Jaime Orlando Santofimio Gamboa

 

Sentencia 1998-01484 de mayo 18 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 76001-23-31-000-1998-01484-01 (33204)

Actor: Sociedad Bernal Díaz y Cía. Ltda.

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Ministerio de Defensa.

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

2. Objeto del recurso de apelación.

La apelación por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que le negó las pretensiones se centra en las cuestiones siguientes: (1) no se valoró la persistente renuencia de la autoridad judicial en aplicar el debido proceso, al no haber ordenado la apertura del incidente; (2) no se juzgó que la Fiscalía General de la Nación, o la autoridad responsable, no haya devuelto a la sociedad demandante el vehículo, los radios de comunicación u las armas, pese a existir una orden perentoria de devolución; y, (3) se restó importancia a la sentencia de tutela.

2. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(2), este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(3) tanto por la acción, como por la omisión, bien sea bajo los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional u otro.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico).

2.1. El daño.

El daño comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(4) y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(5), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.

En cuanto al daño antijurídico, la Corte Constitucional ha señalado que la:

“(...) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(6). 

Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(7). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(8), anormal(9) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(10).

Es preciso advertir que en la sociedad moderna, el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamado a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva y no sujetada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de una daño cierto, que afecta o genera un detrimento en derechos, bienes o intereses jurídicos, y que esperar a su concreción material, podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece(11).

2.2. Imputación de la responsabilidad al Estado y fundamento del deber jurídico de reparar.

En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio; daño especial; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(12).

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(13), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(14).

En cuanto a lo anterior, la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(15). Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(16).

Esto es sin duda, un aporte dado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(17). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(18). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(19).

Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(20) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(21) que el juez está llamado a aplicar bajo la consideración de la utilización de la máxima “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(22).

Esta formulación no debe suponer, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal(23), teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la Administración, puesto que no puede considerarse (...) que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”(24), y que además debe obedecer a la cláusula del Estado social de derecho(25).

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo título de imputación en el que deba delimitarse la responsabilidad extracontractual del Estado(26), sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede en primera medida la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos(27), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado social y democrático de derecho; en caso de no poder aplicarse dicha motivación, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera “(...) en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación (...)”(28).

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. La responsabilidad del Estado por daños derivados de la administración de justicia.

Los elementos de la responsabilidad del Estado que se vienen de comentar, han tenido un desarrollo particular en el ámbito específico de la responsabilidad del Estado por los daños derivados de los actos emanados de las autoridades judiciales, o por sus omisiones.

3.1. Régimen desde la óptica convencional.

Ese desarrollo, desde la perspectiva convencional está consagrado en los artículos 1.1, 2º, 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos bajo la égida de la tutela judicial efectiva, y del acceso efectivo a la administración de justicia, que suponen que no solo deben existir los procedimientos y recursos, sino que los mismos tienen que mostrarse eficaces; de suerte que cualquier acto procesal de una autoridad jurisdiccional que vaya en contra de tal efectividad, o cualquiera omisión por parte de estas mismas autoridades que afecten a las personas intervinientes en un proceso judicial, en su derecho de defensa, generará responsabilidad del Estado frente a este particular.

La garantía de la tutela judicial efectiva vincula a los tribunales internacionales, tanto en el orden universal, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional; como en el orden regional, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello es así, pese a que se establece en principio una inmunidad diplomática y en sus votos, pero únicamente respecto de los miembros que conforman estos tribunales; pero no de la institución misma, que está vinculada a un régimen de responsabilidad derivada de sus procedimientos y decisiones. De suerte que si en ejercicio de esta actividad judicial internacional se incurre en actos u omisiones que vulneren los elementos que conforman el acceso efectivo a la administración de justicia, el organismo tendrá que responder por los daños que de tales actos u omisiones se deriven(29).

3.2. Régimen de responsabilidad de daños derivados de la actividad judicial en el ordenamiento colombiano.

En el ámbito interno, a propósito de la responsabilidad del Estado por daños derivados de la actividad de las autoridades jurisdiccionales, se pueden identificar tres etapas claramente diferenciadas: Un primer periodo anterior a la expedición de la Constitución de 1991, en la que no existía esta responsabilidad bajo el argumento que las decisiones jurisdiccionales, al estar revestidas de la autoridad de cosa juzgada, cualquier omisión, error o anomalía en que incurrieran las autoridades judiciales al proferirlas, configuraba un riesgo que debía ser asumido por los coasociados.

Pese a lo anterior, y por influjo del ordenamiento convencional, artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por vía excepcional fue abriéndose paso la responsabilidad por error judicial y por defectuoso funcionamiento; entendiéndose que el primero se verificaba cuando se condenaba a una persona mediante sentencia que comportaba un error; y para configurar el segundo evento se precisó que una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada y otra diversa ciertos actos ejecutados por los jueces en orden a resolver los procesos, que solo requieren de la prudencia administrativa.

Una vez entra en vigencia la constitución de 1991, pueden advertirse dos épocas: una primera en que a la cláusula prevista por el artículo 90 de la Constitución se le dio una aplicación jurisprudencial en materia de daños derivados por la actividad judicial, en la que, en aplicación de las hipótesis previstas en el artículo 414 del entonces vigente código de procedimiento penal, se asoció como un mismo supuesto la privación injusta de la libertad y el error judicial(30); y un segundo periodo que comienza con la expedición de la Ley 270 de 1996, normatividad que especificó como fundamentos de la responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional tres hipótesis: la privación injusta de la libertad, el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

De suerte que, observado en conjunto el ámbito convencional y la legislación colombiana, son cuatro los supuestos que generan la responsabilidad por la actividad judicial, los tres que se acaban de mencionar, a nivel interno; y el deficiente acceso a la administración de justicia, desde la perspectiva convencional.

Por cuanto en el sub judice se acusa a la Nación Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Ministerio de Defensa de haber incurrido en una falla del servicio representada en un error judicial y defectuoso funcionamiento, en el que se incurrió debido a la falla de la administración por el embargo, decomiso y no devolución de los bienes de la sociedad demandante; la Sala estima oportuno ver individualmente el error judicial y el defectuoso funcionamiento para precisar sus semejanzas y diferencias dogmáticas.

3.2.1. La responsabilidad del Estado por error jurisdiccional.

El artículo 66 de la Ley 270 de 1996 define el error jurisdiccional como aquel “cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. Y esta corporación lo ha definido como el error que se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, es decir, aquellas resoluciones judiciales mediante las cuales se interpreta y aplica el Derecho(31).

Asimismo, la Sala ha establecido que el error jurisdiccional como título de imputación de responsabilidad del Estado se presenta siempre que “una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado(32)”.

3.2.1.1. El daño antijurídico en el evento de error judicial.

Se afirma que por error judicial “ha de entenderse la lesión definitiva cierta, presente o futura, determinada o determinable, anormal a un derecho a un interés jurídicamente tutelado de una persona, cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, y materializado a través de una providencia contraria a la ley que se encuentre en firme y que la víctima no está en el deber de soportar”(33)

3.2.1.2. La imputación del daño en los eventos de error judicial.

Se debe precisar que dicho error requiere de ser cometido por una autoridad jurisdiccional y en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales; que ocurra dentro de un proceso judicial y se materialice en una providencia judicial; y que tenga la intensidad suficiente para que la providencia que lo contiene devenga contraria al ordenamiento jurídico.

Ahora bien, siendo el error una categoría proveniente de la teoría general del derecho es oportuno precisar que este se distingue de la ignorancia del funcionario judicial, en la medida en que en aquél se presenta un falseamiento de la realidad; mientras que en ésta se verifica la carencia absoluta de conocimiento sobre una determinada realidad(34)

En este orden de ideas útil es determinar que dicho error puede ser de diversos tipos: un error de hecho, que implica una equivoca percepción respecto de las personas, respecto de la naturaleza de la decisión judicial, en cuanto al objeto de la decisión y a los motivos de la misma. De otra parte, el error puede ser derecho, el que se concreta en “cuatro modalidades específicas: violación directa del orden positivo; falsa interpretación del orden positivo; errónea interpretación del orden positivo; y violación por aplicación indebida del orden positivo”(35)

Adicionalmente, según el artículo 67 de la misma ley, para que proceda la responsabilidad patrimonial por el error jurisdiccional es necesario que concurran los siguientes requisitos(36): (i) que el afectado interponga los recursos de ley, y (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre en firme(37).

En reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha establecido que las condiciones necesarias “para estructurar el error jurisdiccional que materializará la responsabilidad patrimonial del Estado (...) son las siguientes(38):

a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí ésta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional. (...)

“b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta Sección, el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.  

“c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos. 

“d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución —auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquélla—, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador(39)(40).

Al respecto, es preciso resaltar que el juicio de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional deberá realizarse en atención a las circunstancias del caso concreto, a partir de las cuales se determinará si la actuación judicial es contentiva de yerro alguno.

En reiterados pronunciamientos la Sala ha reconocido que en algunas oportunidades el juez sólo dispone de la “única decisión correcta” para resolver el asunto sometido a su conocimiento; no obstante, en otros escenarios, pueden existir distintas decisiones razonables(41). Así las cosas, en esta última hipótesis, el juicio de responsabilidad no puede reputar como daño antijurídico la consecuencia adversa a los intereses de una de las partes como consecuencia de la decisión judicial fundada en argumentos racionales(42). En este sentido, se ha sostenido que:

“... el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables en cuanto correctamente justificadas pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento una justificación o argumentación jurídicamente atendible pueden considerarse incursas en error judicial”(43). 

Por último, la Subsección estima pertinente reiterar que si bien la Corte Constitucional en la sentencia de control de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia asimiló el concepto “error jurisdiccional” al de “vía de hecho”(44), dicha identificación semántica resulta impropia. Así, tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional únicamente será determinante la contravención al ordenamiento jurídico contenida en una providencia judicial(45), y no la conducta “subjetiva, caprichosa y arbitraria” del operador jurídico(46).

3.3. La responsabilidad al Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

3.3.1. El daño antijurídico en la hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por el defectuoso o anormal funcionamiento de la justicia parte de la premisa de que “todo acto de comportamiento del servicio de la justicia que haya tenido incidencia sobre los derechos de las personas y con relación a la función judicial, debe poder fundar la responsabilidad del Estado”(47).

Siendo esto así, inicialmente se exige precisar qué puede considerarse como funcionamiento normal de la justicia. En el derecho comparado se ha entendido por tal, “la tutela judicial efectiva”, lo que implica el respeto a varios derechos: “el derecho al proceso, el derecho a que éste se desarrolle según los parámetros constitucionales y el derecho al aseguramiento del bien o derecho en litigio”(48). En este orden de ideas, la responsabilidad podrá enervarse cuando el funcionamiento de la justicia deviene anormal o defectuoso y procede de actuaciones materiales que representan “infracciones graves de las normas procesales que la jurisdicción ha de emplear para decidir”(49).

Así las cosas, resulta necesario delimitar el concepto de “anormal” o “defectuoso”, para que el funcionamiento de la administración de justicia produzca un daño antijurídico. En este sentido la doctrina ha señalado:

Esta debe obtenerse a través de los estándares de normalidad que, en el caso de una justicia tradicionalmente lenta, cobran especial importancia en lo tocante a las dilaciones procesales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 13 de julio de 1983 [Caso Zimmermann y Steiner], interpretando el artículo 6.1 del Convenio de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales señaló como criterios a tener en cuenta para la medición de la razonabilidad en el retraso, “la complejidad del litigio, la conducta de los propios litigantes y de las autoridades y las consecuencias del litigio presuntamente demorado se siguen para aquéllos(50).

En la misma línea se ha pronunciado la Corte Constitucional, a fin de fijar criterios para que, a partir del alcance y contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se pueda delimitar lo que debe entenderse como funcionamiento anormal o defectuoso de la justicia. Así:

El derecho a una tutela judicial efectiva, apareja, entre otras cosas, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Es un derecho de naturaleza prestacional, pues exige la puesta en obra del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, debe afirmarse que se trata de un derecho de configuración legal y, en consecuencia, depende, para su plena realización, de que el legislador defina los cauces que permitan su ejercicio(51).

Debe tenerse en cuenta que, tal como lo ha expresado la Corte, “... si bien la tutela judicial efectiva se define como un derecho fundamental de aplicación inmediata, esta última característica es predicable básicamente de su contenido o núcleo esencial, ya que el diseño de las condiciones de acceso y la fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde establecerlos al legislador, “en razón de que no se agotan en si (sic) mismas, sino que con ellas trasciende la idea, por demás general, impersonal y abstracta, de realización de justicia”(52).

“(...) la tutela judicial que el Estado está en el deber de garantizar a las personas vinculadas a la decisión es un derecho fundamental que demanda actuaciones ciertas, reales, y de claro compromiso institucional, de parte de las autoridades y de los particulares, enmarcadas dentro del postulado constitucional de la buena fe y el deber de respeto de los derechos ajenos y no abuso de los propios(53).

El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no solo la posibilidad que se reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la obligación correlativa de éstas, de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo. Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el artículo 229 Superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas.” De este modo, el derecho de Acceso a la Administración de Justicia permite alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva de fondo las pretensiones. Para ello es necesario que el juez adopte las medidas de saneamiento que sean necesarias para subsanar los vicios que puedan impedir una decisión de fondo(54).

Ahora bien, por su parte esta corporación desde muy temprano consideró que puede existir un “mal funcionamiento del servicio público de la justicia” como consecuencia de la negligencia de los empleados judiciales. Se trata de encuadrar la responsabilidad en relación con los “actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa”(55).

De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad por funcionamiento anormal o defectuoso de la administración de justicia “se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el (sic) realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales”(56), lo que encaja en la tesis de la falla probada en el servicio(57). Igualmente pueden incluirse “(...) todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales(58).

Lo anterior ha llevado a que la doctrina recientemente afirme que:

“el daño antijurídico en las hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tiene carácter residual, deviniendo en consecuencia el mismo, no de una providencia judicial viciada por error,... o de una privación injusta de la libertad que de una u otra manera involucra decisiones judiciales, sino, y en esto radica su carácter residual, de todas aquellas conductas del aparato judicial abiertamente contrarias a derecho que resulten ser escandalosas y contrarias al ordenamiento jurídico generadoras de daños y perjuicios materiales y morales(59) que la victima de las mismas no está llamada a soportar”(60).  

3.3.2. Imputación del daño en los eventos de defectuoso funcionamiento.

El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo definió el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como aquel que constituye una falla del servicio(61), por “mal servicio administrativo”(62). Su configuración precisa de excluir que no se trate de un acto jurisdiccional [propiamente], sino que sea, por ejemplo, un acto administrativo que implica que no hubo una revisión meticulosa por parte del despacho judicial de los elementos y actos de ejecución que permitan el impulso y desarrollo de la obligación de impartir justicia(63).

Cabe señalar que antes de la Constitución Política de 1991 el precedente de la Sala distinguía la falla del servicio judicial, del error judicial, donde el primero “se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción”(64). De acuerdo con esta definición, se definieron como supuestos de fallas del servicio judicial(65): i) la sustracción de títulos valores, ii) la falsificación de oficios(66), iii) el hecho omisivo “consistente en la falla administrativa cometida por el secretario del juzgado” de no haber dado a conocer al demandante la existencia de la apertura de un proceso de quiebra(67) [que afectó un remate que se iba a realizar], iv) error en un aviso de remate que lleva a declararlo sin valor(68), v) prevalencia del embargo y secuestro respecto de bienes que ya habían sido objeto de esas medidas en otro proceso ejecutivo(69), vi) las omisiones del juzgado al no exigir al secuestre prestar la caución(70), vii) actuación secretarial que llevó a que una diligencia de remate se hubiera tenido que declarar sin valor(71).

En este orden de ideas, la responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce por una falla probada del servicio; sin que ello implique que no sea posible que la imputación pueda realizarse desde el punto de vista objetivo.

4. Hechos probados.

Obran en el expediente los siguientes medios de prueba:

• Certificado de existencia y representación legal Nº 4736338 de la Sociedad Bernal Díaz y Cía. Ltda. (fls. 2 a 3 del cdno. 2), en el cual consta el embargo de las cuotas de interés social del señor Luis Alberto Bernal Seijas, inscrita el 22 de octubre de 1996.

• Folio de matrícula inmobiliaria Nº 132-0000571, del lote de terreno ubicado en la vereda San Rafael, denominado La Cuelga - La Loma, de propiedad de la sociedad Bernal Díaz y Cía. Ltda. (fls. 4 y 5 del cdno. 2) en donde consta el registro del embargo del bien el 3 de junio de 1992, y la correspondiente cancelación del embargo, registrada el 29 de octubre de 1996, por parte del Juzgado Regional.

• Folio de matrícula inmobiliaria Nº 132-0012832, del predio “La Cuelga Cochinito”, de propiedad de la sociedad Bernal Díaz y Cía. Ltda. (fl. 6 del, cdno. 2) y en donde consta la inscripción de la medida cautelar de embargo del 3 de junio de 1992, y su posterior cancelación, registrada el 29 de octubre de 1996.

• Folio de matrícula inmobiliaria Nº 132-0016699 y 132-0016700, del predio “lote de terreno en cochinito” (fl. 7 del, cdno. 2) y del predio “Lote en Cuchinito” (fl. 8 del, cdno. 2”, respectivamente; en los cuales consta que el último registro realizado fue la compraventa de “Salazar Abreo Gerardo” a “Bernal Díaz y Cía. Ltda.”.

• Folio de matrícula inmobiliaria Nº 132-0018932, de un lote de terreno en la vereda la Quebrada (fl. 9 del, cdno. 2) en donde consta el registro de la medida cautelar de embargo del 3 de junio de 1992, y la correspondiente cancelación registrada el 29 de octubre de 1996.

• Folio de matrícula inmobiliaria Nº 132-0010551, de la “Finca el Resplandor”, en la vereda la Quebrada (fl. 10 del, cdno. 2), en el cual consta como última anotación realizada, la compraventa parcial “de: Salazar Londoño y Cía. S. en C. Agrícola Ganadera el Resplandor. A: Bernal Díaz y Cía. Ltda.”, realizada el 16 de mayo de 1990.

• Certificación expedida por la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cali, en donde consta que la camioneta Chevrolet Luv, modelo 1988, color rojo, de propiedad de la Sociedad Bernal Díaz y Cía. Ltda. (fls. 11 y 12 del, cdno. 2).

• Factura de compra expedida por “Industria militar”, Nº 1371299 (fl. 13 del, cdno. 2), a nombre de la Sociedad Bernal Díaz y Cía. Ltda., en donde consta la compra de 3 revólveres Llama, Calibre 38., Nº IM-8809F, IM-6941F, IM-1094F; y 3 escopetas marca Indumil, calibre 16, Nº 1615814, 1615826, y 1615816.

• Obra en el expediente el documento titulado “remisión permiso tenencia arma”, dirigido a la Sociedad Bernal Díaz y Cía. Ltda., Nº T3349686 y T3349685 (fls. 14 y 15 del, cdno. 2).

• Se aportó también el Oficio Nº 0116/PJ.UIOP.MECAL del 29 de enero de 1992, suscrito por el jefe investigativo de orden público de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali (fls. 16 y 17 del, cdno. 2) mediante el cual se puso a disposición del director seccional de orden público los elementos incautados en los procedimientos llevados a cabo para capturar a los responsables de la masacre de Caloto, Cauca; entre los cuales se encontraba el revólver Nº IM1094F y la escopeta Indumil Nº 206603, de propiedad de la sociedad demandante, respecto de las cuales se manifestó que no poseían el respectivo permiso, además, se incautó un radio de marca Yaesu modelo FT253373 con su cargador.

• Obra el acta de diligencia de allanamiento y registro practicada en la “Hacienda La Loma”, ubicada en la vereda la Quebrada (fls. 18 y 19 del, cdno. 2).

• Acta de decomiso del 15 de febrero de 1992 del vehículo Chevrolet Luv, de placas NO-015 (fl. 20 del, cdno. 2), en donde se consignó “el vehículo se encuentra e(sic) regular estado de conservació(sic)...”.

• Se encuentra en el expediente el acta de allanamiento y registro practicado el 18 de febrero de 1992 (fl. 22 a 23 del, cdno. 2) en donde se deja constancia del decomiso de unos documentos y equipos de comunicaciones, entre otros.

• Relación de bienes de propiedad de la familia Bernal Seijas y Liliana Díaz Cadena, del 19 de febrero de 1992 proferida por el DAS (fls. 24 a 28 de, cdno. 2).

• Oficio Nº 0306 del 9 de marzo de 1992, por medio del cual se envían unas armas y un estudio balístico (fl. 28A del, cdno. 2).

• Obra también el acta de diligencia de la inspección judicial a las oficinas del señor Luis Alberto Bernal Seijas, el 30 de marzo de 1992 (fls. 29 y 30 del, cdno. 2).

• Solicitud dirigida al Juez de Orden Público, el 2 de septiembre de 1992, por el entonces apoderado de la Sociedad Bernal Díaz y Cía. Ltda. (fls. 31 y 32 del, cdno. 2), en el cual se lee:

“[...] solicito en su nombre y representación la devolución de la camioneta Chevrolet Luv, Roja, modelo 1998, de placas Nº 2015, estacas, de propiedad de la sociedad que represento, según la tarjeta de propiedad que también fue decomisada en el operativo del DAS, en la finca “LA LOMA”, también de propiedad de la citada empresa.  

Igualmente solicito la devolución y entrega de un RADIO DE COMUNICACIÓN MIDLAND, afiliado legalmente a la empresa de comunicaciones AGROTRANS, según certificado que fuera decomisado con dicho aparato en el mismo operativo policial.  

También solicito la devolución del radio YAESU, de comunicación, lo mismo que una RADIOGRABADORA, decomisado en ese operativo.  

Los citados elementos son de propiedad de la Sociedad Comercial “BERNAL DÍAZ Y CÍA. LTDA” legalmente constituida según la ceertificación(sic) de la Cámara de Comercio de Cali [...]”. 

Auto interlocutorio Nº 049 del 7 de abril de 1992 (fls. 36 a 40 del, cdno. 2) por medio del cual se resolvió la situación jurídica del señor Luis Alberto Bernal Seijas y otros, y se decretó el embargo preventivo de unos bienes. Al respecto se lee:

“PRIMERO. Proferir medida de aseguramiento consistente en DETENCIÓN PREVENTIVA en contra de LUIS ALBERTO BERNAL SEIJAS [...] 

SEGUNDO. obedeciendo lo dispuesto en art. (ilegible) CPP, decretar el embargo preventivo de los siguientes bienes que de acuerdo a informe de fls. 1.214 y ss. Son de propiedad de la familia BERNAL SEIJAS – DÍAZ CADENA:  

1) Hacienda La Loma, matrícula inmoviliaria(sic) 132-0000571; 

2) Hacienda la Josefina, matrícula inmoviliaria(sic) 124-0000832.- 

3) Hacienda La Emperatriz, matrícula inmoviliaria(sic) 1240009930; 124-009942; 1240009931— 

4) Hacienda Canaima, 124-0001849; 

5) Finca Cuchinito, 1320012832; 

6) Finca La Esneda, 124-0005787; 

7) Lote de terreno denominado La Esneda, 1240005787 

8) Lote de terreno rural denominado La Esneda, 1240005787; 

9) Finca denominada la Bodega, 124-0009394; 

10) Lote de terreno ubicado en la vereda Guásimo, denominado La Bodega, 002002223, 

11) Terreno rural sitio denominado La Bodega, 1240009358; 

12) Lote de terreno ubicado en la vereda Guásimo denominado Bodega, 1240009356; 

13) Lote de terreno denominado la Bodega, 1240009349; 

14) Lote de terreno denominado Bodega, 1240009360; 

15) Casa ubicada en la ciudad de Cali, Diagonal 32 #3665, 3700008856; 

16) Lotes de terreno rural en la vereda La Quebrada, 1320010551; 

17) Finca rural en la vereda La Quebrada, 1320010551; 

VEHÍCULOS de placas: CH-2006; NM-5669; NC-1700; NO-2015; TLM-190E; GB-1545; JD-8703; ND-3635; RS-4423; HU-6563; CAA-683; RF-4423; JU-6976; MB-6864; HG-2556; WA-1270; NDO-635; CAA-635; NO-2025; RF-3716; NG-3716; NA-1260 y HS-2556. 

TERCERO. Librar las correspondientes comunicaciones a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao y Cali y lo mismo en relación con las Oficinas de Tránsito. [...]”. 

Solicitud presentada el 28 de septiembre de 1992, por el entonces apoderado de la sociedad demandante (fls. 44 a 46 y repetido en fls. 47 a 49 del, cdno. 2) dirigido al Juez de Orden Público de Cali, en el cual solicitó el levantamiento del embargo de unos automotores, entre ellos la camioneta Chevrolet Luv, de placas NO-2015, de propiedad de la Sociedad Bernal Díaz y Cía. Ltda.

Escrito suscrito por el entonces apoderado de la sociedad demandante dirigido al Juez de Orden Público de Cali del 10 de octubre de 1992 (fls. 50 a 52 del, cdno. 2), en el cual solicitó:

“[...] el levantamiento del embargo y secuestro del inmueble rural denominado “COCHINITO”, dos lotes, ubicados en el Municipio de Santander de Quilichao, distinguidos con las matrículas inmobiliarias #132-0016699 r 132-0016700 se(sic) la Oficina de Registro de Instrumento de Santander de Quilichao, por ser de propiedad de la Sociedad Comercial que represento, la que es ajena a los punibles en investigación [...]”  

Respuesta de la Superintendencia de Notariado y Registro del 14 de abril de 1992 (fl. 53 del, cdno. 2), en la cual se lee, respecto de las matrículas inmobiliarias Nº 132-0010551, 132-0012832 y 132-0000571:

“[...] NOS PERMITIMOS DEVOLVERLE EL DOCUMENTO ARRIBA CITADO SIN DARLE TRÁMITE A SU SOLICITUD, art. 31 Decreto1250/70. 

Se DEVUELVE el presente oficio de EMBARGO, pues los predios citado son PERTENECEN a la familia BERNAL SEIJAS – DÍAZ CADENA, sino a la Sociedad BERNAL DÍAZ & CIA. Ltda. [...]”. 

Se encuentra dentro del plenario el auto interlocutorio Nº 072 del 11 de mayo de 1992 (fls. 58 a 62 del, cdno. 2) proferido por el Juzgado de Instrucción de Orden Público, en el cual se resolvió, entre otros:

“[...] 3°. Ordenar la entrega de los objetos relacionados al folio 2.032, incautados por la policía el viernes 27 de marzo d, al Sr. JOSÉ ANTONIO BERNAL SEIJAS. [...]  

7°) Revocar el numeral SEGUNDO del auto interlocutorio Nro. 049 de abril 7/92, en relación con la hacienda La Emperatriz, matrículas inmoviliarias(sic) 124-0009930; 124-009942 y 124-0009931; hacienda “Canaima” 124-0001849; finca la Esneda 124-0005787; finca denominada La Bodega 124-0009394 o 9493; 124-0009358; 124-0009349; 124-0009356. 

8°) Revocar el numeral SEGUNDO del auto interlocutorio 049 de abril 7/92 respecto de a los vehículos de las siguientes placas: NC-1700; HU-6563; JU-6976; NO-2025. En consecuencia oficiar a la Oficina de Tránsito correspondiente para que se proceda a cancelar el embargo.  

9°) Decretar igualmente el secuestro de los vehículos relacionados en el numeral SEGUNDO del auto interlocutorio 049 de abril 7/92, con excepción de los mencionados en el numeral inmediatamente anterior. [...]”. 

Obra acta de entrega de un vehículo, el 11 de junio de 1992 (fls. 74 del, cdno. 2) en donde se lee:

“INTERVIENEN: Doctor GABRIEL CAMELO MAHECHA, DIRECTOR SECCIONAL “DAS” VALLE DEL CAUCA, JOSÉ ABRAHAM OVALLE GITIERREZ, SUBDIRECTOR SECCIONAL “DAS” VALLE (sic) CAUCA, DOCTOR JORGE RUIZ MARTÍNEZ, JEFE UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DE ORDEN PÚBLICO, JANETH PADILLA REBOLLEDO, ALMACENISTA “DAS” VALLE DEL CAUCA Y NORALBA DUQUE SIERRA, REVISORA FISCAL AUDITORIA ANET EL “DAS” VALLE DEL CAUCA Y EL SEÑOR CARLOS JULIO OCAMPO CASTILLO, CONDUCTOR GRADO 06, CARNET(sic) Nº 1773 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INSTRUCCIÓN CRIMINAL CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL.  

ASUNTO: QUE TRATA DE LA ENTREGA DE UN VEHICULO QUE HACE EL ALMACEN SECCIONAL “DAS” VALLE DEL CAUCA, A LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE INSTRUCCIÓN CRIMINAL DE BOGOTA, DE ACUERDO A(sic) OFICIO NRO. 172 DE FECHA JUNIO 11 DE 1992 SUSCRITO POR EL DOCTOR JAIME ENRIQUE BAUTISTA GONZALEZ, DIRECTOR SECCIONAL DE ORDEN PÚBLICO CALI, ASÍ: 

CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1988, PLACAS NOB-015, MOTOR NRO. 968658, SERIE NRO. KS79112, COLOR ROJO, CARROCERIA ESTACAS [...] EL VEHICULO SE ENTREGA PRENDIDO DE ENCENDIDO, RODANDO Y EN LAS MISMAS CONDICIONES CONFORME INGRESO A LOS PATIOS DE LA SECCIONAL, EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.  

En constancia se firma el Cali, A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (1.992).- [...]” 

Solicitud presentada por el entonces apoderado de la sociedad Bernal Díaz y Cía. Ltda., el 10 de julio de 1992 (fls. 75 a 79 del, cdno. 2).

Resolución interlocutoria número 054 de 14 de diciembre de 1992 de la Fiscalía Regional Delegada [fls.124 a 130 cuaderno 1]. En la que se resuelve:

Disponer, que al señor JOSÉ ANTONIO BERNAL SEIJAS, como persona natural y como representante legal de las empresas comerciales “BERNAL DÍAZ Y CIA LTDA” y “ABES Y CÍA. LTDA.”, o a su apoderado doctor EDUARDO PEREA MOSQUERA, quien tiene la facultad expresa de recibir, le sean devueltos en forma real y material, los siguientes bienes: escopeta marca Indumil, calibre 16, Nº 1615816, escopeta marca Indumil calibre 16 Nº 1615826, revólver marca Llama calibre 38L 38l Nº IM-8009F, revólver marca Llama calibre 38L No.IM 6941F, Revólver marca Llama calibre 38L NO. IM 1094F, vehículo marca Chevrolet modelo 1.988 línea Luv Kb-41 de placas Nº NO-2015 color rojo fuego de estacas servicio particular, Nº de motor 968658 número de serie K87892112, con manifiesto de importación Nº 001680 de enero de 1988 de la ciudad de Santafé de Bogotá, escopeta Mossberg calibre 12 Nº J-977553, revólver marca Smith Wesson calibre 38L Nº Ac- 1368, revólver marca Llama calibre 38L Nº IM 4253- B, revólver marca Llama calibre 38L NO. IM4934-B, REVÓLVER MARCA SMITH WESSON CALIBRE 38L NO. ACZ-2087, Escopeta marca Indumil calibre 20 Nº 204880, escopeta marca Indumil calibre 20 Nº 206656, escopeta marca Mossberg calibre 12 Nº J-982478, pistola marca Pietro Beretta calibre 9.mm Nº D-35688Z y pistola marca Browing calibre 6.35 Nº 5580, por cuanto dentro de las diligencias que nos ocupan, está demostrado que son de propiedad del señor incidentalista como persona natural y de las sociedades comerciales que éste representa en su condición de Sub-gerente y no estar obligados a responder económicamente dentro proceso penal que nos ocupa”.

• PROVIDENCIA DEL 28 de Febrero de 1996, mediante la cual se decidió el incidente de desembargo y se ordenó el desembargo de los siguientes bienes de la de sociedad aquí demandante:

• “inmueble “La quebrada”. Mi. Nº 132-00189-32. Vehículo campero Mitsubischi(sic) de placas CAA-683. Inmueble “Cochinito” M.I. 132-0012-832 INMUEBLE “La loma M.I. 132-0000-571. Inmueble la quebrada M.I. 132-001-0551” (fl 354, cdno. 1).

• Recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la decisión anterior, en la que se solicita que: a). se ordene el embargo de las cuotas de interés social de Luis Alberto Bernal Seijas que posee en la actualidad según las escrituras de cesión 1481, 1482, 1483 y 1484 de abril 8 de 1992. b). se revoque el numeral 3º de esa providencia mediante el cual se abstuvo de resolver los incidentes propuestos respecto de las armas los vehículos y computadores decomisados (fls. 382-389, cdno. 1).

• Providencia 19 de julio de 1996, mediante la cual se resolvió el recurso interpuesto y se dispuso que:

“...deberá ordenartse(sic) conforme a lo anterior el embargo preventivo de las cuotas de interés social con sus rendimientos al momento de su liquidación que el procesado LUIS ALBERTO BERNAL SEIJAS posea en cada una de las pluricitadas sociedades, medida que deberá ser comunicada en la forma prevista en el acápite anterior y en acatamiento también a lo dispuesto por el a quo en las páginas 15 y 16 respectivamente de la parte motiva interlocutorio(sic) del 28 de febrero del corriente año, donde se aduce la imposibilidad de afectación por embargo de los bienes que en forma individual posea la sociedad, razón por la cual respecto del ordenamiento contenido en su numeral segundo de la parte resolutiva de la misma decisión nos e introducirá modificación alguna.

7.2. En relación con los puentos(sic) segundo y tercero a los que se hizo referencia en el presente análisis no encuentra la Sala jurídica la decisión contenida en el numeral tercero del auto recurrido cuando el juez de primera instancia se abstiene en relación con las armas cuya entrega solicitó el incidentante y de aquellos bienes sobre los cuales no pesa medida precautelativa de embargo, pero si aún se encuentran vinculados al presente proceso.

Si bien es cierto que en relación con los bienes cuya orden de entrega fue revocada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional en decisión del 23 de abril de 1993, se adujo la falta de personería de José Antonio Bernal Seijas para reclamar la devolución de los que se encontraban nombre(sic) de las sociedad Bernal Díaz y Cía. Ltda., y Agrícola Bernal Seijas y Cía. Ltda., amén de que también la imposibilidad de hacer la devolución de aquellos que éste a título personal reclamó, ante la decisión adoptada de iniciar la investigación correspondiente por presunta infracción al artículo 3664 de 1986, no es tanto que el incidente deba entenderse resuelto. Recuérdese sobre el punto que la orden de inicio del correspondiente proceso penal sólo afectó a los bienes a nombre del señor José Antonio Bernal Seijas, de tal manera que frente a la situación de los demás es absolutamente indispensable que se efectúe pronunciamiento de fondo” (fls. 484-485, cdno. 1).

Providencia del Juzgado Regional de Santiago de Cali, del 1º de octubre de 1996, mediante la que se dispuso la entrega material a la sociedad aquí demandante de los siguientes bienes.

“Camioneta marca Chevrolet Luv color rojo, 204880 y(sic)

7. Análisis del caso concreto.

7.1. Daño antijurídico en el caso concreto.

Para efectos de resolver el caso concreto, la Sala procederá a verificar si el daño antijurídico se encuentra acreditado. Se constata que el demandante hizo consistir el daño en “el embargo, decomiso y no devolución de los bienes de la sociedad”.

7.1.1. Bienes embargados.

Al respecto se tiene por acreditado que a la sociedad BERNAL DÍAZ Y CÍA LTDA., le fueron embargados dentro del proceso penal que se adelantaba, entre otras personas, contra uno de socios de dicha persona jurídica, los siguientes bienes Inmuebles:

1. Predio denominado “La Loma”, al que corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 132-0000571, FL. 5, cdno. 1.

2. Predio denominado “cochinito”, al que corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 132-0012832 fl. 6, cdno. 1.

3. Lote de terreno, ubicado en la vereda “La quebrada” en el municipio de Santander, al que corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 132-0018932 (fl. 9, cdno. 1).

Respecto de estos bienes el embargo se decretó mediante el oficio 3295, expedido por la Dirección Jurisdiccional de Orden Público, medida que se inscribió el 3 de junio de 1992, y se canceló el 29 de octubre de 1996; según consta en los folios de matrícula que se acaban de relacionar.

La orden de desembargo de estos inmuebles se emitió mediante oficio NO. 8283 proferido por la Secretaría Común de la Coordinación de Jueces Regionales de Santiago de Cali el 23 de octubre de 1996 (fl. 511, cdno. 1).

7.1.2. Bienes decomisados.

A propósito de los bienes decomisados, en la demanda se afirmó que estos fueron:

El 29 de enero de 1992.

Revólver Marca Llama calibre 38L Nº IM1094F

2. radios de comunicación marcas Midlam NO. 23002112 y Yaesu FT-480R

1. proyector marca Kodak.

El 15 de febrero de 1992 el vehículo marca Chevrolet de placas Nº NO-2015

A propósito de las armas, obra en el expediente el informe de la Policía Metropolitana de Cali al Director de la Seccional de Orden Público en la que se ponen a disposición de ese funcionario 3 armas de fuego, documentos varios y dos radios de comunicaciones así:

El día 180192, en Jurisdicción rural del municipio de Caloto (Cauca), predios de la finca Canaima, fue retenido el sujeto OMAR VILLA ZAPATA..., hermano del sindicado ORLANDO VILLA, quien en el momento de su retención portaba un revólver calibre 38L marca Llama Nº IM4253B sin salvoconducto, en registro a una casa de la finca fueron hallados el revólver llama calibre 38 Largo Nº IM1094F pavonado y la escopeta calibre 20 marca Indumil Nº 206603 de las que manifestó que era de propiedad de la sociedad Bernal DÍAZ Y CIA LTDA, las cuales no poseen ninguna clase de permiso, igualmente se decomisó un radio de comunicaciones marca Yaesu modelo FT23R Nº YE253373... Posteriormente un familiar presentó el salvoconducto del arma que portaba en el momento de su retención, el cual figura a nombre de la sociedad BERNAL DÍAZ LTDA... Las armas en mención, así como los radios quedan a su disposición en el almacén de armamento Mecal para los efectos investigativos correspondientes” (fls. 16-17, cdno. 1).

Obra también en el expediente el acta de diligencia de allanamiento a la hacienda “La Loma”, ubicada en la vereda “La Quebrada”, municipio de Santander de Quilichao, en la que se consignó que en la habitación del administrador se esa finca se encontró(72):

una escoleta(sic) marca Indumil Nº 1615816 calibre 16 con un cinturón de cuero que porta 25 cartuchos para la misma... salvo conducto a nombre NIT 80001175ª3 SOCIEDAD BERNAL DÍAZ”.

En el mismo documento se relacionó que:

Posteriormente en una bodega destinada para taller mecanica (sic) y oficinas en el mesanine- ... Un radio marca “Mirlang” Nº 230002112 con micrófono NO. serie702301 con su respectiva fuente de voltaje.... Radio marca Yaesu FT480Rcon su respectiva fuente (dañados)... un proyector marca Kodak-Carousle 600H

Sobre la propiedad de estas armas obra en el plenario la factura Nº 1371299, expedida por Indumil A nombre la sociedad Bernal Díaz y Cía. Ltda., en la que se registran

3 revólveres marca llama cal38L IM8809F

3 escopetas Indumil Calibre 16 Nº 1615814, (de esta escopeta obra también el salvaconducto expedido a nombre de la misma sociedad a fl. 14, cdno. 1)-1615826.

Obra igualmente el salvoconducto del revolver IM6941F, expedido a nombre de la misma sociedad. (fl.15, cdno. 1).

De otra parte, se tiene por acreditado que la Fiscalía Regional Delegada de Cali ordenó el 14 de diciembre de 1992 la devolución de diversas armas, indistintamente a José Antonio Bernal Seijas como persona natural y como representante legal de la sociedad Bernal Díaz y Cía. Ltda., la devolución de unas armas; pero sin especificar cuáles de ellas correspondían a la persona natural y cuáles a la persona jurídica(73).

Se encuentra probado que el vehículo marca Chevrolet de placas NOB-015, fue decomisado por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el 15 de febrero de 1992, según consta en el acta que obra a folio 20 de, cdno. 1, documento en el que se consignó que el vehículo en mención se encontraba en regular estado de conservación, y que el mismo fue puesto a disposición del Juez de Instrucción de orden público.

La orden de entrega material de este vehículo se expidió en dos ocasiones, en la primera de ellas mediante la providencia del 14 de diciembre de 1992, y mediante la decisión de 1 de octubre de 1996.

Así las cosas, la Sala tiene por acreditado el daño antijurídico consistente en el embargo de los bienes inmuebles relacionados precedentemente, cuyos folios de matrícula inmobiliaria dieron cuenta de la efectiva práctica de la medida cautelar. En relación con el decomiso de las armas, se tendrá por acreditado el daño únicamente respecto de aquellas que conforme a las pruebas que se vienen de relacionar se tiene certeza de que fueron decomisadas y que pertenecían a la Sociedad Demandante. Ellas son:

Revolver Llama calibre 38 Largo Nº IM4253B

Revólver Llama calibre 38 Largo Nº IM6941F

Revólver Llama calibre 38 Largo Nº IM8809F

Escopeta marca Indumil calibre 16, Nº 1615816

Escopeta marca Indumil calibre 16, Nº 1615814

Escopeta marca Indumil calibre 16, Nº 1615826

A propósito del decomiso de radios de comunicación la Sala tiene por acreditado el de los siguientes:

Radio Mirlang Nº 230002112

Radio Yaesu FT480R

Como se relacionó, obra evidencia, además, del decomiso del proyector de diapositivas marca Kodak- Carousle 600H”.

Finalmente, la Sala tiene por probado el decomiso del vehículo marca Chevrolet Luv, de placas NOB-015.

7.2. La imputación del daño antijurídico en el caso concreto.

El daño antijurídico que se acaba de constatar resulta imputable a la entidad demandada, por cuanto respecto de todos los bienes que se relacionaron se incurrió en error jurisdiccional evidente, comoquiera que los inmuebles se embargaron sin pertenecer a quienes eran investigados en el proceso penal, y con la prueba de que la propiedad de los mismos estaba en cabeza de una persona jurídica completamente ajena a los delitos investigados; y en cuanto a los bienes muebles, estos se decomisaron pese a que también se encontraba demostrado que su dominio no estaba en cabeza de los sindicados del reato objeto de la investigación. Este proceder de la Fiscalía le evidencia a la Sala un desconocimiento flagrante del artículo 98 del código de comercio que establece: “La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.

Pero además, aunado a este error jurisdiccional, se demostró en el plenario un evidente defectuoso funcionamiento por parte de la administración justicia respecto de algunos de los muebles decomisados, toda vez que los mismos no fueron encontrados y no pudieron ser devueltos a la sociedad demandante, lo que muestra una flagrante falla en la custodia de los bienes que habían sido sustraídos a la sociedad demandante.

Así las cosas, la sentencia de primera instancia habrá de ser revocada y en su lugar se declarará la responsabilidad impetrada, aunque solamente respecto de la Rama Judicial, puesto que el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento es completamente ajeno al Ministerio de Defensa, por lo tanto se declarará probada, de oficio, la falta de legitimación en la causa por pasiva de esta última entidad. Procede ahora la Sala a estudiar los perjuicios derivados del daño que se acaba de reconocer como imputable a la Rama Judicial.

8. Indemnización de perjuicios.

8.1. Perjuicios materiales.

8.1.1. La disminución en la producción de caña de azúcar.

A propósito de estos perjuicios se solicitó en la demanda el reconocimiento del mismo por la reducción en la producción de la caña de azúcar, que se estimó en la suma de $ 505.842.813.

Este perjuicio se hacía consistir en que el embargo de los bienes inmuebles hizo perder la credibilidad que en el mercado financiero tenía la Sociedad Bernal Díaz Ltda., y limitó el uso de sus garantías reales. Sin embargo, en el expediente no obra prueba que con anterioridad esos bienes hubiesen hipotecados a una entidad Bancaria alguna, por el contrario, los folios de matrícula inmobiliaria que la Sala valoró para tener por probado el daño, evidencia que tales bienes no garantizaron créditos hipotecarios, excepción hecha del predio la Loma que tuvo una hipoteca por cuantía indeterminada entre el 6 de junio y el 12 de diciembre de 1988, época en que la sociedad Bernal Díaz Ltda., adquirió el bien.

Tampoco se acreditó que los Bancos o particulares hubiesen negado créditos a la Sociedad demandante, so pretexto del embargo de los bienes. Ahora bien, aunque en el dictamen pericial rendido dentro del plenario se manifestó que las deudas adquiridas por la compañía se destinaban a cubrir costos y gastos de la misma, y que la mayor deuda estaba con el Ingenio la Cabaña, quien le suministraba insumos, labores de caña y otros a unos costos muy altos, más intereses financieros sobre la tasa superior a la de los intereses corrientes (fl. 229, cdno. 2); el dictamen no explica el vínculo entre tal situación y el embargo de los inmuebles, y la Sala no encuentra ninguna relación entre que un inmueble destinado a la producción de caña de azúcar esté fuera del comercio, y que como consecuencia de ello se disminuya la producción agrícola de dicho predio, y las utilidades obtenidas por esa actividad.

Así las cosas, respecto de este perjuicio solo se encuentra la afirmación de la parte actora, que como bien se sabe, carece de valor probatorio. En consecuencia el mismo no será reconocido.

8.1.2 Daño emergente y lucro cesante por el decomiso y no entrega de la camioneta Chevrolet Luv de placas NO-2015.

Toda vez que se encuentra acreditado, mediante los documentos obrantes a folios 598 y siguientes del cuaderno 1, que la Fiscalía reconoce no encontrar este vehículo automotor; habrá de reconocerse el daño emergente solicitado en la demanda. Sobre este punto en particular el dictamen pericial ofrece credibilidad a la Sala, puesto que el perito designado, confrontando el valor que el vehículo usado tenía, conforme a la revista motor; con el resultado que obtuvo de aplicar el método de depreciación, partiendo del precio de compra del vehículo consignado en el manifiesto de aduana; obtuvo como cifra la suma de $ 5.665.667., suma que deberá ser actualizada conforme a la siguiente fórmula matemática que para el efecto ha utilizado esta corporación:

Va = Vi (If / Ii)

donde,

Va: valor actual

Vi: valor inicial, equivalente a la suma obtenida en el dictamen pericial, esto es, $ 5.665.667.oo

If: índice final, equivalente al IPC para abril de 2017, esto es, 137,40

Ii: índice inicial, equivalente al IPC para septiembre de 2003, fecha en que se rindió el dictamen pericial, esto es, 75,26

En este orden, Va = Vi (If / Ii)

Va = 5.665.667.oo (137,40 / 75,26)

VA = 10.343.643.97

A propósito del lucro cesante derivado del decomiso de este vehículo, la Sala tendrá probado el mismo con las facturas y las cuentas de cobro aportadas en la demanda expedidas por William Zapata, que obran entre los folios 751-773 del cuaderno 1, y que suman un total de $ 14.535.000. Sin embargo, en los estados financieros de la sociedad demandante, obrantes en el plenario, los libros auxiliares de transacciones por cuenta/beneficiarios, reflejan pagos hechos a nombre del señor William Zapata, únicamente por un valor de $ 10.344.600; por lo tanto, esta será la suma reconocida por lucro cesante derivado del decomiso del vehículo automotor; cifra que deberá ser actualizada conforme a la siguiente fórmula matemática que para el efecto ha utilizado esta corporación:

Va = Vi (If /Ii)

donde,

Va: valor actual

Vi: valor inicial, equivalente a la suma reconocida conforme a los estados financieros y las facturas y cuentas de cobro por concepto de acarreos y transporte, esto es, $ 10.344.600.oo

If: índice final, equivalente al IPC para abril de 2017, esto es, 137,40

Ii: índice inicial, equivalente al IPC para agosto de 1998, fecha de la última de las cuentas de cobro de, esto es, 51.29

En este orden, Va = Vi (If/Ii)

Va = 10.344.600.oo (137,40 / 51,29)

VA = 27.711.991.42

8.1.3. Daño emergente derivado de la no devolución de las armas.

A este respecto se tiene por probado que de las armas, las escopetas calibre 16 de números 16.15814 y 1615826; así como los revólveres de números IM8809F, IM6941F que se encuentran en la Tercera Brigada, según lo confiesa el apoderado de la parte actora en la comunicación del 19 de septiembre de 1997(fl. 587, cdno. 1); se tiene por probado igualmente que dichas armas no habían sido entregadas por cuanto el salvaconducto había expirado durante el tiempo de decomiso, así se desprende de lo manifestado por el procurador judicial para asuntos penales en el oficio del 28 de octubre de 1997, (fl. 600, cdno. 1).

Así las cosas, como al determinar el daño antijurídico en relación con las armas, éste se reconoció sobre las siguientes: Revólver Llama calibre 38 Largo Nº IM4253B, Revólver Llama calibre 38 Largo Nº IM6941F, Revólver Llama calibre 38 Largo Nº IM8809F, Escopeta marca Indumil calibre 16, No.1615816, Escopeta marca Indumil calibre 16, Nº 1615814, Escopeta marca Indumil calibre 16, NO. 1615826; solo se podrá reconocer lucro cesante, respecto del revólver IM4253B, como quiera que conforme al plenario este no aparece; los otros no se han perdido; solo que su entrega estaba condiciona a la se renovación del salvo conducto correspondiente, por lo tanto no procede reconocer el daño emergente pedido. Para la cuantificación de este perjuicio se tendrá en cuenta la cotización hecha en Indumil por la perito designada, conforme a la cual el valor de este revólver en septiembre de 2003 era de $ 215.000, suma que deberá ser actualizada conforme a la siguiente fórmula matemática que para el efecto ha utilizado esta corporación:

Va = Vi (If /Ii)

donde,

Va: valor actual

Vi: valor inicial, equivalente a la cotización hecha por Indumil, esto es, $ 215.000.oo

If: índice final, equivalente al IPC para abril de 2017, esto es, 137,40

Ii: índice inicial, equivalente al IPC para septiembre de 2003, fecha en que se realizó la cotización correspondiente., 75.26

En este orden, Va = Vi (If /Ii)

Va = 215.000.oo (137,40 / 75,26)

VA = 392.519.26

8.1.4. Daño emergente por la no devolución de los radios de comunicación.

Como se explicó anteriormente al verificar la existencia del daño antijurídico, está demostrado en el plenario que se decomisaron dos radios de comunicaciones a la sociedad demandante, y se encuentra demostrado igualmente que los mismos no fueron devueltos, pues los mismos resultaron extraviados. Para cuantificar el perjuicio por su no devolución, la Sala tendrá en cuenta la cotización hecha por el perito en el dictamen pericial (fl. 231 del Cuaderno de pruebas), quien adjuntó los anexos correspondientes, que dieron cuenta que dichos equipos tenían un valor aproximado en el mercado de $ 1.340.000, cada uno; como fueron dos los radios que, según lo probado dentro del expediente, fueron decomisados: Radio Mirlang Nº 230002112 y Radio Yaesu FT480R; el valor de este perjuicio será reconocido en $ 2.680.000, suma que deberá ser actualizada conforme a la siguiente fórmula matemática que para el efecto ha utilizado esta corporación:

Va = Vi (If / Ii)

donde,

Va: valor actual

Vi: valor inicial, equivalente a la cotización hecha por el perito, esto es, $ 2.680.000.oo

If: índice final, equivalente al IPC para abril de 2017, esto es, 137.40

Ii: índice inicial, equivalente al IPC para septiembre de 2003, fecha en que se realizó la cotización correspondiente., 75.26

En este orden, Va = Vi (If /Ii)

Va = 2.680.000.oo (137,40 / 75,26)

VA = 4.892.798.29

8.1.5. Lucro cesante por el pago de honorarios al abogado que atendió el incidente de desembargo.

Pese a que se relaciona en la demanda un cuadro que contiene el índice de precios del consumidor a supuestos pagos hechos al abogado Julio César Obando (fls.807-809 del, cdno. 1), la prueba de tales pago no aparece en el plenario, por ello habrá de negarse este perjuicio.

Total de perjuicios materiales:

La suma total de perjuicios materiales efectivamente probados es de: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 43.340.952,94).

8(sic). Imputación de la condena.

La Sala pone de presente que en los eventos en que el daño devenga de un error judicial o un defectuoso funcionamiento por actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, aunque la demanda se dirija contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial – Rama Judicial y la notificación se surta frente a los representantes de dichas entidades, debe tenerse en cuenta el criterio interpretativo fijado en la providencia de 25 de septiembre de 2013 del Pleno de la Sección Tercera, donde se recordó que no se está frente a un problema de legitimación en la causa por pasiva sino de indebida representación, comoquiera que el centro de imputación contra quien se dirige la demanda es el mismo, esto es, la Nación (de la que hace parte tanto la Rama Judicial como la Fiscalía General de la Nación), razón por la cual se expresó:

“En ese orden de ideas, dar estricta aplicación al artículo 49 de la Ley 446 de 1998, para las demandas presentadas con posterioridad a su entrada en vigencia, en los casos similares al aquí estudiado, sería desconocer las dimensiones de prontitud y eficacia en la resolución del conflicto del derecho al acceso a la administración de justicia, pues implicaría declarar la nulidad de un proceso que lleva varios años tramitándose. Aún más violatorio de los derechos del demandante es el hecho de que la irregularidad procesal no le es imputable, puesto que luego de admitida la demanda, es el tribunal administrativo quien se encarga de hacer la notificación al representante de la Nación para el caso, que en unos eventos fue hecha de conformidad con la norma en comento, pero en otros, se siguió realizando como se hacía antes de su entrada en vigencia, sin que ello fuera motivo de objeción alguna por la parte demandada.  

En consecuencia, apelando a la aplicación retrospectiva de la jurisprudencia, adoptada por esta corporación, y en aras de respetar el derecho al acceso a la administración de justicia y la seguridad jurídica, se unificará la jurisprudencia en lo que se refiere a los procesos iniciados después de la Ley 446 de 1998, en los que la Nación-Fiscalía General haya sido representada por el director ejecutivo de la administración judicial, para que se les apliquen las razones expuestas en esta providencia, de tal forma, que no pueda alegarse, al menos con éxito, la nulidad por indebida representación de la demandada.”(74) 

Consecuencia de lo anterior, la condena en el sub judice se impondrá en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto las providencias en contienen el error jurisdiccional y las faltas constitutivas de defectuoso funcionamiento fueron proferidas y están vinculadas a conductas de funcionarios de esta Entidad.

8(sic). Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

REVOCAR la sentencia del 17 de marzo de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará así:

1. DECLARAR probada, de oficio, la excepción de falta de legitimación por pasiva del MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, por las razones expuestas en esta providencia.

2. DECLARAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la SOCIEDAD BERNAL DÍAZ Y CÍA LTDA, por el embargo, decomiso y no devolución de los bienes de esta sociedad dentro del proceso penal que por homicidio con fines terroristas se adelantó contra el señor ORLANDO VILLA ZAPATA, cuyo número de radicación en la Fiscalía de Cali fue 3299 y en el Juzgado Regional de Cali 2046.

3. CONDENAR a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar a favor de la SOCIEDAD BERNAL DÍAZ Y CIA LTDA, por concepto de daños materiales en los rubros de daño emergente y lucro cesante la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 43.340.952,94).

4. NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

5. SIN CONDENA en costas

6. DÉSE cumplimiento a esta sentencia conforme a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Consejero Presidente—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque, ausente con excusa».

1 Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

2 “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004, Sentencia C-037 de 2003.

3 Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, Exp. 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”.

4 “(...) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 185.

5 “(...) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”. Ob. cit., pág. 186.

6 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal – bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía- sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.

7 Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”. Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, Exp. 9550.

8 Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, Exp. 2001-01541 AG.

9 “(...) por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, Exp. 12166.

10 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, Exp. 1999-02382 AG.

11 “(...) el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cierto del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo (...) Se parte, en acuerdo con C. THIBIERGE cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad sólo por la simple amenaza del daño, con la condición de que éste último sea suficientemente grave” (...) La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido (...) La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”. HENAO, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T.II, 1ª editorial, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, págs. 194, 196 y 203.

12 Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004.

13 En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. KANT, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, pág. 35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

14 El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

15 “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. GIMBERNAT ORDEIG, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp.77 ss.

16 MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7.

17 LARENZ, K. “Hegelszurechnungslehre”, en MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7.

18 JAKOBS, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo... No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005, Exp. 14170.

19 MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. Ob. cit., pág.171.

20 El principio de proporcionalidad se compone de tres sub-principios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización (...) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer sub-principio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer sub principio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VÁSQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. Ob. cit., pág. 62.

21 La ley de la ponderación pone de manifiesto que ésta se puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.64.

22 ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “... la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación –afirma Habermas- los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, p.259. A lo que agrega: “... no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. HABERMAS, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”. En ROSENFELD, Michel; ARATO, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Ángeles, Berkeley, 1998, pág. 430.

23 La profesora BELADIEZ comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen <<resultados desproporcionados e injustos>> para la Administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la Administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. LEGUINA VILLA, Jesús. “Prólogo”, en BELADIEZ ROJO, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, p.23.

24 MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. Ob. cit., pág. 204.

25 “(...) el tema de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las Administraciones Públicas como consecuencia de la amplia actividad que éstas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la Administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de Derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de Derecho”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración. Un balance y tres reflexiones”. Ob. cit., pág. 308.

26 Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, Exp. 21515; de 23 de agosto de 2012, Exp. 23492.

27 Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es sólo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. MERKL, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, pág. 211. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no «parezcan» excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la Administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la Administración”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”. Ob. cit., pág. 311.

28 “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, Exp. 21515; 23 de agosto de 2012, Exp. 24392.

29 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer-Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015.

30 Una reseña de las decisiones del Consejo de Estado que contiene este sincretismo entre error y privación injusta de la libertad puede ser consultada en SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial. Cit. pág. 22.

31 Ibídem.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, Exp. 16271.

33 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer-Carias de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015, pág. 105

34 Ibídem, págs. 110 y ss.

35 Ibídem, pág. 115.

36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 11 de mayo de 2011, Exp. 22322.

37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 4 de Septiembre de 1997, Exp. 10285; 27 de abril de 2006, Exp. 14837; y 13 de agosto de 2008, Exp. 17412.

38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, expediente: 14837 y 23 de abril de 2008, expediente: 16271.

39 Reyes Monterreal, José María. La Responsabilidad del Estado por error y anormal funcionamiento de la administración de justicia. Editorial Colex. Madrid. 1995, pág. 24.

40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, Exp. 14837.

41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, Exp. 17650.

42 Alexy, Robert. Teoría de la argumentación. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 1997.

43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15776 y 14 de agosto de 2008, Exp. 16594.

44 Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996. Al respecto, se señaló en esta providencia: “Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas -según los criterios que establezca la ley-, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho”».

45 En este sentido, puede consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia del 10 de mayo de 2001, Exp. 12719.

46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, Exp. 17650. “Esta diferencia, resulta fundamental, para efectos de identificar de manera más clara los linderos de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, al descartar cualquier juicio de comportamiento subjetivo y centrar la atención en la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el ordenamiento jurídico, especialmente con los derechos fundamentales que puedan resultar comprometidos.

47 SABOURAULT, Didier. “La responsabilidad del servicio público de la justicia en Bélgica”, en DEGUERGUE, Maryse (Coord.) La justicia y la responsabilidad del Estado, Bogotá, Universidad de Santo Tomás, 2010, pág. 94.

48 GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva. Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p.57.

49 GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva. Ob. cit., pág. 58.

50 TOLIVAR ALAS, Leopoldo. “La responsabilidad patrimonial del Estado-Juez”, en QUINTANA LÓPEZ, Tomás (Dir.). La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y ámbitos sectoriales. Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, pág. 518.

51 Corte Constitucional, Sentencia C-318 de 30 de junio de 1998, M.P.: Carlos Gaviria Díaz.

52 Corte Constitucional, Sentencia C-1043 de 10 de agosto de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Tesis reiterada en la Sentencia C-207 de 11 de marzo de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

53 Corte Constitucional, Sentencia T-424 de 6 de mayo 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

54 Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 10 de abril de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de noviembre de 1967. Exp. 867.

56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp.12915, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que... efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 17301, C.P. Mauricio Fajardo Gómez (E).

57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Lo que significa que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp. 12915, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Así mismo, se ha sostenido que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que (...) efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Recientemente la Sala ha hecho referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos como hipótesis de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 17301, C.P. Mauricio Fajardo Gómez (E).

58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el derecho comparado se afirma que “se trata de un funcionamiento anormal debido a la actividad de los juzgados y tribunales, tanto de los propios jueces y magistrados en el ejercicio de su actividad jurisdiccional como de la oficina judicial a través de los secretarios judiciales que la dirigen y el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia”. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva. Ob. cit., pág. 57.

59 COLOMBIA, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1º de octubre de 1992, Exp. 7058. Sentencia del 13 de agosto de 1993, Exp. 7869 y sentencia de 18 de septiembre de 1997, Exp. 12686.

60 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer-Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015, pág. 155.

61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Exp. 10285, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de mayo de 1990, Exp. 5451, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta.

63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Exp. 10285, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

65 En el derecho comparado el funcionamiento anormal procede de actuaciones materiales, normalmente dilaciones indebidas, pero también por omisiones de fases, trámites o etapas procesales que impiden el recto enjuiciamiento de los asuntos. Son ejemplos típicos de funcionamiento anormal: las dilaciones indebidas, la desaparición de dinero, joyas, documentos u otras pruebas de convicción, sustracción de las mismas”. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva. Ob. cit., pág. 58.

66 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Puede verse el precedente Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de mayo de 1990, Exp. 5451, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta.

67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de septiembre de 1996, Exp. 11092.

68 La actuación fallida está relacionada con “una actuación necesaria para la aplicación de la decisión judicial previa: la que ordenó el remate”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 17301, C.P. Mauricio Fajardo Gómez (E).

72 fl. 16, cdno. 1.

73 Fl.124-130, cdno. 1.

74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Pleno de Sección Tercera. Auto de 25 de septiembre de 2013. Exp. 20420.