Sentencia 1998-01315 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad. 76001-23-31-000-1998-01315-01 (24.974)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Anaís Domínguez Cárdenas y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Salud - Instituto de los Seguros Sociales - seccional Valle del Cauca

Asunto: acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer el asunto(1), en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante(2), contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca el 13 de diciembre de 2002, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Problema jurídico.

¿Cabe imputar la responsabilidad a las entidades demandadas por el daño antijurídico ocasionado como consecuencia del fallecimiento de la criatura y posterior histerectomía practicada a la señora Anaís Domínguez, en las circunstancias que sean acreditadas?

3. Consideración previa.

En el sub lite obra copia simple de la historia clínica allegada por la parte demandante con el escrito de demanda. En principio, dicho documento carecería de valor probatorio al obrar en copia simple tal como la Sala(3) lo ha explicado en numerosas providencias, comoquiera que no cumple con las reglas contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales los documentos públicos y privados aportados en tales condiciones por personas que no los suscriben, no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en original o en copia autorizada por el notario, director de oficina administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o autenticada por notario, previa comparación con el original o con la copia autenticada que se le presente.

Sin embargo, en el caso en concreto las partes demandadas no desconocieron el documento, ni lo tacharon de falso, sino que conscientemente manifestaron su intención de que la misma fuese valorada dentro del proceso, incluso en el decurso del proceso su defensa estuvo sustentada con fundamento en la historia clínica.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple.

Es dable precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en pleno rigor. Lo que sucede en esta ocasión, es que las partes no desecharon los documentos allegados, aceptaron que los mismos fueran apreciables y coincidieron en la valoración de los mismos en forma recíproca, no solo al momento de su aportación, sino durante el transcurso del debate procesal(4), por lo tanto, serán valorados por la Subsección para decidir el fondo del asunto(5).

4. Medios probatorios.

Dentro del plenario obran los siguientes medios probatorios:

4.1. Copia simple de la historia clínica aportada por la parte actora y del cual se extrae la información más importante:

a. Hoja de Instituto de Seguros Sociales. Aparece una referencia en la parte superior derecha “Urgente”; fecha 7 de noviembre de 1996. Seccional Valle, especialidad obstetricia. Aparece el nombre de la demandante con 32 años de edad.

“Resumen de la historia clínica:

Anamnesis: Paciente que asiste a control médico por presentarse luego a otra institución, refiere cefalea y edema de miembros inferiores.

Antecedente de preclampsia (ilegible)

Hallazgos del ex físico: TA 150/100

(...) FCF 150 x´

Diagnósticos presuntivos

G2 P0 C1

Emb 27 sem

Preclampsia

Justificación o razones Valoración y manejo

Suscrito por el doctor Gabriel Arturo Barba

Respuesta a la referencia 20+20

Anamnesis: TA 100/60

CX: Control diario de TA...” (fl. 3, cdno. 1).

b. Copia de la historia clínica perinatal. Atención ambulatoria. CAB OASIS. Examen físico practicado el mismo 7 de noviembre de 1996. La información más importante que se consignó fue la siguiente: antecedentes familiares: tensión arterial y gemelar. Como antecedentes personales aparece toxemia. Aparece con antecedentes de un embarazo por cesárea y vivo. Respecto del embarazo actual: última menstruación 30 de abril de 1996. Tensión arterial de 150/100, frecuencia cardiaca fetal de 150x´, altura uterina 24, 27 semanas de gestación. Observación: Remisión a UPI.

“... Observaciones: consulta remitida a la UPI 4to piro nov-07-96 se encontró 100/60 TA...” (fl. 5, cdno. 1).

c. Hoja de Instituto de Seguro Social. Aparece una referencia de urgente. Seccional Valle, servicio C-DX, Caboasis. Especialidad Ginecología 4º p. Fecha 12 de noviembre de 1996. Aparece el nombre de la paciente y con una edad de 32 años de edad.

“Resumen de historia clínica

Pte G2 P1 (C1) cesárea por preclampsia 1983.

(...) Emb ± 27 sem con TA 150/100 con albuminuria - edema de m. inferiores.

Se remite para manejo especialista.

Hallazgos del ex físico: TA 150/100 P 80 x T AF.

Diagnósticos presuntivos

G2 P1

Emb ± 27 sem

Preclampsia

Valoración manejo Ginecobstetricia.

URG.

Firma Carlos Velásquez...” (fl. 4, cdno. 1).

Para el día 12 de noviembre de 1996 aparece la siguiente información:

Hoja de evolución de 12 de noviembre de 1996 a las 17:35 horas (fl. 14, cdno. 1).

“... XI- 12- 96. 32 años G2 C1 FUR 30 abril 96 refiere cefalea moderada hace 4 días. Tiene antecedentes de cesárea x preclampsia hace 13 años. (...) le encuentran ↑de TA

PA 140 /90 FC 80 x´.

Abdom av 28 cent FCF (+) (...)

Genitales TV cérvix sin cambios Extremidades sin edemas ROT ++

Cx: Se hospitaliza para estudio...”.

Órdenes médicas el 12 de noviembre de 1996

“XI-12-9+6 17+401. Hospitalizar 6º piso
 2. Reposo en cama
 3. Lista libre abundantes líquidos
 4. Lab. hemograma, bun. creatinina, ácido úrico, PT PTT (...) (ilegible)
 5. Ta valorar
 6. Signos vitales...” (fl. 10, cdno. 1).

Anotaciones médicas. Se dejó consignada la siguiente información:

“... hora 5: Ingresa pte G2 C1 con emb de 27 ss + pte preclampsia leve. Llega por sus propios medios es valorada por el doctor Valencia quien ordena hospitalizar en 6º piso.

Su peso 61 ½ TA 140/90 T.36.

Proteimira (-)

6:50 Ingresa al servicio pte por sus propios medios con DX de G2 C1 con EG 27 ss + preclampsia leve quien es remita del 4 piso valorado x el M.D Valencia pte que refiere contracciones leves y esporádicos trae órdenes de HG y HTO (...) se los toman de inmediato con TA 120 /88.

Tiene reposo absoluto en cama (...)

Recibo pte en cama x (...) emb 27 s.s. x Dx preclamcia (sic) leve TA 120/70. Pte sin sangrado vaginal ni contracciones p/ reporte de laboratorio.

Hora: 7 pte que pasa la noche en regulares condiciones ya que el dolor bajito no le pasa se le dio analgésico V.O. (FC (+) RUFC (+)...” (fl. 28, cdno. 1).

En la hoja de control de trabajo de parto de enfermería del ISS se consignó que para el 12 de noviembre da las 6:50 refiere movimientos fetales fetocardia de 144 x´ y no tiene actividad. En la misma fecha a las 8, 12 y 6 horas, tiene los mismos síntomas con FCF de 146 y 144 x´. (fl. 37, cdno. 1).

d. El día 13 de noviembre de 1996 aparece la siguiente información:

Órdenes médicas

“PT —PTT

PBF

Control estricto TA C/2H

(...) (ilegible)

Control drotesis

Pricanil 1 tabl x 250 p c/8h...” (fl. 10, cdno. 1) (destaca la Sala).

Notas de enfermería

“7:00 recibo pte en cama, despierta, se observa pálida, tiene hemoglobina de 12.7 refiere mov fetales no contracciones mas sí dolor bajito irradiado a la cintura (...) TA- 100/70 T 36ºC.

Es difícil auscultar FCF –...” (fl. 28 vto., cdno. ppal.).

Evolución: 8:35 a.m. Edad 32 años

“Idx: 1.G2 C1 (x preemclapsia hace 13 años)

2. Emb ±28 s.s (FUR 30-IV-96)

3. FURC

4. Preeclampsia leve. Tto reposo. Refiere estar en regulares condiciones cefalea occipital (...) no epigastralgia (...) refiere contracciones leves y espaciadas (...) TA 110/70 (...) FCF 140 MF (+)

(...) No amenorrea no sangrado

No edema, reflejos normal. En revista con el doctor Moreno se decide continuar con reposo ya que su TA ha sido normales se le formula (...) (ilegible) ya que tiene actividad uterina. Se le ordena ECO control + PBF; s.s. PT- PTT Paraclínicos 12-11-96

Crecilina 0,7 hb 12,7 Hto 40,6

Bun: 10 PLA: 203000

A único G1 06 ↑...” (fl. 14, cdno. 1).

Nota de enfermería

“12:00 Pte que se le realizó ecografía obstétrica con resultados negativos, parece que el feto está muerto, valoración por ginecología por definir conducta...” (fl. 28 vto., cdno. ppal.).

Aparece una anotación de las 12:50 pero es ilegible en su totalidad salvo que la TA de la paciente era de 140/100 (fl. 28 vto., cdno. ppal.).

“13:30 Recibo pte de un F.M.

Actividad uterina regular

p/ valoración ginecología TA 130/90 no salida líquido x vagina...” (fl. 28 vto., cdno. ppal.).

Hoja de evolución

“13:50 Evolución:

Se recibe ECO - feto único - sin actividad cardiaca (...) infarto placentario (...) trofoblástica se comenta con el doctor Bedoya y se decide microcesárea (fl. 14, cdno. 1).

Mc: “Por presión alta”

EA pte quien refiere hacer sito remitida del CAA OASIS por encontrar TA 150/100 acompañada por cefalea en casco, intenso, pero sin ningún otro síntoma.

La pte refiere haber presentado cifras de TA alta en varias ocasiones, hace 8 días fue remitida a CRUU pero no recibió manejo.

Pte refiere haber presentado contracciones ayer en horas de la noche que aumentaron en intensidad y frecuencia las cuales persisten en el momento.

La pte refiere que percibió movimientos fetales hasta ayer en horas de la noche.

Hoy es llevada a ecografía y se encuentra feto de 27 ss sin actividad cardiaca ni somático observándose imagen que puede corresponder a infarto.

Antecedentes:

1. Patología con DM (-) HTA (-)

2. Hospitalaria (-) Qx: cesárea previa (...)

G-0 G1 P1 FU cesárea hace 13 años por preclampsia

FUR: 30 abril /96 hace 3 meses que suspendió planificación con DIU (...)

Examen Fx: pte en decúbito, aceptables condiciones generales, orientada TLP- Hidratada

Signos vitales: TA 150 /100 CF 86 x (...)

ABD Utero gravido AU 28 cm AU (+) M.F (-) FCF (-)

TUG no lig no sangrado x vagina

EXT no edema - pulsos (+)

Resto examen físico sin cambios (...)

1. Idx: G2 C1

2. Emb ±27.5 sem

3. F.M.

4. Preclampsia leve

Cx: microcesárea...” (fl. 15, cdno. 1).

Nota de enfermería

“... 18 pte que lleva un T de P por FM TA actividad uterina regular (...) 130/100...” (fl. 28, cdno. 1).

Órdenes médicas

“4:30 h 1 Preparar para cesárea en la noche

Avisar cambios

8:00 p.m. Cesárea (fl. 10 y 10 vto., cdno. 1)

11.20 p.m. Histerectomía adbo. Subtotal conservación anexos

(DPPNI 100% - Urtero couvalier)...” (fl. 10 vto., cdno. 1).

Solicitud e informe radiológico de 13 de noviembre de 1996 en el cual el informe arrojó lo siguiente: (fl. 32, cdno. 1).

“... Feto único sin actividad cardiaca ni somático placenta anterior homogénea GII con una zona (ilegible) de ecos mixtos de 82x09 mm que puede corresponder a un infarto o a una remota posibilidad degenerativa trofoblástica...”.

Hoja de Historia Clínica - Módulo perinatal II Atención de trabajo de parto. Parto y puerperio (fl. 8, cdno. 1).

“Indicación de la intervención:1. G1 C1x preclampsia
 2. F.M.
 3. Preclampsia cesárea previa

Nota operatoria: Hora: 11:30 Fecha 13-11-96

Tipo de cirugía: cesárea (ilegible)

Descripción: H.T.A. subtotal conservación anexos

 NormalAnormal 
Útero XCourvalice
Ovar tubasX  
Placen memb XDPPNI 100%
Líquidos   
CordónX  

Complicaciones: Utero couvalier...”.

Hoja de control de trabajo de parto de 13 de noviembre de 1996 a las 8:30 refiere movimientos fetales; frecuencia cardiaca (-) refiere actividad uterina. Paciente que refiere contracciones y espaciadas y dolor bajito FCF (-). A las 13:30; 15:30, 15:40 ausencia de frecuencia cardiaca fetal (fl. 37, cdno. 1).

Hoja de historia clínica - Módulo perinatal III Atención neonatal. Observación: Muerte fetal por abrupsio total de placenta...” (fl. 9, cdno. 1).

La hoja operatoria indicó lo siguiente: (fl. 36, cdno. 1).

“... Diagnóstico postoperatorio: + DPPNI 100%. Uterio couvalier líquid, filtrados hasta la pared hemorrágico.

Piezas que se envían a examen patológico: placenta y útero (sin cérvix)”.

Descripción de la operación:

“— Incisión mediana infraumbilical (ilegible).

— Plana hasta cavidad abdo.

— Histerectomía tipo cerv cefalo feto muerto.

DPPNI 100% abundantes coágulos en cavidad uterina

— Útero infiltrado todo al pasar (ilegible) francamente hemorrágico (útero couvalier).

— Valoración 2 ginecólogos (...) se decide histerectomía (...) (lo demás es ilegible).

Procedimiento sin complicaciones...”.

e. Posterior a la intervención quirúrgica, el 14 de noviembre de 1996 en la hoja de evolución aparece que por orden médica del doctor Vásquez, debe ser estrictamente observada y vigilar sangrado (fl. 16, cdno. 1). Así mismo, en las órdenes médicas se solicitó estricta revisión de signos vitales y se ordenaron una serie de medicamentos (fl. 10 vto., cdno. 1). La paciente estuvo hospitalizada los días siguientes, hasta que el 17 de noviembre de 1996 se dio salida por mejoría en su estado de salud (fl. 18 vto., cdno. 1).

4.2. Declaración de Wilson Arnold Delgado quien para el momento de la diligencia indicó ser docente y médico cirujano quien laboraba en el centro parroquial San Pedro Claver del barrio la Independencia. Conoció a la demandante por ser paciente suya. En la diligencia si bien el médico no aparece mencionado en ella, se le puso de presente para que indicara lo acontecido con la paciente. A dicha respuesta expresó lo siguiente: (fls. 1 a 7, cdno. 2).

“... Yo le recomendé a ella, ese tipo de control paralelo ya que podía presentarse dificultades por tener diagnóstico de embarazo de alto riesgo, por historia (...) cuando empezaron a aparecer los primeros elementos diagnósticos de preclancia (sic), que son los edemas en los miembros inferiores y presión alta, faltó confirmar el elemento de problema urinario, por eso la mandaba yo para esos exámenes allá. (...) No recuerdo la fecha en que se presentó a mi consultorio porque fue devuelta del Seguro y al valorarla la encuentro que tenía nuevamente la presión alta y estaba en condiciones de manejo especializado, le recomendé que pidiera una certificación de que estaba bien en caso de que la devolvieran, puesto que trabajaba en una entidad oficial (...). Esa noche parece que hizo lo que le recomendé y fue casi una medida de presión para que la hospitalizaran, pues con los resultados que se conocen en la madrugada se le murió el bebé, pero estando hospitalizada, es lo que yo entiendo. En ningún momento sospeché el diagnóstico de placenta previa o de un sangrado que avisara un abrupsio (sic) eso fue un accidente pero se puede considerar como consecuencia digamos de la situación de preclancia (sic). Preguntado. Sírvase decirle al Tribunal a qué se debió que la señora Anaís Domínguez le diera esa situación de preclancia (sic) que usted refiere en respuesta anterior. Contestó. Muy probablemente por la historia clínica, yo la conocía de mucho antes y en la historia clínica de su primer embarazo presentó un cuadro similar de presión elevada durante el embarazo (...) la situación de preclancia (sic) predispuso a esa o a cualquier otra complicación que pudiera dar. La preclancia es un síndrome que tiene tres elementos, son: presión alta, edemas, son signos que uno ve y oliguria (dificultad para orinar, problema renal), se convierte en eclancia (sic) cuando aparecen convulsiones de la paciente, esta era una de las condiciones a prevenir, por eso la remití allá también. Preguntado. Sírvase decirle al tribunal teniendo en cuenta la historia clínica que se le ha puesto de presente, cómo fue el tratamiento médico, hospitalario, que se le dio a la señora Anaís Domínguez en el Seguro Social. Contestó. A folio 3 se encuentra la entrada de la señora (...) al Seguro Social, el 7 de noviembre de 1996, porque ella iba a control médico, ella consultó por una cefalea y le encuentran presión alta y le escriben claramente que tiene antecedentes de preclancia (sic) de embarazo anterior, se le encontró presión altísima, (...) diagnóstico de pre- eclancia (sic) desde el 7 de noviembre de 1996, era de cuidado desde ese momento. A folio 3 vto., le mandaron control diario de presión arterial y a folio 4 aparece que el 12 de noviembre es remitida nuevamente a la clínica, eso fue del médico general, dijo lo mismo que yo le había dicho. Presión elevada, albuminuria y edema, eso ya es preclancia (sic) para manejo especializado. A folio 4 aparece que la remitió el doctor Carlos Velásquez, con el mismo diagnóstico que yo le había sospechado en mi consultorio particular, ella fue donde mi primero y yo le dije que consultara al Seguro Social, en CAB Oasis fue remitida urgentemente a la Clínica Uribe Uribe, con diagnóstico buen clarito (...) Entiendo que a partir de la hospitalización forzosa le hacen estudios que confirman el diagnóstico (fl. 6) aparece parcial de orina y muestra de proteinuria (...) A folio 8 ya tiene un diagnóstico de feto muerto. Esta historia está incompleta porque no tiene información más detallada de ella, muy escueta (...) para el 7 de noviembre de 1996 el embarazo que ella tenía era de 27 semanas y no aparecen reportes de las semanas anteriores, en los cuales se podría detectar una predisposición de ella a presentar problemas (...).

Pregunta el apoderado de la parte demandante (...) Preguntado. Sírvase manifestar cómo era el estado de salud de la señora Anaís Domínguez Cárdenas durante el tiempo que usted tuvo conocimiento de su embarazo. Contestó: El estado de ella es delicado, por los antecedentes anotados (...) Preguntado. Durante su exposición en esta diligencia ha manifestado usted que en el tratamiento de la señora (...) se advirtieron ciertos signos que podrían pronosticar su estado de salud. Sírvase expresar si en la atención médica que brindó el Seguro Social estos signos fueron tenidos en cuenta. Contestó: Pienso que si fueron tenidos en cuenta en la consulta ambulatoria, pues hay constancia en la historia clínica que se me puso de presente. (...) Preguntado. Sírvase manifestar al despacho si conoce usted los parámetros médicos con que el Seguro Social atendió a la señora (...) Contestó: Yo pienso, de pronto, que no ha habido violación de los parámetros (...) sino que se relaciona mucho con los turnos, con la fatiga de los médicos, ella llegó a las 6 y pico de la tarde que pues haber cambiado de turno probablemente y no fue bien transferida de uno a otro turno (...) Desde el momento en que ella ingresó debió haber tenido un monitoreo permanente, yo creo que no se sabe el momento en que murió el feto, no hay constancia de un monitoreo que permita con precisión de más o menos una hora saber sobre la muerte y generalmente se puede detectar con la fetocardia y con los movimientos fetales si a ella le hubieran hecho eso cada hora, se hubieran dado cuenta (...) Los exámenes diagnósticos se realizaron después de un diagnóstico de muerte fetal, esto indica que la paciente estuvo en observación sin ser bien estudiada...”.

Es importante anotar que en atención a que el declarante había sido el médico particular de la demandante, el magistrado conductor del proceso le solicitó allegar copia de la historia clínica. Sin embargo, el testigo no allegó los documentos solicitados en la diligencia (fl. 5, cdno. 2).

4.3. Declaración del señor Hugo Domínguez quien para el momento de la declaración era primo hermano de la demandante (fls. 8 y 9, cdno. 2). Declaración de Patricia Carvajal Amaya compañera de trabajo de la señora Anaís Domínguez (fls. 11 a 14, cdno. 2).

4.4. Declaración del doctor Jorge Eliecer Valencia Restrepo, quien para la época de la declaración era médico especializado en ginecología y obstetricia. Atendió a la paciente el 12 de noviembre de 1996 y fue quien ordenó su hospitalización (fls. 8 a 14, cdno. 3). En su declaración indicó lo siguiente:

“... la paciente hizo un abruptio placentario que es una complicación de procesos hipertensivos, que pueden llevar a que hagan una anatonia lo que se llama útero de Couvalier, que es una complicación grave que debe ser resuelta con histerectomía ya que muchas pacientes pueden morir por el sangrado tan abundante que presenta y para nosotros como obstetras es mejor tener una paciente viva sin útero que no una paciente muerta con útero. La preclampsia es una enfermedad que complica a un 7 a 10% de los embarazos, para su diagnóstico requiere de una triada que son: hipertensión, edema y proteinuria y al ingreso de la paciente al Seguro Social, la paciente escasamente tenía la presión en un límite inferior para preclampsia, porque esta debe ser mayor de 140/90, cuando las pacientes tiene preclampsia leve su manejo puede ser en casa, no necesariamente la hospitalización, yo decidí hospitalizar esta paciente debido a su estado de ansiedad y aprehensión y que en su casa debido a que puede tener muchos factores que influyan negativamente en su enfermedad, puede estar mejor en una institución de salud (...) Preguntado. Sírvase decirnos si de acuerdo con la historia clínica, esta paciente tuvo controles prenatales o durante su embarazo por el Seguro Social. Contestó. En la historia clínica solo aparece una hoja de control prenatal señalada como la Nº 5 donde solo aparece un control, solo puedo decir eso. Lo único que aparece en ese control, al parecer fue el mismo día en que fue remitida, porque anteriormente no hay antecedentes que la paciente estaba bien o estaba mal. Pero puedo decir que si el día que yo la vi, la paciente no estaba en mal estado, lo más probable es que en días anteriores tampoco lo estaba, porque la preclampsia es progresiva y solo mejora cuando la paciente se desembaraza. Preguntado. De acuerdo con sus conocimientos puede señalarnos cuál es la causa para que una paciente presente preclampsia. Contestó. Llevamos mucho tiempo estudiándola, infinidad de millones de dólares gastados en eso y en ninguna parte se ha podido encontrar una causa de la preclampsia, pero si hay una cantidad grande de factores que influyen para ello, como el cigarrillo, como la multipariedad, las pacientes o muy jóvenes o de muchos años (...) En el abruptio de esta paciente juegan también otras cosas, porque no es la única causa de preclampsia o la hipertensión del abruptio, están por ejemplo los cordones cortos. El abruptio es un desprendimiento de la placenta después de la semana 20 de embarazo y previo al nacimiento del feto (...) En el caso de la señora Anaís Domínguez no se puede señalar cuál fue la causa del abruptio, porque al segundo día de su hospitalización el día 13 de noviembre (fl. 14 vto.) aparece una tensión arterial de 110/70 y el feto con una fetocardia de 140 por minuto, pero horas más tarde se encuentra el feto muerto y el desprendimiento de su placenta...” (subrayado fuera de texto).

5. Daño antijurídico.

El daño antijurídico comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(6) y del Estado, impone considerar dos componentes: a) el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”(7); o la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”(8); y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(9), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos; y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general(10).

En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración, sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(11). Así pues, y siguiendo la jurisprudencia constitucional, se ha señalado “que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”(12).

De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º), la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(13).

Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala, un “Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(14). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(15), anormal(16) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(17).

En el presente asunto, para la Sala está debidamente acreditado el daño antijurídico consistente en el deceso del feto de 27 semanas de gestación, así como la histerectomía subtotal practicada a la demandante, lo que implica la afectación a varios bienes o intereses legítimos que el ordenamiento jurídico no impone el deber de soportar. Lo anterior se corrobora con el certificado de la muerte fetal que indicó como causas inmediatas: hipoxia fetal aguda y causas antecedentes: abruptio del 100% y preeclampsia (fl. 40, cdno. 1); así mismo, obra copia de la hoja de intervención quirúrgica de histerectomía abdominal subtotal realizada a la paciente (fl. 36, cdno. 1).

Sin embargo, no siendo suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, es necesario realizar el correspondiente juicio de imputación, que permita determinar si cabe atribuirlo fáctica y jurídicamente a la entidad demandada.

6. Régimen de la responsabilidad por actividad médica obstétrica(18).

En una primera tendencia, el precedente de la Sala sostiene que cuando se trata de un embarazo normal y el daño se causa durante el parto la responsabilidad tiende a ser objetiva, al surgir una obligación de resultado, teniendo en cuenta que “tiene que ver con un proceso normal y natural y no con una patología”(19).

Conforme a este precedente, era indispensable demostrar la práctica o no de los exámenes para establecer cómo se encontraba el proceso de embarazo (v. g., monitoreo uterino y estudio pelvimétrico). De igual manera, debía demostrarse que la madre, pese a que se presentó en el servicio de la entidad médica para ser atendida en el trabajo de parto, y teniendo en cuenta que su estado de salud ameritaba la atención de urgencia, no se produjo de manera oportuna. En este precedente, también, se tuvo en cuenta en el

“... significativo número de trabajos de parto diarios que realiza la entidad, no es causa justificativa para que se incurra en una deficiente prestación del servicio de salud durante el proceso de embarazo y parto”.

Además, se sostuvo que en la obstetricia,

“... la responsabilidad médica tiende a ser objetiva, cuando ab initio el proceso de embarazo se presentaba normal, es decir, sin dificultades o complicaciones científicamente evidentes o previsibles”.

A lo que se corresponde la exigencia de una obligación de resultado, en la medida en que,

“... se espera de la actividad médica materno-infantil, es que se produzca un parto normal, que es precisamente la culminación esperada y satisfactoria de un proceso dispuesto por la naturaleza, en donde la ciencia médica acude a apoyarlo o a prever y tratar de corregir cualquier disfuncionalidad que obstaculice su desarrollo normal o ponga en riesgo a la madre o al que está por nacer”.

En una segunda tendencia, el precedente de la Sala indicaba que en esta materia el título de imputación es la falla del servicio, pese a que se puede facilitar la demostración de la falla indiciariamente(20).

La tercera tendencia marca en el precedente de la Sala que el daño causado durante el parto de un embarazo normal constituye indicio de falla del servicio. Si el proceso de gestación presenta alguna patología o riesgo, no opera tal indicio(21). En esta tendencia, que marca la Sentencia de 26 de marzo de 2008, se dijo que la

“... responsabilidad por los daños causados con la actividad médica, por regla general está estructurada por una serie de actuaciones que desembocan en el resultado final y en las que intervienen, en diversos momentos, varios protagonistas de la misma, desde que la paciente asiste al centro hospitalario, hasta cuando es dada de alta o se produce su deceso”.

Luego, y siguiendo el precedente, debe demostrarse

“... que el embarazo tuvo un desarrollo normal y no auguraba complicación alguna para el alumbramiento, prueba que lleva lógicamente a concluir que si en el momento del parto se presentó un daño, ello se debió a una falla en la atención médica”.

A lo que debe agregarse, probatoriamente, que la falla en la prestación médica “consistió en no practicarle la cesárea en el momento mismo en el cual se presentó la hemorragia como consecuencia del desprendimiento de la placenta”, sino tiempo después en las circunstancias del caso en concreto. Esto lleva a que la causa eficiente(22), en el precedente, la constituía la cesárea cuando se presentó el desprendimiento de la placenta.

Dicho precedente ha tenido continuidad en la sentencia de 1º de octubre de 2008, en la que se sostuvo que es necesario reconocer el indicio grave de falla del servicio “siempre que el embarazo haya transcurrido en términos de normalidad y que el daño se haya producido una vez intervino la actuación médica dirigida a atender el alumbramiento”(23). En otros términos, que se hubiera agotado con diligencia y exhaustividad el contenido prestacional y el contexto o resultado curativo no se hubiera logrado(24). Incluso, puede encontrarse dicho indicio en la falta de aplicación de los protocolos médicos ante el riesgo que implicaba para el feto una circunstancia específica en el momento de su alumbramiento.

7. El caso en concreto.

El escrito de demanda adujo que la paciente se encontraba en estado de embarazo con fundamento en las pruebas médicas practicadas por el centro de salud San Pedro Claver. Sin embargo, si bien dentro del expediente no obra alguna prueba de tal entidad que indicara que en el mes de mayo de 1996 la paciente se encontraba en estado de gravidez, lo cierto es que con fundamento en la copia de la historia perinatal de fecha 7 de noviembre de 1996 (fl. 5, cdno. 1) se consignó como fecha última de la regla el 30 de abril de 1996, con 27 semanas de gestación y una altura uterina de 24 centímetros, lo que efectivamente indica que la paciente se encontraba en estado de embarazo. Lo mismo sucede con toda la historia clínica que indica que la paciente se encontraba gestando y con presencia de frecuencia cardiaca fetal positiva.

Ahora bien, la parte actora alegó que la paciente ingresó a la EPS del Seguro Social y fue atendida por el doctor Barba, quien encontró tensión arterial elevada que requería de una atención de urgencia especializada, para lo cual fue remitida a la Clínica Rafael Uribe Uribe, pero solo hasta las 8 de la noche en tal entidad fue atendida por el doctor Hurtado, quien desestimó el grave estado de la paciente. Indicaron que el profesional omitió información respecto de la evaluación médica de la paciente, ya que, si esta horas antes tenía una tensión arterial alta, constituía un signo de alarma que ameritaba un control continuo.

Respecto de los anteriores argumentos, se puede observar que dentro del plenario obra copia de la hoja de referencia de fecha 7 de noviembre de 1996 en la paciente ingresó a las instalaciones del Seguro Social donde efectivamente recibió atención médica por parte del doctor Gabriel Arturo Barba, y que según los datos consignados en tal documento, la paciente tenía una tensión arterial de 150/100 con síntomas de cefalea y edema en miembros inferiores. Así mismo, se pudo establecer la frecuencia cardiaca fetal positiva. Se procedió a valoración y manejo. Igualmente se dejó consignado que la paciente tenía antecedentes de preeclampsia y 27 semanas de gestación aproximadamente. En la misma hoja y con referencia a las 8:20 de la noche, la tensión arterial de la paciente disminuyó a 100/60. Se solicitó un control diario de tensión arterial.

Se observa así mismo, que obra copia de la historia perinatal de CAB Oasis de la misma fecha en la que se consignó como antecedentes familiares tensión arterial y gemelar y como antecedentes personales de la demandante toxemia. La tensión arterial se encontraba en 150/100, motivo por el cual se remitió a la UPI. Posteriormente, aparece tensión arterial 100/60. De dicha información se puede inferir que la paciente no tenía historia perinatal en el Seguro Social, ya que la primera información que se consignó sobre su estado y proceso de gestación fue el 7 de noviembre de 1996. Además es importante destacar que el doctor Wilson Arnold Delgado indicó que la actora era paciente suya desde tiempo atrás y se le exhortó para allegar copia de la historia clínica de la señora Domínguez sin que la arrimara al presente proceso, por lo que tal medio probatorio era importante para determinar el estado de salud de la paciente en su proceso de gestación. De lo anterior también se puede concluir que la paciente ingresó a las instalaciones del Seguro Social para ser evaluada debido a la presencia de tensión arterial alta y edema en los miembros inferiores y que al disminuir de 150/100 a 100/60, es indicativo que se procedió a estabilizar la tensión arterial, siendo pertinente para el profesional de la salud un control diario de la tensión.

Sin embargo, los demandantes alegaron que el doctor Hurtado en la hoja de referencia omitió la inclusión de cierta información porque no se describió la evaluación médica practicada a la paciente, así como la frecuencia cardiaca fetal, o en su defecto proceder a la práctica de un monitoreo fetal o una ecografía obstétrica. Ahora bien, dentro de la omisión en que supuestamente incurrió el galeno, se observa que en la historia clínica no se incluyó en los campos referenciados de la hoja como principales hallazgos al examen de ingreso, así como exámenes y resultados y tratamientos efectuados. Sin embargo, también es cierto que dentro de la historia perinatal ya se había efectuado un examen físico porque se pudo establecer la altura uterina, el peso de la paciente, la frecuencia cardiaca, los antecedentes familiares y personales, siendo tal examen más completo y especializado, por lo que sí se efectuó el seguimiento y análisis físico a la paciente. Igualmente, la presencia de una tensión arterial alta que padecía la demandante en el momento del ingreso al Seguro Social, lo más importante era el control de tal síntoma, en atención al estado de gravidez en que se encontraba y que era determinante para la salud del binomio (madre - feto). Aunque se indica como pronósticos presuntivos la preclampsia, por lo síntomas que padecía la demandante, era necesario controlar la tensión arterial, cuestión esta que se verifica dentro del plenario.

Ahora bien, en cuanto a la negativa de la hospitalización por parte del doctor Hurtado, no obra ninguna prueba que indique tal aseveración; así mismo, no está acreditado que la paciente para aquel momento requería de la internación en el centro hospitalario. Aunque en la hoja de referencia aparece una expresión de “Urgente”, tal mención lo que indica es un seguimiento constante del estado de salud de la paciente y si la sintomatología de la señora Domínguez era una tensión arterial elevada y edema en miembros inferiores, debió procederse a buscar controlar tales síntomas para que no afectara el estado de salud de la madre y del feto, que en el presente caso se encuentra acreditado con el examen físico practicado al efectuarse el historial perinatal.

Por otro lado, los actores en su escrito de demanda indicaron que al día siguiente, esto es, el 8 de noviembre de 1996 asistió al Seguro Social de Oasis de la ciudad de Cali para recibir atención médica, pero que la misma fue negada debido a que no se le dio una cita. Tal hecho expuesto dentro del plenario no se encuentra acreditado con ningún medio probatorio, lo que indica que los demandantes también en este punto no probaron los supuestos de hecho tal como lo dispone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

La misma suerte corre el hecho alegado en la demanda que consistió en que la paciente ingresó al centro de salud del barrio independencia en la ciudad de Cali donde mediante una prueba de orina le indicaron la presencia de una infección, por lo que el médico tratante le advirtió sobre la gravedad del asunto y le manifestó la necesidad de recibir con carácter urgente atención médica especializada. Tales situaciones alegadas tampoco se encuentran probadas dentro del expediente, ya que los exámenes paraclínicos practicados a la paciente y que se encuentran arrimados al proceso, son aquellos correspondientes al momento de su hospitalización (nov. 12/96) y los días posteriores hasta que la demandante fue dada de alta (fls. 6 y 7; 19, 21 a 23, cdno. 1).

Continuando con los hechos expuestos por los actores, indicaron que el 11 de noviembre de 1996 la señora Domínguez asistió al seguro social de Oasis donde recibió atención médica por parte del doctor Carlos Velásquez, quien le diagnosticó preeclampsia y de nuevo fue remitida con carácter urgente a la clínica Rafael Uribe Uribe para ser evaluada por la especialidad de ginecología, ya que tenía la tensión arterial elevada. Precisa la Subsección, que en la historia clínica no aparece ninguna referencia al día 11 de noviembre de 1996, sino el día 12 de noviembre de la misma anualidad, por lo que se entiende que es aquella fecha en la que efectivamente la paciente ingresó a las instalaciones del Seguro Social para ser asistida por los especialistas en ginecología.

Por su parte, el día 12 de noviembre de 1996 a las 17:35 minutos la paciente ingresó al Seguro Social, fue examinada por el médico de turno (Dr. Valencia), quien ordenó su hospitalización y la práctica de una serie de exámenes paraclínicos, debido a que la paciente contaba con 150/100 de tensión arterial, albuminuria y edema en miembros inferiores; igualmente ordenó la revisión inmediata por parte del área de ginecología. En las hojas de evolución, la paciente fue hospitalizada para estudio y se detectó frecuencia cardiaca fetal positiva. Se observó que la señora Domínguez tenía una preeclampsia leve, ordenándose reposo en cama. A las 5:40 de la tarde la paciente tenía contracciones leves y esporádicas. La misma situación se presentó en horas posteriores.

El 13 de noviembre de 1996 la paciente en horas de la mañana refirió movimientos fetales pero sin contracciones, se dificultó auscultar frecuencia cardiaca fetal, motivo por el cual el doctor de turno ordenó la práctica de una ecografía. A las doce del día, practicado el examen se observó el feto sin actividad cardiaca y con infarto placentario. En atención a esta situación, se ordenó una micro - cesárea, sin embargo, los especialistas procedieron a efectuar una histerectomía abdominal subtotal con conservación de anexos, en atención a que se presentó un útero couvelaire y un desprendimiento del 100% de placenta.

Es importante indicar que el embarazo de la señora Anaís Domínguez no se desarrolló en condiciones normales, sino que, por el contrario, evidenció problemas de preclampsia(25), cuyos síntomas iniciaron en el momento de ser hospitalizada y de acuerdo con los conceptos y solicitudes expuestas por los profesionales en la historia clínica, era necesario controlar la tensión y los signos vitales de la madre. Se ubica en la parte demandante la carga de la prueba de demostrar que la muerte del feto y la posterior histerectomía abdominal subtotal obedeció a una falla en el acto obstétrico, por cuanto las circunstancias que rodearon el embarazo no llevan a determinar que el nacimiento debió presentarse de forma normal, sin contratiempo y que la histerectomía no debía efectuarse, por los problemas internos padecidos por la paciente. La muerte del feto y la histerectomía abdominal subtotal se produjo por el desprendimiento total de la placenta, esto es, como consecuencia de los problemas que presentó durante el embarazo la señora Domínguez.

En el presente caso no existe alguna prueba técnica científica de especialistas en la materia o peritos que indiquen que la conducta del cuerpo médico del instituto no siguió los planteamientos de la lex artis, por el contrario y con fundamento en las pruebas obrantes dentro del plenario, permiten determinar, con claridad meridiana, que la demandante fue atendida de manera oportuna, se efectuaron valoraciones periódicas, como por ejemplo, determinar en los momentos de revisión por parte de los médicos y de enfermería los signos vitales y la tensión arterial, se practicaron los exámenes paraclínicos para determinar el estado de salud de la demandante, se verificó la frecuencia cardiaca fetal, el trabajo de parto, las contracciones y actividad uterina, sin que pueda predicarse, como lo afirma la parte actora, deficiente o falta de servicio alguno que pudo desencadenar en la muerte del feto y la práctica de la histerectomía subtotal, como elementos determinantes del daño, toda vez que para el 12 de noviembre de 1996, se revelaban unas condiciones de salud tanto de la madre como del feto normales, sin perjuicio de los factores de riesgo inherentes a la enfermedad de base de la paciente, esto es, la preeclampsia leve que posteriormente desencadenó una preeclampsia grave que se controló hasta que fue dada de alta, de acuerdo con la historia clínica.

Por lo anterior, la Sala estima que la sentencia apelada amerita ser confirmada, toda vez que no existen pruebas que permitan inferir que el daño irrogado a la parte demandante hubiere devenido de la actuación médico asistencial brindada por la entidad demandada.

8. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca el 13 de diciembre de 2002.

2. Sin condena en costas.

3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.

(2) El Decreto 597 de 1988 consagró que para que un proceso de reparación directa que inició en el año 1998 tuviere vocación de doble instancia, la pretensión mayor de la demanda debía superar la suma de $ 18.850.000. En efecto, para la fecha de presentación de la demanda —8 de septiembre de 1998— se solicitó por perjuicios materiales el valor de $ 100.000.00, suma que supera la cuantía para que proceda la segunda instancia ante esta corporación.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de mayo de 2000, Expediente 17566; 27 de noviembre de 2002, Expediente 13541; 31 de agosto de 2006, Expediente 28448; 21 de mayo de 2008, Expediente 2675; 13 de agosto de 2008, Expediente 35062, C.P.

(4) Posición que puede verse en sentencia de la Subsección C, de 18 de enero de 2012, Expediente 19920. Sobre la valoración de copia simple también puede verse las sentencias de 18 de septiembre de 1997, Expediente 9666; 21 de febrero de 2002, Expediente 12789; 26 de mayo de 2010, Expediente 18078; 27 de octubre de 2011, Expediente 20450.

(5) Posición reiterada en sentencia de 18 de enero de 2012, Expediente 19920.

(6) “... el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 185. Martín Rebollo se pregunta: “¿Cuándo un daño es antijurídico? Se suele responder a esta pregunta diciendo que se trata de un daño que el particular no está obligado a soportar por no existir causas legales de justificación en el productor del mismo, esto es, en las administraciones públicas, que impongan la obligación de tolerarlo. Si existe tal obligación el daño, aunque económicamente real, no podrá ser tachado de daño antijurídico. Esto es, no cabrá hablar, pues, de lesión”. Martin Rebollo, Luis. “La responsabilidad patrimonial de la administración pública en España: situación actual y nuevas perspectivas”, en Badell Madrid, Rafael (Coord.). Congreso Internacional de Derecho Administrativo (En homenaje al prof. Luis H. Farias Mata). Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006, págs. 278 y 279.

(7) Larenz. “Derecho de obligaciones”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, pág. 329.

(8) Sconamiglio, R. “Novissimo digesto italiano”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, pág. 329.

(9) “... que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”, ob., cit., pág. 186.

(10) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. “La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y principio de convencionalidad como pilares en su construcción”, próximo a publicación.

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 168.

(12) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que solo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. 1ª ed. Navarra, Aranzadi, 2011, pág. 297.

(13) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual, ob., cit., pág. 298.

(14) Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”. Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, Expediente 9550.

(15) Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, Expediente 2001-01541 AG.

(16) “... por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, Expediente 12166.

(17) Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, Expediente: 1999-02382 AG.

(18) Síntesis que puede consultarse en sentencia del 25 de mayo de 2011, Expediente 19760.

(19) Sentencia de 17 de agosto de 2000, Expediente 12123.

(20) Sentencia de 7 de diciembre de 2004, Expediente 14767.

(21) Sentencia de 26 de marzo de 2008, Expediente 16085.

(22) Lo que no indica que la Sala se encuadre en dicho presupuesto, sino que se trae para examinar la evolución del precedente que ha existido en la materia.

(23) Sentencia de 1º de octubre de 2008, Expediente 27268.

(24) Sentencia de 7 de octubre de 1999, Expediente 12655.

(25) “Se presenta cuando una mujer en embarazo desarrolla hipertensión arterial y proteína en la orina después de la semana 20 (finales del segundo trimestre o tercer trimestre) de gestación. (...) La única forma de curar la preclampsia es dar a luz al bebé”. En http://averaorg.adam.com/content.aspx?productId=118&pid=5&gid=000898.