Sentencia 1998-01678 de agosto 12 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Rad.: 250002326000199801678 01 (26.026).

Actor: Sisy Melissa Mogollón Reina y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., doce de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado ni caducidad(2), procede la Subsección a resolver el asunto sometido a su consideración, a través del siguiente esquema: 1. Límites del recurso de apelación; 2. Las pruebas obrantes en el proceso; 3. El daño; 4. El régimen de responsabilidad aplicable; 5. El caso concreto; 6. La cuantía reconocida como perjuicios morales a las hermanas de la víctima; 7. Reconocimiento de perjuicios morales a la señora María Carmenza Suárez Robles; 8. Los perjuicios materiales y 9. La condena en costas.

1. Los límites al recurso de apelación.

Debe precisarse por la Sala en primer término, que serán resueltos los asuntos sometidos a consideración por las partes en los recursos de apelación sin limitación alguna, de conformidad con la sentencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera, en la cual, se dejaron sentados los alcances de pronunciamiento del ad quem al decidir el recurso de apelación, al expresar que:

“(...).

“En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro —y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia— que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(3) de la sentencia como el principio dispositivo(4), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum(5)(6).

2. Las pruebas obrantes en el proceso.

2.1. Del cuaderno 3.

— Copia auténtica del registro civil de matrimonio del señor Carlos Eduardo Mogollón Castro y la señora María Carmenza Suárez Robles. (Fl.1).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de María Carmenza Suárez Robles (fl. 2).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Andrea Carolina Mogollón Suárez (fl. 3).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Manuel Alejandro Mogollón Suárez (fl. 4).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Carlos Eduardo Mogollón Castro. (fl. 5).

— Constancia suscrita por el Coordinador de Grupo Supernumerarios y Registro, del Banco Bancafé que certifica que el último sueldo devengado por el señor Carlos Eduardo Mogollón, fue de novecientos dos mil novecientos noventa y cuatro pesos ($902.994) (fl. 9).

— Testimonios rendidos por Claribel Romero Ibáñez, Ramiro Francisco Diazgranados Diazgranados, Luis Arturo Beltrán Parra, María Gluding Cruz Moreno, Carmenza Fierro Alonso y Roberto Gómez Montenegro. (fls. 145-170).

2.2. Del cuaderno 4.

—Copia auténtica del registro civil de matrimonio de Carlos Eduardo Mogollón Castro y Stella Reina Londoño. (fl. 1).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Sisy Melissa Mogollón Reina. (fl. 2).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Carlos Eduardo Junior Mogollón Reina. (fl. 3).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Stella Reina Londoño. (fl. 7).

— Copia auténtica del acta de levantamiento del cadáver de Carlos Eduardo Mogollón. (fl. 9-11).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Carlos Eduardo Mogollón Castro. (fls. 15-16).

— Declaración juramentada del Alcalde Municipal de Venecia Cundinamarca, en donde da cuenta de la toma guerrillera y menciona el nombre de las personas que murieron en ella, entre esos el señor Carlos Eduardo Mogollón Castro. (fl. 18-19).

2.3. Del cuaderno 5.

—Certificación expedida por la inspectora municipal de Policía de Venecia Cundinamarca, en donde hacer constar que el señor Carlos Eduardo Mogollón Castro, murió de forma violenta el 9 de mayo de 1997, como consecuencia de la toma guerrillera que sufrió la localidad. (fl. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de María del Rosario Mogollón Castro (fl. 15)

— Copia auténtica del registro civil de matrimonio de Rafael Enrique Mogollón y Josefina Castro. (fl. 16).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de María Consuelo Mogollón Castro. (fl. 18),

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de María Angélica Mogollón Lombana. (fl. 19).

2.4. Del cuaderno 8.

—Álbum fotográfico de la incursión guerrillera en el municipio de Venecia Cundinamarca, dentro del cual se encuentran fotos del cadáver del señor Carlos Eduardo Mogollón Castro. (fl. 40-54).

— Copia del acta de levantamiento del cadáver del señor Carlos Eduardo Mogollón Castro. (fl. 178).

— Protocolo de necropsia No. 1 practicado por la Secretaría de Gobierno-División de Medicina Legal correspondiente al cadáver del señor Carlos Eduardo Mogollón Castro. (fls. 188-191).

— Declaraciones del Patrullero de la Policía Yorsdan Ordóñez y los Agentes Luis Alberto Morales Torres, Jesús Alfredo Pardo Cifuentes, Juan Carlos Merchán Ramírez y Norberto Cristancho Sánchez. (fls. 230-239).

3. El daño.

Del análisis del acervo probatorio, se encuentra demostrada la ocurrencia del daño con fundamento en las siguientes pruebas:

Copia del registro civil de defunción Nº 1009007, del señor Carlos Eduardo Mogollón Castro, en el que consta que murió el 9 de mayo de 1997 (fl. 5 del cdno. 3).

Certificación expedida por el Alcalde Municipal de Venecia Cundinamarca en la que indica que Carlos Eduardo Mogollón Castro, falleció el 9 de mayo de 1997. Allí se indica:

“Que, el señor Carlos Eduardo Mogollón Castro, fue víctima de la toma Subversiva el pasado 9 de mayo de 1997, en la cual perdió la vida” (fl. 6 del cdno. 5).

Certificación expedida por la Inspectora Municipal de Policía de Venecia Cundinamarca, en la que se expresó:

“Que, el señor Carlos Eduardo Mogollón Castro, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.374.919 expedida en Fusagasugá Cundinamarca, quien desempeñaba el cargo de gerente de Bancafe en el municipio de Venecia Cundi(sic). Falleció en forma violenta el día 9 de mayo de 1997 como producto de la toma subversiva que sufrió esta localidad”. (fl. 7 del cdno. 5).

Se allegó fotocopia autenticada del acta de levantamiento del cadáver Nº 5 del 10 de mayo de 1997, en el que la Inspectora de Policía de Venecia, describe múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego en el cuerpo del señor Carlos Eduardo Mogollón Castro, determinando que murió en forma violenta por arma de fuego (fls. 10 -11 del cdno. 4).

4. El régimen de responsabilidad aplicable

A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”(7). Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(8).

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(9). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”(10); en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”(11).

Al respecto, en varios pronunciamientos, esta Sección ha reiterado que:

“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”(12).

En este sentido, se tiene que el daño antijurídico puede ser ocasionado por actos terroristas en los que la imputación de la responsabilidad al Estado “parte del supuesto de que el acto o la conducta dañosos son perpetrados por terceros ajenos a él, trátese de delincuencia común organizada o no, subversión o terrorismo”(13).

En efecto, los daños ocasionados por hechos exclusivos y determinantes de un tercero no le son imputables al Estado, salvo cuando ha sido éste el que ha creado el riesgo, en el caso de “...de ataques con bomba dirigidos a inmuebles oficiales, o personas representativas de funciones institucionales susceptibles de convertirse en “blanco” de la insurgencia, el narcotráfico o grupos paramilitares y que, por lo mismo, exigen del Estado una especial protección. En una palabra, aunque el daño fuere causado por un tercero, este se imputa al Estado en tanto que generó el riesgo; así para los habitantes cercanos de dichos inmuebles, su sola presencia constituye un riesgo excepcional y —por lo mismo— de presentarse el daño, este no viene a ser nada distinto que la “materialización” del riesgo al que ha sido expuesto el administrado”(14).

En este orden de ideas, “la teoría del daño especial reúne una buena muestra de los eventos en que, con el ánimo de buscar un resultado satisfactorio desde una óptica de justicia material, se utiliza la equidad para reequilibrar las cargas públicas, honrando así el principio de igualdad. En otras palabras, la teoría del daño especial, contando con el substrato de la equidad que debe inspirar toda decisión judicial, se vale de la igualdad para fundamentar las soluciones que buscan restablecer el equilibrio ante las cargas de la administración en situaciones concretas, objetivo que se alcanza gracias a la asunción del principio de solidaridad como argumento de impulsión de la acción reparadora del Estado, como se observará al momento de considerar el caso concreto. (...). Se denota claramente la gran riqueza sustancial que involucra la teoría del daño especial y, como no, lo esencial que resulta a un sistema de justicia que, como el de un Estado social de derecho, debe buscar mediante el ejercicio de su función la efectiva realización de los valores y principios esenciales al mismo”(15).

En un caso similar al estudiado, “En concepto de la Sala, el acervo probatorio aporta seguridad inconcusa sobre la intención de los autores del acto terrorista: atacar la patrulla de la policía. Estos hechos sirven como fundamento de aplicación de la teoría del daño especial, visión que acentúa su enfoque en la lesión sufrida por la víctima, que debe ser preservada frente al perjuicio no buscado, no querido, ni tampoco merecido(16). Esta teoría, con fuerte basamento en la equidad y la solidaridad, se enmarca dentro de los factores objetivos de imputación de responsabilidad estatal con los que se ha enriquecido este catálogo”(17).

5. El caso concreto.

Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos observa la Sala, que en el expediente obra investigación penal, solicitada por la parte demandante en la demanda(18), la cual, obró a lo largo del proceso y no fue objetada ni tachada por la entidad demandada, por lo que será valorada de conformidad con las reglas que rigen las pruebas trasladadas al tenor de lo prescrito por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(19).

De otra parte, el artículo 229 del mismo código dispone:

Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

a.Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

b.Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”. (se resalta).

La Sala ha reiterado su criterio en torno a la prueba trasladada al considerar:

“(...).

La Sala tiene en cuenta que de conformidad con el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo:

En los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”. Así mismo, de acuerdo con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil: “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

“De la dilatada jurisprudencia de la Sala cabe extraer ciertos criterios con base en los cuales debe valorarse y apreciarse la prueba trasladada: i) en “punto a la posibilidad de trasladar las pruebas, cualesquiera que sean, practicadas en otro proceso, la misma se encuentra autorizada por el artículo 185 del Estatuto Procesal Civil, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: Que hayan sido válidamente practicadas. Que se trasladen en copia auténtica. Que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”(20); ii) la prueba trasladada del proceso penal ordinario a petición únicamente de la parte demandante no puede ser valorada(21); iii) la ratificación de la prueba trasladada se suple con la admisión de su valoración(22); iv) se puede valorar como indicio la prueba trasladada del proceso penal. En ese sentido, en la jurisprudencia se sostiene que las “pruebas trasladadas de los procesos penales y, por consiguiente, practicadas en éstos, con audiencia del funcionario y del agente del Ministerio Público, pero no ratificadas, cuando la ley lo exige, dentro del proceso de responsabilidad, en principio, no pueden valorarse. Se dice que en principio, porque sí pueden tener el valor de indicios que unidos a los que resulten de otras pruebas, ellas sí practicadas dentro del proceso contencioso administrativo lleven al juzgador a la convicción plena de aquello que se pretenda establecer”(23); v) en cuanto a las pruebas trasladadas desde los procesos disciplinarios y penal militar se consideran los siguientes criterios: a) las “pruebas trasladadas y practicadas dentro de las investigaciones disciplinarias seguidas por la misma administración no requieren ratificación o reconocimiento, según sea el caso, dentro del proceso de responsabilidad(24); b) la prueba trasladada del proceso penal militar y de la investigación disciplinaria puede valorarse ya que se cuenta con la audiencia de la parte contra la que se aduce, por ejemplo la Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional-Policía Nacional(25); vi) en cuanto a los testimonios que obran en proceso o investigaciones disciplinarias se sostiene: a) que “no necesitan ratificación, pero esto hay que entenderlo, como es obvio, frente a las personas que intervinieron en dicho proceso disciplinario, o sea el funcionario investigado y la administración investigadora (para el caso la Nación). Desde luego, entonces, esas declaraciones, para hacerlas oponibles, debieron ratificarse en la forma prevista en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil”(26); b) la prueba testimonial rendida ante la jurisdicción ordinaria y trasladada no puede valorarse ya que no fue ratificada y no fue peticionada de común acuerdo(27); vii) “la Sala, en aplicación del principio de lealtad procesal, ha reiterado que hay casos en los cuales sin ratificación del testimonio, el mismo puede y debe ser válidamente apreciado cuando es allegado a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en aquél, o cuando las dos partes lo solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación, siempre que sean allegados en copia auténtica, porque así lo dispone la norma general sobre prueba trasladada (CPC, art. 185)”(28); viii) en “relación con el traslado de documentos, públicos o privados autenticados, estos pueden ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. Conforme a lo anterior, es claro que sin el cumplimiento de los requisitos precitados las pruebas documentales y testimoniales practicadas en otro proceso no pueden ser valoradas para adoptar la decisión de mérito”(29), salvo: a) cuando la prueba documental trasladada puede valorarse “toda vez que ésta estuvo en el expediente a disposición de la parte demandada, quien tuvo la oportunidad de controvertirla”(30); b) la prueba trasladada puede ser valorada cuando fue utilizada por la contraparte, por ejemplo demandada, para estructurar la defensa en los alegatos de conclusión(31); ix) el “legislador supeditó la valoración de las pruebas trasladadas al cumplimiento de los requisitos procesales exigidos, más no consagró como obligación de la parte que solicita la prueba el señalamiento expreso de las piezas procesales que pretende trasladar. No obstante, el juez tiene la facultad de rechazar de plano las pruebas legalmente prohibidas o ineficaces, las impertinentes y las manifiestamente superfluas”(32); x) las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron practicados, salvo que lo hayan sido con audiencia de la parte contra la que se aducen(33); xi) cuando se trata de prueba trasladada en copia simple por la demandante, y teniendo especial consideración por las específicas situaciones de vulneración de derechos humanos, cabe aquella documental o informes siempre que haya obrado durante todo el proceso y la parte contra la que se aduce la haya utilizado para su defensa (contestación, alegatos o incluso en la sustentación o alegatos del recurso de apelación); xii) puede valorarse la prueba trasladada cuando la parte demandada se allana expresamente e incondicionalmente a la solicitud de pruebas presentada por la parte demandante en la demanda; xiii) puede valorarse como prueba trasladada el documento producido por autoridad pública aportado e invocado por la parte demandante(34).(35)

Los medios de prueba allegados al expediente, cumplen con los requisitos del rito procesal y por tanto se pueden apreciar en conjunto, de acuerdo con las anteriores reglas.

Así las cosas, la Sala valorará la prueba testimonial rendida dentro del proceso disciplinario seguido a instancia de la demandada y obrante en el proceso penal respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos:

El Patrullero Yorsdan Ordoñez Campos en declaración rendida ante la Unidad Investigativa Regional Policía Judicial, sobre la forma como se llevó a cabo la incursión guerrillera al Municipio de Venecia Cundinamarca el 9 de mayo de 1997, relató:

“(...) yo me encontraba franco y siendo las 22.15 horas aproximadamente, me encontraba en la esquina acompañando al Agente Pardo Cifuentes el cual se encontraba de centinela, y escuchamos una ráfaga y la explosión de una granada, yo vi que el agente Pardo se encontraba herido en un pie y una mano y nos entramos a un Billar que había al frente habierto (sic), los subversivos continuaron disparando y lanzando granadas contra el Billar, como el Agente estaba herido y no podía dispararlo cogí el fusil de él, y los proveedores atrincherándome al lado de la entrada repeliendo el ataque y el Agente Pardo, se reportó al Distrito y dio cuenta de lo ocurrido al señor Cdte del Distrito Fusa, transcurrido el tiempo se notó que el ataque al Billar (sic) era más intenso destruyendo parte del Billar (sic) una pared y escombros.”. (fl. 230 del cdno. 8).

El agente Luis Alberto Morales Torres, en su declaración al ser interrogado sobre el resultado de la toma guerrillera, manifestó:

“(...) destruyeron los dos comandos de la Policía, la caja Agraria, banco cafetero y dos casas, se hurtaron la plata del canco (sic) y la caja y le dieron muerte al Agente y dieron muerte al Agente García Pachón, dos hermanos de apellido Figueroa...” (fl. 233 del cdno. 8).

El agente Jesús Alfredo Pardo Cifuentes al ser preguntado sobre el mismo tema, contestó:

“(...) destrucción de los dos comandos de Policía, caja Agraria, Bancafé, el Billar, se hurtaron el dinero de la caja y banco, perdió la vida el Agente García Pachón, el señor Carlos Mogollón Director del Banco y los hermanos Martín Alfonso y Julio Cesar Figueredo Hernández.”. (fl. 235 del cdno. 8).

El agente Juan Carlos Merchán Ramírez, manifestó igualmente:

“(...) se presentó la destrucción de los dos Comandos de Policía, Palacio Municipal, Caja Agraria, Banco Cafetero, un Billar (sic) se hurtaron dinero y le dieron muerte a un Agente García Pachón, el señor Carlos Eduardo Mogollón Y Los Hermanos Martin Alfonso y Julio Cesar Figueredo Hernández.”. (fl. 235 del cdno. 8).

De igual manera, los testimonios rendidos ante el Tribunal de primera instancia dentro del proceso contencioso administrativo, dan cuenta de la ocurrencia de los hechos de la siguiente manera:

Testimonio de Clarivel Romero Ibañez, quien sobre el particular señaló lo siguiente:

“(...) Como a las nueve y media me encontraba donde el profesor Pablo Gutiérrez, y me vine a la casa a calentar una sopa me la estaba tomando cuando escuché el primer disparo, como a los diez minutos siguió sonando los disparos seguidos, así transcurrió toda la noche sin poder dormir como hasta las tres de la mañana, que ya sonaban carros prendidos, luego ahí dormí como hasta las cinco de la mañana, que escuche gente que hablaba en la calle, habrí (sic) la ventana y mire y le pregunte a una vecina, a la vecina de don Carlos Sánchez, que había sucedido y la señora me contestó que parecía que habían matado a don Carlos el del Banco y a unos muchachos de don Alfredo Figueredo y después me enteré que había sido cierto y después comenzaron los comentarios que a los que había matado los habían sacado de las casas...” (fl. 145 del cdno. 3)

Así mismo, Luis Arturo Beltrán Parra, expresó:

“(...) Pues según los hechos y el sitio donde fue encontrado al parecer si fue victima (sic) de la toma guerrillera, pues su cuerpo al parecer fue encontrado en el perímetro del Banco Cafetero, el cual quedaba dentro de las instalaciones del palacio municipal, donde habian (sic) violadas las cajas de seguridad de dichoi (sic) Banco, debió ser asesinado por el ataque guerrillero,.... Por comentarios de la ciudadanía supe que se encontraba en el sitio de habitación de donde al parecer los guerrilleros lo sacaron”. (fl. 151 del cdno. 3)

En igual sentido, obran los testimonios de María Gludin Cruz Moreno, Carmenza Fierro Alonso y Roberto Gómez Montenegro(36)

Para la Sala, resulta ser claro que los testimonios recepcionados no presenciaron de manera directa la comisión de los hechos donde resultó muerto el señor Carlos Eduardo Mogollón Castro, son testigos de oídas, sobre el particular esta corporación se ha manifestado:

“Respecto del valor de los testimonios de oídas, el Consejo de Estado tiene por establecido:

“... no es dable a la Sala otorgar a tales testimonios pleno valor probatorio, toda vez que su contundencia demostrativa, de conformidad con los sistemas fundamentales de regulación de la prueba judicial, es mínima...”(37).

“...Los testimonios según el conocimiento del testigo pueden ser de oídas o “directo o presencial”. El primero de estos, oídas o ex auditu, puede definirse como el relato que tercero hace ante el juez en el proceso con respecto a lo que le escuchó relatar a otra; el declarante como se observa carece de percepción directa sobre el hecho que se le pregunta; narra en sus propios términos el dicho de otra persona o lo que oyó sobre lo que otros dijeron. La valoración del testimonio de oídas dependerá de la imposibilidad de recaudar una prueba original fehaciente sobre el hecho a probar y el juez, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 228, es quien deberá escudriñar el contenido para apreciar y valorar su alcance de acuerdo con los demás medios probatorios”(38).

“...Se trata de testimonios de oídas en los que se declaró sobre lo sucedido a partir del relato que dicen haber recibido del lesionado, los cuales carecen de valor probatorio, dado que como se ha manifestado en la mayoría de los casos frente a este tipo de declaraciones ex auditu, éstos carecen del requisito de la originalidad, ya que no se refieren directamente al hecho a probar, pudiendo a partir de ellos, arribarse a conclusiones erradas”(39).

Y la doctrina, sobre el escaso mérito o valor que comporta el testimonio de oídas, ha señalado con excelente sindéresis, lo siguiente:

“...Otro tipo de condiciones intermedias se refiere a las relaciones del testimonio con el hecho a establecer, ya sea que el testigo relate lo que percibió personalmente (testimonio directo, ex propriis sensibus) o relate, por lo contrario, lo que le fue a su vez relatado por otro (testimonio indirecto o mediato, ex audito alieno) o, simplemente, que relate lo que oyó decir por el rumor público, sin indicación precisa de su origen (de público conocimiento). Únicamente la primera de esta serie de testimonios suministra una verdadera prueba; las otras sólo ofrecen diminutivos más o menos controlables. La frase de Loysel sigue siendo verdadera: “Oui dire va par ville, et en un mui de cuider, n’y a point plein poing de savoir” —un tonel de rumores nunca está lleno—. Lo que es de público conocimiento, sólo puede aportar un dato; es así como sólo se lo admite, a falta de otra prueba, en casos excepcionales o para simple informes de moralidad. Se ha desconfiado siempre, con razón, del testimonio indirecto: los antiguos legistas y canonistas lo llamaban testimonio ex credulitate y no lo consideraban probatorio por sí mismo, por oposición al verdadero testimonio llamado ex scientia(40).

No obstante estas consideraciones, la corporación recientemente(41) frente a la fuerza probatoria de estos testimonios ha precisado que para analizar y ponderar los mismos se debe tener presente lo siguiente:

“i) las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii) las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii) la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv) la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado que aquel que corresponda al grado sucesivo por ser el resultado de haber escuchado a otro relatar unos hechos de los cuales dicho tercero tuvo conocimiento por el relato que, a su turno, recibió de otra persona y así sucesivamente”.

Sin duda, el testigo de oídas, debe soportar un examen muy riguroso por parte del juez para poder ser tenido en cuenta como medio probatorio, y vale la pena enfatizar que este servirá para demostrar hechos con apoyatura en otros medios de prueba, sin embargo, no se le puede restar eficacia de forma irreflexiva, toda vez que depende de cada caso y del análisis de su dicho en particular. Así las cosas, se tiene que este testimonio debe cumplir, como cualquier prueba, con características y cualidades lógicas que permitan al juez apreciarlos y valorarlos en su conjunto, pero siempre relacionado con los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

No se puede desconocer que los testigos de oídas hacen parte de la prueba testimonial, que por regla general, es la prueba principal(42), de allí que, si bien su apreciación requiere un análisis riguroso y delicado, no se puede desconocer que es un instrumento valioso que se complementa apropiadamente con la prueba indiciaria o circunstancial(43).

“Adicional a lo anterior, la doctrina especializada(44) ha sido consciente que el testimonio de oídas puede ser tenido en cuenta por el juez experimentado, puesto que es frecuente y usual que las personas declaren bajo estas circunstancias, sin embargo, esta prueba no puede ser la única y debe estar ligada a otros medios de convicción que puedan sustentar el asunto a demostrar, y en esa medida habrá casos, se repite, de manera excepcional, como el que nos ocupa, en que estos son susceptibles de valoración, pero con la rigurosidad debida.

La Sala advierte que este medio probatorio no debe ser entronizado por el juez, ya que si existen otros mediante los cuales se acredite la ocurrencia de unos mismos hechos, es evidente que ha de preferirse las pruebas originales, que hayan sido recaudadas de forma directa, cerca a la fuente. De allí que sólo será admisible su valoración en un escenario excepcional, en el que no se adjuntaron otras pruebas que le permitan al juez tener conocimiento de la ocurrencia de los hechos, en cuanto a circunstancias de tiempo, modo y lugar, o simplemente si fue imposible recaudarlas, como en el presente caso. En efecto, resulta claro que el testimonio de oídas es una prueba que puede llegar a ser relevante en ausencia de otros medios”(45).

Así las cosas, a pesar de no haber prueba directa en la cual se establezca las circunstancias de tiempo modo y lugar en las cuales resultó muerto el señor Carlos Eduardo Mogollón Castro, sí es claro que el municipio de Venecia-Cundinamarca el 9 de mayo de 1997, fue objeto de una toma guerrillera en la cual se causaron múltiples daños tanto a las instalaciones policiales, como a instituciones bancarias y a la población civil entre ellos a la víctima quien resultó muerta durante la misma, daño que no estaba en la obligación de soportar, cuando el deber constitucional de las autoridades policiales es proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos en el territorio nacional, máxime ante la presencia del conflicto armado generalizado en nuestro país y especialmente agudizado para la época de los hechos.

Sobre el particular, la Sala Plena de la Sección Tercera(46), expresó lo siguiente:

“(...).

“Como sea que los hechos que dieron lugar al daño por el cual hoy se reclama ocurrieron en el marco del conflicto armado interno(47) y resulta evidente que es al Estado a quien corresponde la búsqueda de soluciones que conlleven a la terminación de la guerra, de ahí que debe convenirse en que se aparta de los más elementales criterios de justicia y equidad que al producirse estos ataques subversivos, el Estado no acuda a socorrer a sus víctimas. No otra cosa es lo que la Sección entendió cuando plasmó las siguientes reflexiones(48):

“Ahora bien: Si la realidad expuesta se deja encuadrar dentro de un marco de guerra, de una guerra que el País vive desde hace ya muchos años y que hoy aparece como “camino bloqueado”, esto es, sin salida, para utilizar la conceptualización del jurista y filósofo Dr. Norberto Bobbio, se impone preguntar: la población inocente que la padece y sufre, tendrá que soportar ella sola el daño que la misma le causa? Para ese hombre del común, que no tiene el control de la guerra, ya que prácticamente no tiene miedo a morir, sino vergüenza de sobrevivir, podrá un estado que se dice Social de Derecho y Solidario y fundado en la dignidad de la persona humana, dejarlo solo, abandonado, sin indemnizarle el daño que el conflicto que él no ha creado le produce? No lo cree así la Sala. Y para llegar a esta conclusión no necesita buscar apoyo en la ley sino en el derecho, en la equidad, en los principios universales que informan la bella ciencia”.

(...).

“Como se puede apreciar, el principio de responsabilidad por daño especial se informa, a su vez, en razones de equidad, criterio auxiliar en la actividad judicial. Como es bien sabido, ella es la idea fundamental en el concepto de justicia, como lo recuerda John Rawls, en su obra ‘Justicia como Equidad’. Por ello enseña:

“‘La cuestión de la equidad surge cuando personas libres que carecen de autoridad las unas sobre las otras se embarcan en una actividad conjunta y establecen o reconocen entre ellas las reglas que definen esa actividad y que determinan las respectivas cuotas en los beneficios y las cargas. Una práctica parecerá equitativa a las partes si ninguno siente que, por participar en ella, él o alguno de los demás está sacando ventaja, o está siendo forzado a ceder ante pretensiones que no considera legítimas. Esto implica que cada uno tiene una concepción de lo que son pretensiones legítimas, y piensa que es razonable que los otros la reconozcan tanto como él. Si se piensa en los principios de justicia como surgiendo de la forma descrita, entonces esos principios definen ese tipo de concepción. Una práctica es justa o equitativa, pues, cuando satisface los principios que los que en ella participan podrían proponerse unos a otros para su mutua aceptación en las circunstancias antes mencionadas. Las personas embarcadas en una práctica justa, o equitativa, pueden mirarse unas a otras abiertamente y defender sus respectivas posiciones —si es que parecieran cuestionables— por referencia a principios que es razonable esperar que cada uno acepte.

“‘Es esta idea de la posibilidad de un mutuo reconocimiento de principios por personas libres que carecen de autoridad las unas sobre las otras la que hace que el concepto de equidad sea fundamental para la justicia’.

“Al dejar bien precisado que esta sentencia se informa también en la equidad, quede en claro que para llegar a ella la Sala ha hecho suya la perspectiva de cuestionamiento que el ilustre filósofo aconseja al juez, cuando le exige: ‘...determinar qué pensaría que es justo e injusto si cada uno de esos intereses fuera tan enteramente el suyo como de hecho son los de otras personas, y de prestar su juicio sobre el caso tal como le parece que su sentido de la justicia exige tras haber articulado en su mente con todo cuidado los problemas que hay que decidir’ (Obra citada, pág. 3). En otras palabras: Cualquiera de los magistrados que integran la Sala, de encontrarse en las mismas circunstancias externas de los demandantes, también habrían demandado del Estado la indemnización correspondiente, pues el derecho es justicia o no es”.

c) Frente a los sectores de opinión pública que suelen inquietarse por la lluvia de condenas millonarias contra el Estado, por deducción de responsabilidad, a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Nacional, debe quedar en claro que si bien ellas pueden ser una vena rota en el presupuesto, su monto no da margen para criticar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues el texto citado de la Carta no fue elaborado por sus integrantes, sino que obedece a la más pura filosofía jurídica universal, y fue fruto del sentimiento discrepante de la Asamblea Nacional Constituyente. Tradicionalmente se ha enseñado que quien causa un daño a otro debe indemnizarlo, y que la reparación del mismo, debe ser total. Para llegar a estas verdades jurídicas no es menester indagar si el país es atrasado o no. Basta, simplemente, responder el interrogante que se formula el profesor Jean Rivero cuando indaga: ¿Qué podía demandarse del servicio? Y al contestar la pregunta, la respuesta es clara: Un Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos. Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no lo condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana. En la época en que organismos internacionales tienen competencia para examinar la conducta de la administración, a la luz de la ley y el derecho, será bueno que jueces extranjeros detecten falencias de valoración jurídica, en el contenido de los fallos nacionales por consideraciones que bien se pueden centrar en el miedo, la ignorancia o motivaciones de orden económico-presupuestal?: Llama la atención que para pagar cincuenta mil o cien millones de pesos anuales, por condenas contra la administración, no alcancen los recursos fiscales. Sin embargo, para atender otros frentes de la vida comunitaria, no ha faltado el dinero necesario. El presupuesto nacional acudió presuroso, en el pasado, a redimir el sector financiero, que mal administrado, bordeó la quiebra. Para buscar la paz, se han invertido grandes sumas de dinero en busca de la readaptación de los guerrilleros, y para mantener el régimen democrático se invierten en elecciones populares, bien frecuentes, de veinte mil a treinta mil millones de pesos. Sin embargo, a qué persona se le ocurre predicar que no haya más elecciones, o que no se inviertan sumas cuantiosas en la búsqueda de la paz.

“Hace mucho tiempo que los jueces en la justicia contencioso-administrativa han dejado, con imaginación, buena parte de las tesis jurídicas francesas, con el fin de idear soluciones para una realidad social bien distinta, como la colombiana. Sólo así se ha podido hacer justicia, para que no se predique que tenemos una Colombia en el papel y otra en la realidad, esto es, una Constitución muy moderna, pero unos jueces muy anclados en el pasado, con la filosofía de que el Estado no puede cometer error. La línea de conducta fue trazada hace mucho tiempo por Hauriou cuando predicaba: ‘Hay dos correctivos de la prerrogativa de la administración que reclama el instinto popular, cuyo sentimiento respecto al poder público puede formularse en estos dos vocablos: que actúe, pero que obedezca la ley; que actúe, pero que pague el perjuicio’.

“Es verdad que en la materia es necesario aterrizar, pero ese mensaje no puede ser para la justicia contencioso-administrativa, que hace mucho tiempo tocó pista sin perder el manejo de los valores y de los principios que informan la bella ciencia del derecho, y que permiten también decolar cuando sea necesario. La invitación a hacer un derecho a la medida del país no podrá entenderse nunca como “medida de lo arbitrario”, de lo “injusto”, de lo “violento”, porque cuando se trata de tomar tales medidas no aparecen mensajes muy alentadores. “El juez colombiano, si quiere ser justo, tiene que volar más alto, porque el medio social en que se mueve no es paradigma de las mejores virtudes sociales. Tampoco debe permitir que sus decisiones sean ambientadas en ningún medio, o por persona alguna, no obstante la prestancia política, jurídica, o académica que ella ostente”.

“Ahora, en cuanto al título de imputación como herramienta de motivación que debe ser aplicado para dar respuesta al caso concreto, la Sala considera que, en aras de materializar el valor justicia(49), la responsabilidad del Estado en este caso se ha comprometido a título de daño especial, por entenderse que no hay conducta alguna que pueda reprochársele a la entidad demandada, quien actuó dentro del marco de sus posibilidades, así como tampoco se puede reprochar la conducta de la actora, quien se presenta como habitante del pequeño poblado de Silvia, víctima indirecta de un ataque dirigido contra el Estado, cuyo radio de acción no se limitó a objetivos estrictamente militares, sino que comprendió también a la población civil y que, en tales circunstancias le causó un perjuicio en un bien inmueble de su propiedad, trayendo para ella un rompimiento de las cargas públicas que debe ser indemnizado.

“Y es que si bien ha sido claro para la Sección Tercera que la teoría del daño especial exige un factor de atribución de responsabilidad al Estado, es decir, que el hecho causante del daño por el que se reclame pueda imputársele jurídicamente dentro del marco de una “actuación legítima”, esta “actuación” no debe reducirse a la simple verificación de una actividad en estricto sentido físico, sino que comprende también aquellos eventos en los que la imputación es principalmente de índole jurídica y tiene como fuente la obligación del Estado de brindar protección y cuidado a quienes resultan injustamente afectados”.

“En conclusión, la Sección considera que en este caso resulta aplicable la teoría del daño especial, habida cuenta que el daño, pese que se causó por un tercero, lo cierto es que ocurrió dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos subversivos, óptica bajo la cual, no resulta constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonadas a las víctimas y, que explica que la imputación de responsabilidad no obedezca a la existencia de conducta alguna que configure falla en el servicio, sino que se concreta como una forma de materializar los postulados que precisamente justifican esa lucha contra la subversión y representan y hacen visible y palpable, la legitimidad del Estado”.

En conclusión, en el caso sub lite se acreditó suficientemente que en desarrollo de una toma guerrillera en la cual el hurto a los dineros de la entidad bancaria “Bancafe” donde laboraba como gerente el señor Carlos Eduardo Mogollón Castro era uno de los propósitos del grupo ilegal que atacó la población de Venecia-Cundinamarca y, le dio muerte en sus instalaciones, obligándolo a soportar en razón del enfrentamiento armado una carga que no estaba en el deber de asumir, por lo que resulta pertinente aplicar como lo consideró el tribunal el régimen del daño especial.

Ahora bien, sobre la consideración hecha por la entidad demandada respecto a que la ocurrencia del daño antijurídico le es atribuible al hecho de un tercero, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado sobre el particular que:

“En lo que se refiere al hecho de un tercero, la Sala(50) ha reconocido que este factor de exoneración tiene como función principal la de impedir la configuración de la denominada relación de causalidad, razón por la cual los daños experimentados por la víctima no pueden ser reconducidos, desde el punto de vista puramente material, a la conducta del demandado; sin embargo, si la ocurrencia fáctica no puede atribuirse de manera íntegra y exclusiva al hecho del tercero, el fenómeno jurídico que se configura no será la causal de exoneración total del hecho de un tercero.

“El doctrinante Jorge Peirano Facio(51) también ha hecho referencias acerca de las características que debe acreditar el hecho de un tercero para liberar de responsabilidad a la administración:

“A) Causalidad. La primera nota que debe poseer el hecho de un tercero es haber concurrido a la producción del evento dañoso, ligándose a este por una relación causal; de no mediar esta relación el hecho del tercero no puede ser configurado como causa extraña, susceptible de exonerar de responsabilidad al ofensor. (...).

“Finalmente, ¿cuándo se entiende que un hecho emana de un tercero? Esto no ofrece mayores dificultades, y su respuesta sólo supone la indagación de cuándo una persona es tercero; a tal respecto puede afirmarse que tercero es toda persona distinta de la víctima y del ofensor... aun cuando debe formularse una reserva en lo que respecta a las personas de las cuales el ofensor es civilmente responsable, puesto que ellas no pueden, en relación a él, ser consideradas como terceros.

“B) No provocado. Cómo acontece con otras causas de exoneración, no basta que el hecho dañoso sea en todo o en parte obra del tercero; se requiere, además, que el hecho del tercero, en última instancia no tenga su causa en una acción del ofensor, ya que si así fuera éste debería ser considerado como único y exclusivo agresor. (...).

“C) Finalmente existen dudas acerca de si el hecho del tercero debe ser ilícito. (...) Si el hecho del tercero constituye la única causa del evento dañoso no se requiere que sea en sí mismo ilícito, ya que su sola presencia basta para destruir la responsabilidad a cargo del presunto ofensor al eliminar el nexo casual que es uno de los supuestos de esta. En cambio, si el hecho del tercero ha concurrido con el hecho del ofensor, este último sólo puede prevalerse de aquél como causa de exoneración a condición de que sea ilícito, puesto que si fuera lícito, el tercero no tendría obligación de reparar el daño causado por su hecho”. De acuerdo con el texto que se deja trascrito, se advierte que el hecho del tercero adquiere la connotación de exonerar de responsabilidad patrimonial a determinada persona por los daños que hubiesen padecido los demandantes, cuando quiera que la intervención del tercero se encuentre total o completamente desligada de la actividad del centro de imputación a quien le atribuyeron los daños. Es decir, que esa capacidad, de eximir de responsabilidad se configura cuando su conducta fue la única causa determinante para producir el evento dañoso y además cuando el daño no tenga su causa en una acción u omisión del ofensor”.

“Así las cosas, se puede concluir que la conducta de un tercero siendo exclusiva y determinante en la producción del daño antijurídico rompe el nexo de causalidad porque tiene entidad suficiente para liberar de responsabilidad a la persona a quien en principio se le imputan los hechos, a cuyo cargo está demostrar esa “causa extraña”. El hecho de un tercero como eximente de responsabilidad supone para su estructuración, en los casos de responsabilidad por omisión, que el tercero haya causado directamente el daño, sin que la entidad haya tenido la posibilidad de evitarlo con el ejercicio de las facultades y deberes de imposición que hubieren sido omitidos por ella; por manera que la obligación de indemnizar surge porque la actuación del tercero no es ajena a la entidad demandada y no constituye una causa extraña respecto de la omisión estatal”(52).

Ahora bien, tenemos que frente a los hechos concretos está plenamente establecido que el día 9 de mayo de 1997, el municipio de Venecia Cundinamarca fue objeto de una incursión guerrillera dirigida a atacar la Estación de Policía, con un resultado de un policial muerto. Igualmente, dentro de dicha toma resultaron muertos 3 civiles entre ellos el señor Carlos Eduardo Mogollón Castro, en circunstancias que no fueron demostradas con la prueba testimonial anteriormente relacionada, precisamente por ser testigos de oídas.

Sin embargo, su condición de gerente de Bancafé, entidad bancaria que pretendió ser hurtada por los subversivos al tiempo de presentarse el ataque a la Estación de Policía, lo convirtió en objetivo de los insurgentes, quienes al parecer lo sacaron de su vivienda y lo trasladaron a las instalaciones de dicho banco donde posteriormente lo asesinaron, lo que nos permite afirmar que lo acontecido durante al enfrentamiento armado tuvo que ver con la ocurrencia de este, constituyendo un hecho que no hubiera sucedido con independencia del enfrentamiento, ya que la muerte de Carlos Eduardo Mogollón Castro, ocurrió durante el enfrentamiento y por una conducta delictual de los subversivos, que asesinaron a un ciudadano, por no permitir el hurto del dinero, no obstante, se itera que el hecho mismo de la toma favoreció la ocurrencia del daño, por cuanto, las autoridades de policía les resultó imposible cubrir la totalidad de las acciones cometidas por la subversión el día de la mencionada toma.

En tal sentido, para la Sala en el caso bajo estudio no se configura el hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad, por cuanto, como se ha venido exponiendo las circunstancias en las cuales fue muerto el señor Mogollón Castro, si bien provienen de la conducta de un tercero las mismas condiciones de indefensión a las cuales se vio avocada la población civil, por la imposibilidad física de la entidad demandada de proporcionarle seguridad y protección a la totalidad de la población del Municipio de Venecia (Cundinamarca) durante el enfrentamiento armado, propició la realización de otros delitos y la causación de daños a la población civil y en especial el ocurrido con la muerte del señor Carlos Eduardo Mogollón Castro(53).

6. La cuantía reconocida como perjuicios morales a las hermanas de la víctima.

El apoderado de las señoras María del Rosario Mogollón Castro y María Consuelo Mogollón Castro(54), hermanas de la víctima manifestó su inconformidad con el fallo por la cuantía reconocida como perjuicio moral “50 SMLM” al considerar que está plenamente demostrada su pena y aflicción por la muerte de su hermano el señor Carlos Eduardo Mogollón Castro, solicitando le sea reconocida la misma cuantía que a sus padres y sobrinos.

Para esta subsección es claro que desde la sentencia del 17 de julio de 1992, los perjuicios morales argüidos por los hermanos de la víctima se presumen. En efecto, se dijo en ese entonces que:

“En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles”.

Sin embargo,

“(...) la corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna razón para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales.

Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se han tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo normal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda sociedad (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afecta moral y sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la evidencien”(55) (resaltado fuera de texto).

De igual forma, esta corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:

“No obstante lo anterior, la Sala puede dar por probado el perjuicio moral en los actores con ocasión de la muerte de su hijo y hermano, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir(56) que el sufrimiento de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad”(57).

Actualmente, la corporación viene reconociendo que la simple acreditación de la relación de parentesco existente permite presumir el dolor sufrido por los parientes, de modo que al allegarse al proceso los registros civiles de la víctima, y sus hermanos es suficiente para que se ordene el reconocimiento de perjuicios morales(58).

El anterior criterio, ha sido ratificado por la Sala Plena de la Sección Tercera que en sentencia de unificación sobre los perjuicios morales consideró:

“(...).

“Así las cosas, en esta oportunidad, la Sala reitera la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.

Ahora bien, no puede perderse de vista que de tiempo atrás la jurisprudencia de esta Sala —y de la Corte Suprema de Justicia también—, ha soportado la procedencia de reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración no solamente con fundamento en la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero parentesco, sino que, acudiendo al arbitrium judicis, ha utilizado como criterios o referentes objetivos para su cuantificación la características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo gracioso, nacido de la mera liberalidad del juez, y bajo esa concepción han de entenderse los lineamientos que la jurisprudencia ha llegado a decantar que en ese punto —el del quantum— obra como referente.

5.1. Perjuicios morales para los padres, hermanos y abuelos del fallecido.

La Sentencia que se examina reconoció por concepto de perjuicios morales a los padres de la víctima el equivalente en pesos a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales y a los hermanos treinta (30). Señala la parte apelante que la condena así impuesta, además de discriminatoria, va en contra de los reiterados pronunciamientos del Consejo de Estado.

Como atrás se indicó, la jurisprudencia de la Sección ha entendido que las reglas de la experiencia ponen de presente que normalmente sufren dolor moral los padres, hijos, hermanos, abuelos, con la pérdida de un ser querido, razón por la cual es posible presumir su causación con la sola acreditación de la relación de parentesco. Al respecto dijo la Sala en Sentencia del 9 de junio de 2010(59):

“Acerca de los daños causados por la muerte de una persona, resulta necesario precisar que con la simple acreditación de la relación de parentesco mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que tanto los padres como los hermanos del occiso sufrieron un perjuicio de orden moral, derivado del homicidio de su hijo y hermano. En efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos haya fallecido o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(60) y de las máximas de la experiencia, es posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya reparación demanda.

“En efecto, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de un ser querido; asimismo, la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza y gravedad de la aflicción y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso”.

En este punto ha de resaltarse que no acoge la Sala la manera como el a quo dispuso la tasación indemnizatoria, pues, como bien advierten los impugnantes, ninguna razón ofreció para apartarse de los lineamientos generales que la jurisprudencia para eventos como el que hoy conoce esta Sala ha entregado a la comunidad jurídica, circunstancia que impone que deban ajustarse sus valores a esos lineamientos por no existir en el proceso circunstancias demostradas que permitan introducir las reducciones que dieron lugar a la protesta de los demandantes afectados”(61).

De conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, ha sido una constante posición jurisprudencial de la Sección, que en materia de perjuicios morales, el valor de la condena debe hacerse por el juzgador en cada caso según su prudente juicio y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad(62).

En tal sentido, los perjuicios morales reconocidos a los familiares de la víctima cumplen con ese parámetro en la medida que se le otorgaron a los familiares más cercanos del señor Carlos Eduardo Mogollón Castro, (padre, madre, compañeras permanentes e hijos) el monto máximo de reconocimiento al mayor grado de intensidad por el dolor y congoja que les produjo su muerte.

Así las cosas, no encuentra la Sala, razón valedera que justifique un reconocimiento mayor al otorgado por el tribunal, por cuanto, la suma concedida a las hermanas tuvo en cuenta la magnitud e intensidad del daño sufrido por las demandantes con la muerte de su hermano el señor Mogollón Castro.

En este orden de ideas, esta Subsección confirmará el valor concedido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca equivalente a 50 smlmv en favor de las hermanas de la víctima, por encontrarse ajustado a los parámetros jurisprudencialmente aceptados por la Sala.

7. Reconocimiento de perjuicios morales a la señora María Carmenza Suárez Robles.

El apoderado de la señora María Carmenza Suárez Robles, interpuso el recurso de apelación contra la Sentencia, manifestando su inconformidad con la denegación de las pretensiones de la demanda respecto de dicha persona, al considerar que era la esposa legítima de la víctima con quien convivía al momento de su muerte, cuando fue sacado del hogar por ellos conformado para luego ultimarlo.

En efecto, con la demanda se aportó el registro civil de matrimonio 2812787 en el cual consta el matrimonio civil celebrado entre Carlos Eduardo Mogollón Castro y María Carmenza Suárez Robles el 28 de abril de 1984 ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasugá, lo cual, en principio según el criterio reiterado de la Sección haría presumir el dolor y la congoja por la muerte del señor Mogollón Castro, no obstante, debe advertir la Sala que dada las demás demandas presentadas donde al igual que la señora Suárez Robles, demandaron en su condición de esposa la señora Stella Reina Londoño, quien afirmó en el escrito de demanda que se casó con el señor Carlos Eduardo Mogollón Castro el 3 de noviembre de 1978, conviviendo hasta el año 1993, cuando la pareja se divorció y el padre se fue de la casa, no obstante, mantuvieron una buenas relaciones.

De igual manera, la señora Ester Julia Lombana Delgado demandó alegando su condición de compañera permanente afirmando haber convivido con el señor Carlos Eduardo Mogollón Castro desde 1991 constituyendo una unión marital de hecho y fruto de la misma nació María Angélica Mogollón Castro.

Asimismo, observa la Sala el memorial del 14 de diciembre de 2010, presentado por uno de los apoderados de las partes(63), quien aportó en copia simple la sentencia del 11 de junio de 1999, proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Fusagasugá-Cundinamarca, la cual, resolvió declarar nulo el matrimonio civil celebrado entre Carlos Eduardo Mogollón Castro y María Carmenza Suárez Robles y se ordena la cancelación del Registro Civil de Matrimonio radicado bajo el Nº 281287. Sobre el particular, habrá de considerarse que no serán valoradas las pruebas aportadas por haber sido presentadas por fuera del periodo probatorio.

En este orden de ideas, debe la Sala entrar a definir la procedencia del reconocimiento de los perjuicios morales alegados por la señora María Carmenza Suárez Robles como quiera que a la compañera permanente Ester Julia Lombana Delgado le fueron reconocidos perjuicios morales y a la señora Stella Reina Londoño el a quo le negó las pretensiones indemnizatorias y dado que no medió inconformidad alguna, la Sala se releva de hacer pronunciamiento sobre el particular, acogiendo el criterio expuesto por la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera expuesto anteriormente.

En tal sentido, la Sala hará igualmente una valoración de la prueba testimonial practicada por el a quo, para determinar la convivencia entre el señor Carlos Eduardo Mogollón Castro y María Carmenza Suárez Robles:

En primer lugar, tenemos el testimonio de Clarivel Romero Ibáñez, quien manifestó sobre el estado civil del señor Carlos Eduardo Mogollón Castro lo siguiente:

“(...) pues una de las esposas que vivía con él era una profesora del Colegio la profesora María Carmenza Suárez, tenían dos hijos y por ella yo supe que él era separado antes pero no sé si eran casados y luego después de esta profesora vivió con la profesora Esther Julia Lombana, quien le quedó una niña, pues yo sé por comentarios de la profesora Carmenza, que en(sic) la primera señora tenía dos hijos, con ella dos y con la profesora Esther Julia una niña...” (fl. 146 del cdno. 3).

El señor Ramiro Francisco Diazgranados Diazgranados, sobre el estado civil y convivencia que mantenía el señor Carlos Eduardo Mogollón Castro, sostuvo:

“(...) Al poco tiempo de llegar a ca (sic) en el año 1982, conocí a Carlos Mogollon, porque era el novio de una compañera que recientemente había (sic) llegado aca (sic) más o menos en el año 81, y el nombre de ella era Carmenza, asistí al poco tiempo con otro compañero profesor a su matrimonio civil realizado en Fusagasugá en la casa de los padres de Carlos, varias veces los visite en vacaciones, en su apartamento y fui padrino de bautismo de su hija mayor en Bogotá y la madrina era una hermana de Carlos...PREGUNTADO. Dígale al Juzgado si a la fecha de estyos (sic) hechos Carlos Eduardo Mogollón Castro, convivía con su esposa Carmenza Suárez. y los hijos que haya habido en el matrimonio, en caso afirmativo en donde estaba su residencia. CONTESTO. A esta fecha Carlos y Carmenza, convivian (sic) pues yo vivia (sic) en una pieza en arriendo del señor Gonzalez, dueño de la casa en el segundo piso y la familia ocupaba el primer piso, como ya dije antes fui padrino de la niña mayor y luego tuvieron un hijo varon (sic), del matrimonio solamente son ellos dos agrego que él tuvo otros hijos, se por comentario que él tenia (sic) dos hijos antes de casarse con Carmenza, durante todo este periodo él tuvo varios amores que finalmente con uan (sic) profesora Esther Julia, que trabaja también en el municipio tuvo una niña, sin embargo me consta que se quedaba jugando con los dos niños tenidos en el matrimonio, hasta tarde, antes de irse para Aposentos e incluso, en la noche de la toma lo sacaron o lo llamaron de la casa de Carmenza......él dormía en aposentos en la casa de Esther Julia Lombana, que es otra profesora y con ella tiene otra niña que ahora tiene como 8 o 9 años. PREGUNTADO.- Dígale al Juzgado si Carlos Eduardo Mogollon, desde su matrimonio con Carmenza Suárez Robles, hasta su fallecimiento sostenía el hogar económicamente. CONTESTO. Si tengo entendido, que ellos se repartían los gastos Carlos y Carmenza, cuando él viajaba a Bogotá, casi semanalmente, tría buen mercado, e incluso ellos iban a construir una casa en un lote pegado al cuartel de Policía. PREGUNTADO.- Dígale al Juzgado cuanto tiempo compartió usted residencia con este matrimonio. CONTESTO. Más o menos unos dos años aquí en Venecia, pues yo ya vivía ahí en el segundo piso y luego ellos llegaron......PREGUNTADO Dígale al Juzgado sobre las reacciones emocionales que notó usted en Carmenza Suárez Robles y sus hijos con la muerte (sic) de su esposo y padre Carlos Eduardo Mogollón Castro. CONTESTO.En los niños mucha tristeza, en Carmenza, mucho nerviosismo hasta el punto de no querer seguir viviendo ni trabajando en el municipio...”. (fl. 148-149 del cdno. 3).

Así mismo, María Gluding Cruz Moreno, expresó:

“(...) Decian (sic) que el había sido casado por lo católico con una señora de Fusagasugá que no se el nombre y que luego se casó por lo civil con la profesora Carmenza Suárez y supe que luego vivia (sic) con una profesora Esther Julia Lombana, y se que con la profesora Carmenza tuvo dos hijos y con la profesora Esther Julia, tuvo una niña, pero al final no se sabia (sic) con quien vivia (sic)...” (fl. 152-149 del cdno. 3).

Igualmente, la señora Carmenza Fierro Alonso, afirmó:

“(...) PREGUNTADO.- Dígoale (sic) al Juzgado si al momento del fallecimiento de Carlo Eduardo, este vivía con su señora y sus hijos nombrados. CONTESTO.-Cuando yo pasaba por junto la casa de ellos yo veía el carro de él ahí estacionado se supone que él estaba ahí..... (fl. 162 del cdno. 3).

Finalmente, el señor Roberto Gómez Montenegro, dijo:

“(...) PREGUNTADO.- Dígale al Juzgado que si desde 1988, trató usted al matrimonio de don Carlos Mogollón con Carmenza Suárez, aquí en este municipio, y cuántos hijos tenia, indicando en lo posible los nombres. CONTESTO.- si los trate, los hijos Andrea Carolina Mogollón Suárez y Manuel Alejandro Mogollón Suárez. PREGUNTADO.- Dígale al Juzgado como eran las relaciones matrimoniales entre Carlos y Carmenza, en el tiempo que los trató CONTESTO.- Pues como es natural en nuestros días de pronto con infidelidad pero no dejo de querer a Carmenza ni a sus hijos”. (fl. 164 del cdno. 3).

Vistos los anteriores testimonios, de los que se desprende que efectivamente la señora María Carmenza Suárez Robles convivió con el señor Carlos Eduardo Mogollón Castro, que incluso el día de la incursión guerrillera perpetrada al municipio de Venecia-Cundinamarca éste se encontraba en el domicilio que compartía con la señora Suárez Robles quien se encontraba ausente en una capacitación en la ciudad de Bogotá, lo cual, demuestra la convivencia entre ellos al momento de la muerte, al igual que el sufrimiento, aflicción y congoja que generó su fallecimiento.

A su vez, dichos testimonios son coincidentes en cuanto a la existencia de una relación marital con la señora Esther Julia Lombana, para la época de la ocurrencia de los hechos, por lo que la Sala siguiendo el reiterado criterio de la jurisprudencia de la Sección(64), procederá al reconocimiento de los perjuicios morales alegados por la señora María Carmenza Suárez Robles, en cuantía de 100 smlmv, al encontrar probada su ocurrencia, razón por la cual, se revocará el fallo apelado en cuanto negó el reconocimiento de los perjuicios morales a esta.

8. Los perjuicios materiales.

En la demanda se solicitaron los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para cada uno de los demandantes, teniendo en cuenta que se tiene como soporte de los ingresos percibidos por el señor Carlos Eduardo Mogollón Castro, la certificación expedida por el Coordinador del Grupo Supernumerarios y Registro de Bancafe(65) la cual, fue aportada con la demanda presentada por la señora María Carmenza Suárez Robles, y solicitado su reconocimiento y ratificación(66), prueba a la que accedió el a quo mediante audiencia llevada a cabo a el 16 de abril de 1999(67), la que resultó fallida por inasistencia del señor Luis Murcia Castiblanco, en su calidad de coordinador del grupo supernumerarios y registro, luego no fue posible demostrar la veracidad de dicha certificación.

Comoquiera, que no existe claridad sobre sus ingresos, pero si acerca del desarrollo de una actividad económica por parte del señor Carlos Eduardo Mogollón Castro “gerente de Bancafé” de la que derivaba su sustento y el de su familia, se accederá a la pretensión sobre el lucro cesante, para lo cual, se tomará como base el salario mínimo actual $589.500, dicho guarismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales y se le restará el 25% de lo que la víctima gastaba en su manutención, lo que arroja la suma de $552.656 que será el valor que se toma para calcular el lucro cesante, suma ésta que se dividirá así: 25% para María Carmenza Suárez Robles, 25% para Esther Julia Lombana pues el criterio reiterado de la Sala sobre la ayuda que una persona destina para los gastos y manutención de su familia se hace sin distinción alguna a la actividad que realice su pareja y el restante 50% se dividirá entre sus cinco (5) hijos es decir 5% para cada uno.

La indemnización se concederá tanto a Esther Julia Lombana y María Carmenza Suárez Robles hasta la vida probable del señor Mogollón Castro y para cada uno de los hijos (Andrea Carolina Mogollón Suárez, Manuel Alejandro Mogollón Suárez, Sisy Melissa Mogollón Reina y Carlos Eduardo Junior Mogollón Reina) el periodo consolidado hasta los 25 años de edad y el periodo consolidado y futuro para María Angélica Mogollón Lombana desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente sentencia y desde el día siguiente de esta providencia hasta que cumpla los 25 años de edad, respectivamente.

Esther Julia Lombana

La indemnización comprende un periodo consolidado desde la fecha de los hechos el 9 de mayo de 1997, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 194,3 meses.

 

S1998-1678  A
 

 

Liquidación de la indemnización futura o anticipada:

Para efectos de la liquidación del lucro cesante futuro, la esperanza de vida de una persona que tenía 42 años 4 meses para la época de los hechos como es el caso sub lite, es de 34.91 años que corresponden a 418.92 meses. Para calcular el lucro cesante futuro, se habrá de sustraer de la expectativa de vida, el número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia, que como se dijo ad supra, corresponden a 194,3 meses, dando un total de 224.89 meses que será el lapso a indemnizar, tomando como valor el 25% de los ingresos del señor Carlos Eduardo Mogollón Castro, equivalente a la suma de $138.164.

 

S1998-1678 B
 

Total perjuicios materiales (lucro cesante) $ 63’390.931.66

María Carmenza Suárez Robles

La indemnización comprende un periodo consolidado desde la fecha de los hechos el 9 de mayo de 1997, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 194,3 meses.

 

S1998-1678 C
 

 

Liquidación de la indemnización futura o anticipada:

Para efectos de la liquidación del lucro cesante futuro, la esperanza de vida de una persona que tenía 42 años 4 meses para la época de los hechos como es el caso sub lite, es de 34.91 años que corresponden a 418.92 meses. Para calcular el lucro cesante futuro, se habrá de sustraer de la expectativa de vida, el número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia, que como se dijo ad supra, corresponden a 194,3 meses, dando un total de 224.89 meses que será el lapso a indemnizar, tomando como valor el 25% de los ingresos del señor Carlos Eduardo Mogollón Castro, equivalente a la suma de $138.164.

 

S1998-1678 B
 

 

Total perjuicios materiales (lucro cesante) $ 63’390.931.66

Para cada uno de los cinco (5) hijos se liquidará así:

Andrea Carolina Mogollón Suárez

Nacida el 23 de enero de 1986(68), los 25 años se cumplieron el 23 de enero de 2011. La indemnización comprende un periodo consolidado que va desde la fecha de los hechos el 9 de mayo de 1997, hasta la fecha en que cumpliría la dicha edad, esto es, 196,14 meses.

 

S1998-1678 D
 

 

Manuel Alejandro Mogollón Suárez

Nacido el 19 de noviembre de 1987(69), los 25 años se cumplieron el 19 de noviembre de 2012. La indemnización comprende un periodo consolidado que va desde la fecha de los hechos el 9 de mayo de 1997, hasta la fecha en que cumpliría la dicha edad, esto es, 186,10 meses.

 

S1998-1678 Ejpg
 

 

Sisy Melissa Mogollón Reina

Nacida el 16 de marzo de 1979(70), los 25 años se cumplieron el 16 de marzo de 2004. La indemnización comprende un periodo consolidado que va desde la fecha de los hechos el 9 de mayo de 1997, hasta la fecha en que cumpliría la dicha edad, esto es, 86,7 meses.

 

S1998-1678 F
 

 

Carlos Eduardo Junior Mogollón Reina

Nacido el 23 de febrero de 1981(71), los 25 años se cumplieron el 23 de febrero de 2006. La indemnización comprende un periodo consolidado que va desde la fecha de los hechos el 9 de mayo de 1997, hasta la fecha en que cumpliría la dicha edad, esto es, 111,14 meses.

 

S1998-1678 G
 

 

María Angélica Mogollón Lombana

Nacida el 1º de enero de 1991(72), como no ha cumplido aún los 25 años la indemnización comprende un periodo consolidado que va desde la fecha de los hechos el 9 de mayo de 1997, hasta la fecha de la presente sentencia 12 de julio de 2013, esto es, 194,3 meses.

 

S1998-1678 H
 

 

El lucro cesante futuro comprende desde el día siguiente a la decisión (13 de julio de 2013) hasta el día en que cumpliría 25 años de edad (ene. 1º/2016).

 

S1998-1678 I
 

 

Total perjuicios materiales: $19.911.686.77.

Así las cosas, esta Subsección revocará la Sentencia apelada por concepto de lucro cesante.

9. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la subsección se abstendrá de condenar en costas.

Finalmente, es necesario precisar que obra en el expediente un contrato de cesión de derechos litigiosos celebrado entre las señoras Josefina Castro de Mogollón a favor de la señora María del Rosario Mogollón Castro, el cual fue aceptado por el Despacho el 21 de noviembre de 2012 declarando a la señora Mogollón Castro como litisconsorte del cedente, en este orden de ideas, la condena proferida en esta providencia se realizará en cabeza de la litisconsorte.

En mérito de los expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1.Revocar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera, Subsección A, el 11 de septiembre de 2003, y en su lugar se dispone:

2. Declarar a la Nación colombiana-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional-administrativamente responsable por los perjuicios morales subjetivos ocasionados a los señores Rafael Enrique Mogollón Villaveces, Josefina Castro de Mogollón, María del Rosario Mogollón Castro, María Consuelo Mogollón Castro, y por los perjuicios morales subjetivos y materiales ocasionados a los señores Carlos Eduardo Junior Mogollón Reina, Sisy Mellissa Mogollón Reina, Andrea Carolina Mogollón Suárez, Manuel Alejandro Mogollón Suárez, María Angélica Mogollón Lombana, Esther Julia Lombana Delgado y María Carmenza Suárez Robles, como consecuencia de la muerte de su hijo, hermano, padre y compañero respectivamente, en hechos ocurridos el 9 de mayo de 1997 en el municipio de Venecia, departamento de Cundinamarca.

3. Condenar a la Nación colombiana-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional reconocer y pagar a los señores Rafael Enrique Mogollón Villaveces y María del Rosario Mogollón Castro en su calidad de litisconsorte del cedente Josefina Castro de Mogollón, a título de indemnización por perjuicios morales subjetivos, el equivalente en pesos colombianos, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, de 100 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos.

4.Condenar a la Nación colombiana-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional reconocer y pagar a las señoras María del Rosario Mogollón Castro, María Consuelo Mogollón Castro a título de indemnización por perjuicios morales subjetivos, el equivalente en pesos colombianos, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, de 50 salarios mínimos legales mensuales, para cada una de ellas.

5. Condenar a la Nación colombiana-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional reconocer y pagar a Carlos Eduardo Junior Mogollón Reina, a título de indemnización por perjuicios morales subjetivos, el equivalente en pesos colombianos, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, de 100 salarios mínimos legales mensuales y, a título de indemnización por lucro cesante la suma de $ 8.122.619,89.

6. Condenar a la Nación colombiana-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional reconocer y pagar a Sisy Mellissa Mogollón Reina, a título de indemnización por perjuicios morales subjetivos, el equivalente en pesos colombianos, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, de 100 salarios mínimos legales mensuales y, a título de indemnización por lucro cesante la suma de $ 5.943.241,87.

7. Condenar a la Nación colombiana-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional reconocer y pagar a Andrea Carolina Mogollón Suárez, a título de indemnización por perjuicios morales subjetivos, el equivalente en pesos colombianos, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, de 100 salarios mínimos legales mensuales y, a título de indemnización por lucro cesante la suma de $ 18.073.347,29.

8. Condenar a la Nación colombiana-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional reconocer y pagar a Manuel Alejandro Mogollón Suárez, a título de indemnización por perjuicios morales subjetivos, el equivalente en pesos colombianos, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, de 100 salarios mínimos legales mensuales y, a título de indemnización por lucro cesante la suma de $ 16.673.228.86.

9. Condenar a la Nación colombiana-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional reconocer y pagar a María Angélica Mogollón Lombana, a título de indemnización por perjuicios morales subjetivos, el equivalente en pesos colombianos, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, de 100 salarios mínimos legales mensuales y, a título de indemnización por lucro cesante la suma de $ 19.911.686,77.

10.Condenar a la Nación colombiana-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional reconocer y pagar a Esther Julia Lombana Delgado, a título de indemnización por perjuicios morales subjetivos, el equivalente en pesos colombianos, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, de 100 salarios mínimos legales mensuales y, a título de indemnización por lucro cesante la suma de $ 63.390.931,66.

11. Condenar a la Nación colombiana-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional reconocer y pagar a María Carmenza Suárez Robles, a título de indemnización por perjuicios morales subjetivos, el equivalente en pesos colombianos, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, de 100 salarios mínimos legales mensuales y, a título de indemnización por perjuicios materiales la suma de $ 63.390.931,66.

12. Negar las demás pretensiones de las demandas.

13. Para el cumplimiento de este fallo se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 de Código Contencioso Administrativo.

14. Sin costas.

15. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Los hechos sucedieron el 9 de mayo de 1997 y las demandas se presentaron el 8 de octubre de 1997, 26 de mayo de 1998 y 3 de marzo de 1999 respectivamente, razón por la cual no hay caducidad de la acción.

(3) En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

(4) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como:

“La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso”.

“Son características de esta regla las siguientes:

“(...). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pág. 106.

(5) Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.

(6) Sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente 21060.

(7) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; expediente 15932.

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

(9) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; expediente 17042.

(10) Ibídem, Sentencia 15932 del 30 de agosto de 2007.

(11) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de julio 12 de 1993; expediente 7622.

(12) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569.

(13) Consejo de Estado; Sección Tercera; expediente 13774.

(14) Consejo de Estado. Sección Tercera, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Sentencia de 14 de julio de 2004, expediente 14318. En similar sentido Sentencia de 27 de noviembre de 2002, C.P. María Elena Giraldo Gómez, expediente 13774.

(15) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 18 de marzo de 2010; expediente 15591.

(16) García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás-Ramón, curso de derecho Administrativo, t. II, ed. Civitas, Madrid, 1999, pág. 369.

(17) Lo expuesto lo soportan los aportes de numerosos autores al tema de la responsabilidad, de los que constituye un buen ejemplo el tratadista Vázquez Ferreyra, quien escribió: “Insistimos en señalar que los factores objetivos de atribución constituyen un catálogo abierto sujeto a la expansión. Por ello la mención sólo puede ser enunciativa. Al principio sólo se mencionaba el riesgo creado; un análisis posterior desprendido del perjuicio subjetivista permitió vislumbrar a la equidad y la garantía. Hoy conocemos también otros factores, como la igualdad ante las cargas públicas, que es de creación netamente jurisprudencial.” —subrayado fuera de texto—. Vázquez Ferreyra Roberto A., Responsabilidad por daños (elementos), Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, pág. 197.

(18) Mediante oficio D24-294 del 11 de junio de 2001 la Unidad Especializada de Terrorismo despacho 24 remitió fotocopia del expediente radicado bajo 31.609. Folio 1 cdno. no. 3.

(19) “ART. 185.Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella.”

(20) Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607.

(21) Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, expediente 14951

(22) Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2004, expediente 15088.

(23) Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, expediente 5573.

(24) Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, expediente 5573.

(25) Sección Tercera, sentencia 20 de mayo de 2004, expediente 15650. Las “pruebas que acreditan la responsabilidad de la demandada que provienen de procesos disciplinarios internos tramitados por la misma, pueden ser valoradas en la presente causa contencioso administrativa, dado que se practicaron por la parte contra la que se aducen”. Las piezas procesales adelantadas ante la justicia disciplinaria y penal militar se allegaron por el demandante durante el período probatorio, y pueden valorarse. Sección Tercera, sentencia de 13 de noviembre de 2008, expediente 16741.

(26) Sección Tercera, sentencia de 16 de noviembre de 1993, expediente 8059.

(27) Sección Tercera, sentencias de 14 de abril de 2004, expediente 15630; de 22 de abril de 2004, expediente 14877; de 5 de diciembre de 2005, expediente 15914. “... El artículo 229 del mismo código dispone:

“Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente (se resalta).

En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio” (resaltado fuera de texto). Sección Tercera, Sentencia de 13 de abril de 2000, expediente 11898.

(28) Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607. Si la prueba testimonial trasladada no cumple las condiciones del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil está obligada a ser ratificada “salvo que la parte contra la cual se aducen la acepte o acuda a ella para analizar el problema jurídico debatido en las oportunidades de intervención procesal que la ley le otorga (art. 229 núm. 1º)”. Sección Tercera, sentencia de 1 de marzo de 2006, expediente 15284.

(29) Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607. Además “se trata de una prueba documental que fue decretada en la primera instancia, lo cierto es que pudo ser controvertida en los términos del artículo 289 (...) por el cual se reitera, su apreciación es viable”. Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2009, expediente 16727. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2002, expediente 13476. “Se exceptúa respecto de los documentos públicos debidamente autenticados en los términos del artículo 254 Código de Procedimiento Civil y los informes y peritaciones de entidades oficiales (art. 243)”. Sección Tercera, subsección B, sentencia de 14 de abril de 2011, expediente 20587.

(30) Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 27 de abril de 2011, expediente 20374.

(31) Sección Tercera, sentencia de 9 de diciembre de 2004, expediente 14174.

(32) Sección Tercera, sentencia de 24 de enero de 2007, expediente 32216. Puede verse también: Sección Tercera, auto de 7 de febrero de 2002, expediente 21645; sentencia de 19 de noviembre de 1998, expediente 12124.

(33) Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, expediente 16398.

(34) Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de enero de 2012, expediente 19920.

(35) Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, expediente 20334. Reiterada en Sentencia del 30 de enero de 2013, expediente 25576. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

(36) Folios. 152, 161-165 cdno. 3.

(37) Sentencia del 9 de marzo de 2000 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 16019.

(38) Sentencia del 16 de febrero de 2001 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente 12703.

(39) Sentencia del 10 de agosto de 2005 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente 16205.

(40) Gorphe, Francois. La apreciación judicial de las pruebas. Editorial La Ley, Buenos Aires, 1967, páginas 373 y 374.

(41) Sentencia del 7 de octubre de 2009, expediente 17.629.

(42) “La prueba testimonial es generalmente la principal...Es posible prescindir de la confesión o de los escritos, pero es más difícil prescindir de testigos cuando se quiere saber cómo se desarrollaron los hechos. ‘Los testigos, decía Bentham, son los ojos y los oídos de la justicia’: instrumentos preciosos, pero a menudo engañadores, deben ser utilizados con un gran sentido crítico. Es una prueba relativamente simple y fácil de recibir, pero a menudo muy delicada de apreciar...” Gorphe, Francis, La apreciación judicial de las pruebas. Editorial La Ley. Buenos Aires 1967, pág. 367.

(43) “...es difícil interpretar los indicios sin ayuda de los testigos; es casi imposible apreciar los testimonios sin emplear ciertos indicios de credibilidad. También la práctica hace marchar a la par a estos dos medios de prueba, a pesar de su aparente oposición. Hasta hemos visto que ‘prueba directa’ y ‘prueba indirecta’ entra bajo la misma forma lógica de inferencias, ya deductiva, ya, lo más frecuentemente, inductiva o empírica. En ambos casos, la fuerza de la inferencia depende de ciertas condiciones que deben ser determinadas y que varían...” Ibídem.

(44) “El peligro de esta clase de testimonio se hace sentir menos ante los jueces experimentados...También es cierto que, en la vida corriente y en la historia general, resulta obligado atender a lo que se dice de esta forma; pero es a falta de mejor información y bajo reservas, mientras la cuestión que constituye su objeto no se halle sometida a discusión” Ibídem, pág. 375.

(45) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 7 de julio de 2011, expediente 21156.

(46) Sentencia del 19 de abril de 2012, expediente 21515.

(47) En lo que concierne a la definición de Conflicto Armado Interno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” – Informe 55/97, Caso 11.137 - Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997, lo definió de la siguiente manera.

“En contraste con esas situaciones de violencia interna, el concepto de conflicto armado requiere, en principio, que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que de hecho lo hagan, y de participar en otras acciones militares recíprocas, y que lo hagan. ... Los conflictos armados a los que se refiere el artículo 3º, típicamente consisten en hostilidades entre fuerzas armadas del gobierno y grupos de insurgentes organizados y armados”.

(48) Consejo de Estado. Sección Tercera, C.P. Julio César Uribe Acosta. Sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente 9550.

(49) De lo anterior se desprende, entonces, que el título jurídico más correcto para determinar la responsabilidad de reparar un daño será aquel que pase el análisis como el más justo. Pero ¿Qué es lo justo? Es bien sabido que el tema es particularmente álgido en nuestros días y admite muchos enfoques de escuelas del pensamiento jurídico. No obstante si partimos de la aceptación de que la justicia es dar a cada uno lo suyo según la celebérrima sentencia de Ulpiano podemos explorar una respuesta. En efecto, esta definición, permite comprender lo que es la injusticia, que contrario a reconocer el Derecho, implica desconocerlo, lesionarlo, negarlo.

(50) Expediente 12407; actores Elvia María Ortiz Godoy y Otros, contra Secretaría de Obras Públicas y otros, Dr. Daniel Suárez Hernández.

(51) Peirano Facio, Jorge. “Responsabilidad extracontractual”, tercera edición, Editorial Temis, Bogotá Colombia, 1981, págs. 478-479.

(52) Sentencia del 14 de agosto de 2008 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente 16413.

(53) 17. No se trata, no obstante, de hacer radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal. Es decir, aunque un acto u omisión de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía. (Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C Nº 205, párrafo 280; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C Nº 140, párrafo 123; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C Nº 146, párrafo 155; y Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Serie C Nº 192, párrafo 78). Cfr. Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencia del 1º de febrero de 2012.

(54) Reposas poder debidamente otorgado a folios 1º y 4 del cuaderno 2; y registros civiles de nacimiento a folios 15 y 18 del cuaderno 5 de pruebas.

(55) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 17 de julio de 1992; expediente 6750

(56) Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. – La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con la ciencia sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico...” (Gustavo Humberto Rodríguez. Presunciones. Pruebas Penales Colombianas Tomo II. Ed. Temis, Bogotá 1970 pág. 127 y ss. Quiceno Álvarez Fernando. Indicios y Presunciones. Compilación y Extractos. Editorial Jurídica Bolivariana. Reimpresión 2002). (negrilla de la Sala)

(57) Sentencia del 24 de agosto de 2011, M.P. Enrique Gil Botero, expediente 20437.

(58) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 25 de 2012, radicado 22708; C.P. Olga Valle de De La Hoz.

(59) Sección Tercera. Sentencia del 9 junio de 2010, radicado 18677, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre el mismo tema se pueden ver, entre otras, la Sentencia del 18 de mayo de 2000, radicado 12053 y Sentencia del 15 de junio de 2.000, radicado 11688.

(60) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(61) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 23 de 2012, radicado 24.392; C.P. Hernán Andrade Rincón.

(62) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232-15.646, M.P. Alier Hernández Enríquez.

(63) Folios. 178-184 cdno. ppal.

(64) Sobre el reconocimiento simultáneo a cónyuge y compañera permanente la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de tiempo atrás ha considerado que deben ser reconocidos perjuicios “...tanto a la esposa como a las compañeras... bajo la presunción que no fue desvirtuada por la demandada, el daño moral según los lineamientos jurisprudenciales establecidos por la Sala...”. Sentencias del 26 de septiembre de 1996, expediente 11577, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, 10 de junio de 2004, expediente 25110, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Cfr. Tesauro de Responsabilidad Extracontractual del Estado jurisprudencia 1991-200(sic). Enrique Gil Botero. Editorial Temis S.A. 2013.

(65) Folio 9, cuaderno 3 de pruebas.

(66) Folio 9, cuaderno 3 de pruebas.

(67) Folio 11, cuaderno 3 de pruebas.

(68) Folio 3, cuaderno 3 de pruebas. Obra registro civil de nacimiento donde consta la fecha de su nacimiento y el nombre de sus padres.

(69) Folio 4, cuaderno 3 de pruebas. Obra registro civil de nacimiento donde consta la fecha de su nacimiento y el nombre de sus padres.

(70) Folio 2, cuaderno 4 de pruebas. Obra registro civil de nacimiento donde consta la fecha de su nacimiento y el nombre de sus padres.

(71) Folio 3, cuaderno 4 de pruebas. Obra registro civil de nacimiento donde consta la fecha de su nacimiento y el nombre de sus padres.

(72) Folio 19, cuaderno 5 de pruebas. Obra registro civil de nacimiento donde consta la fecha de su nacimiento y el nombre de sus padres.