Sentencia 1998-01792 de julio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad. 250002326000-1998-01792-01

Expediente: 27.714

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Sociedad Alfredo Macías y CIA. S. EN C.

Demandado: Nación - Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Referencia: Apelación sentencia – reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 3 de marzo de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, comoquiera que la demanda se presentó el 9 de junio de 1998 y la pretensión mayor la estimó en $ 401’338.612, por concepto de daño emergente, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 18’850.000(14).

2.1.2. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que el daño por cuya indemnización se demandó —según se indicó—, devino de la ocupación permanente de un inmueble de propiedad del demandante, a causa de trabajos públicos.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece el término de caducidad de las acciones ordinarias, entre ellas, la de reparación directa, la cual caduca al vencimiento del plazo de 2 años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento de hecho, omisión, operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o cualquiera otra causa (num. 8º).

En casos similares al presente, esta sección del Consejo de Estado, respecto del inicio del cómputo del término de caducidad, ha discurrido de la siguiente forma:

“En el campo de la indemnización por trabajos públicos o derivados de una obra igualmente pública, la fecha de ejecución cumple un papel decisivo como que permitirá, en principio, calificar la demanda como oportuna, dado que estas acciones de reparación directa, desde que empezó a regir el código contencioso administrativo adoptado por el Decreto 1 de 1984, tienen un término de caducidad de dos años contados a partir de la ejecución del trabajo o de la finalización de la obra pública, tal como lo dan a entender los artículos 86 y 136, inciso 4º del Código Contencioso Administrativo”(15).

Ahora bien, dentro del material probatorio que integra el proceso, obra certificación expedida el 20 de diciembre de 1999 por el gerente de interventoría del contrato de concesión del aeropuerto El Dorado Nº 010-OP adscrito a la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil, en la cual se hizo constar que “[l]a fecha en que se dio apertura al nuevo cauce del río Bogotá fue el día 28 de octubre de 1996”(16).

Por consiguiente, habida cuenta de que la presente acción está encaminada a obtener la indemnización de los perjuicios irrogados al actor por la ocupación de un inmueble de su propiedad a causa de trabajos públicos —concretamente por el desvío del cauce del río Bogotá que afectó el referido inmueble—, el cómputo de caducidad de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, debe contarse a partir del día siguiente a aquel en que finalizó la obra pública, esto es desde el 28 de octubre de 1996 y, comoquiera que la demanda se presentó el 9 de junio de 1998, se impone concluir que la misma se interpuso dentro de la oportunidad establecida para tal efecto.

2.2. Objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis respecto del objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, resulta necesario precisar que en el presente asunto no hay lugar a tramitar el grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo(17), según el cual las sentencias que impongan una condena en concreto a cargo de cualquier entidad pública deberán consultarse para ante el superior cuando no fueren apeladas, pero siempre que el proceso tenga vocación de doble instancia en razón de su cuantía y en cuanto la condena impuesta a la entidad pública demandada fuere superior al monto equivalente a 300 salarios mínimos mensuales legales o que la sentencia que no fuere apelada hubiere sido proferida en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem.

De conformidad con lo anterior, se advierte que en el presente asunto resulta improcedente el trámite del grado jurisdiccional de consulta, habida cuenta que, por una parte, tal y como lo ha manifestado la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación(18), la sola interposición del recurso de apelación respecto de la sentencia condenatoria excluye, per se, el mencionado grado jurisdiccional, independientemente de cuál hubiere sido la parte que formuló la impugnación y, de otra, en este caso la condena en contra de la entidad demandada fue en abstracto.

Ahora bien, resulta necesario precisar, ab initio, que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante está encaminado, como se indicó, a que se tenga en cuenta el dictamen pericial obrante en el proceso para el cálculo de la indemnización, ello con el fin de que se aumenten los valores reconocidos por el a quo y a que se reconozcan los perjuicios por lucro cesante en la forma en que se solicitó en la demanda.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora se encuentra limitado a los puntos específicos antes indicados, consideración que cobra mayor significado en el sub lite si se tiene presente que en cuanto corresponde a los demás asuntos del fallo impugnado, incluyendo la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, la propia parte recurrente manifestó su complacencia y se abstuvo de cuestionar en esas materias la sentencia de primera instancia, amén de que el silencio y la pasividad de la parte demandada evidencian su conformidad para con la totalidad del fallo, incluidos los aspectos que se dejan señalados.

Al respecto, conviene recordar que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con las propias consideraciones del recurrente, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:

“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. (...)”. (Negrillas adicionales).

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo(19).

Así las cosas, comoquiera que la declaratoria de responsabilidad del tribunal a quo respecto de la entidad demandada no fue objeto de ataque o cuestionamiento o impugnación por la propia entidad demandada, ni tampoco por la parte actora, pues la recurrente no controvierte tal extremo en la apelación interpuesta, ninguna precisión efectuará la Sala en relación con el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, ni en cuanto a la concurrencia, en el mismo, de los elementos constitutivos del régimen respectivo, de manera que los referidos son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión que profirió el tribunal a quo(20).

En conclusión, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, procederá a examinar y a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, claro está, en lo circunscrito al objeto de este.

2.3. Elementos probatorios pertinentes para establecer los perjuicios irrogados a la sociedad demandante.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso, entre otros, los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica de la escritura pública Nº 4261 del 22 de noviembre de 1984 otorgada en la Notaría 15 del Circuito de Bogotá, por medio de la cual la sociedad Alfredo Macías y Cía. S. En C. adquirió el dominio y posesión de un predio rural ubicado en el municipio de Funza, Cundinamarca, denominado Lote Catama B, con un área total de 70.445 metros cuadrados(21).

— Copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria Nº 841123 inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, correspondiente al predio Catama Lote B, en la cual figura en la anotación Nº 1 la venta del bien antes referida(22).

— Dictamen pericial rendido por los peritos ingenieros civiles, señores Jaime López Ríos y Álvaro López Paredes, quienes previa posesión, rindieron su experticio mediante escrito presentado ante el Tribunal a quo el día 21 de marzo de 2000. Esa prueba pericial arrojó, entre otras, la siguiente información:

“a. Ubicación del predio.

Se trata de un lote de terreno ubicado al noroccidente del Aeropuerto el Dorado, de Bogotá, de 72.490 m2 localizado al costado occidental del nuevo cauce del río Bogotá y colindando con este en una longitud de 220 ML cuyos linderos son:

“(...).

“b. Distancia entre el nuevo cauce del río Bogotá y el lindero sur oriente del predio Catama Lote B.

La distancia del nuevo cauce del río Bogotá y el lindero sur oriente del predio Catama Lote B, no existe o es cero, dado que es colindante y por lo tanto no hay distancia alguna. (...).

c. No existe franja delimitada o señalizada para protección y manejo del río entre la ribera y el lindero sur-oriental del Predio Catama Lote B.

d. La distancia entre el antiguo cauce del río Bogotá y el lindero sur oriente del predio Catama Lote B, de acuerdo al plano protocolizado y cotejándolo con el plano de zonificación del municipio de Funza, es de 1.418,65 metros aproximadamente.

e. La extensión superficiaria del Predio Catama Lote B, afectado por la ronda de trescientos metros del nuevo cauce del río Bogotá, está gratificada en el plano de levantamiento topográfico anexo como área 1 y tiene una superficie de 21.534,11 m2.

f. La contaminación ambiental del predio Catama Lote B, causada por la colindancia y determinada por los factores contaminantes tales como: gases tóxicos, olores putrefactos, presencia de moscas y ratas, insalubridad, fatiga por malos olores, la podemos clasificar así:

1. Alteración en la calidad de las aguas, 2. Alteración en suelos, 3. Alteración en la vegetación, 4. Alteración atmosférica, 5. Alteraciones por ruido.

g. Valor comercial o precio promedio actual de la fanegada de tierra en el sector o zona de ubicación del predio Catama Lote B de predios no afectados por la ronda. Para lo cual se tuvo en cuenta lo siguiente:

1. Localización del sector. Se localiza en el área rural del municipio de Funza, en la vereda La Florida al occidente de Bogotá. Las vías de acceso son las siguientes (...).

2. Características del sector. El sector de localización presenta una topografía plana de uso agrícola con cultivos de zanahoria, legumbres y especias típicas de la sabana de Bogotá, también se desarrolla el uso ganadero y lechero y vivienda de tipo campesino y tipo recreativo. (...).

3. Servicios públicos. a) acueducto se suple con carrotanques o con pozos profundos, b) alcantarillado se suple con pozos sépticos, c) energía eléctrica, a la entrada de Catama Lote B se encuentra trasformador para este servicio, d) red telefónica, no tiene este servicio.

4. Potencial desarrollo. Este está ligado al uso de la tierra que anteriormente hemos descrito y que facilita el acceso por las dos vías principales (mencionadas anteriormente). En el capítulo II hacemos la evolución correspondiente a toda la reglamentación oficial referida al sector rural del municipio de Funza.

5. Situación inmobiliaria y encuestas de precios de la fanegada de tierra en el sector. Los estudios dicen como todos sabemos que la situación económica del país es bastante difícil y que el sector inmobiliario ha sido uno de los más golpeados por esta recesión en los últimos años, es por eso que se ha evidenciado el estancamiento de propiedades, sino en algunos casos la reducción de los mismos.

Para el sector que estamos analizando y de acuerdo a sondeos en la zona de valorización se puede considerar estable (predios no afectados por la ronda), sin embargo esos mismos sondeos en las veredas Florida, cerrito y el hato sobre la vía cercana a Siberia (calle 13) y vías de penetración aledañas se encuentran en predios para la venta, similares no afectados por la ronda del río Bogotá, investigación esta que también tuvimos en cuenta.

6. Conclusión: Tomando en cuenta todos los factores enumerados anteriormente, llegamos a la conclusión de establecer un precio de ciento sesenta millones ($ 160’000.000 M/cte.) por fanegada, para terrenos no afectados por la ronda del río Bogotá, ubicados en la misma zona.

h. El valor comercial de la parte o área afectada por la ronda del río Bogotá del predio Catama Lote B, teniendo en cuenta el punto anterior es el siguiente:

Habiendo dado el valor comercial de la fanegada de tierra en el sector y zona de ubicación del predio Catama Lote B, de predios no afectados por la ronda, le damos como precio de fanegada al predio Catama Lote B el mismo del sector, es decir de $ 160’000.000 por fanegada, definiendo que es la parte o área afectada por la huella ronda del río Bogotá, del predio Catama Lote B, según plano de levantamiento topográfico tenemos:

XXXX SENTENCIA 1998-01792 1

Son: Quinientos treinta y ocho millones trescientos cincuenta y dos mil pesos m/cte.

i. El monto de la desvalorización de la parte afectada por el predio por la nueva ronda del río Bogotá y como consecuencia de esta por las limitaciones establecidas de uso del suelo por el Acuerdo 2 de enero 24 de 1997 del Concejo Municipal de Funza y en sus artículos 19 y 20 es el siguiente:

Después de la relocalización del río Bogotá, el sector rural de reserva hídrica corresponde en este caso a la ronda del río Bogotá, en las zonas que le pertenecen al municipio de Funza, esta franja será de 300 metros mínimo para el río Bogotá y se denomina como zona de ronda hídrica y de protección ambiental del río Bogotá, razón por la cual se genera una desvalorización y pérdida en el valor económico de la mencionada propiedad. (También hacemos referencia a los análisis de desvalorización del terreno por normatividad en el punto 2-4).

Por todas las consideraciones citadas y estudiadas, la desvalorización de la parte afectada del predio por la nueva ronda del río Bogotá y por las limitaciones establecidas para el uso del suelo y por la nueva servidumbre impuesta para el manejo del canal del río Bogotá, llegamos a la siguiente conclusión:

Valor comercial sin afectación de la zona afectada, área a-1 del plano de levantamiento topográfico son:

3,3647 F X $ 160’000.000 = $ 538’352.000.

La desvalorización por normatividad es de:

50% X $ 538’352.000 = $ 269’176.000

Son: Doscientos sesenta y nueve millones ciento sesenta y seis mil pesos m/cte.

j. La desvalorización del predio Catama Lote B causada por la contaminación, el impacto y deterioro ambiental causado por el nuevo cauce y desvío de las aguas del río Bogotá, está referida, descrita y analizada en el punto 2-2 y teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, llegamos a la conclusión que dicha desvalorización alcanza la siguiente cifra:

Desvalorización por contaminación del medio ambiente:

25% X $ 538’352.000 = $ 134’588.000.

Son: Ciento treinta y cuatro millones quinientos ochenta y ocho mil pesos M/cte.”(23) (destacados adicionales).

Del anterior dictamen pericial se dio traslado a las partes mediante proveído de fecha 24 de abril de 2000, término durante el cual la parte demandante formuló una solicitud de aclaración, al tiempo que la parte demandada lo objetó por error grave, dichas solicitudes fueron aceptadas por el a quo a través de auto de 6 de junio de 2000. Dentro del término concedido, los peritos manifestaron, entre otros aspectos, lo siguiente:

“Revisando nuestro dictamen pericial, encontramos que los cálculos hechos por desvalorización en las páginas 16-17, se refieren únicamente a la parte afectada, señalada en el plano como: Área 1. Ciertamente el área 2 del mismo plano venía siendo afectada por las mismas reglamentaciones dada su vecindad natural con el antiguo cauce del río Bogotá, por tal motivo no la tuvimos en cuenta.

Pero el nuevo cauce del río Bogotá la afecta nuevamente, directamente contra la ribera del canal, ya que actualmente sigue participando de la afectación anterior de los 300 metros, pero debemos agregarle la nueva afectación, el nuevo cauce del río colinda con el predio Catama Lote B, estableciendo con este predio una ribera de 220.05 metros, en consecuencia sufre nueva afectación de 30 metros exigidos para la CAR.

En consecuencia, a las afectaciones ya calculadas para el área 1 debemos sumarle la nueva afectación para el área 2, así:

— Monto de la nueva desvalorización sufrida por el área 2 del plano topográfico anexo, por el nuevo cauce del río Bogotá. Los acuerdos del Concejo Municipal de Funza y el Decreto 102 de 1998 de la Alcaldía de Funza decretan una franja de 30 metros paralela al río Bogotá, para el uso de la CAR, con restricciones de uso.

En la práctica esta franja de terreno quedó automáticamente fuera del mercado de finca raíz, porque adicionalmente no pude ser construido ni explotado en labores agrícolas, conservando su propietario su derecho de propiedad. En tales condiciones estimamos que efectivamente su desvalorización alcanza 90%, así:

“220.05 X 30 = 6.601,5 = 1.031 (fanegada).

Valor comercial con afectación anterior por el antiguo cauce del río Bogotá: 1.031 X $ 160’000.000 X 50% $ 82’480.000.

Monto nueva afectación por nuevo cauce del río Bogotá:

$ 82’480.000 X 90% $ 74’232.000.

Resumen general:

Área 1. Desvalorización por ronda río: $ 269’176.000.

Desvalorización por medio ambiente: $ 134’588.000.

Área 2. Desvalorización por servidumbre $ 74’232.000.

Desvalorización Total: $ 477’996.000”.

De la anterior complementación y aclaración se dio traslado a las partes mediante auto del 25m de enero de 2001, quienes no se guardaron silencio.

La anterior objeción por error grave formulada por la parte demandada fue resuelta en la sentencia de primera instancia en el sentido de “desestimar el dictamen”, con fundamento en el siguiente razonamiento:

“Analizado el experticio efectivamente encuentra la Sala que este presenta inconsistencias en relación con la evidencia sobre el sustento de las afirmaciones y conclusiones a que llegan los peritos, en cuanto al área realmente afectada de los predios y no establecer los factores de desvalorización, pues nada se dice sobre cuál era la actividad económica agrícola y ganadera de los predios antes y actualmente para poder determinar el verdadero perjuicio por la limitación a la explotación económica de los mismos. En consecuencia, esto genera que lo dictaminado no de la certeza ni la precisión suficiente, por lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, al no tener la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, esta Sala lo desestimará”(24).

2.4. Perjuicios materiales.

2.4.1. Daño emergente.

Las nociones de daño emergente y lucro cesante se hallan consagradas en el artículo 1614 del Código Civil, a cuyo tenor:

“Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento” (Destacado fuera del texto original).

El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad —para el afectado— de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que se haga su valoración.

Tratándose de la ocupación permanente de inmuebles por la ejecución de obras o trabajos públicos, lo anterior quiere significar que una vez probada la concurrencia de los elementos exigidos para que se declare la responsabilidad del Estado, procede la valoración de los perjuicios que pueden consistir tanto en el daño emergente —entendido como el precio del inmueble ocupado—, cuanto en el lucro cesante —los ingresos que el propietario del inmueble ocupado dejó de percibir a consecuencia de su ocupación(25). En este sentido, ha sostenido la Sala:

“La indemnización de los perjuicios causados con ocasión de la ocupación permanente de un inmueble debe atender a los principios de reparación integral del daño.

Esto significa que el juez administrativo, ante la prueba de una ocupación permanente por parte de la administración y de los perjuicios causados con aquella, al demandante, no debe limitar su condena al pago del valor del inmueble, con exclusión de otros eventuales perjuicios siempre que resulte probados.

En otras palabras, los conceptos de daño emergente y lucro cesante se imponen en el proceso administrativo de reparación directa por ocupación de hecho, siempre que el demandante los haya pedido y acreditado en el curso del proceso”(26).

Con fundamento en todo lo anterior, estima la Sala que, cuando la prueba pericial evidencia, como en el sub lite, tal grado de inconsistencia en cuanto a la carencia de fundamentos serios en los cuales fundamente sus conclusiones, dentro de la facultad que le asiste para valorar toda la comunidad probatoria recaudada de conformidad con las reglas de la sana crítica, puede prescindir de una experticia técnica rodeada de semejantes singularidades. Así se desprende de lo preceptuado por los artículos 237, numeral 6º y 241 —inciso 1º— del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:

“ART. 237.—Práctica de la prueba. En la práctica de la peritación se procederá así: (...)

“6. El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones. (...)

“ART. 241.—Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y claridad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”.

Solo al juez, en consecuencia, corresponde apreciar cuál es la fuerza de convicción que debe reconocerle al dictamen, sin que esté obligado a aceptarlo cuando no reúna los requisitos legalmente exigidos para su validez y eficacia. Una sujeción absoluta, inopinada y acrítica respecto de la pericia convertiría al juez en un autómata y a los peritos en verdaderos decisores de la causa.

En este caso, el avalúo comercial que fue establecido en el dictamen pericial obrante en el proceso no otorga certeza sobre el concepto que emite, pues el mismo se limitó a indicar el valor de fanegada para el año 2.000 en la suma de $ 160’000.000 sin explicar los fundamentos que permitieron establecer ese valor y sin que se allegaran los soportes técnicos necesarios que produjeron esa conclusión. Así pues, la experticia se limita a emitir su concepto sin explicar las razones que lo condujeron a ese resultado, pues no se allegaron los estudios y/o soportes a los cuales alude el dictamen; tampoco en la aclaración del peritazgo se precisaron los fundamentos de sus conclusiones.

Así las cosas, para la Sala el dictamen no resulta en modo alguno suficiente y, por ello, carece de eficacia probatoria, pues no se hizo razonamiento alguno sobre los motivos que permitieron realizar el avalúo comercial de los predios afectados, cuestión que –se reitera–, revela a dicho dictamen como insuficiente en relación con los aspectos sobre los cuales debió versar.

Por consiguiente, la Sala confirmará la condena en abstracto impuesta por el tribunal de primera instancia; sin embargo, se ordenará que el cálculo del valor de los predios afectados mediante el trámite incidental se realice con base en el avalúo catastral que tales predios tenían para el 28 de octubre de 1996, día en que se dio apertura al nuevo cauce del río Bogotá(27); adicionalmente, dicho valor deberá ser actualizado a la fecha de la providencia que resuelva el respectivo incidente.

2.4.2. Lucro cesante.

Tratándose de supuestos de ocupación permanente de inmuebles por parte de la Administración, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que,

“En el evento de la ocupación de inmuebles por trabajos públicos, si se solicita el pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación debidamente indexado, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada, luego el único lucro cesante susceptible de reconocerse será la rentabilidad del dinero. No es posible entonces solicitar al mismo tiempo que la compensación indemnizatoria (daño emergente) y su rentabilidad (lucro cesante), el pago de lo que el terreno hubiere dejado de producir”(28).

La Sala se remite a la precisión jurisprudencial que se acaba de traer a colación, de acuerdo con la cual si en la demanda se solicita el pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación, debidamente indexado, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada, de manera tal que el único lucro cesante susceptible de reconocerse será la rentabilidad del dinero. Por lo tanto, no es posible solicitar al mismo tiempo la compensación indemnizatoria (daño emergente) —con su correspondiente rentabilidad (lucro cesante)— y el pago de lo que el terreno hubiere dejado de producir.

Así las cosas, respecto del pago de intereses deprecados en la demanda, advierte la Sala que si bien el actor va a recibir el valor equivalente al valor comercial del terreno a la fecha de 28 de octubre de 1996 debidamente actualizado para la fecha en que se resuelva el incidente de liquidación de la condena, con el propósito de que se le repare integralmente el daño sufrido, tiene derecho, también a título de lucro cesante, a que se le reconozcan los intereses que pudo percibir sobre ese capital desde el 28 de octubre de 1996, fecha en la cual empezó el vertimiento de aguas negras sobre sus predios, hasta la fecha de la providencia que liquide el incidente de liquidación de perjuicios.

Con este reconocimiento se reitera la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que el interés puro legal se reconoce a título de lucro cesante, porque busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hace parte de la indemnización integral y es compatible con la indexación(29).

En consecuencia, en el trámite incidental se deberá liquidarlos a la tasa del 6% anual (Código Civil, art. 2232), sobre el valor que resulte acreditado dentro del plenario como daño emergente.

2.4.3. Traslado de la propiedad de los predios ocupados al Estado.

La Sala dispondrá que la presente sentencia sirva de título traslaticio de dominio en favor de la Nación - Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, respecto del predio ocupado, para lo cual se enviará una copia de ella a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá con el fin de que sea inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 841123. Lo anterior en aplicación del artículo 220 del Código Contencioso Administrativo, a cuyo tenor: “[s]i se tratare de ocupación permanente de una propiedad inmueble, y se condenare a una entidad pública, o a una entidad privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título translaticio de dominio”.

2.5. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 3 de marzo de 2004, la cual quedará así:

1º) Declarar administrativamente responsable a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, por los daños causados a la sociedad demandante, como consecuencia de la afectación de los predios de su propiedad ubicados en el municipio de Funza - Cundinamarca, por la relocalización del cauce del río Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta sentencia.

2º) Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, a reconocer y a pagar por concepto de indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, el valor del metro cuadrado dado por el avalúo catastral que tal predio tenía para el 28 de octubre de 199; dicho valor deberá ser actualizado a la fecha de la providencia que resuelva el respectivo incidente.

En la modalidad de lucro cesante se reconocerá y pagará tomando como base el valor que resulte probado como daño emergente, al cual se le aplicará la tasa del 6% de interés anual, contada a partir del 28 de octubre de 1996 hasta la fecha de la providencia que resuelva el incidente.

3º) Dispónese que la presente sentencia sirva de título traslaticio de dominio en favor de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, para lo cual se enviará una copia de ella a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá con el fin de que sea inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 841123, de conformidad con el artículo 220 del Código Contencioso Administrativo.

2. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

3. Sin condena en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(14) Decreto 597 de 1988.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de mayo de 1994, Expediente Nº 8.789; Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, Actor: Jorge Ovidio Ríos Mesa; Demandado: municipio de Girardot, reiterada en la sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente Nº 15.351, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras.

(16) Fl. 346 cdno. 2.

(17) “ART. 184. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas”.

(18) Al respecto consultar, por ejemplo, sentencia proferida el 14 de septiembre de 2011, Exp. 21.329, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(19) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso.” (Negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pág. 106.

(20) En este mismo sentido consultar, entre otras sentencias, las proferidas el 14 de septiembre de 2011, Exp. 21.329, el 26 de enero de 2011, Exp. 20.955 y el 23 de abril de 2009, Exp. 17160, todas con ponencia del magistrado, doctor Mauricio Fajardo Gómez.

(21) Fls. 2 a 6 cdno. 2.

(22) Fl. 14 cdno. 2.

(23) Fls. 1 a 22 cdno. 3.

(24) Fls. 182 cdno. Ppal.

(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005); Radicación: 52001-23-31-000-1993-05663-01(13643); Consejero Ponente: Germán Rodríguez Villamizar.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 11.783; M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(27) En ese mismo sentido consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2012, Exp. 24.792.

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de abril tres (3) de mil novecientos noventa y siete (1997); Radicación: 9718; Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque.

(29) Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, Exp. 17.616, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En aquella oportunidad dijo la Sala: ‘Ha entendido la doctrina que si un crédito reajustado en función de la depreciación sufrida entre la fecha en que se causó la obligación y el pago, se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa, porque, esta clase de intereses incluye un ‘plus’ destinado a recomponer el capital. No se excluyen entre si los rubros de devaluación e intereses puros puesto que tienen causas diferentes: los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital (lucro cesante), en tanto que la compensación por depreciación monetaria se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño originado en signo monetario envilecido (daño emergente). Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. Por eso no sería equitativo evaluar y cobrar esta clase de intereses. De allí que comparte la Sala que si se realizan reajustes del crédito, el interés debe ser un interés puro exclusivamente retributivo del precio del uso del capital que es lo que ha dejado de ganar el acreedor por la falta de inversión de sus fondos excluyendo el plus del interés que tiene otra función. Toda indemnización debe ser integral y completa, de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no solo el rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con la que pretende pagar. En este orden de ideas el equilibrio o la justeza de la indemnización debe mostrar esta o similar ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del perjuicio, más intereses hasta que el pago se efectúe, más devaluación”.