Sentencia 1998-02161 de mayo 28 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA (SUBSECCIÓN B)

Rad.: 08001-23-31-000-1998-02161-01 (23291)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Alci José Villanueva Castro y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - PoIicía Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda que es de $ 101.000.000, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones correspondiente a la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Yeimi Villanueva Castro, supera la exigida para el efecto por aquella norma(1).

2. Sobre las pruebas que habrán de valorarse en el proceso.

Valga señalar, previamente, que en relación con todos los hechos que son objeto de esta controversia, se valorarán: (i) las pruebas documentales aportadas por las partes en la demanda y su contestación; (ii) los testimonios practicados por el a quo; (iii) los oficios remitidos por distintas autoridades, en respuesta al a quo, (iv) las copias auténticas de las diligencias previas que adelantó la Policía Nacional - Sijin sede Barranquilla y (v) las copias auténticas del proceso adelantado por la fiscalía regional delegada ante la unidad investigativa Sijin y DAS sede Barranquilla.

2.1. En relación esta última prueba, precisa la Sala que los testimonios recepcionados en dicho proceso solo podrán ser valorados en lo favorable a la parte demandada, dado que no fueron ratificados en el presente proceso y su traslado no fue solicitado por esta contra quien se oponen (CPC, art. 229); las pruebas documentales trasladadas de dicho proceso, sí pueden ser apreciadas sin ninguna limitación por esta Sala, toda vez que estas han estado en el expediente a disposición de la parte demandada, quien tuvo la oportunidad de controvertirlas(2), sin que les hiciera reproche alguno(3).

Tampoco será valorada la declaración rendida por un testigo en reserva de identidad, dado que el artículo 293 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 37 de la Ley 81 de 1993, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-392 de 2000.

3. De la responsabilidad demandada.

3.1. El perjuicio sufrido por los demandantes.

3.1.1. Se encuentra acreditado en el sub examine que el Departamento de Policía del Atlántico - Sijin unidad investigativa, el 23 de marzo de 1996 capturó a la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y a los señores Alci José Villanueva Castro, Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos en su residencia ubicada en la carrera 11b Nº 43-42 de la urbanización Soledad Dos Mil del área metropolitana de la ciudad de Barranquilla, con fundamento en que se encontró en dicha residencia material explosivo del que hacían parte, minas quiebra patas, mechas lenta y estopines; y que la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y los señores Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos permanecieron detenidos por el término de 9 días en las cárceles distritales para mujeres y hombres, mientras que el señor Alci Villanueva Castro estuvo detenido hasta el 13 de junio, fecha en la que se archivó el proceso. Así consta en:

— Copia auténtica del informe policial Nº 230396 de 23 de marzo de 1996 suscrito por el cabo segundo Wilmer Guerrero Ibáñez (fls. 110-111 c. 1).

— Copia auténtica de las actas de derechos del capturado Nº 230396- 01/02/03/04 de 23 de marzo de 1996 correspondiente a la detención de la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y de los señores Alci José Villanueva Castro, Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos (fls. 112-115 c. 1).

— Copia auténtica del oficio de 23 de marzo de 1996 emitido por el Departamento de Policía del Atlántico - Sijin unidad investigativa, dirigido a la fiscalía regional delegada ante la Sijin y el DAS (fl. 109 c. 1).

— Copia auténtica de los oficios de 24 de marzo de 1996 librados por el fiscal regional delegado ante la unidad investigativa Sijin y DAS en los que solicita, al director de la cárcel el Buen Pastor mantener retenida a la señora Margarita Rosa Arteta Ramos, y lo propio al director de la cárcel el Bosque en relación con los señores Alci José Villanueva Castro, Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos (fls. 20-21 c. pbas.).

— Copia auténtica de la providencia de 1° de abril de 1996 de la Fiscalía Regional de Barranquilla en la que se abstuvo de decretar medida de aseguramiento y ordenó la libertad de la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y los señores Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos. En el mismo proveído decretó medida de aseguramiento contra el señor Alci José Villanueva Castro por el delito de instigación al terrorismo (fls. 94-99 c. pbas.).

— Copia auténtica de la providencia de 7 de enero de 1997 de la Fiscalía Regional de Barranquilla en la que se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en relación con el señor Alci José Villanueva Castro y precluyó la investigación frente a la señora Margarita Rosa Arteta Ramos, y a los señores Alci José Villanueva Castro, Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos (fls. 488-497); la anterior providencia fue confirmada por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional (fls. 337-343 c. ppal.).

3.1.2. El perjuicio moral.

A partir del hecho mismo de la privación injusta de la libertad que sufrieron la señora Margarita Rosa Arteta Ramos, y los señores Alci José Villanueva Castro, Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos, por cuenta de la captura dispuesta en su contra por la presunta comisión del delito de instigación al terrorismo, se infieren los perjuicios morales cuya indemnización se reclama.

De manera reiterada, la Corte Constitucional y esta corporación han reconocido que después de la vida, la libertad constituye el más importante de los derechos fundamentales de las personas(4). La Sala con apoyo en la doctrina ha destacado el elevadísimo valor que tiene para el ser humano gozar de su libertad. Ha expresado que “Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo... La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de derecho”(5).

Además, la Sala se ha referido a las manifestaciones positiva y negativa del derecho a la libertad, que se concretan en permitir que toda persona pueda ser y hacer todo aquello que no afecte la esfera de los derechos de los demás, y a proscribir toda forma de coacción mediante la cual se pretenda obligar a las personas a hacer lo que no desean o a privadas de realizar todo aquello que desean y que no interfiera en los derechos ajenos(6). Y se ha concluido que “cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precia de ser justa democrática”(7).

Por eso ha reconocido la Sala que la pérdida de la libertad genera a quien la sufre un gran dolor moral, más aún cuando la retención se lleva a cabo en un centro de reclusión, porque en esas condiciones, el retenido pierde el contacto permanente con sus seres más queridos, el entorno en el que se ha desenvuelto su vida, la posibilidad de desarrollar sus proyectos, y se ve forzado a adaptarse a unas condiciones materiales que luego pueden afectar gravemente la reinserción a su medio social(8).

Quien sufre una pena de prisión, o es sujeto de una medida de aseguramiento de detención preventiva, ve afectado no solo sus derechos a la movilidad sino también otra serie de derechos fundamentales e intereses, como lo son: las libertades de expresión, de reunión y manifestación, de asociación, la libertad sexual y otra serie de derechos civiles, económicos y familiares.

En síntesis, sin lugar a dudas, la privación de la libertad produce dolor moral a quien sufre esa limitación, por tratarse de la pérdida de uno de los derechos más relevantes para el desarrollo integral de la persona, porque esa limitación representa la restricción de otros derechos fundamentales y de otros intereses y porque implica una ruptura en el proyecto de vida de cualquier ser humano.

— Por otro lado está acreditado el parentesco de las menores Viviana Paola, Silvana Carolina y Susana Margarita Villanueva Arteta con el señor Alci José Villanueva Castro, dado que en los registros civiles de nacimiento de estos demostraron ser sus hijos (fls. 39-41 c. 1), parentesco que permite a la Sala inferir el grado de dolor moral que la detención de su padre les produjo, dado que las reglas de la experiencia permiten tener por sabido la gran afectación moral que en el núcleo familiar genera la detención de uno de su miembros.

— Igual reflexión cabe en relación con los señores José del Carmen Villanueva Ramos y Rosario Castro González de Villanueva quienes demostraron ser los padres de Yeimi Villanueva Castro y Alci José Villanueva Castro certificaciones de los registros civiles de nacimiento de estos a folios 35 a 37 del cuaderno 1.

En relación con el señor Yeimi Villanueva Castro, el recurrente señala que la suma de 250 gramos oros reconocida por el a quo resulta ínfima y desconoce la incapacidad permanente a la que quedó sometido debido al trastorno sicótico paranoide derivado de la detención injusta, al respecto aportó como pruebas:

— Constancia de 21 de octubre de 1997 del centro de atención y rehabilitación integral CARI en la que se anotó:

“Que Yeimi Villanueva Castro con historia clínica número 26800, es paciente de esta institución.

Diagnóstico: esquizofrenia paranoide

La última vez que la institución ha tenido contacto directo con el paciente fue el día 1º de julio de 1997.

Se expide esta constancia a petición del interesado, a los veintiún días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete” (fl. 53 c. 1).

— Constancia de 21 de octubre de 1997 emitida por la empresa social del Estado Hospital de Juan de Acosta, en la que se anotó:

“Que el señor Yeimi Villanueva Castro, paciente de sexo masculino estudiante en receso, identificado con cédula de ciudadanía 3.731.844 de Juan de Acosta sigue tratamiento siquiátrico bajo mi cuidado desde el 15 de julio del presente año, por trastorno sicótico tipo paranoide, actualmente en remisión. Este tipo de tratamiento le ha impedido continuar sus actividades académicas y en general cualquier actividad permanente. Concurre regularmente a sesiones terapéuticas” (fl. 54 c. 1).

— Obran también las declaraciones de la señora Liliola Paola Prins Ballestas y Rafael Mena quienes señalaron en relación con el joven Yeimi Villanueva Castro que “debido a los atropellos de la policía esta quedó muy traumatizado” y que además “no ha podido seguir estudiando” (fls. 129-136 c. 1).

Las anteriores pruebas no permiten concluir que la esquizofrenia paranoide que sufrió el señor Yeimi Villanueva Castro hubiera sido como consecuencia de captura ilegal de que fue víctima, comoquiera que las pruebas médicas no lo demuestran.

Por otro parte, la afectación interna o emocional, que como producto de la captura ilegal, sufrió el señor Villanueva, se indemnizará como perjuicio moral.

Igual reflexión merece la afectación al good will que se aduce sufrió la señora Margarita Arteta Ramos más aún cuando no se probó por parte de la demandante la afectación alegada.

3.1.3. En la demanda se solicitó también el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, para la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y los señores Alci de Jesús Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos en razón de que al momento de la detención estos laboraban, y de igual forma se solicitó lucro cesante a favor del señor Yeimi Villanueva Castro pero no se indicó la razón.

En relación con la señora Margarita Rosa Arteta Ramos, se encuentra acreditado que al momento de la captura ejercía la profesión de contadora pública; al respecto obran como prueba en el plenario: (i) la declaración de la señora Liliola Paola Prins Ballestas en la que señala que antes de la captura la señora Margarita Rosa Arteta Ramos era contadora de varias empresas y tenía un contrato de asesoría con la alcaldía del municipio de Soledad, trabajos que no pudo continuar en razón de la captura y que aparecía con problemas judiciales en el DAS (fl. 131 c. 1); (ii) obra un oficio del gerente de la empresa Erasmo Arteta de la Hoz Motobomba y Maquinarias en el que prescinden del servicio de la señora Margarita Rosa Arteta como contadora de la empresa, en razón de que tenía asuntos judiciales pendientes de público conocimiento en la prensa, la radio y la televisión (56 c. 1); y (iii) la certificación emitida por la señora Elizabeth de la Hoz quien se identificó como contadora pública con la tarjeta profesional número 32082, y quien señaló que la señora Margarita Arteta Ramos devengó mensualmente la suma de $ 700.000 hasta el mes de marzo de 1996 por prestar sus servicios como contadora a las siguientes empresas Motobombas y maquinaria $ 250.000, Erasmo Arteta de la Hoz $ 250.000 y José Domingo Prins Ortiz $ 200.000.

En relación con el señor Alci José Villanueva Castro se encuentra demostrado que este trabajaba como asesor de los poseedores de los terrenos de la ciudadela metropolitana, según lo declararon la señora Liliola Paola Prins Ballestas, y los señores Rafael Enrique Mena Barreto y Electo Rafael Saltaren Molina, testigos que dieron cuenta de que aquel trabajaba como asesor de la comunidad de la ciudadela metropolitana (fls. 127-139 c. 1).

No se acreditó el monto de los ingresos que devengaba, lo cual impone tener por tal el salario mínimo legal mensual vigente, como reiteradamente lo ha señalado la Sala.

En el proceso no se demostró que los señores Hermógenes Arteta Ramos y Yeimi Villanueva Castro, al momento de la captura, desarrollaran alguna actividad laboral situación que impide concluir la existencia del lucro cesante durante el tiempo que duró su detención.

3.1.3.1. El daño emergente en relación con los perjuicios materiales correspondiente según la demanda al dinero que los detenidos tuvieron que obtener en préstamos para el pago de los abogados y para el sostenimiento de la familia mientras duró la detención, se tiene que al proceso no se allegaron las pruebas que demuestren tal daño.

Cabe anotar que obra la declaración rendida por el señor Electo Rafael Saltaren Molina en la que se señala que la señora Margarita Arteta Ramos debido a la captura por el temor de lo ocurrido tuvo que cambiarse a la residencia que el declarante le arrendó, testimonio este que la Sala no encuentra demostrativo del daño emergente reclamado.

3.2. Hecho causante del daño.

Sobre este aspecto se encuentra acreditado en el acervo probatorio allegado.

3.2.1. Se encuentra acreditado que Hermógenes Arteta Ramos, Margarita Rosa Arteta Ramos y Yeimi Villanueva Castro estuvieron detenidos por el término de 9 días como consecuencia de una captura realizada por la Nación - Policía Nacional - Sijin de Barranquilla. Al respecto consta:

Que el 23 de marzo de 1996, el Departamento de Policía del Atlántico - Sijin unidad investigativa, capturó a la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y a los señores Alci José Villanueva Castro, Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos en su residencia ubicada en la carrera 11b Nº 43-42 de la urbanización Soledad Dos Mil del área metropolitana de la ciudad de Barranquilla, con el argumento de que se encontró en dicha residencia material explosivo del que hacía parte, minas quiebra patas, mechas lenta y estopines. Así quedó acreditado con:

— Copia auténtica del informe policial Nº 230396 de 23 de marzo de 1996 suscrito por el cabo segundo Wilmer Guerrero Ibáñez, quien en compañía de los agentes Efrén Castro Rodríguez, José de los Reyes Devia, Víctor Herrera Vargas, José Charris Pardo, Emiro Murillo Mercado, Nader Collo Espitia y Guillermo Turner Molineros, adelantó la captura de la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y de los señores Alci José Villanueva Castro, Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos; se anotó:

“En el día de hoy en las primeras horas recibimos una llamada telefónica de una persona desconocida, que manifestaba que en la carrera 11b Nº 43-42 de soledad dos mil (sic), estaban varios subversivos que habían participado en los atentados cometidos contra los CAI de los barrios el Silencio y Soledad Dos mil, donde perdió la vida un agente y resultó herido otro, la misma información indicaba que las personas que estaban en el inmueble eran de alta peligrosidad y que hoy bien temprano se iban a escapar frente al temor que las autoridades le allanaran el inmueble y le encontraran unos explosivos, por lo cual procedimos a trasladarnos hasta el sitio y cuando tocamos a la puerta observamos que varios sujetos salieron corriendo hacia el patio de manera despavorida, seguidamente procedimos a ingresar al interior de la vivienda con el consentimiento de los moradores; de inmediato procedimos a practicar una requisa en la casa, encontrando en el último cuarto el siguiente material que según los técnicos de explosivos está compuesto por: dos kilos de dinamita gelatinosa o seonin envasado en una bolsa plástica estilo embutido. Dos kilos de bentonita envasado en un tubo de pvc de 4 pulgadas de ancho por 40 de largo color verde en forma de cónica, dentro del cual separa la bentonita de la metralla y la brea.

Un detonador eléctrico Nº 3, un detonador inelectrico, mecha de seguridad de 90 cms, un cordón detonante rojo de 15 cms, cables varios y 21 tarros plásticos de varios colores” (fls. 110-111 c. 1).

— Copia auténtica de las actas de derechos del capturado Nº 230396-01/02/03/04 de 23 de marzo de 1996, correspondientes a la detención de la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y de los señores Alci José Villanueva Castro, Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos (fls. 112-115 c. 1).

4.2. También se encuentra demostrado que en el procedimiento de captura adelantado por la Policía Nacional, que sin autorización y sin que mediara una orden judicial, los agentes ingresaron a la casa del señor Alci José Villanueva Castro y agredieron verbalmente a los que estaban en la residencia y luego procedieron a llevárselos a la estación de policía según lo informan los testigos Rafael Enrique Mena Barreto y Liliola Paola Prins Ballesta (fls. 129-136 c. 1), vecinos de los detenidos y quienes presenciaron el allanamiento; al respecto el primero de los testigos mencionados señaló:

“Preguntado: diga el declarante si tiene o no conocimiento de que miembros de la Policía Sijin irrumpieron en la residencia de propiedad del señor Alci José Villanueva Ubicada en la carrera 11b Nº 43-42 del barrio soledad 2000 área metropolitana de Barranquilla departamento del Atlántico. Contestó: sí tengo conocimiento cuando llegaron una (sic) agentes donde las niñas de Alci Villanueva fueron a mi casa a llamarme y yo enseguida corrí a darme cuenta de que era lo que estaba pasando, me di cuenta de que habían (sic) uno agentes y otros no podría decir que eran unos agentes porque estaban de civil, y yo le dije a un mayor que estaba ahí que como era posible que iban a irrumpir en esa vivienda sin orden judicial, porque no llevaban ningún papel y el mayor me dijo que porque yo sabia eso, y yo le dije que porque yo fui policía, entonces al cabo rato llegó otro agente pero llevaba como unas amarras puesta o chaleco y yo fui uno de los primeros que contestó que no podían entrar así, y al cabo rato sacaron a Alci, a Margarita a los hermanos de Alci y de Margarita tengo conocimiento que se lo llevaron para una parte que se llama la trocha eso queda por Granabasto”. (Sic)

3.2.2. Que realizada la captura, la Policía de Barranquilla - Sijin investigativa, el mismo 23 de marzo de 1996 puso a disposición de la fiscalía delegada ante unidades investigativas de Sijin y DAS a la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y a los señores Alci José Villanueva Castro, Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos, dejando a estos detenidos en la cárcel distrital para varones y a la señora Arteta en la cárcel distrital para mujeres, así consta en:

— Copia auténtica del oficio de 23 de marzo de 1996 del comandante del Departamento de Policía del Atlántico - Sijin unidad investigativa, dirigido a la fiscalía regional delegada ante la Sijin y el DAS, mediante el cual dejó a su disposición en la cárcel distrital para hombres y en la cárcel distrital para mujeres los detenidos (fl. 109 c. 1).

— Copia auténtica de los oficios de 24 de marzo de 1996 el fiscal regional delegado ante la unidad investigativa Sijin y DAS en los que solicita al director de la cárcel el Buen Pastor mantener retenida a la señora Margarita Rosa Arteta Ramos, y al director de la cárcel el Bosque mantener retenidos a los señores Alci José Villanueva Castro, Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos (fls. 20-21 c. pbas.).

3.2.3. Que después de realizada la captura, se recibió declaración al señor Aristóbulo García Rodríguez y al señor Alci Villanueva quien firmó un acta de incautación de material explosivo.

En efecto, el 23 de marzo de 1996, en horas de la tarde ante la Policía Nacional, declaró:

“Preguntando: haga un relato claro y detallado de los hechos que usted tiene conocimiento. Contestó: primero que todo yo tuve conocimiento de las reuniones donde se comentaba lo que debía hacer la gente para no dejarse desalojar de los lotes ubicados en la ciudadela metropolitana sector de soledad dos mil, la amiga mía me comentó sobre esas reuniones entonces yo me presente a esas reuniones y fue donde conocí al señor Alci Villanueva y quien fuera retenido en el día de hoy por la Policía cuando tenía en su poder material explosivo; me llamó la atención en que doctrinaba a las personas del sector con cierta incitación subversiva, y por mi experiencia retirado de la infantería de marina, por los términos que usaba dicho señor y por su forma de arengar en contra de la Policía me di cuenta de que el sujeto parecía ser miembro activo de la guerrilla a nivel urbano. Cuando la Policía iba a realizar desalojo este señor incitaba a la población a armarse y a atacar la Policía incluso utilizando las armas, en donde en varias ocasiones fue agredida la inspectora de Policía del barrio soledad dos mil. Los términos que este señor utilizaba para referirse a la Policía los patas negras y otras que son comunes de los elementos que pertenecen a la guerrilla, esto por mi experiencia como integrante que fui de la interia de mariana. Preguntando: Diga al declarante desde cuando conoce usted al señor de nombre Alci Villanueva. Contestó: hace como desde el mes de noviembre del año de 1995, resido en todo el frente del CAI de soledad dos mil, vivo solamente con una hermana y con una hija que tiene la hermana. Preguntando: diga el declarante si tiene conocimiento de que esta persona participara en los hechos ocurridos el 20 de marzo de 1996, en soledad dos mil cuando fue atacado el CAI y muerto un agente de Policía. Contesto: No tengo sospechas. Preguntando: diga el declarante si conoce a otras personas que estén o sean compinche con este señor en caso afirmativo díganos sus nombres. Contesto: si de otra persona, pero no se su nombre ... Preguntando: diga el declarante si en las charlas que usted presenció y en el cual este sujeto participaba hacia alguna alusión a la guerrilla. Contesto: insistía en atacar a la Policía”. (Sic)

— Por otro lado obra un acta de incautación de material explosivo firmada por agente Wilmer Guerrero Ibáñez y el señor Alci José Villanueva Castro quien anotó que firmaba el documento a las 2 y 30 p.m. en la Sijin, y en la que se relacionó que en la residencia de este último había sido encontrado el siguiente material explosivo:

“Dos kilos de dinamita gelatinosa o slorin, embasado en una bolsa plástica estilo embutido sus componentes químicos son nitratote amonio, nitrato de alumino, agua y nitracelulosa, su velocidad de detonación es de 4 a 7 mil metros por segundo, con un radio de acción de 45 a 50 metros a la redonda. Dos kilos de bentonita evasada en un tubo de pvc de 4 pulgadas de ancho por 410 de largo, color verde en forma cónica dentro del cual separa la bentonita de la metralla y la brea. Esta clase de artefacto también se le conoce como mina quiebra patas, explosivo de alto poder destructivo, su velocidad de detonación es de 4 a 7 mil por segundo el cual es utilizado por emboscadas; un detonador electrico Nº 3 un detonador inelectrico, mecha de seguridad de 90 cms, un cordón detonante rojo de 15 cms, cables varios, 21 tarros plásticos de diferentes colores” (Sic) (fls. 115-116 c. 1).

3.2.4. Que mediante providencia de 1º de abril de 1996 la Fiscalía Regional de Barranquilla se abstuvo de decretar medida de aseguramiento en contra de la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y de los señores Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos y en el mismo proveído decretó medida de aseguramiento contra el señor Alci José Villanueva Castro por el delito de instigación al terrorismo; al respecto se dispuso en dicho proveído:

“Ahora bien de acuerdo a lo que aparece en el material probatorio apreciamos que la diligencia de allanamiento y registro se hizo sin la respectiva orden judicial, pero aceptando que el Decreto 1901 de 1995 art. 4º faculta a las autoridades judiciales competentes para disponer la inspección o el registro domiciliario para la búsqueda de pruebas judiciales o para prevenir la comisión delitos, la misma norma ordena de que toda inspección o registro se levantará un acta que debe contener el nombre e identidad de las personas que asistan a la diligencia, la dirección o en su defecto descripción de la ubicación del lugar, las condiciones y circunstancias en que se adelantó la misma, su duración y las incidencias y resultados de ella.

El acta será suscrita por la autoridad que efectúe el reconocimiento y por el morador del lugar.

A su vez el artículo 346 de nuestro ordenamiento procesal penal impone la obligación de suscribir acta de diligencia de allanamiento y registro identificando y describiendo todas las cosas que hayan sido examinadas o incautadas, el lugar donde fueron encontradas y dejando las constancias que soliciten las personas que ellas intervengan.

Esta disposición tiene su razón en el hecho que dentro de la diligencia de allanamiento y registro se cumple toda una inspección y revisión de las instalaciones cuyo resultado deben consignarse pormenorizadamente en el acta.

(...)

Al carecer de acta respectiva no sabemos lo que realmente ocurrió y sobre todo cuando los moradores del inmueble han negado que en dicho lugar se incautó elemento alguno, agregando la manifestación del testigo secreto, que ha hecho crea duda sobre la existencia real de los explosivos.

Tal situación nos lleva a concluir que en los momentos actuales no podemos hablar de la comisión del punible de conservación de arma de fuego de uso privativo de la fuerza pública.

Pero con respecto a la adecuación típica de instigación al terrorismo la situación es diferente, el testimonio de Aristobulo García Rodríguez y el testimonio con reserva de identidad a quien llamamos testigo 1 nos estan indicando que el señor Alci Villanueva no es ajeno a los atentados ocurridos en la ciudad singularizando al CAI del Silencio y Soledad y al ataque de la Inspección de Policía de Soledad 2000. De sus testimonios se desprende que incitaba a la población para el enfrentamiento aunque fuera con armas a los uniformados, todo con el fin de evitar las diligencias de lanzamiento, es mas este último testigo asegura que los enlaces o cerebros de estos hechos es el señor Alci Villanueva entre otros.

Si bien es cierto no se ha demostrado que personalmente el sindicado Alci Villanueva intervino en los hechos acaecidos donde perdió la vida el agente de policía y resultara herido otro, su intervención ha ayudado a la ejecución de estos crímenes porque ha propiciado con su actitud la incitación a la comisión de actos terroristas como los ya enunciados.

La situación presentada nos permite deducir que contra los señores Hermógenes Arteta Villanueva Ramos, Yeimi Villanueva Castro y Margarita Arteta Ramos, no se reúnen las exigencias demandadas en el artículo 388 del C.P.P. para proferir medida de aseguramiento contra ellos, pero con respecto a Alci José Villanueva Castro, la situación es distinta por los motivos expresados” (Sic) (fls. 94-99 c. pbas.).

3.2.5. Posteriormente mediante providencia de 7 de enero de 1997 la Fiscalía Regional de Barranquilla se abstuvo de decretar medida de aseguramiento en relación con el señor Alci José Villanueva Castro y precluyó la investigación en relación con la señora Margarita Rosa Arteta Ramos, y los señores Alci José Villanueva Castro, Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos, con base en las siguientes razones:

“Esta comprobación nos da fuerza para expresar nuestro sentir que la justicia no podrá lograr sus metas mientras cuente con personal al servicio del Estado que no colme la exigencia de credibilidad, deformando la verdad e impidiendo que esta salga a flote.

Este comportamiento de los policías debe ser objeto de investigación por la Procuraduría y por el juez penal militar de la institución de policía a quien se le solicitara su intervención en procura de que se tome los correctivos del caso y las acciones no se repitan.

Las pruebas aportadas no solamente indican que Alci Villanueva, no solo no poseía los elementos de que nos habla el informe de Policía, sino que no ha tenido intervención en los atentados terroristas ocurridos en esta ciudad como tampoco ha adoptado comportamiento del cual pueda inferirse que instiga para la comisión de actos terroristas.

Los medios probatorios indicados en este proveído, permiten establecer que en el caso que nos ocupa, no solo no se reúnen los requisitos señalados en el artículo 388 de nuestro ordenamiento procesal penal para proferir medida de aseguramiento en contra de Alci José Villanueva Castro sino, que debe dársele aplicación al artículo 36 de la misma norma que establece que en cualquier estado de la investigación que aparezca plenamente comprobado que el sindicado no ha cometido el hecho investigado, el fiscal declarará extinguida la acción penal, situación que cobija de igual manera a los miembros de su familia que fueron comprometidos en los mismos hechos señores Hermógenes Arteta Ramos, Yeimi Villanueva Castro y Margarita Rosa Arteta Ramos.

(…)

Es inexplicable que reuniones que se hagan en forma pública y notoria y con la presencia de miembros de la Policía un ciudadano sin medir consecuencia motive a sus asistentes a enfrentarse con los uniformados, de ser así desde tiempo atrás la misma Policía se hubiera encargado que las autoridades conocieran este hecho sin que hubiese sido necesario que se presentaran los atentados terroristas, para luego tratar de endilgar esta responsabilidad en los sindicados vinculados a este informativo” (Sic) (fls. 488-497).

La anterior providencia fue confirmada por la fiscalía delegada ante los tribunales mediante providencia del 13 de junio de 1997, en la que se señaló una vez analizadas las pruebas obrantes en el proceso que:

“No se observa prueba de cargo que gravita en contra de los sindicados, como para pensar que son responsable de las conductas que se les pretenden endilgar, todo lo anterior indica de manera clara que todo fue un montaje de los policiales para comprometer en forma principal a Alcy José Villanueva Castro y de paso a quienes allí se encontraban.

De esta manera y al existir prueba incriminatoria en contra de los encartados, se infiere como ya se dijo, que todo fue un vil montaje de los policiales para comprometer penalmente a los sindicados y, demostrado plenamente que ellos no cometieron el delito que se les pretende endilgar procedente es precluir la investigación a su favor como bien lo hizo el a quo” (Sic) (fls. 337-343 c. ppal.).

3.3. Imputación.

De acuerdo con la demanda el daño es imputable a la entidad demandada en razón de que la captura que realizaran agentes de la Policía Nacional sin observar un procedimiento policivo que tuviera en cuenta las normas constitucionales y legales.

Por otra parte, debido a que en el presente asunto solo se demandó a la Nación - Policía Nacional, el estudio se limitara sólo a analizar la responsabilidad en que incurrió esta y a determinar cuál fue el daño que se causó en virtud de la captura que esta realizó.

3.3.1. En primer lugar, el acervo probatorio demuestra que la privación de libertad por el término de 9 días que sufrieron la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y los señores Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Artera Ramos es injusta, dado que obedeció a un procedimiento ilegal que realizó el Departamento de Policía del Atlántico - Sijin, ilegalidad constatada en las providencias de la Fiscalía Regional de Barranquilla, en los que se concluyó que el hecho por el cual los inculparon no existió, y que no se cumplió con los requisitos legales para dicho procedimiento policivo; con lo cual fuerza concluir la imputabilidad a la Nación - Policía Nacional por el daño antijurídico proveniente de esta detención.

El contenido de las providencias antes referidas, proferidas por la fiscalía delegada ante los jueces del circuito de Barranquilla y las delegadas ante los tribunales del Atlántico y nacionales de 1º de abril de 1996, 7 de enero y 13 de junio de 1997, mediante las cuales se abstuvieron de dictar medida de aseguramiento contra la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y los señores Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos y se precluyó el proceso adelantado en su contra, evidencia sin lugar a duda que los hechos imputados en la captura hecha por la Policía Nacional, según los cuales los detenidos portaban en su residencia material explosivo prohibido, nunca existieron y tales acusaciones no fueron más que un montaje desarrollado por la Policía Nacional, con el propósito de inculpar a inocentes de la comisión de delitos que no habían cometido.

Para la Sala es claro que con lo demostrado en el proceso se evidencia un incumplimiento por parte de la Policía Nacional en el procedimiento adelantado, debido a que, entre otras razones, se violaron las garantías constitucionales y legales que debía asegurar la policía judicial en la actuación que realizaba y en las pruebas que supuestamente recaudó, actuación con la que se incumplió el mandato contenido en el artículo 314 del Decreto 2700 de 1991 norma según la cual “las pruebas y actuaciones que realice la policía judicial, por iniciativa propia o mediante comisión, deberán ser efectuadas con acatamiento estricto de las garantías constitucionales y legales”.

En otras palabras, tal como la Fiscalía lo concluyó en la providencia mediante la cual se abstuvo de dictar medida de aseguramiento, al no realizarse el acta al momento de la diligencia, no era posible verificar la existencia del punible de conservación de arma de fuego de uso privativo la fuerza pública.

Se suma a lo anterior el hecho acreditado de que el procedimiento policivo desarrollado consistió en un allanamiento que no contó con autorización previa y se hizo de forma violenta y mediante montajes.

Las anteriores razones son suficientes para señalar que la captura realizada por Policía Nacional fue ilegal, pero además para concluir que la detención injusta que sufrieron la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y los señores Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos por el término de 9 días fue en razón de dicha captura debido a que debieron permanecer todo ese tiempo en la cárcel mientras la fiscal resolvía su situación jurídica.

3.3.2. En relación con el señor Alci José Villanueva Castro, la Sala considera que no le asiste razón al a quo al negar la existencia de los daños que se le causaron a este bajo el argumento que la captura fue formalizada por la Fiscalía al ordenar su detención preventiva bajo consideraciones propias; ello no es así, debido a que la causa por la que el señor Villanueva Castro estuvo detenido los nueve primeros días, mientras se le resolvía su situación jurídica, fue el montaje en la captura ilegal realizada por los agentes de la Policía Nacional, y no la medida de aseguramiento proferida por la Fiscalía que lo que hizo fue prolongar dicha detención.

Para la Sala es claro que la Fiscalía, quien al encontrar mérito dictó medida de aseguramiento contra el señor Alci Villanueva; sin embargo tal hecho por sí sólo no formalizó la captura realizada, debido a que el fundamento de dicha medida fue en estricto sentido, la declaración del señor Aristóbulo García Rodríguez y el testimonio bajo reserva rendido ante la Fiscalía, pruebas distintas a las que se obtuvieron con la captura por parte de la Policía Nacional; con lo cual sin entrar a calificar la legalidad o ilegalidad de la conducta de la Fiscalía, actuación por la cual no ha sido demandada la Nación en este proceso, se evidencia que fue esta quien de forma autónoma decidió prolongar la privación de la libertad de la víctima y mantenerla recluida pero desde el 1º de abril de 1996 en adelante.

En otras palabras la detención del señor Alci Villanueva, es atribuible a la Nación por el actuar de la Policía Nacional solo hasta el día 1º de abril de 1996 debido al montaje que aquellos agentes realizaron, sin que tal hecho hubiera dado lugar a la medida de aseguramiento, toda vez que la propia Fiscalía negó la procedencia de las pruebas recaudas (sic) con la captura y fundamentó la medida de aseguramiento con base en pruebas distintas frente a las que la policía no tenía incidencia.

3.3.3. Por otra parte si bien la jurisprudencia de esta corporación ha reconocido que una captura ilegal puede inducir a error al órgano que dicta la medida de aseguramiento lo cierto es que para que así se estructure es menester que del material probatorio aportado al proceso acredite que fue el procedimiento ilegal de la policía el que causó dicho error.

En sentencia del 30 de junio de 1994, se dispuso en lo pertinente:

“Las actuaciones que se dejan relacionadas, demuestran en forma clara que el Estado es responsable de los perjuicios sufridos por el actor, al ser capturado ilegalmente por agentes de la Policía Nacional. Esa responsabilidad se deriva del hecho de que a través de esa institución se hizo una detención ilegal, porque los detenidos no estaban en situación de flagrancia cuando fueron capturados, ni existía una orden de autoridad competente. Ese procedimiento ilegal de la Policía hizo incurrir en error a la Fiscalía Regional de Valledupar y a la Fiscalía Delegada de Barranquilla, entidades estas que procedieron a adelantar la investigación correspondiente, con base en los informes rendidos por los agentes de policía que llevaron a cabo la captura y originaron la investigación que culminó con la orden de libertad de los detenidos, ante la comprobación de la inexistencia del hecho punible.

Fue la institución demandada la que causó el perjuicio al demandante, porque si no se hubiera realizado la detención ilegal y si no se hubiera anunciado que existían informes de inteligencia que señalaban a los detenidos como integrantes de las FARC, la Fiscalía no habría adelantado el trámite investigativo, ni hubiera prolongado la detención, como sucedió”.

En el sub exámine no fueron las actuaciones de la policía las que fundaron la medida de aseguramiento, sino las declaraciones hechas por terceros y valoradas por la Fiscalía dieron lugar a dicha medida, es decir no se tuvo en cuenta para dictar la medida de aseguramiento la actuación desarrollada por la policía, esto es, ni el informe de policía de 23 de marzo realizado por el agente Wilmer Guerrero Ibáñez, ni el supuesto material explosivo incautado, ni las declaraciones hechas por los agentes de policía.

Por lo anterior fuerza concluir que el señor Alci Villanueva Castro estuvo detención (sic) injustamente como consecuencia de una actuación de la Policía Nacional desde el 23 de marzo hasta el 1º de abril, en razón de la falla del servicio en que esta incurrió.

3.3.4. Cabe anotar, que la Sala no se pronunciará en relación con la privación a la que fue sometido el señor Alci José Villanueva Castro por parte de la Fiscalía General, debido a que esta situación no fue demandada.

Igual reflexión cabe en relación con la valoración de perjuicios hasta el 13 de junio de 1997, fecha en la que se archivó el proceso en relación con todos los detenidos y se levantaron la medidas que sobre ellos pesaban, como era la de estar reseñados en el DAS en efecto la prolongación del proceso penal fue determinado por la Fiscalía Regional del Atlántico, y la Nación no ha sido demandada en este proceso por la actuación de la Fiscalía General de la Nación, es decir el juzgamiento de tales actos excede la cauda petendi, con riesgo de vulneración de la congruencia que marca el principio dispositivo sobre el cual se erige el proceso contencioso administrativo.

Por todo lo anterior, la Sala modificará la sentencia apelada en el sentido de declarar la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la detención injusta también a favor del señor Alci José Villanueva Castro, pero solo por el tiempo de 9 días.

4. La indemnización de los perjuicios.

4.1. La indemnización por el daño moral.

Se advierte, que para establecer el valor de la indemnización a reconocer a título de perjuicios morales, la Sala tendrá en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual se fijó tal indemnización en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los eventos de mayor intensidad, abandonando así el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente.

La Sala considera que la indemnización reconocida por el tribunal a quo se ajusta a lo demostrado en el proceso y por tanto procederá a expresar en salarios mínimos los valores reconocidos(9).

Por lo tanto, se liquidará la indemnización por el perjuicio moral, en las siguientes cantidades: (i) para Hermógenes Arteta Ramos, Yeimi Villanueva Castro, Margarita Rosa Arteta Ramos y Alci José Villanueva Castro la suma de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; (ii) para Silvia Carolina y Susana Margarita Villanueva Arteta la suma diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; (iii) para José del Carmen Villanueva Ramos y Rosario González Castro de Villanueva la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

7.2. La indemnización por el daño material.

7.2.1. Lucro cesante.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, para la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y los señores Alci Villanueva Castro, Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos, por los ingresos dejados de percibir desde el momento de la captura. Como se estableció en el acápite correspondiente a los perjuicios sufridos por los demandantes (3.1.3), solo se encontró acreditado dicho perjuicio en relación con la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y el señor Alci Villanueva Castro.

Conforme a las consideraciones hechas en esta providencia se les reconocerán a favor de la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y del señor Alci Villanueva Castro lo dejado de percibir por el periodo que transcurrió desde el momento de su captura (23 de marzo de 1996), hasta cuando se les definió su situación jurídica por la fiscalía delegada ante los jueces (1º de abril de 1996), es decir, por un periodo de 9 días.

Como ingreso base de liquidación se tomará en relación con la señora Margarita Rosa Arteta Ramos la suma que devengaba ($ 700.000), esa renta, actualizada a la fecha de esta sentencia, conforme a la variación de precios al consumidor certificada por el DANE, equivale a $ 2.282.975,60, según el siguiente cálculo:

 

Vp = Vh índice final

índice inicial

 

Donde:

Vp: Valor presente de la renta:

Vh: capital histórico o suma que se actualiza: $ 700.000

Índice final certificado por el DANE a la fecha de esta sentencia: 110.92

Índice inicial: el de la fecha de la muerte: 34.01

 

Vp = $ 700.000 110.92 (IPC abr./11)

34.01 (IPC mar./96)

 

Vp. $ 2.282.975,60

El salario mensual devengado se dividirá entre 30 días, para conocer el valor de un día de salario. El resultado se multiplicará por 9, correspondiente al número de días que estuvo privada de la libertad; para un total de $ 684.892.68.

Como ingreso base de liquidación en relación con el señor Alci Villanueva Castro se tomará la suma de $ 566.700, valor del salario mínimo a la fecha de la sentencia.

El salario mensual devengado se dividirá entre 30 días, para conocer el valor de un día de salario. El resultado se multiplicará por 9, correspondiente al número de días que estuvieron privados de la libertad. Para un total de $ 170.010.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 15 de noviembre de 2001, la cual quedará así:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por los perjuicios que sufrió la parte actora, como consecuencia de la detención injusta de la señora Margarita Rosa Arteta Ramos y de los señores Alci Villanueva Castro, Yeimi Villanueva Castro y Hermógenes Arteta Ramos.

2. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar las siguientes indemnizaciones:

— Por perjuicios morales: (i) para Hermógenes Arteta Ramos, Margarita Rosa Arteta Ramos, Yeimi Villanueva Castro y Alci José Villanueva Castro la suma de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; (ii) para Silvia Carolina y Susana Margarita Villanueva Arteta la suma diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; (iii) para José del Carmen Villanueva Ramos y Rosario González Castro de Villanueva la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Margarita Rosa Arteta Ramos la suma de seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos pesos con sesenta y ocho centavos $ 684.892.68 y para el señor Alci Villanueva Castro la suma de ciento setenta mil diez pesos $ 170.010.

3. La Nación pagará la condena aquí impuesta con cargo al presupuesto de la Policía Nacional y dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía exigida para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año de 1998 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $ 18.850.000.

(2) En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala, con anterioridad en sentencia de 14 de octubre de 2011, Expediente 21724, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(3) (Sic)

(4) Ver, por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-456 de 2006 y de esta Sala de 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168 y de 6 de marzo de 2008, Expediente 16.075.

(5) Sentencia de 6 de marzo de 2006, Expediente 13.168.

(6) Sentencia de 6 de marzo de 2008, Expediente 16.075:

(7) Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168. Una amplia exposición doctrinaria sobre ese derecho puede verse en sentencia de 14 de abril de 2010, Expediente 18.960.

(8) Ver, por ejemplo, sentencias de 7 de diciembre de 2004, expedientes 13.481 y 14.676.

(9) Ver sentencia de 31 de agosto de 2011, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.