Sentencia 1998-01423 de marzo 14 de 2013

 

Sentencia 1998-01423 de marzo 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Expediente: 76001-23-31-000-1998-01423-01 (26.003)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Carlos Cortés Colina

Demandado: Nación - Ministerio del Interior

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., catorce 14 de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 18 de julio de 2003, por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.

1. Competencia.

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 18.850.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 24.000.000, solicitada por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

2. La legitimación en la causa.

Habida cuenta que el señor Carlos Cortés Colina pretende el resarcimiento del daño que asegura haber sufrido con ocasión de la incineración de la buseta de servicio público, de placas VBB 295, en un ataque guerrillero ocurrido el 23 de septiembre de 1996, dirigido en contra de la empresa “Transur”, del municipio de Jamundí, es deber de la Sala determinar si la parte accionante está legitimada para actuar y si la entidad demandada es la llamada a responder por aquella.

La legitimación en la causa es un elemento sustancial que corresponde a la calidad o al derecho que tiene una persona para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda, como sujeto de la relación jurídica sustancial; de esta manera, la parte demandante tiene la posibilidad de reclamar el derecho invocado en la demanda —legitimación por activa— frente a quien fue demandado —legitimación por pasiva—. En ese sentido, se entiende que la primera (la legitimación por activa) es la identidad que tiene el demandante con el titular del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación por pasiva) es la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado; así las cosas, ante la falta de prueba sobre alguno de tales presupuestos, habrá lugar, indefectiblemente, a negar las pretensiones de la demanda.

Sea lo primero advertir que, en tratándose de un automotor destinado al servicio de transporte público, la compra y la venta del mismo constituyen actos de comercio y su tradición, según la ley mercantil, se realiza con la inscripción del título en la oficina correspondiente. Al respecto, el numeral 18 del artículo 20 del Código de Comercio establece que “Son mercantiles para todos los efectos legales: (…) Las empresas de (…) compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios”; por su parte, el artículo 922 del mismo estatuto señala que la tradición de vehículos automotores se realiza con la inscripción del título ante la autoridad competente, la cual, según el Decreto 1344 de 1970(1), modificado por el Decreto 1809 de 1990(2), era la oficina de tránsito correspondiente.

Esta última disposición fue reiterada en la Ley 769 de 2002(3), por cuanto el artículo 47(4) exigió como requisito para la tradición de automotores, en materia civil y en materia mercantil, además de la entrega material del bien, la inscripción del negocio jurídico correspondiente en el registro nacional automotor; así las cosas, la tradición de vehículos automotores y, por ende, la constitución del derecho de dominio sobre el bien, solo se entienden surtidas con la entrega material del mismo y con la inscripción del respectivo título en la mencionada oficina.

Y es que así lo ha sostenido esta corporación a través de numerosos pronunciamientos, en los que ha señalado que la calidad de propietario, usufructuario, acreedor pignoraticio u otro título de derecho real respecto de un vehículo automotor, solamente puede probarse con la acreditación del negocio jurídico (título) y la tradición (modo) del mismo(5). Así las cosas, comoquiera que el vehículo que, según la demanda, era del señor Carlos Cortés Colina, estaba destinado a la prestación del servicio público de transporte, se tiene que su adquisición debió constituir un acto de comercio y, por tanto, la cesión de su derecho de dominio debió ser registrada en la oficina de tránsito correspondiente, en los términos atrás expuestos(6).

Al respecto, encuentra la Sala que, con el fin de probar la propiedad sobre el bien afectado y el detrimento patrimonial causado, la parte demandante aportó constancia de la compañía de transportes automotores Santa Rosa Robles — Transur S.A.—, expedida el 1º de octubre de 1996, que certifica que el señor Carlos Cortés Colonia “aparece registrado en nuestra empresa como propietario del vehículo de placa VBB-295, marca Chevrolet, modelo 1989, tipo cerrado, distinguido con el número interno 906”; al mismo tiempo, allegó documento expedido por la policía metropolitana de Cali, estación Jamundí, en la que consta que el 23 de septiembre de 1996, a las 11:15 p.m., se presentó una incursión subversiva del frente José María Becerra del ELN, en la que resultaron incinerados 7 vehículos matriculados en la empresa Transur S.A., entre los cuales se encontraba la buseta Chevrolet C30, modelo 89, de placas VBB-295, “de propiedad del señor Carlos Cortez (sic) Colonia” (fls. 2, y 22, cdno. 1).

Conforme a las normas atrás citadas, es claro que los documentos arrimados por el señor Carlos Cortés Colina, con miras a acreditar su calidad de propietario del vehículo cuya destrucción, según lo afirmó en la demanda, le causó los perjuicios que le imputa a la entidad accionada, no son idóneos para el efecto y, por tanto, no cabe duda de que, al no haberse allegado más documentos para ello, el demandante no está legitimado para reclamar tales perjuicios.

Ahora, si bien esta corporación ha reconocido que, cuando se pretende el resarcimiento por daños ocasionados a un bien, la legitimación material no surge solamente para el propietario, sino también para todos aquellos que, como titulares de un derecho ejercido sobre el bien y protegido jurídicamente, puedan resultar vulnerados con la pérdida o deterioro del mismo, lo cierto es que, en el sub júdice, el actor no acreditó derecho alguno por el cual se pudiera entender que le asiste interés para reclamar un reconocimiento económico por el daño alegado.

En consecuencia, la Sala confirmará, pero por las razones expuestas en esta sentencia, la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

3. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE, pero con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído, la sentencia del 18 de julio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) “Por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre”.

(2) “Por el cual se introducen reformas al Código Nacional Terrestre”.

(3) “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.

(4) “ART. 47.—La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el registro nacional automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo.

Si el derecho de dominio sobre el vehículo hubiere sido afectado por una medida preventiva decretada entre su enajenación y la inscripción de la misma en el organismo de tránsito correspondiente, el comprador o el tercero de buena fe podrá solicitar su levantamiento a la autoridad que la hubiere ordenado, acreditando la realización de la transacción con anterioridad a la fecha de la medida cautelar”.

(5) Ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, 23 de abril de 2009, Expediente 16837, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; 31 de agosto de 2006, Expediente 19432, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) El suscrito ponente deja constancia de que se aparta, parcialmente, de las exigencias que el Consejo de Estado ha adoptado para dar por demostrada la propiedad que tiene un sujeto sobre un vehículo pues, en su criterio, basta con arrimar el certificado de la oficina nacional automotor que, per se, da fe de la existencia del título traslaticio de dominio y, a su vez, acredita el modo.