa en la ciudad de Villavicencio, mientras jugaba con sus hijas, Sara y Natalia (estas dos presenciaron el asesinato de su padre), y en presencia del ciudadano norteamericano Michael López. El asesino, después de rematar al señor Giraldo, se fue en una moto por la vía que conduce al municipio de Acacias donde se encuentra la sede de la séptima brigada del Ejército, que ha sido denunciado por los grupos de derechos humanos por apoyar a los grupos paramilitares de la región del Meta.

g) Actualmente la esposa de Josué Giraldo Cardona, Mariela de Giraldo, y sus dos hijas, Sara y Natalia, se encuentran atemorizadas y con grave riesgo de que se atente contra sus vidas. La Comisión señala que en otros casos parecidos “también se ha atentado contra los familiares de las víctimas, como en el caso de Luis Guillermo Pérez, cuya familia ha sido hostigada”. El otro testigo del asesinato, el abogado norteamericano Michael López, debió abandonar el país por la situación en que se encontraba.

h) Asimismo, el 17 de octubre de 1996 los peticionarios solicitaron a la Comisión Interamericana que, de acuerdo con el artículo 63.2 de la Convención, aquella solicitara a la Corte la adopción de medidas provisionales para proteger la vida y la integridad física de la hermana Noemy Palencia, Islena Rey Rodríguez, Gonzalo Zárate, Mariela de Giraldo y sus dos hijas Sara y Natalia Giraldo.

4. El escrito de la Comisión del 22 de octubre de 1996 en el que señala que en esa fecha fue abierto el caso 11.690 ante la Comisión y que las medidas cautelares solicitadas al Gobierno de Colombia por la Comisión con fecha 22 de noviembre de 1995 comprendían a Islena Rey Rodríguez, hna. Noemy Palencia, y Gonzalo Zárate, y a otros integrantes del comité de derechos humanos del departamento del Meta, incluyendo a Josué Giraldo Cardona. Las medidas solicitadas por la Comisión no incluían a Mariela de Giraldo, esposa de Josué Giraldo Cardona, y sus hijas menores de edad, Sara y Natalia. Dada la extrema urgencia de la situación y el hecho de que las medidas cautelares de la Comisión no habían funcionado para proteger a Josué Giraldo Cardona, la Comisión decidió no solicitar medidas cautelares a favor de estas personas después del asesinato del señor Giraldo, solicitando en su lugar directamente a la Corte la adopción de medidas provisionales, de conformidad con el artículo 63 (2) de la Convención”(10).

9.16. Las medidas de protección ordenadas por la Corte IDH subsisten actualmente en la modalidad reseñada previamente. Según la información presentada por el organismo internacional en una comunicación de 22 de agosto de 2007, “el estado del caso 11.690 Giraldo Cardona se encuentra en etapa de admisibilidad y fondo”, situación que continúa hasta hoy. Los representantes precisaron que el trámite de la petición se inició en 1996 y que se solicitó su unión “al trámite del caso de la Unión Patriótica, el caso 11.227”(11). Al respecto de las medidas provisionales la Comisión expresó:

“El tribunal ha señalado que las medidas provisionales tienen dos caracteres: uno cautelar y otro tutelar. El carácter cautelar de las medidas provisionales está vinculado al marco de los contenciosos internacionales. En tal sentido, estas medidas tienen por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto no se resuelva la controversia. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo y de esta manera evitar que se lesionen los derechos en litigio, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil de la decisión final. Las medidas provisionales permiten así que el Estado en cuestión pueda cumplir la decisión final y, en su caso, proceder a las reparaciones ordenadas. En cuanto al carácter tutelar de las medidas provisionales esta Corte ha señalado que estas se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida que buscan evitar daños irreparables a las personas”(12).

9.17. El Departamento Administrativo de Seguridad DAS inició indagación preliminar P-501/96 con el propósito de establecer mérito para dar curso a una investigación disciplinaria con ocasión de la muerte del dirigente Josué Giraldo, la cual culminó con archivo definitivo, seis meses después, al considerarse que la conducta desplegada por sus funcionarios “siempre se mantuvo dentro de los lineamientos establecidos, sin que se pueda inferir negligencia o descuido y mucho menos mala intención por parte de funcionario alguno del DAS en la prestación de su servicio, no siendo factible hablar de omisión imputable a miembros de este departamento administrativo, en la prestación del servicio de seguridad el día 13 de octubre de 1996 cuando resultó muerto el doctor Josué Giraldo Cardona, pues como ya se ha probado suficientemente a lo largo de estas diligencias, el DAS desconocía el regreso a la región por parte del personaje, con lo que no se podría reclamar a los funcionarios de la institución una acción de protección, cuando no se había reportado su regreso a la ciudad de Villavicencio, según dispuso el mismo Giraldo el 30 de septiembre de 1996” (A. 47 de mar. 17/97 del DAS - oficina de inspección general - jefatura, fls. 130-153, cdno. 6).

9.18. Producto de las denuncias realizadas por el comité cívico por los derechos humanos del Meta se adelantaron investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los crímenes cometidos contra integrantes de la Unión Patriótica, sindicalistas y activistas en la defensa de los derechos humanos; de igual modo se logró establecer la estructura, organización, zona de influencia e individualización de los integrantes del grupo de autodefensas denominado “los carranceros”(13), posiblemente, liderados por Víctor Carranza y que operaba en los departamentos del Meta y Casanare. Sobre la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia en los llanos orientales y su financiación por el narcotráfico y esmeralderos en la época de ocurrencia de los hechos, la Fiscalía General de la Nación realizó el siguiente relato:

“Es de todos conocido que nuestro país vive un conflicto armado intenso desde hace algo más de una década, originado en una lucha sin horizonte, de un lado la subversión alegando una reivindicación social y de otro los grupos de autodefensa —otrora de creación legal—, argumentando ser el antídoto frente a los abusos de los primeros, convirtiéndose con el tiempo en sujetos activos de graves violaciones a los derechos fundamentales. Es así como alrededor de Carlos Castaño Gil se aglomeran los diferentes grupos de justicia privada, creándose entonces las Autodefensas Unidas de Colombia, las que en su lucha por el dominio territorial se expanden desde el Urabá hasta los llanos orientales y sur del país, en donde se implantan jefes con claras directrices provenientes del estado mayor. La historia judicial de Colombia es prolífera a la hora de legarnos el conocimiento sobre la infesta de que fueron objeto las autodefensas por parte del narcotráfico y del bien prestigioso negocio de las esmeraldas. Parte importante de las Autodefensas Unidas de Colombia es el grupo que se introdujo y permanece en la parte suroriental de nuestra geografía (...) que a su paso arrasa con la vida, la integridad personal, la libertad personal, el patrimonio económico y la seguridad pública, ejemplo de ello masacres como las de Mapiripán, Puerto Alvira o Caño Jabón, Apartadó, Carepa y Chirogodó (...) (diligencia de sentencia anticipada R-UDII-300, fls. 156-158, cdno. 9)”.

9.19. Pese a los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación por esclarecer el crimen de Josué Giraldo Cardona, las muertes consecutivas de los autores materiales y de los paramilitares que contactaron a los sicarios, obstaculizó que la investigación arrojara algún resultado en aras de determinar la responsabilidad de los autores intelectuales. No obstante, dicho material probatorio contribuyó a esclarecer las redes entre el paramilitarismo y las estructuras militares del Estado, tal como se especifica en el informe 005-2000 rendido por el jefe del grupo especializado de homicidios a la Unidad Nacional de Derechos Humanos en torno a la investigación del asesinato de Josué Giraldo Cardona con el objetivo de identificar e individualizar al autor o autores de su homicidio, en él se concluye:

“1. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se evidencia la relación de Humberto Ramos Romero con los posibles sicarios de Pedro Malagón y Josué Giraldo Cardona, y de acuerdo a lo establecido en nuestra labor de inteligencia la relación de este con las autodefensas del Meta.

2. Luego del asesinato de Humberto Ramos Romero, el día 18 de marzo de 1997, se desencadena una serie de muertes de la misma banda, cuyos móviles era la lucha por el poder, es así que en abril de 1997 fue muerto Javier Ramos, hijo de Humberto Ramos; el día 11 de marzo de 1997 fue asesinado Nerman Bejarano Rodríguez, alias El Llanero(14); el 7 de marzo fue asesinado Fermín Lozada, amigo de El Llanero; en mayo de 1997 fue asesinado Oscar, alias “El Flaco”, compinche de El Llanero, y el 12 de julio de 1998 es asesinado Egidio Santafe Salinas.

3. De acuerdo a las informaciones obtenidas y según el desarrollo de los hechos donde perdiera la vida los señores Pedro Malagón y Josué Giraldo Cardona, es notorio que efectivamente unidades de inteligencia del Ejército con sede en Villavicencio estaban adelantando labores de inteligencia y seguimiento al señor Pedro Malagón y Josué Giraldo, órdenes impartidas por superiores del batallón de inteligencia 4, y al mismo tiempo el grupo de sicarios liderados por Humberto Ramos estaban planeando la acción del sicariato de estas dos personas. Cabe anotar, que según lo manifestado por una de nuestras fuentes quien participó en la ejecución de Pedro Malagón y Josué Giraldo Cardona, efectivamente fue Nerman Bejarano Rodríguez, alias “El Llanero”, ya que era uno de los miembros a quién más le tenían confianza por la efectividad de sus acciones sicariales (...).

4. De acuerdo a las informaciones obtenidas miembros de alto rango del batallón de inteligencia del Ejército con sede en Villavicencio estarían colaborando con los planos trazados por los paramilitares, los cuales incluían al señor Pedro Malagón(15) y Josué Giraldo Cardona, ya que estos estaban siendo tildados como guerrilleros, y Malagón lo acusaban de haber colaborado con el asesinato del general Gil Colorado” (fls. 1-8 y anexos, cdno. 9).

9.20. El señor Josué Giraldo Cardona era hijo de Álvaro de Jesús Giraldo e Inés Cardona (original registro civil, fl. 29, cdno. 2) y hermano de Luz Estella y María Inés Giraldo Cardona (originales registros civiles, fls. 31-32, cdno. 2).

9.21. El señor Josué Giraldo Cardona nació el 3 de septiembre de 1959; como fruto de su matrimonio con la señora Mariela Duarte Parrado nacieron sus hijas Natalia (1991) y Sara Jimena (1992) (registros de nacimiento y matrimonio, notaría segunda del círculo de Villavicencio, originales, fls. 33-35, cdno. 2).

III. Problema jurídico

Compete a la Sala determinar, si el daño alegado por las demandantes era previsible en consideración a las circunstancias políticas del momento y si el mismo es imputable al Estado a título de falla del servicio por dos aspectos sujetos a análisis: i) haber omitido adoptar medidas efectivas de protección sobre la vida e integridad del dirigente político y activista de derechos humanos Josué Giraldo Cardona; y ii) si además dicha omisión constituyó una forma de colaboración de las demandadas con los grupos irregulares que segaron la vida de la víctima.

IV. Análisis de la Sala

10. El dañoalegado por los demandantes se cimienta en la muerte del señor Josué Giraldo Cardona, en hechos ocurridos el 13 de octubre de 1996, la cual se encuentra debidamente acreditada con el acervo probatorio disponible. En efecto, de conformidad al registro de defunción, el señor Josué Giraldo Cardona, falleció el mismo día en que acaeció el atentado contra su vida (párr. 9.12, hechos probados).

11. Demostrado el daño causado a la parte actora, corresponde ahora a la Sala determinar si surge a cargo del Estado la obligación de reparar los perjuicios causados.

I. Obligaciones del Estado colombiano en garantizar el derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad en el derecho convencional y en la jurisprudencia constitucional

12. El artículo primero de la Convención Americana sobre DDHH establece las dos principales obligaciones de los Estados que ante las violaciones de los derechos allí consagrados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, comprometen la responsabilidad de los Estados partes. Dicho artículo reza:

“Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

13. Así, la primera obligación asumida por los Estados Partes es la de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención: “Por ello, el ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado”(16). La segunda obligación es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción, mediante un aparato gubernamental, instituciones y estructura del poder público que asegure jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos a través de la prevención, investigación y sanción de “toda violación de los derechos reconocidos por la Convención”. Dicha estructura debe además procurar por el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.

14. De conformidad con el artículo 2º de la Convención americana sobre derechos humanos, los Estados tienen una obligación a su cargo en la cual se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales internos, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos y plenamente aplicables en el orden nacional los derechos y libertades reconocidos; en otras palabras, ajustar el derecho interno a esas disposiciones del ámbito internacional.

15. Al determinar el alcance del derecho a la vida, a la seguridad personal y la obligación del Estado de proteger a las personas que lo requieren en el orden constitucional, la Corte Constitucional en Sentencia T-078 de 2013(17) señaló principalmente que estos derechos y esa obligación estatal de protección constitucional, están incorporados en el ordenamiento jurídico, como derechos fundamentales, y son interpretados a la luz de los instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia que crean obligaciones internacionales para el país (arts. 93 y 94 de la Const.).

16. Derechos fundamentales que adquieren especial importancia en personas o sujetos que requieren protección especial como los defensores de derechos humanos, dada su condición y desempeño social. Al respecto la Corte ha precisado:

“El reconocimiento y la efectividad del derecho a la seguridad personal, imponen al Estado una carga prestacional significativa dependiendo del grado y el tipo de amenaza existente en cada caso, razón por la cual el legislador juega un papel importante a la hora de precisar el contenido de este derecho mediante programas, procedimientos, medidas e instituciones dispuestas para tal fin. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que en aquellos casos en los que no hay norma aplicable al caso concreto, “la autoridad administrativa competente y, en subsidio el juez, debe efectuar un ejercicio de ponderación, adicional al de determinar la intensidad de la amenaza a que está expuesta la persona, para establecer cuál es la medida de protección aplicable al caso”, pues lo contrario implicaría desconocer la aplicación directa de la Constitución (C.P., art. 4º) y el carácter inalienable de los derechos fundamentales (C.P., art. 5º). Con fundamento en lo anterior, se tiene que las autoridades están instituidas para garantizar la efectividad del derecho fundamental a la seguridad personal, no solo de las personas que están expuestas a un nivel de amenaza ordinaria, sino que tienen el deber constitucional de garantizar los derechos a la vida e integridad personal, cuando se trata de una amenaza de tipo extremo. Así mismo, que no proceden medidas preventivas cuando se ha concretado y materializado un daño consumado, sino de otro orden, en especial sancionatorias y reparatorias”(18).

17. De acuerdo con lo anterior, la Sala resalta que en lo atinente a la protección de los derechos humanos se desarrollaron una serie de criterios para sustentar los alcances y límites de la responsabilidad del Estado por no brindar las medidas de protección eficaces a quien las requiere; sobre el particular ha expresado:

“(...) los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, han de considerarse imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutiva de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y estas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección”(19).

18. La razón de ser de las instituciones y autoridades estatales es la defensa material y formal de todos los individuos del país, más aún, cuando se trata de una persona con necesidad de protección especial. Luego entonces, omitir el cumplimiento de esa garantía de protección no solo genera la responsabilidad del Estado en cabeza del órgano o la persona encargada de la defensa, si no también deslegitima la institucionalidad del Estado, en tanto es este el protagonista en la defensa de los derechos a la vida, la seguridad personal y la integridad física de los defensores de derechos humanos.

19. En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, la Sala ha considerado que, cuando se busque imputarle responsabilidad a sus instituciones por fallas en la prestación de servicios de seguridad, se precisa la acreditación de los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad responsable de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño(20).

20. Dichos criterios toman un cariz distinto cuando de lo que se trata es de la obligación de la administración de brindar una protección especial a personas bajo amenazas. Eventos en los que se necesita precisar el nivel de riesgo y amenaza que se proyecta sobre la víctima para determinar, según grados, la adecuada prestación de la garantía de protección especial a cargo del Estado.

21. Así, la Corte Constitucional en la Sentencia T-339 de 2010(21), concretó la diferencia entre riesgo y amenaza, con el fin de ajustar cuándo se hace necesario por parte del Estado brindar medidas de protección eficaces para cada contexto en particular. Teniendo en cuenta esto, la Corte señaló que: i) el riesgo es “abstracto” y las amenazas suelen ser “concretas” en tanto denotan la inminencia de la agravación del daño, por ello, “cualquier amenaza constituye un riesgo, pero no cualquier riesgo es una amenaza”; ii) comoquiera que la seguridad personal no es absoluta, para su protección especial debe estar amenazada de manera “extraordinaria” y “relevante”, es decir, no puede ser incoada por cualquier motivo o persona sin riesgo alguno, o con un riesgo menor o común al que están expuestos los asociados, caso este último en el que, “en virtud del principio de igualdad ante las cargas públicas, esta deberá asumirlo y no podrá exigirle al Estado medidas concretas de protección”; iii) la solicitud de protección del derecho a la seguridad personal exige “probar”, al menos de manera sumaria, los hechos que permitan colegir que la persona se encuentra expuesta a una amenaza, de lo que se deriva que ante la presencia de hechos reales y tangibles, el riesgo pasa a convertirse en una amenaza que envuelve “la alteración del uso pacífico del derecho atacado y hacen suponer que la integridad de la persona corre peligro”(22).

22. Con similar orientación, con relación a la escala de riesgos y amenazas que deben ser aplicadas a casos en los que es solicitada la protección especial por parte del Estado, la Corte Constitucional en Sentencia T-234 de 2012(23), señaló:

“1) Nivel de riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño a la vida o a la integridad personal se produzca. Este nivel se divide en dos categorías: a) riesgo mínimo: categoría hipotética en la que la persona solo se ve amenazada por la muerte y la enfermedad naturales y; b) riesgo ordinario: se refiere a aquel riesgo que proviene tanto de factores internos como externos a la persona y que se deriva de la convivencia en sociedad. En este nivel de la escala, los ciudadanos deben soportar los riesgos que son inherentes a la existencia humana y a la vida en sociedad.

Cuando una persona pertenece a este nivel, no está facultada para exigir del Estado medidas de protección especial, pues su derecho a la seguridad personal no está siendo afectado, en la medida en la que el riesgo de daño no es una lesión pero sí, en el mejor de los casos, un riesgo de lesión.

2) Nivel de amenaza: existen hechos reales que, de por sí, implican la alteración del uso pacífico del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer que la integridad o la libertad de la persona corren verdadero peligro. En efecto, la amenaza de daño conlleva el inicio de la alteración y la merma del goce pacífico de los derechos fundamentales, debido al miedo razonable que produce visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho. Por eso, a partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza. Dependiendo de su intensidad, este nivel se divide en dos categorías:

a) amenaza ordinaria: para saber cuándo se está en presencia de esta categoría, el funcionario debe hacer un ejercicio de valoración de la situación concreta y determinar si están presentes las siguientes características:

i. existencia de un peligro específico e individualizable. Es decir, preciso, determinado y sin vaguedades;

ii. existencia de un peligro cierto, esto es, con elementos objetivos que permitan inferir que existe una probabilidad razonable de que el inicio de la lesión del derecho se convierta en destrucción definitiva del mismo. De allí que no pueda tratarse de un peligro remoto o eventual;

iii. tiene que ser importante, es decir que debe amenazar bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto como, por ejemplo, el derecho a la libertad;

iv. tiene que ser excepcional, pues no debe ser un riesgo que deba ser tolerado por la generalidad de las personas y finalmente,

v. deber ser desproporcionado frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo.

Cuando concurran todas estas características, el sujeto podrá invocar su derecho fundamental a la seguridad personal para recibir protección por parte del Estado, pues en este nivel, se presenta el inicio de la lesión del derecho fundamental y, en esta medida, se presenta un perjuicio cierto que, además, puede o no agravarse. Por estos motivos, la persona tiene derecho a que el Estado intervenga para hacer cesar las causas de la alteración del goce pacífico del derecho o, al menos, para evitar que el inicio de la lesión se vuelva violación definitiva del derecho.

b) amenaza extrema: una persona se encuentra en este nivel cuando está sometida a una amenaza que cumple con todas las características señaladas anteriormente y además, el derecho que está en peligro es el de la vida o la integridad personal. De allí que, en este nivel, el individuo pueda exigir la protección directa de sus derechos a la vida y a la integridad personal y, en consecuencia, no tendrá que invocar el derecho a la seguridad como título jurídico para exigir protección por parte de las autoridades.

Por lo tanto, en el nivel de amenaza extrema, no solo el derecho a la seguridad personal está siendo violado sino que, además, también se presenta la amenaza cierta que muestra la inminencia del inicio de la lesión consumada de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal. De allí que, cuando la persona esté en este nivel, tiene el derecho a que el Estado le brinde protección especializada.

3) Daño consumado: se presenta cuando ya hay una lesión definitiva del derecho a la vida o a la integridad personal. En el evento de presentarse lo segundo, dicha lesión a la integridad personal también genera la protección especial no solo frente a la integridad personal sino también frente a la vida”(24).

II. Responsabilidad del Estado en la protección de los activistas y defensores de derechos humanos

23. La Comisión IDH ha resaltado en múltiples oportunidades la importancia que tiene la labor y actividades desplegadas por los defensores de los derechos humanos, tal como recientemente lo reiteró en su informe sobre la “Situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas”, en donde expresó las tres dimensiones: individual, colectiva y social que deben ser protegidas por los Estados en la promoción y protección de los derechos humanos. Además se señaló:

“Durante estas últimas dos décadas, de 1975 a 1995, los defensores civiles de derechos humanos comprendieron qué son los derechos humanos, cuales son los más prioritarios, e interrelacionando teoría y práctica desde “la realidad más real” de América Latina y el Caribe, les dieron valor y consistencia, al defenderlos, promoverlos y difundirlos en todos los ámbitos sociales y políticos. Así lo hicieron, porque defendieron, antes que su vida, la vida de aquellos que no tenían libertad; y porque promovieron la vida frente a la persecución y la conculcación pavorosa de los derechos humanos. Y así lo hicieron, frente al poder arbitrario, frente al autoritarismo y ante el totalitarismo (...).

La Comisión IDH reitera que la labor de defensoras y defensores es fundamental, para la implementación universal de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de derecho”(25).

24. La misión de los defensores tiene como fin la consolidación de Estados fuertes y democráticos en cuanto al fortalecimiento de los derechos humanos se refiere. Además la motivación de esa tarea desempeñada por los activistas es de total relevancia para la sociedad en general, en tanto redunda en beneficio de toda la colectividad.

25. En el ámbito nacional, en aras de determinar las medidas idóneas de protección a aplicar en una situación de riesgos extraordinarios, la jurisprudencia constitucional las clasificó en medidas preventivas y medidas de protección, siendo las segundas las aplicadas para los casos de defensores de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo inminente en su vida, integridad y seguridad o libertad, que en estos casos serían los de riesgos relevantes. Los órganos encargados y competentes para aplicar, elaborar y ejecutar estas medidas son señalados de la siguiente manera:

“La dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, el comité de reglamentación y evaluación de riesgos CRER, organismos que actuarán de manera conjunta con la Policía Nacional, u otro organismos del orden nacional o territorial que consideren pertinentes”(26).

26. Como ya se ha hecho mención, la Corte Constitucional determinó que como característica primordial a la hora de evaluar el riesgo, debe estudiarse que este sea extraordinario, cierto, inminente, excepcional, y derivar en una consecuencia directa, es decir, debe existir una causalidad entre el riesgo y el ejercicio de las actividades de la persona a proteger, ya sean funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias. En donde la defensa de los derechos humanos en Colombia puede ubicarse, según los niveles de riesgo explicados, en una actividad bajo amenaza extrema. Además, la Corte Constitucional señaló que de alguna manera existe “una complejidad en la labor que desarrollan los defensores de derechos humanos, lo cual supone para los Estados en el marco de su protección, la obligación de incorporar toda clase de obligaciones positivas y negativas. Las primeras, encaminadas a que las autoridades competentes actúen con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar todo tipo de violación de sus derechos, mientras que las segundas, aluden a que las actuaciones estatales deben realizarse con la debida diligencia para evitar violar los derechos humanos”(27).

27. Es decir, que se admiten una serie de criterios que dan cuenta de la responsabilidad del Estado en la protección o violación de las garantías constitucionales y legales que salvaguardan a los activistas defensores de los derechos humanos, quienes a la vista de organismos internacionales e instituciones nacionales son de vital importancia en las sociedades democráticas. La Corte Constitucional también ha advertido cómo el desarrollo de esta actividad puede resultar más peligrosa en determinados departamentos del país, como sucede con el Meta. Al respecto ha dicho:

“El papel de los defensores de derechos humanos, en el contexto de una sociedad democrática, es de mucha monta, en tanto se constituyen en los interlocutores autorizados entre la sociedad civil y las autoridades del Estado, a fin de darle contenido a las políticas públicas que envuelven temas de derechos humanos, lo cual contribuye al logro de la convivencia, la vida, la igualdad, la libertad y la paz, como cometidos trazados por el constituyente. De igual modo, que el nivel de exposición es aún mayor cuando ejecutan su labor dentro de un conflicto armado, como ocurre en Colombia, vulnerabilidad que se incrementa notablemente cuando se trata de individuos defensores de derechos humanos ubicados en zonas de tensión militar y política como el Meta, dada la especial situación de vulnerabilidad e indefensión a la que estaban expuestos”(28) (resaltado fuera de texto).

28. En lo atinente a los conceptos y consideraciones dados no solo por la jurisprudencia constitucional, sino, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección de los individuos defensores de derechos humanos en Colombia, se señaló en el contexto de la época:

“(...) la reciente escalada de violencia y hostigamiento dirigidos contra los defensores de derechos humanos corresponde a la degradación del conflicto durante los últimos años, inclusive meses. La legítima labor de los defensores dirigida a denunciar los graves atropellos cometidos por las partes en el conflicto armado, ha provocado que ciertos actores busquen acallarlos por distintos medios”(29).

29. De manera que para garantizar el respeto a este colectivo se ha hecho necesario crear mecanismos en instancias internacionales que obliguen a los Estados a difundir y promover los derechos humanos, proteger los derechos de todos los ciudadanos y en especial de las personas que arriesgan su seguridad personal en aras de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y reparar a quienes hayan sido víctimas de ellas. En razón a lo anterior, y en el marco de un Estado social de derecho, la Corte Constitucional en Sentencia T-590 de 1998(30), señaló:

“Si el Estado cumpliera a cabalidad su deber de prevenir, investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos, no surgiría la necesidad de que los particulares se convirtieran en defensores de aquellos derechos. Sin embargo, eso no ocurre, y, además, el artículo 95 de la Constitución Política establece, entre las obligaciones de todas las personas en Colombia, “Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”. Obligación que se desprende del propio preámbulo de la Carta en cuanto la finalidad de la Nueva Constitución es la de “asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”. En conclusión, el respeto y defensa de los derechos humanos legitima un Estado social de derecho”(31).

III. La connivencia del Estado con grupos armados ilegales en la persecución y exterminio de los activistas defensores de los derechos humanos

30. La jurisprudencia de la Corte IDH, jalonada por el trabajo de los defensores de derechos humanos, ha podido desvelar y comprobar, en distintos períodos y contextos geográficos, la existencia de vínculos entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares. De acuerdo a lo determinado en esos casos, ese vínculo habría consistido en: i) acciones concretas de colaboración o apoyo, o en, ii) omisiones que permitieron o facilitaron la Comisión de graves delitos por parte de actores no estatales(32). Ya había sostenido la Fiscalía General de la Nación al investigar los hechos de “la masacre de Mapiripán” en julio de 1997, que “el Ejército colombiano permitió el aterrizaje de las aeronaves que transportaban a dichos paramilitares, sin practicar ningún tipo de registro o anotación en los libros, y que abordaran libremente los camiones que allí esperaban al grupo, como si se tratara de una operación militar, exceptuada habitualmente de este control”(33).

31. La Fiscalía determinó con certeza la subsistencia de una inactividad funcional y operativa por parte de las Fuerzas Armadas a pesar de tener conocimiento sobre la masacre. Más aún, dicha Fiscalía determinó que ante el arribo de las AUC, se dispuso la movilización de las tropas del batallón Joaquín París desde San José de Guaviare hacia otras localidades, dejando desprotegidas a las poblaciones de dicho lugar y de Mapiripán(34). Además, la Corte IDH tiene presente,

“Que la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha documentado numerosos casos en Colombia en que se ha demostrado la vinculación entre servidores públicos y los grupos paramilitares en relación con hechos similares a los ocurridos en el presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la Fuerza Pública respecto de las acciones de dichos grupos. En los informes publicados desde 1997 sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado los casos representativos de violaciones del derecho a la vida, en los que se alegó que el gobierno y las Fuerzas Armadas colaboraron con los paramilitares en asesinar, amenazar o desplazar a la población civil. Según el informe de 1997, los actos cometidos por paramilitares constituyeron el mayor número de violaciones de derechos humanos reportados en el país en 1997, incluidas masacres, desapariciones forzadas y toma de rehenes. Aunado a lo anterior, en sus informes la alta comisionada hace constante referencia a la impunidad de las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario cometidas por los paramilitares y la connivencia entre estos grupos y la Fuerza Pública, como consecuencia de procesos penales y de investigaciones disciplinarias abiertos en su contra que no desembocan en el establecimiento de responsabilidades ni en las correspondientes sanciones”(35).

32. Con la misma profundidad, el Defensor del Pueblo, en forma cercana a la ocurrencia de los hechos, afirmó que los paramilitares “se habían convertido en el brazo ilegal de la Fuerza Pública, para la cual ejecutan el trabajo sucio que ella no puede hacer”(36).

33. La colaboración de miembros de la Fuerza Pública con los paramilitares se manifestó en un conjunto de graves acciones y omisiones destinadas a facilitar, permitir y encubrir la realización de hechos violatorios de derechos humanos, en procura de entorpecer las investigaciones judiciales y propiciar la impunidad de los responsables. En otras palabras, las autoridades estatales que conocieron las intenciones de los grupos paramilitares, permitieron que estos actuaran a libre voluntad y cometieran toda clase de crueldades contra la población civil y en especial en contra de los principales denunciantes de estos hechos, los activistas defensores de derechos humanos.

IV. La responsabilidad de la administración en el exterminio de la Unión Patriótica por incumplimiento del deber de protección y la connivencia de las Fuerzas Armadas

34. La persecución y asesinato de los miembros de la UP, en tanto partido político de izquierda que surgió a raíz de las negociaciones de paz entre el movimiento insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC— y el gobierno del Presidente Belisario Betancur, es un hecho suficientemente conocido y documentado. En el ámbito interno existen diversas fuentes escritas(37) que confirman que los atentados, intimidaciones y seguimientos contra sus militantes no constituyeron hechos aislados sino que hicieron parte de un plan sistemático de exterminio(38), cuya existencia fue denunciada por los líderes de la UP ante distintas autoridades nacionales e internacionales.

35. En efecto, ante el sistema interamericano de derechos humanos acudieron las organizaciones Corporación Reiniciar, Comisión colombiana de juristas y colectivo de abogados “José Alvear Restrepo” presentando la denuncia en el caso 11.227, José Bernardo Díaz y otros “Unión Patriótica”, del cual fue desglosado el del senador Manuel Cepeda Vargas y que concluyó con una condena contra el Estado, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos(39), en virtud del incumplimiento de la obligación de proteger y garantizar la vida del dirigente; dijo la Corte IDH:

“La controversia sobre la violación del derecho a la vida en este caso subsiste en lo siguiente: la alegada existencia de un patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP en el que se habría enmarcado la ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas; la alegada responsabilidad de agentes estatales en la autoría intelectual de la ejecución extrajudicial; la supuesta coordinación operativa entre miembros del Ejército y de grupos paramilitares para perpetrar la ejecución y la responsabilidad estatal por la participación de miembros de dichos grupos en esta; la supuesta existencia del llamado plan “golpe de gracia”, que tendría el objetivo de exterminar a los dirigentes de la UP, entre ellos al senador Cepeda Vargas; el alegado incumplimiento del deber de investigar apropiadamente un crimen complejo como del que habría sido víctima el senador Cepeda Vargas; la alegada violación de los artículos 41 y 44 de la Convención en relación con el derecho a la vida, en tanto el senador Cepeda Vargas era beneficiario de medidas cautelares al momento de su homicidio, y la pretendida caracterización de la violación al derecho a la vida como un crimen de lesa humanidad”(40).

36. Además, en los fundamentos de derecho en torno al caso antes enunciado, la Corte IDH señaló como hecho reconocido por las partes y por todos los intervinientes en el proceso, que el móvil del crimen del senador Cepeda Vargas fue su militancia política de oposición, la que ejercía como dirigente de la UP y del PCC, mediante sus actividades parlamentarias y en sus publicaciones como comunicador social. En lo que concierne a su militancia en la UP, se demostró que no se le brindó por parte del Estado una protección adecuada a sabiendas de la situación y el contexto socio político del momento, en donde el patrón sistemático de exterminio constituye un crimen de lesa humanidad:

“72. En el presente caso, la ejecución extrajudicial se produjo en el marco de la Comisión sistemática de actos de violencia contra personas con idéntica pertenencia política(41), precedida de denuncias de planes de exterminio por parte de las propias agencias del Estado tales como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, la estigmatización pública de los líderes y miembros de la UP como integrantes de las FARC, así como de la coordinación entre miembros del Estado y grupos paramilitares(42).

73. Consecuentemente, la Comisión solicita a la Corte que declare que el Estado es responsable por la ejecución extrajudicial de senador Manuel Cepeda Vargas, así como de no adoptar las medidas necesarias para proteger su vida, en violación del artículo 4º de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de dicho tratado; y que dicho acto fue perpetrado en un contexto de violencia sistemática contra los militantes de la Unión Patriótica y el PCC, por lo que constituye un crimen de lesa humanidad”.

37. Adicionalmente en esa sentencia, la Corte IDH se refirió al segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, publicado en 1993, en el que se hizo una radiografía de la situación de la UP y el alto número de miembros que habían sido asesinados en la década de los ochenta:

“En los cinco primeros años de existencia (1985-1989), la violencia se caracteriza entonces por ser selectiva y relativamente concentrada en las regiones de mayor éxito político y electoral. En primer lugar, la mayor cantidad de violaciones coincide con los años electorales, 1986 con 159 y 1988 con 212 casos, respectivamente. En segundo lugar, Antioquia con 140, Meta con 112 y Santander con 91 casos son los departamentos de más alto nivel de violencia, y, al mismo tiempo, las regiones de mejor resultado electoral para la UP, tanto en 1986 como en 1988. Finalmente, son los dirigentes políticos y sindicales, 193 y 120 casos respectivamente, los núcleos más victimizados. Se destaca también que la modalidad de violencia preferencial es el homicidio con 614 casos, o sea el 83,20% del total de las víctimas que se registraron hasta el 31 de diciembre de 1989. De los líderes elegidos a corporaciones públicas en 1986 y 1988 fueron objeto de la violencia dos senadores, tres representantes a la cámara, seis diputados departamentales, 89 concejales, dos exconcejales, nueve alcaldes, un exalcalde, tres candidatos a concejos y tres candidatos a alcaldías, que representan para el mismo período el 16% de las víctimas de la UP. De acuerdo con diversos organismos de derechos humanos, la autoría de tales hechos correspondería tanto a los agentes estatales (Fuerzas militares, de Policía y DAS) como a los grupos paramilitares a quienes correspondería la mayor cuota de responsabilidad en la violencia contra la UP, el 73.84%, o sea 544 casos. Los sicarios, personajes relacionados con el bajo mundo y reiterativamente utilizados como instrumento auxiliar de la violencia política, aparecen vinculados a 155 casos, el 21%”(43).

38. Por su parte, el Consejo de Estado también ha reconocido, a través de distintas y reiteradas decisiones, que la persecución emprendida contra los miembros de la Unión Patriótica en el país a finales de la década de 1980 y principios de los años 90 es un hecho notorio(44) y, ha declarado la responsabilidad patrimonial de la administración por la muerte violenta de varios miembros de esta organización política, sobre la base de que existe, en todos estos casos, un incumplimiento del deber especial de protección a cargo del Estado(45).

39. La Sección Tercera, ha considerado que en los casos de asesinatos de los miembros de la UP la responsabilidad es jurídicamente imputable al Estado por haber omitido adoptar medidas efectivas para proteger la vida e integridad personal de estas personas, pese a que conocía que aquellos se encontraban en una situación especial de riesgo por causa de su pertenencia a dicho partido político.

40. Con esta orientación de análisis, al resolver la demanda de reparación directa presentada por los familiares del doctor Jaime Pardo Leal, ocurrida el 11 de octubre de 1987, en el municipio de Tena, Cundinamarca, esta corporación(46) se refirió al peligro real que corrían los dirigentes de las organizaciones políticas de izquierda en el país y a la omisión de las autoridades de brindarles seguridad a pesar de tener conocimiento de esta situación. En esa providencia la Sala resaltó la falla del servicio del DAS y de la Policía por la omisión en el cumplimiento de una responsabilidad genérica y compartida de protección por parte de las Fuerza Pública, que prestó un servicio precario de escolta y que “incluso no se encontraban prestando servicio el día de los hechos, sin que se sepa el motivo de la ausencia”; al respecto se dijo:

“El carácter de líder de la oposición, presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debería por esa sola circunstancia, ser suficiente para que el doctor Pardo Leal recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida, sino de manera absoluta, al menos en el mayor grado posible”(47).

41. En similar sentido, la Sala condenó al Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la falla del servicio en la que incurrió al producirse el homicidio del señor José Rodrigo García Orozco, quien se desempeñaba como diputado de la Asamblea Departamental del Meta para el período constitucional 1992-1994, cargo para el cual había sido elegido en representación del partido político Unión Patriótica, pese a que las directivas del partido habían formulado varias solicitudes formales de protección y con el agravante de que la Policía Nacional le retiró inexplicablemente el servicio de escolta asignado al señor García Orozco poco antes de su fallecimiento(48).

42. La Sala ha expresado que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que estas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente(49). La Sala también ha determinado que dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no era necesario que la víctima hubiese solicitado expresamente que se preservara su vida o su integridad personal para que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales de protección y prevención, pues “basta con demostrar que esta tenía conocimiento de la situación de riesgo que enfrentaba la persona y que, aun así, omitió adoptar medidas especiales para protegerla”(50). En forma semejante ha dicho la Sala:

“Si bien el Estado colombiano tiene el deber constitucional de proteger la vida de todas las personas residentes en el territorio nacional, dicha obligación cobra mayor fuerza cuando ciertas personas, bien por su condición política, ideológica, económica, religiosa o de cualquier otra índole, ven amenazada su integridad personal, como ocurrió en el presente caso particular con la muerte del dirigente político asesinado, crimen que pudo evitarse puesto que el Gobierno Nacional sabía de las amenazas de muerte que se cernían en su contra y no hizo nada para evitarla o al menos disuadir a los victimarios”(51).

43. Por último, la Sala(52) también ha abordado el tema de la ineficacia del Estado para afrontar las amenazas de que fueron víctimas varios miembros de esa organización política, las cuales fueron puestas en conocimiento de las autoridades nacionales, pero no tuvieron la relevancia necesaria, y debieron ser pedidas ante la Comisión IDH:

“También está demostrado que los miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica acudieron ante la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos, con el fin de solicitar que por su intermedio el Estado dispusiera medidas cautelares en su favor, y que dicha organización accedió a la solicitud, según consta en la comunicación dirigida por el Presidente de la Comisión a la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, de 23 de octubre de 1992, cuyo contenido de manera sintetizada es el siguiente:

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido desde hace muchos años con verdadera preocupación la situación del grupo político colombiano denominado Unión Patriótica (UP) surgido como resultado de las negociaciones de paz promovidas con las FARC-EP por el expresidente Belisario Betancur Cuartas. Si bien la Comisión no cuenta con datos precisos sobre el número de miembros de esta organización política que han sido asesinados desde el 28 de mayo de 1985, fecha en que se produjo la reinserción a la vida política nacional de este grupo compuesto en gran parte por exguerrilleros y líderes de izquierda, es de conocimiento público que el número de víctimas que la violencia ha registrado entre ellos es de aproximadamente un millar de muertos”(53).

44. En suma, la administración tenía el conocimiento veraz sobre la persecución, amenazas y la efectividad en los asesinatos que acorralaba a los miembros de la Unión Patriótica en el territorio nacional, y aun así, con su retardo e insuficiencia, generó una omisión que tornó ineficaces y poco garantistas las medidas de protección brindadas por este y por los organismos internacionales.

V. Análisis del caso concreto

45. El dañoalegado por los demandantes se cimienta en la muerte de Josué Giraldo Cardona, en hechos ocurridos el 13 de octubre de 1996, el cual se encuentra debidamente acreditado con el acervo probatorio disponible. En primer lugar, este daño impactó en forma individualsobre sus familiares, sobre sus propias hijas quienes a sus escasos años, y en medio de un momento de esparcimiento familiar en su propia casa, presenciaron el homicidio de su padre; sobre su cónyuge quien a partir de ese momento se haría beneficiaria, junto con sus hijas, de medidas cautelares de protección también por parte de la Comisión IDH, y sería requerida en múltiples oportunidades por el gobierno para llevar a cabo su cumplimiento dentro de un margen de evidente zozobra y desconfianza con los organismos de seguridad del Estado. En efecto, en las observaciones e información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas provisionales ordenadas en el caso del comité cívico de derechos humanos del Meta (11.690) dicha desconfianza se hace explícita de la siguiente manera:

“En su noveno informe, el ilustre Gobierno de Colombia objeta la observación formulada por la Comisión, en el sentido de que “las medidas diseñadas no han constituido garantía en la medida en que los ejecutores de las mismas son objeto de sospecha y desconfianza legítimas por las víctimas y sus familiares”. (...).

Se han vuelto recurrentes las observaciones que ha hecho la Comisión a cada uno de los informes suministrados por el ilustre gobierno dado que todavía no se han tomado en cuenta, por parte del gobierno colombiano los problemas señalados con miras a la adopción de medidas eficaces que serían suficientes para cumplir con lo ordenado por la honorable Corte.

En primer lugar, los peticionarios en este caso siempre han cuestionado el sistema de seguridad que ha ofrecido el ilustre gobierno colombiano a las personas nombradas en las medidas, porque los ejecutores de las mismas son objeto de sospecha y desconfianza legítimas por las víctimas y sus familiares y porque consideran que mientras no se desmonte, a través de una investigación seria y la sanción a los responsables, la maquinaria que dio lugar a la muerte de Josué Giraldo y las amenazas contra las personas protegidas por las medidas, todas ellas permanecerán en inminente y grave riesgo.

En efecto, el ilustre Estado colombiano ha buscado de alguna manera trasladar su responsabilidad internacional de protección y garantía del ejercicio de los derechos humanos a las personas protegidas con las medidas provisionales, exigiendo que acepten esquemas de seguridad diseñados genéricamente por los diversos organismos de seguridad del Estado. (...).

Respecto al caso de Gonzalo Zárate, si bien por razones personales que no han sido comunicadas claramente a la Comisión, él firmó una nota renunciando a la protección personal ofrecida, es evidente que el riesgo que su vida sigue corriendo es objetivo y es el mismo que se cierne sobre todos los miembros sobrevivientes del desaparecido comité cívico de derechos humanos del Meta y sobre la familia del Dr. Josué Giraldo.

La Comisión repite una vez más que mientras el gobierno colombiano a través de sus instancias judiciales no investigue real y efectivamente los hechos que dieron lugar a la denuncia internacional y que sustentan las medidas provisionales de la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, incuestionablemente las personas relacionadas en esas medidas permanecerán en latente riesgo (...).

Se considera, sin embargo, que aún más importante que capturar al autor material, es urgente identificar a los autores intelectuales del crimen y a la estructura criminal que preparó el crimen durante muchos meses, que efectuó seguimientos continuos al Dr. Josué Giraldo Cardona en vehículos de la VII brigada del Ejército Nacional y que coordinó su ejecución.

Así mismo, de conformidad con información suministrada por los peticionarios, desde febrero pasado se escucha el rumor en Villavicencio de que los paramilitares van a ejecutar a personas que aún quedan vivas del comité de derechos humanos del Meta.

La Comisión también subraya como hechos de gran relevancia los asesinatos en los últimos meses de dos destacados y conocidos defensores de los derechos humanos. Estas muertes se añaden a aproximadamente 20 asesinatos a defensores de los derechos humanos ocurridos en los últimos años.

El día 27 de febrero de 1998 fue asesinado en su oficina de Medellín a las 2:30 de la tarde el Dr. Jesús María Valle, presidente del comité permanente para la defensa de los derechos humanos de Antioquia. El Dr. Valle había colaborado con esta Comisión durante los últimos años y se había entrevistado con este órgano durante su última visita in loco a Colombia llevada a cabo en diciembre del año 1997.

Hace menos de una semana, el sábado 18 de abril a mediodía, fue asesinado Eduardo Umaña Mendoza en su apartamento en Bogotá. El Dr. Umaña llevaba a cabo un trabajo importante como penalista, defensor de los derechos humanos y defensor de los presos políticos.

IV. Conclusión

La Comisión considera que para las personas relacionadas con el comité cívico de derechos humanos del Meta y, con su miembro Josué Giraldo Cardona, sigue existiendo una situación de “extrema gravedad y urgencia”(54) (...) (copia de fax, con fecha de recepción de 4/24/98, fls. 153-157, cdno. 3).

46. De las observaciones de la Comisión de DH, se desprende que además del daño causado a la familia de Josué Giraldo Cardona con la muerte de su padre, esposo, hijo y hermano; esta se vio avocada a llevar una vida rodeada de riesgos y solicitud de protección a los organismos de seguridad del Estado que consideraba habían tenido complicidad en el asesinato de su familiar. En segundo lugar, el crimen de Josué Giraldo se ubica dentro de un daño colectivo por cuanto su nombre se inserta dentro de un organismo que desde la sociedad civil luchaba por denunciar las graves vulneraciones a los derechos humanos cometidos por los paramilitares con la aquiescencia del Estado, cuyas investigaciones penales, pese al esfuerzo de la Fiscalía General de la Nación, quedaron impunes. Por último, la víctima envuelve una tercera condición, como líder de un partido político que fue sometido al exterminio por la defensa de unos ideales políticos de izquierda que rivalizaba con el proyecto armado gestado por la derecha y el paramilitarismo. De tal modo que el magnicidio de Josué Giraldo Cardona envuelve un daño a su familia, un crimen de lesa humanidad y una afrenta al ejercicio de los derechos de oposición política, a la libertad de asociación, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión, al derecho a formar partidos políticos y participar políticamente, a la defensa de los derechos humanos y, por último, en forma crasa, a la confianza legítima que profesan los asociados a las instituciones del Estado. Recuperar dicha confianza implicará para dichas instituciones adelantar un esfuerzo de hondo calado para restituir en la memoria de los asociados y en especial de aquellos hombres y mujeres que con sus vidas han defendido en la historia nacional un proyecto político distinto de inclusión social y de defensa de los derechos humanos, la legitimidad del Estado.

47. Observa la Sala que para el día del atentado que segara su vida, el líder de la UP y activista de derechos humanos: i) no contaba con el servicio de escolta que previamente le había sido asignado, dado que le fue suspendido en el marco de un proceso disciplinario iniciado por la misma institución a la que pertenecía, DAS, justo unos días previos a la Comisión del delito; ii) su esquema de seguridad le había sido reducido inexplicablemente por cuanto una vez cesó sus funciones como gerente de la Industria Licorera del Meta, y pese al incremento de las amenazas, le fue suprimido el segundo escolta a cargo de la Policía; pero incluso, cabe sostener que, iii) la víctima no ahorró esfuerzos en acudir una y otra vez ante distintos organismos de seguridad y jurisdiccionales nacionales e internacionales. En efecto, con relación a los primeros, la víctima acudió a los organismos de seguridad como la Sección de Inteligencia Policial del Meta - Sipol - Demet, quien a su vez informó al comandante del Departamento de Policía del Meta sobre su situación de riesgo, la cual era notoria en virtud de su filiación política; jurisdiccionales del orden nacional mediante instrumentos como la acción de tutela, solicitud de insistencia para su selección ante la Corte Constitucional a la Defensoría del Pueblo Regional y denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, poniendo en conocimiento de las autoridades las persecuciones, asedios, amenazas directas e indirectas que frecuentemente recibía, al igual que sus compañeros de partido; y ante organismos internacionales por cuanto varias organizaciones de defensa de derechos humanos habían denunciado a instancias internacionales el exterminio del que venían siendo víctimas los integrantes de la UP, así como sindicalistas y defensores de derechos humanos(55), dentro de los cuales se encontraban los integrantes del comité cívico de derechos humanos del Meta, del cual ostentaba la calidad de presidente y que había desplegado una vigorosa actividad de litigio internacional en pro de la defensa de los derechos humanos(56).

48. La omisión de protección sobre la vida e integridad de Josué Giraldo Cardona, pese al nivel de riesgo extraordinario que le rodeaba, determinado por los antecedentes y contexto de la época, así como por sus persistentes denuncias de amenazas contra su vida e integridad, se profundiza aún más por cuanto para su asesinato se contó con la participación del Ejército Nacional - VII brigada que realizó seguimientos permanentes a los militantes de la Unión Patriótica al atribuirles su complicidad en el asesinado del general Gil Colorado(57) (párr. 9.19, hechos probados), y los autores materiales se encontraban al servicio de grupos de paramilitares que actuaban en aras de exterminar al grupo político de oposición.

49. Interesa recordar que, la obligación positiva respecto al deber de garantía del Estado para con sus asociados, en este caso para con los activistas de DDHH, demanda de este, un dinamismo en la prevención y protección de la persona en riesgo con respecto a los actos de terceros, sin dejar de tener en cuenta una eficaz seguridad especial, así como la investigación seria, imparcial y eficaz de estas situaciones. Aspectos que fueron todos ellos omitidos en el subjudice, pues frente a las graves amenazas que pesaban contra Josué Giraldo Cardona y su grupo de amigos más cercanos, también militantes de la UP, la administración: i) se abstuvo de prestar una protección especial que garantizara su vida e integridad en forma preventiva; ii) no tomó las medidas cautelares que en forma reiterada le pidiera la Comisión y Corte IDH para proteger a los integrantes del comité cívico de derechos humanos del Meta, pero además, iii) una vez cometido el asesinato no culminó investigaciones penales ni disciplinarias que condenaran a los autores materiales e intelectuales del atroz crimen. Más aun no se observa en el expediente que los militares que contribuyeron con la realización del crimen hubiesen sido investigados y condenados ni penal ni disciplinariamente, pese a los grandes esfuerzos que los mismos integrantes de la UP y Josué Giraldo Cardona adelantaran en vida para que el comandante de la VII brigada y sus subalternos de la época fuesen judicializados y eventualmente condenados.

50. Así las cosas, la Sala encuentra probada la falla del servicio, en tanto que el daño antijurídico causado a los familiares de Josué Giraldo Cardona le es imputable a las demandadas no solamente por la omisión en la prestación de un adecuado y eficiente servicio de escolta, sino porque además, la ausencia del escolta del DAS al momento del crimen y la suspensión del servicio por la Policía Nacional, como patrón recurrente en el exterminio(58) de la UP, revela, en conjunto con el extenso material probatorio que reposa en el expediente, la connivencia que dichas instituciones tuvieron con la ominosa práctica de eliminar a aquellas personas que hubiesen optado por dejar las armas aceptando participar, con buena ventura, en el libre juego de la democracia mediante la creación de partidos políticos de izquierda y promover la defensa de los derechos humanos en Colombia.

51. En el caso que nos ocupa, además, la administración incurrió en falla del servicio por cuanto pese a la existencia de unas medidas cautelares ordenadas por la Comisión IDH para proteger la vida de los integrantes del comité cívico por los derechos humanos del Meta, estas no fueron implementadas en forma oportuna, responsable, continua, adecuada y suficiente para proteger la vida de Josué Giraldo Cardona.

52. En suma, el asesinato de que fue víctima el señor Josué Giraldo Cardona, acaeció en el contexto de exterminio sistemático contra los miembros de la UP, razón por la cual las medidas de seguridad a su favor debieron extremarse a efectos de repeler y garantizar su derecho a la vida e integridad personal.

VI. Reparación integral

53. La noción del principio/derecho a la reparación integral envuelve un conjunto de medidas que, abarcando distintos ámbitos de la existencia, procuran restablecer, de la manera más próxima, la situación al estado anterior a la actuación lesiva, o mejorarla transformándola.

54. La Resolución 60/147 del 21 de marzo de 2006, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas(59), concerniente a los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”(60), como instrumento internacional, acogido por la jurisprudencia nacional(61) e internacional(62), contiene y explica los principios y directrices básicos en materia de reparación integral de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En esa medida, siguiendo esta directriz internacional, que ha sido introducida en el ordenamiento jurídico, todo abuso o desbordamiento arbitrario del poder público que vulnere los derechos de los asociados y se materialice en daños antijurídicos genera un deber para el Estado de (i) restituir(63); (ii) indemnizar(64); (iii) rehabilitar(65); (iv) satisfacer(66) y (v) adoptar garantías de no repetición(67).

55. Con este horizonte, el legislador nacional también se ocupó de la reparación integral, inicialmente mediante la expedición de las leyes 446 de 1998 y 975 de 2005, y más recientemente con la Ley 1448 de 10 de junio de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, que hace énfasis en la necesidad de realizar actos destinados a la materialización de una reparación simbólica(68), así como a la construcción de una memoria histórica, mediante la cual se pueda lograr el progreso continuo de la sociedad colombiana; que se edifique sobre bases sólidas donde se reconozcan errores y se evite su reiterada Comisión. Así, para este último efecto, se creó un centro cuyo fin consiste “en reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario”.

56. En pocas palabras, las instituciones del Estado deben comprometerse para recuperar esa confianza perdida, en brindar espacios que habiliten la aplicación de medidas encaminadas a crear formas de reparación individuales, simbólicas y colectivas que sean integrales y que puedan así mismo ser efectivas como garantía de no repetición de los hechos, tal como la Corte Constitucional en Sentencia C-370 de 2006 señaló:

“En el plano individual, las víctimas, ya sean víctimas directas, parientes o personas a cargo, deben beneficiarse de un recurso eficaz. (...) Este derecho comprende los tres tipos de medidas siguientes:

a) Medidas de restitución (tendentes a que la víctima pueda volver a la situación anterior a la violación); b) Medidas de indemnización (perjuicio síquico y moral, así como pérdida de una oportunidad, daños materiales, atentados a la reputación y gastos de asistencia jurídica); y c) Medidas de readaptación (atención médica que comprenda la atención psicológica y psiquiátrica).

En el plano colectivo, los lineamientos del “Conjunto de principios” mencionan que “las medidas de sentido carácter simbólico, a título de reparación moral, tales como el reconocimiento público y solemne por parte del Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales restableciendo a las víctimas su dignidad, las ceremonias conmemorativas, las denominaciones de vías públicas, los monumentos, permiten asumir mejor el deber de la memoria y evitar la continuación o repetición de los hechos”(69).

57. La Sala(70) lo ha entendido, cuando se trata de la reparación por la violación de los DDHH, de la siguiente manera:

“En esa perspectiva, la reparación integral en el ámbito de los derechos humanos supone, no solo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan, naturalmente, de una violación a las garantías de la persona, reconocidas nacional e internacionalmente, sino que también implica la búsqueda del restablecimiento del statu quo, motivo por el cual se adoptan una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que propenden por la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos infringidos, máxime si se tiene en cuenta que tales vulneraciones, tienen origen en delitos o crímenes que son tipificados como de lesa humanidad”(71).

58. En esta dirección, en sentencia del 27 de septiembre de 2013, la Sala se pronunció acerca de la pérdida y el dolor padecido por las víctimas y cómo el mismo se vio perpetuado, agravado, en virtud de la negligencia del Estado en el cumplimiento de sus funciones. Así en el caso de Fabiola Lalinde de Lalinde y otros contra la Nación colombiana (Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Policía Nacional), se adujo:

“El dolor padecido por los familiares no se reduce únicamente a la pena por la muerte de su hijo —que es innombrable—, sino para ponerlo en sus propias palabras: se relaciona con “el sufrimiento, la zozobra y la desesperanza, que en lugar de decrecer, crece con cada día que pasa”.

En lugar del apoyo estatal ágil y eficaz que habría sido clave —toda vez que habría aligerado la carga para la familia al tiempo que habría contribuido a cimentar la confianza en las instituciones estatales y a ampliar la base sobre la que se apoya su legitimidad–, tuvieron que lidiar con la lentitud, la ignorancia, la desidia, la indiferencia, la omisión estatal; debieron enfrentar, en fin, la revictimización, la deshonra, el escarnio público y hasta el extravío de las pruebas que acreditaban los daños materiales en el sub lite(72).

59. En el presente caso, dada la magnitud del daño acaecido, hay que reconocer que el asesinato de Josué Giraldo Cardona, envuelve la pérdida de un hijo, padre, cónyuge y hermano, como víctimas individuales, pero además, desde una perspectiva del daño colectivo causado a: i) los activistas defensores de derechos humanos en tanto su confianza al Estado que omitió su protección, debe ser recuperada y ii) frente al partido político de la UP, como comunidad política hostigada y exterminada.

60. En aras de lograr la reparación integral mencionada en todas sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, la Sala entiende, en primer lugar, que cualquier forma de resarcir el sufrimiento prolongado a través del tiempo por parte de los familiares de Josué Giraldo Cardona, gravita en reconocer a favor de las víctimas, el derecho a recibir, si a bien lo tiene, la reparación necesaria, a cargo de los demandados, para lo cual se les garantizará el cumplimiento del principio de voluntariedad que se impone cuando se trata de acciones orientadas a honrar a las víctimas, de modo que el resultado de las ordenes que aquí se impartan será conocido y aprobado por aquella y ejecutadas únicamente si así lo convienen.

61. Con el fin de garantizar la reparación individual, y dentro de las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, entendidas como aquellas acciones que contribuyan a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido (L. 1448/2011, art. 139), se ordenará que el Centro Nacional de Memoria Histórica, dentro de la órbita de sus funciones, elabore: i) un documental de 24 minutos de duración, y ii) un cortometraje de 7 minutos de duración, cuya realización, contenido, alcance y ejecución de los recursos estará a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica y su financiación corresponderá a las demandadas. En ambas producciones se hará una narración biográfica que dignifique las causas, sacrificio y tesón de Josué Giraldo Cardona, así como sus esperanzas, aspiraciones e ideales de vida; los cuales le fueron arrebatados debido a sus anhelos de una mejor sociedad política, respetuosa de los derechos humanos. Así mismo, en dicha narración se dejará constancia de las vicisitudes que tuvieron que enfrentar, a causa de su homicidio, los integrantes de su familia. Para ello, se insiste, deberá contarse con la aquiescencia de las víctimas, tanto de sus familiares como del sujeto colectivo que integraba el señor Giraldo: los sobrevivientes de la Unión Patriótica, a quienes se les garantizará el cumplimiento del principio de voluntariedad previamente expuesto, quienes deberán participar en la realización, edición de libretos y demás aspectos de la producción de los mismos de tal forma que la memoria y reproducción de la vida de Giraldo Cardona sea lo más auténtica posible a lo que en realidad fue su vida, asunto que es mejor conocido por su familia y compañeros de militancia política que por cualquier otra persona. El documental será transmitido en colegios, universidades públicas y privadas, cineclubes, canales regionales y demás medios de comunicación que deseen contribuir con la memoria de la víctima, también como proyección regular en el lugar de memoria que con base en esta sentencia se construya. Por su parte el cortometraje deberá ser transmitido por el lapso de un (1) año en todas las salas de cine del país, para lo cual se exhortará al Ministerio de Cultura para que en el ámbito de sus funciones adelante acciones con Proimagenes Colombia para la exhibición de dicho material. Para ello, las condenadas deberán asegurar que en la vigencia del año 2015, con cargo al presupuesto de la institución, se provea al Centro de Memoria Histórica de los recursos indispensables para realizar el documental en un término que no puede sobrepasar los dos (2) años contados a partir de la notificación de la presente sentencia. Al menos una copia del documental y del cortometraje deberá ser incorporada al archivo de derechos humanos a cargo del Centro de Memoria y en especial al que se creará en forma separada para la Unión Patriótica con el fin de contribuir a la preservación de la memoria histórica de dicho colectivo.

62. Adicionalmente, como medida de reparación simbólica en la órbita colectiva, se ordenará a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección, que financie, sufrague, auspicie, apoye, el montaje y la adaptación de una exposición itinerante a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica, en homenaje a la vida y el sacrificio de todos aquellos activistas defensores de derechos humanos en Colombia, que como Josué Giraldo Cardona, con su valiente, tenaz y desinteresado compromiso social promovió la prelación de los derechos de los demás sobre los propios, y aún con riesgo sobre su propia vida, la defensa de los derechos humanos en medio del conflicto armado colombiano. Todo ello para que mediante dicha exposición se conserve en la memoria histórica las luchas sociales de los activistas de derechos humanos y se difundan sus ideales no siempre reconocidos en la conciencia nacional.

63. Con la misma orientación se ordenará a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección, previo consenso en la formulación e implementación de una apropiada reparación colectiva con los miembros sobrevivientes de la Unión Patriótica, la construcción de un lugar de memoria en la ciudad de Villavicencio - Meta, bajo la orientación del Centro de Memoria Histórica, en el cual se erija un monumento en honor al partido político, para honrar la memoria de todos los que han sacrificado incondicionalmente su vida para la realización plena y pacífica de sus idearios políticos. El diseño del monumento deberá también contar con la asesoría técnica del Centro de Memoria Histórica; en todo caso, si los miembros sobrevivientes de la Unión Patriótica así lo convienen, en el monumento se colocará una placa en la que queden grabadas, de manera suficientemente clara y perdurable, los ideales del movimiento.

64. Con el fin de generar el proceso de empoderamiento del lugar de memoria mediante una previa reconstitución del tejido social con instrumentos de participación que faciliten su apropiación por el colectivo y garantizar su conservación física y simbólica, mediante la consolidación de actos solemnes que doten de sentido al lugar y a los monumentos que allí se erijan, se exhortará a la alcaldía de Villavicencio para que en el marco de sus competencias como integrante del sistema nacional de atención y reparación a las víctimas SNARIV, en virtud del artículo 160 de la Ley 1448 de 2011, se ocupe de adelantar las gestiones de apropiación social y conservación física y simbólica del lugar de memoria por los miembros sobrevivientes de la Unión Patriótica —sus víctimas y organizaciones—.

65. De igual modo, para evitar que la memoria del grupo político se disperse en los despachos judiciales del país, se ordenará al Centro de Memoria Histórica que organice un fondo documental separado en el archivo de DDHH y DIH, para los integrantes de la Unión Patriótica con los procesos judiciales que en adelante le serán remitidos para su conservación, organización, estudio, consulta e investigación por académicos e investigadores; así como por el público en general.

66. También se ordenará a la Nación —Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección—, la financiación de: i) un premio anual que consistirá en una beca para cursar un postgrado, maestría, doctorado o postdoctorado, en una universidad pública o privada de su escogencia y financiar la publicación de la tesis por la universidad a la que pertenezca, por el cual se busque reconocer académicamente la mejor tesis de pregrado y postgrado, en humanidades y ciencias sociales donde participen todas las universidades de Colombia en el que se aborde el tema de la defensa de los derechos humanos y la Unión Patriótica; y ii) premiar cada año al grupo de trabajo, investigación u organización académica, social y/o popular que defienda y promueva la defensa de los DDHH y DIH con un apoyo económico de cien salarios mínimos (100 SMLV) para el fortalecimiento de la organización.

67. Ambos galardones llevarán como nombre Josué Giraldo Cardona, y será organizado, implementado y promocionado por el comité cívico para la defensa de los derechos humanos del Meta (sobrevivientes) y se entregarán el nueve (9) de abril de cada año con motivo de la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas” en ceremonia organizada por el Centro de Memoria Histórica, por el término de cinco años consecutivos.

68. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección: i) deberá asegurar que en la vigencia del año 2015 y en las sucesivas, con cargo al presupuesto de la institución, se provea al Centro de Memoria Histórica y al comité cívico para la defensa de los derechos humanos del Meta, de los recursos indispensables para el cumplimiento de las órdenes dadas en la presente providencia, ii) en un término que no puede sobrepasar los dos (2) años contados a partir de la notificación.

69. Por último, dada la manera en que ocurrieron los hechos victimizantes que incluyó la presencia de sus pequeñas hijas y cónyuge, a lo que se agregaría que luego sobre ellas mismas recaerían medidas de protección, la Sala ordenará como medida de rehabilitación, con el ánimo de restablecer las condiciones psicosociales de las víctimas que, si así lo desean y manifiestan ante el Tribunal Administrativo del Meta, en un término no superior a tres meses después de la ejecutoria de esta providencia, las demandadas sufraguen los costos que representen la valoración y la terapia sicológica o siquiátrica que decidan adelantar a partir de las recomendaciones del profesional en sicología o en medicina siquiátrica de su elección y durante el tiempo en que fundadamente considere pertinente, sin que pueda exceder el período de dos años. El profesional escogido deberá acreditar su título profesional y la afiliación a alguna institución que agremie a otros profesionales de su especialidad.

70. Por último, si las víctimas lo consienten, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional en cabeza del Sr. Ministro de la Defensa y la Unidad Nacional de Protección por medio de su director, deberán ofrecer disculpas públicas en ceremonia que será acordada con las víctimas.

V. Indemnización de perjuicios

71. Como se expuso en la presente providencia, en las pretensiones de la demanda la parte actora solicitó indemnización por los perjuicios materiales a título de lucro cesante y que en su sentir les causó a los demandantes la muerte de la víctima así como el resarcimiento de los perjuicios morales causados, los cuales se tasaron en 1000 gramos oro para cada uno de los actores.

72. Al revisar los perjuicios pedidos por concepto de lucro cesante, se observa que los demandantes lograron acreditar su relación civil, de parentesco o de convivencia con la víctima de acuerdo con lo indicado. En el proceso, se demostró que el señor Josué Giraldo Cardona desempeñaba una actividad económica en el momento de su muerte, como abogado consultor del Instituto Departamental de Tránsito y Trasporte del Meta, por contrato de prestación de servicios, labor por la que, percibía un salario básico mensual de $ 1.200.000, según lo indica el contrato de prestación de servicios suscrito entre el representante del instituto y el señor Giraldo Cardona el día 4 de junio de 1996 por un término de 6 meses (fls. 46-48, cdno. 2).

73. En efecto, en el momento de ser asesinado hacía apenas 4 meses que había dejado su cargo como gerente de la Empresa Licorera del Meta, y el único ingreso fijo que tenía era aquel derivado de su actividad como abogado consultor, pero que no correspondía realmente a su capacidad productiva, si se tiene en cuenta la trayectoria que tenía en posiciones públicas y su preparación académica, toda vez que fue juez de ejecuciones fiscales en la alcaldía de la ciudad de Villavicencio y su permanencia en el cargo comprendió desde el 3 de noviembre de 1987 hasta el primero de enero de 1992 (fl. 41, cdno. 2), en la Empresa Licorera del Meta desempeñó el cargo de gerente (fl. 42, cdno. 2) durante el período comprendido del 3 de enero de 1992 al 31 de mayo de 1996, devengando un sueldo mensual de $ 1.417.632 más gastos de representación por valor de $ 1.800.000, para un total de $ 3.217.632; adicionalmente para el momento de los hechos era el presidente del comité cívico de derechos humanos del Meta. Su trayectoria permite a la Sala determinar que la remuneración que tendría de haber continuado con vida, correspondería por lo menos a la que había dejado en meses pasados en un alto cargo, por las razones anteriormente expuestas, por lo cual se dará aplicación —tal como lo solicitó la parte actora a lo largo del proceso—, al precedente trazado por el Consejo de Estado en la sentencia de 19 de junio de 1997(73) referente al caso del exministro de justicia Enrique Low Murtra(74). En consecuencia, tomará como ingreso base de liquidación el valor del sueldo devengado cuando se encontraba laborando como gerente en la Licorera del Meta.

74. Esta suma será actualizada, desde la fecha del deceso del señor Giraldo Cardona, al valor correspondiente a la fecha de la presente decisión, de la siguiente forma:

F12621
 

F12622

75. A esta suma se adicionará el 25% correspondiente a las prestaciones sociales que debía percibir la víctima. A la suma resultante será restado un 25%, porque se presume que dicho porcentaje es lo que el señor Giraldo Cardona habría invertido en su propio sostenimiento. La renta liquidable entonces corresponde a $ 9.415.571.

76. Se tendrá en cuenta que el señor Josué Giraldo Cardona, en el momento de su muerte tenía 37 años de acuerdo con copia de registro civil de nacimiento (fl. 29, cdno. 2) y por lo tanto una vida probable de 39,58 años (474,96 meses) según la tabla colombiana de mortalidad adoptada por la Superintendencia Bancaria mediante Resolución 497 del 20 de mayo de 1997. La esposa del señor Giraldo Cardona, menor que este, tenía 36 años de edad en la fecha de los hechos(75), de manera que su vida probable era de 42,05 años (504,6 meses) de acuerdo con la tabla citada. Para la liquidación se tendrá en cuenta la vida probable del señor Giraldo Cardona, dada su menor expectativa de supervivencia.

77. La indemnización a que tiene derecho la esposa del señor Giraldo Cardona comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 212 meses; y otro futuro o anticipado desde la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable de la víctima, para un total de 262 meses.

78. Como anteriormente se reconoció que el señor Giraldo Cardona convivía con sus dos hijas menores, sin cumplir 25 años al momento de los hechos, de la renta liquidable determinada en el párrafo 82 se tendrá en cuenta para la compañera permanente —Mariela Duarte Parrado— el 50% ($ 4.707.786) como base para la liquidación.

79. Para la estimación de la indemnización futura o anticipada que deberá ser reconocida a favor de la señora Duarte Parrado, se tendrá en cuenta la fórmula que ha aplicado la Sala(76), de acuerdo con la cual:

For gen 2

80. Indemnización futura o anticipada de Mariela Duarte Parrado:

F12623

81. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho la demandante Mariela Duarte Parrado, se aplicará la fórmula que ha implementado la Sala(77):

For gen 1

82. Se tiene en cuenta como el periodo a liquidar aquel comprendido entre la fecha de la muerte del señor Giraldo Cardona —10 de octubre de 1996— y la época de expedición de la presente sentencia —junio de 2014— (212 meses), y se realiza la liquidación así:

F12624

83. De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante, para la señora Mariela Duarte Parrado es el siguiente:

Indemnización futura o anticipadaIndemnización debida o consolidadaTotal lucro cesante:
$ 696.201.516$ 1.740.222.000$ 2.436.456.516

84. La indemnización a que tiene derecho Natalia Giraldo Parrado —hija— comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 212 meses; y otro futuro o anticipado desde la fecha de esta sentencia hasta que esta cumpla 25 años —16 de abril de 2016—, para un total de 22 meses. Como se reconocieron 2 menores a cargo de la víctima, para Natalia Giraldo Parrado se tendrá en cuenta ½ del restante 50% de la renta determinada para los parientes de la víctima en el párrafo 82 de esta decisión ($ 2.353.893) como base para liquidar.

85. Así, para la estimación de la indemnización futura o anticipada que deberá ser reconocida a favor de Natalia Giraldo Parrado, se tendrá en cuenta la citada fórmula que ya se ha aplicado, de acuerdo con la cual:

F12625

86. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho la demandante Natalia Giraldo Parrado, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala.

F12626
 

87. De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante, para la Natalia Giraldo Parrado es el siguiente:

Indemnización futura o anticipadaIndemnización debida o consolidadaTotal lucro cesante:
$ 48.996.684$ 870.127.500$ 919.124.184

88. La indemnización a que tiene derecho Sara Jimena Giraldo Parrado —hija— comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 212 meses; y otro futuro o anticipado desde la fecha de esta sentencia hasta que este cumpla 25 años —16 de diciembre de 2017—, para un total de 183 meses. Como se reconocieron 2 menores a cargo de la víctima, para Sara Jimena Giraldo Parrado se tendrá en cuenta ½ del restante 50% de la renta determinada para los parientes de la víctima en el párrafo 82 de esta decisión ($ 2.353.893) como base para liquidar.

89. Así, para la estimación de la indemnización futura o anticipada que deberá ser reconocida a favor de Sara Jimena Giraldo Parrado, se tendrá en cuenta la citada fórmula que ya se ha aplicado, de acuerdo con la cual:

F12627

90. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho el demandante Sara Jimena Giraldo Parrado, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala.

F12626

91. Así, la indemnización consolidada que corresponde a Sara Jimena Giraldo Parrado equivale a $ 870.127.500.

92. De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante, para la Sara Jimena Giraldo Parrado es el siguiente:

Indemnización futura o anticipadaIndemnización debida o consolidadaTotal lucro cesante:
$ 284.734.500$ 870.127.500$ 959.345.652

93. Respecto de los perjuicios morales, de la demanda se desprende que la petición indemnizatoria a favor de las demandantes Mariela Duarte Parrado, Natalia y Sara Jimena Giraldo Parrado, en su calidad de esposa e hijas y las señoras María Inés Cardona de Giraldo, María Inés y Luz Estela Giraldo Cardona, como madre y hermanas respectivamente se deriva de su relación de parentesco y civil con la víctima, la cual se encuentra acreditada en los términos descritos en los párrafos 9.18 y 9.19 de esta decisión.

94. De acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala, en relación con la cuantía de la indemnización, se observa en primer lugar, que la condena se efectuará en salarios mínimos legales mensuales vigentes, siguiendo la actual pauta jurisprudencial de la Sección(78) y en segundo lugar, que es necesario tener en cuenta que tratándose de la afectación de los sentimientos de las personas, los cuales no tienen precio y por lo tanto no hay dinero que pueda restablecer el daño ocasionado a los mismos, el reconocimiento que se hace por esta clase de perjuicios apunta a compensar de alguna manera a sus víctimas y la cuantía es establecida de acuerdo al arbitrio judice(79), que en el presente caso es orientado por la jurisprudencia de la Sección Tercera, la cual ha considerado que en aquellos eventos en los que se infiere un mayor grado de intensidad del perjuicio, como lo es la pérdida de un ser querido, resulta procedente el reconocimiento de las siguientes sumas de dinero, vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo a favor de:

María Inés Cardona de Giraldo (madre)100 SMLMV
María Inés Giraldo Cardona (hermana)50 SMLMV
Luz Estela Giraldo Cardona (hermana)50 SMLMV

95. Por otra parte, la Sala observa que el grado de dolor se presume como el máximo al haber ocurrido la muerte de un integrante de la mayor importancia dentro del núcleo familiar que conforman los demandantes Mariela Duarte Parrado, Natalia Giraldo Parrado y Sara Jimena Giraldo Parrado, determinando la indemnización de perjuicios de carácter moral, en atención a la grave violación de los derechos constitucionales a la dignidad, intimidad, a la familia, a la libertad de locomoción y de fijar el domicilio y el arraigo, se vieron seriamente afectados, y por provenir esa afectación de la Comisión de un ilícito penal (C.P., art. 97). Así mismo, la presente decisión se adopta toda vez que las hijas de la víctima presenciaron el hecho, circunstancia que agrava el dolor por la pérdida de su padre y esposo. Adicionalmente posterior a la muerte del señor Giraldo Cardona, fueron objeto de medidas de protección ordenadas por la Corte IDH dado el riesgo que también corrían en sus vidas e integridad física, lo que les generó cambios permanentes de residencia y una ruptura en el desarrollo de sus proyectos de vida; en consecuencia, se reconocerán a título de reparación por daños morales el equivalente a las siguientes sumas de dinero, en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo, para cada una de ellas:

Mariela Duarte Parrado (esposa)200 SMMLV
Natalia Giraldo Parrado (hija)200 SMMLV
Sara Jimena Giraldo Parrado (hija)200 SMMLV

VI. Costas

96. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas, en atención a que no se observa en el presente caso actuación temeraria por ninguna de las partes.

97. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia dictada por Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, del 29 de abril de 2003, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, y en su lugar disponer:

Primero. Declárese a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, responsables administrativamente por la muerte del señor Josué Giraldo Cardona ocurrida en el municipio de Villavicencio - Meta el día 13 de octubre de 1996.

Segundo. Como consecuencia de la declaración anterior, condénese a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:

A favor de Mariela Duarte Parrado, Natalia Giraldo Parrado y Sara Jimena Giraldo Parrado, la suma de doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de ellas, para María Inés Cardona de Giraldo, la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes y para María Inés Giraldo Cardona y Luz Estela Giraldo Cardona la suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Tercero. Condénese a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección, a pagar por concepto de perjuicios materiales las siguientes sumas de dinero: a favor de Mariela Duarte Parrado la suma de dos mil cuatrocientos treinta y seis millones cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos dieseis pesos m/cte. ($ 2.436.456.516); a favor de Natalia Giraldo Parrado la suma de novecientos diecinueve millones ciento veinticuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos m/cte. ($ 919.124.184) y a favor de Sara Jimena Giraldo Parrado la suma de novecientos cincuenta millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta mil pesos m/cte. ($ 959.345.652).

Cuarto. Ordénese a La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección, sufragar los gastos de la realización de un documental de 24 minutos de duración y un cortometraje de 7 minutos de duración, cuya realización, contenido, alcance y ejecución de los recursos estará a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica. En ambas producciones se hará una narración biográfica que destaque la vida, ideales y luchas de Josué Giraldo Cardona. Para ello deberá contarse con la aquiescencia de los actores a quienes se les garantizará el cumplimiento del principio de voluntariedad que se impone cuando se trata de acciones orientadas a honrar a las víctimas, de modo que el resultado de las producciones será transmitido en colegios, universidades públicas y privadas, cineclubes, canales regionales y demás medios de comunicación que deseen contribuir con la memoria de la víctima, también como proyección regular en el lugar de memoria que con base en esta sentencia se construya. Por su parte el cortometraje deberá ser transmitido por el lapso de un (1) año en todas las salas de cine del país, para lo cual se exhorta al Ministerio de Cultura para que en el ámbito de sus funciones adelante acciones con Proimagenes Colombia para la exhibición de dicho material, quienes deberán participar en la realización, edición de libretos y demás aspectos de la producción de los mismos de tal forma que la memoria y reproducción de la vida de Giraldo Cardona sea lo más auténtica posible a lo que en realidad fue su vida, asunto que es mejor conocido por su familia y compañeros de militancia política que por cualquier otra persona. Al menos una copia de las producciones deberá ser incorporada al fondo documental separado dentro del archivo de derechos humanos a cargo del Centro de Memoria. Para ello, las condenadas deberán asegurar que en la vigencia del año 2015, con cargo al presupuesto de la institución, se provea al Centro de Memoria Histórica de los recursos indispensables para realizar el documental en un término que no puede sobrepasar los dos (2) años contados a partir de la notificación de la presente sentencia.

Quinto. Ordénese a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección, que financie, sufrague, auspicie, apoye, el montaje y la adaptación de una exposición itinerante a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica, en homenaje a la vida y el sacrificio de todos aquellos activistas defensores de derechos humanos en Colombia, para que mediante dicha exposición se conserve en la memoria nacional las luchas sociales de los activistas de derechos humanos y se difundan sus ideales no siempre reconocidos en la conciencia nacional. La exposición deberá exhibirse en los centros de memoria regionales, universidades y demás establecimientos del orden nacional y local. Las condenadas deberán asegurar que en la vigencia del año 2015, con cargo al presupuesto de la institución, se provea al Centro de Memoria Histórica de los recursos indispensables para la adaptación de la exposición de conformidad a lo consignado en las consideraciones de esta providencia, en un término que no puede sobrepasar los dos (2) años contados a partir de la notificación de la presente sentencia.

Sexto. Ordénese a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección, previo consenso en la formulación e implementación de una apropiada reparación colectiva con los miembros sobrevivientes de la Unión Patriótica, la construcción de un lugar de memoria en la ciudad de Villavicencio - Meta, en el cual se erija un monumento en honor al partido político, para honrar la memoria de todos los que han sacrificado incondicionalmente su vida para la realización plena y pacífica de sus idearios políticos. El diseño del monumento deberá contar con la asesoría técnica del Centro de Memoria Histórica. En todo caso, si los miembros sobrevivientes de la Unión Patriótica así lo convienen, en el monumento se colocará una placa en la que queden grabadas, de manera suficientemente clara y perdurable, los ideales del movimiento.

Séptimo. Ordénese a La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección, la financiación de i) un premio anual que consistirá en una beca para cursar un postgrado, maestría, doctorado o postdoctorado, en una universidad pública o privada de su escogencia y financiar la publicación de la tesis por la universidad a la que pertenezca, por el cual se busque reconocer académicamente la mejor tesis de pregrado y postgrado en humanidades y ciencias sociales, donde sean invitadas todas las universidades de Colombia, en el que se aborde el tema de la defensa de los derechos humanos y la Unión Patriótica; y ii) premiar cada año al grupo de trabajo, investigación u organización académica, social y/o popular que defienda y promueva la defensa de los DDHH y DIH con un apoyo económico de cien salarios mínimos (100 SMLV) para el fortalecimiento de la organización. Premios que llevarán como nombre Josué Giraldo Cardona,y que harán memoria de los acontecimientos sufridos por los miembros de dicha organización política en lo referente a su persecución y sistemática eliminación. Se deberán entregar ambos galardones el nueve (9) de abril de cada año con motivo de la conmemoración del “Día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas” en el Centro de Memoria Histórica. Las entidades condenadas deberán asegurar que anualmente a partir del 2015, con cargo al presupuesto de la institución, se provea al comité cívico por la defensa de los derechos humanos del Meta y al Centro de Memoria Histórica de los recursos indispensables para el concurso y la ceremonia de la entrega anual del premio en mención por el término de cinco años consecutivos.

Octavo. Ordénese al Centro de Memoria Histórica crear un fondo documental separado dentro del archivo de DDHH y DIH para los integrantes de la Unión Patriótica con los procesos judiciales que en adelante le serán remitidos para su custodia, conservación, organización, estudio, consulta e investigación por académicos, investigadores y para conocimiento general, salvo las restricciones que en aras de proteger el derecho a la intimidad y la seguridad de las familias se impongan en la consulta.

Noveno. Ordénese a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección, como medida de rehabilitación, (L. 1448/2011, art. 135), y con el ánimo de restablecer las condiciones psicosociales de las víctimas que, si así lo desean y manifiestan ante el Tribunal Administrativo del Meta, en un término no superior a tres meses después de la ejecutoria de esta providencia, las demandadas sufraguen los costos que representen la valoración y la terapia sicológica o siquiátrica que decidan adelantar a partir de las recomendaciones del profesional en sicología o en medicina siquiátrica de su elección y durante el tiempo en que fundadamente considere pertinente, sin que pueda exceder el período de dos años. El profesional escogido deberá acreditar su título profesional y la afiliación a alguna institución que agremie a otros profesionales de su especialidad.

Décimo. Ordénese a La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección, como medida de rehabilitación, que con previo consentimiento de las víctimas, el Sr. Ministro de la Defensa y el director de la Unidad Nacional de Protección ofrezcan disculpas públicas en ceremonia cuyos rituales serán acordados con las víctimas.

Onceavo. Exhortar a la Fiscalía General de la Nación culminar la investigación penal que esclarezca y condene a los autores intelectuales del crimen de lesa humanidad de Josué Giraldo Cardona.

Doceavo. Exhortar a la alcaldía de Villavicencio para que en el marco de sus competencias como integrante del sistema nacional de atención y reparación a las víctimas SNARIV, en virtud del artículo 160 de la Ley 1448 de 2011, se ocupe de adelantar las gestiones de apropiación social y conservación física y simbólica del lugar de memoria.

2.Sin condena en costas.

3.Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4.Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, el Centro de Memoria Histórica, Ministerio de Cultura, alcaldía de Villavicencio y al comité cívico por la defensa de los derechos humanos del Meta (sobrevivientes) con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5.Remítase copia de esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para su conocimiento y comunicación al sistema interamericano de derechos humanos.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

(4) En la demanda, presentada el 8 de octubre de 1998, la pretensión mayor, correspondiente a perjuicios materiales a favor de la esposa e hijas del señor Josué Giraldo Cardona fue estimado en la suma de $ 300.000.000. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1998 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 18.850.000.

(5) Su militancia política es reiteradamente argüida por él mismo y sus compañeros de partido.

(6) La Comisión intercongregacional de justicia y paz, es una ONG fundada en 1988 por un grupo de sacerdotes jesuitas, laicos, religiosas cuyo objetivo principal es la promoción y defensa de los derechos humanos, “Mediante cuatro grandes áreas de trabajo: la formación en derechos humanos, la denuncia a nivel nacional e internacional de las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; la asesoría jurídica a las víctimas y/o familiares y a las comunidades; y la asistencia humanitaria, económica, psicológica y espiritual a las víctimas o familias de las víctimas, particularmente a grupos de desplazados por la violencia”. Escobar Delgado, Ricardo Azael, “La defensa de los derechos humanos en Colombia por parte de ONG en las décadas de 1980 y 2000 y sus formas de intervención socio-política: estudio de caso de la Comisión intercongregacional de justicia y paz” en: Revista Republicana, enero-junio de 2012, págs. 187-276, Bogotá, D.C.

(7) También se mencionan amenazas contra Orlando Ocampo, empleado del Banco Popular y secretario de asuntos intersindicales de la Unión de Trabajadores Bancarios (UNEB), Islenia Reyes y directivos de la CUT seccional Meta.

(8) Carlos López Michel, de nacionalidad estadounidense, se desempeñaba como activista de derechos humanos contratado por la ONG Comisión intercongregacional de justicia y paz en convenio con un grupo por los derechos humanos en Colombia de la Universidad de Wisconsin-Madison (testimonio rendido por Carlos López Michel el oct. 13/96 ante la Fiscalía Tercera Delegada, fls. 5-8, cdno. 5).

(9) Asunto Giraldo Cardona y otros. Medidas provisionales respecto de la República de Colombia. Resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de octubre de 1996, visto séptimo.

(10) Asunto Giraldo Cardona y otros. Medidas provisionales respecto de la República de Colombia. Resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de octubre de 1996, visto séptimo.

(11) Asunto Giraldo Cardona y otros. Medidas provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de febrero de 2010.

(12) Caso del periódico “La Nación”. Medidas provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2001, considerando cuarto; Asuntos Internado Judicial de Monagas (“La Pica”); Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (cárcel de Yare); Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (cárcel de Uribana), e Internado Judicial Capital El Rodeo I y el Rodeo II. Medidas provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2009, considerando sexto, y asunto Guerrero Larez. Medidas provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 2009, considerando cuarto.

(13) Sobre el modus operandi de este grupo se estableció: “Su actividad está enfocada al ajusticiamiento de los miembros activos de la subversión y a quienes determinen como sus colaboradores incluyendo entre ellos a los miembros de la Unión Patriótica. Existen indicios que a cambio del sicariato optaron por la desaparición con el objeto de evitar que hayan bases para una investigación. Al parecer sus víctimas son torturadas y luego de asesinarlas les extraen los órganos internos que son reemplazados por piedra o cemento para evitar que floten en el rio al que son arrojados. Supuestamente estos hechos tienen ocurrencia en la Finca La Esperanza ubicada en la jurisdicción de Puerto López de propiedad de Víctor Manuel Carranza Niño. Por lo general el grupo opera movilizándose en buenos vehículos tales como camionetas Toyota cuatro puertas, Monteros y otros. Para 1994-1995 sus integrantes dependían directamente del señor Arnulfo Castillo Agudelo alias Rasguño en cuanto a sus acciones se refiere. El señor Arnulfo Castillo Agudelo fue capturado por el CTI Regional Oriente el 11 de julio de 1995 en el sitio conocido como “La Gallera” en Puerto López (...)” (Información suministrada por el CTI a la Policía Judicial, fls. 100 y ss., cdno. 10).

(14) En los testimonios de varios líderes de la Unión Patriótica en el departamento del Meta se sindica a “El Llanero” de ser el autor material del asesinato de Josué Giraldo Cardona.

(15) Pedro Malagón, diputado de la Asamblea Departamental del Meta por el partido de la Unión Patriótica fue asesinado el 20 de junio de 1996 en su casa, junto con su pequeña hija Elda Milena Malagón. Dentro de las múltiples quejas y denuncias interpuestas por el diputado ante la Procuraduría Departamental se encuentran:

“La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, mediante Oficio 1032 de fecha 17 de julio de 1996, informó que en el Expediente 022-62571, el señor Malagón había formulado queja por la muerte de un campesino ocurrida el 4 de agosto de 1987, y el cual fue archivado por falta de mérito el 19 de junio de 1990.

Que el Expediente 022-59849, el señor Pedro Malagón, solicitó se investigaran los hechos sucedidos el 6 de mayo de 1987 en el que perdieron la vida varias personas, siendo archivado por falta de mérito de juicio de ese despacho el 18 de julio de 1988.

Que el Expediente 022-66288, el señor Pedro Malagón formuló queja por el asesinato del Concejal Norberto Velásquez, ocurrida el 14 de septiembre de 1987, investigación que fue archivada el 4 de abril de 1991.

Que en el Expediente 022-152745, el señor Malagón formuló queja sobre amenazas contra su vida, hecho ocurrido el 6 de octubre de 1994, remitiendo dicha delegada la queja a la inspección general del Ejército el 4 de enero de 1995.

Que en el Expediente 022-122590, el señor Malagón puso en conocimiento la detención de varias personas ocurrida el 24 de febrero de 1992, disponiendo la delegada remitir la queja al comandante de la brigada, el 17 de noviembre de 1992.

Que en Expediente 022-149158, el señor Pedro Malagón, formuló queja por el allanamiento irregular a la casa de Daniel Pinto, ocurrida el 4 de mayo de 1994, archivado por falta de mérito el 17 de marzo de 1995.

Que en el Expediente 015-149409, el señor Malagón formuló queja por el homicidio del señor Evaristo Amaya, ocurrido el 24 de febrero de 1994, en la ciudad de Villavicencio, diligenciamiento que fue remitido por la procuraduría delegada para la Policía Judicial al Departamento Administrativo de Seguridad.

En visita que la señora Edilma Hernandez Ramos, allegó a la diligencia de declaración, escrito de fecha 30 de septiembre firmado por el señor Pedro Malagón en el que ponía en conocimiento los hechos acaecidos el día 12 de mayo y 10 de junio de 1994, señalando la presunta participación de miembros de las Fuerzas Militares, queja que había sido puesta en conocimiento de la Procuraduría y de la Fiscalía; adelantándose la respectiva averiguación, estableciéndose que dicho escrito la procuraduría delegada para las Fuerzas Militares lo había remitido a la inspección general del Ejército y en la Fiscalía actualmente reposa el proceso radicado bajo el Nº 23.508”. En el mismo informe se hace explícito que en el asesinato del diputado Malagón se encuentran vinculados los sujetos Germán Ramírez, Ignacio Alape, Edgar Alape y otros sujetos: alias “Rasguño”, “El puntillón”, “El visaje”, Ezequiel Liberato y Joaquín Silva “al parecer miembros de grupos denominados “autodefensas o paramilitares”. Así mismo se ordena iniciar investigación disciplinaria y penal contra el brigadier general Carlos León Gómez Mateus por los posible delitos contra la fe pública y la administración de justicia “al plasmar hechos que no corresponden a la verdad, cuando afirma que Gilberto Salazar Perdomo, no labora para el Ejército Nacional, cuando se ha probado lo contrario y plasmarlo así en una resolución para fundamentar en ella el archivo de una investigación disciplinaria”. Informe que remitió la dirección nacional de investigaciones especiales - Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación al director nacional de investigaciones especiales, ante el mismo ente y la Fiscalía Regional de Oriente, el 9 de agosto de 1996 (fls. 152-168, cdno. 8).

(16) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, (Fondo).

(17) Tutela presentada contra la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, con el fin de que se restablezcan los derechos fundamentales de petición, diversidad étnica y cultural, vida, desaparición o tratos inhumanos, igualdad, paz y debido proceso, supuestamente vulnerados del gobernador de la comunidad indígena Chenche Buenavista el señor Yecid Briñez Poloche, presidente de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia.

(18) Corte Constitucional. Sentencia T-078 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de julio de 2011, Exp. 20112, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de mayo de 1994, Exp. 7616 y la sentencia de 26 de septiembre de 2002, Exp. 14.122. C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(21) En este caso, el ciudadano Luis Alberto Cabeza Espinel interpuso acción de tutela contra la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida y a la igualdad, los cuales habrían sido vulnerados, pese a ser beneficiario del programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia “por haber sido vocero público del proceso de paz de la corriente de renovación socialista y en los años posteriores por su actividad social como defensor de derechos humanos (...), asesorando a víctimas del conflicto armado” en la Corporación Nuevo Arco Iris.

(22) Corte Constitucional, Sentencia T-339 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

(23) Acción de tutela contra el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, por considerar que a la accionante, en su condición de defensora de derechos humanos, le fueron vulnerados los derechos fundamentales a la vida, integridad, libertad, seguridad personal y acceso a la administración de justicia, en tanto no había contado con las medidas de protección que requería como víctima de los delitos de abuso sexual, desplazamiento forzado y tentativa de secuestro.

(24) Corte Constitucional, Sentencia T-234 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Sentencia T-719 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia T-496 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia T-1254 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Dichos niveles de riesgo han sido también implementados por la Sala en la sentencia de 29 de mayo de 2014, Exp. 28.178, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(25) CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, párr. 1, 2006.

(26) Corte Constitucional, Sentencia T-728 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(27) Corte Constitucional, Sentencia T-234 de 2012. En esa oportunidad la Corte estudió la situación de una mujer defensora de derechos humanos, víctima de violencia sexual y desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado interno, que se encuentra incluida en el anexo reservado del Auto 92 de 2008, proferido por esa corporación, en la cual advirtió que, como medida de protección a la intimidad, seguridad personal, vida e integridad personal de la accionante, dispuso suprimir de esta providencia y de toda futura publicación de la misma, su nombre, así como cualquier otro tipo de dato e información que permita identificarla.

(28) Corte Constitucional. Sentencia T-234 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(29) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de 26 de febrero de 1999.

(30) Se solicita mediante tutela el traslado del recluso Cancelado Gómez del patio donde se encuentra en la cárcel La Modelo a una casa fiscal o especial en la ciudad de Santafé de Bogotá porque, en sentir del peticionario, corre peligro la vida del citado recluso en el patio de máxima seguridad de la cárcel La Modelo, donde actualmente se halla. El delito cometido por el accionante es rebelión por lo que siente necesita protección especial.

(31) [11] Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(32) Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 5 de julio de 2004, serie C Nº 109 párr. 86. c); Caso Masacre de Pueblo Bello Colombia, Fond. párrs. 126 y 140; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 92.

(33) Corte IDH. Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 96.30.

(34) En similar sentido, la existencia real y sistemática de vínculos y connivencias entre grupos paramilitares de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, región del magdalena medio e integrantes de la Fuerza Pública, fue plenamente documentada y acreditada en la “masacre de los 19 comerciantes vs. Colombia” ante la Comisión y la Corte IDH. En este caso los agentes de seguridad del Estado no se limitaron a facilitar el ingreso de las AUC a la región, sino que además tuvieron conocimiento del ataque perpetrado contra los comerciantes y omitieron adoptar las medidas necesarias para protegerlos, lo que reveló una aquiescencia por parte de las fuerzas del Estado para con los delitos perpetrados por las AUC en dicha masacre.

(35) Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en el año 1997, E/CN.4/1998/16, 9 de marzo de 1998, párrs. 29 y 91; cuarto informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, 1997, págs. 59 y 60, citado en el citado informe de la alta comisionada.

(36) Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en el año 1997, E/CN.4/1998/16, 9 de marzo de 1998, párrs. 29 y 91; cuarto informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, 1997, págs. 59 y 60, citado en el citado informe de la alta comisionada.

(37) [9] Véase, por ejemplo, el informe del Defensor del Pueblo para el gobierno, el Congreso y el Procurador General de la Nación titulado “Estudio de casos de homicidio de miembros de la Unión Patriótica y Esperanza, Paz y Libertad”, octubre de 2002; Iván David Ortiz, El Genocidio Político contra la Unión Patriótica, Universidad Nacional de Colombia, 2009; La resistencia al olvido. La prolongación de la existencia a pesar del genocidio político contra la Unión Patriótica, Universidad Nacional de Colombia, Unijus, 2006; Martín Emilio Rodríguez, Podrán matar la flor pero no la primavera: el genocidio de la Unión Patriótica, Bogotá, 2005, entre otros. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(38) Según la Corte IDH fueron cinco los planes de exterminio, así “los planes “Esmeralda” (1988) y “Retorno” (1993) habrían tenido como objetivo desaparecer las seccionales de la UP en los departamentos del Meta, Caquetá y en la región de Urabá. La “Operación Cóndor” (1985) y los planes “Baile Rojo” (1986) y “Golpe de Gracia” (1992) habrían estado dirigidos a socavar las estructuras de dirección nacional del movimiento y a asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas. Yezid Campos Zornosa, El Baile Rojo, Grafiq Editores, Bogotá, 2003, páginas 17 y 18, anexo 42”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, sentencia de 26 mayo de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

(39) Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Corte IDH, sentencia de 26 de mayo de 2010, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

(40) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, sentencia de 26 de mayo de 2010. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

(41) [67] La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, manifestó en su informe a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que: “la actividad política colombiana se caracteriza por el alto grado de intolerancia frente a los partidos y movimientos de oposición. El ejemplo más dramático es el caso de la Unión Patriótica, cuyos militantes han sido víctimas de ejecuciones sistemáticas. Más de 1.500 miembros de este partido han sido asesinados desde la fundación del mismo en 1985, incluyendo autoridades electas y la casi totalidad de sus representantes al Congreso. Otros han tenido que exilarse y abandonar sus cargos políticos”. Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado ante la Comisión de derechos humanos el 54º período de sesiones el 9 de marzo de 1998 E/CN.4/1998/16, párr. 58, disponible en http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/acdh/E-CN-4-1998-16.html#IC68

(42) [68] La persecución política en conexión con el asesinato es incluso caracterizado como crimen de lesa humanidad por el artículo 7(1)(a) y (h) del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, cuando sea cometido como parte de una práctica generalizada o sistemática contra los miembros de una población civil. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9.

(43) [13] CIDH, segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia OEA/Ser.L/V/II.84 Doc. 39 rev. 14 octubre 1993, capítulo VII, disponible en http://www.cidh.org/countryrep/Colombia93sp/cap.7.htm.

(44) Véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 1º de abril de 2009, Exp. 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, 20 de noviembre de 2008, Exp. 20.511, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, 3 de octubre de 2007, Exp. 15.985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. También recientemente la Sección Quinta declaró la nulidad de los actos emitidos por el Consejo Nacional Electoral en los que se había establecido la pérdida de la personería jurídica del partido político de la UP, por considerar que adolecían de falsa motivación y desviación de poder. En dicha providencia se analiza que la no satisfacción, por parte de la UP, del numeral 1º del artículo 4º de la Ley 130 de 1994 que consagra como motivo de pérdida de la personería jurídica la falta de respaldo popular en situaciones de normalidad, al prescribir: “en una elección no obtenga a través de sus candidatos por lo menos 50.000 votos, o no alcancen o mantengan representación en el Congreso [de la República]”, no era aplicable sin consultar la realidad fáctica que padeció la organización política, comoquiera que en su caso obedeció a la total imposibilidad del partido para participar en las elecciones del 2002 al no contar con igualdad de condiciones ni garantías para la preservación de la vida e integridad personal de sus directivos, militantes y simpatizantes. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 julio de 2013, Rad. 11001-03-28-000-2010-00027-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

(45) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(46) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 octubre de 1997, Exp. 10958. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(47) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(48) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(49) Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, Exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, Exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, Exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, Exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo.

(50) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(51) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de octubre de 2007, Exp. 15.985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(52) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, Exp. 20511, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(53) [16] Informe de 12 de marzo de 1997 presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante el cual se declaró admisible el caso (11.227) y se invitó al Estado a una solución amistosa, en tal virtud de la cual este se comprometió a poner en marcha un programa especial de protección a dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del partido comunista colombiano y para tal efecto expidió el Decreto 978 de 2000, “con el fin de atender los requerimientos de protección hechos por aquellas personas que, por razones de vinculación ideológica o partidista, con una de tales agrupaciones políticas, se encuentren amenazadas contra su vida, integridad, libertad o seguridad”.

(54) [1] Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 63.2.

(55) Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Comisión colombiana de juristas, Comisión intercongregacional de justicia y paz, Pastoral Social de la diócesis de Villavicencio, entre otros.

(56) En efecto fueron promovidos por dicha organización en conjunto con otras organizaciones como la Comisión intercongregacional de justicia y paz y el Colectivo José Alvear Restrepo los siguientes procesos ante la Comisión IDH: i) Néstor Álvaro Martínez, José Arquímedes y José Sarmiento, informe 34111, petición 11.539; ii) José Vicente Apolinar Arias y Macario Reinoso, informe 28111, petición 11021 y iii) Martha Cecilia Ayure Quintero, caso 11021.

(57) Según informe rendido por el TC Ricardo Morales Piedrahita, comandante del batallón de inteligencia 4 del Ejército Nacional al jefe de unidad especial apoyo fiscalías regionales de Villavicencio (Meta) con relación a las actividades de inteligencia tendientes a esclarecer el asesinato del general Gil Colorado se señala:

“La orden del atentado fue enviada por el bandolero Jorge Suárez Briceño (a. Mono Jojoy), con un estafeta a Pedro Malagón y a la Red Urbana Nacional de las FARC, quienes dieron la misión al sujeto (a. Alonso o Alfonso) para que adelantara y dirigiera la inteligencia que permitió efectuar la acción terrorista (...) paralelo a las informaciones obtenidas sobre el asesinato se ha podido establecer que las siguientes personas hacen parte de la Red Urbana de las FARC en la ciudad de Villavicencio:

Bonifacio Bonilla dirigente de la UP

Domingo Barragán dirigente de la UP

Fluvio Rojas dirigente de la UP

Nelson Viloria exmilitante del M-19 (...)” (fls. 245-246, cdno. 3).

(58) Al respecto el Estatuto de Roma en su artículo 7.1.b y h prescribe:

“ART. 7º—Crímenes de lesa humanidad.

1. A los efectos del presente estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población;

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; (...)” (se resalta).

(59) En: Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones. Compilaciones de documentos de ONU, Comisión colombiana de juristas (ed.), Bogotá, 2007.

(60) Es importante manifestar que con anterioridad a este instrumento internacional ya se encontraban consagrados desde 1997 el Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (Principios Joinet). El principio 33 —Derechos y deberes dimanantes de la obligación de reparar— reza: “Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derecho habientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor”. Al respecto se puede revisar Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones, ob. cit., pág. 50. Los Principios Joinet contemplaban algunas formas de reparación; al respecto el principio 34 dispone: “Ámbito de aplicación del derecho a obtener reparación. El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por las víctimas; comprenderá medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional”.

(61) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de febrero del 2011, Rad. 34387, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 20 de febrero del 2008, Rad. 16996, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 19 de octubre del 2007, Rad 29.273, M.P. Enrique Gil Botero. Corte Constitucional, sentencias C-578 de 2002; C-872 de 2003; T-025 de 2004; C-979 de 2005; T-188 de 2007; T-821 de 2007; T-458 de 2010.

(62) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, Reparaciones y Costas, sentencia de 25 de mayo de 2001, serie C Nº 76, párr. 119; caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 12 de septiembre del 2005, serie C Nº 132, párr. 77; Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 7 de septiembre de 2004, serie C Nº 114; Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 2 de julio de 2004, serie C Nº 107; caso 19 comerciantes vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 5 de julio de 2004, serie C Nº 109; caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 26 de mayo de 2010, serie C Nº 213.

(63) De acuerdo con este instrumento internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas, la restitución implica: “siempre que sea posible, (...) devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes”.

(64) En lo referente a la indemnización, se indicó que esta debe ser apropiada y proporcional, de acuerdo a la gravedad de la violación y las circunstancias de cada caso por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, entre los cuales, se han mencionado los siguientes: “a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales”.

(65) La rehabilitación se concentra en la atención de carácter médico y psicológico, de la misma forma que en los servicios jurídicos y sociales.

(66) En lo concerniente a la satisfacción, este instrumento internacional enumeró las siguientes medidas que se pueden adoptar para reparar las víctimas: “a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles”.

(67) Este instrumento internacional señala que las garantías de no repetición obedecen a la adopción de medidas que garanticen que los hechos lesivos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario no se vuelvan a repetir en el futuro. Entre las medidas se encuentran las siguientes: “a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las Fuerzas Armadas y de seguridad; b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las Fuerzas Armadas y de seguridad; f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las Fuerzas Armadas, además del personal de empresas comerciales; g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan”.

(68) La Ley 1448 de 10 de junio de 2011 acoge los criterios establecidos por la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005 en la que se consagra la reparación plena y efectiva, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, mediante medidas de: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

(69) Corte Constitucional. Sentencia T-558 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.

(70) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2008, Exp. 16996, C.P. Enrique Gil Botero.

(71) [20] Sobre el particular, se puede consultar: Estatuto de Roma (Por medio del cual se establece la Corte Penal Internacional), ratificado por Colombia, mediante la Ley 742 de 2002, la cual fue objeto de revisión automática de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-578 de 2002.

(72) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2013, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(73) Exp. 11.875, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(74) En esta oportunidad, la corporación tomó como ingreso base de liquidación el que correspondería a un consejero de Estado, estimado en $ 8.581.186, pese a que al momento de su fallecimiento el exministro devengaba un salario de $ 400.000 mensuales como decano de la facultad de economía de la universidad de La Salle, pues consideró que “en el momento de ser asesinado hacía apenas 4 meses que había regresado al país después de pasar más de un año en la embajada de Suiza, apenas estaba empezando a reorganizar su actividad económica por fuera de un cargo público, y el único ingreso fijo que tenía era aquel derivado de su actividad académica, pero que no correspondía realmente a su capacidad productiva, si se tiene en cuenta la trayectoria que tenía en posiciones públicas y su preparación académica”.

(75) De acuerdo con la copia auténtica del registro civil de matrimonio de los señores Josué Giraldo Cardona y Mariela Duarte Parrado, la señora Duarte nació el 4 de enero de (fl. 35, cdno. 2).

(76) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(77) En la que “i” es una constante, “S” corresponde a la indemnización debida, y “n” corresponde al número de meses por liquidar.

(78) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Alier E. Hernández Enríquez, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exps. 13232 y 15646.

(79) En efecto, de acuerdo con la sentencia del 16 de junio de 1994, el juez tiene un “arbitrio judicial” en la apreciación del grado de dolor producido por los perjuicios de orden moral. Dicho arbitrio judicial debe ser ejercido de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “(...) descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodearon los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad (...)” sentencia del 16 de junio de 1994, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, Rad. 7.445, actor: María Luisa Perdomo Lozada. Igualmente puede verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, Rad. 54001-23-31-000-1993-08025-01 (N.I. 14726), actor: Domingo Antonio Bermúdez, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de “arbitrio judicial” por parte de la Sala.