Sentencia 1998-01486 de abril 17 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-1998-01486-01(25183)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Graciela Sánchez de Ramírez

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., diecisiete de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por el valor de la mayor pretensión formulada en la demanda, esto es, $ 30.674.738(17), solicitada por concepto de perjuicios morales para cada uno de los demandantes, supera la cuantía mínima exigida en la ley vigente al momento de interposición del recurso (D. 597/88(18)), para que el asunto sea conocido en segunda instancia.

2. Caso concreto.

Como cuestión previa, es del caso señalar que las pruebas trasladadas del proceso penal adelantado por el Juzgado 56 Penal Militar, con ocasión de la muerte del soldado Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez, cuya solicitud de traslado fue formulada por la parte demandante(19) y coadyuvada por la parte demandada(20), podrán valorarse en su integridad, por cuanto fueron practicadas con citación o audiencia de la parte contra quien se aluden y, además, fueron remitidas a este proceso en copia auténtica, de manera que se cumplen los requisitos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(21), para tal fin.

Precisado lo anterior, se tiene que los demandantes deprecan la declaratoria de responsabilidad de la parte demandada, por la muerte del soldado Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez, ocurrida dentro de las instalaciones de la base militar “Tesorito”, cuando otro soldado, quien reportaba mala conducta y lo había amenazado antes, le disparó con el arma de dotación oficial.

La parte demandada señaló que no se demostró que la responsabilidad del Estado en este caso estuviera comprometida, pues los medios de prueba no conducen a la aplicación de un régimen específico de responsabilidad.

El tribunal a quo negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el daño no tuvo nexo alguno con el servicio, pues la muerte por la que se demanda se presentó en medio de una riña personal entre compañeros, lo que es ajeno al control de la institución militar.

Pues bien, con base en las pruebas recaudadas en el proceso, valoradas en su conjunto, se tiene como cierto, entre otras cosas, que Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez murió el 30 de mayo de 1998 a las 3:30 p.m., en el municipio de Zarzal (Valle)(22), como consecuencia de las heridas causadas con proyectil de arma de fuego que impactaron la cavidad craneana, lo que lesionó órganos vitales y le produjo shock neurogénico(23).

Verificada la existencia del daño, esto es, la muerte por cuya indemnización reclaman los actores, la Sala abordará el análisis de la imputación tendiente a establecer si ella es atribuible a la entidad pública demandada.

Según la tarjeta de incorporación 163787, Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez ingresó el 16 de junio de 1997 a las Fuerzas Militares - Ejército Nacional(24) como conscripto efectivo de la unidad táctica del tercer contingente de 1997, soldados regulares(25).

El 30 de mayo de 1998, a las 3:30 p.m., cuando se desempeñaba como estafeta de la sección de comunicaciones del Batallón de Infantería 23 Vencedores(26), resultó muerto cuando uno de sus compañeros, el soldado Jhon Fredy Rojas Marín(27), quien se encontraba disponible(28), le disparó con su arma de dotación oficial, que era el fusil Galil calibre 5.56, número 9456, serie 9617, “… el cual pertenecía (sic) asignado de dotación al soldado Sánchez Chica, de acuerdo al (sic) libro de repartición de armamento, y dicha arma la tenia (sic) Rojas Marín, ya que este se encontraba nombrado de guardia para el sábado y como este es decir Rojas Marín, tenia (sic) asignado un MGL es decir un lanzagranadas y para prestar dicho servicio se debe hacer con un fusil, entonces para ese día se le asignó el fusil mencionado, y además como el soldado Sánchez Chica Víctor Manuel es ranchero de la base, le prestó el fusil y Chica queda con el MGL del soldado Rojas”(29).

Respecto al momento de la muerte, el soldado Walter Hernández(30), en declaración rendida en el proceso, detalló:

“… como a las tres de la tarde no recuerdo la hora exacta, en esos momentos me encontraba en comunicaciones con el soldado Ramírez Sánchez, nosotros dos solos, en esos momentos suena el radio 7.30 y no se entiende el mensaje, ambos corremos a escuchar y finaliza la transmisión en esos momentos alguien llama al soldado Ramírez Sánchez, y él me dice que me quedé (sic) pendiente del radio… y él sale de la sección de comunicaciones, no escuchó (sic) ninguna palabra ningún grito de nada, lo único que escucho es el disparo, fueron dos seguidos, y salgo de una vez a la puerta y me encuentro que el soldado Ramírez Sánchez estaba en el piso y el soldado Rojas Marín estaba arrodillado me mira a la cara y acciona el disparador, el cual tenía la trompetilla en la boca y se explotó el cráneo, no tuve tiempo de reaccionar, ya que tan pronto me vio el soldado Rojas Marín de una vez accionó el disparador”(31).

Por otra parte, en el informe administrativo por muerte(32) se precisó, en cuanto a los hechos, que “Siendo la (sic) 13:50 horas regresa el SLR Rojas Marín, a las instalaciones del comando de la base, una vez hubo recibido su bonificación correspondiente al mes de mayo, ya que se encontraba el personal reunido en la plaza de armas recibiendo pagos y recibiendo instrucción de un material de guerra nuevo… Llama al SLR Ramírez y sin mediar palabra le hace dos disparos a la altura de la cabeza los cuales le causaron la muerte, (sic) e inmediatamente después, el SLR Rojas Marin, (sic) se agacha e introduce su arma en la boca y se suicida hechos que se presentaron en un lapso no mayor a 3 segundos”(33).

Dado lo anterior, en el informativo por muerte se concluyó: “El fallecimiento del SLR Ramírez Sánchez Gustavo ocurrió de acuerdo al (sic) Decreto 2728 de 1968 artículo 8º muerte en accidente en misión de servicio”(34).

El sargento segundo Ismael Romero Martínez (“Comandante Bélgica 4”), en el informe rendido al comandante del Batallón “Vencedores”, anotó que, según la versión del dragoneante Jorge Alberto Toro, momentos previos a la agresión, en horas de la mañana, escuchó cuando el soldado Rojas Marín se acercó a su compañero Ramírez Sánchez y lo agredió verbalmente “…le dijo que si se creía muy chimbita en el COB mientras yo ahuyo (sic) prestando guardia, el soldado Ramírez le contestó usted a su guardia y yo a mis comunicaciones al final yo no quiero tener problemas con nadie, solo quiero tener mi libreta y mi conducta, pagar mi servicio e irme para mi casa, Rojas le contestó que va muy crecidito con su cargo, pues yo le voy a enseñar de que están hechos los hombres e intento (sic) darle un cabezazo, Ramirez (sic) no le paro (sic) bolas al asunto, y ahí quedo (sic) el problema”(35).

En el mismo informe, el sargento segundo manifestó que el soldado Rojas Marín “… siempre andaba bajo efectos de alucinógenos, como marihuana, bazuco, etc. Y era uno que con todos tenía problemas, cuadros y soldados, en las patrullas era un problema, se le habían pasado informes por desobediencia, por desercion (sic), por irrespeto a los superiores o subalternos, por evadirse a consumir alucinógenos, desafiar a pelear a los cuadros, en varias ocasiones yo como comandante del pelotón sugerí al comandante de la compañía ST Serrano Cuervo Aldemar de que ese soldado era un problema que lo cambiara de pelotón pero no se hizo nunca…”(36).

La conducta irregular del soldado Rojas Marín fue advertida por sus compañeros, quienes en sus declaraciones fueron enfáticos en señalar que: “Ramírez Sánchez fue un compañero excelente, era buen compañero, y nunca tuvo problemas con nadie, nadie que me diera cuenta, era callado y muy responsable, y del otro se conocía por muergano (sic), problemático, grosero, vulgar, era mal compañero, le gustaba ponerle problema a todo el mundo, hasta en los cuadros tenía problemas”(37), “Rojas Marín era buen compañero pero mantenia (sic) como aburrido y permanecia (sic) de mal genio y ese soldado tuvo problemas con mucha gente, era muy problemático”(38).

En línea con lo expuesto, la Sala concluye que la muerte de Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez ocurrió cuando prestaba servicio militar obligatorio como estafeta del área de comunicaciones de la base a la cual estaba adscrito y otro de sus compañeros, también soldado regular de la compañía, le disparó, sin ninguna justificación, con el arma de dotación que le había sido asignada ese día para la prestación del servicio de guardia.

En esas condiciones y comoquiera que la muerte del soldado Ramírez Sánchez ocurrió cuando ostentaba la calidad de conscripto, entendida tal condición como aquella forma de reclutamiento de carácter obligatorio que se presta a través de las modalidades previstas en la ley, como soldado regular, soldado bachiller, auxiliar de policía bachiller o como soldado campesino(39), la Sala encuentra procedente efectuar varias precisiones.

En primer lugar, en relación con los títulos de imputación aplicables cuando se trata de estudiar la responsabilidad del Estado respecto de los daños causados a soldados conscriptos, la jurisprudencia ha establecido que los mismos pueden ser i) de naturaleza objetiva —tales como el daño especial o el riesgo excepcional— y ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso esta se encuentre acreditada(40). El daño especial opera cuando el daño se produce como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas(41); a su vez, el riesgo se da cuando este proviene de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos; y la falla probada surge cuando la irregularidad administrativa produce el daño. En todo caso, este último, es decir, el daño no resulta imputable al Estado cuando se produce por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, lo que lleva al rompimiento del nexo causal.

En segundo lugar, en aplicación del principio novit curia, esta corporación ha señalado que el juzgador debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable al Estado con fundamento en uno o cualquiera de los títulos de imputación antes mencionados; además, ha entendido que la administración pública, al imponer el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del soldado, pues se trata de una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado, de suerte que aquella (la administración) adquiere una posición de garante al doblegar la voluntad del soldado y disponer de la libertad individual de este para un fin determinado, por lo que el Estado entra en una relación de especial sujeción que lo hace responsable de los posibles daños que pueda padecer aquel, mientras permanezca a su cargo.

Vistas así las cosas, la Sala encuentra que la responsabilidad del Estado en este caso deberá edificarse a través del título de imputación denominado “daño especial”, por cuanto, como se vio, la muerte del soldado Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez se produjo cuando este se encontraba en estado de conscripción, mientras cumplía las funciones como estafeta de la sección de comunicaciones del batallón al que estaba adscrito.

En efecto, si bien el soldado Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez debía soportar la carga que implicaba la prestación del servicio militar, consistente en ver limitada su libertad, lo cierto es que esa carga se desbordó en la medida en que, sin razón ni justificación alguna, fue privado de la vida por uno de sus compañeros, quien empleó para ello el arma de dotación oficial de que lo había dotado la propia administración para el servicio.

A lo anterior se agrega que el soldado agresor reportaba antecedentes por conductas irregulares (consumo de alucinógenos y comportamientos agresivos), a pesar de lo cual no se adoptó alguna medida tendiente a removerlo de la prestación del servicio militar o a mantenerlo al margen del mismo, lo que maximizó el riesgo que representaba el hecho de permitirle manipular un artefacto peligroso, como el arma de dotación que portaba.

Por otra parte, la Sala encuentra que, aunque para el momento en que se produjo el daño tanto la víctima como el soldado agresor se mantenían en servicio, en la medida en que el primero de ellos ejercía como estafeta de la sección de comunicaciones y el segundo se encontraba en “disponibilidad”, razón por la que, precisamente, en el informativo administrativo por muerte, la misma se calificó como “en misión de servicio” (ver pág. 8), esa circunstancia no implica, por sí sola, que el daño haya tenido nexo con la prestación del servicio, pues bien podría haber tenido origen en asuntos netamente personales, ajenos a este; no obstante, ello no implica que aquel no pueda ser imputado a la administración, como se verá en los párrafos que siguen.

En efecto, no puede desconocerse que la responsabilidad del Estado se encuentra comprometida, en este caso, en la medida en que ese daño se produjo dentro de las instalaciones del batallón en el que se encontraban adscritos los soldados y se causó con arma de dotación oficial, aunado al hecho del estado de conscripción de la víctima, que obliga al Estado a devolverlo sano a la sociedad al final del servicio.

A lo anterior se agrega que los elementos de convicción que obran en el proceso no muestran que el daño estuvo determinado por la concurrencia de una causa extraña (fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o de un tercero), que exonere de responsabilidad a la entidad demandada; además, no prueban, con suficiente entidad, la afirmación del tribunal en cuanto a que los dos soldados (la víctima y su agresor) mantenían una pelea personal que llevó a la agresión en la que perdió la vida el soldado Ramírez Sánchez; así, la Sala no puede concluir que esa circunstancia determinó el hecho de la muerte.

Por todo lo anterior, se tiene que el daño alegado en la demanda resulta imputable a la entidad pública demandada, de modo que se revocará la sentencia recurrida y, en su lugar, se declarará administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por la muerte de Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez.

Indemnización de perjuicios

a. Perjuicios morales.

Por la muerte de Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez, concurrieron al proceso Gabriela Sánchez de Ramírez, quien alegó la calidad de madre de la víctima, Jeffry Rodríguez Sánchez, quien invocó la condición de hermano y Graciela Pavón de Sánchez y Manuel Tiberio Sánchez Álvarez, quienes alegaron la calidad de abuelos. Cada uno de los demandantes solicitó, por este perjuicio, el equivalente en pesos a 2021 gramos oro (fl. 29, cdno. 1).

En el proceso se encuentra acreditado que Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez era hijo de Gabriela Sánchez de Ramírez, según registro civil de nacimiento visible a folio 6 del cuaderno 1. También está probado que aquel y Jeffry Rodríguez Sánchez eran hermanos, según se infiere del registro civil de nacimiento visible a folio 7 del cuaderno 1, y que los señores Graciela Pavón de Sánchez y Manuel Tiberio Sánchez Álvarez son los abuelos de Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez, como surge del registro civil de nacimiento de Gabriela Sánchez de Ramírez(42) (fl. 9, cdno. 1).

Al respecto, es del caso resaltar que, según la jurisprudencia de la Sala, en los eventos en los que una persona fallece y esta muerte es imputable al Estado, ello puede desencadenar la indemnización de perjuicios morales.

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, desde el 6 de septiembre de 2001, se abandonó el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales. Se ha considerado desde entonces, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(43).

Bajo esa perspectiva, la Sala efectuará la tasación de este perjuicio con base en el monto del salario mínimo mensual legal vigente para la fecha en que se dicta esta sentencia.

En ese orden de ideas, se condenará a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar, por concepto de perjuicios morales, las sumas de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de quien alegó la calidad de madre de la víctima y de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de quienes alegaron las calidades de hermano y abuelos de Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez.

b. Perjuicios materiales.

Se solicitaron, por concepto de perjuicios materiales, el lucro cesante consolidado y el futuro, a favor de la madre de la víctima, “… por la supresión de la ayuda económica —lucro cesante— que venía recibiendo de su hijo legítimo, el soldado del Ejército Nacional Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez”(44).

Es del caso precisar que, tratándose de la reclamación de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, formulada por un padre de familia con ocasión de la muerte de un hijo, la Sala ha reconocido dicha indemnización hasta cuando la víctima hubiera alcanzado la edad de 25 años, pues se supone que, a partir de ese momento de la vida, esta decide formar su propio hogar; no obstante, si el padre acredita que dependía económicamente de su hijo por la imposibilidad de trabajar, dicha indemnización puede calcularse hasta la vida probable del padre.

En este caso, no se logró acreditar que la madre dependiera exclusivamente de los ingresos que percibía de su hijo; por el contrario, las pruebas dan cuenta de que ella se dedicaba a una actividad económica para su sostenimiento; así, en la declaración rendida por Luz Marina Gutiérrez, se dijo: “Gabriela en este momento depende económicamente, (sic) cuando le resultan trabajos temporales o a veces cuando no tiene trabajo, va a lavar a casas ajenas”(45).

Por lo anterior, para efectos indemnizatorios, se calculará como período indemnizable el lucro cesante consolidado, comprendido entre la fecha de los hechos (mayo 30/98) y el momento en que la víctima habría cumplido la edad de 25 años (abr. 1º/2003). Como ingreso base para la liquidación, se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente a esta sentencia ($ 589.500(46)), pues este resulta, en términos de equidad, más beneficioso que la cifra ($ 456.407) que surge de la actualización del salario mínimo legal vigente ($ 203.826) a la fecha de los hechos, aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, esto es:

Ra = Rh Índice final/ Índice inicial

Donde (Ra) es igual a la renta histórica (Rh) ($ 203.826 - salario 1998) multiplicada por la cifra que resulte de dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia (índice final) por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se produjo la muerte (índice inicial).

 

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Al salario mínimo legal mensual vigente ($ 589.500) se le sumará un 25%, por concepto de prestaciones sociales, para un total de $ 736.875 y a este valor se le restará un 25%, que se presume que la víctima destinaba para su propia manutención; así, el ingreso base de liquidación corresponde a la suma de $ 552.656.

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

 

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Donde Ra es el ingreso base ($ 552.656), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos (mayo 30/98) hasta el 1º de abril de 2003, fecha en que la víctima cumplió 25 años de edad, para un total de 58.03 meses:

 

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Respecto del lucro cesante futuro, la Sala se abstendrá de efectuar algún tipo de reconocimiento, en la medida en que, para la fecha de esta sentencia, la víctima ya habría alcanzado la edad de 25 años.

Condena en costas

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 28 de febrero de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; en su lugar, se dispone:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por la muerte del señor Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez, ocurrida el 30 de mayo de 1998.

2. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar, a las personas que se relacionan a continuación, las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales, ocasionados con la muerte del señor Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez:

Gabriela Sánchez de Ramírez (madre)100 smlmv
Jeffry Rodríguez Sánchez (hermano) 50 smlmv
Graciela Pavón de Sánchez (abuela) 50 smlmv
Manuel Tiberio Sánchez Álvarez (abuelo) 50 smlmv

 

3. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 36.331.605, a favor de la señora Gabriela Sánchez de Ramírez.

4. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

SEGUNDO: DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el tribunal a quo cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(17) Suma que se obtiene de multiplicar por 2.021, el valor del gramo oro para la fecha de presentación de la demanda (oct. 13/98), certificado por el Banco de la República y publicado a través de la página web www.banrep.gov.co ($ 15.178).

(18) Decreto 597 de 1988, artículo 132: es competencia de los tribunales, en primera instancia, conocer “10. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas en los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de ($ 18.850.000)” —cuantía prevista para el año de presentación de la demanda (1997)—.

(19) En el acápite de pruebas de la demanda (fl. 38, cdno. 1).

(20) En la contestación de la demanda (fl. 71, ib.).

(21) Artículo 185 Código de Procedimiento Civil. Prueba trasladada: Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

(22) Registro civil de defunción de la Notaría Única del Circuito de Zarzal - Valle (fl. 11, cdno. 1).

(23) Acta de necropsia médico-legal (fl. 49, cdno. 2).

(24) Folio 10, cuaderno 2.e

(25) Folio 21, cuaderno 2.

(26) Sin foliatura.

(27) Según informe rendido por el sargento segundo Ismael Romero Martínez (fl. 9, cdno. 2).

(28) Sin foliatura.

(29) Testimonio del sargento segundo Ismael Enrique Romero (fl. 29, cdno. 2).

(30) Testimonio visible a folios 33 y 34, cuaderno 2.

(31) Folios 32 y 33, cuaderno 2.

(32) Sin foliatura.

(33) Ibídem.

(34) Ibídem.

(35) Ibídem.

(36) Ibídem.

(37) En declaración rendida por el soldado Walter Domínguez (fl. 34, cdno. 2).

(38) En declaración rendida por Emerson Zapato Hidalgo (fl. 40, cdno. 2).

(39) Artículo 13 de la Ley 48 de 1993: El gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio.

“ART. 13.—Modalidades prestación servicio militar obligatorio.

El gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio.

Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación del servicio militar:

Como soldado regular, de 18 a 24 meses;

Como soldado bachiller, durante 12 meses;

Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses;

Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses.

(40) Sentencia del 28 de abril de 2010. Expediente: 17992. Actor: Ernesto Cifuentes Hernández y otros.

(41) En sentencia de 10 de agosto de 2005, Expediente 16205, la Sala, al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridas por un soldado que, en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, consistente en realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: “... la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el comandante del escuadrón B de contraguerrillas de registro del área general del municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho”.

(42) En el registro civil de nacimiento se observa que su nombre de soltera es Gabriela Sánchez Pavón.

(43) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros - William Alberto González y otra.

(44) Folio 17, cuaderno 1.

(45) Folio 15, cuaderno 2.

(46) Según Decreto 2738 del 28 de diciembre de 2012, “Por el cual se fija el salario mínimo legal”, a partir del 1º de enero de 2013.