Sentencia 1998-01349 de septiembre 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000232600019980134901

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Expediente: 26895

Actor: Doris Ceida García Caicedo y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veintiséis de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

1. Competencia.

La Sala es competente para resolver el caso sub lite en razón de la naturaleza y materia del asunto, habida cuenta que los artículos 414 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos) y 65, 68 y 73 de la Ley 270 de 1996, establecieron la responsabilidad del Estado derivada de la actividad judicial en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y, concretamente, por la privación injusta de la libertad. En efecto, fijaron la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, siendo, por ello, irrelevante algún análisis relacionado a la cuantía(3).

2. De la legitimación activa y pasiva en la causa.

2.1. La legitimación por activa se encuentra acreditada en relación con la demandante la señora Doris Ceida García Caicedo, ya que tiene un interés real sobre las resultas del proceso, por ser quien directamente afrontó la medida de aseguramiento y el proceso penal instruido por la Fiscalía General de la Nación, quien en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la privó de su libertad personal desde el 30 de agosto de 1994 hasta el 23 de junio de 1995.

Así mismo, su grupo familiar acreditó su filiación y, por consiguiente, la calidad de víctimas, a efectos de legitimación activa, a través de los registros civiles pertinentes así: Luis Alejandro Pérez, en calidad de cónyuge (fl. 9, cdn. 2); la menor María Alejandra Pérez García, en calidad de hija (fl. 1, cdn. 2), Demetrio García y María del Carmen Caicedo, en calidad de padres (fls. 2, 3, cdn. 2); Rosa Alba, Luz Yamile, Nancy Stella, José Fernando y Fredy Humberto García Caicedo, en calidad de hermanos (fls. 4-8, cdn. 2).

2.2. Frente a la legitimación en la causa por pasiva, la Sala encuentra que el actor, en ejercicio de su derecho a acceder a la administración de justicia, relacionó los hechos que atribuyó a la Nación - Fiscalía General de la Nación, al tiempo que formuló pretensiones indemnizatorias frente (sic) aquella, de manera que fue vinculada al proceso y, así mismo, se deberá resolver si es la llamada a responder.

En este punto, vale destacar el carácter unitario de la persona jurídica Nación, no así el de su representación, pues esta bien puede recaer en distintos órganos del poder público, que se vinculan a los procesos ele responsabilidad como centros de imputación, según el caso, con miras a que declarada la obligación respondan con su patrimonio por los daños causados(4).

Quiere decir que la múltiple representación de la Nación varía de acuerdo con la naturaleza de la actuación demandada, sin que ello permita desconocer su unidad a nivel nacional, independientemente del ente que concurra al proceso a representarla(5).

En el caso sub judice, ese (sic) claro que la legitimación pasiva se encuentra radicada en la Nación representada legalmente por la Fiscalía General de la Nación en razón de su actuación a fin de determinar si es patrimonialmente responsable por los presuntos daños antijurídicos, cuya indemnización se reclama.

3. De la caducidad de la acción.

El ordenamiento jurídico consagra la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, para lo cual la ley establece taxativamente unos términos dentro de los cuales el interesado tendrá la carga de promover el litigio a través de demanda. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso temporal, aquel perderá la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

En ese orden de ideas, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), y vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

Ahora bien, en tratándose de los eventos de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal(6), ya que el hecho dañoso se concretiza a partir del momento en que ordena cesar toda actuación penal en contra del privado de la libertad.

En el caso concreto, se pretende que se declare la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad de la señora Doris Ceida García Caicedo, quien al afrontar un proceso penal militar por la presunta infracción de los artículos 39 y 44 de la Ley 30 de 1986, fue privada de su libertad personal desde el 30 de agosto de 1994 hasta el 23 de junio de 1995.

El 25 de febrero de 1997, el Juez de Primera Instancia de la Inspección General de la Policía Nacional cesó todo procedimiento en favor de la policía Doris Ceida García Caicedo (fls. 36-65, cdn. 2), y el 15 de octubre de 1997 el Tribunal Superior Militar al resolver el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación, confirmó tal decisión (fls. 66-81, cdn. 2).

Ahora bien, como la demanda se instauró el el (sic) 24 de abril de 1998, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, se concluye que no operó el fenómeno de la caducidad, habida cuenta que se encuentra dentro de los dos años para ejercer la acción de reparación directa.

II. Problema jurídico

Procede la Sala a determinar si en el caso sub examine resulta imputable al Estado el presunto daño antijurídico ocasionado a la sargento segunda Doris Ceida García Caicedo por haber sido privada de su derecho fundamental de libertad desde el 30 de agosto de 1994 hasta el 23 de junio de 1995, a causa de la medida de aseguramiento proferida en su contra en el marco de un proceso penal militar por la presunta infracción de los artículos 39 y 44 de la Ley 30 de 1986, o si, por el contrario, como lo consideró el a quo, estaba en el deber jurídico de soportarla mientras se esclarecían los hechos investigados.

III. Hechos probados

De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, las cuales son susceptibles de valoración probatoria porque fueron aportadas en cumplimiento del debido proceso, los hechos probados que sirven como fundamento fáctico de la presente sentencia son los siguientes:

1. En cuanto a la prueba de filiación y parentesco, respectivamente, de Doris Ceida García Caicedo en relación a Luis Alejandro Pérez, María Alejandra Pérez García, Demetrio García, María del Carmen Caicedo, Rosa Alba, Luz Yamile, Nancy Stella, José Fernando y Fredy Humberto García Caicedo, nos remitimos a lo ya analizado en el acápite de presupuestos procesales de la acción, legitimación en la causa por activa.

2. El 29 de agosto de 1994, la Dirección Regional de la Fiscalía General de la Nación — Unidad de Narcotráfico, resolvió la situación jurídica, entre otros, de la señora Doris García Caicedo imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por el punible de infracción a los artículos 39(7) y 44(8) de la Ley 30 de 1986 (fl. 10-35, cdn. 2).

3. El 21 de de (sic) junio de 1995, el Juzgado de Primera Instancia de la Inspección General de la Policía Nacional, resolvió conceder el beneficio de libertad provisional a la sargento Doris Ceida García Caicedo (fl. 138 a 140, cdn. 2).

4. Así las cosas, la señora Doris Ceida García Caicedo fue privada de la libertad por la presunta infracción de los artículos 39 y 44 de la Ley 30 de 1986, durante el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 1994 hasta el 23 de junio de 1995, esto es, por 9 meses y 24 días (constancia suscrita por el comandante de la Vigésima Tercera Estación de la Policía Metropolitana de Bogotá fl. 78, cdn. 1).

5. El 3 de agosto de 1994, la sargento segunda Doris Ceida García Caicedo fue suspendida del ejercicio de sus funciones y atribuciones por el Director General de la Policía Nacional (copia simple de la Resolución 7991 fls. 191 y 192 cdn. 2). Posteriormente, el 25 de noviembre de 1994 fue retirada en forma absoluta por conducta deficiente, en virtud de la recomendación del comité de evaluación de suboficiales contenida en el Acta 48/94 (copia de la Resolución 17060, fls. 193 y 194, cdn. 2).

6. En el extracto de la hoja de vida de la sargento segundo Doris Ceida García Caicedo Doris Ceida (sic), consta que permaneció en la Policía Nacional entre el 14 de mayo de de (sic) 1984 y el 28 de noviembre de 1994. Se anota como causa del retiro “conducta deficiente” (fl. 108, cdn. 2).

7. El último salario devengado por la sargento segundo Doris Ceida García Caicedo, ascendió a $163.820, con sus respectivas prestaciones sociales, tales como: primas de actividad, antigüedad, actualización de navidad, subsidio de alimentación y familiar. Todo ello para un total devengado de $320.118,90 (fl. 190, cdn. 2).

8. El 25 de febrero de 1997, El Juzgado de Primera Instancia de la Inspección General de la Policía Nacional resolvió que no encontraba cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 654 del Código Penal Militar, para proferir resolución de convocatoria a consejo de guerra y, en consecuencia, ordenó cesar todo procedimiento contra la señora Doris Ceida García Caicedo (copia auténtica de la providencia, fls. 36-65, cdn. 2).

9. El 15 de octubre de 1997, el Tribunal Superior Militar, en segunda instancia, confirmó la providencia del a quo en orden a cesar todo procedimiento contra la señora García Caicedo (copia auténtica de la de la (sic) providencia, fls. 66-81, cdn. 2).

10. El 28 de noviembre de 1997, la señora García Caicedo fue suspendida del ejercicio de sus funciones y atribuciones por el Director General de la Policía Nacional (copia simple de la Resolución 3439 de la Policía Nacional, fls. 101-102, cdn. 1).

IV. Análisis de la Sala

Con el fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, estima la Sala pertinente señalar ab initio que la configuración de la privación injusta de la libertad en el ejercicio de la función jurisdiccional de la justicia penal militar(9) es posible en el presente caso, habida cuenta que el proceso penal militar que afrontó la demandante, y que dio origen a esta demanda, era el regulado por el desaparecido Decreto 2550 de 1998 —Código Penal Militar—(10) el cual en su artículo 13 prescribía: “En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este código, son aplicables las disposiciones del Código Penal común”. En efecto, por expresa remisión legal —para la época de los hechos del sub examine— dicha normativa correspondía al Decreto-Ley 2700 de 1991, el cual en su artículo 414 señalaba los supuestos bajo los cuales se entendía configurada la privación injusta de la libertad de las personas, así:

“ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

Por tal razón, el caso sometido a litigio será estudiado bajo la égida de dicha norma, respecto de la cual corresponde reiterar las precisiones que la Sala ha efectuado, así(11):

Acerca del contenido y alcance de esta norma, la jurisprudencia de esta Sala, con relevante sindéresis, ha precisado:

“(…) 6. La responsabilidad en estos casos, como lo señaló también la Sala es ‘fiel desarrollo del artículo 90 de la Carta Política, solo que circunscrito al daño antijurídico proveniente de las precisas circunstancias allí previstas’ y ‘es objetiva, motivo por el cual resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez o magistrado, para tratar de definir si por parte de él hubo dolo o culpa’. (Ver sentencias del 30 de junio de 1994, Exp. 9734, actor Neiro José Martínez, ponente Dr. Daniel Suárez Hernández y del 15 de septiembre de 1994, Exp. 9391, actor Alberto Uribe Oñate, ponente Dr. Julio César Uribe Acosta).

7.- Se reitera que es un tipo de responsabilidad objetiva en la medida en que no recurre la existencia de falla del servicio, razón por la cual no tiene ninguna incidencia la determinación de si en la providencia que ordenó la privación de la libertad hubo o no error judicial; y no es posible la exoneración de responsabilidad de la administración con la sola prueba de diligencia que en este caso se traduciría en la demostración de que la providencia estuvo ajustada a la ley”(12).

Las hipótesis establecidas en el señalado precepto, contrario a lo precisado por el a quo, no requieren de la constatación de un error judicial, sino, simplemente, del acaecimiento de cualquiera de las mismas sin referencia alguna al contenido de la providencia judicial que impuso la medida de aseguramiento. Se trata por lo tanto, en estos eventos, de la obligación objetiva establecida en la ley, de reparar el perjuicio causado cuando frente a la persona que, en determinado momento fue privada de la libertad a través o con fundamento en una providencia legal y, en principio, ajustada al ordenamiento jurídico, sin embargo, se precluye la investigación, cesa el procedimiento, o se absuelve en la sentencia(13).

La norma está analizada, no hace nada distinto a preestablecer la responsabilidad patrimonial del Estado en específicos supuestos, principalmente a causa del perjuicio que representa el estar privado de la libertad, como medida cautelar del proceso penal, para luego concluir por parte del sistema judicial que el ciudadano no cometió la conducta punible, no era típica, o nunca existió.

Ahora bien, hecha esta precisión es importante señalar el marco normativo aplicable para fijar los supuestos fácticos de relevancia jurídica(14) a efectos de determinar en el sub lite si es posible, tras el juicio contencioso administrativo, derivar responsabilidad del Estado y, concretamente, condenar a la Fiscalía General de la Nación a la indemnización de los supuestos perjuicios causados con ocasión de la privación de la libertad que padeció la señora Doris Ceida García Caicedo.

En ese sentido, las normas aplicables son los artículos 9º(15) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(16); 7º(17) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(18) (las cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad); 28, 90 y 93 de la Constitución Política; 414 del Decreto 2700 de 1991; y 65 y 68 de la Ley 270 de 1996, los cuales constituyen, entre otros, el fundamento internacional, constitucional y legal de la responsabilidad del Estado por privación de la libertad en el caso sub lite.

En consecuencia, en ejercicio de una interpretación y aplicación armónica de estos artículos, y principalmente de los artículos 90 constitucional y 414 del Decreto 2700 de 1991, para que exista responsabilidad del Estado por privación de la libertad es necesario que el demandante acredite los siguientes supuestos fácticos de relevancia jurídica, esto es, que: i) fue objeto de una detención preventiva y que a causa de ella se le generó un daño antijurídico consistente en la privación de su derecho fundamental de libertad personal y que ii) exista absolución a posteriori, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible.

El daño antijurídico: la privación injusta de la libertad y su absolución por déficit probatorio en el caso concreto

En ese orden de ideas, de conformidad con los hechos probados la Sala advierte que está debidamente acreditado que la sargento segundo Doris Ceida García Caicedo sufrió un daño antijurídico consistente en que fue privada de su libertad a órdenes de la Fiscalía General de la Nación, desde el 30 de agosto de 1994 hasta el 23 de junio de 1995 (constancia suscrita por el comandante de la Vigésima Tercera Estación de la Policía Metropolitana de Bogotá, fl. 78, cdn. 1), con ocasión de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva impuesta el 30 de agosto de 1994 (fls. 10-35, cdn. 2) por ser presunta autora de los punibles por infracción a los artículos 39 y 44 de la Ley 30 de 1986 y que, posteriormente, el 21 de de (sic) junio de 1995, el Juzgado de Primera Instancia de la Inspección General de la Policía Nacional, resolvió conceder el beneficio de libertad provisional a la sargento Doris Ceida García Caicedo (resolución por medio de la cual (sic) la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Narcotráfico, fls. 138 a 140, cdn. 2).

En razón a los hechos que ocasionaron la privación de la libertad y el proceso penal, el 25 de noviembre de 1994 fue retirada en forma absoluta, por conducta deficiente, en virtud de la recomendación del comité de evaluación de suboficiales contenida en el Acta 48/94. 8 (sic) (copia de la Resolución 17060, fls. 193 y 194, cdn. 2).

Por tal causa, la sargento segundo Doris Ceida García Caicedo, permaneció en la Policía Nacional entre el 14 de mayo de de (sic) 1984 y el 28 de noviembre de 1994, y se anotó como causa del retiro “conducta deficiente” (fl. 108, cdn. 2).

Empero, el 25 de febrero de 1997, el Juzgado de Primera Instancia de la Inspección General de la Policía Nacional resolvió que no encontraba cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 654 del Código Penal Militar, para proferir resolución de convocatoria a Consejo de Guerra y, en consecuencia, ordenó cesar todo procedimiento contra la señora Doris Ceida García Caicedo (copia auténtica de la providencia, fls. 36-65, cdn. 2). Providencia que el 15 de octubre de 1997, el Tribunal Superior Militar, en segunda instancia, confirmó en orden a cesar todo procedimiento contra la señora García Caicedo (copia auténtica de la de la providencia, fls. 66-81, cdn. 2).

En consonancia con lo anterior, para la Sala es claro que al valorar conjuntamente las providencias del Juzgado de Primera Instancia de la inspección General de la Policía y del Tribunal Superior Militar, es razonable deducir que en el presente caso cesó el procedimiento a favor de la sargento segundo Doris Ceida García Caicedo porque no existían medios probatorios suficientes para condenar a la procesada, ya que la hipótesis fáctica de su responsabilidad penal por los delitos imputados resultó desvirtuada.

Al respecto, frente a la insuficiencia de pruebas el Juzgado de Primera Instancia de la Inspección General de la Policía, afirmó:

La fiscalía regional allega diligencias de testimonios con identidad reservada de las cuales se deja entrever que existen similitudes en los dichos en cuanto a que en el Aeropuerto El Dorado se venían presentando irregularidades o comportamientos anómalos de algunos policiales, citando nombres de algunos de ellos quienes bajo las órdenes del TE. Bernal Romel Arturo, y a cambio de dinero permitían el envió (sic) de alcaloides, concretamente cocaína hacia los Estados Unidos y Europa utilizando a personas o mulas como se les conoce en ese medio, o camuflando dicha droga en los equipajes; señalan no solo a los policiales sino también a algunos vigilantes de las empresas de seguridad (…) no obstante para el despacho aparece claro que tales aseveraciones tal y como lo afirman los mismos declarantes casi en su totalidad, se apoyan en presuntos comentarios que en ninguna parte de la investigación llevada a cabo por la fiscalía regional aclaró de donde procedían, solamente están señalando que los miembros de la Policía y todo mundo ahí en el aeropuerto sabía de tales actividades ilícitas, pero sin que esto tuviera siquiera un sustento de persona idónea sobre el personal policial que según la investigación se presenta a finales del año 1993 y principios de 1994.

Los testimonios con identidad reservada, entrevistas, grabaciones, allanamientos, etc., que inicialmente comprometen la actuación de los miembros de la Policía que para la época laboraban en el aeropuerto El Dorado, a lo largo del proceso van quedando sin ningún sustento probatorio que amerite plena credibilidad así como para tener como ciertas y verdaderas las afirmaciones conocidas en autos y en contra de los policiales señalados por infringir la Ley 30/86.

De las mismas declaraciones con identidad reservada este despacho observa que las incriminaciones se basan solo en comentarios hasta el punto que llegan hasta el conocimiento de los periodistas del noticiero de televisión CMI y entonces, irresponsablemente se emite la noticia, hecho que compromete públicamente a la institución policial y que se hace imperativo investigar, desplegándose un vasto operativo por el CTI, impulsado por una parte por las previas declaraciones dadas al respecto por el noticiero CMI hechos ya analizados anteriormente por este despacho y que son los que a la postre conllevan a un gigantesco desgaste judicial, que con el protagonismo del Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía, nos lleva a concluir en el sentir de este despacho que se trata de todo un montaje en contra de la institución policial, pues no otra cosa podría pensarse, agregando además que el posible contacto que mencionan los investigadores del CTI, señala que tenía guardada una espinita porque era un policía retirado de la institución el que lo había dejado parapléjico de un tiro y vio la oportunidad posiblemente de desquitarse por lo que sin ser cierto dejó entrever que en el aeropuerto El Dorado la Policía recibía dinero para facilitar el envió (sic) de cocaína hacia el exterior.

De otra parte se menciona también una estrecha relación de amistad entre el TE. Romel Arturo Bernal Bernal y varios de sus subalternos, afirmación que también al igual que otras queda en entredicho, cuando el mismo oficial en su injurada indica que era severo y drástico con sus subalternos lo cual es corroborado con el dicho de muchos de estos policiales implicados, que están señalando que el oficial los castigaba, los rotaba continuamente de sus puestos y las relaciones que se tenían eran las normales de subalterno a superior, sin que el despacho pueda inferir al menos indiciariamente un comportamiento reprochable de los aquí implicados que tipifique una conducta ilícita como las que se les endilga, en razón a que dentro de la investigación no se pudo demostrar ni siquiera la incautación de una milésima de gramo de cocaína que nos llevara a concluir que efectivamente dentro de todas estas apreciaciones que se han hecho, estos señores policiales sí estaban prestándose para el transporte del alcaloide(19).

Por su parte, el Tribunal Superior Militar, respecto a la carencia de pruebas a efectos de la absolución, afirmó que:

Del análisis probatorio reseñado en el punto anterior, se colige sin la menor dubitación posible, que en el caso concreto en autos, no se dan los requisitos que demanda el artículo 654 del Código Penal Militar, para dictar la resolución de convocatoria a consejo de guerra sin intervención de vocales, para juzgar la conducta de los prenombrados acusados, por presunta violación al artículo 39 de la Ley 30 de 1986, por no existir en contra de los mismo, ni una declaración atendible de testigo alguno, que ofrezca serios motivos de credibilidad, conforme a las reglas de la crítica testimonial, o indicios graves que establezcan su responsabilidad como autores o participes, del ilícito que se les endilga. Para arribar a tal conclusión, basta con observar como ya se anotó en los puntos anteriores, que no existe un solo testimonio que demuestre que los acusados de la referencia violaron los parámetros de la citada norma que dice (…)

Pues bien, de acuerdo con lo comentado, en el punto anterior, los presuntos testimonios incriminatorios son vagos e imprecisos, que se basan en meras conjeturas o rumores o suposiciones, que no demuestran nada distinto al dicho de ellos (…)

De las diligencias de allanamiento y registro, tampoco se desprende cargo alguno contra los acriminados de la referencia, o sea en otras palabras, que hubiesen aparecido en sus moradas u oficinas, documentos de cualquier índole o clase que los comprometa en lo más mínimo en el ilícito que se les imputa, o habérseles encontrado en su poder sustancias estupefacientes (…)

En otros términos, solo existe en autos, un sentimiento íntimo, algo subjetivo, carente de objetividad (…) Ciertamente, la sospecha solo sirve para practicar una pesquisa, una requisa y por esta potísima razón no tiene jamás fuerza de responsabilidad penal, como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia(20).

En consecuencia, entiende la Sala que no hubo participación de la sindicada en los hechos punibles, por cuanto así fue establecido en las providencias antes referidas, al afirmar que no existían los medios probatorios necesarios para derivar responsabilidad penal de la procesada, ya que, como se aprecia, tanto el juez de primera instancia, como el Tribunal Superior Militar, en segunda instancia, establecieron insuficiencia probatoria para derivar responsabilidad penal. Por tal razón, lo sucedido en el proceso penal militar, a juicio de la Sala, fue que el Estado en ejercicio del ius puniendi no pudo desvirtuar la presunción de inocencia por carencia de pruebas en el plenario.

Sobre este aspecto, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera:

Siguiendo un reciente precedente(21), la Sala entiende que aunque la medida se haya impuesto con fundamento en uno o más indicios graves de responsabilidad, en el presente caso fue deficiente la actividad probatoria en sede criminal, falencia que en estricto sentido no generó duda razonable sino más exactamente falta de prueba incriminatoria como acertadamente lo apuntó la vista fiscal en primera instancia.

Es que la privación de la libertad demanda una investigación eficiente, proclive a respetar el derecho constitucional fundamental del sindicado, por lo que si el Estado finalmente no desvirtúa la presunción de inocencia, patrimonialmente debe responder por los perjuicios ocasionados a quienes se afecte con el proceso judicial(22).

En conclusión, en el presente caso la cesación del procedimiento a favor de la hoy demandante devino a causa de la debilidad probatoria en el marco del proceso penal militar y, en consecuencia, estima la Sala que al no existir plena prueba de que la sindicada cometió el hecho, es posible afirmar que existe responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, ya que este en ejercicio del ius puniendi no pudo desvirtuar la presunción de inocencia de la procesada, y al considerarse inocente es menester colegir jurídicamente que no participó en el hecho punible. De lo contrario, la presunción de inocencia sería inane.

El título de imputación aplicable

Al respecto es relevante señalar que el régimen de responsabilidad aplicable por la privación injusta de la libertad con fundamento en las causales del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 es, en principio objetivo, razón por la cual no es necesario establecer si hubo falla en la prestación del servicio. No obstante, ello no es óbice para que en un caso concreto, si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable el régimen subjetivo, habida cuenta que si se encuentra acreditada procede su declaración.

Empero, es importante señalar que en el sub lite, el título de imputación aplicable es objetivo, y por ello la indemnización con ocasión de la privación injusta de la libertad no depende de la ilegalidad, falla o yerro en la decisión que ordena la privación preventiva de la libertad, sino que estriba en el sobreseimiento a posteriori por alguna de las causales establecidas en el artículo 414 de CPP, antes referido, es decir, porque el hecho no existió (inexistencia objetiva del hecho), el sindicado no lo cometió (inexistencia subjetiva), o la conducta no constituía hecho punible.

Así las cosas, para que la entidad demandada se exima de responsabilidad, es menester que demuestre que existió un hecho exclusivo de la víctima por dolo o culpa grave. Sin que sea viable, en principio, la exoneración por fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, habida cuenta de que la limitación a la libertad personal a través de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, es de entera competencia del ente investigador (D. 2700/91).

Al respecto, en sentencia del 25 de febrero de 2009, esta corporación señaló:

La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(23). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades ha sido puesto de presente(24).

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(25). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas debían soportar(26).

Más adelante, en una segunda dirección, la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(27), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(28), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(29).

En tercer término, tras reiterar el carácter injusto dado por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la Sala señaló la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(30), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(31).

Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación dentro del proceso penal respectivo del principio in dubio pro reo, de manera tal que no obstante haberse producido la privación de la libertad como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso habiendo sido proferida la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales el imputado no llega a ser condenado porque la investigación es dudosa e insuficiente para condenar el (sic) imputado, circunstancia que hace procedente el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento(32)—.

Las decisiones que han establecido que el Estado debe responder cuando se configure alguna de las causales del artículo 414 del CPC, sin que sea necesario cuestionar la conducta del funcionario que impuso la respectiva medida de aseguramiento de privación de la libertad, incluso en los casos en que se ha absuelto al detenido por in dubio pro reo —todo bajo un régimen objetivo de responsabilidad— han estado fundamentadas en la primacía del derecho fundamental a la libertad, la cual debe estar garantizada en un Estado Social de Derecho como lo es el Estado colombiano por virtud de lo dispuesto en la Constitución Política (…)(33).

Así las cosas, volviendo al caso sub lite, encuentra la Sala que la absolución del sindicado en primera instancia y su confirmación por el ad quem obedeció a la ausencia de pruebas para derivar responsabilidad penal del mismo, razón por la cual la garantía constitucional de la presunción de su inocencia permaneció incólume y no fue desvirtuada, lo cual arroja como colofón que la sargento segunda Doris Ceida García Caicedo no cometió el delito y que, por tanto, fue privada injustamente de su derecho fundamental de libertad personal.

Al respecto, es relevante señalar que este presupuesto, esto es, la demostración de no haber cometido el delito (inexistencia subjetiva) se encuentra estipulado en el artículo 414(34) del Decreto 2700 de 1991 como una de las causales de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad.

En ese orden de ideas, en virtud de que la hoy demandante fue absuelta de toda responsabilidad penal frente a los delitos imputados, la Sala considera pertinente la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, derivado de la aplicación del art. 414 del Decreto 2700 de 1991, puesto que, si se toma en serio la presunción de inocencia, se configura lo establecido en el artículo citado, en cuanto a que la sindicada no cometió la conducta punible.

En interpretación de dicho artículo, en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, la corporación ha dicho:

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente [(35)18]17, con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquel(36).

Por consiguiente, el caso bajo estudio determina, valga reiterar, una responsabilidad de carácter objetivo, en la que no es necesaria la demostración de un error cometido por la autoridad judicial. Razón por la cual, al perjudicado le basta con demostrar: i) que se impuso en su contra una medida privativa de la libertad en el marco de un proceso penal; ii) que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, y iii) el daño y los consecuentes perjuicios surgidos de la restricción al derecho fundamental de libertad, para que con esa demostración surja a cargo del Estado la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por el ciudadano.

Con respecto a la carga probatoria del demandante, la corporación ha reiterado que corresponde a la parte actora acreditar los elementos que configuran la responsabilidad, a saber: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, elementos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente del caso que se analiza, con la prueba de la privación de la libertad y la posterior absolución en favor de la demandante, pues fue una decisión de la Fiscalía General de la Nación, la que determinó que la sargento segunda Doris Ceida García Caicedo estuviese privada de su libertad.

En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada la causal de exoneración: hecho exclusiva y determinante de la víctima por dolo o culpa grave.

Como se trató de una imputación penal contra Doris Ceida García Caicedo, que culminó con preclusión de la investigación a su favor, debido a que no cometió la conducta punible (inexistencia subjetiva por no participación en los hechos), y teniendo en cuenta que no ha demostrado en forma clara y precisa que la privación de la libertad precitada hubiera ocurrido como consecuencia del hecho exclusivo de la víctima por dolo o culpa grave, la Sala concluye que en el presente caso se dan todos los presupuestos para que pueda predicarse responsabilidad a cargo de la entidad demandada a la cual le son imputables los perjuicios padecidos como consecuencia de la medida judicial, en cuanto que la privación de la libertad de la demandante fue una carga que no estaba llamada a soportar.

La responsabilidad patrimonial por el daño causado es imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, pues en virtud de las actuaciones de este se generó el daño antijurídico, consistente en la privación injusta de la libertad de Doris Ceida García Caicedo.

En virtud de lo anterior, como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitió sentencia absolutoria, la Sala revocará el fallo y condenará al pago de los perjuicios que se entran a analizar según las pruebas obrantes en el proceso.

V. La liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

Según jurisprudencia constante de esta corporación, en casos de privación injusta del derecho fundamental de libertad, hay lugar a colegir que esta afectación genera per se dolor moral, angustia y aflicción(37); en congruencia con lo anterior, se ha considerado que el perjuicio de índole moral también se genera en los seres queridos más cercanos(38). De manera que el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el de los hijos, cónyuge, compañera o compañero permanente de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(39).

Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, la Sala acudirá a los parámetros establecidos en la reciente sentencia de unificación de la Sección Tercera de la corporación, que a su tenor estableció:

Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos de los presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivos y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P., arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”(40) (destacado fuera de texto)

En consecuencia, como en el presente caso la señora Doris Ceida García Caicedo fue privada de la libertad por la presunta infracción de los artículos 39 y 44 de la Ley 30 de 1986, durante el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 1994 hasta el 23 de junio de 1995, es decir, por 9 meses y 24 días (constancia suscrita por el comandante de la Vigésima Tercera Estación de la Policía Metropolitana de Bogotá, fl. 78, cdn. 1), y como en el sub lite la parte demandada no desvirtuó la presunción de aflicción que se desprende de la acreditación del parentesco —registros civiles que obran de folio 1 a 9 del cuaderno dos— habrá que condenar por el perjuicio solicitado para lo cual es imprescindible tener en cuenta la naturaleza, la intensidad, la extensión y la gravedad de la afectación o lesión al derecho o interés legítimo respectivo, razón por la cual se asignarán los porcentajes, para cada uno de los demandantes, en los valores que se indican a continuación:

Doris Ceida García Caicedo (privada de la libertad)80 SMMLV
Luis Alejandro Pérez (cónyuge)80 SMMLV
María Alejandra Pérez García (hija)80 SMMLV
Demetrio García (padre)80 SMMLV
María del Carmen Caicedo (madre)80 SMMLV
Rosa Alba García Caicedo (hermana)40 SMMLV
Luz Yamile García Caicedo (hermana)40 SMMLV
Nancy Stella García Caicedo (hermana)40 SMMLV
José Fernando García Caicedo(hermano)40 SMMLV
Fredy Humberto García Caicedo (hermano)40 SMMLV

Perjuicios materiales:

Respecto a las pretensiones a título de daño emergente y lucro cesante formuladas por el demandante, la Sala se remite a las transcritas al inicio de esta providencia. Empero, de su lectura se advierte que el demandante confundió los conceptos de daño emergente y lucro cesante. Por tal razón, se liquidarán los perjuicios siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia de esta corporación y lo que se encuentre probado en el proceso.

Con relación a los supuestos perjuicios materiales, al cónyuge de la demandante, el señor Luis Alejandro Pérez se desestimarán por la Sala, ya que no se encuentra probado nexo de causalidad alguno entre la privación de la libertad de la señora Doris Ceida García Caicedo y la separación del servicio de la Policía Nacional del señor Pérez, máxime cuando la causal de retiro de su cargo fue por solicitud propia (fls. 101 y 202, cdn. 2).

A título de daño emergente:

La Sala negará la solicitud de los supuestos perjuicios a título de daño emergente por concepto de pago de honorarios profesionales de abogados dentro de los procesos penal y administrativo —los cuales según las pretensiones de la demanda ascienden a la suma de $4.000.000.oo de pesos (sic)—, ya que no se encuentran probados.

Lucro cesante

La Sala condenará a pagar a la demandada perjuicios a título de lucro cesante con base en el último salario mensual devengado por la sargento segundo Doris Ceida García Caicedo, la cual ascendió a $163.820 con sus respectivas prestaciones sociales, tales como: primas de actividad, antigüedad, actualización de navidad, subsidio de alimentación y familiar. Todo ello para un total devengado de: $320.118,90. La cual constituirá la base de liquidación.

En consecuencia se realizará la actualización de la suma, de conformidad con la siguiente fórmula:

S-1998-01349-1.png
 

En efecto, con base en este valor se liquidará el perjuicio por el tiempo que estuvo privada de la libertad y, además, se liquidará teniendo en cuenta el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse en una actividad laboral.

Acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)(41).

Por lo tanto, si bien la señora Doris Ceida García Caicedo fue privada de la libertad por la presunta infracción de los artículos 39 y 44 de la Ley 30 de 1986, durante el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 1994 hasta el 23 de junio de 1995, esto es, por 9 meses y 24 días (9,9), lo cierto es que según los parámetros jurisprudenciales a este periodo es necesario sumarle el tiempo en que, según los datos oficiales, una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su regreso de la cárcel, es decir, 8,75. En consecuencia, el total de tiempo a indemnizar asciende a: 18,65 meses.

Con fundamento en lo anterior, se efectuará la liquidación respectiva, conforme a la siguiente fórmula:

SSuma a obtener
RaRenta actualizada, es decir $ 1.462.727,10
iTasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0.004867
nNúmero de meses 18,65
1Es una constante

Para aplicar se tiene:

S-1998-01349-2.png
 

VI. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 3 de diciembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y, en su lugar, se dispone:

Primero. Declárese patrimonial y administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por los daños antijurídicos causados a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad de Doris Ceida García Caicedo.

Segundo. Como consecuencia, condénese a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a pagar a los demandantes los siguientes conceptos:

Perjuicios morales

Para Doris Ceida García Caicedo, en calidad de víctima directa, la suma equivalente a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes;

Para Luis Alejandro Pérez, en calidad de cónyuge, la suma equivalente a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes;

Para María Alejandra Pérez García, en calidad de hija, la suma equivalente a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes;

Para Demetrio García, en calidad de padre, la suma equivalente a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes;

Para María del Carmen Caicedo, en calidad de madre la suma equivalente a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes;

Para Rosa Alba García Caicedo, en calidad de hermana, la suma equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes;

Para Luz Yamile García Caicedo, en calidad de hermana, la suma equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes;

Para Nancy Stella García Caicedo, en calidad de hermana, la suma equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes;

Para José Fernando García Caicedo, en calidad de hermana, la suma equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes;

Para Fredy Humberto García Caicedo, en calidad de hermana, la suma equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes

Perjuicios materiales

Para la señora Doris Ceida García Caicedo la suma de veintiocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil ochocientos veintiséis pesos con cuarenta y nueve centavos ($28.483.826,49.), por concepto de lucro cesante.

Tercero. NIÉGASE las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(3) Para tal efecto consultar el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, Actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(4) Al respecto pueden consultarse las sentencias de 4 de septiembre de 1997, M. P. Ricardo Hoyos Duque, expediente 10275 y de 11 de mayo de 2006, M. P. Ramiro Saavedra Becerra, expediente 15626, en las que se coincide que la Nación se constituye en una persona jurídica unitaria, sin perjuicio de la representación a cargo de la rama, dependencia u órgano al que, específicamente se le atribuye el hecho o la omisión y, en general la causa del daño indemnizable. Posición reiterada en sentencia de 27 de febrero de 2013. Exp. 20883-29538, M. P. Stella Canto Díaz del Castillo.

(5) Ver auto de 19 de febrero de 2004, M. P. María Elena Giraldo. Expediente 25756.

(6) En este sentido ver auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473, M. P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, Exp. 40324, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(7) Ley 30 de 1986, Artículo 39. El funcionario empleado público o trabajador oficial encargado de investigar, juzgar o custodiar a personas comprometidas en delitos o contravenciones de que trata el presente estatuto, que procure la impunidad del delito, o la ocultación, alteración o sustracción de los elementos o sustancias decomisados o facilite la evasión de persona capturada, detenida o condenada, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, pérdida del empleo e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término.

Si el hecho tuviere lugar por culpa del funcionario o empleado oficial incurrirá en la sanción respectiva, disminuida hasta la mitad.

(8) “ART. 44.—(Subrogado por la Ley 365 de 1997) Cuando se obre en concierto para delinquir con el fin de realizar algunas de las conductas descritas en los artículos antes citados, la pena será por ese solo hecho, de seis (6) a doce (12) años de prisión y multa en cuantía de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos mensuales”.

(9) Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 23 de abril de 2008, expediente: 15843, actor: Gustavo Camargo Bernal y otros. M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(10) La Ley 522 del 12 de agosto de 1999 expidió un nuevo Código Penal Militar. A su turno, dicha ley fue modificada por la Ley 1058 de 2006.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del cuatro de diciembre de 2007, expediente: 15.498, actor: Martha Esperanza Ramos Echandía y otros.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1995, Exp, 10056.

(13) “Sin embargo, es posible que el juez haya actuado con absoluta imparcialidad y objetividad al valorar las pruebas y los indicios y dicte un auto de detención a una persona que después resulta absuelta o es condenada a una pena privativa de la libertad inferior a la efectivamente padecida.

“Sin lugar a dudas en este caso y a pesar de que el servicio de justicia funcionó adecuada y normalmente, al haberse causado un perjuicio a una persona que no tiene la obligación de soportarlo, el daño es antijurídico y por lo tanto exige una adecuada reparación (…)” Hoyos Duque, Ricardo “La responsabilidad del Estado y de los jueces por la actividad jurisdiccional en Colombia”, Revista Vasca de Administración Pública, Nº 49, 1997, págs. 140 y 141.

(14) Según Taruffo al referirse sobre el concepto de relevancia jurídica afirma que: “El objeto de la decisión es el hecho que la norma define y califica como relevante, es decir, como punto de referencia de los efectos que la misma norma prevé. Es la norma, en otros términos, la que funciona como criterio de selección, en el sentido de individualizar entre los infinitos sucesos del mundo real aquellos que asumen relevancia específica para su aplicación. Si, y solo si, en la concreta situación planteada en juicio, este criterio funciona con resultados positivos, entonces la norma es aplicable a ese hecho y este es objeto de la decisión y, por tanto, objeto de prueba” Taruffo, Michele. La prueba de los hechos, Trotta, pp. 97-98.

(15) 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación (se resalta).

(16) Entró en vigor en Colombia el 23 de marzo de 1976 mediante la Ley 74 de 1968.

(17) Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

(18) Entró en vigor en Colombia el 18 de julio de 1978 mediante la Ley 16 de 1972.

(19) Sentencia del 25 de febrero de 1997, proferida por la Inspección General de la Policía Nacional - Juzgado de Primera Instancia, fls. 36-65 cdn. 2.

(20) Sentencia del 15 de octubre de 1997, proferida por el Tribunal Superior Militar, fls. 66-81 cdn. 2.

(21) (15) Sentencia de esta misma Subsección, proferida el 6 de abril de 2011 dentro del expediente 19.225, con ponencia de la doctora Conto Diaz del Castillo.

(22) Sentencia de 12 de mayo de 2011, expediente 20.314, M. P. Stella Conto Diaz del Castillo.

(23) “[15] El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente; (…)”.

(24) “[16] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente: 15.463”.

(25) “[17] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, expediente 9734”.

(26) “[18] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 194, expediente 8.666”.

(27) “[19] Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.”.

(28) “[20] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 10.056”.

(29) “[21] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.229”.

(30) “[22] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de abril de 2002, expediente 13.606”.

(31) “[23] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601 (…)”.

(32) “[24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2007); Rad.: 2001-23-31-000-3423-01; Expediente 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación-Rama Judicial”.

(33) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 25000-23-26-000-1998-05851-01(25.508), actor: Edgar Antonio Borja Silva y otros, demandado: Fiscalía General de la Nación y otro.

(34) “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave” —se destaca—.

(35) [18] A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no solo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto estas son decisiones equivalentes a aquella para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp.: 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Exp.: 13.449.

(36) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(37) Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, Exp. 12076, M. P. Germán Rodriguez Villamizar.

(38) Cf. Sentencia del 20 de febrero de 2008, Exp. 15980, M. P. Ramiro Saavedra Becerra.

(39) Cf. Sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 23688, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 23998 y del 13 de febrero de 2013, Exp. 24296, M. P. Mauricio Fajardo Gómez, proferidas por la Subsección A de esta Sección, y en sentencia del 24 de julio de 2013, Exp. 27289, M. P. Enrique Gil Botero.

(40) Sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 25022, C. P. Enrique Gil Botero.

(41) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.