Sentencia 1998-01533 de junio 12 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Rad.: 760012331000199801533-01 (27.917)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actores: Jesús María Acosta Gómez y otros

Demandado: Nación, Ministerio de Transporte e Instituto Nacional de Vías —Invías—

Asunto: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 10 de julio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por el valor de la mayor pretensión formulada en la demanda, esto es, $ 26’669.920, solicitada por concepto de perjuicios morales para cada uno de los demandantes, supera la cuantía mínima exigida en la ley vigente al momento de la interposición del recurso (D. 597/98)(1), para que el proceso se considere de doble instancia.

2. Valoración probatoria y conclusiones.

La parte actora aportó con la demanda, en copia simple, la historia clínica del señor Luis Hernando Mejía Valencia (fls. 32 a 123, cdno. 2).

Respecto de este documento, por haber sido allegado en copia simple, debe recordarse que el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 117 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, establece:

“Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

“1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

“2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

“3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Esta norma resulta aplicable al caso, conforme a la remisión del artículo 168 de Código Contencioso Administrativo y, en ese orden de ideas, es evidente que no existe certeza sobre la autenticidad de la historia clínica aportada por los actores, pues no satisface los requisitos de tal disposición; en consecuencia, es claro que carece de mérito probatorio, conforme a la ley, motivo por el cual la Sala se abstiene de valorarla.

Además de las pruebas aportadas al plenario con el escrito de la demanda, los actores solicitaron el traslado del proceso penal que se adelantó con ocasión del accidente de tránsito que causó la muerte del señor Juan de la Santísima Trinidad Herrera y las lesiones de los señores Luis Hernando Mejía Valencia, Jesús María Acosta Gómez y Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez, petición que fue coadyuvada por el Instituto Nacional de Vías (fls. 149 y 168, cdno. 2).

Las mencionadas pruebas trasladadas fueron decretadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en auto de 24 de agosto de 2001 (fls. 278 a 283, cdno. 2) y el Fiscal 22 Seccional Delegado ante los Jueces Penales de Cartago, mediante oficio 993 del 23 de julio de 2002, allegó al plenario copia auténtica de la investigación previa que se adelantó por el homicidio culposo del señor Juan de la Santísima Trinidad Herrera (fls. 2 a 24, cdno. 5).

En cuanto al traslado de pruebas, esta sección ha expresado, en otras ocasiones, que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquella, no podrán valorase en el proceso contencioso administrativo(2). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque formalidades legales para su inadmisión(3).

En el presente asunto, como el traslado de las pruebas del mencionado proceso fue coadyuvado por la entidad demandada y las mismas obran en copia auténtica, no hay inconveniente alguno para que puedan ser valoradas.

Así pues, con las pruebas practicadas válidamente en el plenario, se encuentra acreditado lo siguiente:

1. Respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente, el agente Luis Fernando García Marín, en el Informe de accidente de tránsito, señaló (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“... accidente de tránsito ocurrido el 18-10-96 a las 12:00 a.m. aproximadamente en la vía que de Zaragoza conduce a Obando a la altura de KM 3 aproximadamente, entre los siguientes vehículos:

1) Automóvil CHEVROLET, color Rojo Naranja, Mod. 82, de PLACAS AGE-983, particular, Licencia de Tránsito... Conducido por el Sr. LUIS HERNANDO MEJÍA VALENCIA c.c. 16.223.974, Licencia de Conducción... el cual resultó Lesionado en el accidente, atendido en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Cartago y remitido a la ciudad de Pereira. El cual presenta Trauma Craneoencefálico severo.

2) Automóvil FIAT, color gris, de PLACAS HMJ-053, mod. 81, particular, Licencia de Tránsito... de propiedad de la Sra. CLAUDIA BEATRIZ PUESTA AGUDELO... Conducido por el Sr. JUAN DE LA SANTISIMA TRINIDAD HERRERA... el cual no presentó Licencia de Conducción... resultó Lesionado en el accidente, presentando Hematoma Intracerebral agudo... Como pasajeros de este vehículo se trasladaban los Señores que relacionó a continuación y los cuales resultaron lesionados:

3) JESÚS MARÍA ACOSTA GÓMEZ c.c. 14.880.846 de Buga... el cual presenta Fractura en la Clavícula y costillas derechas, Laceraciones en el cuerpo, el antes mencionado fue atendido en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Cartago.

4) LUIS ALFONSO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ, c.c. 14.875.192 de Buga... el cual presenta Fracturas en brazo derecho, herida costado derecho y Laceraciones en diferentes partes del cuerpo, fue atendido en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Cartago.

HECHOS: Estos se presentaron en el lugar y hora indicada cuando: El vehículo FIAT según versión de los ocupantes que venían como pasajeros al llegar a unos huecos que se encuentran en la vía en el lugar de los hechos el Conductor trato de esquivarlo y perdió el control del vehículo y giró hacia la izquierda del conductor colisionando con el otro vehículo casi en la Línea de borde del carril que conduce de Cartago a Obando, por donde se movilizaba el vehículo CHECROLET(sic).

LA VÍA: Es de doble sentido, dos carriles, con huecos, material suelto, en asfalto, con línea de borde, central, sin señalización” (mayúsculas del texto original, resalta la Sala) (fl. 8, cdno. 4).

2. En el croquis del accidente, el mencionado agente consignó:

“3. CLASE: CHOQUE.

“4. LUGAR: Km 3 vía Zaragoza, Obando.

“5. FECHA Y HORA: 18-10-96 hora ocurrencia: 12:00.

“(...).

“6.5. TIEMPO: NORMAL.

“(...).

“7. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA.

“7.1. RECTA, CON BERMAS en los dos carriles.

“(...).

“7.4. CARRILES: 2.

“(...)

“7.6. ESTADO: CON HUECOS, PARCHEOS VÍA 1 y 2.

“7.7. CONDICIONES: MATERIAL SUELTO, VÍA 1 y 2.

“7.9.(sic) SEÑALES: NINGUNA, VÍA 1 y 2.

“CAUSAS PROBABLES: VEHÍCULO 2 135 y 36” (mayúsculas del texto original, resalta la Sala) (fl. 39, cdno. 3).

3. El agente Luis Fernando García Marín, en la declaración que rindió ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, señaló (se transcribe tal cual):

“Al observar el informe que se rindió a la Fiscalía local, todo cuanto se y me consta lo digo nuevamente queda consignado en el informe que en estos momentos tengo en mis manos y en el cual aparece consignado el estado total de la vía y la información que no aparece en dicho informe es porque en el momento del accidente no se observó, y en cuanto a las causas probables de dicho accidente como bien lo dice la palabra, son solamente causas probables, de acuerdo a lo que se observa y a las versiones que dan los implicados en el accidente, más no se está afirmando que haya sido por esto que se haya suscitado el accidente, ya que eso es responsabilidad de las autoridades competentes determinar quién o cual fue la causa o causal del accidente, eso es todo... Preguntado: a quién le corresponde colocar las señales de prevención en la vía para evitar accidentes cuando están realizando trabajos en esta, a los conductores de los vehículos? o a la entidad del Estado con la cual se ha contratado para realizar dichos trabajos. Contestó: cuando se hacen reparación total o parcial de la vías que obstaculicen el tránsito vehicular por uno o dos carriles de la vía, es a los organismos del tránsito o el Ministerio del Transporte, más en el informe que se rinde no se informa que estuvieran realizando trabajos en el sitio del accidente” (fls. 34 y 35, cdno. 3) (resalta la Sala).

4. Mediante oficio de 27 de agosto de 2002, la directora regional del Instituto Nacional de Vías le informó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que el cuidado y mantenimiento de la carretera Obando-Zaragoza correspondía al Instituto Nacional de Vías y que para dicho propósito celebró los siguientes contratos: i) contrato 361 de 1996, suscrito con APA Ltda. Ingenieros Contratistas, cuyo objeto era el mejoramiento y conservación de la carretera La Paila (K2+700) -Cartago (79+500) desde el 28 de junio de 1996 hasta el 15 de mayo de 1997, ii) contrato 480-96, firmado con el consorcio interventor Méndez-Osac, cuyo objeto era la interventoría para el mejoramiento y conservación de la carretera La Paila-Cartago entre el 20 de agosto de 1996 y el 12 de junio de 1997, iii) contrato RV-021-96, suscrito con la Precooperativa Villa de Robledo Ltda., cuyo objeto era la conservación rutinaria y el mantenimiento vial de la carretera Andalucía-Cartago, sector La Paila-Cartago en el K23+170 al K80+460, entre el 1º de marzo de 1996 y el 1º de marzo de 1997 y iv) contrato RV-078-96, celebrado con J & J Ingenieros, cuyo objeto era “la administración del mantenimiento vial para adelantar gestiones y acciones tendentes a lograr el mejoramiento y una efectiva y oportuna conservación de las carreteras nacionales Mediacanoa-Asermanuevo y La Paila-Cartago, a cargo de la regional Valle, en una longitud de 180.7 kilómetros, entre el período de 1º de agosto de 1996 hasta el 10 de febrero de 1998” (fls. 8 y 9, cdno. 3).

5. Mediante resolución inhibitoria 103 de 14 de noviembre de 1997, el Fiscal 22 Seccional Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Cartago señaló:

“Los ocupantes del vehículo que conducía el hoy occiso son acordes y al unísono manifestaron que la causa del accidente fue el mal estado de la vía y que debido a ello, Juan de la Santísima Trinidad Herrera, al esquivar los huecos usurpó la vía contraria por donde se desplasaba (sic) el otro vehículo con el cual se produjo la colisión.

“(...).

“Del material probatorio recaudado en esta investigación, se tiene que el hoy occiso obró imprudentemente al conducir el vehículo imprimiéndole una alta velocidad en una carretera que presentaba baches a la vera del camino y al hacer giros para eludirlos, ocupó el carril que no le correspondía encontrándose el vehículo que transitaba en sentido contrario y así produciéndose los resultados ya conocidos. En la conducción desarrollada por el señor Herrera, brilló el elemento denominado Imprudencia el cual es el elemento integrante de la culpa penal y que se presenta por la falta de tomas (sic) las precauciones necesarias al obrar precipitadamente con ofuscación, temeridad o sin dominio y serenidad de ánimo” (fls. 22 y 23, cdno. 6).

Por otra parte, revisada la declaración del señor Mario Cayo Villamor Barreto, la Sala considera que a esta no puede otorgase credibilidad, pues, en primer lugar, manifestó que el 18 de octubre de 1996 trabajó en la vía que de Zarazal conduce a Obando y no se enteró del accidente de tránsito y, en segundo término, su versión respecto de las condiciones y señalización de la vía es ostensiblemente contradictoria respecto de los demás medios de prueba que obran en el proceso. Además, se encuentra acreditado en el plenario que, para la época en que sucedieron los hechos, este testigo tenía una relación laboral con la sociedad contratista que realizaba obras de “parcheo” en el lugar en que se produjo el accidente, circunstancia que, unida a lo anterior, afecta la imparcialidad y la veracidad de su declaración(4).

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la Sala encuentra acreditado que los señores Jesús María Acosta Gómez, Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez y Luis Hernando Mejía Valencia sufrieron varias lesiones, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 18 de octubre de 1996, en la vía que de Zaragoza conduce al municipio de Obando.

Según el informe y el croquis suscritos por el agente Luis Fernando García Marín, el accidente ocurrió en instantes en que el señor Juan de la Santísima Trinidad Herrera, por intentar esquivar los huecos que se encontraban en la vía, invadió el carril contrario y colisionó con el vehículo en el que se transportaba el señor Luis Hernando Vásquez Gutiérrez.

En los mencionados documentos se consignó también que la vía donde ocurrió el accidente presentaba huecos, material suelto y que no tenía señales preventivas que advirtieran a los transeúntes sobre la existencia de estos desperfectos, ni del peligro que representaban para las personas que circulaban por ese sector.

Según oficio de 27 de agosto de 2002, suscrito por la directora regional del Instituto Nacional de Vías(5), esa entidad tenía a su cargo el cuidado y mantenimiento de la vía Obando-Zaragoza, donde se encuentra ubicado el tramo en donde se produjo el accidente.

Bajo esa perspectiva, es evidente que el Instituto Nacional de Vías incumplió su obligación de mantenimiento, conservación y señalización de la vía que estaba a su cargo, toda vez que no adoptó las medidas necesarias para tapar o, por lo menos, señalizar los huecos que estaban sobre esta, lo cual contribuyó de manera determinante para que se produjera el daño cuyos perjuicios se demandan.

Así las cosas, es claro que el daño antijurídico causado a los actores le es imputable al Instituto Nacional de Vías, de conformidad con el régimen de la falla del servicio, por cuanto se demostró que tenía a su cargo la conservación y mantenimiento de la vía que de Zaragoza conduce al municipio de Obando y porque no cumplió con su deber de garantizar el tránsito adecuado y seguro en esa carretera, pues, como se probó con el informe de accidente y el croquis, la mencionada vía tenía huecos y no contaba con señalización alguna que advirtiera a los transeúntes y peatones sobre el peligro que representaba dicha situación.

Al respecto, es preciso señalar que, cuando la omisión de un deber legal da lugar a un resultado dañoso, se configura una falla en la prestación del servicio. Precisamente, la Sala en varias oportunidades se ha referido al régimen de falla del servicio, para señalar que este ha sido y continúa siendo en nuestro derecho el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria a cargo del Estado; en efecto, si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual(6).

También ha sostenido la Sala que el artículo 2º (inc. 2º) de la Carta, según el cual “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades...”, “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”(7).

En esa medida, el Estado tiene la obligación de utilizar adecuada y eficientemente todos los medios que están a su alcance en orden a cumplir el cometido institucional. Si el daño se produce por su incuria o desidia en el empleo de tales medios, surge su obligación resarcitoria; en cambio, si el daño ocurre a pesar de su diligencia y cuidado, no es posible que resulte comprometida su responsabilidad.

En casos como este, en los que la existencia de huecos o falta de dispositivos de señalización han sido la causa determinante en la generación de accidentes de tránsito, cuando dicha obligación está a cargo de las autoridades administrativas, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera (se transcribe tal cual):

“La seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida u obstaculizada por situaciones anormales, que en eventos como el de autos, constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en todo el plexo normativo en esta materia, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8º del Decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas; el artículo 1º inciso segundo del Código Nacional de Tránsito, el capítulo octavo de la Ley 336 de 1996, que desarrollan el principio de la seguridad entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción con (sic) un derecho fundamental; y todos ellos se acompasan con el denominado principio de la señalización en materia de tránsito de vehículos, en efecto se ha dicho:

‘Sobre la importancia de la señalización la doctrina ha llegado inclusive a acuñar la expresión ‘Principio de señalización’, del cual se deriva que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa comprometen la responsabilidad de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado. Se ve en este principio, que fuera de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. Si por falta o falla de la administración no se advierte a tiempo de los peligros; o advertida de ellos no los remedia; o deja pasar la oportunidad para hacerlo; en todos estos casos y otros similares, el Estado deberá la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, lo que hace que no sean adecuadas y seguras.

‘La seguridad de los habitantes, o mejor de los usuarios de las vías públicas, es uno de los deberes propios de las entidades y personas vinculadas al control del tránsito en todo el territorio Nacional, así lo estableció el Decreto 1344 de 1970. Resulta evidente que cuando esa seguridad no es propiciada, antes bien, es cuestionada o puesta en peligro, por la inercia o negligencia de las autoridades llamadas a ejercer el control, las consecuencias gravosas para los particulares, que pueden seguirse de dichas omisiones o cumplimiento defectuosos (sic) de tales competencias, han de ser asumidas por las respectivas entidades públicas.

“En consecuencia, concluye la Sala que hubo incumplimiento de las normas de señalización preventiva en el lugar del accidente, lo cual permite imputar los dañor (sic) antijurídicos de que trata el presente asunto al Invías, entidad encargada del mantenimiento de la ruta 45 tramo 18 comprendido desde el Río Ariguaní hasta la Ye de Ciénaga, comoquiera que dicha falla se erige en la causa determinante de los mismos, y en virtud de lo cual se reclama su reparación”(8).

No obstante, con la prueba documental referida, igualmente se demostró que la conducta indebida de un tercero, esto es, la impericia y la infracción de las normas de tránsito por parte del señor Juan de la Santísima Trinidad Herrera, también contribuyó a la ocurrencia del accidente de tránsito, pues, al invadir el carril contrario, colisionó con el vehículo que conducía el señor Luis Hernando Mejía Valencia, causando el deceso de aquel y graves lesiones a los demandantes.

En efecto, el croquis del accidente evidencia que, a pesar de que estaba de día, las condiciones de tiempo eran normales, la vía era recta, plana, con bermas y de dos carriles, el señor Juan de la Santísima Trinidad Herrera no observó las normas de tránsito ni tomó las precauciones necesarias para esquivar los huecos que estaban sobre la carretera, pues, si bien es cierto que se cambió de carril para eludirlos, también es cierto que dicha maniobra la hizo con imprudencia e impericia, ya que bien pudo detenerse o disminuir su velocidad y esperar que la otra vía estuviera despejada o, desviar hacia su derecha, esto es hacia la berma o, en el caso más extremo, pasar sobre dichos huecos, no obstante lo cual decidió invadir el carril de circulación contraria, donde colisionó con el vehículo conducido por el señor Luis Hernando Mejía Valencia.

Sobre las obligaciones y medidas de precaución que deben observar los conductores, el artículo 126 del Decreto-Ley 1344 de 1970, modificado por los decretos 1809 de 1990 y 2591 de 1990 (Código Nacional de Tránsito, vigente para la época de los hechos) establecía:

“ART. 126.—Todo conductor, al detener su vehículo en vía pública, deberá hacerlo en forma que no obstaculice el tránsito de los demás usuarios, y abstenerse de efectuar maniobras que pongan en peligro a otros vehículos o a las personas” (resalta la Sala).

Respecto de las maniobras de adelantamiento, el artículo 135 ibídem establecía:

ART. 135.—Todo conductor antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra debe observar: que ningún conductor que le siga haya empezado la maniobra para adelantarlo, que el carril izquierdo esté libre, calcular una longitud suficiente que la vía que vaya a tomar esté libre en una longitud suficiente para pasar de acuerdo con su velocidad y a la de los demás vehículos que vaya a adelantar, que la maniobra no entorpezca el tránsito y anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o audibles” (resalta la Sala).

Así las cosas, la normatividad de transito referida y el acervo probatorio obrante en el expediente no dejan a la Sala duda alguna en torno a que en el accidente de tránsito que ocasionó las lesiones de los señores Jesús María Acosta Gómez, Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez y Luis Hernando Mejía Valencia concurrieron dos causas: i) los huecos que existían en la vía y su falta de señalización y ii) la impericia e incumplimiento de las normas de tránsito por parte del señor Juan de la Santísima Trinidad Herrera.

Por lo anterior, forzoso resulta concluir que el daño causado a los demandantes es jurídicamente imputable tanto al Instituto Nacional de Vías —Invías— como al señor Juan de la Santísima Trinidad Herrera, razón por la cual la Sala condenará a la demandada a pagar el 50% de los perjuicios que se causaron a los demandantes, comoquiera que, si bien aquella incurrió en una falla en el servicio, la conducta de un tercero (Juan de la Santísima Trinidad Herrera) también fue determinante para la producción del daño.

Efectuadas las anteriores precisiones, se procede a efectuar la correspondiente liquidación de perjuicios, de conformidad con los extremos trazados en la demanda.

3. Indemnización de perjuicios.

3.1. Perjuicios morales.

Por las lesiones de los señores Jesús María Acosta Gómez, Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez y Luis Hernando Mejía Valencia, además de estos concurrieron al proceso sus familiares, según se desprende de la demanda y de los poderes conferidos a su apoderado judicial (fls. 1 a 27, cdno. 2).

En relación con el parentesco de los demandantes con los mencionados señores, obran en el proceso las siguientes pruebas:

1. Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Jesús María y Margarita Acosta Gómez, en la que consta que son hijos de los señores Heriberto Acosta Colorado y Ana María Gómez de Acosta (fl. 7 y 10, cdno. 2).

2. Copia auténtica del registro civil de matrimonio de Jesús María Acosta Gómez y Alba Torres Méndez (fl. 8, cdno. 2).

3. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Camilo Andrés Acosta Torres, en la que se indica que es hijo de Jesús María Acosta Gómez y Alba Torres Méndez (fl. 6, cdno. 2).

4. Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Brayllan Alberto y Danitza Lisseth Vásquez Tobón, donde se indica que son hijos de Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez y Gloria Lucila Tobón Becerra (fls. 14 y 15, cdno. 2).

5. Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento y certificaciones expedidas por el Notario Primero de Cartago, en las que se indica que los señores Luis Hernando, Alfredo, Jhon Jairo y Javier Mejía Valencia son hijos de Alfredo Antonio Mejía Cardona y Nubia Valencia Villa (fls. 29, 31, 34 y 36, cdno. 2).

Ahora bien, en cuanto al núcleo familiar y el padecimiento moral de los familiares del señor Jesús María Acosta Gómez, la señora María Emilsen Suárez Zapata, en la declaración que rindió ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Guadalajara Buga, por comisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, señaló:

“Preguntada: sírvase decirnos si conoce la familia Acosta Gómez, hace cuanto (sic), y la razón de su dicho. Contestó: si (sic), conozco a la familia Acosta Gómez, yo los conozco desde pequeños, porque somos vecinos... La familia la forman los hermnos (sic) que son 6 y siete con Jesús María (sic), y el papá y la mamá, uno (sic) se llama Fernando Acosta, Gerardo Acosta, Francisco Acosta, Margarita Acosta, Aureliano Acosta y Jaime Acosta, estos son hermanos... PREGUNTADA: cuál (sic) fue el impacto que sufrió el grupo familiar descrito anteriormente por usted, cuando se enteraron de que Jesús María Acosta se había accidentado? Contesto: su esposa se puso como loca, sus padres casi semueren (sic) de la preocupación y sus hermanos todos preocupados, fueron al hospital, haber (sic) que (sic) hacían y llorando eso es horrible” (fl. 63 vto. y 64, cdno. 3) (resalta la Sala).

Sobre los mismos hechos, la señora Cilia María González de Delgado manifestó (se transcribe tal cual):

“Preguntada: sírvase decirle al juzgado como está integrada la familia Acosta Gómez, indicando los nombres de cada miembro Contestó: los padres, siete hijos, los hermanos de Jesús María Acosta son; Fernando, Francisco, Margarita, Gerardo, Aureliano y Jaime. La mamá de Jesús María es Ana María Gómez y el padre Heriberto Acosta. Jesús María tiene una esposa que se llama Alba no recuerdo el apellido, y tiene un hijo de unos 8 años... Preguntada: manifieste al despacho a que centro asistencial llevaron a Jesús María Acosta, después del accidente y quien se preocupó por él. Contestó: al hospital de Cartago, después al Hospital de Buga, la esposa se puso como loca y consiguió carro, para ir a buscarlo, y los padres y los hermanos se preocuparon mucho , los padres como son de bastante edad, se preocuparon mucho, recuerdo que doña Ana o sea la mamá estuvo bastante delicada de salud por el accidente sufrido por Jesús María, los hermanos también se preocuparon mucho porque son muy unidos... Preguntada: cómo ha sido la relación de Jesús María Acosta con sus padres y hermanos. Contestó: hasta donde yo sé s e(sic) que muy bien, él está pendiente de la mamá, de los hermanos y del papá, y yo sé que ellos también están pendiente y estando pendientes de Jesús María, porque son unidos” (fls. 64 vto. y 65, cdno. 3 ).

Al respecto, María Inés Delgado González relató:

“... La integración de la familia son sus padres, Heriberto Acosta, la madre Ana María Gómez, los hermanos, son siete el mayor es Fernando, Margarita, Francisco, Gerardo, Aureliano, Jesús María y Jaime, Jesús María además tiene esposa y un hijo. La esposa se llama Alba, no recuerdo el apellido, y el niño se llama Camilo... la señora de él Alba estuvo pendiente de él desde el primer momento que estuvo pendiente de él (sic) también la mamá, (sic) el papá y los hermanos, que cuando pasa una cosa de estas todo el mundo corre. Se afecta la familia de todas maneras” (fls. 65 vto. y 66, cdno. 3) (resalta la Sala).

La Sala les otorgará a los señores Gerardo Antonio, Luis Fernando, José Francisco, Aureliano y Jaime Humberto Acosta Gómez la condición de terceros afectados con el daño, por cuanto, con la prueba testimonial referida, se acreditaron plenamente las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto que existen entre ellos y el señor Jesús María Acosta Gómez.

Respecto del núcleo familiar del señor Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez, el señor Víctor Darío Lozano Tascón señaló:

“Luis Alfonso tiene la esposa que se llama Gloria Lucila, la niña se llama Danisa Liseth, y el niño se llama Brayan, y él vive con Clara la tia (sic)... se preocuparon por él su esposa Gloria y su tia (sic) Clara Gutiérrez, y sus hijos claro” (fl. 68, cdno. 3) (resalta la Sala).

Al respecto, Alba Cecilia Delgado de García manifestó:

“Preguntada: sírvase decirle al juzgado como (sic) está integrada la familia del señor Luis Alfonso Vásquez. Contestó: una tia (sic) de nombre Clara Rosa Gutiérrez y a raíz del accidente la mamá se enfermó y se murió como al año, la señora se llama Gloria Lucía, y tienen dos niños, la niña de 16 años Danisa Liseth (sic) y el niño Brayan de unos doce años más o menos... la esposa no hacía sino llorar los hijos lloraban mucho, la familia se veía muy triste... la tía no hacía sino llorar, y pensaba que el mundo se le habia (sic) acabado, como es de edad y la esposa mantenía en el hospital, con el esposo, la tia (sic) se quedaba con los niños... la esposa se preocupó mucho por él desde el comienzo, los niños y la tia (sic) Clara Rosa” (fl. 69, cdno. 3) (resalta la Sala).

Si bien no se acreditó en debida forma el vínculo matrimonial entre el señor Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez y la señora Gloria Lucila Tobón Becerra, lo cierto es que de los testimonios transcritos se colige que tenían una convivencia permanente, llevaban una vida en común de pareja y vivían con sus hijos bajo un mismo techo, razón por la cual, la Sala accederá a las pretensiones de la señora Gloria Lucila Tobón Becerra, reconociéndole para tal efecto la condición de tercera afectada con el daño.

Así mismo, la Sala reconocerá a la señora Clara Rosa Gutiérrez como tercera afectada con el daño, pues, con la prueba testimonial referida se demostró su angustia y sufrimiento moral por las lesiones padecidas por el señor Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez.

Ahora bien, en cuanto al padecimiento moral de los familiares de Luis Hernando Mejía Valencia, por las lesiones que sufrió en el accidente de tránsito, la señora Alba Sánchez Rendón, en la declaración que rindió ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, señaló (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“Me di cuenta que el señor LUIS HERNANDO MEJÍA sufrió un accidente en un carro, él iba en un carro y el otro venía y se chocaron me di cuenta de ese accidente porque yo vivo casi al frente de la casa de él, el impacto familiar por el accidente se pusieron muy mal, la mamá se veía como loca porque de ver la gravedad de Luis Hernando, lloraba mucho y el papá de él también, el estado actual de Luis Hernando es que él quedó como loco ... los vínculos afectivos y de solidaridad del núcleo familiar de Luis Hernando son buenos porque entre la familia corrió con los gastos que tuvo por el accidente Luis Hernando...

“Preguntada: sabe cómo se encuentra integrado el núcleo familiar del señor Luis Hernando Mejía. Contestó: por la mamá, el papá y cinco her (corrijo) 4 hermanos, los hermanos son: Luis Fernando, Jhon Jairo, Alfredo y Javier. Preguntada: por el conocimiento que tiene del núcleo familiar del señor Luis Hernando Mejía, dígale al despacho cómo influyó en cada uno de ellos el accidente que tuvo Luis Hernando. Contestó: todos se veían muy preocupados, lloraban corriendo para la clínica Risaralda allá se mantenían con él, venían dos y se iban los otros, eran muy preocupados...” (fl. 42, cdno. 3) (resalta la Sala).

Sobre los mismos hechos, el señor Víctor Hugo Chávez Castro relató:

“... en cuanto al impacto familiar tengo para manifestar que fué (sic) algo muy duro porque ellos tuvieron que correr con los gastos del muchacho... conozco dos hermanos de él, uno que se llama Jhon Jairo está en España, el otro que se llama Fernando y es mellizo con él está aqui (sic) en Cartago... Preguntado: indíquele al despacho si tiene conocimiento como (sic) se encuentra integrado el núcleo familiar del entonces lesionado Luis Hernando Mejía. Contestó: la conforma el papá, la mamá ahí en la casa, Fernando el hermano y tengo conocimiento de un hermano que está en España que los llama frecuentemente, él se llama Jhon Jairo...” (fl. 41, cdno. 2).

Por su parte, la señora Sonia María Delgado Bustos manifestó (se transcribe tal cual):

“... los vínculos afectivos del núcleo familiar del señor Luis Hernando son muy bien le colaboran mucho a él y él también le colabora mucho a los padres... PREGUNTADA: Cómo se encuentra integrado el núcleo familiar del señor LUIS HERNANDO MEJÍA. CONTESTO. Está integrado por el papá, Alfredo Mejía, la mamá Nubia Valencia y sus hermanos: FERNANDO, Jhon Jairo, Alfredo y Javier...” (mayúsculas del texto original) (fls 43 y 44, cdno. 3) (mayúsculas del texto original, resalta la Sala).

La Sala le otorgará al señor Luis Fernando Mejía Valencia la condición de tercero afectado por el daño, toda vez que con los testimonios transcritos, se acreditaron las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto que existen entre él y el señor Luis Hernando Mejía Valencia, así como su padecimiento moral por las lesiones sufridas por su familiar.

Así las cosas, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los eventos en los que una persona fallece o sufre una lesión y ello es imputable al Estado, se desencadena, a cargo de este, la indemnización de perjuicios morales, de tal manera que las personas que se sientan perjudicadas por dicha situación y hagan parte del grupo familiar más cercano pueden reclamar la indemnización de estos perjuicios acreditando el parentesco con la víctima directa del daño, pues este se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio moral sufrido, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, siempre que no existan pruebas que indiquen o demuestren lo contrario.

Acerca de los daños causados por las lesiones que sufre una persona, resulta necesario precisar que, si bien aquellas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales, su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas, pues hay situaciones en las cuales aquellas son de tal magnitud que su ocurrencia afecta no solo a quien las sufrió directamente, sino a terceras personas, siendo necesario, en muchos casos, demostrar únicamente el parentesco con la víctima, pues este se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio, siempre que no hubiere pruebas que indiquen lo contrario; en otras ocasiones, en cambio, las lesiones no alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser menor. Así pues, la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales se definirá en cada caso por el juez, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad.

En cuanto a las lesiones sufridas por los señores Jesús María Acosta Gómez, Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez y Luis Hernando Mejía Valencia, la Sala observa que la únicas pruebas que existen sobre estas son los testimonios rendidos por los señores María Emilsen Suárez Zapata, Cilia María González de Delgado, María Inés Delgado González, Alba Sánchez Rendón, Víctor Hugo Chávez Castro, Sonia María Delgado Bustos y Víctor Darío Lozano Tascón y el informe de accidente de tránsito, en el que se indicó que el primero de ellos sufrió laceraciones y fractura de clavícula y costillas derechas, el segundo laceraciones en varias partes del cuerpo y fractura del brazo derecho y el tercero trauma craneoencefálico severo.

En consideración a que la prueba de la lesión es suficiente para presumir el perjuicio moral de los señores Jesús María Acosta Gómez, Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez, Luis Hernando Mejía Valencia y de sus familiares cercanos(9) y que no existe prueba alguna que acredite que alguno de los lesionados hubiera perdido o disminuido su capacidad laboral, la Sala considera que una tasación justa y acorde con el daño moral sufrido por ellos y sus familiares es de: i) veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de las siguientes personas: Jesús María Acosta Gómez, Alba Torres Méndez, Camilo Andrés Acosta Torres, Heriberto Acosta Colorado, Ana María Gómez de Acosta, Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez, Brayllan Alberto Vásquez Tobón, Danitza Liceth Vásquez Tobón, Luis Hernando Mejía Valencia, Alfredo Antonio Mejía Cardona y Nubia Valencia Villa, ii) diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los señores Margarita Acosta Gómez, Jhon Jairo, Alfredo y Javier Mejía Valencia, iii) cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los señores Gerardo Antonio, Luis Fernando, José Francisco, Aureliano y Jaime Humberto Acosta Gómez, Gloria Lucila Tobón Becerra, Clara Rosa Gutiérrez Delgado y Luis Fernando Mejía Valencia.

3.2. Perjuicios materiales.

Daño emergente

En consideración a que los actores no demostraron los gastos en que incurrieron como consecuencia del accidente de tránsito, la Sala no les reconocerá indemnización alguna por dicho concepto.

Lucro cesante

Si bien es cierto que los señores María Emilsen Suárez Zapata, Cilia María González de Delgado, María Inés Delgado González, Alba Sánchez Rendón, Víctor Hugo Chávez Castro, Sonia María Delgado Bustos y Víctor Darío Lozano Tascón declararon que Jesús María Acosta Gómez trabajaba en la fábrica de vidrios “Conalvidrios”, que Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez era electricista y que Luis Hernando Mejía Valencia vendía leche y quesos, también es cierto que no existe prueba alguna que permita establecer el monto que cada uno de ellos recibía por la actividad económica o comercial que desarrollaba.

Por lo anterior y ante la ausencia de una prueba idónea que demuestre el tiempo que estuvieron incapacitados los señores Jesús María Acosta Gómez, Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez y Luis Hernando Mejía Valencia y las sumas que dejaron de recibir como consecuencia de dicha situación, la Sala condenara en abstracto por dicho perjuicio, para que el a quo lo liquide, mediante incidente, teniendo en cuenta lo siguiente: i) que se demuestre cuáles eran los ingresos que recibían los señores Jesús María Acosta Gómez, Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez y Luis Hernando Mejía, ii) que se pruebe el tiempo que estuvieron incapacitados, como consecuencia de las lesiones que padecieron en el accidente de tránsito y iii) que la Junta Regional de Invalidez certifique si dichos señores sufrieron o no pérdida o disminución de capacidad laboral y, de ser así, que se indique en que porcentaje.

El referido trámite incidental deberá ser promovido por la parte demandante, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto del a quo que ordene cumplir lo dispuesto en esta providencia, según lo establecido en los artículos 172 del Código Contencioso Administrativo y 135 a 137 del Código de Procedimiento Civil.

4. Los llamados en garantía.

4.1. Llamamiento en garantía formulado contra “APA Limitada” Ingenieros Contratistas.

EL Instituto Nacional de Vías —Invías— llamó en garantía a la sociedad “APA Limitada”, en virtud del contrato 0361, que suscribieron el 13 de junio 1996, cuyo objeto era el mejoramiento y conservación de la carretera La Paila-Cartago (fls. 233 a 236, cdno. 6).

En el mencionado contrato, las partes pactaron lo siguiente (se transcribe tal cual):

“Cláusula primera: objeto: el contratista se obliga a ejecutar para el instituto por el sistema de precios unitarios fijos sin ajustes, el mejoramiento y conservación de la carretera La Paila-Cartago de conformidad con la propuesta de fecha 21 de marzo de 1996 aprobada por el instituto, de acuerdo con las especificaciones suministradas por el mismo y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato... cláusula quinta: plazo: el plazo de ejecución del presente contrato será de ocho (8) meses, contados a partir del orden de iniciación impartida por la subdirección de conservación, previo el cumplimiento los requisitos previstos en la cláusula vigésima cuarta del mismo...” (fls. 233 a 236, cdno. 2) (resalta la Sala).

Examinando el alcance de las obligaciones asumidas por el contratista en el caso concreto, se concluye que este las incumplió, toda vez que en el proceso se demostró que, para la época en que sucedieron los hechos, la vía que de Zaragoza conduce a Obando (trayecto que hace parte de la vía La Paila-Cartago)(10) no estaba en buenas condiciones, por cuanto sobre esta, según el informe del accidente y el croquis, existían varios huecos que constituían un peligro inminente para las personas que transitaban por ese sector.

Bajo esta perspectiva, a efectos de endilgar responsabilidad contra la sociedad Apa Limitada Ingenieros Contratistas, es preciso examinar su conducta, en este caso omisiva, de conformidad con el artículo 63 del Código Civil(11) y así definir si esta se realizó con dolo o culpa grave, tal como lo exige el artículo 77 del Código Contencioso Administrativo.

En ese orden de ideas, la Sala descarta que la omisión del contratista fuera producto de una intención dolosa, es decir, del deseo de causar un daño, pues es evidente que su conducta no estuvo encaminada a causar el accidente. No obstante, al examinar las obligaciones del contratista relacionadas con el deber de mejorar y conservar la vía, se considera que el incumplimiento de dichas obligaciones, constituye una conducta gravemente culposa, comoquiera que la falta de cuidado y mantenimiento de la carretera Zaragoza-Obando contribuyó de manera determinante para que se produjera el accidente.

Precisada, entonces, la culpa grave del contratista y su relación contractual con la entidad pública llamante, la Sala declarará su responsabilidad respecto al caso concreto; por tanto, condenará a la sociedad APA Limitada Ingenieros contratistas a pagar, a favor del Instituto Nacional de Vías —Invías—, el 50% de lo que esta entidad pague por la indemnización de los perjuicios reconocidos a los demandantes, pues si hubiera cumplido a cabalidad el contrato 0361, manteniendo o conservando en buenas condiciones la carretera La Paila-Cartago, no se hubiera producido el accidente.

4.2. Llamamiento en garantía contra La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

El Instituto Nacional de Vías —Invías— llamó en garantía a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, en calidad de aseguradora, con fundamento en que celebraron un contrato de seguro, consignado en la póliza RC 158281 de responsabilidad civil extracontractual, que amparaba siniestros o accidentes como el ocurrido en el asunto sub examine.

En el proceso obran la copia auténtica de la póliza, en virtud de la cual se efectuó el llamamiento en garantía, en la que se observa que el tomador, asegurado y beneficiario es el Instituto Nacional de Vías —Invías— y cuyo objeto era:

“Amparos

“La Previsora S.A. Compañía de Seguros ampara al Asegurado dentro de los límites y bajo las condiciones de esta póliza, garantiza a favor del asegurado el pago de indemnizaciones de que puede resultar civilmente responsable por los perjuicios patrimoniales que sufra a consecuencia de reclamaciones de terceros, presentadas con base en las normas de la responsabilidad civil extracontractual, derivadas de siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza cuyas consecuencias sean:

“— Daños personales (la lesión corporal, la enfermedad, la muerte, el daño moral).

“— Daños materiales (la destrucción, avería, el deterioro de una cosa, la lesión, enfermedad o muerte de un animal).

“— Perjuicios (la pérdida económica como consecuencia directa de los daños personales o materiales sufridos por el reclamante).

“Por daños materiales o personales derivados de:

“— La posesión, el uso o el mantenimiento de los predios que figuran en la carátula de la póliza y en los cuales el asegurado desarrolla las actividades objeto de este seguro

“— Las operaciones que lleve a cabo el asegurado en desarrollo de las actividades descritas en la carátula de la póliza.

“Esta cobertura incluye todos los riesgos que razonablemente forman parte del riesgo asegurado y que son inherentes a las actividades desarrolladas por el Asegurado en el giro normal de sus negocios especificados en la solicitud y carátula de la póliza.

“(...).

“Vigencia: desde: día: 1º mes: 1 Año: 1996 hasta día: 31 mes: 12 año: 1996...” (fls. 219 a 223, cdno. 2).

Esta prueba permite concluir que para el momento de los hechos (oct. 10/96) estaba vigente la póliza de responsabilidad extracontractual que garantizaba, a favor del asegurado, el pago de las indemnizaciones de las que pudiera resultar civilmente responsable por los perjuicios patrimoniales que sufriera a consecuencia de reclamaciones de terceros, razón por la cual la Previsora S.A. Compañía de Seguros deberá reintegrar el 50% de lo que el Instituto Nacional de Vías —Invías— debe pagar, como consecuencia de los perjuicios causados a los demandantes, en los términos y condiciones del contrato de seguro y hasta la concurrencia del valor asegurado en la póliza RC 158281.

Ahora bien, la Sala advierte que la suma asegurada en la póliza RC 158281 deberá ser actualizada conforme a lo preceptuado en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo(12), toda vez que, no realizar la indexación del valor de la obligación, implicaría un enriquecimiento sin causa para la compañía aseguradora y, por lo tanto, un empobrecimiento correlativo para el Estado. Así mismo, debe aclararse que esa actualización no configura una modificación o variación del acuerdo realizado por las partes en el negocio jurídico, sino una adecuación del monto de la obligación contractual a las realidades económicas que conlleva la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

Además, recuérdese que la actualización de las sumas o valores decretados a título de condenas judiciales no supone la imposición de una sanción, sino que refleja, simplemente, un efecto económico que consiste en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a causa del paso o transcurso del tiempo.

Sobre el particular, la Subsección C de la Sección Tercera, en reciente oportunidad, señaló:

“(...) Efectivamente del estudio detenido de la póliza de seguro 5602, observa la Sala que de su contenido se desprende que el amparo se encuentra limitado por la voluntad de las partes y respecto al que interesa en el caso bajo examen, por lesiones a una persona efectivamente tiene un límite de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), pero, no puede desconocerse la pérdida notoria de la capacidad adquisitiva de la moneda como consecuencia de las irregularidades de la economía y de los procesos inflacionarios que se traslada igualmente a las condenas que se imponen en todos los procesos contencioso administrativos, de esta forma, por razón del citado fenómeno inflacionario, hoy en día no es posible ordenar el pago de las sumas que se imponen como condena en las sentencias, por su valor nominal, pues ello implicaría un enriquecimiento sin causa para el Estado y un empobrecimiento correlativo para el demandante, por lo que es indispensable que se ordene la indexación de esos valores por el obligado a satisfacer dicha condena.

Por consiguiente, en relación con la condena impuesta a la llamada en garantía La Previsora S.A., es procedente su actualización para de esta manera restablecer el poder adquisitivo de la moneda de conformidad con normas de intervención económica. Al respecto se ha pronunciado la Corte Constitucional mediante Sentencia C-549 de 1993:

‘... En estricto sentido actualizar el valor de la deuda tributaria no es equivalente a regular con una nueva disposición una situación jurídica definida con sujeción a la norma de su momento, sino la adaptación del valor a la realidad; de ahí que se actualiza, es decir, se mantiene la misma obligación a través del tiempo, en virtud, precisamente, de la actualización, la cual no altera una situación del pasado, sino que la mantiene en su verdadera identidad, sin que mengüe su valor económico por los efectos de la depreciación.

‘La Sentencia C-511, citada, pone de presente que adaptarse a la realidad de cada momento no implica, propiamente hablando, retroactividad, y ello es precisamente lo que se presenta con la actualización del valor de la deuda; no implica una alteración sustancial de la misma:

‘El ordenamiento jurídico correría el riesgo de petrificarse —señaló la Corte en la sentencia citada—, si al regular las relaciones de coexistencia social y adaptarse a las realidades de cada momento, debiera inhibirse de afectar de una u otra manera las relaciones jurídicas preexistentes. La retroactividad por regla general, resulta censurable solo cuando la nueva norma incide sobre los efectos jurídicos ya producidos en virtud de situaciones y actos anteriores, y no por la influencia que pueda tener sobre los derechos en lo que hace a su proyección futura.

‘Luego la retroactividad, en el rigor de los términos jurídicos, no se presenta en el caso que ocupa la atención de la Corte.

‘Conviene, además, analizar si la norma acusada contempla una doble sanción. Es decir, podría pensarse que por un lado se sanciona con los intereses de mora, y por otro con la actualización, lo cual sería una violación del principio non bis ídem. No hay doble sanción, ya que la actualización del valor de la deuda no es una sanción, sino una adecuación de la obligación tributaria a la realidad del momento, como expresión del principio de equidad, lo que indica que solo se sanciona con la mora (...)’ (énfasis añadido).

“Bajo los anteriores fundamentos la sentencia del a quo debe ser confirmada, pues la limitante establecida por el contrato de seguro, se refiere exclusivamente al monto de la condena el cual en este caso no podía exceder de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), tal como lo indicó el tribunal de primera instancia, pero dicha suma debe ser actualizada al momento del pago, dado que desde el mes de octubre de 1993 (fecha de los hechos), hasta la fecha de esta providencia han pasado 18 años, por lo que la condena impuesta perdió poder adquisitivo, por lo tanto la actualización es indispensable conforme lo indica el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo”(13).

4. Impedimento.

Por otra parte, la Sala aceptará el impedimento manifestado por el doctor Mauricio Fajardo Gómez, que obra a folios 388 y 389, por cuanto la situación fáctica planteada por él se enmarca dentro del supuesto contenido en el numeral primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil(14).

5. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. ACÉPTASE el impedimento manifestado por el doctor Mauricio Fajardo Gómez, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia; en consecuencia, DECLÁRASE separado del conocimiento del proceso de la referencia.

2. REVÓCASE la sentencia de 10 de julio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en su lugar:

“1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable al Instituto Nacional de Vías —Invías— por las lesiones causadas a los señores Jesús María Acosta Gómez, Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez y Luis Hernando Mejía Valencia, en el accidente de tránsito ocurrido el 10 de octubre de 1996, en la vía que de Zaragoza conduce al municipio de Obando.

“2. CONDÉNASE al Instituto Nacional de Vías —Invías— a pagar, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

 

Jesús María Acosta Gómez (lesionado)20 smlv
Ana María Gómez de Acosta (madre)20 smlv
Heriberto Acosta Colorado (padre)20 smlv
Camilo Andrés Acosta Torres (hijo)20 smlv
Alba Torres Méndez (cónyuge)20 smlv
Margarita Acosta Gómez (hermana)10 smlv
Gerardo Antonio Acosta Gómez (damnificado)4 smlv
Luis Fernando Acosta Gómez (damnificado)4 smlv
José Francisco Acosta Gómez (damnificado)4 smlv
Aureliano Acosta Gómez (damnificado)4 smlv
Jaime Humberto Acosta Gómez (damnificado)4 smlv
Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez (lesionado)20 smlv
Brayllan Alberto Vásquez Tobón (hijo)20 smlv
Danitza Lissteh Vásquez Tobón (hija)20 smlv
Gloria Lucila Tobón Becerra (damnificada)4 smlv
Clara Rosa Gutiérrez Delgado (damnificada)4 smlv
Luis Hernando Mejía Valencia (lesionado)20 smlv
Nubia Valencia Villa (madre)20 smlv
Alfredo Antonio Mejía Cardona (padre)20 smlv
Jhon Jairo Mejía Valencia (hermano)10 smlv
Alfredo Mejía Valencia (hermano)10 smlv
Javier Mejía Valencia (hermano)10 smlv
Luis Fernando Mejía Valencia (damnificado)4 smlv

 

“3. CONDÉNASE Condénase(sic) en abstracto al Instituto Nacional de Vías —Invías— a pagar a los señores Jesús María Acosta Gómez, Luis Alfonso Vásquez Gutiérrez y Luis Hernando Mejía Valencia, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma que se liquide dentro del respectivo incidente, teniendo en cuenta para el efecto lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

“4. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a APA Limitada Ingenieros Contratistas, en su condición de llamado en garantía, a pagar a pagar a favor del Instituto Nacional de Vías —Invías— el 50% de las sumas de dinero que dicha entidad debe pagar a los demandantes, conforme a lo decidido en los ordinales precedentes.

“5. CONDÉNASE a la Previsora S.A. Compañía de Seguros, en su condición de llamada en garantía, a pagar a favor del Instituto Nacional de Vías —Invías— el 50% de la sumas de dinero que esta entidad debe pagar a los demandantes.

“6. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

“7. Sin condena en costas.

3. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en 1998, tuviera vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado era de $ 18.850.000.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20.300.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789

(4) Artículo 217, Código de Procedimiento Civil: “Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

(5) Folios 8 y 9, cuaderno 3.

(6) Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 1993, Expediente 8163.

(7) Sentencia del 8 de abril de 1998, Expediente 11837.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2007, Expediente 16.058 Actor: Teotiste Caballero de Buitrago y otros.

(9) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 15.980.

(10) Oficio 2668 de 5 de agosto de 2002, suscrito por la directora regional del Instituto Nacional de Vías.

(11) Artículo 63, Código Civil: “La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

(12) “La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas solo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 8 de junio de 2011, Expediente 18.901. C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(14) Artículo 150, Código de Procedimiento Civil <modificado por el artículo 1º, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989>. Son causales de recusación las siguientes:

“1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil interés directo o indirecto en el proceso”.