Sentencia 1998-02040 de junio 12 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación 45181

Proceso: 050012331000199802040 01

Referencia: Recurso de queja. Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Iván de Jesús Restrepo Cárdenas y otros.

Demandado: La Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura.

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

En el caso sub examine, el tribunal a quo entregó las copias del proceso a la parte demandante el 10 de septiembre de 2012 y la citada parte interpuso el recurso de queja el 11 de septiembre del mismo año, esto es dentro del término previsto en la ley para tal efecto según lo preceptuado en el artículo 182 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual, la Sala procederá a su estudio.

1. Competencia de la Sala para conocer del presente recurso de queja.

Ab initio conviene advertir que la presente decisión va a proferirse por la Sala, de conformidad con las modificaciones que respecto de estos aspectos fueron introducidas por la Ley 1395 del 12 de junio de 2010, a cuyo tenor:

“ART. 61. —El Código Contencioso Administrativo tendrá un nuevo artículo, cuyo texto será el siguiente:

ART. 146A.—Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente.

Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia (Se resalta).

Como se observa, la norma legal transcrita estableció una regla general para determinar, respecto de cualquier proceso cuya competencia se encuentre atribuida a los tribunales administrativos o al Consejo de Estado, independientemente de la actuación que se surta, en única, primera o segunda instancia, que las decisiones interlocutorias que deban proferir dichas corporaciones deberán adoptarse por conducto del respectivo magistrado ponente.

Sin embargo se advierte en la norma que si la decisión a proferir se trata de aquellas previstas en los numerales 1º (el que rechace la demanda), 2º (el que resuelva sobre la suspensión provisional) y 3º (el que ponga fin al proceso) del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo, deberá adoptarse por la Sala, con excepción de los procesos que se surtan en única instancia, los cuales, entonces, deberán ser dictados por el ponente.

De conformidad con lo anterior, en el presente caso, con el fin de determinar si la providencia por medio de la cual se decide un recurso de queja debe proferirse por el magistrado ponente o por la Sala, necesariamente debe analizarse si al desatar el recurso de queja correspondiente hay posibilidad, o no, de que el proceso termine, puesto que si la respuesta es positiva, la decisión deberá adoptarse por la Sala —independientemente del resultado final, concreto y efectivo que determine la finalización del proceso—, de lo contrario, la providencia deberá dictarse por el ponente.

Dado que en el sub examine se determinará si estuvo bien o mal denegado el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, resulta evidente que con la definición del presente recurso de queja existe la posibilidad de que el proceso termine, en la medida en que si se llega a estimar bien denegado el recurso, en los términos del artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, la aludida sentencia de primera instancia quedará ejecutoriada y con ello el proceso finalizará.

Así las cosas, se concluye que el presente recurso de queja debe decidirse por la Sala de la subsección.

2. Las modificaciones introducidas por la Ley 1395 de 2010 relacionadas con el trámite de la apelación de autos y sentencias.

La Sala estima conveniente llevar a cabo unas consideraciones respecto de las modificaciones introducidas por la Ley 1395 de 2010, mediante la cual se adoptaron algunas medidas en materia de descongestión judicial.

Resulta menester destacar que el citado cuerpo normativo no estableció una norma de transición, a través de la cual se modulará la aplicación de las nuevas disposiciones contenidas en la mencionada ley, razón por la cual, a efectos de llenar el aludido vacío legislativo, es necesario tener en cuenta el artículo 164 de la Ley 446 de 1998, precepto aún vigente, el cual dispone:

“En los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso, y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación.

(...)” (Negritas fuera del texto original).

Lo anterior se precisó mediante auto proferido por la Sala Plena de esta corporación el día 7 de diciembre de 2010(1), por cuya claridad y pertinencia se procede a efectuar la transcripción correspondiente in extenso:

“Ahora bien, como quiera que la Ley 1395 de 2010, no consagró una norma de transición espacial y temporal, es necesario acudir a la disposición vigente aplicable a los asuntos de naturaleza contencioso administrativa contenida en la Ley 446 de 1998, específicamente al artículo 164 que determina:

“En los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren empezado a correr, los incidentes en curso, y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación.

“(...) (negrillas y subrayado adicionales de la Sala).

Precepto que, por demás, constituye una regla de transición especial respecto de la contenida en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que regula los efectos de las leyes sustanciales y procesales en el tiempo, al establecer:

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

(...).

Y, si bien, esta corporación ha señalado en varias ocasiones que la competencia comprende un aspecto sustancial cuya modificación rige de manera inmediata, razón por la que no opera la figura de la perpetuatio jurisdictionis(2), lo cierto es que en lo contencioso administrativo ese postulado tiene que ser aplicado de forma concordante con la norma de transición que, se reitera, está contenida en el artículo 164 de la Ley 446 de 1998, y que resulta aplicable en general a todas las competencias asignadas en materia contenciosa porque señala específicamente que ella se refiere a “los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa”.

En ese orden de ideas, para establecer la forma de operatividad de la Ley 1395 de 2010, es imprescindible analizar su vigencia en el tiempo bajo las directrices del artículo 164 mencionado, ya que, este es el precepto que permite articular la nueva normativa con los efectos temporales y espaciales, máxime si aquella no introdujo ningún tipo de dispositivo de transición y tampoco derogó el pluricitado artículo 164(3), razón por la que no es válido restringir o circunscribir la aplicación de dicha ley a las normas de competencia introducidas por la Ley 446 de 1998, por cuanto se trata de una regla de transición pertinente, en general, para regular cualquier proceso asignado a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, salvo aquellos que tienen una legislación específica (v.gr. Ley 472 de 1998, en relación con las acciones populares y de grupo; la Ley 393 de 1997, frente a la acción de cumplimiento, y el Decreto 2591 de 1991, respecto a las acciones de tutela).

Por lo tanto, al no existir una norma de transición específica en la Ley 1395 de 2010, que modificó sustancialmente la competencia para proferir las decisiones interlocutorias a lo largo de los procesos contencioso administrativos, al asignarla, para el caso de las corporaciones colegiadas, al magistrado o consejero ponente del proceso, resulta innegable la necesidad de aplicación de una norma de transición para determinar a quién corresponde la competencia para desatar los recursos interpuestos frente a decisiones interlocutorias, motivo por el que, se insiste, la disposición aplicable en esta materia está dada por el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, que determina que los recursos interpuestos bajo el amparo de una ley deben ser decididos de conformidad con la misma, lo que evidencia que no rige el principio de la perpetuatio iurisdictionis ni la modificación automática de la competencia, sino que es necesario establecer bajo qué ley se interpuso el recurso respectivo para desatarlo de conformidad con los parámetros correspondientes”. (Se resalta y subraya).

Así las cosas, comoquiera que el recurso de alzada se interpuso el 12 de abril de 2012, esto es en vigencia de la Ley 1395 de 2010(4) este se regirá por el citado cuerpo normativo, toda vez que, tal como se citó anteriormente y de conformidad con el artículo 164 de la Ley 446 de 1998, el recurso interpuesto se rige por la normativa vigente al momento de su presentación.

Ahora bien, con la expedición de la Ley 1395 de 2010 fueron modificados ciertos aspectos que son revisados al momento de analizar la admisibilidad del recurso de apelación contra autos o sentencias, para cuya claridad se hará una breve mención al que trata de la oportunidad para interponer y sustentar recursos de apelación:

• Interposición y sustentación del recurso de apelación contra las sentencias de primera instancia

En relación con la interposición y sustentación del recurso de apelación contra autos y sentencias, los artículos 67 y 68 de la Ley 1395 de 2010, establecieron:

“ART. 67.—El artículo 212 del Código Contencioso Administrativo quedará así:

ART. 212.—Apelación de sentencias. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se interpondrá y sustentará ante el a quo. Una vez sustentado el recurso, se enviará al superior para su admisión. Si el recurso no es sustentado oportunamente, se declarará desierto por el inferior.

El término para interponer y sustentar la apelación será de 10 días, contados a partir de la notificación de la sentencia

Recibido el expediente por el superior y efectuado el reparto, el recurso, si reúne los requisitos legales, será admitido mediante auto que se notificará personalmente al Ministerio Público y por estado a las otras partes.

(...).

ART. 68.—El artículo 213 del Código Contencioso Administrativo quedará así:

ART. 213.—Apelación de autos. Con excepción del auto de suspensión provisional, cuyo recurso de apelación se resuelve de plano, el procedimiento para decidir el que se interponga contra los demás que sean objeto del mismo, será el siguiente:

El recurso se interpondrá y sustentará ante el a quo dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto recurrido. Una vez sustentado el recurso, se enviará al superior para su admisión. Si el recurso no es sustentado oportunamente, se declarará desierto por el inferior y ejecutoriado el auto objeto de la apelación.

Si el recurso reúne los requisitos legales, será admitido por el superior mediante auto que ordene poner el memorial que lo fundamente a disposición de la parte contraria, durante tres (3) días, en la secretaría.

(...).

De la lectura de los preceptos transcritos se observa que en relación con la interposición y sustentación de los recursos de apelación contra autos y/o sentencias, se realizaron algunas modificaciones en cuanto se estableció que aquellos deberán hacerse, única y exclusivamente, ante el juez a quo, motivo por el cual una vez el recurso sea sustentado se remitirá al superior, a efectos de que se pronuncie respecto de su admisibilidad.

Aunado a lo anterior, en las anteriores disposiciones se determinó que si el recurso de apelación no es sustentado dentro de la oportunidad correspondiente, se declarará desierto por el inferior.

Ahora bien, en cuanto a la oportunidad para interponer y sustentar el recurso de apelación contra sentencias, el inciso 2º del artículo 67 consagró un término perentorio de diez (10) días, contados a partir de la notificación de la sentencia.

Por su parte, en relación con la oportunidad para interponer y sustentar el recurso de apelación contra autos, la pluricitada ley dispuso un término de cinco (5) días contados a partir de la notificación del auto recurrido.

En el presente caso, la sentencia de primera instancia fue notificada por edicto, el cual se fijó en la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia el día 16 de marzo de 2012 por un término de tres (3) días, los cuales vencieron el 21 de marzo siguiente(5), de tal manera que el término de ejecutoria de dicha sentencia corrió a partir del día siguiente al de la desfijación de dicho edicto, es decir desde el 22 de marzo de 2012 hasta el 11 de abril(6) del mismo año.

Así las cosas, es claro que el término para presentar el recurso de apelación venció el 11 de abril de 2012 y teniendo en cuenta que la parte actora lo interpuso el 12 de abril, se impone concluir que dicha presentación fue extemporánea.

Ahora bien, con el fin de dar respuesta a los argumentos del recurrente, quien por demás reconoció que el recurso de apelación fue presentado de manera extemporánea, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: i) la aplicación del principio de favorabilidad y, ii) la finalidad de los términos procesales.

i) Aplicación del principio de favorabilidad.

El quejoso considera que en virtud del principio de favorabilidad, al presente proceso debería aplicársele el artículo 51 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989 que a su juicio establecía unos términos más amplios para sustentar los recursos de apelación, puesto que permitía sustentarlos en sede de la segunda instancia.

Al respecto cabe aclarar que el principio de favorabilidad(7) que se consagra en derecho penal según la jurisprudencia de esta Corporación, ha extendido su aplicación en materia sancionatoria respecto de los procedimientos administrativos y los procesos judiciales que se adelantan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo(8).

Sin embargo, cuando se trata de la aplicación de las leyes procesales en el tiempo, se emplea como regla general la prevista en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 como se indicará a continuación.

Según lo ha expuesto la Corte Constitucional en diferentes oportunidades, los artículos 29 y 58 de la Constitución Política son los que se encargan de regular los efectos y el alcance del tránsito de legislación, de lo cual se puede extraer como criterio general, que la nueva ley no puede tener efectos retroactivos, es decir que solo puede regir los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia, con el fin de proteger los derechos adquiridos en vigencia de la ley anterior.

Contrario sensu, frente a situaciones no consolidadas, donde existe una mera expectativa, la nueva ley regula dichas situaciones en el momento en el cual se encuentren, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua.

En caso de leyes procesales, comoquiera que se encargan de regular el proceso y este, a su vez, es definido como un conjunto de actos concatenados cuyo objeto final es la definición de una situación jurídica, se ha concluido que mientras el proceso se encuentre en curso, no se erige como una situación consolidada que genere un derecho adquirido y, por tanto, las leyes procesales que entran a regir en procesos que se encuentren en trámite son de aplicación inmediata, sin perjuicio de los actos procesales que se hubieren cumplido de conformidad con la ley antigua y se encuentren en firme.

El anterior criterio general se encuentra plasmado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según el cual:

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

Siguiendo el mismo criterio, los artículos 699(9) del Código de Procedimiento Civil, 266(10) del Código Contencioso Administrativo, y el artículo 164 de la Ley 446 de 1998, entre otras, se han encargado de fijar un régimen de transición para efecto de la aplicación de la ley procesal en el tiempo.

Así las cosas, el criterio general indica que la ley procesal entra a regir de manera inmediata, salvo en lo referente a los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones o diligencias procesales que ya estuviesen iniciadas, los cuales se seguirán rigiendo por la anterior ley —aplicación ultractiva de la ley procesal—.

En relación con la aplicación ultractiva de la ley procesal en los casos del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y del artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, la doctrina ha expuesto:

“En consecuencia, el primer requisito para que pueda operar la ultractividad de una norma es que se trate de procesos en curso, en los cuales se sigue aplicando la disposición derogada únicamente mientras se decide el recurso interpuesto bajo la vigencia de la legislación anterior, o termina de correr el término, se decide el respectivo incidente, se practican las pruebas decretadas o se realiza la notificación que se está surtiendo. Fuera de estos casos no habrá lugar [a] aplicar ninguna ley derogada, por cuanto cumplido el acople de legislación se observará exclusivamente lo previsto en la última normatividad, de manera que el alcance de la ultractividad es siempre transitorio.

(...).

Lo que el legislador ha pretendido es tratar de que el empalme de las legislaciones procesales no se realice de manera abrupta, de modo que pueda romper el orden que debe reinar en el proceso, sino que se haga en forma tal que se siga manteniendo esa lógica que debe gobernar siempre la actuación; pero no puede extremarse este planteamiento y afirmar que el proceso iniciado bajo una ley derogada, se regirá íntegramente por ella, pues realizado el acople debe continuar y terminar de acuerdo con la nueva ley, por no ser absoluta la ultractividad; en suma, efectuado el empalme, el proceso continuará y concluirá con base en la nueva legislación pues, la ultractividad consagrada por la ley es eminentemente restringida.

Se desprende de lo anterior que no existen en materia procesal derechos adquiridos y que serán las disposiciones vigentes en el respectivo momento las que, salvo los casos limitados de ultractividad de la ley expirada, deben ser tenidas en cuenta. Así, por ejemplo, si al comenzar el trámite de un proceso ordinario la sentencia de segunda instancia tenía previsto el recurso de casación pero corrido el tiempo se elimina el mismo, cuando se profiera el fallo de segunda instancia no puede alegarse que como la casación estaba prevista al momento de iniciación del juicio ese derecho asiste durante todo su curso, como tampoco se podrá argumentar que por haber iniciado la actuación ante un determinado juez se adquiere el derecho a que este siempre conozca de la misma”(11).

De lo anterior pueden extraerse las siguientes conclusiones:

— La ley procesal es, por regla general, de aplicación inmediata, nunca de forma retroactiva.

— Solo en los casos taxativos previstos en la ley es posible aplicar de manera ultractiva una ley procesal derogada, en los términos precisos que se prevean en esa normativa.

En el presente caso, se reitera, se encuentra que la Ley 1395 de 2010 es una normativa de naturaleza procesal, de manera que, en primer lugar, en ella no encuentra aplicación el principio de favorabilidad, al tiempo que, según la regla general, la aplicación de dichas normas debe ser inmediata.

No obstante, tal como se expuso con anterioridad, tratándose de la Ley 1395, se aplicó, por analogía, el artículo 169 de la Ley 446 de 1998 como régimen de transición respecto de la anterior normativa procesal, según el cual —en lo que atañe al caso concreto— deberá aplicarse la ley vigente al momento de interposición del recurso que se trate y, dado que la impugnación de la sentencia de primera instancia ocurrió en vigencia de la Ley 1395, son estas normas las que deben observarse en este asunto.

En gracia de discusión, aún si se accediera a la aplicación del artículo 51 del Decreto 2304 de 1989, como lo sostiene el demandante, se encuentra que, en los términos de dicha disposición, si bien los recursos debían sustentarse ante el superior jerárquico en segunda instancia, lo cierto es que los mismos debían interponerse previamente en la primera instancia, en el término de los tres días siguientes a la notificación de la providencia. En este orden de ideas, si se tomara esta normatividad como la aplicable para el presente asunto, no se estaría frente a una ley más favorable sino, por el contrario, frente a una ley más exigente, más rigurosa en cuanto establecía términos más breves o estrechos; que limitaba aún más el término para apelar, puesto que, se reitera, el plazo previsto en la Ley 1395 es de 10 días para interponer y sustentar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, al paso que en vigencia de la norma que invoca el recurrente únicamente contaba con 3 días para interponer el recurso que el Tribunal a quo encontró extemporáneo y que, obviamente, el mismo calificativo habría merecido con mayor razón sí se examinara a la luz del citado artículo 51 del Decreto 2304 de 1989.

ii) Finalidad de los términos procesales.

A juicio del recurrente, a los procesos administrativos no se les debe aplicar excesivo rigor procesal por cuanto en el Derecho Administrativo debe prevalecer lo sustancial sobre lo formal.

Al respecto, resulta relevante precisar que el cumplimiento de los términos procesales resulta importante y necesario porque tienen como finalidad garantizar el adecuado desarrollo del proceso; el rigor que sobre estos se aplica no resulta excesivo por cuanto está encaminado a establecer, de manera ordenada y objetiva, un plazo para ejercer un derecho o ejecutar alguna actuación.

Al respecto, la doctrina colombiana ha señalado lo siguiente:

“Como uno de los varios eventos de la influencia del tiempo dentro del proceso y en claro desarrollo del principio de la eventualidad, el Código de Procedimiento Civil regula en forma muy precisa lo atinente a los términos cuyo cumplimiento es factor determinante, central, del orden del proceso, pues su adecuada observancia permite el desarrollo del mismo para obtener la finalidad perseguida, la sentencia como culminación de una actuación donde se ha cumplido la garantía constitucional del debido proceso.

Es por eso que el artículo 228 de la C. P. que recogió y amplió lo consignado en el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil señala que “La administración de justicia en función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”, norma de donde surge que la observancia de los términos por los sujetos a los que están dirigidos es aspecto perentorio y su desconocimiento conllevará las sanciones de rigor para quien no los acate.

En todo caso lo más resaltable del precepto constitucional es que acaba de raíz con los intentos de querer ubicar los términos como parte del derecho sustancial. Son más que eso, su respeto integra la protección constitucional que, entre otras normas, se otorga al debido proceso y es por eso que no se puede pretender, como con frecuencia sucede, que se deje sin efecto la consecuencia de no haber acatado un plazo, en especial respecto de las partes, so pretexto de que se contaba con el derecho sustancial”(12). (Se resalta y subraya).

En línea con lo anterior, resulta claro que no es posible acudir al concepto de la garantía del derecho sustancial como excusa para desacatar los términos previstos para la interposición del recurso de apelación, comoquiera que su finalidad —cumplimiento de los términos— está encaminada a garantizar el debido proceso.

En consecuencia, la Sala estimará bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 10 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dado que dicha impugnación fue presentada cuando la oportunidad procesal para ello había fenecido.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

RESUELVE:

1. ESTIMASE bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 10 de febrero de 2012.

2. Ejecutoriada esta providencia, envíese el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 7 de diciembre de 2010. Expediente 080012331000200900019 02 (IJ). Magistrado Ponente: Enrique Gil Botero.

(2) “Significa este principio que es la situación de hecho existente en el momento de admitirse la demanda, la determinante de la competencia para todo el curso del proceso, sin que las modificaciones posteriores puedan afectarla.

“La perpetuatio jurisdictionis no existe frente a las nuevas leyes procesales, y solo se aplica para las circunstancias de hecho que determinan la competencia en relación con estos factores: valor, territorio o domicilio y calidad de las partes. Si la nueva ley cambia la competencia o la rama jurisdiccional que debe conocer del proceso, tiene aplicación en los procesos en curso”. Echandia Devis “Teoría General del Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 144.

(3) El artículo 122 de la Ley 1395 de 2010, estableció expresamente que regía a partir de su promulgación.

(4) La Ley 1395 entró en vigencia el 12 de julio de 2010. Y aplica siempre y cuando no se trate de una apelación interpuesta después del 15 de junio de 2011 i) contra un auto que rechace la demanda o ii) que no haya sido notificada la demanda, casos en los cuales la ley aplicable sería la 1450 de 2011.

(5) Según constancia secretarial obrante a folio 36 del cdno. ppal.

(6) Los días 2 al 6 de abril de 2012 no fueron hábiles en virtud de la vacancia judicial de Semana Santa.

(7) ART. 29.—Constitución Política. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. (Se resalta).

(8) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010. MP. Enrique Gil Botero. Rad. 16.367. Capítulo 4. Literal D. “La manifestación de esta protección constitucional no dista de la que sugiere e inspira el derecho penal, esto es, que una norma posterior más favorable que una anterior debe aplicarse en forma preferente. Este supuesto se presenta cuando una ley establece una sanción por la realización de una conducta, y posteriormente otra ley reduce la pena o incluso la extingues(8). Del mismo modo, si una cláusula establece una sanción y un acuerdo posterior reduce la pena o la extingue debe darse aplicación al principio de favorabilidad.

En estos casos, pese a que existe un principio en la Ley 153 de 1887, que señala que en los contratos se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, debe tenerse como excepcionada esa disposición —según indica la misma norma— cuando se trata de sanciones, pues en tal caso si la nueva ley es más favorable se debe aplicar de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.

(9) ART. 699.—Vigencia. El presente código entrará en vigencia el primero de julio de mil novecientos setenta y uno. En los procesos iniciados antes, los recursos interpuestos, la práctica de las pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación.

(10) ART. 266.—Vigencia. En los procesos iniciados antes de la vigencia del presente estatuto, los recursos interpuestos, los términos que hubieren comenzado a correr, y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, empezó a correr el término o principió a surtirse la notificación.

Los procesos de única instancia que cursan actualmente en el Consejo de Estado y que conforme a las disposiciones de este Código correspondan a los tribunales en única instancia, serán enviados a estos en el estado en que se encuentren, siempre que no se haya dictado auto de citación para sentencia.

Los procesos existentes que eran de única instancia ante el Consejo de Estado y que según este código deban tener dos, seguirán siendo conocidos y fallados por dicha corporación.

(11) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo I. Novena Edición. Ediciones Dupré. Bogotá 2005. Págs. 68-69.

(12) Lopez Blanco, Hernán Fabio. “Procedimiento Civil”. Tomo I. Dupré Editores. Bogotá - Colombia. 2005. Pág. 426.