Sentencia 1998-01406 de abril 1º de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá, D.C, primero (1º) de abril del dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 08001-23-31-000-1998-01406-02 (34.050)

Actor: Nación – Ministerio de Minas y Energía

Demandado: Electrificadora del Atlántico – Termo Río

Proceso: Acción contractual

Asunto: Recurso de apelación

Contenido: Falta de legitimación en la causa para demandar la nulidad de un contrato estatal. Nulidad de los contratos estatales. Cláusula compromisoria y su carácter interpartes.

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES

Para resolver lo pertinente, la Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por la parte actora, precisará el alcance de algunos los conceptos adoptados por el a quo como ratio decidendi para sustentar su decisión, junto a otros que la Sala estima necesarios para la decisión que habrá de tomarse, así: (1) La nulidad de los contratos estatales, (2) La cláusula compromisoria y su carácter interpartes. (3) Análisis del caso concreto. 3.1 La vinculatoriedad de la cláusula compromisoria a terceros. 3.2 Falta de legitimación para demandar la nulidad del contrato

1. La nulidad de los contratos estatales.

El artículo 44 de la Ley 80 de 1993 dispone que el contrato estatal es absolutamente nulo por las mismas causas que se prevén en el derecho común y, en especial entre otros eventos, cuando se celebre contra expresa prohibición legal o constitucional(3) o con abuso o desviación de poder.(4)

Para que se configure la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, esto es que el contrato se celebre contra expresa prohibición legal o constitucional es menester que haya una violación al régimen de prohibiciones y que esa prohibición sea explícita,(5) razón por la cual no toda transgresión a una prohibición conduce a estructurar esta precisa causal aunque por supuesto habrá de configurar otra.

En este orden de ideas, si se desacata una prohibición genérica o una prohibición implícita del estatuto contractual, el contrato será absolutamente nulo por violar el régimen legal pero la causal no será la enlistada en el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 sino una diferente según el caso.

En consecuencia, cuando la ley de contratación estatal dispone que debe observarse el principio de planeación, la elusión de este mandato comporta una transgresión al orden legal que conduce a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto porque de acuerdo con el derecho común esto es lo que se configura en todo acto que contraviene al derecho público.

La nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no es susceptible de ser ratificada por las partes.(6)

La posibilidad de decretar oficiosamente la nulidad, si está plenamente demostrada y en el proceso están presentes todas las partes que celebraron el contrato nulo, es reiterada por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo en la nueva redacción que le dio el artículo 32 de la Ley 446 de 1998.

De otra parte, el estatuto contractual prevé la posibilidad de que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo pueda demandar la nulidad absoluta del contrato, en los términos previstos por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. Sobre esta última posibilidad la Corte Constitucional ha dicho:

“Bien puede el legislador, en ejercicio de sus competencias constitucionales, restringir esta acción a las partes, sus causahabientes, al ministerio público y al tercero que acredite un interés directo en el contrato, pues, si bien es cierto que la Constitución Política concede a todo ciudadano el derecho de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley (art. 40-6, C.P.), no lo es menos que el carácter público o popular de la acción de nulidad absoluta de los contratos estatales no deriva de la Carta Política. Entiende la Corte que "el interés directo" connota la legitimación que puede derivarse del hecho o circunstancia que lo vincula a la necesidad, no de promover un proceso para definir lo relativo a la nulidad, sino para intervenir en el mismo en razón de que las resultas pueden incidir, repercutir o afectar en cualquier forma o modo su situación e intereses, o el goce o efectividad de sus derechos —no sólo económicamente—. Es obvio que dicho interés directo radica esencialmente en quienes intervinieron en el proceso licitatorio. Empero, no puede considerarse que el interés directo se circunscriba a esta sola circunstancia de representar un interés meramente patrimonial y exclusivo, porque, repárese bien, en que al demandarse la nulidad se protege igualmente el interés general”. 

“La restricción de la titularidad de la acción de nulidad absoluta de los contratos estatales a los terceros que demuestren un interés directo en el contrato, cumple una finalidad constitucionalmente relevante, en tanto cierra la posibilidad de que la acción pueda emplearse con intereses y finalidades ajenas a las que inspiraron su consagración legal. Se trata de un requisito razonable y proporcional que propende por hacer efectivo el derecho que tienen las partes del contrato a obtener una decisión definitiva de parte del juez contencioso; busca evitar que la acción se emplee con propósitos dilatorios o distintos de los que inspiran la acción de nulidad absoluta del contrato estatal y apunta a hacer efectivos varios principios de la administración de justicia. Por todo ello, esta Corte estima que antes que violar la Carta, el legislador al expedir el precepto acusado, le ha dado cabal desarrollo a sus preceptos”(7).

2. La cláusula compromisoria y su carácter interpartes.

La cláusula compromisoria, como es bien sabido, es una especie del género pacto arbitral, consistente en que las partes que celebran un contrato, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, disponen que los eventuales litigios que se presenten en el desarrollo de ese contrato serán conocidos por particulares investidos de jurisdicción.

Esto hace que la cláusula compromisoria tenga una fuerza vinculante restringida a las partes que la suscriben, pues no podrían éstas obligar a terceros, que eventualmente acreditaran un interés para demandar el contrato, a constituir un tribunal de arbitramento para el efecto.

Lo anterior es cierto, pese a la existencia del artículo 30A del estatuto arbitral vigente para la fecha en que se celebró el contrato objeto del sub judice, en el que se dispone:

“La intervención de terceros en el proceso arbitral se someterá las normas que regulen la materia en el Código de Procedimiento Civil. Los árbitros fijarán la cantidad a cargo del tercero por concepto de honorarios y gastos del tribunal, mediante providencia susceptible del recurso de reposición, la cual deberá ser consignada dentro de los diez días siguientes. Si el tercero no consigna oportunamente el proceso continuará y se decidirá sin su intervención”. 

A propósito de esta norma la doctrina nacional ha manifestado que:

“No queda duda alguna que al ser regulada de manera expresa en norma separada la intervención de terceros, ahora se permite la presencia de ellos dentro el proceso arbitral, es decir queda abierta la posibilidad de intervención de personas a quienes se denuncia el pleito o llama en garantía, terceros excluyentes, y coadyuvantes, que son en esencia las que tienen esta calidad dentro de los procesos civiles de contenido declarativo, como lo es el proceso arbitral”(8).

Obsérvese que en el momento en que se celebró el presente contrato, regía el código de procedimiento civil y con base en dicha codificación tenían condición de terceros el llamado en garantía y el tercero excluyente; pues estos ahora con las disposiciones del Código General del Proceso tienen la categoría de partes.

Es claro que las normas aplicables al sub judice son las de la época de suscripción del contrato celebrado entre Electranta y Termo Río, es decir el código de procedimiento civil. En este orden de ideas Sala precisa que el hecho que se permita la intervención de terceros en el proceso arbitral, supone la existencia de dicho procedimiento en el cual podrían intervenir los terceros; pero de ninguna manera significa que personas ajenas al contrato puedan utilizar la cláusula arbitral para conforma el tribunal de arbitramento, pues esta facultad solo la tienen las partes que han celebrado el contrato que contiene la cláusula compromisoria.

Bajo las anteriores premisas, se ocupa ahora la Sala del:

3. Análisis del caso concreto.

3.1. Vigencia y vinculatoriedad de la cláusula compromisoria.

Para efectos de analizar el caso concreto en primer lugar la Sala analiza el argumento expuesto por el tribunal en el fallo de primera instancia, según el cual la cláusula compromisoria original del contrato, cobró vigencia, después de que el otro sí que la reformó fue anulado por El Consejo de Estado; en segundo lugar se examinara si puede imponerse a un tercero el deber de iniciar un proceso arbitral en el que no ha sido parte, so pretexto que pueda tener interés directo en la nulidad del contrato.

Sobre el primero de los citados aspectos, observa la Sala que erró el tribunal, puesto que el “otro sí” que suscribieron las partes, en el que estipularon que el tribunal arbitral debía regirse por el reglamento de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional; por oposición a lo que habían estipulado originalmente en el momento de suscribir el contrato, constituyó una manifestación de la voluntad de la partes que no quedó condicionada, de manera que al desparecer tal cláusula como consecuencia de su nulidad, declarada por esta corporación, el contrato quedó sin cláusula compromisoria.

En efecto en el contrato de suministro de energía AL-019/97 Sección 15.1 que regulaba el arbitramento se dispuso:

“Cualquier controversia o diferencia que ocurra entre las partes, relacionada con la celebración, interpretación, ejecución o liquidación del presente contrato, será resuelta mediante los mecanismos de conciliación, amigable composición o transacción, en un plazo no mayor de tres semanas. Si no se obtiene un acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir a un tribunal de arbitramento de acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones contenidas en los decretos 2279 de 1989 y 2651 de 1991 y con la Ley 23 de 1991 y demás normas que las modifiquen o reemplacen. El tribunal tendrá su sede en la ciudad de Barranquilla, y estará integrado por tres árbitros colombianos, abogados titulados que fallarán en derecho. Los árbitros serán designados por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla (...) El fallo, que será obligatorio para las partes, deberá producirse en un término máximo de tres meses”.

A su turno, en el otrosí Nº 1, se dispuso que la cláusula compromisoria, quedaría así:

“Cualquier controversia o diferencia que ocurra entre las partes, relacionada con la celebración, interpretación, ejecución o liquidación del presente contrato, será resuelta mediante los mecanismos de conciliación, amigable composición o transacción, en un plazo no mayor de tres semanas. Si no se obtiene un acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir a un tribunal de arbitramento el cual se regirá de conformidad con el reglamento de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio internacional. El Tribunal tendrá tres miembros designados por dicha cámara, y su sede será en la ciudad de Barranquilla. El fallo, que será obligatorio para las partes, deberá producirse en un término máximo de tres meses”. [Subrayado de la Sala para identificar los cambios de la cláusula arbitral].

Como se determinó en precedencia, esta segunda cláusula fue declarada nula por el Consejo de Estado mediante sentencia de 1º de agosto de 2002. En consecuencia, el contrato dejó de tener una cláusula compromisoria, toda vez que la voluntad de las partes había sido que el Tribunal de arbitramento se rigiera por un reglamento internacional; el hecho que dicha cláusula haya sido declarada nula, no hace revivir la cláusula original, pues ello implicaría que el juez pudiese suplir la autonomía privada de los sujetos que celebraron del contrato.

Aunque eso sería suficiente para revocar la decisión del a quo, si en gracia de discusión la Sala admitiera que con la declaratoria de nulidad del “otro si”, recobró vigencia la cláusula compromisoria original; tampoco en ese evento sería procedente declarar la excepción de cláusula compromisoria como lo hizo el a quo, como quiera que dicha cláusula únicamente vincula a los sujetos que la suscribieron, en este caso a Electranta y a Termo Río; por tanto el Ministerio de Minas y Energía no está legitimado para iniciar un proceso arbitral, como se ordenó en el fallo que aquí se revisa, pues esta entidad no fue parte dentro del contrato y por lo mismo es ajena a la cláusula compromisoria. Lo máximo que podría hacer tal ministerio, es a presentarse como tercero en ese hipotético proceso arbitral, lo cual supone que las partes que suscribieron la cláusula le dieran inicio al mismo.

Lo expuesto hasta aquí, permite a la Sala revocar la decisión de primera instancia; en consecuencia la Sala se ocupa de verificar si existe legitimación en la causa por activa por parte del Ministerio de Minas y Energía para pretender ante la jurisdicción la nulidad del contrato, y solo si se encuentra dicha legitimación, se ocupará del fondo del asunto.

3.2. Legitimación del Ministerio de Minas y Energía para pretender la nulidad del contrato.

El artículo 45 de la Ley 80 de 1993, modificado por la el artículo 32 de la ley 446 de 1998, dispone que cualquier particular que acredite un interés directo podrá demandar la nulidad de un contrato estatal. A este respecto, en el auto proferido por el Consejo de Estado en el que se determinó que la competencia para conocer de este asunto le correspondía a la jurisdicción contencioso administrativa, pese a que tal providencia en nada se refería a la legitimación en la causa, se afirmó:

“Se indica en la demanda que “es claro, ... que el señor Ministro de Minas y Energía, que ejerce la tutela y el control administrativo sobre la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica Corelca (D. 2119/92), que a su vez, ejerce la tutela administrativa, técnica y financiera de Electranta, en coordinación con la política general del Gobierno Nacional (art. 60 de los estatutos de Electranta), tiene interés jurídico para demandar la declaración de nulidad absoluta del contrato de suministros de energía de que se trata, no sólo en razón de la tutela, sino porque Corelca, empresa industrial y comercial del Estado, es titular del 88,25% de las acciones de Electranta” (fl. 22 cdno. 1). 

Por su parte, en el recurso de reposición se afirma que “la Nación era socia mayoritaria de Electranta”, controlada por Corelca y ésta a la vez por la Nación Ministerio de Minas y Energía, razón por la cual al demandar la nulidad del contrato que celebró Electranta, no hace otra cosa que defender sus intereses “vale decir, los de la comunidad”, ya que “la nulidad cuya declaración se pretende, interesa directamente a la Nación y que ésta al pedirla, cumple la función prevista en la Constitución y en las leyes, de regular y controlar y vigilar los servicios públicos, en este caso, el de energía eléctrica, a más de pretender la salvaguarda de los intereses económicos de la propia Nación, derivados de su participación accionaria mayoritaria en Electranta” (fl. 306 cdno. 1). 

Para la fecha de presentación de la demanda (4 de agosto de 1998) por parte de la Nación – Ministerio de Minas y Energía – la Electrificadora del Atlántico empresa de servicios públicos, ya estaba intervenida por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios (Res. 00172 del 17 de marzo de 1998), pero no se había ordenado su liquidación, lo cual ocurrió por orden de la Resolución 0720 de 19 de enero de 1999. 

El interés directo de la Nación además de su participación mayoritaria e intervención en las empresas de servicios públicos en proceso de liquidación o transformación —Corelca y Electranta— deviene de la tutela administrativa que ejerce sobre ellas”. 

Al respecto, la Sala se aparta de esta manifestación hecha el 8 de febrero de 2001 por la Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, en providencia que se ocupaba de determinar si era procedente la admisión de la demanda por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Precisa la Sala que una cosa es la competencia de los jueces integrantes de esta jurisdicción para conocer del presente asunto; y otra muy diversa, que por demás no se debatía en aquél momento procesal, es la relativa a la legitimación del ministerio para demandar la nulidad del contrato.

Debe señalarse que revisada con detenimiento la demanda, se observa con absoluta claridad que, contrariamente a lo afirmado por la Sección Tercera en su decisión del 8 de febrero de 2001, el ministerio carece de un interés directo para demandar la nulidad del contrato.

En efecto, se sostiene en la demanda, en primer lugar, que el contrato debe ser declarado nulo por cuanto se vulneró la igualdad entre los proponentes, que a su vez garantizaba la libre competencia que debe regir el mercado de la energía. Son diversos los hechos en que se hacen consistir tal desigualdad, a saber: 1. La nulidad por vulneración a la igualdad de condiciones entre proponentes. Por: i) lo dispuesto acerca de los ajustes de ley. ii) El reparto de beneficios. iii) El precio de la oferta parcial de energía. iv) La necesidad de presentar una certificación de haber entregado la totalidad de la energía.

Por otra parte, en segundo lugar, se arguye que la nulidad también debe ser declarado por el límite impuesto a las ofertas parciales; por la por omisión de las convocatorias públicas para la adquisición de más energía, toda vez que se previó que la misma se contrataría con Termo Río; y finalmente, por la negativa del administrador de intercambios comerciales —SIC— a registrar el contrato.

Observa la Sala que respecto ninguno de estos motivos el Ministerio de Minas y Energía detenta un interés directo, puesto que en lo que se refiere a la igualdad de las condiciones de los proponentes, es a uno de ellos a quien le hubiese correspondido alegar dicha nulidad; lo mismo ocurre en cuanto atañe en la supuesta nulidad por las ofertas parciales de energía y por las convocatorias públicas.

No puede sostenerse que ese interés directo se deriva de la condición de socio de Corelca en un porcentaje mayoritario de empresa Electranta, pues, en ese caso sería aquella persona jurídica quien estaría eventualmente legitimada para demandar la nulidad del contrato; tampoco puede derivarse un interés directo de la entidad actora por el estado de liquidación en que se encuentra Electranta, pues en ese caso el interés directo lo tendría la entidad pública encarga de tal liquidación; no el Ministerio, como equivocadamente lo manifestó la Sección Tercera en la providencia del 8 de febrero de 2001, ya citada.

Así las cosas, como lo ha sostenido esta misma Sección, en forma reiterada, “los errores que comete el juez durante el curso de un proceso no lo atan y, por tanto, él puede y debe efectuar la corrección de los mismos, de manera oficiosa, en cuanto advierta su existencia”(9).

Al respecto, se ha considerado:

“Así las cosas, dado que se encuentra que la decisión aludida, fechada en agosto 30 de 2007 en realidad no se ajusta a las previsiones legales que regulan la materia atinente a las prelaciones para fallo, la Sala estima necesario y procedente revocarla, teniendo en cuenta para ello variados e importantes antecedentes en los cuales se ha concluido que los errores que comete el juez durante el curso de un proceso no lo atan y, por tanto, él puede y debe efectuar la corrección de los mismos, de manera oficiosa, en cuanto advierta su existencia. 

Así se pronunció la Sala en el auto de julio 13 de 2000, expediente 17.583, con ponencia de la consejera María Elena Giraldo Gómez: 

‘Varias han sido las manifestaciones de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sobre que “el auto ilegal no vincula al juez”; se ha dicho que: 

• que la actuación irregular del juez, en un proceso, no puede atarlo en el mismo para que siga cometiendo errores, porque lo interlocutorio no puede prevalecer sobre lo definitivo(10); 

• que el error inicial, en un proceso, no puede ser fuente de errores(11). 

La Sala es del criterio que los autos ejecutoriados que se enmarcan en la evidente o palmaria ilegalidad, en este caso por ausencia de requisitos para declarar la existencia de título ejecutivo, al no constituir ley del proceso en virtud de que no hacen tránsito a cosa juzgada, por su propia naturaleza de autos y no de sentencias, no deben mantenerse en el ordenamiento jurídico. 

Y afirma de esa manera, porque con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 la calificación de la República como un Estado de derecho con justicia social tiene implicaciones, entre otros, en la administración de justicia. 

No es concebible que frente a un error judicial ostensible dentro de un proceso, no constitutivo de causal de nulidad procesal ni alegado por las partes, el juez del mismo proceso, a quo o su superior, no pueda enmendarlo de oficio’. 

En sentido similar pueden consultarse, entre otras providencias judiciales de importancia dictadas por esta misma Sala, el Auto de mayo 10 de 1994, expediente 8237, M.P. Dr. Carlos Betancur Jaramillo y el Auto de octubre 8 de 1987, expediente Nº 4687, M.P. Dr. Antonio José de Irisarri Restrepo, así como también la providencia de marzo 23 de 1981, dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Humberto Murcia Ballén”(12). (Negrillas del original).

Ahora bien, en cuanto concierne a las otras pretensiones principales adicionadas en la corrección de la demanda, esto es la pretendida nulidad del otro sí suscrito entre Electranta y Termo Río y la nulidad de la cláusula compromisoria establecida en ese mismo otro sí, la Sala se pronunciará individualmente así. Respecto de la primera de estas pretensiones, son válidos los argumentos expuestos para negar la pretensión de nulidad del contrato; y en lo que concierne a la cláusula compromisoria, obra prueba en el expediente que la misma fue declarada nula por la Sección Tercera de esta corporación mediante sentencia del primero de agosto del 2002, por lo tanto respecto de ésta habrá de declarar probada la excepción de cosa juzgada.

Así las cosas, como aparece de manera evidente que el Ministerio de Minas carece de un interés directo para demandar la nulidad del contrato celebrado entre Electranta y Termo Río, habrá lugar a declarar oficiosamente la excepción de falta de legitimación de la parte actora y en consecuencia revocar la decisión del tribunal.

En cuanto concierne a las pretensiones subsidiarias de inexistencia del contrato y de inoponibilidad del “otro sí” Nº 1 del 15 de enero de 1998, es palmario que el Ministerio de Minas y Energía también carece de legitimación para incoarlas, pues para estas pretensiones ni siquiera el interés directo de un tercero le permite presentar la demanda, sino que es una atribución que corresponde de manera exclusiva a las partes que celebraron el contrato.

Por último, la Sala no encuentra en las pruebas aportadas al proceso, una causal de nulidad absoluta de las previstas por el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, que le permita declarar oficiosamente la nulidad del referido contrato, en los términos dispuestos por el artículo 45 de la misma legislación.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

REVÓCASE la sentencia del 16 de noviembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y en su lugar se dispone.

1. DECLÁRESE DE OFICIO la excepción de falta de legitimación en la causa por activa del Ministerio de Minas y Energía, para pretender la nulidad y la inexistencia del contrato celebrado entre Electranta y Termo Río; así como la misma falta de legitimación para pretender la nulidad y la inoponibilidad del “otro sí” celebrado entre dichas entidades el 15 de enero de 1998; ello conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DECLÁRESE DE OFICIO, la excepción de cosa juzgada, respecto de la pretensión de nulidad de la cláusula compromisoria prevista en el “otro sí” suscrito el 15 de enero de 1998, entre Electranta y Termo Río, puesto que tal nulidad ya fue declarada por esta corporación el 1º de agosto de 2002.

3. Como consecuencia de las dos declaraciones anteriores, NIÉGANSE todas las pretensiones de la demanda.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese.

Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente—Olga Valle de De La Hoz—Guillermo Sánchez Luque, impedido.

3 Numeral 2º.

4 Numeral 3º.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2007, Exp. 15324.

6 Artículo 45 de la Ley 80 de 1993.

7 Corte Constitucional Sentencia, C-221 de 1999.

8 Hernán Fabio López Blanco. Procedimiento Civil, Tomo 2, Novena Edición, Bogotá, 2009, pág. 214 y ss.

9 Auto de 18 de octubre de 2007, Exp. 28.131.

10 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 23 de marzo de 1981. Sala de Casación Civil. Reitera lo dicho en otras providencias, que pueden verse en la Gaceta Judicial LXX, 2; LXXVII, 51 y XC 330. Proceso Enrique A. Fuentes contra Herederos de José Galo Alzamora.

11 Corte Suprema de justicia. Sala de Casación Civil. Auto de febrero 4 de 1981. Proceso abreviado suscitado por Juan de la Cruz Acevedo contra Magnolia Rosa Gómez. Consejo de Estado. Sección Tercera. Autos: a) de 8 de octubre de 1987. Exp. 4686. Actor: Sociedad Blanco y Cía. Ltda. Demandado: Municipio de Funza. b) de 10 de mayo de 1994. Exp. 8.237. Actor: Comunidad Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento.

12 Auto de 18 de octubre de 2007, Exp. 28.131.