Sentencia 1998-01390 de febrero 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 25002326000199801390-01 (27259)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Clarivel Aramendis y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa

Asunto: Reparación directa

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 10 de febrero de 2004, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, pues la pretensión mayor se estimó en la demanda en ciento veinte millones de pesos ($ 120.000.000), mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de doble instancia era de $ 18.850.000 (D. 597/88).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por los actores con ocasión de los hechos sucedidos el día 17 de marzo de 1998, en los cuales perdió la vida John Jairo Aramendis, lo que significa que tenían hasta el día 17 de marzo de 2000 para presentarla y, como ello se hizo el 5 de mayo de 1998(15), resulta evidente que el ejercicio de la acción se hizo dentro del término previsto por la ley.

3. Objeto del recurso de apelación.

Ahora bien, resulta necesario precisar, ab initio, que los recursos de apelación interpuestos por las partes, demandante y demandada, están encaminados, como se indicó, a debatir los montos reconocidos por concepto de perjuicios, en tanto, la parte actora los considera insuficientes, mientras que la entidad demandada, estima que fueron excesivos.

Lo anterior obliga a destacar que las inconformidades de las partes con lo decidido se encuentran limitadas a los puntos específicos antes indicados, consideración que cobra mayor significado en el sub lite si se tiene presente que en cuanto corresponde a los demás asuntos del fallo impugnado, incluyendo la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, las partes manifestaron su complacencia y se abstuvieron de cuestionar en esas materias la sentencia de primera instancia.

Al respecto, conviene recordar que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con las propias consideraciones del recurrente, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:

“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. (…).” (resaltado adicional).

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo(16).

Así las cosas, comoquiera que la declaratoria de responsabilidad del tribunal a quo respecto de la entidad demandada no fue objeto de ataque o cuestionamiento o impugnación por la propia entidad demandada, ni tampoco por la parte actora, ninguna precisión efectuará la Sala en relación con el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, ni en cuanto a la concurrencia, en el mismo, de los elementos constitutivos del régimen respectivo, de manera que los referidos son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión que profirió el tribunal a quo(17).

En conclusión, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, procederá a examinar y a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes, claro está, en lo circunscrito al objeto de éste.

4. Las pruebas allegadas al proceso.

Como pruebas relevantes, en original o copia auténtica, se allegaron al expediente las siguientes:

— Registros civiles, de nacimiento y de defunción, del señor John Jairo Aramendis(18), según los cuales se establece que es hijo de Clarivel Aramendis, que nació el día 19 de octubre de 1980 y que murió el 19 de marzo de 1998.

— Registros civiles de nacimiento de Heblin Adriana Martínez Sandoval y Myriam Amparo Martínez Sandoval(19), que indican que son hijas de Luis Ernesto Martínez Pava y Luz Amparo Sandoval Girón.

— Proceso penal militar adelantado por la muerte del soldado John Jairo Aramendis, ante el Juzgado 39 de Instrucción Penal Militar y tramitado en consulta ante el Tribunal Superior Militar. Este proceso terminó con sentencia de segunda instancia mediante la cual se confirmó la condena en contra del soldado Nelson Eduardo Mejía Cardozo como responsable, en la modalidad de homicidio culposo- de la muerte de John Jairo Aramendis(20).

— Declaraciones rendidas por los señores Rosa Mercedes Parra Sepúlveda, Ricardo Acosta Ramos, Miguel Ángel Caicedo Pedroza, Amanda Pedroza Sánchez, José Henio Pedroza Villanueva y Jorge Alirio Zambrano Barrera quienes, en esencia, relataron la composición del núcleo familiar de John Jairo Aramendis, así como las excelentes relaciones existentes entre ellos(21).

— Historia clínica correspondiente a John Jairo Aramendis expedida por el Hospital Militar Central(22).

— Expediente prestacional adelantado por la muerte del soldado John Jairo Aramendis y que finalizó con el reconocimiento de “compensación por muerte” a favor de la señora Clarivel Aramendis(23).

— Protocolo de necropsia practicado al cuerpo de John Jairo Aramendis en el cual se describe y concluye lo siguiente: “Hombre joven que fallece en sepsis secundario a herida abdominal con lesión de una colateral de la arteria hipogástrica izquierda y de colón sigmoide por proyectil de arma de fuego”(24).

5. Los motivos de apelación. La indemnización legal (a forfait) se corresponde con un tipo de prestación social especial y, por ende, resulta susceptible de ser acumulada con la indemnización decretada por la justicia contenciosa.

Consideró la parte demandada que a la indemnización reconocida en la sentencia de instancia debía descontarse el valor correspondiente a la “compensación por muerte” que fue reconocido a favor de la señora Clarivel Aramendis y que ascendió a $ 13.787136, en tanto dicho reconocimiento no era de carácter laboral sino que tuvo como fundamento jurídico la muerte del señor John Jairo Aramendis y, en consecuencia, no podía aceptarse la existencia de dos indemnizaciones por el mismo hecho.

Revisado el expediente, se tiene que aparece la Resolución 3200 de 21 de agosto de 1998 mediante la cual se ordenó el pago de las prestaciones sociales, que la ley ha previsto para los familiares de los soldados muertos en servicio bajo el nomen de “compensación por muerte”, a favor de la señora Clarivel Aramendis(25).

La Sala considera que el reclamo de la parte demandada no tiene vocación de prosperidad, toda vez que el pago realizado por ella tiene una causa jurídica diferente a la del hoy estudiado, tal y como se analiza enseguida.

Teniendo en cuenta las especialísimas funciones que desempeñan los miembros de la fuerza pública, y su exposición a riesgos especiales, el legislador ha adoptado medidas de orden laboral, fundadas en un criterio de igualdad material, en las cuales se establece un régimen diferenciado de prestaciones sociales, encontrándose entre ellas la denominada indemnización a forfait. Sobre la constitucionalidad de estas medidas, la Corte Constitucional ha precisado:

“La existencia de prestaciones especiales a favor de los miembros de la fuerza pública, lejos de ser inconstitucionales, pretenden hacer efectivos los principios de igualdad material y equidad, a partir del establecimiento de unas mejores condiciones que permitan acceder a un régimen pensional más benéfico en tiempo, en porcentajes o en derechos, en aras equilibrar el desgaste físico y emocional sufrido durante un largo período de tiempo, por la prestación ininterrumpida de una función pública que envuelve un peligro inminente. Pero no se trata de reconocer privilegios o prerrogativas que desborden el contenido prestacional de la garantía a la seguridad social, es decir, la regulación especial que para el efecto establezca, debe enmarcarse dentro del fin constitucional que cumplen los preceptos superiores que la autorizan (C.P., arts. 150, num. 19, lit. e) y 217 y 218), y, además, debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa”(26).

Por efecto de lo que se deja visto, ha entendido esta corporación que la indemnización a forfait es un tipo de prestación social especial, de carácter laboral, “que se aplica en favor de los miembros de la fuerza pública cuando les sobrevienen graves lesiones o muerte con ocasión del cumplimiento de los actos de servicio, en otras palabras, cuando el acto lesivo ha tenido lugar en razón a los riesgos ordinarios que la función implica(27).

En ese orden de ideas, la indemnización a forfait no se corresponde con una indemnización de perjuicios propiamente dicha en tanto su procedencia tiene lugar por mandato de la ley, sin que resulte relevante la existencia de una conducta irregular o reprochable de la administración, sino que solo exige la existencia de una relación laboral de tipo especial. Al respecto es preciso traer a colación la posición de la corporación sobre la materia al discurrir de la manera que sigue:

“De suyo, la relación laboral engendra una serie de derechos autónomos, independiente de que el funcionario o sus causahabientes, herederos o beneficiarios, según el caso, puedan invocar una indemnización plena y ordinaria de perjuicios en caso de lesión invalidante o de muerte; máxime cuando este resarcimiento pecuniario nada tiene que ver con esa prestación de servicios subordinados. […] O sea, que a través de ese reconocimiento no se le está otorgando ninguna indemnización a esas personas, sino simplemente pagándoles unas prestaciones sociales a las que tienen vocación por razón del nexo laboral de su causante. En cambio, la indemnización de perjuicios que se les reconoció separadamente en el proceso citado, tiene su origen y fundamento en la falla de servicio que produjo la muerte del agente. O sea, que en el primer supuesto la obligación deviene de la ley y se sustenta en la relación laboral del causante; en el segundo, nace la responsabilidad que le compete a la administración pública en la muerte de aquel, por una falla del servicio. En ese orden de ideas, no es dable el descuento impetrado por la entidad recurrente”(28).

Así las cosas, de fuerza resulta concluir que fue acertado el razonamiento del tribunal a quo al no ordenar el descuento de las sumas prestacionales reconocidas a la madre de John Jairo Aramendis, razón por la cual, en lo que a este aspecto refiere, debe confirmarse la sentencia de instancia.

6. Reconocimiento de perjuicios morales para familiares “de crianza”. El reconocimiento de perjuicios se deriva de la calidad de “damnificado” con el hecho dañoso. El parentesco sólo resulta ser un elemento importante para presumir la existencia de una relación familiar.

El Ministerio de Defensa a lo largo del proceso ha cuestionado el derecho a recibir indemnización de los demandantes Luis Ernesto Martínez Pava, Heblin Adriana Martínez Sandoval, Myriam Amparo Martínez Sandoval y Alfonso Chacón Aramendis, al considerar que no existen lazos de parentesco, ni de afecto, que los relacionen con la víctima John Aramendis.

Como base de tal afirmación, la demandada explicó que en el expediente prestacional ante ella adelantado con el fin de reconocer los derechos que por ley le asistían a los familiares de John Jairo Aramendis, únicamente compareció la señora Clarivel Aramendis quien allegó dos declaraciones extraprocesales, rendidas por Heblin Adriana Martínez Sandoval —hoy demandante— y la señora Rosa Mercedes Sepúlveda en las cuales se indicó que el fallecido era hijo único, razón por la cual no tenía hermanos, así como que tampoco se había casado, ni convivía en unión marital de hecho con ninguna persona, ni tampoco tenía hijos.

Ha de señalar la Sala que las declaraciones extra proceso en las cuales basó su oposición la parte demandada no son susceptibles de ser valoradas en este juicio por cuanto no fueron objeto de la ratificación que exige la ley procesal y, en el caso de poder serlo, de ellas no se desprendería cosa distinta a que el joven soldado Aramendis no tenía hermanos biológicos y que, a la fecha de su fallecimiento, aún se encontraba atando al núcleo familiar materno.

Analizado el conjunto de las pruebas debidamente recaudadas, encuentra la Sala que existen elementos que indican con claridad que la víctima vivía con su familia “de crianza”. En ese sentido aparecen los testimonios de los señores Rosa Mercedes Parra Sepúlveda, Ricardo Acosta Ramos, Miguel Ángel Caicedo Pedroza, Amanda Pedroza Sánchez, José Henio Pedroza Villanueva y Jorge Alirio Zambrano Barrera, quienes en forma unánime y consistente explicaron que el joven John Jairo Aramendis, antes de ingresar a prestar el servicio militar, vivía con su señora madre, Clarivel Aramendis, el compañero permanente de ésta, señor Luis Ernesto Martínez Pava, las hijas de éste, Heblin Adriana Martínez Sandoval y Myriam Amparo Martínez Sandoval y con su tío Alfonso Chacón Aramendis. De igual manera, los declarantes afirmaron que entre las personas atrás anotadas existían fuertes relaciones de cariño y afecto con el occiso, y que se vieron fuertemente afectados con su muerte.

La Sala en esta oportunidad reiterara su jurisprudencia en el sentido de indicar que el reconocimiento de perjuicios se desprende de la condición personal de damnificado con el daño sufrido, y que el parentesco resulta ser tan sólo un elemento probatorio que indica la existencia de una relación familiar consolidada. Este aspecto fue precisado por la Sección en sentencia proferida el 1º de noviembre de 1991, así:

“Ha dicho la jurisprudencia, en forma reiterada, que en estos procesos de responsabilidad la indemnización de perjuicios la piden o solicitan los damnificados de la persona fallecida o herida por causa de la falla del servicio, no en su carácter de herederos de ésta, sino por el perjuicio que les causó esa muerte o esas lesiones, con prescindencia del mismo vínculo parental que gobierna el régimen sucesoral. En otras palabras, la parte demanda porque fue damnificada y no porque es heredera.

“Tan cierto es esto que con alguna frecuencia se niega en estos procesos indemnización al padre, al cónyuge, a los hijos o hermanos, pese a la demostración del parentesco, porque por otros medios se acredita que no sufrieron daño alguno. El caso, por ejemplo, del padre o madre que abandona a sus hijos desde chicos; o del hijo que abandona a sus padres estando estos enfermos o en condiciones de no subsistir por sus propios medios.

“En otros términos, lo que se debe probar siempre es el hecho de ser damnificada la persona (porque el hecho perjudicial afectó sus condiciones normales de subsistencia, bien en su esfera patrimonial o moral) y no su carácter de heredera.

“El equívoco se creó cuando la jurisprudencia aceptó, para facilitar un tanto las cosas, que el interés de la persona damnificada resultaba demostrado con la prueba del vínculo de parentesco existente entre la víctima y el presunto damnificado.

“Esta idea, de por sí bastante clara, creó el equívoco, hasta el punto de que se confundió el interés del damnificado con el del heredero.

“Lo anterior hizo que los demandantes se contentaran simplemente con acompañar al proceso las pruebas del parentesco. Y esto, en la mayoría de los casos es suficiente porque la jurisprudencia, por contera, terminó aceptando la presunción de hombre o judicial de que entre padres e hijos o cónyuges entre sí se presume el perjuicio por el sólo hecho del parentesco.

“Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acreditó bien el interés en la pretensión”(29).

Así las cosas, la valoración probatoria que debe hacer el juez para acceder al reconocimiento de los perjuicios morales no puede entenderse en forma alguna como una simple verificación de la relación de parentesco de los demandantes, sino que es deber del fallador hacer acopio de todos los elementos probatorios obrantes de manera que verifique la existencia de criterios o referentes objetivos para su cuantificación tales como: “las características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado…”(30).

En este punto debe precisar la Sala que la naturaleza de la institución familiar adoptada por la Constitución de 1991 va más allá de los lazos sanguíneos y matrimoniales y colocó en condiciones de igualdad a aquellos núcleos de personas en los cuales el vínculo familiar se ha construido sobre una relación de cercanía basada en los valores como el amor, la solidaridad y el afecto, siendo éstas las características que deben ser valoradas por el fallador al momento de decidir.

Descendiendo los anteriores lineamientos al caso concreto, se observa que si bien los declarantes no fueron prolijos en sus explicaciones, lo cierto es que explicaron con claridad que Luis Ernesto Martínez Pava ejerció como padre de crianza de John Jairo Aramendis y que siempre le dio el trato “propio de un hijo” e igualmente señalaron que entre Heblin Adriana Martínez Sandoval, Myriam Amparo Martínez Sandoval y el joven John Jairo Aramendis existían lazos de fraternidad y cordialidad bastante arraigados, profundos(31) al punto que su muerte les causó gran tristeza y congoja.

En cuanto a la situación del señor Alfonso Chacón Aramendis, se tiene que si bien aparece probada la calidad de tío materno del fallecido(32), los declarantes en el proceso tan sólo indicaron que habitaba la misma casa de los demás demandantes, aspectos que resultan insuficientes para determinar que también tuvo una afectación moral con la muerte de John Jairo Aramendis.

Por tanto, estando probado como está, la relación afectiva del señor John Jairo Aramendis con los demandantes dentro del presente proceso —excepto Alfonso Chacón Aramendis— encuentra la Sala que no fue acertada la posición del tribunal en cuanto negó estos pedimentos, razón por la cual, resultan de recibo los motivos de inconformidad planteados por la parte actora en su alzada y, en consecuencia, se impone modificación de la sentencia impugnada, en lo que refiere a estos demandantes, y, en su lugar, se procederá a reconocer la suma de 100 salarios mínimos, a favor del señor Luis Ernesto Martínez Pava, padre “de crianza” de la víctima y 50 salarios mínimos, a favor de Heblin Adriana Martínez Sandoval y Myriam Amparo Martínez Sandoval “hermanas de crianza”.

7. Actualización de la condena.

Finalmente es del caso realizar la actualización de la condena por lucro cesante reconocida en primera instancia para lo cual se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

 

s1998-01390p23.JPG
 

En donde:

Ra: Valor actualizado a obtener

Rh: Valor reconocido por la sentencia

Ipc (f): Último índice de precios conocido (ene. 2013)

Ipc (i): Índice de precios a la fecha de la sentencia

Fecha de la sentencia de primera instancia: Febrero de 2004.

 

s1998-01390p23-1.JPG
 

Ra= 20.426.642,96

8. Costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el día 10 de febrero de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, la cual quedará de la siguiente manera:

“PRIMERO. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa por los perjuicios sufridos por la parte actora con ocasión de la muerte de John Jairo Aramendis acaecida el día 17 de marzo de 1998.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa al pago de los siguientes valores:

A) Por concepto de perjuicios morales a favor de Clarivel Aramendis y Luis Hernando Martínez Pava, el equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales para cada uno; para Heblin Adriana Martínez Sandoval y Myriam Amparo Martínez Sandoval el equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales para cada una.

B) Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de Clarivel Aramendis, la suma de veinte millones cuatrocientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y dos pesos con noventa y seis centavos. ($ 20.426.642,96).

TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

QUINTO: No hay lugar a condena en costas.

SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese y devuélvase.»

(15) Folio 41 reverso, cdno. ppal.

(16) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” (resaltado adicional). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

(17) En este mismo sentido consultar, entre otras sentencias, las proferidas el 14 de septiembre de 2011, expediente 21.329, el 26 de enero de 2011, expediente 20.955 y el 23 de abril de 2009, expediente 17160, todas con ponencia del magistrado, doctor Mauricio Fajardo Gómez.

(18) Folios 1-3, cdno. de pruebas.

(19) Folios 58-59, cdno. ppal.

(20) Cuaderno 3.

(21) Folios 80-94, cdno. ppal.

(22) Folios 99-170, cdno de pruebas.

(23) Folios 195-213, cdno de pruebas.

(24) Folio 202, cdno de pruebas 2.

(25) Folios 210-211, cdno de pruebas.

(26) Corte Constitucional, Sentencia C-432 de 2004, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.

(27) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de julio 7 de 2011. C.P. Jaime Orlando Santofimio.

(28) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 7 de febrero de 1995, C.P. Dr. Carlos Orjuela Góngora. Radicado S-247. En el mismo sentido: “Si un agente del Estado con causa y por razón del ejercicio y por los riesgos inherentes a éste sufre accidente y sobrevive tiene derecho a las prestaciones laborales predeterminadas en la legislación laboral; pero si fallece son sus beneficiarios los que tienen el derecho a esas prestaciones. Este tipo de responsabilidad ha sido denominado “A forfait”. Pero, si el agente del Estado sufre un accidente por la conducta falente o culposa de la misma persona que es su patrono pero en “forma independiente a la prestación ordinaria o normal del servicio” y/o “por fallas del servicio ajenas al trabajo profesional propio del agente” tiene derecho a solicitar la declaratoria de responsabilidad del Estado, por medio de la acción respectiva…”. Sentencia de 7 de agosto de 2000, C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez. Radicado 12544.

(29) Expediente 6469; actor: Ferney Londoño Gaviria y otros, criterio que fue igualmente reiterado en sentencia de 24 de mayo de 2001, expediente 12.819, C.P. Dra. María Elena Giraldo.

(30) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 23 de agosto de 2012, C.P. Hernán Andrade Rincón, expediente 24392.

(31) Folios 80-94, cdno. ppal.

(32) Folios 4-10, cdno. de pruebas.