Sentencia 1998-01972 de abril 29 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Exp. 050012331000199801972 01

No. interno: 0797-2008

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Autoridades municipales.

Actor: María Hermilda Rúa Rúa.

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Debe la Sala determinar si la señora María Hermilda Rúa Rúa tiene derecho a que el Hospital General de Medellín le reconozca y pague el trabajo suplementario por haber laborado excediendo la jornada ordinaria de trabajo y en días de descanso obligatorio.

Acto Acusado

Oficio 000864 de 12 de marzo de 1998 (fl. 5), proferido por el gerente del Hospital de Medellín, que negó el reconocimiento del valor correspondiente a los descansos compensatorios por la totalidad de los días domingos y festivos laborados con su respectivo reajuste, junto con el pago de horas extra por haber laborado jornadas semanales superiores a 44 horas, y la indexación de los conceptos solicitados.

De lo probado en el proceso

Mediante la Resolución 188 DG de 26 de septiembre de 1979 expedida por el director general del Hospital General de Medellín (fl. 18), la demandante fue nombrada en interinidad para desempeñar el cargo de empleada de información.

Tomó posesión del cargo el 27 de septiembre del mismo año, según Acta 085 de la fecha, que surtió efectos a partir del 1º de octubre de 1979, fecha en la cual inició sus labores al servicio del hospital en el cargo para el cual fue nombrada (fl. 17).

Mediante Oficio 15066 de 19 de septiembre de 2000 (fl. 57), el jefe de desarrollo humano del Hospital General de Medellín dio respuesta a lo solicitado por la parte actora en la demanda, indicando entre otros aspectos:

1. La señora Hermilda Rúa Rúa está vinculada con el Hospital desde el 1º de octubre de 1979, actualmente es funcionaria de carrera administrativa.

2. La demandante pertenece al departamento de urgencias, en donde se desempeña como auxiliar de administracióncuatro.

3. Realiza una relación del salario básico percibido por la demandante durante cada año desde enero de 1995.

4. Durante la jornada laboral, a la funcionaria se le otorgan treinta (30) o cuarenta (40) minutos para descansar y tomar sus alimentos.

5. La información sobre los dominicales, festivos y los días compensatorios laborados desde enero de 1995 a la fecha, se encuentran —según lo indica la entidad—, en los cuadros de turnos que reposan en la oficina de desarrollo humano del Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, Empresa Social del Estado.

6. El valor de dominicales y festivos laborados puede observarse en los cuadros anexos.

7. La funcionaria no recibe ninguna contraprestación por concepto de horas extras.

8. La entidad anexa una relación de pagos efectuados a la demandante desde el mes de enero de 1995 hasta julio de 2000 (fls. 59 a 72).

Análisis de la Sala

Para solucionar el problema jurídico planteado en la presente controversia es necesario precisar el marco normativo que gobierna la situación particular de la parte actora en materia de jornada de trabajo y tiempo suplementario, aspecto que ya ha sido definido por esta corporación en reiterada jurisprudencia al desatar asuntos similares a la presente actuación.

De acuerdo con la tesis adoptada por la Sala de Sección(2), el régimen que gobierna la jornada ordinaria de trabajo de los empleados públicos del orden territorial está contenido en el Decreto 1042 de 1978.

A esta conclusión llegó la Sala previos los siguientes juicios argumentativos:

Si bien el Decreto 1042 de 1978 en principio rigió para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional, “el artículo 3º”(3) (sic) de la Ley 27 de 1992 hizo extensiva a las entidades territoriales las disposiciones que regulan el régimen de administración de personal contenidos no solamente en la norma citada, sino en los decretos 2400 y 3074 de 1968 y las leyes 13 de 1984 y 61 de 1987, sus Decretos Reglamentarios y las normas que las modifiquen o adicionen. La extensión de dicha normatividad fue reiterada por el artículo 87, inciso segundo, de la Ley 443 de 1998.

El Decreto 1042 de 1978 se aplica para los empleados de la rama ejecutiva en el orden territorial, en materia de jornada de trabajo y trabajo en días de descanso obligatorio, pues la remisión inicial que hizo la Ley 27 de 1992 no solamente mencionó el régimen de carrera administrativa, sino también el régimen de administración de personal, el cual, dentro de una interpretación amplia, comprende así mismo el concepto de jornada de trabajo.

La Sala prohíja una vez más, en esta oportunidad, la tesis ya definida por la jurisprudencia sobre la normatividad aplicable a los empleados territoriales en materia de jornada laboral y el trabajo en días de descanso obligatorio, pues además de lo expuesto, el régimen de administración de personal civil contenido en el Decreto 2400 de 1968 se refiere a la clasificación de empleos, condiciones para su ejercicio (ingreso, deberes, derechos, prohibiciones(4), régimen disciplinario, calificación de servicios, situaciones administrativas, retiro del servicio), capacitación, carrera administrativa, organismos para la administración de personal, y la jornada de trabajo es un concepto que hace parte de la noción genérica de “administración de personal”.

El Decreto 1042 de 1978 en sus artículos 33 y siguientes se ocupa de la jornada de trabajo, y en este sentido constituye una adición a los decretos 2400 y 3074 de 1968.

Se tiene entonces así definida la aplicación del Decreto 1042 de 1978 en materia de jornada de trabajo a la situación particular de la actora.

En este orden de ideas no es de recibo la tesis que plantea la entidad, en cuanto que para el orden municipal y departamental, en materia de jornada de trabajo, debe aplicarse el artículo 3º de la Ley 6ª de 1945, y, sobre la regulación del trabajo y descanso en dominicales y festivos, la Ley 57 de 1926 y el Decreto 1278 de 1931.

En cuanto a la aplicación del artículo 3º de la Ley 6ª de 1945 sobre jornada de trabajo para los empleados públicos, la Corte Constitucional en Sentencia C-1063 de 2000, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad parcial contra dicha disposición, precisó que la norma acusada (L. 6ª/45, art. 3º), se encuentra vigente pero cobija únicamente a los trabajadores oficiales de cualquier orden, pues respecto de los empleados públicos, así como de los trabajadores del sector privado, otras disposiciones han venido a regular el tema de la jornada de trabajo máxima legal, como lo explicó en el siguiente orden:

“... Para los empleados públicos del sector nacional, el Decreto 1042 de 1978 en su artículo 33 estableció la norma general sobre jornada máxima legal de trabajo fijándola en cuarenta y cuatro (44) horas semanales, límite dentro del cual el jefe del respectivo organismo puede fijar el horario de trabajo. Este decreto en principio cobija tan solo a “los empleados públicos que desempeñan las distintas categorías de empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional”, con las excepciones que el mismo señala.

En sentir del demandante, dicha norma, en cuanto adiciona el Decreto 2400 de 1968 que regula la administración del personal civil que presta sus servicios en los empleos de la rama ejecutiva del poder público, resulta aplicable a los empleados públicos y trabajadores oficiales del nivel territorial, pues el artículo segundo de la Ley 27 de 1992 así como el inciso segundo del artículo 87 de la Ley 443 de 1998, hicieron extensivas a esta clase de servidores las normas del referido Decreto 2400 de 1968, incluidas las disposiciones que lo modifican o complementan.

A juicio de la Corte, coincidiendo en ello con el concepto del señor procurador, tal aplicación extensiva no cabe en relación con los trabajadores oficiales del sector territorial, toda vez que las normas que disponen esta aplicación gobiernan al personal de carrera administrativa exclusivamente, dentro del cual no se encuentran los referidos trabajadores, quienes, por consiguiente, continúan rigiéndose en lo concerniente a jornada de trabajo máxima legal, por las (sic) norma contenida en el artículo 3º de la Ley 6ª de 1945.

Conforme a lo expuesto, la disposición acusada se encuentra vigente pero cobija únicamente a los trabajadores oficiales de cualquier orden, pues respecto de los empleados públicos, así como de los trabajadores del sector privado, otras disposiciones han venido a regular el tema de la jornada de trabajo máximo legal”(5).

Bajo la interpretación del marco normativo que antecede, y descendiendo al caso concreto, no existe discusión entonces sobre la aplicación del Decreto 1042 de 1978 para el caso de la demandante en lo que respecta a la jornada de trabajo. Por lo tanto, en el asunto sub examine, la jornada de trabajo a la cual debían someterse las partes, es la establecida en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, esto es, 44 horas semanales.

En consecuencia, toda labor realizada con posterioridad a la hora 44 de cada semana, constituye trabajo suplementario, o de horas extras, que debe ser remunerado con pagos adicionales al salario reconocido por trabajo ordinario, y con los recargos de ley.

El a quo argumenta que antes del 1º de marzo de 1996, la jornada de trabajo en el orden territorial era de 44 horas semanales.

Por lo anterior si el Hospital General de Medellín había adoptado una jornada laboral ordinaria de 48 horas para sus empleados, significa que semanalmente los obligó a trabajar 4 horas más, razón por la cual se ordena el reconocimiento y pago de cuatro (4) horas extras por cada semana laborada desde el 4 de marzo de 1995 hasta el 1º de marzo de 1996, fecha esta última de entrada en vigencia de la Ley 269 de 1996, según la cual, la jornada de trabajo de los empleados que cumplen funciones de carácter asistencial en las entidades prestadoras de salud, cualquiera que sea su modalidad, es de 66 horas semanales y no de 44.

Empero, precisa la Sala que en el caso concreto no es aplicable la Ley 269 de 1996, “por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política, en relación con quienes prestan servicios de salud en las entidades de derecho público”, porque la accionante no mantuvo una vinculación simultanea con dos o más entidades de derecho público.

La Ley 269 de 1996 en su artículo 2º estableció una jornada especial de máximo doce (12) horas diarias, sin exceder en la semana sesenta y seis (66) horas, para el personal que cumple funciones de carácter asistencial en las entidades prestadoras de servicios de salud, cualquiera sea la modalidad de su vinculación.

La Corte Constitucional en Sentencia C-206 de 2003(6) se declaró inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud de la demanda, dentro del juicio de inconstitucionalidad contra el artículo 2º (parcial) de la Ley 269 de 1996. Y, en uno de los apartes de la decisión, precisó el ámbito de aplicación de la Ley 269 de 1996:

“...

Ahora bien, el examen adelantado en los fundamentos anteriores muestra con claridad que la disposición acusada se refiere exclusivamente a aquellos trabajadores que en el campo de la salud desempeñan más de un empleo en entidades públicas, que es una hipótesis distinta a la tomada en consideración por el actor.

El actor parte entonces de una interpretación equívoca, pues el inciso acusado, así como todas las regulaciones de la Ley 269 de 1996, solo resultan aplicables al personal asistencial que labore en entidades públicas del sector salud y que además posea más de un empleo público...”.

Como lo ha precisado la Sala en oportunidades anteriores, la jornada especial de trabajo que contempla el artículo 2º de la Ley 269 de 1996, “solamente cobija a los empleados que mantienen su vinculación laboral simultánea con dos o más entidades en las que el Estado tenga parte. Para ellos, se autoriza en los términos de la citada norma, no solo desempeñar simultáneamente más de un empleo público y recibir más de una asignación del tesoro, sino también cumplir una jornada semanal que, sumado el tiempo servido en varias entidades, no exceda el tope de doce horas diarias y sesenta y seis horas semanales(7)”.

Así las cosas, está probado que la jornada ordinaria de trabajo que rigió durante toda la relación de trabajo de la demandante, fue de 44 horas, aún después de entrar en vigencia la Ley 269 de 1996.

En el caso concreto, se encuentra acreditado que la demandante laboró efectivamente en jornadas de cuarenta y ocho (48) horas semanales. Así lo expresa el Hospital General de Medellín al señalar en el numeral 3º que:

“Su jornada de trabajo es de cuarenta y ocho (48) horas a la semana, razón por la cual no existe ninguna obligación de reconocerle horas extras a partir de una jornada ordinaria semanal de cuarenta y cuatro (44) horas semanales” (fl. 5).

En las anteriores condiciones, a la demandante se le adeudan cuatro (4) horas extras semanales desde el 19 de febrero de 1995, las cuales deben ser reconocidas y pagadas de conformidad con las previsiones de los artículos 33, 36 y 37 del Decreto-Ley 1042 de 1978.

Teniendo en cuenta el término de prescripción trienal consagrado en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 las diferencias surgidas, se pagaran a partir del 19 de febrero de 1995, pues la petición fue presentada el 19 de febrero de 1998 (fls. 2 a 4).

No es aplicable en el sub lite la preceptiva contemplada en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo porque tales normas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º del Código Sustantivo del Trabajo y 2º del Código Procesal del Trabajo no cobijan a los empleados públicos, calidad que ostentaba la demandante; las aplicables a este tipo de funcionarios son las citadas en el párrafo anterior.

En consecuencia, se confirmará la decisión anulatoria del acto administrativo que profirió el tribunal de primera instancia, que reconoció y ordenó el pago de cuatro horas extras semanales laboradas desde el 19 de febrero de 1995, y hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 27 de noviembre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad del Oficio 000864 de 12 de marzo de 1998 expedido por el gerente del Hospital General de Medellín, dentro del proceso promovido por María Hermilda Rúa Rúa.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(2) Sentencia de fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil seis (2006). Exp. 05001-23-31-000-1998-01941-01 (5622-05) Actora: Silvia Elena Arango Castañeda. Demandado: Hospital General de Medellín. Consejera Ponente: Ana Margarita Olaya Forero.

(3) Debe entenderse que se trata del artículo 2º de la Ley 27 de 1992 en cuyo texto se leía: “ART. 2º—De la cobertura. Las disposiciones que regulan el régimen de administración de personal civil que presta sus servicios en la rama ejecutiva, contenidas en los decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968, la Ley 13 de 1984 y la Ley 61 de 1987, sus decretos reglamentarios y las normas que las modifiquen o adicionen son aplicables a los empleados del Estado que prestan sus servicios en las entidades u organismos de los niveles nacional, departamental; distrital diferentes al Distrito Capital, municipal y sus entes descentralizados, en las asambleas departamentales, en los concejos municipales y distritales y en las juntas administradoras locales, excepto las unidades de apoyo que requieran los diputados y concejales...”.

(4) A los empleados les está prohibido entre otras conductas, realizar actividades ajenas al ejercicio de sus funciones durante la jornada de trabajo.

(5) Sentencia C-1063 de 2000 de fecha 16 de agosto de 2000. Exp. D-2784 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3º (parcial) de la Ley 6ª de 1945. Actor: Carlos Fernando Muñoz Castrillón. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

(6) Sentencia de fecha once (11) de marzo de 2003 Expediente D-4227 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2º (parcial) de la Ley 269 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett.

(7) Sentencia ya citada, de fecha 17 de agosto de 2006. Exp. No. 05001-23-31-000-1998-01941-01 (5622-05). Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero.