Sentencia 1998-01945 de septiembre 21 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUB-SECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-1998-01945-01 (22338)

Consejera ponente:

Dra. Olga Mélida Valle De La Hoz

Actor: Corporación Nuevo Municipio

Demandado: Nación - Consejo Nacional de Planeación Económica y Social - Corpes y otro

Bogotá, D.C., septiembre veintiuno de dos mil once.

EXTRACTOS: II. Consideraciones

La Sub-Sección pasa a argumentar las razones por las cuales se confirmará la decisión del a quo. Para ello analizará, 1. La competencia de la Sala. 2. Hechos probados. 3. Problema jurídico. 4. La excepción de cosa juzgada. 4.1. Generalidades sobre la cosa juzgada en materia contenciosa administrativa y 5. El caso concreto.

1. Competencia.

En este caso, al momento de presentación de la demanda, 30 de junio de 1998(17), el proceso tenía vocación de doble instancia, toda vez que como pretensión mayor se solicitó por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante) la suma de $ 95’799.200. y para esa fecha la cuantía requerida para la doble instancia en procesos contractuales era de $ 18.850.000. conforme a lo dispuesto en el Decreto 597 de 1988.

2. Hechos probados.

Está probado dentro del expediente lo siguiente:

2.1. La existencia del Contrato CO-288 de 1994 suscrito el 13 de diciembre de 1994, entre la Fiduciaria del Estado S.A., en su calidad de fiduciaria de los recursos del Fondo de Inversiones para el Desarrollo Regional del Centro Oriente Colombiano, y la Corporación Nuevo Municipio cuyo objeto consistió en elaborar y/o ajustar los planes de desarrollo de 11 municipios del departamento de Cundinamarca (Cáqueza, Tausa, Gachetá, Yacopí, Sopó, Chaguaní, Útica, Quetame, Cota, Une y Manta), teniendo en cuenta las características particulares de cada una de dichas entidades territoriales. Cada plan debía elaborarse teniendo en cuenta el programa de gobierno del alcalde de la respectiva municipalidad elegido el 30 de octubre de 1994, y debía comprender un plan general, un plan de ordenamiento territorial urbano y rural, los programas y proyectos derivados, y el plan de inversiones, todo lo cual debía hacerse utilizando la metodología y las herramientas señaladas en el contrato(18).

2.2. En la cláusula 9ª del citado contrato, se estipuló el término de duración del contrato en tres (3) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación, la cual sería firmada al momento del recibo del anticipo. De la misma manera se dispuso en la cláusula undécima que el interventor del contrato sería el director del Corpes Centro Oriente o su delegado y se tendrían en cuenta la opinión de los alcaldes, así como la del jefe del departamento administrativo de planeación del departamento de Cundinamarca.

2.3. Se convino una cláusula penal consistente en que en caso de incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso de las obligaciones: el contratista pagará a la Fiduciaria a título de pena la suma equivalente al 10% del valor total del contrato sin perjuicio de que esta, si así lo considera necesario, pueda exigir el cumplimiento de la obligación principal y/o la indemnización de perjuicios dados por el incumplimiento del contratista.

2.4. El 14 de enero de 1995, se suscribió el acta de iniciación del contrato(19).

2.5. El 7 de febrero de 1995 la Corporación Nuevo Municipio entregó al director del Corpes - Centro Oriente, un documento titulado “primer informe de avance”, al 31 de enero, dentro del cual se relacionan como actividades desarrolladas la integración del equipo de trabajo, el contacto inicial con los municipios, la actualización al personal propuesto, la presentación del proyecto a las entidades territoriales en el Centro Internacional Baviera(20).

2.6. El 16 de marzo de 1995 se suscribe por parte del grupo de interventores el Oficio 7941 dirigido al director del Departamento Administrativo de Planeación de Cundinamarca en su calidad de interventor del contrato, en donde se le informa las condiciones en que se encuentra el proyecto del plan de desarrollo, se hacen algunas recomendaciones y manifiestan que el grupo interventor consideró que “solo una vez adoptadas las recomendaciones sugeridas podrá dar su concepto favorable”(21).

2.7. El 11 de abril de 1995 el grupo de interventores remite comunicación a la directora de la Corporación Nuevo Municipio, en donde le recuerdan que el vencimiento del contrato se vence el próximo 14 de abril y que para esa fecha deberá haberse cumplido con las cláusulas quinta, sexta y duodécima del mencionado contrato(22).

2.8. Lo anterior conllevó a que la directora de la Corporación Nuevo Municipio en Oficio 8137 fechado 12 de abril de 1995, dirigido a la directora del Corpes Centro - Oriente, solicita entre otras consideraciones, una prórroga del contrato hasta el 27 de abril y se permite invitarla a una reunión en la que se hará entrega de los planes de desarrollo a los respectivos alcaldes(23).

2.9. El 27 de abril de 1995 la directora de la Corporación Nuevo Municipio, solicita a la directora del Corpes Centro - Oriente, una nueva prórroga del Contrato CO-288 de 1994 hasta el cinco (5) de mayo de 1995(24).

2.10. De conformidad con lo anterior, el 27 de abril de 1995 se suscribe un otrosí a través del cual se decide prorrogar hasta el cinco (5) de mayo de 1995, la duración del contrato de consultoría CO 288 de 1994, término dentro del cual el contratista se compromete a cumplir con el objeto del mencionado contrato(25).

2.11. El 3 de mayo de 1995 las partes contratantes suscriben acta, a través de la cual suspenden el término de duración del Contrato CO 288 de 1994 y prorrogan la vigencia del mismo hasta el 15 de agosto de 1995, fecha en la cual el contratista debe hacer la entrega completa del estudio objeto del presente contrato(26).

2.12. El 17 de octubre de 1995, el Corpes - Centro Oriente citó a la representante legal de la Corporación Nuevo Municipio a una reunión a efectos de llevar a cabo la liquidación del citado contrato. Y en respuesta a dicho requerimiento el 20 de octubre del mismo año, la Corporación Nuevo Municipio dirige comunicación al Corpes - Centro Oriente, donde plantea entre otras consideraciones, que “De acuerdo al grado de cumplimiento se efectuaría el pago. Este porcentaje se aplicarla sobre el 10% del valor del contrato tal y como lo estipula la cláusula 13 del mismo y como lo establece el equilibrio económico en el nuevo régimen de contratación”(27).

2.13. El 30 de noviembre de 1995 la directora regional de planificación del Corpes - Centro Oriente, dirige comunicación a la directora de la Corporación Nuevo Municipio en donde le comunica varios aspectos del contrato en referencia y que ante el no ánimo conciliatorio por parte de dicha entidad, le manifiesta que está remitiendo a la Fiduciaria del Estado la propuesta verbal que el Corpes presentó ante ustedes, para que esa entidad financiera en su calidad de contratante proceda a la liquidación final del contrato(28).

2.14. El 30 de enero de 1996 la directora ejecutiva de la Corporación Nuevo Municipio envía comunicación a la directora del Corpes Centro - Oriente en donde informa que en “aras de lograr una conciliación definitiva para dar por terminado el contrato de la referencia, nos permitimos proponer se lleve a cabo un arbitraje sobre los productos finales, para lo cual proponemos el nombre del doctor Gustavo Lleras, asesor técnico de esa importante entidad”(29).

2.15. Con fundamento en lo anterior el 31 de enero de 1996 se suscribe el acta de conciliación respectiva en la cual se acuerda designar al ingeniero Gustavo Lleras De la Cruz como árbitro técnico, para que con base en los documentos identificados más adelante, rinda concepto sobre el cumplimiento o incumplimiento del contratista en cuanto al contenido y calidad del informe final presentado por el contratista. En el numeral 4º de la citada acta se establece que “Las partes, así mismo acuerdan aceptar sin ninguna restricción el concepto y las recomendaciones rendidas por el ingeniero Lleras de la Cruz(30).

2.16. Fue así como en cumplimiento del anterior requerimiento, el 29 de marzo de 1996 el ingeniero Lleras de la Cruz rinde su concepto y en apartes del mismo concluye lo siguiente: 7. De lo anteriormente establecido se deduce que el contratista “Corporación Nuevo Municipio” incumplió con el objeto y alcance del Contrato CO-288 de 1994 suscrito con la Fiduciaria del Estado S.A. - Corpes Centro Oriente y no hay posibilidad, de pretender un ajuste en los textos para lograr el alcance y detalle contemplados en el contrato.

“Como consecuencia no se puede recibir y aceptar el informe final presentado por la firma “Corporación Nuevo Municipio” como condición de pago del saldo del valor del contrato equivalente al cuarenta por ciento (40%) del mismo”(31).

2.17. Finalmente en comunicación fechada el 16 de abril de 1996, suscrita por la directora de la Corporación Nuevo Municipio y remitida al director Corpes Centro - Oriente, a la representante legal de la Fiduciaria del Estado S.A. y al evaluador técnico Gustavo Lleras De la Cruz, manifiesta que “conforme al acta suscrita entre las partes en donde nos comprometemos a aceptar el resultado de la evaluación del doctor Lleras, como corporación aceptamos el resultado final de la evaluación (...). Aceptando la decisión final del doctor Lleras, pedimos también que la interventoría la acepte (...)(32).

3. Problema jurídico.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, en primera medida, corresponde a la Sala determinar ¿si el concepto rendido por el “árbitro técnico” designado por las partes en el acta de conciliación suscrita el 31 de enero de 1996, puede ser tenido como un verdadero arbitraje técnico y si al mismo se le puede tener como un pronunciamiento judicial cuyo contenido produce efectos de cosa juzgada?

4. Excepción de cosa juzgada.

En los términos del recurso de apelación, corresponde analizar, en primer lugar, si procedía la declaratoria de la excepción de cosa juzgada, frente a la decisión adoptada por la Sección Tercera Subsección Bdel Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Al respecto se dirá:

4.1. Generalidades sobre la cosa juzgada en materia contenciosa administrativa.

En términos generales, el fenómeno de la cosa juzgada opera cuando mediante decisión de fondo, debidamente ejecutoriada la jurisdicción ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la causa petendi juzgada en proceso posterior. Como tal, dicha figura jurídica impide que se expidan pronunciamientos futuros sobre el mismo asunto, dada su previa definición o juzgamiento a través de providencias en firme, en clara salvaguarda de la seguridad jurídica.

El artículo 175 del Código Contencioso Administrativo reguló este efecto de las decisiones judiciales en firme proferidas en los procesos de que conoce esta jurisdicción, en los siguientes términos:

“La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor. Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo, intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios”.

De esta forma quedó consagrada la operancia de la cosa juzgada en las acciones de nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales, de reparación directa y cumplimiento.

En el caso concreto, el tribunal de instancia declaró probada la excepción de cosa juzgada al considerar “que las partes acordaron la designación de un árbitro único asumiendo la obligatoriedad del concepto técnico y de sus recomendaciones, pero si además, como se afirma en la demanda, “el contenido del experticio presentado por el ingeniero Lleras fue aceptado por la Corporación Nuevo Municipio y así lo manifestó su representante en comunicación del 16 de abril de 1996 (...) no hay duda para la Sala que la conclusión tomada allí es de estricto obedecimiento para las dos partes contratantes.

“Concluye el estudio diciendo que la corporación demandante incumplió con el objeto y alcance del Contrato CO-288-94. Esta aseveración no admite otro significado que el literal que se debe dar a sus palabras, el mismo, al que sometieron de común acuerdo los contratantes. Por lo tanto, el juzgador no puede salirse de este contexto y por ello se deberá limitar a declarar su inhibición judicial al respecto dado que ya existe un pronunciamiento al que previamente los interesados se comprometieron acatar. Procede entonces la declaratoria de cosa juzgada en relación con las pretensiones 2.1.1, 2.1.2. y 2.1.4”.

5. Caso concreto.

Una vez establecidos los pormenores del contrato, la Sala encuentra que el fundamento de las pretensiones busca la declaratoria del incumplimiento contractual por parte de los demandados, respecto del Contrato CO-288-94 celebrado con la Corporación Nuevo Municipio y que la conducta asumida por aquellos rompió el equilibrio financiero del contrato perjudicando esta situación al contratista, y retardando injustificadamente la liquidación del mismo.

Se solicita además que se declare que los demandados, violaron los principios que rigen la contratación estatal y al no contestar la reclamación que le presentó la Corporación Nuevo Municipio el pasado 14 de marzo de 1997 a sabiendas que con esa actitud se causaban lesiones y perjuicios graves a mi representada, lo que dio lugar a que se estructurara el silencio administrativo positivo consagrado en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

Es evidente que el acreedor insatisfecho está legitimado para demandar judicialmente la indemnización por el incumplimiento del deudor, cuando tal incumplimiento le irrogue daño y pueda probarlo. El deudor por su parte, está obligado a indemnizar los perjuicios reclamados de acuerdo a la naturaleza de los mismos y la vinculación causal de su incumplimiento con el daño experimentado por el acreedor. Ese daño debe ser cierto y su existencia establecerse plenamente en el respectivo proceso. En otras palabras, los perjuicios que alega el acreedor y que reclama del deudor deben estar revestidos de plena certeza.

El daño contractual consiste en la lesión del derecho de crédito como consecuencia de un comportamiento del deudor contrario al programa de la prestación y en estos términos, dicha responsabilidad contractual comprende las dos modalidades de daño emergente y lucro cesante (C.C., arts. 1613 y 1614).

Cuando la administración pública incumple sus obligaciones, es responsable de los perjuicios que cause al contratista que sí cumplió con las suyas, con fundamento en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 según el cual “las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas”, eventos en los que “deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista”.

De ahí que en materia de responsabilidad contractual de la administración pública, el contratista tiene derecho a que la administración le indemnice la totalidad de los daños derivados del incumplimiento contractual, tanto los que se manifiestan como una disminución patrimonial (daño emergente), como los que se traducen en la privación de las utilidades o ganancias que esperaba percibir por la imposibilidad de ejecutar total o parcialmente el proyecto (lucro cesante).

Las sanciones contractuales no tienen como objeto lograr ventajas y ganancias para una de las partes y erogaciones y mayor onerosidad para la otra. Mediante las sanciones lo que se busca es lograr el cumplimiento y obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios sufridos.

Dispone el último inciso del artículo 116 de la Constitución Política que, “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.

En este evento las partes el 31 de enero de 1996 suscriben acta de conciliación en la cual se acuerda designar al ingeniero Gustavo Lleras De la Cruz como árbitro técnico, para que con base en los documentos identificados más adelante, rinda concepto sobre el cumplimiento o incumplimiento del contratista en cuanto al contenido y calidad del informe final presentado por el contratista y en el numeral 4º de la citada acta se establece que “Las partes, así mismo acuerdan aceptar sin ninguna restricción el concepto y las recomendaciones rendidas por el ingeniero Lleras de la Cruz”(33). Es así como el experto en cumplimiento del mandato anterior, el 29 de marzo de 1996 el ingeniero Lleras de la Cruz rinde su concepto en donde concluye lo siguiente:

“7. De lo anterior se deduce que el contratista “Corporación Nuevo Municipio” incumplió con el objeto y alcance del Contrato CO-288 de 1994 suscrito con la Fiduciaria del Estado S.A. - Corpes Centro Oriente y no hay posibilidad, de pretender un ajuste en los textos pare lograr el alcance y detalle contemplados en el contrato.

“Como consecuencia no se puede recibir y aceptar el informe final presentado por la firma “Corporación Nuevo Municipio” como condición de pago del saldo del valor del contrato equivalente al cuarenta por ciento (40%) del mismo”(34).

Al presente asunto le resultan aplicables los artículos 8º de la Ley 270 de 1996(35), en concordancia con el numeral 3º del artículo 13 ibidem(36), normas vigentes para la fecha de la presentación de la demanda, los cuales admitían la posibilidad de establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solucionar los conflictos.

Así mismo la Ley 80 de 1993 regula en el capítulo VIII todo lo que toca con la solución de las controversias contractuales.

Es así como en el artículo 68(37) se refiere a la utilización de mecanismos de solución directa de las controversias contractuales.

Igualmente el articulo 69 ibidem establece que “Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales.

Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato estatal.

De otra parte el artículo 74 de la Ley 80 de 1993, establece “El arbitramento o pericia técnicos. Señala que “Las partes podrán pactar que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan al criterio de expertos designados directamente por ellas o que se sometan al parecer de un organismo consultivo del gobierno, al de una asociación profesional o a un centro docente universitario o de enseñanza superior. La decisión adoptada será definitiva”.

Es decir, que además de las autoridades judiciales del Congreso de la República, de las autoridades administrativas expresamente autorizadas por la ley, que son las autoridades encargadas de la función de administrar justicia, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de tal función en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho y en equidad, en los términos que determine la ley, conforme lo autoriza el artículo 116 constitucional(38).

En el expediente aparece el acta de conciliación en la que las partes acuerdan designar al ingeniero Gustavo Lleras De la Cruz como árbitro técnico, “para que con base en los documentos identificados más adelante, rinda concepto sobre el cumplimiento o incumplimiento del contratista en cuanto al contenido y calidad del informe final presentado por el contratista”; acuerdo que corresponde a la decisión voluntaria de las partes de someter las controversias que pudieran surgir del contrato de obra, a la decisión de un árbitro. Pacto que en tal sentido no permite ser producto de inferencias o deducciones, sino que debe corresponder a la expresa manifestación de la voluntad de las partes de no someter sus conflictos a la justicia institucional, para en cambio acudir a la decisión de particulares.

Es evidente que la voluntad de las partes de someterse al concepto técnico para dirimir sus conflictos o divergencias derivadas del vínculo contractual que las ataba, eso significa que debe tenerse por existente, pues ello es un convenio derivado del reconocimiento de la autonomía privada, no es una renuncia a la soberanía del Estado, ni dimisión de sus funciones, ni la cesión del monopolio de la justicia; el Estado apenas faculta y autoriza y patrocina y homologa la actividad de la justicia arbitral, dentro de la cual debe observarse la Constitución y la ley y todas las garantías procesales, que son expresión de orden público jurídico y protección de los usuarios.

Las normas transcritas en otro aparte de esta providencia, como ya se dijo, prevén la posibilidad que tienen las partes contratantes de acudir al empleo de los mecanismos de solución de conflictos entre los cuales la ley ha regulado el pacto arbitral, la conciliación, la amigable composición, la transacción entre otros.

En consecuencia, para la Sala, el concepto emitido por el perito técnico decidió de manera definitiva la controversia sometida a su consideración por las partes, al concluir de manera contundente que “El contratista “Corporación Nuevo Municipio” incumplió con el objeto y alcance del Contrato CO-288 de 1994 suscrito con la Fiduciaria del Estado - Corpes Centro Oriente y no hay posibilidad de pretender un ajuste en los textos para lograr el alcance y detalle contemplado en el contrato”, decisión que tiene plenos efectos vinculantes para las partes, produce efectos de transacción y hace tránsito a cosa juzgada, tal como lo entendió el a quo.

Es lógico que si las partes de manera voluntaria decidieron someter sus diferencias a un experto, eso no es más que el desarrollo o el respeto por la voluntad de las partes de someter la resolución de sus controversias a un particular específicamente habilitado para ello, y no a los jueces estatales; y en consecuencia las partes estaban en la obligación de respetar la decisión adoptada por el árbitro, al margen de que les fuera favorable o no lo decidido por el experto, en razón a que ellas decidieron de manera voluntaria y libremente sustraer de la justicia estatal la solución de un conflicto, a fin de que un tercero particular, produjera una decisión de carácter definitivo y vinculante para ellas.

De conformidad con los principios esenciales que fijan las reglas de interpretación de los contratos(39), el contrato es ley para las partes y se le aplican las normas vigentes al momento de su celebración o en su defecto, las previstas expresamente por los contratantes.

En este caso, no hay duda que las partes contratantes buscaron solucionar de forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, por lo que decidieron acudir a los “medios de solución de controversias contractuales” que les permitía la ley.

En este sentido, solo se puede concluir que si la controversia fue solucionada por el árbitro que de manera voluntaria escogieron las partes, se entendía que ese concepto producía efectos vinculantes y definitivos para las partes; sin que estas posteriormente pudiesen entrar a controvertir a través de un proceso judicial o de cualquier otro trámite, las conclusiones del perito, porque tal como lo entendió el a quo, esa es una decisión de carácter definitivo, que produce efectos de cosa juzgada.

Aquí es necesario reiterar que, el fundamento constitucional y legal de las formas de arreglo directo previstas por las partes de un contrato para la solución de las controversias que surjan entre ellas, se encuentra en la voluntad de someter sus diferencias por fuera del ámbito de la justicia estatal y, en esa medida, no pueden esas mismas partes pretender posteriormente desconocer esa decisión a la hora de finiquitar el conflicto, porque ello atentaría contra principios como la seguridad jurídica y se convertiría la justicia en una burla para las partes y para la sociedad en general.

Finalmente en cuanto a la afirmación que hace la parte demandante, cuando dice que en este asunto se dio la ocurrencia del silencio administrativo positivo, para la Sala, tal afirmación no es cierta, porque el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que “En las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo (...)”; situación esta que no se estructura en este proceso, por cuanto la no respuesta a la supuesta reclamación efectuada el 14 de marzo de 1997, no tiene operancia, porque la misma se efectuó una vez vencido el término de ejecución del contrato la cual tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 1995 y la reclamación a que hace referencia el demandante se presentó un año y 7 meses después de vencido el plazo de ejecución del contrato.

Así las cosas, y habida consideración de que los fundamentos de las pretensiones presentados por la parte demandante, no solamente fueron carentes de una argumentación jurídica sólida, sino que no dan muestra sino de un descontento subjetivo desconociendo abiertamente un acuerdo expreso de las partes, la Sala, confirmará la decisión del a quo.

6. Condena en costas.

Como quiera que en este proceso se evidencia temeridad y mala fe de la parte demandante en el ejercicio de la acción interpuesta, pues a sabiendas de su incumplimiento puso en funcionamiento el aparato jurisdiccional sin bases jurídicas para hacerlo, la Sala lo condenara en costas de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C” administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia apelada, esto es, la proferida el 9 de octubre de 2001, por la Sección Tercera Subsección. El del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(17) Fl. 35. cdno. 1.

(18) Fls. 169 a 178. cdno. 5 pruebas.

(19) Fl. 394. cdno. 3 pruebas.

(20) Fls. 385 a 390, Ib.

(21) Fls. 373 a 376, Ib.

(22) Fl. 337. cdno. 3 pruebas.

(23) Fls. 335 y 336, Ib.

(24) Fl. 373, Ib.

(25) Fl. 332, Ib.

(26) Fls. 328 a 330, Ib.

(27) Fls. 219 y 220, Ib.

(28) FI. 232 y 233, Ib.

(29) FI. 241. cdno. 5 pruebas.

(30) Fls. 242 y 243, Ib.

(31) Fls. 244 a 260. cdno. 5 pruebas.

(32) Fls. 261 a 266, Ib.

(33) Fls. 242 y 243, Ib.

(34) Fls. 244 a 260. cdno. 5 pruebas.

(35) ART. 8º—Alternatividad. La ley podrá establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre los asociados y mallará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios por estos servicios.

(36) ART. 13.—Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:

1... 2... 3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los procedimientos señalados en la ley. Tratándose de arbitraje, las leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio de que los particulares puedan acordadas. Los árbitros, según lo determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho o en equidad.

(37) Las entidades a que se refiere el artículo 2º del presente estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual.

Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y transacción.

PAR.—Los actos administrativos contractuales podrán ser :evocados en cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia ejecutoriada.

(38) ART. 116.—La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, administran justicia, también lo hace la justicia penal militar.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Los particulares pueden set investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.

(39) Código Civil, libro cuarto, título XIII.