Sentencia 1998-02202 de marzo 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil catorce (2014).

Rad.: 73-00-123-31-000-1998-02202-01 (26298)

Actor: Luz Elena López Salas y otros.

Demandado: Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y otros.

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

Antes de entrar en el debate del asunto, la Sala establece la vocación de doble instancia del presente proceso. De acuerdo con el artículo 31 de la Carta Política se reconoce el principio de la doble instancia, cuyo carácter debe respetar la garantía de acceso efectivo de la administración de justicia, sin que esto implique su carácter absoluto. Por lo tanto, se precisa tener en cuenta que la jurisdicción y competencia del juez se determinan “con fundamento en la situación de hecho existente en el tiempo de la demanda”, en aplicación de la denominada “perpetuatio juridictionis”.

En ese sentido, para la fecha en que se presentaron las demandas, 20 de noviembre de 1998, la norma procesal aplicable era el Decreto 597 de 1988, en atención a lo establecido en el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998(70), de tal manera que la cuantía para que un proceso de reparación directa tuviera una vocación de doble instancia era de $ 18´850.000.

Al revisar las pretensiones de las demandas, se encuentra que en la demanda interpuesta por la señora Luz Helena López Salas y otro, la parte actora solicitó por concepto de los perjuicios materiales la suma de $ 352´036.354; y en la interpuesta por la señora María Cristina López de Iglesias y otro, se solicitó por concepto de daños materiales la suma de $ 938.880.000. Como se señaló, la cuantía para que se pueda deducir la vocación de doble instancia, que se corrobora con la admisión del recurso de apelación por el despacho y que no fue discutido por las partes en dicha instancia, se encuentra superada para el presente caso lo que permite que el asunto sí pueda acceder a la doble instancia ante esta corporación(71).

El análisis de los recursos de apelación, únicos en los dos expedientes acumulados, se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por el apoderado de los demandantes en cada uno de éstos, conforme a lo previsto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(72); específicamente se concretará en verificar sí la responsabilidad endilgada en el primer proceso a las empresas, es imputable también a la Aeronáutica Civil, asunto que atañe a los dos recursos. En cuanto al recurso interpuesto en el expediente 26298, se examinará, además, sí existe concurrencia de culpas entre la víctima y los entes demandados; y si hay lugar a modificar la liquidación de los perjuicios materiales y morales como lo pide el recurrente en ese expediente.

A efecto de resolver lo pertinente, en primer lugar se hará referencia a un asunto procesal previo: el valor de la prueba trasladada, esto por cuanto obran en el expediente documentos y declaraciones que provienen del proceso penal que se adelantó por la muerte del capitán EDUARDO IGLESIAS MESA, luego se examinarán los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado; a continuación se determinará lo que se encuentra probado en el expediente; y finalmente, se realizará el análisis del caso concreto.

Prueba trasladada.

En cuanto a las pruebas que la Sala valorará, se advierte que se ordenó de oficio,(73) como prueba traslada, que se remitiera la copia de la investigación preliminar Nº 4578, adelantada por la Fiscalía Segunda de Ibagué, en las que se investigó la muerte de EDUARDO IGLESIAS MESA. Esta orden fue comunicada mediante oficio Nº 6431 del 5 de julio de 2000(74), y las diligencias correspondientes fueron allegadas por el apoderado de la empresa Servicios Aéreos del Quindío Ltda. “SAQ Ltda.”(75), en copia simple.

Teniendo en cuenta esto, la Sala, en relación con la eficacia probatoria de la prueba trasladada se sostiene en el precedente según el cual cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia, por cuanto se protege el derecho de contradicción y publicidad de la prueba, el cual solo se dará en la medida en que las partes tengan conocimiento de ellas.

Cuando se trata de prueba documental, específicamente, se podrá trasladar de un proceso a otro en original (evento en el que se requerirá el desglose del proceso de origen y que se cumpla lo exigido en el art. 185 CPC), o en copia auténtica (evento en el que se deberá cumplir lo consagrado en los arts. 253 y 254 del CPC), requisitos que se verifican en el caso de autos.

En tratándose de prueba testimonial trasladada, el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil establece que los mismos deberán ser ratificados cuando hayan sido rendidos en el proceso de donde provienen, sin la citación o intervención de la persona contra quien se pretende hacer valer.

Ahora bien, en el presente caso para la Sala es evidente que ni la Aeronáutica Civil, ni las compañías privadas demandadas hicieron parte en el proceso penal; tampoco la prueba fue solicitada por estas, ni por aquella; por lo tanto para determinar su valor probatorio debe distinguirse entre las pruebas documentales y los testimonios trasladados.

A propósito de los documentos, fueron aportados en copia simple, pero además, del ingreso de estas diligencias al expediente no se corrió traslado a las partes, por lo tanto no podrán valorarse; lo mismo sucede con las declaraciones rendidas bajo juramento en el proceso penal, por cuanto éstas han debido ser ratificadas por los declarantes, comoquiera que la parte demandada en el proceso contencioso no fue parte dentro de investigación penal.

De esta manera, la Sala solamente valorará las pruebas practicadas dentro del proceso contencioso administrativo

2. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización”(76) de la responsabilidad del Estado(77) y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(78) y de su patrimonio(79), sin distinguir su condición, situación e interés(80). De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, éstos serían sacrificados por la colectividad, sin que nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en detrimento de ellos”(81). Así también lo sostiene otro sector de la doctrina:

“La responsabilidad de la administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(82); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”(83).

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución Política, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(84) tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(85) tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo(86).

En cuanto a la imputación, se exige analizar dos esferas: la fáctica y la jurídica; en ésta última se determina la atribución conforme a un deber jurídico, que opera de acuerdo con los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla en la prestación del servicio, daño especial y riesgo excepcional. Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, a este respecto en el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene:

“La superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(87).  

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(88), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe cargarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(89). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(90).

En este orden de ideas, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(91). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuándo un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(92).

Esto, sin duda, es un aporte, que se encuentra descrito por Larenz cuando afirma la necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(93). Con lo anterior, se logra superar definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(94). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(95).

Esta tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación -desde la perspectiva de la imputación objetiva- a la posición de garante de la administración, donde la exigencia del principio de proporcionalidad(96) es necesario para considerar si había lugar a la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico y así motivar el juicio de imputación.

“... hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del Estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso. 

Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en éstos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos(97)(98).  

16. En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante”(99).  

Dicha formulación no supone, y en esto es enfática la Sala, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal(100), teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la administración, puesto que no puede considerarse... que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”(101).

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que una vez demostrado el daño antijurídico, se analice la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. La atribución jurídica debe hacerse en un solo título de imputación; en primer lugar, debe examinarse en cada caso si el elemento fáctico constituye una la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos(102), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado social y democrático de derecho.

En segundo lugar, sí no es posible atribuir la responsabilidad al Estado por la falla en el servicio, debe examinarse a continuación si los elementos fácticos del caso concreto permiten la imputación objetiva, a título de daño especial o riesgo excepcional.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico).

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

3. Lo probado en el expediente.

Con fundamento en el acervo probatorio que obra en los expedientes acumulados, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

a. La legitimación en la causa por activa ha sido probada en los expedientes de la siguiente manera:

• La condición de hijo, de Juan Camilo Iglesias López, mediante fotocopia auténtica del registro civil que acredita el parentesco(103), expedido por la Notaría Cuarenta y Tres de Bogotá D.C., la cual fue aportado con la demanda.

• La condición de hijo, de Andrés Felipe Iglesias López, mediante fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento expedido por la Notaría Sexta de Bogotá D.C., la cual fue aportado al proceso el 2 de marzo de 1999(104).

• La condición de cónyuge, de la señora María Cristina López Jiménez, mediante registro civil de matrimonio(105) expedido por la Notaría Primera de Pereira, el cual fue aportado con la demanda.

b. Se encuentra acreditada en los expedientes la muerte del capitán Eduardo Iglesias Mesa mediante el registro civil de defunción(106), copia simple del acta de levantamiento de cadáver(107) aportada con la demanda, y el álbum fotográfico, necrodactilia y agenda de la diligencia de inspección judicial y levantamiento de cadáver(108).

c. Mediante informe preliminar del accidente realizado y aportado por la Aeronáutica Civil(109) y el informe realizado y aportado por la empresa Taxi Aéreo Caribeño Ltda. “TACA Ltda.”(110), se encuentra probado el accidente que tuvo lugar el 22 de noviembre de 1996, en los cuales se hace referencia al accidente del cual resultaron ilesos y al accidente ocurrido durante la operación de rescate.

En este último informe realizado por la empresa Taxi Aéreo Caribeño Ltda. “TACA LTDA.”, se lee:

“[...] el helicóptero efectuó un estacionario muy cerca de donde se encontraba piloto y pasajero, en ese momento el capitán Jaime Tobos sintió que el helicóptero se desestabilizaba peligrosamente en su eje lateral debido a que el pasajero en su afán de ser rescatado se colgó de uno de los sky sin la aprobación de el (sic) piloto (cap. Tobos) poniendo en condiciones de riesgo, el capitán en vista que el pasajero continuaba aferrado al sky procedió a decolar hacia la vereda Tetual alto aterrizando felizmente con el pasajero (Luis Eduardo Manchola). Remesero Caja Agraria.  

Posteriormente se hizo un consenso entre el inspector Jaime Jiménez del DAAC el técnico José Ignacio becerra (sic) y Luis Eduardo Manchola pasajero rescatado sobre las condiciones del traslado del capitán Iglesias q.e.d. (sic) a la afirmativa se procedió a regresar al sitio de rescate pero desafortunadamente el señor capitán Iglesia (sic) conocedor del riesgo que presenta un traslado en esas condiciones no itilizo (sic) el sky y la pisadera para abordar el helicóptero si no que lo hizo en las mismas condiciones del anterior, desestabilizando aún más por su peso el eje lateral del helicóptero; conocedor del riesgo que se estaba presentando el capitán Tobos procedió a trasladarlo a un lugar localizado a 500 mtrs del sitio con rumbo 330 grados efectuando un vuelo con velocidad y altura mínima, faltando 25 mts para llegar a la condición de estacionario el capitán Eduardo Iglesias se soltó del sky del helicóptero con los resultados ya conocidos.”(111)

d. En testimonio rendido por el señor Gustavo Adolfo Rey Soto(112), representante legal de la empresa Taxi Aéreo Caribeño Ltda. “TACA Ltda.”, al preguntársele sobre el accidente aéreo ocurrido el 22 de noviembre de 1996, respondió:

“En la fecha, fui informado por el capitán Marceliano Del Hierro, sobre el accidente de esta aeronave, en un sitio conocido como El Páramo de las Hermosas, al sur del departamento del Tolima. Comisionándolo inmediatamente, de hacer la diligencia de salvamento coordinada con la Aeronáutica Civil, quien es la autoridad y responsable para estas labores. Quiero anotar que el capitán Del Hierro, era para ese entonces, el jefe de operaciones de la Compañía Taca en Bogotá”.(113) 

e. Obra en el expediente la declaración que rinde el señor Jaime Heladio Jiménez Buitrago, investigador de accidentes de la Aeronáutica Civil para la época del accidente, el día 25 de julio del 2001(114), ante el Magistrado del Tribunal Administrativo del Quindío. Al ser preguntado sobre las circunstancias de la operación de rescate, contestó:

“En mi caso, como investigador de accidentes de la Aeronáutica Civil fui informado a través de una empresa sobre un accidente de un helicóptero en la que tanto el comandante del equipo como el pasajero resultaron ilesos. Cinco minutos después de haberse recibido la información a través del centro de control, de que un helicóptero se había accidentado, se me llamó de una empresa para informarme respecto al accidente. Según la información obtenida, había que salir de inmediato, en razón a que no se requería de un rescate de gravedad. La misión rescatar tanto al piloto como al pasajero, inicialmente y este rescate por parte de la empresa. Según información de la gerencia donde se prestó el apoyo, el mismo piloto accidentado a través de un celular llamó solicitando que no se requería un rescate de mayores proporciones, en razón a que en la parte alta donde se encontraba accidentado el helicóptero y en su defecto ellos los arbustos o vegetación era baja, poco alta, con otro helicóptero sin problema alguno se podían rescatar. En (sic) base a esta información dada por el piloto del helicóptero, la empresa a quien se le solicitó el rescate me llamó a la oficina y como funcionario investigador obtuve la información. De inmediato me trasladé a la plataforma y salimos con rumbo al lugar del accidente. En dicho helicóptero viajábamos el comandante del equipo (piloto), el suscrito y el técnico de la aeronave. Al llegar exactamente al sitio y sobrevolarlo, a muy pocos metros deellos (sic), se constató de que la arborización era baja y se veía como caminaban dentro del área. El piloto comandante del equipo en el cual arribamos y sobrovolamos, me manifestó (sic) Dr. Jiménez no hay ningún problema para el rescate de la tripulación (sic). El me manifestó el único problema sería el peso del helicóptero, incluyéndolo a Ud., el técnico de la aeronave y la herramienta, vamos a buscar un sitio más abajo para que se queden y bajen la herramienta y así el helicóptero quede más liviano. Efectivamente así se hizo. El piloto de la aeronave que va a hacer el rescate se desplaza solo al lugar de los hechos, aparentemente se podía arrimar lo suficiente para que se pudiese subir (sic) las personas a bordo de éste. En sus aproximaciones a los árboles, vuelvo y repito, medianos, por información del comandante posteriormente, me manifestó que este señor que iba como pasajero se le adhirió al helicóptero (sky) o tren de aterrizaje izquierdo, haciendo desestabilizar el helicóptero. En su intención el pasajero adherido al sky por falta de experiencia, esto por un lado, y a su corpulencia, le fue imposible subir a la cabina. El comandante del helicóptero haciendo estacionario y dando una espera prudente para que el pasajero subiera a (sic) cabina o en su defecto se bajara o desprendiera de éste a tierra, al ver que ni lo uno ni lo otro sucedió, no tuvo otra alternativa que dirigirse con este señor en estas condiciones pegado al sky, dirigiéndose a donde yo me encontraba. Al hacerle señas al helicóptero para que aterrizara suavemente de acuerdo a mis señales, ya que aquí venía pegado este señor, sorpresivamente y afortunadamente no a mucha altura, se soltó este señor, golpeándose duramente contra el terreno y que gracias al piso que estaba mojado no se presentó nada que lamentar. Una vez aterrizó el piloto personalmente le dije al capitán piloto del helicóptero,(sic) capitán ni se le ocurra traer al otro piloto en estas condiciones en que se encontraba este señor (sic), el me manifestó (sic) inspector Jiménez en ningún momento me pasó por mi mente traerlo adherido al sky, yo por todos los medios intenté que se soltara del helicóptero, al ver qu eno subía a la cabina, al ver que esto sucedía ni se bajaba ni se subía, no tuve otra alternativa que lleverlo al único campo que tenía a la vista que era donde lo habia dejado a Ud. señor inspector. (sic) volvió y salió inicialmente son (sic) su helicóptero y se dirigió a hacer el rescate del capitán, que ya estaba sobreavisado y en razón a que realmente el helicóptero podiapegarse(sic) a un más al terreno y a la experiencia que tenía el piloto del helicóptero accidentado, no habría ningún inconveniente para que este subiera a cabina. El piloto buscó un sitio más adecuado para que el piloto del equipo accidentado se adhiera al sky y posteriormente subiera a cabina. Desafortunadamente y sin pensarlo, el piloto del equipo accidentado se metió los libros del avión dentro de su oberol a la altura del pecho y cerrando su cremallera, no previó que él tenía que subirse al sky y posteriormente a la cabina, volvió y sucedió lo que pasó con el señor pasajero en el primer rescate, no se pudo subir a la cabina ni soltarse tampoco del helicóptero, la razón los libros que llevaba consigo le impedían subirse al sky, pararse sobre éste y pasar a la cabina. El piloto delhelicóptero (sic) al ver que no subía a la cabina y tampoco se bajaba del helicóptero, esperó un tiempo suficiente bien para que subiera o se bajara, tengo entendido que no tuvo otra alternativa que dirigirse a un sitio que él ya tenía ala (sic) vista, una parte plana, por hay (sic) de media hectárea a la redonda y dirigirse con el capitán allá. En este trayecto y ya próximo a llegar al sitio de aterrizaje, se soltó el piloto con las consecuencias yaconocidas (sic), muerte instantánea”.(115) 

f. En declaración rendida por el señor Luis Eduardo Manchola ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 13 de marzo de 2011 el testigo, quien fue sobreviviente de la operación de rescate, manifestó:

“El capitán Iglesias y yo reconocimos al capitán Jaime Tobos al mando de este helicóptero BELL 206, el se nos acerca segundo a segundo, nosotros hacemos señas que se acerque mas pero el con la mano nos hace señas de espera y empieza a maniobrar la nave buscando acercarse mas pero esquivando las ramas de un árbol que estaba cerca de nosotros, al fin logra casi estar a unos centímetros de mi haciendo estacionaria y no se si en espera de que me colgara, pero seguí hay (sic), él (sic) capitán Iglesia (sic) me indica que salga yo primero, en el primer intento por colgarme del esqui del helicóptero no logro sostenerme y me suelto y caigo en el mismo sitio donde estaba, el capitán Jaime Tobos maniobra la máquina y nuevamente logra acercarse al sitio donde yo me encontraba, como puedo en mi desespero por sali de allí, logro con mi mano derecha agarrarme del esqui y luego entrepiernarme dentro de esta y cuando siento es que el helicóptero empieza a ascender, el viento de las astas y el viento que producía el movimiento de la nave, intentaban soltarme de hay (sic), yo en las condiciones en que iba sicologicamente mal y totalmente empapado por la lluvia me estaba llenendo de pánico, al ver que la máquina no encendía y al mirar hacia abajo no alcanzaba a divisar sino un ilito (sic) de agua y nubes, por un momento me resigné a morir pero empeze (sic) a mirarhacia baajo y observe (sic)una zona verde y que segundo a segundo nos acercabamos a ella, como no aguante mas me solté, logré caer de pie e irme de bruces, de allí me recogieron unos señores y me preguntaron por el capitán Iglesias, allí se encontraba un señor que se me presento (sic) como inspector de la Aeronautica (sic) Civil, del cual no recuerdo su nombre, el técnico de la empresa aérea la cual trabajaba para realizar estos vuelos y algunos residentes de la zona. El capitán Tobos se baja del helicóptero y se dirige hacia donde me encontraba y los tres, hablo del técnico e inspector hay (sic) presentes, me preguntan por el capitan (sic) Iglesias, yo les comento que el frio es fuerte que allá no hay pisoy que el lugar causa tedio, les comento que mi salida fue tetrica (sic) y logre (sic) sobrevivir por mi afan (sic) de seguir en este mundo, yo les pido que por favor rescaten al capitán Iglesias pero que adhieran a los esquis un lazo, soga o cuerda porque así como yo salí es casi un imposible. Pasados unos segundos el capitán Jaime Tobos despega en su helicoptero (sic) y se dirige al sitio donde se encontraba el capitán Iglesias, pasados unos minutos divisamos a la distancia arenave y mientras más (sic) se acercaba el inspector, el técnico y las personas que estaban conmigo comentaban que a lo mejor venía dentro de la nave, porque cuando yo venía colgado se divisaba un vulto (sic) amarrado a los esquir (sic), albergabamos (sic) la esperanza de que si el capitan Iglesias vendría a bordo del helicóptero, pero al momento de la máquina ya empezar a descender unicamente (sic) venia (sic) su piloto. El capitán Tobos desciende angustiosamente, nosotros le preguntabamos (sic) por el capitán Iglesias y en su angustia nos gritaba que se solto (sic) nosotros lo calamamos y le pedimos que por favor nos explicara, y nos comentó que él se habí colgado de los esquir (sic) y el empezo (sic) a ascender y que la intención de el (sic) era sacarlo de allí a un sitio donde pudiera aterrizar y por ende llevarlo a bordo, pero que transcurridos unos 3 minutos de vuelo él mira hacia abajo y no lo ve. Dice hacer el capitán Tobos unos sobrevuelos sobre el sitio donde el creía se había soltado el capitán Iglesias, pero son en vano no lograron, después de este relato el capitán Tobos, el inspector de la Aeronautica (sic) Civil, sale en compañia (sic) del piloto Tobos para hecer (sic) unos sobrevuelos sobre la zona donde posiblemente había caído el capitán Iglesias, pero a los pocos minutos regresa aduciendo que como ya se acercaba la noche era imposible seguir haciendo esta inspección”.(116) 

4. Análisis del caso concreto.

Conforme a los anteriores hechos probados, se encuentra acreditado el daño que invocan los demandantes, esto es, la muerte del capitán EDUARDO IGLESIAS MESA, muerte que ocurrió mientras se intentaba su rescate después de haber sufrido un accidente el helicóptero piloteado por él.

4.1 Imputación del daño a la Aeronáutica Civil

Un primer problema jurídico común que se plantea en los dos recursos de apelación interpuestos contra las dos sentencias, es si ese daño antijurídico es imputable a la Aeronáutica Civil. A efectos de resolver este interrogante, es preciso analizar cuáles son los deberes normativos que tiene esta entidad, frente a operativos de rescate y salvamentos aéreos.

Se encuentran diversas normas que a juicio de la Sala resultan aplicables al caso concreto:

El artículo 1882 del Código de Comercio estipula que el Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil tiene el carácter de autoridad aeronáutica.

Los reglamentos aeronáuticos son expedidos por el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica civil, tal como lo disponen los artículos 47 y 48 de la ley 105 de 1993 y el artículo 5º del Decreto 2724 de 1993.

El artículo 1850 del código de Comercio establece que:

“Toda persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de un accidente de aviación, tendrá la obligación a la autoridad más próxima y ésta, a su vez deberá comunicarlo a la autoridad aeronáutica”. 

Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC, que fueron expedidos mediante la Resolución 2050 de 1974, norma que ha sufrido diversas modificaciones. Entre las normas contenidas en dichos reglamentos, en la versión vigente en la época en que ocurrieron los hechos, la Sala destaca.

CAPÍTULO II 

8.12. Búsqueda, rescate, asistencia y salvamento 

ART. 8.12.1.—“Es función exclusiva de la aeronáutica civil, como autoridad aeronáutica la dirección, coordinación planificación, y control de las labores de búsqueda rescate, asistencia y salvamento de las aeronaves civiles , nacionales o extranjeras extraviadas o accidentadas dentro del espacio sometido a la soberanía Nacional y sus aguas jurisdiccionales”. 

ART. 8.13.1.1.—“Cuando la información proporcionada al Centro Coordinador de Rescate (CCR) provenga de dependencias, personas, o fuentes distintas a los servicios de aeronavegación o del Grupo de Tránsito Aéreo, éste determinará a que fase de emergencia corresponde la situación y aplicará los procedimientos pertinentes a la fase de emergencia. 

ART. 8.13.1.2.Emergencia. Situación en la cual existen motivos justificados para creer que una aeronave y sus ocupantes están amenazados de un peligro grave e inminente y necesita auxilio inmediato. 

Los mismos reglamentos califican la emergencia en tres fases: Incertidumbre, Alerta y Peligro. A propósito de esta última el artículo 8.13.1.9 determina: 

“...c. Cuando se recibe la información que indique que la eficiencia de funcionamiento de la aeronave se ha deteriorado hasta el punto que sea probable un aterrizaje forzoso 

d. Cuando se recibe la información o se tiene un grado razonable de certeza de que la aeronave va efectuar o ha efectuado un aterrizaje forzoso o se ha amarizado o estrellado”. 

ART. 8.13.1.12.—“Rescate. Operaciones que se ejecutan con el fin de auxiliar una aeronave y sus ocupantes cuando hayan sufrido un accidente o incidente de aviación”. 

ART. 8.12.1.9.—“Los gastos que ocasionen por la búsqueda, rescate, asistencia y salvamento serán con cargo al operador o explotador de la aeronave accidentada...”. 

ART. 8.13.1.13.—“El rescate es responsabilidad del propietario o explotador de una aeronave los gastos y daños ocasionados corren (sic) por cuenta y riesgo”. 

Y ratificando la función exclusiva de la Aeronáutica en la dirección y coordinación de las operaciones de rescate el artículo 8.13.1.14 de los mismos reglamentos prescribe: 

“La autoridad Aeronáutica a través del grupo de búsqueda, rescate y salvamento, colaborará y coordinará las operaciones de salvamento y rescate en los infortunios aéreos y notificar al Estado de matrícula de aeronave”.

Estas fueron las mismas normas que tuvieron en cuenta, de una parte, el Tribunal Administrativo del Tolima, para determinar en el expediente 26298, que no era imputable el daño a la Aeronáutica Civil , sino a las empresas particulares que en ese expediente fueron demandadas; de otra parte, también fueron analizadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para negar las pretensiones en el proceso 26.665, como quiera una vez declarada la falta de legitimación por activa del Ministerio de Transporte. La Aeronáutica Civil restaba como la única demandada en este proceso.

La Sala, pese a que comparte que las normas que se acaban de transcribir son las llamadas a ser aplicadas en el caso sub judice, desde ya advierte que su interpretación lleva a una conclusión distinta a la que arribaron los tribunales que profirieron los fallos impugnados. En consecuencia, la primera de tales sentencias será modificada, en el sentido que se declarará la responsabilidad de la Aeronáutica Civil en la muerte del capitán EDUARDO IGLESIAS MESA., responsabilidad que será solidaria con las empresas TAXI AÉREO CARIBEÑO LTDA “TACA LTDA” Y SERVICIOS AÉREOS DEL QUINDÍO, en el caso del expediente 26298; y el segundo de los fallos será revocado, y en éste, se condenará de manera exclusiva a esta misma entidad pública frente a los demandantes del expediente 26665, toda vez que en éste último proceso la Aeronáutica era la única entidad legitimada por pasiva.

En efecto, las normas transcritas reflejan que la Aeronáutica Civil, tiene como función, y de manera exclusiva, la dirección, coordinación, planificación y control de las actividades de rescate. Si bien es cierto que otra de las normas transcritas afirma que los gastos del operativo corresponden al propietario o explotador de la aeronave accidentada, esta última disposición hace referencia a quién debe sufragar los gastos que representen las diligencias de salvamento y rescate; pero no puede significar que se releve a la Aeronáutica de su función exclusiva de dirección y coordinación de tales diligencias.

En otras palabras, los reglamentos de aeronavegación son claros en advertir que no puede endilgársele a la Aeronáutica la responsabilidad por no haber asumido gastos de los operativos de rescate; estos serán de cuenta y riesgo del propietario de la aeronave. En el caso sub judice, en ninguno de los dos procesos acumulados se pide que se condene a la Aeronáutica Civil por no haber sufragado los gastos del rescate; se le endilga no haber coordinado las actividades para auxiliar a los ocupantes de la nave accidentada.

No comparte la Sala la posición del apoderado de la Aeronáutica, de acuerdo con la cual a esta compañía solo se le solicitó que dispusiera de un investigador para averiguar las causas del accidente, y no para hacer operaciones de salvamento, porque, según su dicho, se les había informado que los ocupantes de la aeronave habían resultado ilesos. Y no la comparte porque, en primer lugar, el artículo 8.13.1.1, establece que cuando la información del accidente es proporcionada por particulares, como ocurrió en el caso sub judice, le corresponde al centro coordinador de rescate, determinar la fase de emergencia que corresponde; lo que ratifica la posición de dirección y coordinación que tiene esta entidad en el desarrollo de los operativos.

En segundo lugar, la Sala rechaza la argumentación del apoderado de la Aeronáutica Civil, porque el artículo 8.13.1.12 de los reglamentos específicamente define el rescate como “Operaciones que se ejecutan con el fin de auxiliar una aeronave y sus ocupantes cuando hayan sufrido un accidente o incidente de aviación”. Lo anterior indica que la función que de manera exclusiva atribuyen los reglamentos a la aeronáutica, de dirigir y coordinar el rescate; no depende de que los ocupantes de la aeronave siniestrada hayan resultado heridos; basta que se tenga conocimiento del accidente o incidente, para que nazca la obligación de dirigir y coordinar el rescate de los ocupantes. La norma tampoco hace depender el nacimiento de este deber normativo, de que se le soliciten expresamente el rescate; la obligación que tienen los particulares es la de poner en conocimiento el incidente; a partir de ese momento, ciertamente los gastos que genere el rescate están a cargo del propietario de la aeronave; pero la dirección, coordinación y control del mismo, son responsabilidad de la entidad estatal tantas veces mencionada.

4.2 Concurrencia de culpas.

Corresponde ahora dilucidar el otro problema jurídico planteado en el recurso de apelación interpuesto en el proceso 26298: determinar si existió concurrencia de culpas entre las entidades demandadas y la víctima.

A propósito del reconocimiento de la concurrencia de culpas, para atenuar la responsabilidad al Estado, esta corporación ha sostenido lo siguiente:

“...será el juez quien en cada caso concreto el que valorará el curso o cursos causales existentes, para determinar la imputación fáctica del daño antijurídico, lo que permitirá establecer si operó una causa única o si existió una concausa, situación ésta en la que habrá que fijar proporcionalmente, según el grado de participación de cada sujeto, el monto del perjuicio padecido. 

Ahora bien, no significa lo anterior que toda conducta de la víctima tenga la suficiente dimensión o entidad para excluir o enervar la imputación frente al presunto responsable; el comportamiento de aquella para poder operar como causal exonerativa de responsabilidad debe ostentar una magnitud, de tal forma que sea evidente que su comportamiento fue el que influyó, de manera decisiva, en la generación del daño”(117). 

También se considera que para que se configure el hecho de la víctima como factor eximente o atenuante de responsabilidad, no es necesario que la entidad demandada acredite la irresistibilidad o imprevisibilidad del comportamiento de la víctima, pues basta con argumentar que es una causa adecuada y determinante para la producción del daño. Así se ha señalado por esta corporación:

“En síntesis, no se requiere para configurar la culpa exclusiva de la víctima que el presunto responsable acredite que la conducta de aquélla fue imprevisible e irresistible, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño; incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una concausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su reparación.

“Así las cosas, si la culpa de la víctima es causa parcial (concausa) en la producción del daño, esta circunstancia puede constituir un factor de graduación del perjuicio, todo lo cual dependerá del grado de participación de la propia persona afectada en la concreción de los hechos que son objeto de análisis”(118).  

Conforme a lo anterior, prima facie podría pensarse que el comportamiento del capitán Eduardo Iglesias fue imprudente, al admitir ser trasladado en el squí de un helicóptero, carente de cualquier medida de seguridad; y por lo tanto podría concluirse que su actitud resultó concurrente con el deber de omisión de la Aeronáutica y las irregularidades en el rescate que cometieron la empresa que contrató el rescate y la que ejecutó el mismo. Sin embargo, en el caso concreto no resulta admisible tal posición, puesto que un comportamiento diligente, ajeno a cualquier imprudencia, no puede exigírsele a un individuo que acaba de sufrir un accidente aéreo, y ha logrado preservar la vida; que además se encuentra en una zona, reconocida a nivel de hecho notorio, como de alteración del orden público.

Una persona en estas circunstancias dramáticas, al que se le presenta la oportunidad de abandonar una situación tan precaria, insegura y peligrosa, no se le puede exigir que tenga la serenidad mental para tomar una decisión prudente; esta serenidad en cambio sí le es exigible a la empresa propietaria del helicóptero accidentado, a la entidad estatal que tiene, de manera exclusiva, la obligación de dirigir y coordinar los rescates de personas y aeronaves comprometidas en accidentes o incidentes aéreos, y por supuesto al capitán del helicóptero que realiza el rescate.

La doctrina de la responsabilidad ha mencionado el tema. Si bien no ha sido en una situación como la que se analiza en el sub judice, si lo ha hecho teniendo en cuenta circunstancias que válidamente pueden ser traspoladas al caso concreto. En efecto, Adriano de Cupis al analizar lo que él denomina “concurso del hecho culposo del perjudicado”, a propósito de lo establecido por el artículo 1227 del Código Civil Italiano, manifiesta:

“... cuando el problema se centra en el terreno de la responsabilidad, para decidir si ésta debe reducirse o no por la concurrencia del hecho del perjudicado, no se puede prescindir de su valoración subjetiva. Sin olvidar que la vieja expresión “compensación de la culpa” aplicada a lo que ahora se designa como “concurso del hecho culposo del perjudiciado”, pese a la impropiedad terminológica (las culpas, en cuanto tales, ni se eliminan ni se reducen recíprocamente) tenía el mérito sustancial de poner de manifiesto que la responsabilidad disminuye sólo por la contraposición, a la culpa del responsable, de la culpa del perjudicado. 

Se desprende que si el perjudicado es una persona incapaz de entender o de querer y, por tanto, privada de culpa (como el niño o el loco) no es aplicable el artículo 1227 y el daño que se ha de resarcir no es reducible; y realmente no sería justo que la responsabilidad del tercero se atenuara por la concurrencia del hecho puramente material del perjudicado”(119). 

En este orden de ideas, de la misma forma que la doctrina transcrita cita, a modo de ejemplo, la incapacidad mental como una circunstancia que impide hablar de concurso de la víctima en la producción del daño; para la Sala, no es menos cierto que circunstancias que envuelven de suyo dramatismo y riesgo de muerte, impiden a una persona inmersa en tal situación, tener la real dimensión de los riesgos que asume en el intento de salvar su vida.

Por lo anterior, la sentencia proferida por el Tribunal del Tolima, en el expediente 26298, se revocará en el sentido que la responsabilidad por la muerte del capitán EDUARDO IGLESIAS MESA se declarará de forma exclusiva y solidariamente respecto de la Aeronáutica civil y las compañías privadas demandadas en ese proceso, que fueron condenas en el fallo de primera instancia.

4.3 Reconocimiento y liquidación de los perjuicios morales.

4.3.1 Liquidación de perjuicios morales en el expediente 26298.

Resta dilucidar los otros dos problemas jurídicos derivados del recurso de apelación interpuesto en el expediente 26298, esto es, si hay lugar a modificar la tasación de los perjuicios morales y materiales que se hicieron en este expediente.

En la sentencia proferida por el Tribunal de Cundinamarca a propósito de estos perjuicios se determinó:

“Cabe agregar, que al otorgarse la indemnización a los accionantes esta se realizará de la siguiente manera: en cuanto a perjuicios morales se otorgará a la compañera permanente LUZ ELENA LÓPEZ SALAS veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes y al menor hijo JUAN CAMILO IGLESIAS LÓPEZ corresponderán veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

El recurrente, como soporte a su pretensión de 2.000 gramos de oro por concepto de perjuicios morales, aduce que la sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta los parámetros establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado para cuantificar el perjuicio moral.

Al respecto, la sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 23 de agosto de 2012(120) señaló que en “cuanto se refiere a la forma de probar los perjuicios morales, debe advertirse que, en principio, su reconocimiento por parte del juez se encuentra condicionado —al igual que (sic) demás perjuicios— a la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del proceso”. En la misma providencia se agrega que “la Sala reitera la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan”.

Debe, además, como parte de la motivación, examinarse si se acreditó el parentesco debida y legalmente, con los registros civiles, para reconocer los perjuicios morales en cabeza de la víctima y de sus familiares, para lo que procede la aplicación de las reglas de la experiencia, según las cuales se infiere que la muerte, lesión, etc., afecta a la víctima y a sus familiares más cercanos (esto es, los que conforman su núcleo familiar), y se expresa en un profundo dolor, angustia y aflicción, teniendo en cuenta que dentro del desarrollo de la personalidad y del individuo está la de hacer parte de una familia(121) como espacio básico de toda sociedad(122) (el segundo criterio con el que ya cuenta el juez en el momento de reconocer los perjuicios morales tiene que ver con el concepto de familia, que será importante para determinar la tasación y liquidación de los mismos perjuicios, ya que puede apreciarse (de la prueba testimonial): —¿cómo estaba conformada la familia?; ¿qué rol desempeñaba la víctima al interior de su familia?; ¿cómo estaban definidas las relaciones entre la víctima y los demás miembros de la familia?; ¿se trataba de una familia que convivía o no en un mismo espacio?; ¿se trataba de una familia que estaba disgregada, o de una familia fruto de diferentes relaciones de los padres, hermanastros, hermanos de crianza, por ejemplo—?), y de reconocer su existencia bien sea como un derecho prestacional o fundamental(123).

Ahora bien, la reciente sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 23 de agosto de 2012(124), sostiene claramente que el “Juez Contencioso al momento de decidir se encuentra en la obligación de hacer explícitos los razonamientos que lo llevan a tomar dicha decisión, en el entendido que la ausencia de tales argumentaciones conlleva una violación al derecho fundamental del debido proceso” (citando la Sentencia T-212 de 2012 de la Corte Constitucional).

A lo que se agregó, en la misma sentencia una serie de criterios o motivaciones razonadas que debían tenerse en cuenta para tasar el perjuicio moral, partiendo de afirmar que “teniendo en cuenta las particularidades subjetivas que comporta este tipo de padecimiento que gravitan en la órbita interna de cada individuo, sin que necesariamente su existencia corresponda con la exteriorización de su presencia, ha entendido esta corporación que es posible presumirlos para la caso de los familiares más cercanos, dada la naturaleza misma afincada en el amor, la solidaridad y el afecto que es inherente al común de las relaciones familiares, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso”.

Y se concluyó, en la citada sentencia de la Sala Plena de Sección Tercera de 23 de agosto de 2012, que “no puede perderse de vista que de tiempo atrás la jurisprudencia de esta Sala —y de la Corte Suprema de Justicia también—, ha soportado la procedencia de reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración no solamente con fundamento en la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero parentesco, sino que, acudiendo al arbitrium judicis, ha utilizado como criterios o referentes objetivos para su cuantificación la (sic) características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo gracioso, nacido de la mera liberalidad del juez”.

Así las cosas, en el caso de autos la Sala encuentra que, además de la presunción de aflicción que opera en razón a que se encuentran plenamente acreditadas las relaciones de parentesco que frente a la víctima adujeron los demandantes en los procesos acumulados, se recepcionaron declaraciones tendientes a probar la estructura del vínculo familiar y los sufrimientos padecidos por los demandantes a causa de la muerte del señor EDUARDO IGLESIAS MESA.

A propósito, encuentra la Sala que en testimonio rendido por el señor Armando López Torres, se lee:

“PREGUNTADO. Sírvase decirle al despacho si sabe o le consta quienes conformaban la familia del Sr. Iglesias y como transcurría la vida familiar del mismo. 

CONTESTO. Luz Helena López Salas, la señora del Sr. Iglesias y su niño Juan Camilo Iglesias López. Su vida era normal, bien. 

PREGUNTADO. Como (sic) manifestaba su amor por ellos el Sr. Iglesias, de que (sic) manera los auxiliaba y cuales (sic) eran sus preocupaciones por ellos.  

CONTESTO. Como todo hogar, responsabilizándose de sus cosas, la responsabilidad de un padre sobre el hogar. 

PREGUNTADO. Como (sic) se vieron afectados la Sra. López y el niño Juan Camilo Iglesias con la muerte del Sr. Iglesias.  

CONTESTO. Mal, ella quedo (sic) automáticamente mal de salud, quedo (sic) traumatizada, y psicológicamente y el niño hoy en día teniendo 5 años le pregunta muchas cosas de su padre, como ellos solo eran 2. 

[...] 

PREGUNTADO. En igual sentido quiero que amplíe en cuanto a si el hijo se afecto (sic) gravemente con la muerte de su padre y si actualmente lo esta (sic) o si es algo superable.  

CONTESTO. Si el niño quedo (sic) bastante afectado, porque pregunta constantemente por su padre, cada vez que el (sic) lo hace, la Sra. se pone a llorar porque le recuerda enseguida muchas cosas.”(125) 

Sobre el mismo tema se tiene, además, la declaración de la señora Myriam Salas de López, en la cual manifestó:

“[...] El niño no sufrió ningún efecto porque el niño cuando el (sic) murió tenia (sic) 10 mesesitos (sic), el murió en noviembre y el niño cumplía el añito (sic) el 10 de enero del año siguiente. Mi hija se ha sentido muy afectada porque su cambio de vida es distinto, pues siendo ella una profesional no se encuentra bien, todavía no se ha podido adaptar a la sepración de Eduardo a fin que su hijo hoy en día le hace preguntas, a veces le dice que porque ella no fue la mujer maravilla para salvar al papá, porque a el (sic) se le habla del papá ahora porque el (sic) lo exige y tanto es así que de pronto alguien diría imposible, pero hace poco se nos murieron dos familiares y lo llevamos el entierro de una cuñada, 1 vez que lo llevamos a un funeral porque no teníamos con quien dejarlo.  

[...] 

PREGUNTADO. Quiero que profundicé (sic) en la respuesta de las afecciones morales que sufrió con la muerte de su compañero, en especial si tienen problemas psicológicos o si puede rehacer su vida.  

CONTESTO. La verdad, mi hija si los tiene y como los manifiesta porque ella no es la Luz Helena, a veces es una persona neurótica, su pensamiento es de alguien que esta (sic) encerrada, yo le digo que ella es una persona joven, profesional, pero ella siempre responde que no pondrá padrastro a su hijo, ella no cree en nadie y ella dice cada vez que toca hacer algo con el niño en el colegio ella llora, su vida es amargada, se ha encerrado en sí misma, porque igual a veces uno como madre sufre. Y más que el niño, es un niño que le dice que le cuente como es su vida, su papá, porque el pensaba que el papá era el abuelo, pero el médico que la atendió a ella para el parto la iba a mandar a una sociedad donde las esposas que pierden sus esposos van y hablan, además le dijo que tenía que hablarle al niño de su papá pero ella no lo hacia (sic), pero llego (sic) el momento en que los niños cogen los albumen (sic) y vio una foto y le pregunto (sic) quien era y ella le dijo que era el papá y el niño corrió a donde Armando y le dijo que el (sic) nunca le había dicho que que era piloto, entonces el le contesto (sic), no ese es tu papá Eduardo y como cosa, el niño en el entierro le dijo a mi hija que el se quería morir, para poder ver a su papá y darle un beso y eso le duro (sic) al niño como un mes, de eso hace poquito.(126)

Consecuencia de lo anterior, la Sala reconocerá a favor de los demandantes, a título de perjuicio moral, las siguientes sumas:

En el expediente 26298, la Aeronáutica Civil, y las empresas TACA LTDA y SAQ LTDA, pagarán:

PerjudicadoSalarios mínimosMonto indemnización
LUZ ELENA LÓPEZ SALAS 100 SMLMV$ 61.600.000.oo
JUAN CAMILO IGLESIAS LÓPEZ (hijo)100 SMLMV$ 61.600.000.oo

4.3.2 Reconocimiento y liquidación de los perjuicios morales en el expediente 26.665.

En este expediente se solicitó como perjuicios morales el equivalente a 4000 gramos de oro para cada uno de los dos demandantes. La sentencia de primera instancia al negar las pretensiones de la demanda, omitió cualquier raciocinio sobre este punto. Por cuanto ese fallo será revocado, entra la Sala a verificar si se están reunidos los requisitos para el reconocimiento de estos perjuicios.

Como se reseñó en el acápite de hechos probados, obran en el expediente el registro civil del matrimonio celebrado entre la señora MARÍA CRISTINA LÓPEZ DE IGLESIAS y la víctima EDUARDO IGLESIAS MESA. De igual forma se demostró mediante el registro civil de nacimiento correspondiente, que ANDRÉS FELIPE IGLESIAS LÓPEZ es hijo del fallecido EDUARDO IGLESIAS LÓPEZ. Así las cosas, están dados los requisitos para el reconocimiento del perjuicio moral a los demandantes.

Para efectos de cuantificar el monto de la indemnización, se tiene en cuenta que además de los documentos que acreditaban el vínculo matrimonial y el vínculo de filiación sanguínea con la víctima, obran en el expediente 26 298, el testimonio de la misma señora Myriam Salas de López, en el que se reconoce que el señor tenía un vínculo matrimonial y que atendía las obligaciones alimentarias del menor hijo que había nacido en dicha relación.

Consecuencia de lo anterior, la Sala reconocerá a favor de los demandantes, a título de perjuicio moral, las siguientes sumas:

En el expediente 26665, la Aeronáutica civil pagará

PerjudicadoSalarios mínimosMonto indemnización
MARÍA CRISTINA LÓPEZ DE IGLESIAS (Cónyuge)100 SMLMV$ 61.600.000.oo
ANDRÉS FELIPE IGLESIAS LÓPEZ (hijo)100 SMLMV$ 61.600.000.oo

La Sala advierte que se reconoce indemnización tanto a la cónyuge como a la compañera permanente, en reconocimiento del contexto sociológico colombiano, que muestra la relatividad del matrimonio como institución jurídica, relatividad que implica que los vínculos que pueden derivarse de la relación de pareja no sólo nacen del matrimonio, sino que pueden derivar, como lo muestra la realidad, de otro tipo de relaciones; las que, además, como en el caso sub judice, pueden coexistir con la institución matrimonial.

Frente a esta realidad la jurisprudencia no puede hacer oídos sordos; al contrario debe estar acorde con una realidad evidente, para garantizar el principio de igualdad, que sería vulnerado si se protegiera únicamente a la cónyuge y al hijo matrimonial.

También precisa la Sala que no se trata de proteger una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que por demás ni se probó ni debía probarse para efectos de la indemnización; se trata simplemente del reconocimiento de diversos vínculos de parentesco y afectivos, derivados de instituciones diversas al matrimonio y a veces coexistentes con éste, que el ordenamiento debe proteger de manera homogénea.

4.4 De los perjuicios materiales.

Procede la Sala a hacer una liquidación unificada de los perjuicios materiales, toda vez que, una vez acumulados los procesos, y prosperando como prosperan las pretensiones en cada uno de ellos, el lucro cesante reconocido no podrá ser dividido en dos sino entre los cuatro demandantes.

4.4.1 Perjuicios materiales en el expediente 26298.

En la sentencia proferida por el Tribunal de Cundinamarca, para arribar a la suma en que se cuantificó el perjuicio material, se elaboraron los siguientes raciocinios.

“Respecto a perjuicios materiales equivalentes a lucro cesante y al daño emergente se liquidaran (sic) de acuerdo a las formulas (sic) dadas por el Consejo de Estado, de las cuales arrojaran (sic) unas sumas de las cuales ha de sacarse el 50% que corresponde gracias a la compensación de culpas, para lo cual se determina que solo corresponde a cada uno el 50% de lo que resultare.  

Por tanto esta se liquidara (sic) con el salario devengado al momento de los hechos el cual era dos millones seiscientos ocho mil (2´608.000.00 mcte) que devengaba de salario integral en la empresa HELIVALLE Ltda. lo cual se propbo (sic) en las copias allegadas de la certificación de trabajo del señor EDUARDO IGLESIAS M. Expedida por HELIVALLE (folio 7) y el millón de pesos mesuales ($ 1´000.000 mcte) que se alega en los hechos devengaba de la empresa Taxi Aéreo Caribeño Ltda. “TACA LTDA.”, no se tendrá en cuenta, pues era esporádico en tiempo libre y vacaciones, y no se probo (sic) durante el proceso que fuera mensual con relación al vínculo laboral, que este (sic) tenía con la empresa “TACA LTDA.”, deducimos de la contestación de la demanda por parte de la empresa que la victima (sic) efectivamente trabajaba allí, puesto que estos dan como cierto este hecho; pero como se anoto (sic) no se probo (sic) que fuera un monto mensual, por estas razones enunciaremos las formulas (sic) dadas por el Consejo de Estado, para las indemnizaciones del caso, asumiendo que se hará por el 50% de lo solicitado debido a la compensación de culpas [...]”.(127) 

El apoderado de la parte recurrente, solicita en el recurso que debe incrementarse este valor, y para el efecto solicita tener en cuenta una suma que recibía la víctima por trabajos realizados a la empresa Helivalle, al respecto se lee:

“Se excluyó el millón de pesos que el occiso devengaba en Helivalle por ser “esporádico”, por no tener vínculo laboral. En este punto es oportuno recordar la doctrina y jurisprudencia respecto a que el hecho de que un ingreso no se bajo la figura de un contrato laboral, o por periodos de tiempo o instalamentos, en modo alguno significa que no sea un ingreso real, por tal razón deberá tenerse en cuenta para efectos de la base de liquidación, mucho más, cuando lo que se indemniza es la productividad de la persona, teniendo en cuenta aspectos como su nivel y experiencia profesional. En el proceso sí se probó este ingreso”.(128) 

La prueba de tal pago no da cuenta que fuese habitual sino esporádica, por tanto la Sala, en este punto comparte los raciocinios del tribunal, y este aspecto del fallo de primera instancia será confirmado.

4.4.2 Perjuicios materiales en el expediente 26.665.

En la demanda que dio origen a este proceso se solicitó, por concepto de lucro cesante “la suma de $ 938.880.00 (sic), liquidados de conformidad con los parámetros establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo), o sea, el ingreso que devengaba la víctima para la época del hecho dañoso, incluyendo las prestaciones, por el tiempo probable de vida, según los cálculos actuariales o las tablas de supervivencia que para el efecto expida el Departamento Administrativo de Estadística Nacional “DANE””.(129)

Obra en el expediente 26665 el certificado expedido por Helivallle Ltda.(130), que da cuenta del vínculo laboral existente entre ésta y el señor Eduardo Iglesias al momento del accidente, dirigido a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC.

Por cuanto en este expediente no existe el valor que devengaba el señor EDUARDO IGLESIAS CASAS, como piloto, se tendrá como prueba la obrante en el proceso 26298, de acuerdo con la cual el señor ganaba $ 2.608.000, como salario integral.

4.4.3 Liquidación unificada de los perjuicios materiales.

Por lo tanto, para liquidar el daño emergente se actualizará la anterior cifra, y el resultado obtenido se dividirá en 4 partes. Para cada uno de los demandados, la liquidación se dividirá en dos periodos: el daño emergente consolidado, que corresponde al lapso comprendido desde la fecha de la muerte hasta la fecha de este fallo; y el daño emergente futuro, el cual, en el caso de la esposa y la compañera se calculará desde la fecha de este fallo hasta la fecha de vida probable del capitán EDUARDO IGLESIAS CASAS; y respecto de los hijos hasta la fecha en que cada uno de ellos cumpla 25 años.

La Sala procede a actualizar la cifra que resultó acreditada como ingreso de la víctima EDUARDO IGLESIAS CASAS, y para el efecto aplicará la siguiente fórmula financiera.

Va = Vi (If/Ii)

donde,

Va: valor actual

Vi: valor inicial, equivalente a la suma que el Capitán Iglesias Casas devengaba en el momento de su muerte, esto es, $ 2.608.000.oo, la que recibía como salario integral.

If: índice final, equivalente al IPC para Febrero de 2014, esto es, 115.26

Ii: índice inicial, equivalente al IPC para noviembre de 1996, fecha del fallecimiento del Capitán Eduardo Iglesias Casas, esto es, 37,72

En este orden, Va = Vi (If/Ii)

Va = 2.608.000.oo (115,26 / 37,72)

VA = 7.969.196,18

La base para la liquidación de los perjuicios materiales será el 75% de la anterior suma, toda vez que debe sustraerse a ésta el 25% que la víctima erogaba en su propia manutención. En este orden de ideas, la suma base de la liquidación de este perjuicio material es $ 5.976.897,13.

Esta suma se dividirá por 4 a efectos de determinar la suma base de la liquidación para cada uno de los demandantes, efectuada esta operación se tiene que el valor base para liquidar el lucro cesante es $ 1.494.224,2

4.4.3.1. Lucro cesante consolidado.

La Sala decretará la indemnización a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado, las sumas de dinero que EDUARDO IGLESIAS CASAS dejó de percibir durante el período comprendido entre la fecha en que ocurrieron los hechos y la data de este fallo.

El periodo consolidado inicia desde la fecha de los hechos (22 de noviembre 1996) hasta la fecha en que se profiere este fallo, 26 de marzo de 2014. Esto significa que el lucro cesante cubrirá lo que dejó de percibir la víctima durante 208.01 meses. Este periodo será el mismo para Luz Helena López, Maria Cristina López y Juan Camilo Iglesias; será diverso para Andrés Felipe Iglesias, por cuanto él cumplió 25 años antes de la fecha de este fallo.

RH: $ 1.494.224,2

i) Lucro cesante consolidado a favor de LUZ HELENA LÓPEZ.

S = Ra (1 + i)n –1

i

S = $ 1.494.224.2 (1 + 0.004867)208.01 –1 = $ 535.859.460,79

0.004867

ii) Lucro cesante consolidado a Favor de MARÍA CRISTINA LÓPEZ DE IGLESIAS

S = Ra (1 + i)n –1

i

S = $ 1.494.224.2 (1 + 0.004867)208.01 –1 = $ 535.859.460,79

0.004867

iii) Lucro cesante consolidado a favor de JUAN CAMILO IGLESIAS LÓPEZ

S = Ra (1 + i)n –1

i

S = $ 1.494.224.2 (1 + 0.004867)208.01 –1 = $ 535.859.460,79

0.004867

iv) Lucro cesante consolidado a favor de ANDRÉS FELIPE IGLESIAS LÓPEZ, el periodo consolidado para este demandante se contará de manera diversa, toda vez que el cumplió los 25 años antes del proferimiento de este fallo, entonces, su periodo estará comprendido entre el 22 de noviembre de 1996, fecha de la muerte de EDUARDO IGLESIAS CASAS y el 6 de junio de 2013, día en que este demandante cumplió 25 años, es decir, 198.5 meses

S = Ra (1 + i)n –1

i

S = $ 1.494.224.2 (1 + 0.004867)198.5–1 = $ 497.826.475,56

0.004867

4.4.3.2 Lucro cesante future.

Y en la modalidad lucro cesante futuro, se reconoce a la demandante LUZ HELENA LÓPEZ, lo que la víctima, EDUARDO IGLESIAS CASAS, dejó de recibir desde la fecha de este fallo, hasta la fecha en que expira el término su vida probable.

Conforme a la resolución 0497 del 20 de mayo de 1997, de la Superintendencia Bancaria, una persona que, como EDUARDO IGLESIAS CASAS, en el año de 1996 tenía 35 años, contaba con una expectativa de vida de 41,47 años, es decir 497.6 meses. Sin embargo, como de este tiempo ya se le reconocieron 208.01 meses en el lucro cesante consolidado, habrán de reconocérsele por lucro cesante futuro 289.63 meses. En este orden de ideas, para calcular el lucro cesante futuro se empleará la siguiente fórmula:

S = Ra (1 + i)n –1

i (1+i) n

S= Suma a obtener

Ra= Renta actualizada

i = 0.004867

n= número de meses

i) Lucro cesante futuro para LUZ HELENA LÓPEZ SALAS 

S = 1.494.224.2 (1 + 0.004867)289.6 –1 = $ 231.761.004,90

0.004867 (1+0.004867) 289.6

ii) Lucro cesante futuro para MARÍA CRISTINA LÓPEZ DE IGLESIAS

S = 1.494.224.2 (1 + 0.004867)289.6 –1 = $ 231.761.004,90

0.004867 (1+0.004867) 289.6

iii) Lucro cesante futuro para JUAN CAMILO IGLESIAS LÓPEZ

Para este demandante el lucro cesante futuro, está comprendido entre la fecha de este fallo, 26 de marzo de 2014 hasta el 10 de enero de 2021, fecha en la que cumple 25 años, es decir, 81,5 meses

S = 1.494.224.2 (1 + 0.004867)81.5 –1 = $ 100.328.315,91

0.004867 (1+0.004867) 81.5

Recapitulando, en el proceso 26.298, por concepto de daños materiales, en las modalidades de lucro cesante consolidado y futuro; la AERONAUTICA CIVIL, la empresa TAXI AÉREO CARIBEÑO LTDA “TACA LTDA” y la compañía SERVICIOS AEREOS DEL QUINDIO, pagarán solidariamente a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero

IndemnizadoMonto de indemnización
Luz Helena López Salas$ 767.620.464,90
Juan Camilo Iglesias López$ 636.479.925,69

En el proceso 26.665, la AERONÁUTICA CIVIL pagará, por concepto daños materiales, en las modalidad lucro cesante, consolidado y futuro, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero.

IndemnizadoMonto de indemnización
María Cristina López de Iglesias$ 767.620.464,90
Andrés Felipe Iglesias López$ 497.826.475,56

7. Costas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, la Sala se abstendrá de imponer condena alguna por este concepto.

Con fundamento en todo lo anterior la Sala revocará las sentencias apeladas, para acceder a las pretensiones de las demandas, en la forma y cuantía expuesta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia del 21 de octubre de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, y REVÓCASE el fallo del 19 de noviembre del mismo año dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar se profiere un único fallo que quedará de la siguiente manera:

1. DECLÁRESE administrativa y solidariamente responsables a la AERONÁUTICA CIVIL, a la empresa TAXI AÉREO CARIBEÑO LTDA “TACA Ltda.”, y a la compañía SERIVICIOS AÉREOS DEL QUINDIO LTDA. “SAQ LTDA.”, por los daños causados a la señora LUZ ELENA LÓPEZ SALAS y a JUAN CAMILO IGLESIAS LÓPEZ, por la falta de coordinación y graves fallas que se cometieron en la operación de rescate, en la que murió el EDUARDO IGLESIAS MESA, en hechos ocurridos el 22 de noviembre de 1996.

2. CONDÉNASE a la AERONÁUTICA CIVIL, a la empresa TAXI AÉREO CARIBEÑO LTDA “TACA Ltda.”, y a la compañía SERIVICIOS AÉREOS DEL QUINDIO LTDA. “SAQ.LTDA” a pagar solidariamente por concepto de perjuicios morales, derivados de la muerte del capitán EDUARDO IGLESIAS CASAS, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero:

PerjudicadoSalarios mínimosMonto indemnización
Luz Elena López Salas 100 SMLMV$ 61.600.000.oo
Juan Camilo Iglesias López (hijo)100 SMLMV$ 61.600.000.oo

4.(sic) CONDÉNASE a la AERONÁUTICA CIVIL, a la empresa TAXI AÉREO CARIBEÑO LTDA “TACA Ltda.”, y a la compañía SERIVICIOS AÉREOS DEL QUINDIO LTDA. “SAQ.LTDA” a pagar solidariamente por concepto de perjuicios materiales, derivados de la muerte del capitán EDUARDO IGLESIAS CASAS, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero:

IndemnizadoMonto de indemnización
LUZ HELENA LÓPEZ SALAS$ 767.620.464,90
JUAN CAMILO IGLESIAS LÓPEZ$ 636.479.925,69

3.(sic) DECLÁRESE administrativamente responsable a la AERONÁUTICA CIVIL, por los daños causados a la señora MARÍA CRISTINA LÓPEZ y a ANDRÉS FELIPE IGLESIAS LÓPEZ, por la falta de coordinación y graves fallas que se cometieron en la operación de rescate, en la murió el EDUARDO IGLESIAS MESA, en hechos ocurridos el 22 de noviembre de 1996.

5. CONDÉNASE a la AERONÁUTICA CIVIL, a pagar por concepto de perjuicios morales, derivados de la muerte del capitán EDUARDO IGLESIAS CASAS, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero.

PerjudicadoSalarios mínimosMonto indemnización
MARÍA CRISTINA LÓPEZ DE IGLESIAS (cónyuge)100 SMLMV$ 61.600.000.oo
ANDRÉS FELIPE IGLESIAS LÓPEZ (hijo)100 SMLMV$ 61.600.000.oo

6. CONDÉNASE a la AERONAUTICA CIVIL, a pagar por concepto de perjuicios materiales, derivados de la muerte del capitán EDUARDO IGLESIAS CASAS, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero.

IndemnizadoMonto de indemnización
MARÍA CRISTINA LÓPEZ DE IGLESIAS$ 767.620.464,90
ANDRÉS FELIPE IGLESIAS LÓPEZ$ 497.826.475,56

Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. ABSTÉNGASE de condenar en costas a la demandada.

9. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase.

Consejeros: Enrique Gil Botero, Presidente—Olga Mélida Valle de De La Hoz—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

70 El parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998 establece: “Mientras entran a operar los Juzgados Administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley”. Debe tenerse en cuenta que la cuantía es uno de los factores o normas de competencia.

71 En este sentido puede verse la sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp.18143.

72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 21060.

73 Fls. 291-293 del c. 1 del Exp. 26298.

74 Fl. 305 c. 1 Exp. 26298.

75 Fl. 496 del c. 1 del Exp. 26298.

76 En precedente jurisprudencial constitucional se indica: “El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional. Sentencia C-832/2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

77 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional. Sentencia C-333/96, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Postura que fue seguida posteriormente, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892/2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

78 Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VÁSQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, pág. 49.

79 “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Corte Constitucional. Sentencia C-832/2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

80 La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de enero de 2006. Exp: AG 2001-0213. CP Ruth Stella Correa Palacio. En la doctrina puede verse STARCK, Boris. “Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée”. Paris, 1947.

81 RIVERO, Jean. “Derecho administrativo”. 9ª ed. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, pág. 293. Puede verse también esta construcción doctrinal en: BERLIA. “Essai sur les fondements de la responsabilité en droit public francais”, en Revue de Droit Public, 1951, pág. 685; BÉNOIT, F. “Le régimen et le fondement de la responsabilité de la puissance publique”, en JurisClasseur Publique, 1954. T.I, V.178.

82 “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la Administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que ésta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la Administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos”. MIR PUIGPELAT, Oriol. “La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema”. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, pág. 120.

83 MIR PUIGPELAT, Oriol. “La responsabilidad patrimonial...” Op. cit. págs. 120 y 121.

84 “3- Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional. Sentencia C-864/2004, M.P. Jaime Araújo Rentería. Puede verse también: Corte Constitucional. Sentencia C-037/2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

85 Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 21 de octubre de 1999. Exps. 10948-11643, C.P. Alier E. Hernández Enríquez. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’. Sentencia del 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, sentencias C-619/2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil; C-918/2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

86 “Toda acción administrativa concreta, si quiere tenerse la certeza de que realmente se trata de una acción administrativa, deberá ser examinada desde el punto de vista de su relación con el orden jurídico. Sólo en la medida en que pueda ser referida a un precepto jurídico o, partiendo del precepto jurídico, se pueda derivar de él, se manifiesta esa acción como función jurídica, como aplicación del derecho y, debido a la circunstancia de que ese precepto jurídico tiene que ser aplicado por un órgano administrativo, se muestra como acción administrativa. Si una acción que pretende presentarse como acción administrativa no puede ser legitimada por un precepto jurídico que prevé semejante acción, no podrá ser comprendida como acción del Estado”. MERKL, Adolfo. “Teoría general del derecho administrativo”. México, Edinal, 1975, págs. 212 y 213.

87 Corte Constitucional. Sentencia C-043/2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

88 En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. KANT, I. “La metafísica de las costumbres”. Madrid, Alianza, 1989. Pág. 35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional. Sentencia C-254/2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

89 El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional. Sentencia C-254/2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

90 “Tenía razón Welzel al considerar que el Derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], págs. 6 y 7.

91 “El derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. GIMBERNAT ORDEIG, E. “Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad”. Madrid, 1990, págs. 77 y ss.

92 MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”. Op., cit., pág. 7.

93 LARENZ, K. “Hegelszurechnungslehre”, en MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, op., cit., pág. 7.

94 JAKOBS, G. “La imputación objetiva en el derecho penal”. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo... No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 24 de febrero de 2005. Exp. 14.170, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

95 MIR PUIGPELAT, Oriol. “La responsabilidad patrimonial...” Op. cit., pág. 171.

96 “El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización... En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer subprincipio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación” (subrayado fuera de texto). ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VÁSQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob. cit., pág. 62.

97 Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil.Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage.Walter de Gruyter.Berlin.New York. 1993. Pags. 796 y ss.

98 Corte Constitucional. Sentencia SU-1184/2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

99 Corte Constitucional, Sentencia SU-1184/2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

100 “La profesora BELADIEZ comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen <<resultados desproporcionados e injustos>> para la Administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la Administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. LEGUINA VILLA, Jesús. “Prólogo”, en BELADIEZ ROJO, Margarita. “Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo”. Madrid, Tecnos, 1997, p.23.

101 MIR PUIGPELAT, Oriol. “La responsabilidad patrimonial...”. Op. cit., pág. 204.

102 Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es sólo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. MERKL, Adolfo. “Teoría general del derecho administrativo”. México, Edinal, 1975, pág. 211.

103 Fl. 2 del c. 1 del Exp. 26298.

104 Fl. 70 del c. 1 del Exp. 26665.

105 Fl. 3 del c. 5 del Exp. 26665.

106 Fl. 7 del c. 5 del Exp. 26665.

107 Fl. 6 del c. 5 del Exp. 26665.

108 Fls. 373-381 del c. 1 del Exp. 26298.

109 Fl. 215 del c. 1 del Exp. 26298 y fl. 48 del c. 5 del Exp. 26665.

110 Fls. 205-208 del c. 1; fls. 225-227 del c. 2. del Exp. 26298 y fls. 38-40 del c. 5. Del Exp. 26665.

111 Fl. 39-40 del c. 5 del Exp. 26665.

112 Fls. 19-22 del c. 7 del Exp. 26665

113 Fl. 19 del c. 7 del Exp. 26665

114 Fls. 41-44 del c. innominado del Exp. 26665.

115 Fls. 41 - 42 del c. innominado del Exp. 26665.

116 Fls. 118-119 del c. 3 del Exp. 26298

117 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 13 de agosto de 2008, M.P. Enrique Gil Botero, Exp. 17042.

118 Ibíd.

119 Adriano de Cupis, El Daño. Teoría de la Responsabilidad Civil, Barcelona 1975, pág. 279.

120 Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 24392.

121 “Las reglas de la experiencia, y la práctica científica han determinado que en la generalidad, cuando se está ante la pérdida de un ser querido, se siente aflicción, lo que genera el proceso de duelo. Razón por la cual la Sala reitera la posición asumida por la Corporación en la sentencia de 17 de julio de 1992 donde sobre el particular, y con fundamento en la Constitución, se analizó el tópico, así: “En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles. Ocurre sin embargo, que la Constitución Nacional que rige en el país actualmente, en su artículo 2º., señala que Colombia como Estado Social de derecho que es, tiene como fines esenciales el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma; también el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecte y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; al igual que defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica (sic) y la vigencia de un orden justo. “Por su parte el artículo 42 de la Carta Política, establece que el Estado y la sociedad tienen como deber ineludible el de garantizar la protección integral de la familia, núcleo fundamental de la sociedad, que “se constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.” Y agrega que “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica tienen iguales derechos y deberes”. (Subrayas fuera de texto). “La ley no ha definido taxativamente las personas que integran la familia que goza de la especial protección del estado y de la sociedad en general. Así las cosas, podría adoptarse como criterio interpretativo el concepto amplio de la familia, como aquellos parientes próximos de una persona a los que se refiere el artículo 61 del C.C., que es del siguiente tenor: “En los casos en que la Ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderá que debe oírse a las personas que van a expresarse y en el orden que sigue: “1º. Los descendientes legítimos; “2º Los ascendientes legítimos; “3º El padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo, o este a falta de descendientes o ascendientes legítimos; “4º El padre y la madre adoptantes, o el hijo adoptivo, a falta de parientes de los números 1º, 2º y 3º; “5º. Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, a falta de parientes de los números 1º, 2º, y 4º; “6º. Los hermanos naturales, a falta de los parientes expresados en los números anteriores; “7º. Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado, a falta de los consanguíneos anteriormente expresados. “Si la persona fuera casada, se oirá también, en cualquiera de los casos de este artículo a su cónyuge; y si alguno o algunos de los que deben oírse, no fueren mayores de edad o estuvieren sujetos a la potestad ajena, se oirá en su representación a los respectivos guardadores, o a las personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos”. “También resulta procedente tomar como familia lo que los tratadistas definen como familia nuclear, esto es, la integrada por los parientes en primer grado a que alude el artículo 874, ordinal 3º ibídem, que reza: “La familia comprende (además del habitador cabeza de ella) a la mujer y a los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aún (sic) cuando el usuario o habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución.” “La familia para fines de las controversias indemnizatorias, está constituida por un grupo de personas naturales, unidas por vínculos de parentesco natural o jurídico, por lazos de consanguinidad, o factores civiles, dentro de los tradicionales segundo y primer grados señalados en varias disposiciones legales en nuestro medio. “Así las cosas, la Corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna razón para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales. “Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se ha tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo normal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda sociedad, (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afectan moral y sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la evidencien.”(Negrillas de la Sala)”. Sección Tercera, sentencia de 15 de octubre de 2008, Exp. 18586.

122 “4.2. Amparada en la doctrina especializada, también la jurisprudencia constitucional ha señalado que el surgimiento de la familia se remonta a la propia existencia de la especie humana, razón por la cual se constituye en “la expresión primera y fundamental de la naturaleza social del hombre”. Bajo esta concepción, la familia es considerada un “presupuesto de existencia y legitimidad de la organización socio-política del Estado, lo que entraña para éste la responsabilidad prioritaria de prestarle su mayor atención y cuidado en aras de preservar la estructura familiar, ya que ‘[e]s la comunidad entera la que se beneficia de las virtudes que se cultivan y afirman en el interior de la célula familiar y es también la que sufre grave daño a raíz de los vicios y desordenes que allí tengan origen”. 4.3. En Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 no acogió la propuesta formulada por el Gobierno de asignarle a la familia un alcance puramente asistencial y se decidió, en cambio, por reconocerle el carácter de pilar fundamental dentro de la organización estatal, asociándola con la primacía de los derechos inalienables de la persona humana y elevando a canon constitucional aquellos mandatos que propugnan por su preservación, respeto y amparo. De este modo, la actual Carta Política quedó alineada con la concepción universal que define la familia como una institución básica e imprescindible de toda organización social, la cual debe ser objeto de protección especial. 4.4. En efecto, el derecho internacional, en las declaraciones, pactos y convenciones sobre derechos humanos, civiles, sociales y culturales, se refiere a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad” y le asigna a los estados y a la sociedad la responsabilidad de protegerla y asistirla. Tal consideración aparece contenida, entre otros instrumentos internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16), en el Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos (art. 23), en el Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales (art. 10) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica— (art. 17); los cuales se encuentran incorporados a nuestro derecho interno por haber sido suscritos, aprobados y ratificados por el Estado colombiano. 4.5. Bajo ese entendido, en nuestro país el régimen constitucional de la familia quedó definido: (i) en el artículo 5° de la Carta, que eleva a la categoría de principio fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad; (ii) en el artículo 13, en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de discriminación; (iii) en el artículo 15, al reconocer el derecho de las personas a su intimidad familiar e imponerle al Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; (iv) en el artículo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; (v) en el artículo 33, en cuanto consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; (vi) en el artículo 43, al imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia; (vii) en el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser separado de ella; y (viii) en el artículo 45, en la medida en que reconoce a los adolescentes el derecho a la protección y a la formación integral. 4.6. En concordancia con ello, el artículo 42 de la Constitución consagró a la familia como el “núcleo fundamental de la sociedad”, precisando que la misma puede constituirse por vínculos naturales o jurídicos, esto es, “por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Ello permite advertir que en el orden constitucional vigente, no se reconocen privilegios en favor de un tipo determinado de familia, sino que se legitima la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen. Así, tanto la familia constituida por vínculos jurídicos, es decir, la que procede del matrimonio, como la familia que se constituye por vínculos naturales, es decir, la que se forma por fuera del matrimonio o en unión libre, se encuentran en el mismo plano de igualdad y son objeto de reconocimiento jurídico y político, de manera que las personas tienen plena libertad para optar por una o otra forma de constitución de la institución familiar. 4.7. Conforme con el alcance reconocido a la familia, el propio artículo 42 le asigna a la sociedad y al Estado el deber de garantizar su protección integral, al tiempo que le asigna a la ley la función de regular, por una parte, las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo; y por la otra, lo referente a los efectos civiles de los matrimonios religiosos y de las sentencias dictadas por las autoridades religiosas que declaren su nulidad, así como también lo relacionado con la cesación de los efectos civiles de todos los matrimonios a través del divorcio. 4.8. La protección integral de que es objeto la institución familiar, cualquiera que sea la forma que ella adopte, es recogida y prodigada por la propia Constitución mediante la implementación de un sistema de garantías, cuyo propósito es reconocer su importancia en el contexto del actual Estado Social de Derecho y hacer realidad los fines esenciales de la institución familiar, entre los que se destacan: la vida en común, la ayuda mutua, la procreación y el sostenimiento y educación de los hijos. Tal como lo ha destacado esta corporación,[5] ese ámbito de protección especial se manifiesta, entre otros aspectos, (i) en el reconocimiento a la inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el imperativo de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de la pareja y en respeto entre todos sus integrantes; (iii) en la necesidad de preservar la armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la misma; (iv) en el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para los hijos, independientemente de cuál sea su origen familiar; (v) en el derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener; y (vi) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe a los hijos para garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos”. Corte Constitucional, C-821 de 9 de agosto de 2005.

123 “Se discute igualmente en relación con el contenido y alcance de las medidas constitucionales de protección de la familia. En efecto, aquéllas se manifiestan en la necesaria adopción de normas legales, de actos administrativos, así como de decisiones judiciales, medidas todas ellas encaminadas a lograr y preservar la unidad familiar existente, al igual que brindar una protección económica, social y jurídica adecuada para el núcleo familiar. Estos son los propósitos, o la razón de ser de las normas jurídicas y demás medidas de protección previstas por el ordenamiento jurídico. Así mismo, se presenta una controversia acerca de si la familia puede ser considerada, en sí misma, un derecho fundamental o uno de carácter prestacional. De tal suerte que las medidas de protección de aquélla pueden ser comprendidas de manera diferente, dependiendo de si se entiende que familia es un derecho fundamental (de primera generación), o si, por el contrario, se ubica como un derecho de contenido prestacional. En efecto, si se entiende que “familia” es un derecho prestacional, entonces el Estado, según las condiciones económicas podrá establecer mayores o menores beneficios que proporcionen las condiciones para que las familias puedan lograr su unidad, encontrándose protegidas económica y socialmente. De igual manera, entraría a aplicarse el principio de no regresión, pudiéndose, en algunos casos, excepcionarse. Por el contrario, si se comprende a la familia en términos de derecho fundamental, entonces las medidas estatales relacionadas con aquélla serán obligatorias, no pudiendo alegarse argumentos de contenido económico para incumplirlas, pudiéndose además instaurar la acción de tutela para su protección. Finalmente, la tesis intermedia apunta a señalar que la familia como institución debe ser protegida por el Estado, en cuanto a la preservación de su unidad y existencia, presentando en estos casos una dimensión de derecho fundamental; al mismo tiempo, otros elementos, de contenido económico y asistencial, se orientan por la lógica de implementación y protección propia de los derechos prestacionales. En suma, de la comprensión que se tenga del término “familia” dependerá el sentido y alcance de los mecanismos constitucionales de protección”. Corte Constitucional, Sentencia T-572 de 26 de agosto de 2009.

124 Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 24392.

125 Fls. 27-29 del c. 3 del Exp. 26298.

126 Fls. 30-32 del c. 3 del Exp. 26298.

127 Fl. 564 del c. ppal. del Exp. 26298.

128 Fl. 572 del c. ppal. del Exp. 26298.

129 Fl. 7 del c. 1 del Exp. 26665.

130 Fl. 36 del c. 5 del Exp. 26665.