Sentencia 1998-01559/31158 de julio 25 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

Consejero ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad. Núm.: 68001-23-15-000-1998-01559-01(31158)

Actor: Segundo Abril Rubiano y CIA. S en C

Demandado: Municipio de Bucaramanga

Ref.: Acción de Reparación Directa (Apelación Sentencia)

Bogotá D.C., veinticinco de julio de dos mil dieciséis.

Extractos: «Consideraciones.

Corresponde a la Sala de Sub-sección decidir el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la Sentencia de primera instancia proferida el 30 de noviembre de 2004 por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, que negó las pretensiones de la demanda, la que será confirmada con base en la siguiente motivación.

1. Competencia.

1. La Corporación es competente para conocer del asunto(6), en razón al recurso de apelación presentado por la parte actora, en proceso de doble instancia(7).

2. La Sala considera que al ser la parte actora el único apelante, al decidirlo se centrará en los argumentos expuestos en el recurso presentado, en desarrollo de lo previsto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que establece que el juez superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, así como en el alcance dado por la Sala Plena de la Sección Tercera en las Sentencias de 9 de febrero de 2012 [exp. 21060 y 20104], y por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la Sentencia de 7 de octubre de 2014(8). Luego, con fundamento en el objeto y alcance del recurso de apelación presentado por la parte actora se abordará por la Sala su estudio y decisión al cuestionar la sentencia de primera instancia.

3. Ahora bien, para un orden lógico de la decisión, la Sala realizará la exposición de sus argumentos en el siguiente orden: (1) determinar el objeto y alcance del recurso de apelación presentado por la parte actora; (2) dilucidar ciertos aspectos procesales; (3) formulación del problema jurídico; (4) abordar el estudio de la demostración o no del daño antijurídico; y, (5) definir si procede la condena en costas.

2. Determinación del objeto y alcance del recurso de apelación presentado por la parte actora.

4. La apelación presentada por la parte actora se centra en las siguientes cuestiones: (1) el daño antijurídico estaba demostrado y era imputable a la administración pública municipal demandada; y, (2) los perjuicios reclamados estaban demostrados.

5. Si bien en la sentencia de primera instancia el a quo no se pronunció acerca de la caducidad del (sic) acción, ni de la procedencia de la valoración de la prueba documental allegada en copia simple, la Sala procede a hacer su análisis, encontrándose facultada constitucional y legalmente para ello.

6. Determinado lo anterior, pues, la Sala procede a pronunciarse respecto a ciertas cuestiones procesales, iniciando por el análisis de si la acción se encontraba caducada para el momento de presentación de la demanda por la sociedad demandante.

3. Aspectos procesales previos.

7. La Sala previo a abordar el estudio y análisis de fondo debe pronunciarse acerca de la caducidad de la acción, y del valor probatorio de los documentos aportados o allegados en copia simple. En cuanto al primer aspecto procede la Sala a estudiar con base en los siguientes argumentos.

3.1. La caducidad de la acción de reparación cuando se trata de la ocupación de un inmueble.

8. Como se trata de un caso en cuya demanda fácticamente se invoca la producción de un daño antijurídico en por la realización de una obra pública, la Sala procede a plantear los argumentos y motivaciones para su análisis.

9. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo [D. 1/1984] consagra diferentes términos para intentar las acciones y sanciona su inobservancia con el fenómeno de la caducidad. Así, el numeral 8º dispone, sobre el término para intentar la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

10. La ley consagra, en principio, un término de dos años contados desde el día siguiente a cuando acaece u ocurre el hecho, la omisión, la operación administrativa, o se produce la ocupación temporal o permanente de un inmueble de propiedad ajena por razón de trabajos públicos o por cualquier otro hecho, como hechos con base en los cuales se ejerce la acción de reparación directa, vencido el cual no será posible solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, ni la correspondiente condena a la reparación del daño antijurídico que se imputa, porque habrá operado el fenómeno de la caducidad.

11. Sin embargo, como se sostiene más adelante, no será el único supuesto, ya que el mismo Código Contencioso Administrativo incorporó la regla de la caducidad para los eventos de desaparición forzada de personas [adicionado por la L. 589/2000, art. 7º(9)].

12. Así mismo, la jurisprudencia en aplicación de las normas convencionales [artículos 1.1(10), 2(11), 8.1(12) y 25.1(13) de la Convención Americana de Derechos Humanos] y constitucionales [art. 1º, 2º, 29, 93 y 229 de la Carta Política] reconoce la existencia de supuestos en los que la caducidad o bien opera como garantía del ejercicio de los derechos humanos [en el específico caso de desaparición forzada], casos en los que se demanda la reparación por daños antijurídicos derivados de actos de lesa humanidad, o su cómputo debe hacerse teniendo en cuenta la singularidad en la producción de hechos continuados, como ocurre cuando se trata de hechos constitutivos de daños ambientales invocados, y de afectaciones a menores de edad de comunidades indígenas, entre otros.

13. Ahora bien, dentro del análisis de la caducidad de la acción de reparación directa cabe distinguir en materia de obra pública o trabajos públicos. (1) La jurisprudencia inicial de la Sección Tercera establece que el cómputo de la caducidad cuando se trata de la ejecución de una obra pública con la que produce un dañoantijurídico a una persona [natural o jurídica] “empezará a contar a partir de la terminación de la misma”(14).

14. La jurisprudencia de la Sección Tercera entiende que la realización o ejecución de una obra pública produce daños y perjuicios de naturaleza instantánea, de manera que el cómputo del término de caducidad se hace desde la fecha en que queda concluida la obra pública(15).

15. Cuando de una obra pública se producen daños y perjuicios que se prolongan en el tiempo, la jurisprudencia de la Sección Tercera exigen tener en cuenta los siguientes criterios: (a) cuando se trata de daños producidos con ocasión de obras o trabajos públicos(16) “no es conveniente prolongar en el tiempo el conteo del plazo para interponer la acción como quiera que el daño se encuentra materializado en un solo momento”(17); (b) no debe confundirse el nacimiento del daño con posterior agravación o empeoramiento; (c) como consecuencia de lo anterior, no puede aceptarse “que mientras se estén produciendo o agravando los daños seguirá viva la acción, porque esta solución sería la aceptación de la no caducidad de las acciones indemnizatorias por trabajos públicos”, siendo contrario a la Constitución y a la ley(18); (d) por regla general, cuando se trata de daños “de ocurrencia prolongada en el tiempo (periódicos o sucesivos), no puede “hacerse caso omiso de la época de ejecución” de la obra pública “para hablar sólo de la acción a medida que los daños apareciendo, así su ocurrencia sea posterior a los años de construida la obra”(19); (e) en aplicación de los principios pro actione y pro damnato, en ciertos eventos el término de caducidad “debe empezar a contarse a partir de la fecha en la cual el interesado tuvo conocimiento del hecho que produjo el daño, que puede coincidir con la ocurrencia del mismo en algunos eventos, pero en otros casos no”(20) [criterio que es aplicable tanto para asuntos en los que se debate un daño antijurídico producido por una obra pública, como por la ocupación temporal o permanente de un inmueble]. Se trata de afirmar como criterio aquel según el cual el cómputo de la caducidad debe tener en cuenta la fecha en la que la víctima o demandante conoció laexistencia del hecho dañoso “por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción”(21); (f) se deben tener en cuenta las situaciones particulares de cada juicio, en el sentido en que las circunstancias particulares permitirán en ocasiones iniciar el cómputo desde el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento del hecho —daño al descubierto— época que permite la reclamación judicial de la indemnización del daño alegado(22); y, (g) la caducidad opera cuando el término concedido por la ley para ejercitar la acción fenece y se edifica sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo e independiente de consideraciones ajenas al transcurso del tiempo, sin que pueda ser objeto de convención o de renuncia(23).

16. Con base en lo anterior, la Sala estudiará si la acción de reparación directa estaba caducada al momento de presentación de la demanda.

3.2. Análisis de la caducidad en el caso en concreto.

17. En el sub judice la sociedad demandante fundamenta las pretensiones en el hecho de las afectaciones que para su actividad comercial en la Serviteca La Rosita, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, produjo una obra pública de ampliación de la avenida González Valencia.

18. Luego de analizada la prueba en conjunto, armónica y contrastadamente, la Sala concluye que la obra pública se dio por finalizada el 15 de abril de 1997, habiendo sido presentada la demanda el 14 de octubre de 1998, lo que implica sin dubitación alguna que la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo [D. 1º/1984] fue ejercida oportunamente por la sociedad demandante en los términos del artículo 136 numeral 8º de la misma norma, y de la jurisprudencia señalada en el anterior numeral, por lo que procede la Sala a proseguir el análisis de la siguiente cuestión procesal, y luego definir el asunto en el fondo de la litis.

19. Ahora la Sala procede a examinar el valor probatorio con el que puede valorarse la prueba documental aportada en copia simple.

3.3. Valor probatorio de los documentos aportados en copia simple.

20. La parte actora aportó los siguientes documentos con la demanda en copia simple: (1) escritura pública número 4331, de 17 de octubre de 1985, levantada ante la Notaría Primera del Círculo Notarial de Bucaramanga [fls. 2, 3, 4 y 6 cdno. 1]; (2) escritura pública número 3.245, de 14 de diciembre de 1987, levantada ante la Notaría Quinta del Círculo de Bucaramanga [fls. 5, 7 y 8 cdno. 1]; (3) escritura pública número 683, de 23 de febrero de 1984, otorgada ante la Notaría Tercera del Círculo de Bucaramanga [fls. 23 a 30 cdno. 1]; (4) facturas del servicio público telefónico correspondiente al usuario Serviteca La Rosita y al mes de octubre de 1997 [fls. 31 a 38 cdno. 1]; (5) recibos o facturas correspondientes al pago del impuesto predial y complementarios [fls. 39 a 41 cdno. 1]; (6) dos facturas, una del pago del servicio de alcantarillado y acueducto y otra al de energía [fl. 42 cdno. 1]; (7) contrato de obra pública número 182, de 8 de julio de 1994, suscito entre el municipio de Bucaramanga y Covelli y Asociados Ltda. [fls. 61 a 69 cdno. 1](24); (8) Acta de iniciación de la obra de 5 de agosto de 1994, en la que se consignó como fecha de inicio la señalada y de terminación el 10 de diciembre de 1994 [fls. 70 y 71 cdno. 1]; (9) Acta de suspensión de la obra número 1 de 5 de agosto de 1994 [fls. 72 y 73 cdno. 1]; y, (10) Acta de reiniciación de la obra de 16 de septiembre de 1996 [fls. 74 y 75 cdno. 1].

21. Si bien la Sección Tercera(25) ha sostenido que las copias simples carecen de valor probatorio por cuanto no cumplen con las exigencias establecidas en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil(26).

22. No obstante, la Sala para el presente caso debe tener en cuenta la regulación vigente a tenor de lo consagrado en el Código General del Proceso [L. 1564/2012] en su inciso 2º del artículo 244 según el cual los “documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso”; así como en el inciso 1º del artículo 246 que establece que las “copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia”(27).

23. Se trata de preceptos normativos cuya aplicación opera por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [L. 1437/2011], y en los que el legislador consolida como tendencia la presunción de autenticidad tanto de los documentos aportados en original, como en copias(28).

24. Es una tendencia que cuenta con el refuerzo dado tanto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que admite la valoración de los documentos presentados por las partes “que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda, en la medida en que sean pertinentes y útiles para la determinación de los hechos y sus eventuales consecuencias jurídicas”(29), como por la jurisprudencia constitucional en la sentencia de unificación [que representó un cambio a la línea jurisprudencia sostenida en la Sentencia SU-226 de 2013] SU-774 de 2014, en la que se argumenta que en el caso de aportarse documentos públicos en copia simple [v.gr., registros civiles], el juez contencioso administrativo “debe decretar las pruebas de oficio con el fin de llegar a la certeza de los hechos y la búsqueda de la verdad procesal”(30).

25. La mencionada tendencia de la “presunción de autenticidad tanto de los documentos en original como en copia” fijada por el legislador y apoyada por la jurisprudencia constitucional, como se señaló en el anterior apartado, encuentra total respaldo en la jurisprudencia contencioso administrativa de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera, que en la Sentencia de 28 de agosto de 2013 [exp. 25022](31), consolidó que “[…] el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—“(32).

26. Luego la Sala con fundamento en una comprensión, convencional, constitucional, sistemática, garantística y contencioso administrativa, en la que se inspira la aplicación de los artículos 244 y 246 del Código General del Proceso, aplicable por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo [D. 1º/1984], y como afirmación a tutela judicial efectiva consagrada en los artículos 1.1, 2º, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 29 y 229 de la Carta Política y 11 del Código General del Proceso, y en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, como premisa básica debe proceder a valorar [lo que no implica su constatación que será sometida al contraste bajo las reglas de la sana crítica con los demás medios probatorios que obran en el expediente para determinar la certeza, verosimilitud y credibilidad del contenido de cada documento] los documentos aportados en copia simple en este proceso.

27. Con base en los anteriores fundamentos convencionales, constitucionales y legales, la Sala tiene en cuenta como criterios para examinar el caso en concreto [que ha empleado de manera continuada la jurisprudencia de esta Sala y en correspondencia con la sentencia de unificación de la Sección Tercera] para determinar la procedencia de la valoración del documento aportado con la demanda en copia simple citado en el primer apartado de este título, los siguientes: (1) que las entidades demandadas en la contestación de la demanda y en sus alegaciones en primera instancia no se opusieron a tener como prueba el documento aportado por la parte actora; (2) las partes de manera conjunta en ninguna de las oportunidades procesales desconocieron tal documento, ni lo tacharon de falso, sino que conscientemente aceptaron su intención de que el mismo fuese valorados dentro del proceso; (3) las partes no ha discutido durante el proceso la autenticidad de este documento; y, (4) ambas partes aceptaron que el documento fuese apreciable y coincidieron en la valoración del mismo en forma recíproca, no sólo al momento de su aportación, sino durante el trascurso del debate procesal, por lo tanto será valorado por la Subsección para decidir el fondo del asunto(33).

28. Luego, la Sala como juez de convencionalidad y contencioso administrativo procederá a valorar aquellos documentos considerados por el a quo y aportados por la parte actora, enunciados al comienzo de este título, de manera conjunta, contrastada, y en aplicación de las reglas de la sana crítica con los demás medios probatorios que obran en el expediente en debida forma.

29. Determinados los aspectos procesales previos anteriores, la Sala procede a presentar los medios probatorios con base en los cuales hará el análisis de la apelación de la parte actora.

4. Los medios probatorios aportados y practicados dentro del proceso.

30. Al proceso se aportaron con la demanda y la contestación, y se practicaron durante el período probatorio los siguientes medios probatorios.

4.1. Aportadas con la demanda.

31. Copia simple de la escritura pública número 4331, de 17 de octubre de 1985, levantada ante la Notaría Primera del Círculo Notarial de Bucaramanga [fls. 2, 3, 4 y 6 cdno. 1].

“[…] 1.—Que transfiere a título de venta a favor de La [sic] Sociedad 2. Abril Rubiano y Cia S. en C el derecho de dominio o propiedad y posesión que tiene en el siguiente inmueble: Un lote de terreno que tiene un área de ciento cincuenta y cuatro metros con doce centímetros cuadrados (154.12 mts 2) ubicado en esta ciudad en la calle cuarenta y ocho (48) Avenida Gonzalez Valencia de Bucaramanga […] Se distingue en el catastro como predio 0100610004000”.

32. Copia simple de la escritura pública número 3.245, de 14 de diciembre de 1987, levantada ante la Notaría Quinta del Círculo de Bucaramanga [fls. 5, 7 y 8 cdno. 1].

“[…] transfiere a título de venta real a favor de la Sociedad Segundo Abril & CIA S. en C., con Nit. 90.207.929, el siguiente inmueble: Un lote de terreno de forma triangular y superficie de ochocientos doce metros y cincuenta y dos centímetros cuadrados (812.52 mts. 2), distinguido catastralmente como predio número 01020610003000 Cra. 24C-48, situado en la ciudad de Bucaramanga y comprendido por los siguientes linderos especiales […] por el Suroeste o Suroccidente, en treinta y siete metros cincuenta y nueve centímetros (37,59) con la Avenida González Valencia antes en mayor extensión con terrenos de los mismos Vendedores, hoy vías públicas”.

33. Certificado de Tradición y Libertad, matrícula inmobiliaria número 300-126669, expedido el 28 de noviembre de 1997 por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bucaramanga, del predio cuya descripción y cabida se encontraba en la escritura pública número 4070 de 28 de agosto de 1984, otorgada por la Notaría Primera del Círculo de Bucaramanga, lote de 154,12 m2 [fl. 9 cdno. 1].

34. Certificado de Tradición y Libertad, matrícula inmobiliaria número 300-54441, expedido el 28 de noviembre de 1997 por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bucaramanga, del predio cuya descripción y cabida se establece en el mismo(34) [fls. 10 y 11 cdno. 1].

35. Certificado de Tradición y Libertad, matrícula inmobiliaria número 300-23571, expedido el 28 de noviembre de 1997 por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bucaramanga, del predio cuya descripción y cabida se encontraba en la escritura pública número 3245 de 14 de diciembre de 1987, otorgada por la Notaría Quinta del Círculo de Bucaramanga, lote de 812 m2 [fls. 12 y 13 cdno. 1].

36. Certificado de existencia y representación legal de Segundo Abril Rubiano y Compañía S en C, expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 25 de agosto de 1997 [fls. 14 a 16 cdno. 1].

37. Certificación expedida por la Gerente Administrativa de la Serviteca La Rosita, según la cual en “las instalaciones de la Serviteca La Rosita, Segundo Abril Rubiano & Cia S. en C. con Nit: # 890.207.929-6 no se han realizado mejoras, ni se ha recibido dinero alguno, por parte de la Alcaldía [sic] Municipal, ni de ninguna entidad administrativa” [fl.17 cdno. 1].

38. Balance General de la Sociedad Segundo Abril Rubiano & Cía. S en C, respecto de la Serviteca La Rosita, ubicada en la calle 48 23Bis-44 de Bucaramanga, a diciembre 31 de 1992 [fls.18 a 22 cdno. 1].

39. Copia simple de la escritura pública número 683, de 23 de febrero de 1984, otorgada ante la Notaría Tercera del Círculo de Bucaramanga [fls. 23 a 30 cdno. 1].

“[…] 1.—Que transfieren a título de venta a favor del señor Segundo Abril Rubiano […] el derecho de dominio o propiedad y la posesión que los exponentes vendedores tienen sobre el siguiente inmueble: Un lote de terreno en forma triangular situado en el Barrio La Rosita del plano de esta ciudad […] alinderado así: Por el Norte, en extensión de cincuenta un metro [sic] con setenta y tres centímetros (51.73 Mtrs), lindando con la calle cuarenta y ocho (48) de Bucaramanga […] y por el Occidente, en extensión de diez y nueve metros con veintisiete centímetros (19.27 Mtrs), lindando con la carrera veintitrés (23) de Bucaramanga, Hoy [sic] Avenida González Valencia, con un área de cuatrocientos veintitrés metros con setenta y cinco centímetros cuadrados (423.75 Mtrs 2), inmueble con cédula catastral número: 01-2-061-001 ---- actualmente con predio número 01020610001000” [fls. 23 a 25 cdno. 1].

40. Diez copias simples de facturas del servicio público telefónico correspondiente al usuario Serviteca La Rosita y al mes de octubre de 1997 [fls. 31 a 38 cdno. 1].

41. Tres copias simples de los recibos o facturas correspondientes al pago del impuesto predial y complementarios [fls. 39 a 41 cdno. 1].

42. Copia simple en la que se contienen dos facturas, una del pago del servicio de alcantarillado y acueducto y otra al de energía [fl. 42 cdno. 1].

43. Estado de pérdidas y ganancias de enero 1 a diciembre 31 de 1996 de la Serviteca La Rosita de propiedad de la Sociedad Segundo Abril Rubiano & Cía S en C [fls. 43 a 47 cdno. 1].

44. Balance de prueba a costos históricos a diciembre 31 de 1994 de la Serviteca La Rosita de propiedad de la Sociedad Segundo Abril Rubiano & Cía S en C [fls. 48 a 52 cdno. 1].

45. Estado de ganancias y pérdidas (sin ajustes por inflación) de enero 1 a diciembre 31 de 1994 de la Serviteca La Rosita de propiedad de la Sociedad Segundo Abril Rubiano & Cía S en C [fl. 53 cdno. 1].

46. Balance general a diciembre 31 de 1993 de la Serviteca La Rosita de propiedad de la Sociedad Segundo Abril Rubiano & Cía S en C [fls. 54 a 57 cdno. 1].

47. Patrimonio de la Serviteca La Rosita de propiedad de la Sociedad Segundo Abril Rubiano & Cía S en C [fl. 58 cdno. 1].

48. Balance general a diciembre 31 de 1995 de la Serviteca La Rosita de propiedad de la Sociedad Segundo Abril Rubiano & Cía S en C [fls. 59 y 60 cdno. 1].

49. Copia simple del contrato de obra pública número 182, de 8 de julio de 1994, suscito entre el municipio de Bucaramanga y Covelli y Asociados Ltda. [fls. 61 a 69 cdno. 1].

“[…] 1. Objeto del Contrato: El Municipio encarga al Contratista y éste se obliga a ejecutar para aquél a los precios unitarios fijos que se consignan en el Anexo uno (1) de este contrato, la construcción de las obras para la Ampliación de La Avenida Gonzalez Valencia Entre La Avenida La Rosita y La Carrera 27. El presente es un contrato Administrativo de obra pública a precios unitarios, y por lo tanto, los riesgos que implique su ejecución están a cargo del Contratista y no del Municipio […] 6. Plazos del Contrato: Son plazos contractuales los correspondientes a la fecha de terminación de cada una de las actividades del programa de construcción revisado y aprobado por el Municipio, salvo las interrupciones consagradas en Actas de Suspensión de labores. El Contratista se obliga a iniciar la obra, a continuarla sin interrupción, salvo los casos de suspensión, y a entregarla de acuerdo con el programa de construcción aprobado por el Municipio dentro de un plazo de Ciento Veinte Días (120) días calendario contados a partir de la orden de iniciación de los trabajos dada por El Municipio. Esta orden de iniciación de trabajos se impartirá al Contratista en un lapso no mayor a los cinco (5) días siguientes a la entrega del anticipo” [fls. 61 y 62 cdno. 1].

50. Copia simple del Acta de iniciación de la obra de 5 de agosto de 1994, en la que se consignó como fecha de inicio la señalada y de terminación el 10 de diciembre de 1994 [fls. 70 y 71 cdno. 1].

51. Copia simple del Acta de suspensión de la obra número 1 de 5 de agosto de 1994, en la que se consideró que los trabajos se suspendían indefinidamente ya que “a la fecha la Corporación Autónoma Regional de la Defensa de la meseta de Bucaramanga no ha expedido aún la Licencia Ambiental para la obra de Ampliación de la Avenida Gonzalez Valencia Entrel Avenida La Rosita y La Carrera 27, requisito indispensable para iniciar los trabajos” [fls. 72 y 73 cdno. 1].

52. Copia simple del Acta de reiniciación de la obra de 16 de septiembre de 1996 [fls. 74 y 75 cdno. 1].

“[…] Considerando:

1. Que la ejecución de obras contempladas en el contrato, se encuentran suspendidas desde el día cinco (5) de Agosto de 1994, mediante acta de la misma fecha.

2. Que a la fecha el contratista entregó completamente legalizado el contrato adicional 1 de fecha 9 de Septiembre de 1996.

3. Que la Administración Municipal considera necesario reiniciar las obras objeto del contrato principal e iniciar las del contrato adicional.

4. Que el nuevo plazo de ejecución de las obras de los contratos principal y adicional # 1, es de seis (6) meses” [fls.74 y 75 cdno. 1].

53. Oficio de 8 de septiembre de 1997, del Secretario de Obras Públicas Municipales de Bucaramanga [fls. 77 y 78 cdno. 1].

“[…] 1. Iniciación Obras Ampliación Avenida González Valencia

1.1. Sector carrera 27 a la calle 63

Revisando las actas celebradas al respecto, se presentó el siguiente desarrollo:

—Fecha de iniciación: Agosto 17 de 1994.

—Fecha de suspensión de obra 1: Agosto 22 de 1994.

— Fecha de reiniciación de obra: Febrero 6 de 1995.

—Fecha de suspensión de obra 2: Febrero 10 de 1995.

—Fecha de reiniciación de obra 2: Febrero 27 de 1995.

—Fecha de suspensión de obra 3: Julio 17 de 1995.

—Fecha de reiniciación de obra 3: Agosto 29 de 1995.

—Fecha de suspensión de obra 4: Noviembre 27 de 1995.

—Fecha de reiniciación de obra 4: Mayo 6 de 1996.

—Fecha de reiniciación 1 de las obras objeto del contrato principal: Julio 18 de 1996.

—Fecha de suspensión 2 de las obras objeto del contrato principal: Octubre 10 de 1996.

—Fecha de reiniciación 3 de las obras objeto del contrato principal: Octubre 25 de 1996.

Aclaración: Las primeras fechas de iniciación y suspensión corresponden al contrato principal, que contemplaba las obras de ampliación vial; las cuales se volvieron a reiniciar el 18 de julio de 1996. La primera fecha de reiniciación (Feb. 6/1995), correspondió a las obras de reposición y reubicación de las redes de servicios; siendo la última fecha de reiniciación para estos trabajos el día 6 de mayo de 1996 (Fecha de reiniciación 4).

1.2. Sector Avenida la Rosita a carrera 27.

Los trabajos de ampliación vial y reposición de redes, se empezaron a ejecutar el 16 de septiembre de 1996” [fls.77 y 78 cdno. 1].

4.2. Aportadas con la contestación de la demanda

54. Diseño del plano de la obra de ampliación de la avenida González Valencia, sector de la avenida La Rosita - carrera 27 [sin número de foliatura cdno. 1].

4.3. Pruebas practicadas durante el período probatorio

55. Testimonio rendido por Jairo Jaimes [fls. 138 a 142 cdno. 1].

“[…] el motivo es por el cierre que hubo en una época [sic] de la Avenida Gonzalez [sic] Valencia al frente de la Serviteca La Rosita y ese es el conocimiento que tengo […] mi función inicié con Segundo Abril Rubiano Cía., en el año 1993, mi función era de almacenista […] la ubicación es calle 48 # 23 Bis-44 esa es la dirección principal, esta es una distribuidora de llantas Goodyear, y servicios en general para automotriz, ahí [sic] entra lo que es mecánica [sic], lavado, cambio de aceite […] el hecho es que por medio de que destaparon la avenida Gonzalez [sic] valencia [sic], bloquearon toda la entrada de la sección de lavado, mecánica en general y servicios, eso fue bloqueado la sección de la Gonzalez [sic] valencia [sic], es decir destaparon de sur a norte, quiere decir que cerraron y bloquearon la entrada principal importante para la serviteca para servicio de vehículos [sic] […] primero que todo porque no hay acceso a los vehículos [sic], a los clientes que tenía [sic] la serviteca, lo otro es que esa ampliación le quitó un sector donde se podía parquear carros y hacer el servicio, no había entrada directa, lo otro que eso las ventas se disminuyeron más [sic] o menos a un 50%, porque debido a que los clientes fijos no podían entrar, lo otro porque estaba bloqueado, no había paso […] la época [sic] del cierre fue en el año 1996 y creo que culminó a principios del año 97 […] el servicio se fue reduciendo porque no teníamos otra serviteca que nos prestara para poder hacer el servicio de lavado, mecánica [sic] genral [sic], y lubricación, primero que todo a la mayor parte de los clientes y entonces debido a eso los clientes se fueron retirando, solamente nos compraban las llantas y hacían el servicio de alineación y montaje […] a nosotros nos tocó como primera medida coger como se dice pica y pala para poder darle entrada al punto del servicio al cleitne [sic], nos tocó poir [sic] la calle 48 entrando por un tramo de la Gonzalez [sic] Valencia, para poder dar entrada a los servicios de lubricación, lavado y mecánica general, nos tocó abrir una carretera pequeña porque debido al cierre sino entraba el cliente, a todos nosotros no nos pagaban los días porque no había que hacer y así [sic] a la vez no dejar perder la clientela […] debido al cierre de la Gonzalez [sic] Valencia se disminuyeron los servicios en general afectando gravemente la venta de llantas que ese era el fuerte de la compañía, poco a poco se fueron retirando los clientes para otros distribuidores […] pues económicamente debido a la reforma a la avenida Gonzalez [sic] valencia [sic] afecto [sic] a la compañía primero que todo porque fue quitado un tramo al espacio donde se hacia el servicio automotriz pero no tengo conocimiento si era de la serviteca o era espacio público [sic] y lo otro [sic] que afecto [sic], que eso se volvió una vía rápida la cual perjudica la entrada a los servicios en general” [fls.138 a 142 cdno.1].

56. Testimonio rendido por Gladys Acevedo Herrera [fls.146 a 149 cdno. 1].

“[…] si por los perjuicios ocasionados a Segundo Abril Rubiano y cia [sic] con la ampliación de la avenida González Valencia […] estaba dedicada a auxiliar contable en la Empresa Segundo Rubiano y Cía. desde septiembre de 1996 y actualmente me encuentro laborando también allá […] calle 48 # 23 Bis # 44, tiene como actividad la venta de llantas y prestación de servicios de alineación, montaje, balanceo, lavado, cvambio [sic] de aceite, mecánica, sincronización […] para 1995 las ventas de llantas […] servicios […] y arroja una pérdida de 15 millones, durante este año 1995, las ventas disminuyeron debido a una obra de ampliación de la calle 48 que afectó los ingresos de este año 95. Para 1996 las ventas de llantas […] los servicios […] una pérdida de 31 millones, para el año de 1996 las ventas se incrementaron debido a que la obra de la avenida Gonzalez [sic] Valencia empezó a finales de 1996, para 1997 ventas de llantas […] servicios […] una pérdida de 49 millones, para el año de 1998, ventas de llantas […] servicios […] con una perdida [sic] de 35 millones, para el año de 1999 unas ventas en llantas […] una pérdida de 20 millones […] Me consta que a finales de 1997, la Gerente encargada señora Isabel de Abril teniendo en cuenta la disminución en las ventas procedió a comunicarse telefónicamente con gran mayoría de los clientes que dejaron de volver pero como ya había transcurrido bastante tiempo la mayoría de las empresas ya tenían otro proveedor que les ofrecía el servicio integral en cuanto a llantas y servicios” [fls.146 a 148 cdno. 1].

57. Testimonio rendido por Edgar Bayona Flórez [fls. 195 a 201 cdno. 1].

“[…] Me desempeñe [sic] como coordinador de interventorías del proyecto de ampliación de la avenida Gonzalez [sic] valencia [sic] siendo funcionario de la entonces secretaria de obras públicas de la alcaldía de Bucaramanga […] Sí, esta [sic] ubicada en la esquina de la calle 48 en la avenida gonzalez valencia [sic] costado sur oriental, la actividad que desarrolla es venta de llanta, servicio de balanceo, alineación, también tiene servicio de lavado de vehiculos [sic], taller de los que recuerdo […] La ejecución de las obras físicas se realizaron por tramos que se cerraban paulatinamente, dejando claridad que el tramo frente a la Serviteca la Rosita fue el último sector que se trabajo [sic] durante el desarrollo de las obras […] Hasta donde tengo conocimiento nunca se solicito [sic] el cierre del establecimiento, se aclara de que las obras que afectaban los predios que pertenecían a esta serviteca fueron negociados y/o adquiridos por el Municipio para ejecutar estas obras, negociación que según tengo entendido se llevo [sic] a cabo, esto queda como constancia de que el propietario quedo [sic] enterado previamente sobre la afectación de parte de los predios que colindan con la avenida gonzalez valencia [sic] […] El proyecto de ampliación de la avenida Gonzalez Valencia solamente afecto [sic] el cierre parcial de esta vía, las demás vías alternas como son la carrera 25 y la calle 48 que también dan acceso a la serviteca no sufrio [sic] cierres, además recuerdo que la serviteca habilitaba el ingreso al lavado de carros, al taller, servicios que dan por la gonzalez valencia [sic] de tal forma que bajaban por la carrera 25 y se montaban sobre las zonas duras paralela a la avenida gonzalez valencia [sic] para dar ingreso al sector de servicio sobre la avenida gonzalez valencia [sic] […] Con o sin el plazo adicional se afecta de todas formas el cierre de la avenida gonzalez valencia [sic], tanto para la serviteca como para todos los inmuebles que estaban ubicados a lo largo de esta vía, pues se aclara que los plazos adicionales se otorgan al contratista por consideraciones de carácter técnico que justifican la adición de estos plazos […] La avenida Gonzalez [sic] Valencia antes de la ampliación era una vía de dos carriles sin separador central y doble sentido. Con la ampliación paso [sic] a ser una vía de dos calzadas cada una de dos carriles y con separador central. Referente a los empalmes al efectuar la ampliación estos se realizaron a las mismas que empalmaba antes de la ampliación, como es por el costado noroccidental carril oriental con la calle 48 y el carril occidental con la derivación de la avenida la rosita que empalma a la calle 48, por el costado sur-oriental empalma la cra. 27, además esta vía empalma en su trayecto ampliado con las denominadas boca-calles, o cruces de las vías que se derivan de la avenida gonzalez valencia [sic] […] el acceso a la serviteca por la cra. 24 ingresando por la calle 48 no tuvo afectación alguna, el único acceso a algunos servicios de la serviteca durante el periodo de ejecución de las obras del tramo de la avenida gonzalez valencia [sic] frente a esta serviteca; obras que necesariamente debieron ejecutarse para entregar el proyecto funcionando en su totalidad, dentro de las cuales se incluyo [sic] la ejecución de nuevos andenes y zonas verdes en las franjas que adquirio [sic] el Municipio a la Serviteca para la ejecucuñin [sic] del proyecto […] Los cierres fueron efectuados por tramos que realmente estuvieron comprendidos entre el empalme de la prolongación de la calle 48 en el sector denominado siete bocas y la cra. 27” [fls.195 a 201 cdno.1].

58. Interrogatorio de parte de Segundo Abril Rubiano [fls. 204 a 208 cdno.1].

“[…] la empresa queda en la calle 48 # 23 Bis-44 en la esquina es en estilo rompoy que tiene acceso por la Gonzalez [sic] Valencia y por la calle 48 […] las afectó en la manera que en el momento que se cerró la vía me parece que en el año 96, como quedó la vía y el fuerte de la empresa es vender llantas para tractomulas y buses y maquinaria pesada entonces al cerrarse la via [sic] entonces esos carros pesados no tenían acceso a llegar por esa parte a la serviteca, y ahí fue donde entró la empresa a sentir los perjuicios, como cerraron la vía, entonces quedó la calle 48 por ahí no hay acceso a los carros grandes porque el acceso era por el otro lado, es decir, a donde tienen que llegar a montar las llantas, cuando se hizo la empresa quedó diseñada para entrar por ahí los carros y las mulas, por la calle que suben de la avenida gonzalez valencia [sic] pueden subir al montaje donde se pueden montar las llantas, a las tractomulas y los buses, es la calle que sube pegada a la misma serviteca, por la Gonzalez [sic] Valencia queda en medio de la calle 48 y la otra calle que está ahí, la serviteca queda en medio […] me afectó porque se me bajaron las ventas porque no tenía acceso ni la tractomula ni los buses para entrar por ahí, nosotros esperamos a ver que [sic] medidas tomaba el municipio ky [sic] nos perjudicó porque nos cerraron la vía que el negocio ah [sic] es para vender llantas a tractomulas y buses que es la [sic] fuerte que tiene la empresa poruqe [sic] una mula tiene 22 llantas grandes y un bus tiene diez llantas entonces el volumen de la empresa es la llanta grande y como no podían entrar los carros y perdimos la clientela que teníamos en ese momento, como Copetran, Cotrasur y [sic] otras empresas que llegaban a comprar sus llantas y comprarlas ahí., entonces la clientela se fue, no volvió porque cuando a uno los clientes que le compran a uno, pero como cerraron la vía, los clientes no volvieron y jamas [sic] los recuperamos y ahí fue cuando la empresa empezó a andar mal, entre el año 96 a 97 […] No recuerdo bien que [sic] acuerdo se hizo, abría [sic] que mirar los libros de contabilidad para ver que [sic] fue lo que se arregló cuando esto […] no quedó sino el acceso a la vía de la calle 48 […] no, de todas maneras la empresa quedó paralizada, pero la empresa no se cerró pero ya el mopvimiento [sic] era muy poco porque entraba era carro pequeño, ademas [sic] la utilidad de la empresa es vender llantas para carrpo [sic] […] la Rosita está contando con la 48 y con la Gonzalez valencia [sic]. Que tambien [sic] tiene una calle que sube y que bjaq en medio de la serviteca […] por ahi [sic] se presta el servicio de lavado, cambio de aceite y unos locales que están arrendados actualmente” [fls. 204 a 207 cdno. 1].

59. Testimonio rendido por Luis Jesús Pabón [fls. 223 a 225 cdno. 1].

“[…] en la serviteca la rosita como operario [sic] de montaje […] calle 48 # 23 Bis-44 […] el volumen de ventas muchísimo, el acceso de los carros grandes a la serviteca pues ya no se pudo laborar con carrro [sic] grande porque era la via [sic] de acceso al montaje de llanta, el lavado, mecánica tambien [sic] se afecto [sic] y mas [sic] que todo el montaje de llanta grande que es el fuerte de la serviteca, el trabajo se decayó bastante, ya no teníamos lo mismo, hasta tal punto que en el 98 fue tanto lo que perjudicó, nosotros trabajabamos [sic] con lo de la ley y a raíz de eso a nosotros nos liquidaron y ahora estamos trabajando pero a porcentaje […] solamente quedo [sic] acceso hacia la 48 pero por esta via [sic] no pueden circular los carros grandes, porque la unica via [sic] adecuada […] cuando eso teníamos a Copetran, Cotrasur, todo tipo de carro grande, sea mula, dobletoque [sic], camiones buses, a ellos se le [sic] vendía la llanta, y se le cambiaban, y actualmente no llega nada por ahí en la semana si llega uno o dos camiones de eso tipo 300 es mucho […] bueno cerrar totalmente no pero unicio [sic] que entraba era carro pequeño, si orque [sic] a raíz de eso lo que fue lavado, cambio de aceite, mecánica, eso quedó abolido, pues esperábamos en el montaje y balanceo lo que entraba por la calle 48 porque ya pues los carros grandes viendo la via [sic] tapada ellos ya se dirigían a otra empresa […] pues yo diría más [sic] o menos, en ese tiempo cuando se cerró [sic] la via [sic] el volumen era como le dijera yo, de más [sic] o menos diario de unas cuarenta a cincuenta llantas grandes y despues [sic] ahorita en la actualidad diga ud. [sic] en la semana montamos 8 o 10 llantas en la semana y eso es mucho, poruqe [sic] francamente ya no llega camiones allá” [fls. 223 y 224 cdno. 1].

60. Testimonio rendido por Edison Martínez [fls. 226 a 228 cdno. 1].

“[…] calle 48 # 23 Bis-44 alla [sic] se hace en general se cambia aceite, se lavan carrosa, se tiene servicio de mecánica, balanceo y alineación de dirección y de luces, y el obligatorio que es elmontaje [sic] de llantas […] yo creo que si le hubieran puesto una bomba habría sido mejor, el volumen de las ventas se vino abajo total, se derrumbó [sic] la venta de llantas de camión, los serviiocs [sic] tambien [sic] por el lado de la Gonzalez [sic] Valencia se anularon durante el tiempo en que se diola [sic] ampliacion [sic] de la Gonzalez [sic] Valencia, se cerró lavado, cambio de aceite, mecánica, suspensiónb [sic] y sincronización por ese frente, pero lo basico [sic] de allí es la venta de llantas grandes y eso se anuló durante el tiempo del cierre de la Gonzalez [sic] Valencia no hubo acceso al patio de servicio de llanta de camión eso es lo más [sic] grave que pudo pasar debido a eso se afectó la estabilida [sic] de la empresa en el sentido de que como ya las ventas no eraniguales [sic] sostener una nómina, no daba para sostenerla entonces empezaron a prescindir de personal y por ultimo [sic] terminaron liquidandonos [sic] a nosotros, yo actualmente estoy laborando al destajo, alporcentaje [sic] […] tiene acceso, lo que pasa es que allí las direcciones son fregadsas [sic], viene la rosita y se empalma con la calle 48 que es el frente principal de la serviteca, por el otro lado tiene la Gonzalez [sic] Valencia y la carrera 24 que es la de acceso al patio de servicios de camión, 3 vías […] nosotros teníamos a Lusitania, copetran, transcolombia, unitransa, de lechesan pero pocquitros [sic], en su mayoría eran camiones y buses de diferentes empresas que llegaban allí a comprar llantas, los servicios en gfeneral [sic] era instalar las llantas, que era lo básico, que era el fuerte de la serviteca. Actualmente el servicio de camión esta nulo, con respecto a lo que se hacía antes de la ampliación de esas avenidas de acceso, nosotros actualmente prestamos servicio de cambio de aceite, lavado pero el volumen no es igual, la sincronización y la mecánica toco [sic] arrendarla porque no es posible mantener personal de la empresa para eso. Eso está arrendado esa función. Y por el frente de la 48 se alinean luces, se balancea pero la calidad de servicio es igual pero la cantidad de servicio no […] no quedó fraccionado el servicio, poruqe [sic] lo que se prestaba por la Gonzalez [sic] y por la carrera 24 quedó bloqueado, solamente se hacía por la calle 48 pero no con un buen acceso para el cliente disminuyó […] Lo que pasa es que a la serviteca enun [sic] comienzo pogamosle [sic] seis meses o un año no la tenía, la estructura para montar llantas de camión, pero eso fue al comienzo y debido a la necesidad de prestar ese servicio el dueño se vio obligado a comprar el lote adyacente para poder montar la infraestructura […] Pues por causa del cierre de la Ave. [sic] G. [sic] Valencia perdimos subsidio, vacaciones, el arreglo que nos hicieron no fue el mejor por la situación económica del momento, mme [sic] liquidaron en el año 98” [fls. 226 a 228 cdno. 1].

61. Testimonio rendido por Álvaro Velasco Hernández [fls. 231 a 235 cdno. 1].

“[…] En asesorías contables y financieros. Antes de ocurridos los hechos de la demanda y después de los mismos labore con la entidad demandante, es decir, en los años 1.993, 1.994 y posteriormente a partir del año de 1.998 […] El domicilio si, en la calle 48 con carrera 23 en un cruce de la calle 48 - Avenida Gonzalez [sic] Valencia - Clle [sic] 45 y Avenida la Rosita. Se dedicaba a la compra y venta de llantas de todo tipo y serrvicios [sic] de mantenimiento de vehiculos [sic] […] Para el año de 1.993 y 1.994 cuando estaba vinculado y desde 1.989, puedo dar testimonio de las vías de acceso a la Serviteca la Rosita y específicamente para la época en que estuvo vinculado de los años 1.993 y 1.994, pude observar claramente la movilización de vehículos de todas y cada una de las vías de acceso a la Serviteca […] Tiene siete vías de acceso en la actualidad. Según lo presenta el plano general de localización […] La empresa se vio avocada a compromisos financieros asumiendo unos altos costos de intereses para la época e incumpliendo con el pago oportuno a su principal proveedor Goodyear por la falta de liquidez como consecuencia de la baja en las ventas motivado por el cierre de las vías […] De ellos se puede ver que mientras en 1.994 su pasivo era de $297.000.000, en el año de 1.996, este ascendía a $417.000.000. Donde se deduce el incremento de sus obligaciones financieras, más no así de sus ventas […] Con la ampliación de la Avenida Gonzalez [sic] Valencia, la infraestructura de la empresa Segundo Abril Rubiano, esta siendo subutilizada en un alto porcentaje, debido a el [sic] no acceso de vehículos pesados, a lo rápido de la vía y a la pérdida de la clientela que tenía en su momento antes de la ampliación de la Avenida Gonzalez [sic] Valencia […] La empresa ha tomado una serie de medidas de orden administrativo y operativo, como son la reducción de personal, el mejoramiento de la calidad del servicio, publicidad, promociones, sin embargo; no se han obtenido los resultados del punto de equilibrio requerido para la subsistencia de la empresa […] El comportamiento de las ventas de llantas de camión tiende a desaparecer, ya que en 1.996 se vendieron 1.767, en 1.999 solo se alcanzaron 463. Afectado además por los problemas de la ampliación de la Avenida Gonzalez [sic] Valencia, la determinación de las autoridades de Circulación y Transito [sic] de prohibir el despazamiento [sic] de vehículos pesados por estas vías” [fls. 231 a 234 cdno. 1].

62. Oficio 106910, de 29 de agosto de 2002, del Director del Departamento de registro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga con la que se remitió la copia del formulario de renovación de la matrícula del año 2002 de la sociedad Segundo Abril Rubiano y Cía. S en C [fls. 254 a 256 cdno. 1].

63. Oficio 1547, de 30 de agosto de 2002, del Secretario Administrativo de la alcaldía de Bucaramanga [fl. 258 cdno. 1], con el que se allegaron los siguientes documentos en copia auténtica:

64. Contrato de obra pública número 182 de 1994 [fls. 259 a 267 cdno. 1].

65. Resolución número 338, de 19 de julio de 1994, por medio de la cual se aprobó la póliza única número 9438237 de Seguros del Estado S.A., constituida por el contratista del contrato 182 de 1994 [fl. 268 cdno. 1].

66. Resolución número 259, de 1 de noviembre de 1995, por medio de la cual se aprobó el certificado de modificación número 297051 a la póliza constituida por el contratista dentro del contrato 182 de 1994 [fl. 269 cdno. 1].

67. Contrato de consultoría número 17 de 28 de febrero de 1997, cuyo objeto era la terminación de la interventoría técnica y administrativa para la construcción de la ampliación de la avenida González Valencia, entre la carrera 27 y la avenida La Rosita [fls. 270 a 280 cdno. 1].

68. Acta de recibo de obra # 8 de 15 de abril de 1997 y trece [13] actas de control de contrato de aquella [fls. 281 a 294 cdno. 1].

32.6. Acta de recibo de obra # 07 de 23 de marzo de 1997 y seis [6] actas de control de contrato de aquella [fls. 295 a 301 cdno. 1].

69. Contrato adicional # 1 al contrato principal # 17-97 para la terminación de la interventoría técnica y administrativa, para la construcción de la ampliación de la avenida González Valencia, entre la carrera 27 y la avenida La Rosita [fls. 302 a 310 cdno. 1].

70. Acta de iniciación de interventoría de 28 de febrero de 1997 [fl. 311 cdno. 1].

71. Acta mensual de interventoría # 1 de 28 de marzo de 1997 [fls. 312 a 314 cdno. 1].

72. Acta mensual de interventoría # 2 de 14 de abril de 1997 [fls. 315 a 317 cdno.1].

73. Acta mensual de interventoría # 3 de 29 de abril de 1997 [fls. 322 a 325 cdno. 1].

74. Resolución número 130 de 28 de febrero de 1997 [fls. 326 y 327 cdno. 1].

75. Oficio GIM 472 de 6 de septiembre de 2002, de la Coordinadora del Grupo de Impuestos de la Secretaría de Hacienda del municipio de Bucaramanga [fl. 329 cdno. 1], con el que se remitió copia de las declaraciones de industria y comercio presentadas por el contribuyente Segundo Abril Rubiano desde 1985 hasta el 2001 [fls. 330 a 350 cdno. 1].

76. Delimitados los medios probatorios que obran en el proceso, y los cuales se valoran tanto en copia simple, como en copia auténtica según lo sustentado ya por la Sala en el título de aspectos procesales previos, se debe establecer el alcance de la impugnación presentada por la parte actora.

5. Alcance de la impugnación presentada por la parte actora.

77. El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos por la parte actora en su escrito de apelación, específicamente porque se afirmó que se produjo un daño antijurídico imputable a la entidad municipal demandada, y en caso de superar estos dos elementos esenciales de la responsabilidad patrimonial del Estado, se procederá a definir el reconocimiento y liquidación de los perjuicios alegados.

78. Con base en la anterior delimitación de la impugnación la Sala formula el siguiente problema jurídico.

6. Problema jurídico.

79. Del análisis material y sustancial de las pruebas presentadas se puede formular como problema jurídico determinar si está probado el daño antijurídico, para así establecer si cabe imputar el mismo a la entidad municipal demandada, teniendo en cuenta que esta última entre el 16 de septiembre de 1996 y el 15 de abril de 1997 realizó la obra pública de ampliación de la avenida González Valencia en la ciudad de Bucaramanga, con lo que se afirmó por la parte actora que se afectó como daño antijurídico la actividad comercial de venta de llantas que realizaba la sociedad demandante en la Serviteca La Rosita de su propiedad.

80. De lo dicho anteriormente se exige valorar si se encuentra acreditado el daño antijurídico, como elemento que hace parte del objeto de la apelación de la parte actora.

7. Presupuestos del daño antijurídico.

81. El daño antijurídico entendido como elemento sustancial e incuestionable en todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, exige valorar los supuestos fácticos, los fundamentos normativos [constitucionales, convencionales y legales] y los ingredientes propios a su definición para una vez acreditado o demostrado proceder a formular o elaborar el juicio de imputación correspondiente(35). En caso contrario debe examinarse si este no existió materialmente, o si comprendía un ámbito de juridicidad en la acción, omisión o inactividad desplegada por Estado, o de legitimidad en la limitación o imposición de una determinada restricción a un derecho [partiendo de la base que los derechos y libertades no son absolutos en las sociedades democráticas modernas(36)], y si no se logra establecer alguno de sus piezas internas, esto es, su certeza, carácter personal, o directo con el que configurar el mismo.

82. La Sala debe precisar, en principio, la noción de daño en su sentido general.

7.1. La noción de daño en su sentido general.

83. Daño ha de entenderse como la lesión cierta un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona. Sin embargo, el daño objeto de la reparación sólo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico(37).

84. En este sentido, el daño sólo adquirirá el carácter de antijurídico y en consecuencia será indemnizable(38), si cumple una serie de requisitos como lo son, el de ser personal, cierto y directo, tal y como lo explica Mazeaud, para quien debe afirmarse un interés o bien para cuya relevancia jurídica en su tutela o protección deben reunirse las anteriores exigencias(39).

85. Ahora bien, los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel hecho que siendo lesivo es actual o futuro, a diferencia del eventual(40).

86 En efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser imputado debe ser cierto(41)-(42), esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en cualquiera de sus esferas patrimoniales y extrapatrimoniales, exigiéndose que no haya duda alguna acerca de su ocurrencia(43).

87. La existencia es entonces la característica que distingue al daño cierto, pero, si la existencia del daño es la singularidad de su certeza no se debe sin embargo confundir las diferencias entre la existencia del perjuicio y la determinación en su indemnización(44). De igual forma, para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio, bien sea demostrando que efectivamente se produjo, bien sea probando que, el perjuicio aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual(45).

88. Delimitados los elementos básicos de daños en su sentido general, la Sala procede a establecer la noción de daño antijurídico.

7.2. La noción de daño antijurídico.

89. Se considera como tal, la afectación, menoscabo, lesión o perturbación a la esfera personal [carga anormal para el ejercicio de un derecho o de alguna de las libertades cuando se trata de persona natural], a la esfera de actividad de una persona jurídica [carga anormal para el ejercicio de ciertas libertades], o a la esfera patrimonial [bienes e intereses], que no es soportable por quien lo padece bien porque es irrazonable, o porque no se compadece con la afirmación de interés general alguno.

90. Así pues, daño antijurídico es aquél que la persona no está llamada a soportar puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo que es lo mismo, es aquel que se irroga a pesar de que no exista una ley que justifique o imponga la obligación de soportarlo.

91. El daño antijurídico comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(46) y del Estado, impone considerar dos componentes: a) el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales [en su esfera inmaterial] o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”(47); o la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”(48); y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(49), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos(50); y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general(51), o de la cooperación social(52).

92. En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(53).

93. Así pues, y siguiendo la jurisprudencia constitucional, se ha señalado “que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”(54).

94. De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(55).

95. Se precisa advertir que en la sociedad moderna el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamado a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva, y no sujetada o anclada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico.

96. Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(56). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(57), anormal(58) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(59).

97. Estudiados los anteriores presupuestos generales y de la antijuridicidad del daño, la Sala procede a valorar el daño antijurídico para al caso en concreto.

7.3. Análisis del daño antijurídico para el caso en concreto.

98. La Sala al analizar las pruebas obrantes en el proceso puede tener por establecido que la obra pública consistente en la ampliación de la avenida González Valencia entre la avenida La Rosita y carrera 27 de la ciudad de Bucaramanga se realizó en el período comprendido entre el 16 de septiembre de 1996 y el 15 de abril de 1997, por parte de un contratista Covelli y Asociados Ltda del Municipio de Bucaramanga(60). Así mismo, que la sociedad demandante para la época de los hechos era la propietaria de la Serviteca La Rosita, respecto de la que se afirmó la producción del daño antijurídico.

99. En la demanda se afirmó que el detrimento, aminoración, afectación o vulneración se hacía consistir en la reducción de la actividad comercial de venta de llantas que se realizaba en la Serviteca La Rosita ubicada en la calle 48 # 23 Bis-44 de la ciudad de Bucaramanga con ocasión de la mencionada obra de ampliación porque se argumentó que se afectó el acceso a la misma a los clientes y vehículos que acudían a la misma para la época de los hechos.

100. Sin embargo, del estudio contrastado, armónico y bajo las reglas de la sana crítica de las pruebas obrantes en el proceso la Sala tiene en cuenta: (1) con los balances generales y los estados de pérdidas y ganancias allegados(61) [correspondientes a la Serviteca La Rosita desde diciembre de 1992 a 1999] no se logra demostrar clara, completa e íntegramente la producción de la aminoración o detrimento económico que se dice padecer por la sociedad demandante con ocasión de la obra pública realizada por la entidad pública demandada; (2) tampoco se cuenta con prueba que permita establecer cuál era el beneficio económico que percibía la sociedad demandante por la actividad comercial de venta de llantas en la Serviteca La Rosita, para la época de realización de la obra pública de ampliación de la avenida González Valencia, y su incidencia con posterioridad a la misma obra(62); (3) del estudio de la prueba testimonial se encuentra por la Sala: (3.1) si bien son coincidentes las declaraciones en la realización de la obra pública, la existencia de la Serviteca La Rosita y su ubicación, también se coincide en afirmar que el acceso a la misma no era sólo por la avenida González Valencia que fue intervenida con la obra pública, sino que al menos contaba con dos [2] o tres [3] accesos [incluso Álvaro Velasco Hernández afirmó que había siete vías de acceso], por lo que la actividad comercial que se afirmó objeto del daño no fue suspendida, restringida o anulada en ningún momento [como lo sostuvo en su interrogatorio de parte Segundo Abril Rubiano], llegando a afirmarse por Jairo Jaimes que se utilizaba espacio público para realizar alguno de los procedimientos propios a la mencionada actividad, en contravención con la normatividad, y que se habilitó un acceso para continuar con la actividad, como lo corroboró el interventor Edgar Bayona Flórez en su declaración; (3.2) Gladys Acevedo Herrera como auxiliar contable en la sociedad demandante deja claro que las pérdidas que se invocan como fruto de la obra pública realizada tienen su origen en el año 1995, fecha en la que aún no se había iniciado ninguna actividad material o de intervención en la avenida González Valencia por parte de la entidad pública demandada. Agregando, que esas pérdidas se prolongaron desde 1995 y hasta 1999 sin ser claro y concreto que la obra haya sido la desencadenante del daño antijurídico que se invoca en la demanda, es más Álvaro Velasco Hernández en su declaración afirmó que en 1996 se vendieron 1767 llantas y en 1999 sólo 463, lo que resulta inexplicable ya que para ese año la intervención en la avenida González Valencia había finalizado, sin definirse y establecerse cuál [es] había [n] sido el [los] factor [es] determinante [s], y despejando cualquier ocurrencia de daño en sentido general, y de daño antijurídico alguno; y, (3.3) si bien algunos de los declarantes intentan establecer el volumen de actividad que había para la época de los hechos, no existen medios probatorios con los que se pueda corroborar tales dichos, por lo que no puede determinar si se produjo una aminoración o detrimento con ocasión de la obra realizada [como puede verse en las declaraciones de Luis Jesús Pabón y de Edison Martínez].

101. Para la Sala, si el daño se entiende como la lesión definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona natural o jurídica, para que sea objeto de reparación debe revestir la característica de antijurídico.

102. Ahora bien, para la Sala el daño antijurídico en el presente caso no logra cumplir con los requisitos de la certeza y el carácter directo del mismo. En cuanto al carácter cierto, de las pruebas analizadas y contrastadas se desprenden meras suposiciones o conjeturas, existiendo duda sustancial sobre su ocurrencia, y sin siquiera haberse probado que se produjo una aminoración o detrimento fruto de la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual que no está demostrado con las pruebas del proceso.

103. Ante estas suposiciones y conjeturas, la Sala no encuentra demostración del carácter directo del daño, ya que el hecho que se pretende afirmar como dañoso y antijurídico no se probó que haya sido desencadenado en las condiciones de tiempo, modo y lugar sostenido, cuando pudo haber intervenido diferentes hechos ajenos a la actividad propiamente juzgada de la entidad pública municipal demanda.

104. Advierte la Sala, que el precedente, que ha tenido continuidad en el tiempo, establece que el daño para ser indemnizable “debe revestir las características de cierto, particular y que lesione un derecho protegido jurídicamente o sobre el cual el Estado ha creado confianza legítima”(63).

105. De igual manera, la Sala considera que no se demuestra con las pruebas obrantes en el proceso que se haya producido una afectación, menoscabo, lesión o perturbación a la esfera patrimonial [bienes e intereses], o a la esfera de actividad de una persona jurídica [carga anormal para el ejercicio de ciertas libertades], ni que de la obra de ampliación de la avenida González Valencia se haya producido un hecho que hubiese sido no soportable por la sociedad demandante, bien porque haya sido irrazonable, permaneciendo como elemento contrastado con el contrato 182 de 1994 y las declaraciones de Edgar Bayona Flórez y Álvaro Velasco Hernández que los hechos que pudo desencadenar la obra se compadecen con la afirmación del interés general que se deduce de la realización de la misma para la sociedad demandante y todos los ciudadanos y personas jurídicas de la zona de intervención en la ciudad de Bucaramanga.

105. Con base en la anterior motivación, la Sala confirmara la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, al no haber demostrado la sociedad demandante la producción de un daño antijurídico en su contra con ocasión de la realización de la obra de ampliación de la avenida González Valencia en la ciudad de Bucaramanga, lo que hace que no proceda realizar por la Sala el juicio de imputación.

106. Definido lo anterior, queda por abordar a la Sala la determinación de la condena en costas o no a alguna de las partes en el proceso.

8. Costas.

107. Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA

1. CONFIRMAR la Sentencia de 30 de noviembre de 2004 proferida por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, que negó las pretensiones de la demanda, con base en la motivación de la presente providencia.

2. ABSTENERSE de condenar en costas a las partes en el proceso.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

6. De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo [D. 1/1984], subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado.

7. La mayor pretensión de la demanda ascendía a la suma de ciento cincuenta millones de pesos [$150.000.000.oo], por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, lo que implica que superaba la cuantía exigida para el 14 de octubre de 1998 como fecha de presentación de la demanda, que correspondía, según el Decreto 587 de 1997, al valor de dieciocho millones ochocientos cincuenta mil pesos [$18.850.000.oo].

8. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 7 de octubre de 2014, expediente 11001-03-15-000-2010-01284 (Rev).

9. “Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

10. “ART. 1º.—Obligación de respetar los derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

11. “ART. 2º.—Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1º no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

12. “ART. 8º.—Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter

13. “ART. 25.—Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

14. Sección Tercera, Sentencia de 28 de enero de 1994. “[…] máxime cuando, como en el caso sub - júdice, la demanda afirma que tan pronto se construyó el muro en la margen izquierda del río, paralelo a la carretera y para protección de su banca, ni siquiera empezaron los perjuicios sino que sólo se agravaron, y a que el proceso erosivo se había iniciado desde muchos años antes (unos 16). Posición sostenida en: Sección Tercera, Sub-sección A, Sentencia de 1 de octubre de 2014, expediente 33767. “[…] Según lo manifestado por la parte demandada, para la época en que formuló la demanda (15 de febrero de 2002) la acción estaba caducada, ya que el término debía contarse desde el momento en que inició la ejecución del contrato, esto es, desde el 18 de noviembre de 1997; sin embargo, como atrás se advirtió, lo importante para contabilizar dicho término es identificar la fecha en la que culminó la obra en el predio afectado. Ahora, comoquiera que en este caso la parte demandada no demostró el momento en que terminó la obra sobre el inmueble cuya posesión alegan los demandantes y, en su lugar, está demostrado que la totalidad de la misma culminó el 15 de febrero de 2000, se infiere que la acción de reparación directa se ejerció dentro del término de ley”.

15. Sección Tercera, Sentencia de 28 de enero de 1994, expediente 8610. “[…] La premisa para este tipo de casos es que “una obra pública puede producir perjuicios instantáneos, por ejemplo, el derrumbamiento de un edificio aledaño […] En el primer evento (perjuicio instantáneo) el término de caducidad es fácil de detectar: tan pronto se ejecute la obra empezará a correr el término para accionar. Para una mayor certeza la jurisprudencia de la Sala ha señalado como fecha inicial, aquella en la que la obra quedó concluida”.

16. Sección Tercera, Sub-sección C, Sentencia de 26 de julio de 2011, expediente 21281. “[…] el daño que se reclama es precisamente la ocupación del inmueble una vez culminada la obra, mientras que en la segunda hipótesis la lesión antijurídica que se invoca reside en la afectación a bienes, derechos o intereses legítimos —distintos a la ocupación del terreno— en medio de la ejecución de la obra pública”.

17. Sección Tercera, Sub-sección C, Sentencia de 26 de julio de 2011, expediente 21281.

18. Sección Tercera, Sentencia de 28 de enero de 1994, expediente 8610. “[…] En los eventos de perjuicios prolongados en el tiempo, aunque en la práctica es más difícil detectar la fecha inicial porque puede confundirse el nacimiento del perjuicio con su agravación posterior, no por eso puede aceptarse que mientras se estén produciendo o agravando los daños seguirá viva la acción, porque esta solución sería la aceptación de la no caducidad de las acciones indemnizatorias por trabajos públicos, y contrariaría el mandato expreso de la ley que es enfática en hablar de dos años contados a partir de la producción del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

19. Sección Tercera, Sentencia de 28 de enero de 1994, expediente 8610. “[…] En otros términos, el legislador al establecer la caducidad en la forma explicada partió de un supuesto que le da certeza y estabilidad a la institución: que en este campo el perjuicio debe concretarse, nacer, a más tardar dentro de los dos años siguientes a la ejecución de los trabajos, así puedan agravarse o continuar su ocurrencia con posterioridad a dicho bienio”.

20. Sección Tercera, Sentencia del 11 de mayo de 2000, expediente 12200. “[…]sostuvo la Sala que si “bien es cierto que el inciso 4º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que el término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajeno por causa de trabajos públicos, dicha norma entendida de manera racional debe interpretarse en el sentido de que no basta con la realización pura y simple del hecho causante del daño sino que es necesario que haya sido conocido por el afectado, lo cual en la mayoría de las veces ocurre al mismo tiempo”. Reiterada en las siguientes providencias: 10 de noviembre de 2000, expediente 18805; de 27 de febrero de 2003, expediente 23446; 2 de febrero de 2005, expediente 27994; de 11 de mayo de 2006, expediente 30325; de 18 de julio de 2007, expediente 30512.

21. Sección Tercera, Sentencia del 11 de mayo de 2000, expediente 12200. “[…] Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción”. Reiterada en las siguientes providencias: 10 de noviembre de 2000, expediente 18805; de 27 de febrero de 2003, expediente 23446; 2 de febrero de 2005, expediente 27994; de 11 de mayo de 2006, expediente 30325; de 18 de julio de 2007, expediente 30512.

22. Sección Tercera, Sentencia del 24 de febrero de 2005, expediente 15093.

23. Sección Tercera, Sub-sección C, Sentencia de 15 de febrero de 2012, expediente 22364.

24. Se advierte por la Sala que este documento fue aportado por la entidad pública municipal demandada en copia auténtica durante el período probatorio.

25. Sección Tercera, Sentencias de 4 de mayo de 2000, expediente 17566; 27 de noviembre de 2002, expediente 13541; de 31 de agosto de 2006, expediente 28448; de 21 de mayo de 2008, expediente 2675; de 13 de agosto de 2008, expediente: 35062, entre otras.

26. Según las cuales los documentos públicos y privados aportados en fotocopia simple por personas que no los suscriben no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en original o en copia autorizada por notario, director de oficina administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o autenticada por notario, previa comparación con el original o con la copia autenticada que se le presente.

27. Corte Constitucional, Sentencia SU-774 de 2014. Según esta Sentencia: “[…] En principio, se estableció la presunción de autenticidad de los documentos públicos mediante el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, la tendencia legislativa ha estado encaminada a afirmar la presunción de autenticidad tanto de los públicos como de los privados. La Ley 1395 de 2010, modificó el inciso cuarto de la citada norma procesal, señalando que se presumen auténticos los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes. En idéntico sentido se pronuncia el artículo 244 del Código General del Proceso (L. 1564/2012)”.

28. Corte Constitucional, Sentencia SU-774 de 2014. “[…] La distinción entre el valor probatorio de los documentos originales y las copias se ha ido disolviendo en el desarrollo legislativo. El citado artículo 11 de la Ley 1395 de 2010 señaló que con independencia de si el documento es allegado en original o en copia éstos se presumen auténticos, hecho que como se explicó, permite que sean valorados”.

29. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Argüelles y otros vs. Argentina, Sentencia de 20 de noviembre de 2014, párrafo 60. Puede verse: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 140; caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, Sentencia de 27 de agosto de 2014, párrafo 34; caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile, Sentencia de 29 de mayo de 2014, párrafo 54.

30. Corte Constitucional, Sentencia SU-774 de 2014. “[…] Exigir esta actuación en nada afecta la autonomía judicial para la valoración probatoria toda vez que el hecho de que solicite pruebas de oficio, en particular originales de documentos públicos, no implica necesariamente que se le otorgue pleno valor probatorio a estos. Lo que se pretende es que el juez cuente con los mayores elementos posibles para que dentro de las reglas de la sana crítica valore en su conjunto la totalidad de las pruebas y pueda llegar a un fallo de fondo con la máxima sustentación jurídica y fáctica posible. Evitar el exceso de ritualismo y garantizar la efectividad del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, fueron dos objetivos reafirmados por el legislador al expedir el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El artículo 11 del Código General del Proceso expresamente señaló que “al interpretar la ley procesal el juez procesal deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (…) El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidad innecesarias”. Así mismo ambas normas señaladas al igual que los antiguos Código de Procedimiento Civil y Código de lo Contencioso Administrativo, reconocen el deber del juez de acudir a sus potestades oficiosas para verificar las alegaciones de las partes y el esclarecimiento de la verdad”.

31. La cual, para estos efectos, y por la importancia las consideraciones y razonamientos efectuados en ella, se cita in extenso: “Como se aprecia, las disposiciones contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, resultan aplicables a los procesos de naturaleza contencioso administrativa en curso, de conformidad con la regla de integración normativa contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo De otro lado, es necesario destacar la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, que cambió el inciso cuarto del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, para señalar que los documentos privados elaborados o suscritos por las partes, incorporados al proceso en original o copia se presumen auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los que provienen de terceros que revisten la condición de dispositivos. No obstante, con la promulgación de la Ley 1437 de 2011 —nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo— se profirió una disposición especial aplicable a los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción, precepto cuyo contenido y alcance era el siguiente: “ART.—215. Valor Probatorio de las Copias. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. “La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley.” De allí que la citada disposición resultaba aplicable a los procesos contencioso administrativos que estuvieran amparados por la regla de transición contenida en el artículo 308 de la misma Ley 1437 de 2011. Lo relevante del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— era que incorporaba o concentraba la regulación legal del valor probatorio de las copias en una sola disposición, que no se prestaba para interpretaciones o hermenéuticas en relación bien con la clase o naturaleza del documento —público o privado— así como tampoco con su autor, signatario o suscriptor —las partes o terceros—. En esa lógica, la normativa mencionada constituía un régimen de avanzada en el que el principio de buena fe contenido en el texto constitucional (Art. 83) y desarrollado ampliamente en el Código Civil —en sus vertientes objetiva y subjetiva— se garantizaba plenamente, toda vez que correspondía a las partes o sujetos procesales tachar de falsas las copias que, en su criterio, no correspondían con el original y, por lo tanto, dar paso al incidente de tacha de falsedad del respectivo documento. Es así como, con el artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, se permitía que las partes aportaran los documentos que tenían en su poder en copia, sin importar que los mismos fueran elaborados por aquéllas, por terceros o inclusive que provinieran de una autoridad administrativa o judicial. Era el reconocimiento pleno del principio de confianza que debe imperar en toda sociedad moderna, siempre y cuando se otorguen las herramientas para surtir de manera efectiva el derecho de contradicción. En esa línea de pensamiento, las regulaciones contenidas en las Leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 eran el reflejo de una concepción del proceso más moderna, alejada de los ritualismos y formalismos que tanto daño le han hecho a la administración de justicia, puesto que atentan contra los principios de celeridad y eficacia […] No obstante, con la expedición de la Ley 1564 de 2012 —nuevo código general del proceso— corregido mediante el Decreto 1736 de 2012, se derogó expresamente el inciso primero del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […] Así las cosas, al haber derogado el Código General del Proceso Código General del Proceso, la disposición contenida en la Ley 1437 de 2011, resulta incuestionable que las normas para la valoración de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, preceptos que mantienen vigencia, ya que sólo la perderán a partir del 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el artículo 627 de la codificación general citada […] Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el Código General del Proceso, se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del Código General del Proceso, se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias. Por consiguiente, el legislador ha efectuado un constructo que busca superar la rigidez y la inflexibilidad de un sistema procesal basado en los formalismos, que distancia a las partes en el proceso, crea costos para los sujetos procesales y, en términos de la teoría económica del derecho, desencadena unas externalidades que inciden de manera negativa en la eficiencia, eficacia y la celeridad de los trámites judiciales. Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia— […] Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas […] En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.) […] Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.) […]”.

32. Corte Constitucional, Sentencia SU-774 de 2014. “[…] La jurisprudencia debe estar a tono con los cambios normativos y decisiones legislativas que se han planteado. No resulta acorde mantener una tesis jurisprudencial en la cual se pueda interpretar una ponderación mayor hacia las formas procesales en relación con el valor probatorio de las pruebas documentales. Así mismo es indispensable tener en cuenta la reciente jurisprudencia del máximo tribunal de lo contencioso administrativo en tanto es el órgano encargado de establecer las reglas jurisprudenciales que se deben seguir en dicha jurisdicción”.

33. Posición reiterada en: Sección Tercera, Sub-sección C, Sentencia de 18 de enero de 2012, expediente 19920.

34. “Lote de Terreno, de Forma Triangular, Situado en el Barrio La Rosita, Que Tiene Un Área de Cuatrocientos Veintitrés Metros con Setenta y Cinco Centímetros Cuadrados (423.75 Mts.2), Alinderado Así: “Por El Norte, En Extensión de Cincuenta y un Metros con Setenta y Tres Centímetros (51.73 Mts), Con La Calle Cuarenta y Ocho; Por El Sur, En Extensión de Cuarenta Y Cuatro Metros Con Setenta Centímetros (44.70 Mts) Con Terrenos De Urbanizadora Nacional; y Por El Occidente, En Extensión de Diez Y Nueve Metros Con Veintisiete Centímetros (19.27 Mts) Con La Carrera Veintitrés (23)”.

35. Corte Constitucional, Sentencia SU-353 de 2013. “En Colombia la propia Constitución define los elementos necesarios para condenar al Estado a responder patrimonialmente (art. 90, C.P.). Dice, en concreto, que “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Así, como cada uno de los términos empleados en la Constitución debe tener un efecto útil, es preciso concluir que de acuerdo con la Carta el Estado sólo debe responder patrimonialmente (i) “por los daños antijurídicos”, (ii) “que le sean imputables”, cuando además hayan sido (iii) “causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Esta interpretación la ha reconocido como vinculante no sólo la Corte Constitucional en su jurisprudencia, sino también la Sección Tercera del Consejo de Estado”.

36. Corte Constitucional, Sentencias C-333 de 1 de agosto de 1996; Sentencia T-1228 de 5 de diciembre de 2003.

37. Visintini, Giovanna, ¿Qué es la responsabilidad civil?. Fundamentos de la disciplina de los hechos ilícitos y del incumplimiento contractual, 1ª ed, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2015, pp.101 a 103. “Uno de los supuestos esenciales de la responsabilidad por hechos ilícitos consiste en la lesión de un derecho o cuando menos de un interés jurídicamente apreciable. En este terreno los jueces detentan un poder discrecional de gran trascendencia, en cuanto a valoración del merecimiento de tutela del interés vulnerado […] En el Código Civil italiano queda expresado en la fórmula del art. 2043, según el cual el daño, para ser resarcible, debe ser ‘injusto’ […] Se quería llamar la atención sobre un elemento, respecto de cuya necesidad reinaba un consenso unánime: el damnum iniuria datum, con el cual se apuntaba a la lesión de un derecho ajeno”.

38. Visintini, Giovanna, ¿Qué es la responsabilidad civil?. Fundamentos de la disciplina de los hechos ilícitos y del incumplimiento contractual, ob., cit., p.107. “el significado del término ‘daño’ es el de lesión del interés protegido, toda vez que se hable de ‘daño injusto’ como elemento objetivo del hecho ilícito, o de ‘daño-evento’ para aludir, en esta segunda versión, a la injuria sufrida por la víctima; en cambio, cuando se habla de daño en relación con el resarcimiento, la expresión cobra el significado de pérdida patrimonial, ganancia frustrada, sufrimiento moral padecido por la víctima del ilícito, esto es, el significado de ‘perjuicio’ susceptible de valoración económica en tanto que objeto de reparación o compensación”.

39. Mazeaud. Lecciones de derecho civil. Parte primera. Volumen I. Introducción al estudio del derecho privado, derecho objetivo y derechos subjetivos. Traducción de Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, p.510. “Es un principio fundamental del derecho francés, aun cuando no esté formulado en ningún texto legal, que, para proceder judicialmente, hay que tener un interés: «Donde no hay interés, no hay acción». Una vez establecido el principio, ha surgido el esfuerzo para calificar ese interés que es necesario para dirigirse a los tribunales: debe ser cierto, debe ser personal. Pero se agrega: debe ser «legítimo y jurídicamente protegido» […]”.

40. Chapus. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p.507.

41. Sección Tercera, Sentencia de 2 de junio de 1994, expediente 8998.

42. Sección Tercera, Sentencia de 19 de octubre de 1990, expediente 4333.

43. Salvamento de voto del Consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la Plenaria del Consejo de Estado, expediente S-021. “[…] tanto doctrinal como hipotéticamente ha sido suficientemente precisado que dentro de los requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios materiales, es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a dicha certeza la circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que no exista duda alguna sobre su ocurrencia”.

44. Chapus. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p.403. En el mismo sentido el profesor Chapus ha manifestado “lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar una indemnización que repare, y ello por la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio son la medida de la indemnización. Pero bien puede reconocer que la responsabilidad se compromete cuando la existencia del perjuicio se establece, sin importar las dudas que se tengan acerca de su extensión exacta”.

45. Henao, Juan Carlos, El Daño- Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p.131

46. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en Afduam, 4, 2000, p.185. “[…] el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. Martin Rebollo, Luis. “La responsabilidad patrimonial de la administración pública en España: situación actual y nuevas perspectivas”, en Badell Madrid, Rafael (Coord). Congreso Internacional de Derecho Administrativo (En Homenaje al Prof. Luis H. Farias Mata). Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006, pp.278 y 279. Martín Rebollo se pregunta: “¿Cuándo un daño es antijurídico? Se suele responder a esta pregunta diciendo que se trata de un daño que el particular no está obligado a soportar por no existir causas legales de justificación en el productor del mismo, esto es, en las Administraciones Públicas, que impongan la obligación de tolerarlo. Si existe tal obligación el daño, aunque económicamente real, no podrá ser tachado de daño antijurídico. Esto es, no cabrá hablar, pues, de lesión”.

47. Larenz. “Derecho de obligaciones”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p.329.

48. Sconamiglio, R. “Novissimo digesto italiano”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p.329.

49. Pantaleon, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob., cit., p.186. “[…] que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”.

50. Mill, John Stuart, Sobre la libertad, 1ª reimp, Alianza, Madrid, 2001, pp.152 y 153. “Cuál es entonces el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la soberanía de la sociedad? ¿Qué tanto de la vida humana debe asignarse a la individualidad y qué tanto a la sociedad? […] el hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de otro; o más bien ciertos intereses, los cuales, por expresa declaración legal o por tácito entendimiento, deben ser considerados como derechos; y, segundo, en tomar cada uno su parte (fijada según un principio de equidad) en los trabajos y sacrificios necesarios para defender a la sociedad o sus miembros de todo daño o vejación”.

51. Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. “La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y principio de convencionalidad como pilares en su construcción”, próximo a publicación.

52. Rawls, John, Liberalismo político, 1ª ed, 1ª reimp, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1996, p.279. Este presupuesto puede orientar en lo que puede consistir una carga no soportable, siguiendo a Rawls: “la noción de cooperación social no significa simplemente la de una actividad social coordinada, organizada eficientemente y guiada por las reglas reconocidas públicamente para lograr determinado fin general. La cooperación social es siempre para beneficio mutuo, y esto implica que consta de dos elementos: el primero es una noción compartida de los términos justos de la cooperación que se puede esperar razonablemente que acepte cada participante, siempre y cuando todos y cada uno también acepte esos términos. Los términos justos de la cooperación articulan la idea de reciprocidad y mutualidad; todos los que cooperan deben salir beneficiados y compartir las cargas comunes, de la manera como se juzga según un punto de comparación apropiado (…) El otro elemento corresponde a “lo racional”: se refiere a la ventaja racional que obtendrá cada individuo; lo que, como individuos, los participantes intentan proponer. Mientras que la noción de los términos justos de la cooperación es algo que comparten todos, las concepciones de los participantes de su propia ventaja racional difieren en general. La unidad de la cooperación social se fundamenta en personas que aceptan su noción de términos justos. Ahora bien, la noción apropiada de los términos justos de la cooperación depende de la índole de la actividad cooperativa misma: de su contexto social de trasfondo, de los objetivos y aspiraciones de los participantes, de cómo se consideran a sí mismos y unos respecto de los demás como personas”.

53. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal — bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en Afduam. 4, 2000, p.168. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”.

54. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que sólo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p.297. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”.

55. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p.298.

56. Sección Tercera, Sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente 9550. Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana".

57. Sección Tercera, Sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG.

58. Sección Tercera, Sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente 12166 “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”.

59. Sección Tercera, Sentencia de 2 de junio de 2005, expediente 1999-02382 AG.

60. Se examina para tener por demostrado esto: (1) contrato de obra pública número 182, de 8 de julio de 1994, suscito entre el municipio de Bucaramanga y Covelli y Asociados Ltda [fls.61 a 69 cdno.1]; (2) Acta de reiniciación de la obra de 16 de septiembre de 1996 [fls.74 y 75 cdno. 1]; (3) Oficio de 8 de septiembre de 1997, del Secretario de Obras Públicas Municipales de Bucaramanga [fls.77 y 78 cdno. 1]; y, (4) el testimonio de Gladys Acevedo Herrera [fls.146 a 149 cdno. 1].

61. Balance General de la Sociedad Segundo Abril Rubiano & Cía. S en C, respecto de la Serviteca La Rosita, ubicada en la calle 48 # 23Bis-44 de Bucaramanga, a diciembre 31 de 1992 [fls.18 a 22 cdno. 1]. Estado de pérdidas y ganancias de enero 1 a diciembre 31 de 1996 de la Serviteca La Rosita de propiedad de la Sociedad Segundo Abril Rubiano & Cía S en C [fls.43 a 47 cdno. 1]. Balance de prueba a costos históricos a diciembre 31 de 1994 de la Serviteca La Rosita de propiedad de la Sociedad Segundo Abril Rubiano & Cía S en C [fls. 48 a 52 cdno. 1]. Estado de ganancias y pérdidas (sin ajustes por inflación) de enero 1 a diciembre 31 de 1994 de la Serviteca La Rosita de propiedad de la Sociedad Segundo Abril Rubiano & Cía S en C [fl. 53 cdno. 1]. Balance general a diciembre 31 de 1993 de la Serviteca La Rosita de propiedad de la Sociedad Segundo Abril Rubiano & Cía S en C [fls. 54 a 57 cdno. 1]. Balance general a diciembre 31 de 1995 de la Serviteca La Rosita de propiedad de la Sociedad Segundo Abril Rubiano & Cía S en C [fls. 59 y 60 cdno. 1].

62. El precedente de la Sala indica: “Es extraño además que si para los Juicios Contencioso Administrativos la Ley exige la presentación de la declaración de renta ella no se haya aportado se considera así porque en la unidad de las cosas, que busca el ordenamiento jurídico no deben quedar disociados los puntos relativos a la afirmación concurrente de lucro cesante y de menoscabo en una actividad económica en diferentes épocas y para un asunto judicial con verdadera realidad histórica, la cual se presumiría con lo dicho en la declaración de renta”. Sección Tercera, Sentencia de 27 de noviembre de 2002, expediente 13654.

63. Sección Tercera, Sentencia de 18 de abril de 2002, expediente 13830.