Sentencia 1998-01772 de enero 30 de 2013

 

Sentencia 1998-01772 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 250002326000199801772 01 (24.771)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Manuel Reyes Velásquez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., enero treinta de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado ni caducidad(3), procede la Subsección a resolver el asunto sometido a su consideración, teniendo en cuenta los recursos de apelación presentados por la parte demandante y demandada, a través del siguiente esquema: 1) la culpa personal del agente; 2) la negativa al reconocimiento de perjuicios morales a los hermanos de la victima; 3) la cuantía reconocida como perjuicios morales; 4) la cuantía reconocida como perjuicios materiales; y 5) la condena en costas, considerando que recientemente la Sala se pronunció en un asunto relacionado con los mismos hechos donde resultó muerto el señor Luis Alejandro Londoño Isaza(4).

1. La culpa personal del agente.

El apoderado de la demandada, manifiesta sin mayor argumentación ni sustento probatorio, que en el caso bajo estudio nos encontramos frente a una culpa personal del agente, asunto que debe ser analizado por la Sala, conforme las reglas procesales que rigen la prueba trasladada, de conformidad con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(5) y considerando que fue solicitada única y exclusivamente por la parte demandante (fl. 27, cdno. 1) y la parte demandada no coadyuvó dicha solicitud por haber contestado extemporáneamente la demanda (fls. 49-52, cdno. 1).

El artículo 229 del mismo código dispone:

Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

a) Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

b) Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior” (se resalta).

Previo a resolver de fondo, es necesario advertir que la Sala valorará y tendrá en cuenta los procesos adelantados por la Inspección General de la Policía Nacional(6); la sentencia proferida por el Tribunal Superior Militar(7) y las providencias proferidas dentro del proceso disciplinario que adelantó la Procuraduría Segunda Distrital(8), diligencias estas que se adelantaron con ocasión de la muerte del señor Fabio Augusto Reyes, en razón a que se llevaron a cabo con audiencia de la contraparte, respetando su derecho de defensa y cumpliendo con el principio de contradicción, como se ha considerado en jurisprudencia reiterada.

En relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, el AG Teófilo Rodríguez, en declaración rendida ante la Inspección General de la Policía y quien participó en el operativo el día en que ocurrieron los hechos, afirmó:

“PREGUNTADO: …sírvase informarnos en detalle lo que sepa y le conste con relación al operativo realizado el 28 de junio de 1996 donde usted toma parte. CONTESTO: ….cogiendo la avenida Boyacá hacia la calle 13, ibamos (sic) en un taxi mazda amarillo sin placas, y ahí nos comunicó por radio mi teniente González que estuviéramos sobre el sector acordado que era hacer el giro sobre la avenida 68 a coger la 13 hacia el oriente, sin retirarnos mucho de la 68 que cualquier cosa iba alguien sobre el carro de la transportadora que nos avisaría el momento en que se iba a realizar el atraco, eso era como las 7:00 de la mañana cuando estábamos sobre el puente en la calle 13 y al bajar el puente nos llamaron de que cubriéramos el sector de la oreja donde se coje (sic)nuevamente la 68 ósea la carrera 65 B, que urgente porque estaba efectuando el atraco a la transportadora de valores, al coger la 65 B salían sobre la calle 12 en sentido contrario donde ivamos (sic) nosotros dos tipos, uno cogió como a coger derecho y el otro voltió en vía contraria a nosotros, disparando una subametralladora y nosotros disparamos hacia dicho tipo, y hay (sic) aparecieron otros por la parte de arriba quienes también estaban disparando contra este individuo, luego…”(9).

Patrullero Pedro Alonso Toro Herrera:

“…mi patrulla iba al mando del señor teniente Castañeda y nos correspondía cubrir un sector por la calle 13 con cra. 68, siendo aproximadamente la 07:10 horas se requirió el apoyo de todo el personal que se encontraba realizando el cubrimiento nosotros acudimos inmediatamente, ya que estábamos sobre el puente de la calle 13, nos dirigimos sobre el lugar que solicitaban apoyo, el cual era sobre la calle 12, nosotros hicimos el giro sobre la calle 65 B, cuando nos estábamos aproximando a la esquina de esa calle, escuchamos disparos y procedimos a cruzar el carro de tal manera de bloquear la vía en la cual íbamos, del cual nos bajamos a ocultarnos, cuando salió un sujeto que al vernos abrió fuego contra nosotros, por el otro sector de la otra calle, llegaron varias patrullas a brindar el apoyo, nosotros reaccionamos a la agresión del sujeto, segundos más tarde apareció otro sujeto que venía disparando al personal de atrás que lo seguía y hacía nosotros al ver esto reaccionamos contra dicho sujeto…”(10).

Subintendente Edgar Alexander Duarte Guio:

“….simultáneamente al observar este sujeto por la cera del frente pude observar que hacía esa esquina salía de prisa y con un arma en sus manos que vestía chaqueta de jean, lo mismo que pantalón del mismo material y zapatos tenis de color oscuro, disparaba y accionaba su arma en diferentes direcciones, en esa circunstancias y ante la voz preventiva de los policiales e incluso la mía y encontrándome prácticamente a pocos metros donde se ubicó el vehículo en el que nos trasladábamos y por el repetido sonar de los disparos accioné mi arma de fuego la misma que portaba para ese servicio en varias ocasiones en dirección al sujeto que finalmente fue abatido frente a la escuela o lugar que se dice al parecer es una escuela…”(11).

Teniente Norberto Mojica Jaime:

“…Cuando estábamos en ese sector aproximadamente a las 07:10 fue cuando avisaron por radio que efectivamente estaban realizando el asalto y en ese mismo momento empezaron a escucharse disparos, por tal motivo corrimos con mi patrulla integrada por el TE. González Celis, suboficial de apellido Merchán, por el AG Melo conmigo cogimos hacia la parte izquierda donde estaba la acera, hacia mi lado había un señor disparando con una metra marca Sterling contra el vehículo de valores, el cual al escuchar el grito de nosotros de alto Policía Nacional, disparó contra nuestras humanidades disparando nosotros también contra el individuo al cual le causamos heridas de bala las que posiblemente le causaron la muerte”(12).

Por su parte el señor Samir Kayed Yusuf, expresó:

“CONTESTO: Yo acababa de llegar a la empresa, llegué faltando un cuarto para las siete, me estaba cambiando cuando escuché tiros, me dio curiosidad me asomé y vi el primer muerto; yo estaba en el segundo piso al lado de la planta de la empresa a la reja me demoré dos minutos en llegar ahí y empezaron otra vez los tiros, pues primero fueron 4 o 5 tiros hubo interrupción empezó nuevamente la balacera, nos escondimos y vi un carro de Bavaria, un taxi mazda 323, cerca al parque, cuando vi la primera persona que cayó, vi un señor de la Dijin se agachó le puso el revólver en la cabeza y disparó, después él cogió la subametralladora , la limpió y con una bayetilla le limpiaba la mano al muerto, yo no sabía que era un compañero mio, después de 2 o 3 minutos estaba calmado todo y empezó el tiroteo entonces vi al otro muchacho en la escuela, llegó el mayor de la empresa y preguntó que quien los conocía, yo le dije que eran compañeros de carro mío y me mandó a identificarlos, yo me fui y un señor de la Sijin no me dejó arrimar hasta donde está la virgen, pues hay 10 metros aproximadamente, sin embargo yo conocí a Alejandro, el que estaba al lado de la escuela de lejos, reconocía a Fabio Reyes por los tenis, lo miré y dí aviso a la empresa….”(13).

El mayor Germán Eduardo Flórez Sánchez, expresó:

“…Luego me ubiqué por la calle 13 subí hasta la carrera 30 con el fin de esperar los resultados de la operación. A eso de las siete y diez escucho por radio de que se estaba produciendo un enfrentamiento y me traslado inmediatamente al lugar de los hechos, recibo las novedades por parte de los oficiales, especialmente del TE. González reportándome el exitoso operativo que había resultado, dando de baja a cinco individuos y procedo a informarle al señor director encargado de la Dijin, quien manifestó por la línea telefónica que me felicitaba a la unidad contra Atracos y que ordenara el desplazamiento de la Fiscalía, envío un vehículo a recoger a los señores fiscales y es el momento en que empezamos a las siete y quince o siete y veinte a escuchar una algarabía en el costado oriental del operativo, cerca de una escuela del barrio y el parte posterior de la empresa Interec donde manifiestan los empleados de que dos de los individuos pertenecían a la empresa…”(14).

El teniente Sergio Álvarez León manifestó:

“…cuando yo me asomé a la esquina de la escuela observé que venían dos individuos armados realizando movimientos varios hacía todas las direcciones donde yo procedí en el momento a darle la voz de alto que era la Policía, eh, haciendo caso omiso, a la voz, y reaccionando los dos sujetos en forma violenta o sea con disparos contra cada uno de los agentes policiales que nos encontrábamos cubriendo dicho sector, procedimos a reaccionar de dicha agresión, eh, personalmente yo reaccioné como primera medida, el que venía por el costado donde queda la escuela más o menos hacía la altura del portón donde cayó, desconociendo si había quedado herido o había muerto, y de inmediato contra el que iba por el otro costado de la calle y había tomado la carrera que va a salir hacía la calle 13, donde estaba cubriendo el sector de la patrulla del señor teniente Castañeda…”(15).

El teniente Norberto Antonio Castañeda, manifestó:

“…alcanzamos a llegar sobre la sesenta y cinco B yo creo que es B, hasta cerca de una caseta de seguridad que estaba ubicada en la parte externa de una fábrica, según los comentarios es la empresa Interec, cuando aparecieron por la esquina dos individuos armados y haciendo disparos uno venía, uno salía de frente hacía la esquina contraria aclaro que es la calle 65 forma una ele….uno salía de frente hacía la esquina contraria o sea en el croquis se demarca como uno, salía por la esquina contraria y el otro hacía donde nos encontrábamos nosotros o sea la patrulla mía, inicialmente le grité alto policía a lo cual no hizo caso y salió disparando, es de anotar que ya el tiroteo había iniciado, a lo cual reaccionamos inicialmente yo me tiré al piso por los disparos llegando hasta un poste ubicado al lado derecho donde quedó el vehículo, el resto de mi patrulla, el agente Poguta que era el conductor se ubicó detrás del vehículo, el agente Rodríguez Torres Teófilo, alcanzó a llegar hasta la caseta que estaba en la parte externa de la fábrica ubicada en ese sector, y el agente Toro no sé sus apellidos completos, se alcanzó a ubicar detrás de un árbol por el mismo costado izquierdo reaccionando y disparando hacía la persona que venía en movimiento disparándonos hacía todos lados, dando como resultado la muerte de este individuo, el sujeto número dos, es de anotar que por el otro lado llegaba la patrulla del teniente Álvarez, no sé quienes más la integraban quienes también reaccionaron contra estos dos sujetos que venían disparando desde la esquina”(16).

Sobre las pruebas técnicas y dictámenes periciales esta Sección ha expresado:

“Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

“Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el otro proceso.

“Conforme a lo anterior, es claro que las pruebas practicadas en un proceso distinto al contencioso administrativo no pueden ser valoradas para adoptar la decisión que corresponda dentro del mismo, salvo que, siendo procedente su traslado, éste se efectúe dando cumplimiento a los requisitos antes referidos. Si éstos no se cumplen, no podrán ser tenidas en cuenta por el juzgador; tampoco podrá dárseles el valor de indicios, como equivocadamente lo afirma el a quo, con fundamento en un fallo proferido por esta misma Sala el 24 de noviembre de 1989, cuyos planteamientos al respecto fueron revisados en sentencias posteriores”(17).

Las diligencias de inspección judicial, con examen de cuerpo y demás pruebas técnicas practicadas dentro del proceso penal no serán valoradas por no cumplirse las condiciones legales para ello.

En lo referente a la prueba documental de dependencias oficiales que obran en copia auténtica, se entiende que tales pruebas siempre estuvieron a disposición de las partes durante el trámite del proceso contencioso administrativo, de lo cual se infiere que la parte contra la cual se aducen tuvo la oportunidad de controvertirlas y no se vulneró su derecho de defensa, pues el Tribunal Superior Militar, Procuraduría Segunda Distrital y la Inspección General de la Policía Nacional, remitieron, copias autenticadas de las decisiones adoptadas según sus competencias por los hechos relacionados con la muerte entre otros del señor Fabio Augusto Reyes Flórez. En esa medida, las pruebas aludidas serán apreciadas en este proceso.

En efecto, de las pruebas remitidas en fotocopia autenticada por la Procuraduría Segunda Distrital(18), se observa el auto de cargos del 1º de diciembre de 1998, en el cual se dijo:

Descripción de la conducta violatoria en el caso a esiudios (sic).

“Los policías que incurrieron en el operativo incurrieron en la conducta a todas luces irregular C.T. Hermes Gustavo González Celis, Te. Sergio Álvarez Leon, Te. CASTAÑEDA (sic) López Norberto Antonio, SI Alexander Duarte Guio, Pt. Toro Herrera Pedro Alfonso, Pt. Jaime Alexander Sánchez Collazos, SI Jairo Hernado Jimenez Morantes y Ag. Teófilo Rodríguez Torrez, disparar sus armas en forma indiscriminada propiciándole la muerte a los trabajadores Luis Alejandro Londoño Isaza y Fabio Augusto Reyes Flórez, quienes se hallaban en estado de indefensión, colocándoles en sus manos sus propias armas previamente disparadas para hacerles parecer como asaltantes del camión de valore (sic) de la empresa Brinks, con el agravante de que posteriormente profirieron amenazas a los trabajadores de la fabrica (sic) Interec en donde prestaban sus servicios los occisos para que manifestaran que sí eran atracadores, así como al director de la escuela Antonio Jose de Sucre, a quien enviaron un sufragio, y a la hija de la dueña del carro sprint OFU-080, doctora Yolanda Casiañeda (sic) quien fue intimidada por dos individuos que la ciudadana vio dentro de las instalaciones de la DIJIN cuando rindió su testimonio en el Juzgado 90 de I.P.MIL. Los restantes policiales que participaron en el operativo, cabo Jorge Lizarazo Triana, SI Jesús Libardo Giraldo, Ag. José Carvajal Sepúlveda, Te Wilson Rafael Posada, SI. Edilberto Ponguita Cruz, cabo Javier Suárez Sánchez, dragoneante Pablo Antonio Arévalo, Te. Norberto Mujica Jaime, SI Jesús Darío Merchán Rodríguez, Ag. Luis Melo Aguirre, SI Francisco Gélvez Alemán, SI Álvaro Ospina S. de igual manera cohonestaron la actuación desplegada por los anteriormente citados al no informar la verdad de lo acontecido a sus superiores para que se adoptaran las sanciones del caso sino que deliberadamente callaron la realidad de los hechos”.

La Inspección General de la Policía Nacional, mediante Resolución 111 del 12 de diciembre de 1997(19), al fallar en primera instancia el proceso penal seguido contra los policiales involucrados en los hechos que condujeron a la muerte del señor Fabio Augusto Reyes Flórez, en su parte considerativa, expresó:

“En cuanto a las circunstancias en que ocurrieron los hechos, el recaudo probatorio está diciendo que desde tiempo atrás por denuncia formulada por el señor Carlos Arturo Gasca Sepúlveda, se tenía conocimiento que uno de los vehículos transportadores de valores de la empresa Brinks de Colombia iba a ser objeto de un atraco y precisamente por ello la Unidad de Contra Atracos de la Dijin había empezado a montar vigilancias en la ruta 26 mimetizando personal de esa unidad en el camión de valores y fue así como a través de esas vigilancias se acentuó la creencia de que el asalto de iba a realizar (sic) para finales del mes de junio de 1996, más concretamente para el día viernes 28, disponiéndose un operativo con un personal de la Dijin…”.

“(…).

“Así las cosas, del análisis hecho al material probatorio recaudado lo único que queda es que los señores Fabio Augusto Reyes Flórez y Luis Alejandro Londoño Isaza, no eran ninguna clase de delincuentes sino humildes trabajadores que concurrían a cumplir su horario laboral y en el recorrido de la Avenida 68 a la empresa Interec fueron sorprendidos por el tableteo de las subametralladoras disparadas con ocasión del asalto que se estaba perpetrando sobre el camión de la Brinks, instintivamente corrieron para ponerse a salvo de las balas, pero fueron interceptados por los procesados (con excepción del CT González) quienes confundiéndolos con atracadores procedieron a darles muerte en forma inmisericorde y con sevicia, sin tener en cuenta que se encontraban indefensos…”.

El Tribunal Superior Militar en sentencia del 12 de octubre de 1999(20), al resolver el recurso de apelación de la sentencia proferida por el Inspector General de la Policía Nacional, consideró:

“Antes de proceder al examen de la decisión impugnada impera reiterar, conforme se dijo en pasada ocasión, que los hechos sucedieron en relación con el servicio porque existió un vinculo claro de origen cual fue la orden de trabajo dictada por el Jefe de la Unidad Contra Atracos de la DIJIN, tendiente a contrarrestar la acción de los delincuentes que pretendían asaltar un vehículo transportador de valores y en el operativo policial que culminó con la muerte de tres de los asaltantes que se enfrentaron a los uniformados, se presentó la extralimitación por algunos de los integrantes de la citada unidad especializada… (resaltado fuera de texto).

“…

“Del análisis conjunto tanto de la prueba testimonial como de la técnica se establece que, en verdad, los siete condenados tomaron parte en la ejecución del hecho y por tanto son coautores, es decir verdaderos autores del delito de homicidio que se juzgó y la responsabilidad aparece reprochable en la propia e individual culpabilidad.

“Suficientemente fue demostrado tanto en las diligencias de inquirir como en la audiencia, que los siete procesados dispararon sus armas en contra de los dos ciudadanos de quienes no se comprobó que fueran delincuentes y menos que hubieran disparado armas en ataque a los integrantes de la Sijin que actuaban en el procedimiento tendiente a lograr la captura de la banda de asaltantes a la empresa Brinks…”.

De otra parte, sobre la culpa personal del agente esta corporación(21) ha precisado:

“Por tanto, la Administración no responde de los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus funcionarios y agentes, es decir, la llevada a cabo absolutamente al margen de las funciones del cargo público; en una palabra, la realizada fuera del servicio público. En definitiva, el fenómeno jurídico de imputación de responsabilidad civil a la administración no se produce en aquellos supuestos de daños resarcibles en los que el funcionario se presenta frente al sujeto dañado en su calidad de persona privada, desprovisto, por tanto, de toda cualificación jurídico-pública”(22).

“… las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público. La simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro de su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública…”(23).

“Así las cosas, para establecer los límites entre el nexo con el servicio y la culpa personal del agente, se deben analizar y valorar las particularidades de cada supuesto concreto, como quiera que el vínculo instrumental, funcional u ocasional, por sí mismo no compromete, la responsabilidad patrimonial del Estado.

“Lo anterior, en la medida que el test de conexidad establecido en la providencia del 17 de julio de 1990, expediente 5998, tal y como se puntualizó en anterior oportunidad(24), no conduce inexorablemente a dar por acreditada la obligación de reparación en cabeza de la administración pública, habrá que examinar en cada caso concreto la especificidad de las circunstancias en que se materializan los hechos.

“Ahora bien, en cuanto se refiere a los daños ocasionados por miembros de la fuerza pública, la jurisprudencia ha precisado, entre otros aspectos, lo siguiente:

“Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer “si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público”. En el caso sub judice se acreditó que el arma utilizada por el agente no era de dotación oficial; se desconoce la motivación del hecho, por lo tanto, no puede afirmarse que el agente inculpado actuó frente a la víctima prevalido de su condición…”(25).

“Como se aprecia, en cada asunto específico se requiere estudiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los acontecimientos puesto que, a partir de ellas será que se define en qué casos se está en presencia de una culpa personal del agente o ante a un daño imputable al Estado”(26).

De la valoración del acervo probatorio relacionado anteriormente, se concluye, con absoluta claridad, que los policiales TE. Sergio Álvarez León, CT. Norberto Antonio Castañeda López, SI. Edgar Alexander Duarte Guio, PT. Pedro Alonso Toro Herrera, AG. Teófilo Rodríguez Torres, SI. Jairo Hernando Jiménez Morantes y PT. Jaime Alexander Sánchez collazos, al momento de ocurrencia de los hechos se hallaban en misión oficial y en prestación del servicio, lo que permite afirmar que en el presente caso no se configuró una ausencia de imputación del daño debido a la culpa personal del agente sino una clara y evidente falla del servicio, que terminó con la injusta muerte del señor Fabio Augusto Reyes Flórez.

Los hechos debidamente probados indican la existencia de la falla administrativa en la prestación del servicio, por lo siguiente: antes de la ocurrencia del suceso, la víctima transitaba tranquilamente hacia su lugar de trabajo, cuando fueron sorprendidos por las balas producidas por los policías que en su intento de evitar el asalto al camión de la empresa de valores Brinks le dieron muerte.

La Nación con su conducta vulneró varias normas jurídicas así: — el artículo 2º constitucional, sobre la protección a la vida de las personas, derecho reconocido en los tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Congreso, entre otros en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José aprobado por la Ley 16 de 1972 y ratificado el 31 de julio de 1973 (art. 4º); — el 6º: alusivo a la responsabilidad de los servidores por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones que en términos del artículo 90 ibídem ocasiona responsabilidad del Estado y el derecho de éste a repetir contra el agente cuando actúe con culpa grave o dolo; — el 216: en cuanto se utilizaron armas públicas con finalidad distinta de la defensa de una necesidad pública(27).

También debe quedar claro, que no hay prueba dentro del expediente que acredite que los disparos efectuados por los policías con los cuales resultó muerto Fabio Augusto Reyes Flórez, hubiesen tenido como propósito único y exclusivo repeler el peligro y la agresión de las cuales fueron víctima los agentes estatales.

El material probatorio valorado muestra que la muerte de Fabio Augusto Reyes Flórez, obedeció al actuar ilegítimo de los policías, quienes sin justificación alguna dieron muerte a unos transeúntes, sin que se encuentre acreditado que la víctima o su acompañante hubiese agredido a los agentes estatales, y que éstos no hubiesen tenido alternativa distinta que hacer uso de su arma de dotación para defenderse del ataque y para proteger la vida de las personas que se encontraban en el lugar.

En el caso concreto, se insiste, la evidencia pone de manifiesto que los agentes de policía le dispararon a Fabio Augusto Reyes Flórez haciendo un uso desproporcionado e injustificado de la fuerza, lo que configuró una falla del servicio, como quiera que se vulneró su derecho a la vida, que sólo puede ceder en estas situaciones o circunstancias, cuando se demuestre una legítima defensa o un estado de necesidad, pero siempre ponderando otro bien jurídico de igual rango, es decir, otra vida humana en términos de inminencia y urgencia.

Las circunstancias señaladas ponen de presente, sin duda alguna, que se le debe imputar a título de falla del servicio a la entidad demandada el daño antijurídico y por lo tanto, debe responder patrimonialmente.

2. La negativa al reconocimiento de perjuicios morales a los hermanos de la víctima.

De acuerdo con los artículos 18 y 19 de la Ley 92 de 1938, a partir de la vigencia de esa ley, es decir del 15 de junio de ese mismo año, tendrán el carácter de prueba principal del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimiento y adopciones que se verifiquen con posterioridad a ella, las copias autenticadas de las partidas del registro civil, expedida por los funcionarios competentes, pero a falta de los mismos podía suplirse por otros documentos auténticos, o por las actas o partidas existentes en los libros parroquiales, extendidas por los respectivos curas párrocos, respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas o muertas en el seno de la iglesia católica, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil que se trata, y en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de ese estado civil.

Estas disposiciones fueron derogadas con la expedición del Decreto 1270 de 1970, que comenzó a regir el 5 de agosto de 1970, pero allí se estableció en el artículo 105, que los actos relativos al estado civil posteriores a la vigencia de la Ley 92 de 1938, podrían probarse con copia de las correspondientes partidas o folios o con los certificados expedidos con base en los mismos, mientras que según el artículo 106, ninguno de los hechos actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas sujetas a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en dicha norma, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro.

De esta manera, a partir del Decreto 1260 de 1970, la prueba idónea del parentesco es el registro civil, documento público del cual se presume su autenticidad sin que los jueces puedan exigir prueba diferente(28).

Para esta Subsección es claro que desde la sentencia del 17 de julio de 1992, los perjuicios morales argüidos por los hermanos de la víctima se presumen. En efecto, se dijo en ese entonces que:

“En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles”.

Sin embargo,

“(…) la corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna razón para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales.

Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se han tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo normal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda sociedad (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afecta moral y sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la evidencien”(29) (resaltado fuera de texto).

Actualmente, la corporación viene reconociendo que la simple acreditación de la relación de parentesco existente permite presumir el dolor sufrido por los parientes, de modo que al allegarse al proceso los registros civiles de la víctima, y sus hermanos es suficiente para que se ordene el reconocimiento de perjuicios morales(30), de modo que al allegarse al proceso los registros civiles de los hermanos de la víctima eso es suficiente para que se ordene el reconocimiento de perjuicios morales.

De igual forma, esta corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:

“No obstante lo anterior, la Sala puede dar por probado el perjuicio moral en los actores con ocasión de la muerte de su hijo y hermano, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir(31) que el sufrimiento de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad”(32).

Así las cosas, los hermanos del señor Fabio Augusto Reyes Flórez, tienen derecho a que se le reconozca los perjuicios morales sufridos a causa de su muerte, en la cuantía que ahora se pasa a señalar, pues la entidad demandada no probó el debilitamiento de sus relaciones fraternales.

Por su parte, el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970, preceptúa:

“ART. 105.—Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1933, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos…”.

En el sub judice se probó el parentesco existente entre los demandantes y la víctima, pues con los certificados de los registros civiles que reposan en el expediente se tiene prueba de la existencia de once (11) hermanos del señor Fabio Augusto Reyes Flórez:

a) José Manuel Reyes Flórez(33)

b) María Eugenia Reyes Flórez(34)

c) Jaime Reyes Flórez(35)

d) Graciela Reyes Flórez(36)

e) Jorge Enrique Reyes Flórez(37)

f) José Odilio Reyes Flórez(38)

g) Esperanza Reyes Flórez(39)

h) Myriam Reyes Flórez(40)

i) Armando Reyes Flórez(41)

j) Alfonso Reyes Flórez(42)

k) Amparo Reyes Flórez(43)

Por otra parte, la entidad no desvirtuó la presunción de la aflicción, por lo que se concederán los perjuicios morales solicitados por la hermana de la víctima, los cuales se fijarán en 50 salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

En este orden de ideas, esta Subsección condenará al pago del valor equivalente a 50 SMLMV en favor de los hermanos de la víctima, modificando, en consecuencia, la decisión del a quo.

3. La cuantía reconocida como perjuicios morales

De conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, ha sido una constante posición jurisprudencial de la Sección, que en materia de perjuicios morales, el valor de la condena debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad(44).

En tal sentido, los perjuicios morales reconocidos a los familiares de la víctima cumplen con ese parámetro en la medida que se le otorgaron a los familiares más cercanos del señor Fabio Augusto Reyes Flórez, (padre, compañera permanente e hijos) el monto máximo de reconocimiento al mayor grado de intensidad por el dolor y congoja que les produjo su muerte y falsa sindicación hecha por los miembros de la Policía Nacional. Así las cosas, no encuentra la Sala, razón valedera que justifique un reconocimiento mayor al otorgado por el Tribunal, por cuanto, la suma concedida tuvo en cuenta la magnitud e intensidad del daño sufrido por los demandantes con la muerte del señor Fabio Augusto Reyes Flórez.

4. La cuantía reconocida como perjuicios materiales

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, reconoció los perjuicios materiales a la compañera permanente e hijos del señor Fabio Augusto Reyes Flórez, tomando como base el sueldo básico tomado de la certificación expedida por el gerente de relaciones industriales de la empresa Interamericana de Electrónica “Interec S.A.”, visible a folio 70, cuaderno 2 de pruebas, por valor de $ 178.500, adicionando el 25% equivalente a las prestaciones sociales. Sin embargo, el apoderado de la parte demandante, manifiesta su inconformidad con dicho valor por considerar que el a quo tomó una base salarial incorrecta al desconocer otros factores integrantes del salario del señor Fabio Augusto Reyes Flórez, y omitió otros ingresos que por prestación de servicios percibía éste hasta su fallecimiento.

La Sala, considera que para efectos de determinar el valor de dichas certificaciones(45) se debe recurrir al numeral 2º del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil(46), teniendo en cuenta que los mismos fueron aportados con la demanda y la parte demandada no solicitó su ratificación, ni fueron tachados de falsos.

En este orden de ideas, tenemos que la certificación expedida por la empresa Interec S.A., da cuenta del pago de distintos ítems, los cuales en su gran mayoría se encuentran cubiertos por el porcentaje equivalente al 25% del factor prestacional, no obstante, encuentra la Sala que el concepto correspondiente al incentivo promedio mes por valor de $ 81.000 debe ser considerado, como ingreso percibido por el señor Fabio Augusto Reyes Flórez, razón por la cual, al cálculo del sueldo básico mensual de $ 178.500, debe adicionarse dicho valor, lo que arroja como resultado la suma de $ 259.500, sumado el 25% correspondiente a las prestaciones sociales tenemos que el salario percibido por el señor Fabio Augusto Reyes Flórez, asciende a la suma de $ 324.375.

Ahora bien, la certificación expedida por el representante legal suplente de la empresa Intercontinental de Televisión Ltda.(47), da cuenta de una actividad complementaria llevada a cabo por el señor Fabio Augusto Reyes Flórez, relacionada con la distribución de correo directo por valor de $ 150.000, por tal razón, se tendrá en cuenta como un ingreso percibido por la victima sin carácter laboral, por provenir de una fuente distinta de la relación laboral con la empresa Interec S.A.

Así las cosas, se sumarán ambos conceptos (laborales y no laborales) para efecto de determinar los ingresos percibidos por el señor Fabio Augusto Reyes Flórez, así: ingresos laborales $ 324.375 más ingresos no laborales $ 150.000, para un total de $ 474.375, a dicho valor se reducirá un 25% correspondiente al porcentaje que dedicaba a sus gastos personales, para un total de $ 355.782, valor que deberá ser actualizado de conformidad con los índices de precios al consumidor, con base en las fórmulas aplicadas por la corporación:

Ra = Rh x Índice final

Índice inicial

Ra = 355.782 x 111.82 (dic. /2012)

35.62 (jun. /1996)

Ra = $ 1.116.887

Así las cosas, esta Subsección reconocerá perjuicios materiales, a título de lucro cesante, tanto consolidado como futuro, durante el periodo comprendido entre la fecha de los hechos y la fecha de la sentencia por una parte, y entre la fecha de la sentencia y la culminación de la expectativa de vida, por la otra, tomando como base la mitad del ingreso percibido por la victima como cifra a reconocer tanto a la compañera permanente como a los hijos:

4.1. Lucro cesante consolidado.

Se tiene entonces, que desde que la víctima sufrió las lesiones que le causaron la muerte (jun. 28/96)(48) y la fecha de la presente sentencia (ene./2013) han transcurrido un total de 200 meses, que será el lapso a indemnizar por lucro cesante consolidado al que tienen derecho la señora Sandra Patricia García Chávez (compañera permanente) Diana Carolina Reyes García (hija) Santiago Alexander Reyes García (hijo) y Zulay Andrea Reyes Fajardo (hija)(49).

Determinado el tiempo a ser indemnizado, se pasa ahora a liquidar a favor de la compañera permanente de la victima la señora Sandra Patricia García Chaves, para lo cual se tendrá en cuenta la mitad del salario base de liquidación $ 558.443; y para cada uno de los hijos el restante cincuenta por ciento (50%) se dividirá por partes iguales entre Diana Carolina Reyes García (hija) Santiago Alexander Reyes García (hijo) y Zulay Andrea Reyes Fajardo (hija) a razón de $ 186.147 como base de liquidación para cada uno.

Para la liquidación del período consolidado, se aplicará la fórmula matemático - actuarial utilizada por la jurisprudencia, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia.

S = Ra (1+ i)n - 1

i

4.1.1. Compañera Permanente (Sandra Patricia García Chaves).

S = $ 558.443 (1+ 0.004867)200- 1

0.004867

S = $ 188’253,512

El lucro cesante consolidado a favor de Sandra Patricia García Chávez equivale a la suma de $ 188.253.512

4.1.2. Hijos (Diana Carolina Reyes García, Santiago Alexander Reyes García y Zulay Andrea Reyes Fajardo).

S = $ 186.147 (1+ 0.004867)200- 1

0.004867

S = $ 62’750,945

El lucro cesante consolidado a favor de Diana Carolina Reyes García, Santiago Alexander Reyes García y Zulay Andrea Reyes Fajardo equivale a la suma de $ 62.750.945 para cada uno de ellos.

4.2. Lucro cesante futuro o anticipado.

4.2.1. Sandra Patricia García Chávez (compañera permanente): Para efectos de la liquidación del lucro cesante futuro, la esperanza de vida de una persona que tenía 38 años 9 meses y 23 días para la época de los hechos como es el caso sub lite, es de 38.64 años que corresponden a 463.68 meses. Para calcular el lucro cesante futuro, se habrá de sustraer de la expectativa de vida, el número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia, que como se dijo ad supra, corresponden a 200 meses, dando un total de 263.68 meses que será el lapso a indemnizar, tomando como valor el 50% de los ingresos del señor Fabio Augusto Reyes Flórez, equivalente a la suma de $ 558.443, por lucro cesante futuro al que tiene derecho la señora Sandra Patricia García Chávez.

S = Ra (1+ i)n – 1

i (1+ i) n

S = $ 558.443 (1+ 0.004867)263.68 - 1

0.004867 (1 + 0.004867)263.68

S = $ 82’739,973

Ahora bien, la Sala no comparte el criterio del a quo en cuanto reconoció el lucro cesante futuro a favor de Diana Carolina Reyes García y Santiago Alexander Reyes García hijos del señor Fabio Augusto Reyes Flórez, hasta el cumplimiento de la mayoría de edad y negó el reconocimiento a Zulay Andrea Reyes Fajardo, por haber alcanzado la mayoría de edad el 17 de junio de 1999, por cuanto, el criterio jurisprudencial actual(50) reconoce que la dependencia económica de los hijos respecto de sus padres se mantiene hasta los 25 años de edad. No obstante, Zulay Andrea Reyes Fajardo, cumplió los 25 años de edad el día 17 de junio de 2006, por lo que no se le reconocerá lucro cesante futuro a ésta. Por tal razón, sólo se reconocerá a Diana Carolina Reyes García y Santiago Alexander Reyes García el lucro cesante futuro, así:

4.2.2. Diana Carolina Reyes García (hija): El registro civil de nacimiento establece que nació el 26 de junio de 1989 (fl. 23, cdno. de copias 2) por tanto, tenía al momento del accidente (jun. 28/96) 7 años 2 días, es decir, 84 meses a los cuales habrá de sustraer el número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia, que como se dijo ad supra, corresponden a 200 meses, para un total de 116 meses que corresponden al periodo indemnizable, tomando como valor el 25% de los ingresos actualizados del señor Fabio Augusto Reyes Flórez, equivalente a la suma de $ 279.221, por lucro cesante futuro al que tiene derecho Diana Carolina Reyes García.

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

S = $ 279.221 (1+ 0.004867)116 - 1

0.004867 (1 + 0.004867)116

S = $ 24’704.623

4.2.2. Santiago Alexander Reyes García (hijo): El registro civil de nacimiento establece que nació el 5 de noviembre de 1993 (fl. 21, cdno. de copias 2) por tanto, tenía al momento del accidente (jun. 28/96) 2 años 7 meses 23 días, es decir, 31 meses a los cuales habrá de sustraer el número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia, que como se dijo ad supra, corresponden a 200 meses, para un total de 169 meses que corresponden al periodo indemnizable, tomando como valor el 25% de los ingresos actualizados del señor Fabio Augusto Reyes Flórez, equivalente a la suma de $ 279.221, por lucro cesante futuro al que tiene derecho.

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

S = $ 279.221 (1+ 0.004867)169 - 1

0.004867 (1 + 0.004867)169

S= $ 32’115.909

Así las cosas, esta Subsección modificará la Sentencia apelada por concepto de perjuicios materiales.

5. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En merito de los expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República (de Colombia) y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Confirmar el numeral primero de la sentencia del 10 de diciembre de 2002, proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Modificar el numeral segundo de la sentencia apelada, el cual

quedará así:

SEGUNDO: Condénese en consecuencia a Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, a reconocer y pagar a los demandantes los siguientes valores:

— Por concepto de perjuicios morales:

Para Manuel Reyes Velásquez (padre): 100 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

Para Sandra Patricia García Chávez (compañera permanente): 100 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

Para Diana Carolina Reyes García (hija): 100 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

Para Santiago Alexander Reyes García (hijo): 100 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

Para Zulay Andrea Reyes Fajardo (hija): 100 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

Para María Eugenia Reyes Flórez (hermana): 50 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

Para Jaime Reyes Flórez (hermano): 50 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

Para Graciela Reyes Flórez (hermana): 50 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

Para Jorge Enrique Reyes Flórez (hermano): 50 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

Para José Odilio Reyes Flórez (hermano): 50 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

Para Esperanza Reyes Flórez (hermana): 50 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

Para Myriam Reyes Flórez (hermana): 50 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

Para Armando Reyes Flórez (hermano): 50 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

Para Alfonso Reyes Flórez (hermano): 50 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

Para José Manuel Reyes Flórez (hermano): 50 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

Para Amparo Reyes de Navarro (hermana): 50 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

— Por concepto de perjuicios materiales:

Lucro cesante consolidado

Para Sandra Patricia García Chávez (compañera permanente): Ciento ochenta y ocho millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y tres pesos ($ 188.253.512).

Para Diana Carolina Reyes García (hija): Sesenta y dos millones setecientos cincuenta y un mil ciento catorce pesos ($ 62.750.945).

Para Santiago Alexander Reyes García (hijo): Sesenta y dos millones setecientos cincuenta y un mil ciento catorce pesos ($ 62.750.945).

Para Zulay Andrea Reyes Fajardo (hija): Sesenta y dos millones setecientos cincuenta y un mil ciento catorce pesos ($ 62.750.945).

Lucro cesante futuro o anticipado

Para Sandra Patricia García Chávez (compañera permanente): Ochenta y dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos dos pesos ($ 82.739.973).

Para Diana Carolina Reyes García (hija): veinte cuatro millones setecientos cuatro mil seiscientos veinte tres pesos ($ 24.704.623).

Para Santiago Alexander Reyes García (hijo): Treinta y dos millones ciento quince mil novecientos nueve pesos ($ 32.115.909).

TERCERO: Sin costas.

CUARTO: En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(3) Los hechos sucedieron el 28 de junio de 1996 y la demanda se presentó el 12 de junio de 1998, razón por la cual no hay caducidad de la acción.

(4) Sentencia del 9 de mayo de 2012, expediente 22891, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(5) “ART. 185.—Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

(6) Folios 241 a 311, cdno. 3.

(7) Folios 352 a 370, cdno. 3.

(8) Folios 110 a 133, cdno. 3.

(9) Folios 301 a 304, cdno. 4.

(10) Folios 305-307, cdno. 4.

(11) Folios 311-314, cdno. 4.

(12) Folios 330-334, cdno. 4.

(13) Folios 371-375, cdno. 4.

(14) Folios 382-386, cdno. 4.

(15) Folios 529-543, cdno. 4.

(16) Folios 541-551, cdno. 4.

(17) Ver, entre otras, sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3, del 19 de noviembre de 1998, expediente 12.124, 21 de septiembre de 2000, expediente 11766.

(18) Folios 113 y 114, cdno. de pruebas 1.

(19) Folios 229 y 298, cdno. de pruebas 1.

(20) Folios 120, 357 y 358, cdno. de pruebas 1.

(21) Ver entre otras las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera: expediente 17.633 del 14 de agosto de 2008, expediente 17.402 del 13 de noviembre de 2008, expediente 18.235 del 22 de abril de 2009 y expediente 18.455 del 7 de octubre de 2009.

(22) Sentencia de 16 de septiembre de 1999, expediente 10.922 Sección Tercera.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2005, expediente 15914.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 2008, expediente 17.896.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001, expediente 13.303.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de junio de 2011, expediente 20.703.

(27) Sentencia del 26 de septiembre de 2012, expediente 24.729, C.P. Olga Mélida Valle de de la Hoz.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 5 de 2012, radicación 23636; C.P. Olga Valle de De la Hoz.

(29) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 17 de julio de 1992; expediente 6750.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 25 de 2012, radicación 22708; C.P. Olga Valle de De la Hoz.

(31) Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. — La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con la ciencia sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico…” (Gustavo Humberto Rodríguez. Presunciones. Pruebas Penales Colombianas Tomo II. Ed. Temis, Bogotá 1970, pág. 127 y ss. Quiceno Álvarez Fernando. Indicios y Presunciones. Compilación y Estractos. Editorial Jurídica Bolivariana. Reimpresión 2002) (resaltado de la Sala).

(32) Sentencia del 24 de agosto de 2011, M.P. Dr. Enrique Gil Botero, expediente 20437.

(33) Reposa poder debidamente otorgado a folio 11, cuaderno 2; y certificado de registro civil de nacimiento a folio 2, cuaderno 2 de pruebas.

(34) Reposa poder debidamente otorgado a folio 2, cuaderno 2; y certificado de registro civil de nacimiento a folio 3, cuaderno 2 de pruebas.

(35) Reposa poder debidamente otorgado a folio 3, cuaderno 2; y certificado de registro civil de nacimiento a folio 4, cuaderno 2 de pruebas.

(36) Reposa poder debidamente otorgado a folio 4, cuaderno 2; y certificado de registro civil de nacimiento a folio 5, cuaderno 2 de pruebas.

(37) Reposa poder debidamente otorgado a folio 5, cuaderno 2; y certificado de registro civil de nacimiento a folio 6, cuaderno 2 de pruebas.

(38) Reposa poder debidamente otorgado a folio 6, cuaderno 2; y certificado de registro civil de nacimiento a folio 7, cuaderno 2 de pruebas.

(39) Reposa poder debidamente otorgado a folio 7, cuaderno 2; y certificado de registro civil de nacimiento a folio 8, cuaderno 2 de pruebas.

(40) Reposa poder debidamente otorgado a folio 8, cuaderno 2; y certificado de registro civil de nacimiento a folio 9, cuaderno 2 de pruebas.

(41) Reposa poder debidamente otorgado a folio 9, cuaderno 2; y certificado de registro civil de nacimiento a folio 10, cuaderno 2 de pruebas.

(42) Reposa poder debidamente otorgado a folio 12, cuaderno 2; y certificado de registro civil de nacimiento a folio 12, cuaderno 2 de pruebas.

(43) Reposa poder debidamente otorgado a folio 4, cuaderno 2; y certificado de registro civil de nacimiento a folio 5, cuaderno 2 de pruebas.

(44) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232-15.646, M.P. Alier Hernández Enríquez.

(45) Certificación del 13 de septiembre de 1996, expedida por el gerente de relaciones industriales de Interec S.A. y certificación del 7 de julio de 1997 expedida por el representante legal suplente de la sociedad Intercontinental de Televisión Ltda. Folios 70 y 71, cdno. de copias 2.

(46) “2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite rectificación”.

(47) Folio 71, cdno. de pruebas 2.

(48) Registro civil de defunción con indicativo serial 2274717 (fl. 1, cdno. de pbas. 2).

(49) Fueron aportados con la demanda declaración extra juicio sobre las relaciones de convivencia entre la señora Sandra García y el señor Fabio Augusto Reyes, registros civiles de nacimientos de los hijos (fls. 14-15, 21, 23 y 24, cdno. de pbas. 2).

(50) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 4 de octubre de 2007; expedientes acumulados 16058 y 21112.