Sentencia 1998-02246 de noviembre 11 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 050012325000199802246 01

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Número interno: 35.529

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: Tomás Ignacio Monroy R. y otros

Proceso: Acción de Repetición

Bogotá D.C. once de noviembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el grado jurisdiccional de consulta, respecto a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 24 de abril de 2008; adicionalmente, debe determinar si se cumplieron los elementos de la acción de repetición y si hay lugar a responsabilidad del agente estatal por su actuar doloso o gravemente culposo. Para ello, se analizará la evolución y la naturaleza de la acción de repetición, los elementos para su procedencia y, finalmente, se estudiará el caso concreto.

Como quiera que sólo dos de los tres demandados estuvieron representados por curador ad litem, el análisis propio de este trámite jurisdiccional (consulta) se surtirá exclusivamente a favor de los señores Tomás Ignacio Monroy Roncancio y Marco Aurelio Mendoza Mena, en tanto que, respecto de Samuel de Jesús Mejía González, habrá lugar a mantener la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, máxime que este último fue notificado personalmente y vinculado al proceso y se abstuvo de contestar la demanda y, adicionalmente, no recurrió la citada providencia.

1. Evolución de la acción de repetición.

Desde 1976, en el estatuto contractual de la Nación (D.L. 150), se instituyó la responsabilidad de los agentes estatales de forma solidaria con la entidad condenada. Sin embargo, ello fue parcial puesto que se circunscribió a la actividad contractual.

Posteriormente, el Decreto-Ley 01 de 1984 (CCA) en sus artículos 77 y 78, estableció la posibilidad de que la entidad pública condenada acudiera, por vía judicial, a repetir contra el funcionario que con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubiere dado lugar a la condena. Contrario a la legislación anterior, no se constituyó una responsabilidad solidaria, porque en el evento de declararse la responsabilidad de una entidad estatal y un agente público, la condena sólo se imponía en contra del ente y no del funcionario, sin perjuicio de que aquella pudiese obtener el reembolso correspondiente de éste.

La importancia de la responsabilidad de los servidores públicos se hizo tan relevante que trascendió del campo legal al constitucional y dio lugar a su consagración en el inciso 2º del artículo 90 de la Constitución Política de 1991. Su tenor literal es el siguiente:

"En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este".

El mandato del inciso 2º del artículo 90 de la Constitución Política se desarrolló a través de la Ley 678 de 2001 que estableció tanto los aspectos sustanciales, tales como el objeto (art. 1º), definición (art. 2º), finalidades (art. 3º), obligatoriedad (art. 4º), presunciones de dolo y culpa grave (arts. 5º y 6º), como aspectos procesales (capítulo II) de la acción de repetición.

2. Naturaleza de la acción de repetición.

La acción de repetición es una acción civil, patrimonial y autónoma, por medio de la cual la administración puede obtener de sus agentes el reintegro del monto de la indemnización, que ha debido reconocer a un particular en virtud de una condena judicial. Al respecto se refirió la Corte Constitucional en la Sentencia C-778 de 2003:

"… la acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la administración pública para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado(1)".

Es una acción con pretensión eminentemente resarcitoria o indemnizatoria, cuya finalidad es la protección del patrimonio público.

En cuanto a la responsabilidad del servidor público, es de carácter subjetiva puesto que procede solo en los eventos en que el agente estatal haya actuado con dolo o culpa grave, en los hechos que dieron lugar a la condena al Estado.

De otro lado, aún cuando actualmente la acción de repetición está regulada en la Ley 678 de 2001, esta normatividad no se aplicará al presente caso, toda vez que los hechos, por los cuales fue condenada la entidad accionante, ocurrieron el 18 de noviembre de 1986, fecha en la cual los demandados, materializaron las conductas criminales que dieron origen a la condena judicial en contra de la entidad demandante.

Por lo tanto, los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo que regulan la responsabilidad patrimonial de los funcionarios por los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones, así como la facultad de la entidad condenada a repetir en contra de aquél por lo que respectivamente le correspondiere, será la normatividad aplicable en el presente caso.

3. Requisitos de la acción de repetición.

Ahora bien, para que una entidad pueda ejercer la acción de repetición contra el funcionario responsable, se requiere que ésta haya sido condenada a pagar perjuicios por la conducta dolosa o gravemente culposa de aquél y que el pago, producto de la sentencia condenatoria, se hubiere efectivamente realizado.

Así las cosas, son varios los aspectos que deben estar acreditados, a efectos de que la acción de repetición tenga vocación de prosperar:

1) Que exista una condena a una entidad pública, originada en el actuar de uno de sus servidores, ex funcionarios o agente en ejercicio de funciones públicas. Es importante precisar que, con la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, la obligación puede estar contenida en una conciliación o cualquier forma de terminación del conflicto.

2) Que se haya efectuado el correspondiente pago al beneficiario del mismo, para lo cual deberán aplicarse todas las disposiciones civiles y procesales sobre la extinción de las obligaciones.

3) Que el comportamiento del funcionario que dio origen al pago, haya sido doloso o gravemente culposo, para lo cual deberá verificarse la fecha de producción del hecho correspondiente, como quiera que ello determinará las normas sustanciales aplicables sobre la materia.

Al respecto, la Sala ha señalado:

"... de acuerdo con lo establecido en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición, deben concurrir y reunirse los presupuestos y requisitos a saber:

a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar los daños antijurídicos causados a un particular;

b) Que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria y

c) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas..."(2).

De otro lado, en cuanto a la culpa grave y el dolo, la doctrina ha afirmado:

"Para que pueda hablarse no sólo de ilicitud, sino además de delito civil propiamente dicho, se hace precisa la existencia en el agente de una intención antijurídica (dolo) o, por lo menos, de una negligencia (culpa). No hemos de insistir aquí sobre conceptos sobradamente conocidos. Baste hacer una referencia en orden a la distinción de ambos conceptos, a la doble teoría en torno al concepto de dolo: se discute si existe dolo cuando el agente ha previsto el efecto ilícito de su acto (teoría de la representación), o si, además de la previsión del efecto debe exigirse también la voluntad de que se produzca (teoría de la voluntad). En la mayoría de los casos, observa VON TUHR, existe dolo desde el punto de vista de ambas teorías, cuando alguien cumple una acción previendo como resultado necesario de ella una lesión personal, quiere tal lesión, aunque cumpla la acción para un fin diferente y considere a la lesión como un efecto accesorio no deseable.

"(...) Frente al dolo que se caracteriza por la previsión e intencionalidad de los efectos antijurídicos, la culpa aparece fundada sobre la simple negligencia de su autor. Por esto, observa CHIRONI, se califica exactamente de culposo el acto cometido sin verdadera intención de dañar; el autor responde porque debía desplegar mayor cuidado, mayor diligencia en el conocimiento del hecho en sí o en la previsión de las consecuencias probables. No es la voluntad de perjudicar lo que constituye aquí la responsabilidad, como en el dolo, sino la falta de diligencia, y en ella precisamente radica la razón de la culpa..."(3).

Así mismo, el Consejo de Estado ha señalado:

"Al no haberse precisado o definido legalmente, de manera específica para efectos de la acción de repetición, los conceptos de 'culpa grave' y 'dolo', la jurisprudencia acudió inicialmente a la noción recogida y desarrollada por el ordenamiento civil, en cuyo artículo 63 se distingue entre la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, para efectos de señalar que culpa o negligencia grave es el descuido en que ni siquiera incurrirían las personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de sus propios negocios. Así

el artículo 90 superior, el agente estatal compromete dicha responsabilidad cuando su conducta dolosa o gravemente culposa ha sido la causa de condena patrimonial contra el Estado.

"(...) Para efectos de delinear un concepto legal independiente, propio del derecho público y aplicable para el caso de las acciones de repetición que se deban promover contra los servidores o ex servidores públicos, la Ley 678 de 2001 adoptó una definición legal diferente a la tradicionalmente utilizada, tal como lo recoge el artículo 6º de dicha ley, en cuya virtud:

'La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones'.

"Esa misma Ley 678 de 2001, en su artículo 5º definió el concepto de dolo para los efectos propios de la acción de repetición que se promueva contra agentes del Estado, con el siguiente alcance:

'La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado'.

"Como puede advertirse, las normas legales transcritas tienen un contenido y unos elementos que resultan diferentes de las nociones recogidas en el mencionado artículo 63 del Código Civil, amén de que en este nuevo campo no se equiparan el dolo y la culpa grave, como sí ocurre en el terreno civil, a tal punto que totalmente diferentes resultan, entre sí, las situaciones de hecho que la citada Ley recoge para efectos de presumir, en unos casos el 'dolo' y en otros, completamente diferentes, la 'culpa grave'(4).

El dolo y la culpa constituyen el elemento subjetivo que debe estar acreditado para que sea viable la acción de repetición, como quiera que se trata de una acción personal, en la cual se valora y juzga el comportamiento del funcionario, servidor público o agente estatal, en la producción de un determinado daño que ha sido previamente resarcido por la organización estatal.

Es imprescindible, en consecuencia, que verificada la existencia de la condena y del pago de la misma, se determine el grado volitivo y cognoscitivo del actuar del servidor o ex servidor público, puesto que solamente en la medida que la conducta esté enmarcada en los grados de culpa grave o dolo, será procedente la acción de repetición.

4. El caso concreto.

Aborda la Sala el estudio del caso concreto, para lo cual se torna imprescindible estructurar el siguiente orden conceptual: i) los hechos probados, y ii) valoración probatoria y conclusiones.

4.1. Los hechos probados.

4.1.1. Copia auténtica del Decreto 2682 del 20 de noviembre de 1989, proferido por el Presidente de la República, en el cual se determina lo siguiente:

"ART. 1º Separar en forma absoluta de las Fuerzas Militares al Capitán Tomás Ignacio Monroy Roncancio 7300293, orgánico del Batallón Nº 4 de la Policía Militar, por haber sido condenado a la pena principal de dieciséis (16) años de prisión, como autor responsable del delito de homicidio agravado".

"ART. 2ºOrdenar que los haberes retenidos durante el tiempo de suspensión pasen a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

"ART. 3ºEL presente decreto rige a partir de su publicación" (fls. 11 y 12, cdno. ppal.).

4.1.2. Para acreditar la vinculación que ostentaba el señor Tomás Ignacio Monroy Roncancio, obra copia auténtica del acta de posesión como Capitán del Ejército Nacional, calendada 4 de junio de 1984 (fl. 13 cdno. ppal.).

4.1.3. Copia auténtica de la Resolución 180 del 4 de agosto de 1988, mediante la cual el Comandante del Ejército Nacional, separa de forma absoluta y definitiva del servicio al Sargento Viceprimero Samuel de Jesús Mejía González, por haber sido condenado a la pena principal de ocho (8) años de prisión como responsable del delito de homicidio agravado, en la modalidad de cómplice (fls. 17 y 18, cdno. ppal.).

Así mismo, a folio 19 del cuaderno principal reposa copia auténtica del Acta de posesión número 337 del 25 de marzo de 1985, que acredita la condición que ostentaba el señor Samuel de Jesús Mejía González como Sargento Viceprimero del Ejército Nacional.

4.1.4. Copia auténtica del Acta de posesión número 28 del 10 de marzo de 1985, donde consta que el señor Marco Aurelio Mendoza Mena, se posesionó como Sargento Segundo del Ejército Nacional (fl. 23, cdno. ppal.).

4.1.5. En folios 24 y 25 se aprecia copia auténtica de la Resolución 167 del 29 de julio de 1988, en la que el Comandante del Ejército Nacional, separa de forma absoluta y definitiva del servicio al Sargento Segundo Marco Aurelio Mendoza Mena, orgánico del Batallón de Infantería número 31 Voltígeros, por haber sido condenado a la pena principal de dieciséis años de prisión como autor responsables del delito de homicidio agravado.

4.1.6. Copia auténtica de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, del 28 de junio de 1993, en la que se resolvió lo siguiente:

"1. No prospera la excepción de inepta demanda formulada en los procesos números 24.342, 24.348, 24.343 y 24.442.

"2. No prospera la excepción de indebida representación de la demandante Rosa Mery Londoño Posada propuesta en el Proceso número 24.349.

"3. Declárase responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - de la muerte de los ciudadanos Luis Fernando y Miguel Arcángel así como de la muerte de Orlando Alveiro y Víctor Manuel Londoño Posada hecho ocurrido el 18 de septiembre de 1986, en la finca La Sierra, vereda La Salazar, del municipio de Belmira - Antioquia.

"4. Como consecuencia de lo anterior, la Nación pagará al señor Carlos Antonio Londoño la suma equivalente a mil (1000) gramos de oro; a Clemencia, Margarita Rosa, Aydé de Jesús, Rubén Darío y María Soledad Londoño Londoño quinientos (500) gramos de oro para cada uno, como indemnización del daño moral por la muerte de su hijo y hermano Luis Fernando Londoño Londoño.

"Así mismo y como indemnización de perjuicios materiales pagará al señor Carlos Antonio Londoño la suma de quinientos veinticuatro mil cuatrocientos veinte pesos M.L. ($ 524.420).

"5. Pagará así mismo la Nación Colombiana a la señora Luz Elena Londoño de Londoño en su calidad de madre el equivalente a mil (1000) gramos de oro; a Luz Adiela, Marta Isabel, Sonia Yanet, Gladis Elena, Juan Nicolás, Doris Eugenia y Ángel Guillermo Londoño Londoño en su condición de hermanos el equivalente a quinientos (500) gramos de oro para cada uno, como una indemnización del daño moral por la muerte de su hijo y hermano respectivamente Miguel Arcángel Londoño Londoño. Como indemnización de los perjuicios materiales pagará a la señora Luz Elena Londoño de Londoño la suma de cuatro millones quinientos ochenta y ocho mil setecientos setenta y ocho pesos M.L. ($ 4.588.778).

"6. Pagará también al señor Juan Pablo Londoño Londoño el equivalente a mil (1000) gramos de oro. A María Leonilda, María Amanda, Hermenegildo de Jesús, Griselda y María Magdalena Londoño Londoño el equivalente a 500 gramos de oro, como indemnización del daño moral padecido por la muerte de su hijo y hermano Orlando Londoño Londoño.

"7. Para todos los eventos anteriores se tomará la cotización del gramo de oro a la fecha de ejecutoria del fallo.

"8. Así mismo pagará a la señora Aura Ligia Posada la suma de once millones seiscientos siete mil novecientos ochenta y cuatro pesos M.L. ($ 11.607.984) por concepto de perjuicios materiales a raíz de la muerte de sus hijos Orlando Alveiro y Víctor Manuel Londoño Londoño.

"9. Niéganse las demás súplicas de la demanda.

"(...)" (fls. 62 a 64, cdno. ppal.).

4.1.7. De folios 66 a 88 obra copia auténtica de la sentencia proferida el 15 de febrero de 1996, por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que desató la apelación formulada en contra de la decisión proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En la parte resolutiva de la providencia de segunda instancia, en el proceso de reparación directa, esta corporación dispuso:

"Confírmanse los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sección Segunda, el 18 de junio de 1993 (adicionada mediante auto del 30 de julio de 1993).

"El resto de la sentencia quedará así:

"1. Condénase a la entidad demandada, a pagar las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios materiales:

"A. Para Carlos Antonio Londoño, la suma de ochocientos quinte mil ochocientos trece pesos con 74/100 m/cte. ($ 815.813,74). Esta indemnización se decreta por la muerte de Luis Fernando Londoño Londoño.

"B.- Para Luz Elena Londoño, la suma de siete millones setecientos tres mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos con 61/100 m/cte. ($ 7´703.489,61). Esta indemnización se decreta por la muerte de Miguel Arcángel Londoño Londoño.

"2. Condénase a la entidad demandada a pagar las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales:

"A. Para Aura Ligia Posada, la suma equivalente a un mil cien gramos de oro (1.100). Esta indemnización se decreta por la muerte de Orlando Alveiro Londoño Posada, Víctor Manuel Londoño Posada y Luis Fernando Londoño Londoño.

"B. Para Rosa Mery, Marta Catalina, Jairo Alberto, Pedro Pablo, Oscar Geovanny, Juan Camilo, José Daniel y Eliana María Londoño Posada, la suma de cuatrocientos (400) gramos de oro para cada uno. Esta indemnización se decreta por la muerte de Orlando Alveiro Londoño Posada y Víctor Manuel Londoño Posada.

"C. Para Carlos Antonio Londoño, la suma equivalente a mil (1.000) gramos oro; y, para Clemencia Londoño, Ayde de Jesús Londoño, Margarita Rosa Londoño, Rubén Darío Londoño y María Soledad Londoño, la suma de trescientos (300) gramos de oro para cada uno. Esta indemnización se decreta por la muerte de Luis Fernando Londoño Londoño.

"D. Para Luz Elena Londoño de Londoño, la suma equivalente a mil (1.000) gramos de oro; y para Luz Adiela Londoño Londoño, Martha Isabel Londoño Londoño, Sonia Yanet Londoño Londoño, Gladis Elena Londoño Londoño, Juan Nicolás Londoño Londoño, Doris Eugenia Londoño Londoño y Ángel Guillermo Londoño Londoño, la suma equivalente a quinientos (500) gramos de oro. Esta indemnización se decreta por la muerte de Miguel Arcángel Londoño Londoño.

"E. Para Juan Pablo Londoño Londoño, la suma de mil (1.000) gramos oro; y para María Leonilda, María Amanda, Hermenegildo de Jesús, Griselda y María Magdalena Londoño Londoño, el equivalente a quinientos (500) gramos de oro para cada uno.

3. El valor del gramo oro será certificado por el Banco de la República para la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.

"(...)" (fls. 84 a 87, cdno. ppal. mayúsculas del original).

4.1.8. Copia auténtica de la Resolución 10903 del 29 de julio de 1996, en la que el Ministro de Defensa Nacional, dispuso el pago total de la condena impuesta en la sentencia de 15 de febrero de 1996, proferida por el Consejo de Estado, que ascendió a la suma de $ 247.849.453,03 (fls. 89 a 95, cdno. ppal.).

4.1.9. Original del Oficio 2582 MDSGP-784 del 4 de septiembre de 1998, suscrito por la tesorera principal del Ministerio de Defensa, en el que expresamente se certifica por la citada funcionaria que el 22 de agosto de 1996, mediante cheque Nº 7033 del Banco Ganadero, se canceló la condena liquidada en la Resolución 10903, por un valor de $ 247.849.453,03 al apoderado judicial respectivo, esto es, al doctor Javier Leonidas Villegas Posada (fl. 113, cdno. ppal.).

4.1.10. De folios 197 a 370 del cuaderno principal, se aprecia copia auténtica del proceso penal militar adelantado contra los señores Tomás Ignacio Monroy Roncancio, Marco Aurelio Mendoza Mena, y Samuel de Jesús Mejía González, el cual será valorado en esta instancia puesto que todos los medios probatorios fueron decretados y practicados con audiencia tanto de la parte demandante (Ejército Nacional) como demandada. En efecto, en el proceso penal obraron como sindicados y condenados los aquí demandados, razón por la cual, en los términos del artículo 185 del Código Procedimiento Civil(5), tuvieron oportunidad de controvertir el respectivo acervo probatorio.

4.1.11. Copia auténtica del comprobante de egreso Nº 1843 del 1º de agosto de 1996, por valor de $ 247.849.453,03 en cumplimiento de la Resolución 10903 del 29 de julio de 1996 (fls. 442, cdno. ppal. 2ª instancia).

4.1.12. Copia auténtica de la autorización suscrita por el abogado Javier Leonidas Villegas, en la que se concede la facultad al señor José González Ramírez para recibir y suscribir el correspondiente paz y salvo, en relación con la entrega y pago del cheque girado por el Ministerio de Defensa a favor del primero según lo establecido en la Resolución 10903 del 29 de julio de 1996 (fl. 450, cdno. ppal. 2ª instancia).

4.1.13. Copia auténtica del documento firmado el 22 de agosto de 1996, por el señor José González Ramírez, obrando en nombre y representación de Javier Leonidas Villegas Posada, mediante el cual declara a paz y salvo al Ministerio de Defensa en relación con la condena de $ 247.849.453,03, por concepto de la indemnización decretada por el Consejo de Estado en los procesos acumulados números 24.349, 24.343, 24.342, 24.442 y 24.348.

En relación con los medios probatorios originarios en el proceso penal militar, vale la pena destacar los siguientes:

1) Copia auténtica del acta del Consejo de Guerra Verbal, en el que se formuló la imputación, se practicaron algunas de las pruebas decretadas y, así mismo, se expusieron los alegatos de los militares acusados del delito de homicidio, como de sus apoderados judiciales (fls. 205 a 223, cdno. ppal.).

Del citado documento, resulta pertinente extraer los siguientes apartes:

"(...) El señor Presidente dio receso para ir a almorzar y se reanuda a las 15:00 horas. Concede la palabra al SS. Mendoza, y este a su defensor… quien comienza con el saludo protocolario... Está claro en el expediente señores vocales y no hay prueba que lo contradiga y el Fiscal lo ha confirmado que el SS. MENDOZA obró cumpliendo una órden (sic) en zona contraguerrillera, en Belmira y el Zancudo es una zona de guerra, la prensa dice que en esa zona había perdido la vida un oficial y que habían salido heridos otros más, debemos colocarnos no solamente en la pérdida de esas seis vidas; las órdenes se cumplen o la milicia se acaba y no puede haber desacato a una orden superior... El SS. MENDOZA MENA, no es psicópata, obró en cumplimiento de una orden de autoridad superior y competente, por lo que la órden (sic) es lógica, porque estaban en zona de guerra roja… quiero volver a aclarar que quien dio la orden de dar muerte a los seis civiles, delante del SV. MEJÍA y del soldado LÓPEZ, también la Fiscalía acepta que el SS. Mendoza recibió una órden (sic) tal, entonces la pregunta para que ustedes respondan es: En su conciencia si era lógica la órden (sic), recibida y ejecutada cuando en la zona de guerra han muerto compañeros? (...) La orden del Capitán era obligatoria o no? La Fiscalía nunca lo dijo, era obligatoria, tenía que cumplirla… Creen ustedes que el Oficial y el Suboficial, si hubieran tenido la plena certeza de que eran campesinos, hubieran actuado así. No vamos a dejar que el pago de esos diez años de servicio sea sacarlo de la Institución sindicado de un delito, que está probado no hay responsabilidad, cuando el hecho se justifica y no hay delito cuando no se cumple uno de los tres casos de la ley universal. Si la orden no se hubiera cumplido se hubiera cometido un delito de insubordinación. Me es placentero haber participado en este Consejo de Guerra Verbal porque sé que se va a impartir justicia, porque el hecho se cumplió por una orden superior. El señor Presidente le concede la palabra al señor capitán MONROY RONCANCIO, y este a su vez a su defensor... Inicia con el saludo protocolario... El Capitán es una persona oriunda de Bogotá, se corrige de Boyacá, nacido de cultivadores de papa, se crió en ese medio, donde la gente es buena, honesta, honrada y en el Ejército ha seguido igual, y por ello ahora tiene tres estrellas... Yo he trabajado con él por diez meses y no tiene agallas de dar una orden de esta clase, por su forma de ser, por su proveniencia... Entonces no podemos pensar que la responsabilidad es del capitán, porque el Subalterno debió pedirla por escrito [se refiere a la orden militar], y también lo dice el soldado en el expediente… yo me atrevo a pensar que el capitán MONROY fue asaltado en su buena fe y ahora está sentado en el banquillo porque se dejó meter los dedos en la boca..." (mayúsculas del original).

2) Sentencia del 21 de mayo de 1987, proferida con motivo del Consejo de Guerra Verbal, donde se condenó a los sindicados al hallarlos responsables del delito de homicidio doloso agravado.

Entre otros aspectos, el citado tribunal puntualizó:

"(...) La actuación del señor Capitán, su mismo testimonio y las declaraciones que en su contra recaen lo colocan en el plano del autor intelectual, no material. Esto de una parte, de otra, su actitud y el hecho de pasarle el arma corto punzante a MENDOZA dejan entrever que el propósito o intención no era otra que la de eliminarlos. Más aún, querían ocultar las pruebas, y desaparecer el objeto material del delito, siendo así que lavaron el cuchillo, lo hirvieron borrando tras de sí toda huella que en un momento dado pudiera implicarlos, con tan mala suerte de que el hecho fue descubierto.

"Entonces ha quedado establecido que el señor capitán MONROY participó en los hechos y que esa responsabilidad se infiere de las pruebas tales como los testimonios, los careos y la propia exposición donde él acepta pero agregando que en la creencia de que realmente se trataba de personal guerrillero.

"En cuanto al sargento MENDOZA MENA MARCO AURELIO su responsabilidad está claramente determinada tanto por las declaraciones que en su contra militan como por la propia confesión que en forma abierta y descarnada hace sobre la manera como eliminó a cada uno de los campesinos. Es el sargento Mendoza quien afirma que todos participaron, quien indica que el señor CT. MONROY le dio la orden de eliminarlo y le pasó el cuchillo para cumplir con el cometido. Que el Sargento Mejía fue consciente y también participó e incluso cuando concluyó la labor le prestó los soldados para que fueran a tapar los cadáveres.

"(...) En lo que respecta al SV. MEJÍA GONZÁLEZ SAMUEL DE JESÚS, su participación ha quedado respaldada por los testimonios de los mismos soldados, la del sargento Mendoza y su propia exposición donde acepta haber actuado en forma voluntaria, pero agregando que no supo de las muertes sino hasta el final.

"(...) Es así que los particulares se encontraban indefensos, había entre los seis tres menores, tres jóvenes que además de su minoría de edad, se encontraban inermes para responder ante cualquier agresión. Los otros tres mayores de edad, también estaban sin protección, no portaban armas, eran campesinos de la región, que sólo tenían su azadón para trabajar la tierra y tan desprevenidos estaban de lo que el sargento MENDOZA por orden del señor CT. MONROY RONCANCIO iba a ejecutar, que entraron tranquilamente y sin prevención al sitio que les serviría de última morada.

"(...) Vemos, como consecuencia de lo anterior, que la muerte de los seis campesinos el día 18 de septiembre de 1986 se constituyó en homicidio intencional y perfecto, agravado en las circunstancias del artículo 105 del Código de Justicia Penal Militar numerales 5º y 7º". (Fls. 306 a 337, cdno. ppal. —mayúsculas del original).

3) Providencia del 14 de marzo de 1988, proferida por el Tribunal Superior Militar, con ocasión del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 21 de mayo de 1987 (fls. 338 a 364, cdno. ppal.).

El Tribunal Superior Militar, modificó la sentencia proferida por el Consejo de Guerra Verbal, en el sentido de condenar al capitán Tomás Ignacio Monroy Roncancio y al Sargento Segundo Marco Aurelio Mendoza Mena, a la pena principal de dieciséis años de prisión a cada uno, como autores del delito de homicidio agravado. Así mismo, reformó el proveído de primera instancia, en orden a imponer al sargento viceprimero, Samuel de Jesús Mejía González, la pena de ocho años de prisión en calidad de cómplice del delito de homicidio agravado.

4) Sentencia del 20 de junio de 1989, en la que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no casó la providencia proferida por el Tribunal Superior Militar, en contra de los señores Tomás Ignacio Monroy Roncancio, Marco Aurelio Mendoza Mena y Samuel de Jesús Mejía González (fls. 365 a 369, cdno. ppal.).

4.2. Valoración probatoria y conclusiones.

4.2.1. Como se explicó, para que proceda la acción de repetición, el Estado debe haber sido condenado a la reparación de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente o ex agente público y que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia. Todo lo anterior debe ser establecido en el proceso por la parte demandante, con el aporte de copias auténticas de la sentencia ejecutoriada que impuso la condena y de los documentos que prueben la cancelación de la misma, como también debe quedar acreditado la conducta dolosa o gravemente culposa del agente o ex agente público. De no demostrarse ello en debida forma, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, y se imposibilita la declaratoria de responsabilidad del funcionario estatal y la condena a resarcir el daño causado al patrimonio público.

4.2.2. En el asunto sub examine, acorde con las pruebas aportadas al proceso, la Sala considera que sí se cumplió con todos y cada uno de los requisitos y presupuestos de la acción, puesto que se acreditó en debida forma, tal y como pasará a desarrollarse a continuación, la condena impuesta a la entidad demandada, el pago de las sumas fijadas en las respectivas providencias judiciales, así como el dolo con que actuaron los ex funcionarios públicos en el desarrollo de los hechos que dieron origen a la responsabilidad patrimonial del Estado.

4.2.3. La entidad demandante aportó copia auténtica de la Resolución 10903 del 29 de julio de 1996, mediante la cual el Ministro de Defensa Nacional dio cumplimiento a las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 18 de junio de 1993 y 15 de febrero de 1996, respectivamente, lo que es indicativo de la existencia y el monto de la obligación cuya repetición se pretende.

4.2.4. Se encuentra establecido el pago de la obligación, como quiera que la certificación expedida por la tesorera principal del Ministerio de Defensa, constituye un documento público, vinculante, que contiene y refleja la propia manifestación de voluntad de la entidad condenada (Ejército Nacional), en el sentido de hacer constar el cumplimiento de la condena. Así mismo, reposa en el proceso copia auténtica del de paz y salvo suscrito por José González Ramírez, persona esta última que recibió el valor de la condena en nombre y representación del mandatario judicial de los demandantes de los respectivos procesos acumulados de reparación directa, esto es, el abogado Javier Leonidas Villegas Posada, según los documentos que fueron aportados en copia auténtica por parte del Ministerio de Defensa y que reposan en sus archivos según lo hace constar la coordinadora del grupo contencioso de esa entidad en Oficio 09-90762 del 16 de octubre de 2009.

4.2.5. Acreditada la existencia de la condena y su consecuencial pago, por parte de la entidad demandante, aborda la Sala el análisis del último requisito de procedencia de la acción de repetición, esto es, que el comportamiento del servidor, ex funcionario o agente estatal que dio origen a la condena y a su cancelación, haya sido doloso o gravemente culposo.

En el caso concreto, se halla probada y establecida la condena impuesta en materia penal militar a los demandados, por la comisión del delito de homicidio agravado, a título de dolo, al haber causado la muerte a seis campesinos, entre ellos tres menores de edad que, para el momento de los hechos, se encontraban desarrollando actividades agrícolas y, frente a los cuales, los militares motu proprio aplicaron la pena de muerte.

El comportamiento intencional de desconocer la Constitución y las leyes, está plenamente acreditado a partir del análisis de las pruebas que reposan en el proceso que están constituidas por: i) las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por la jurisdicción penal militar, así como ii) el acta del Consejo Verbal de Guerra que se levantó a lo largo del juicio penal en contra del oficial y los suboficiales del Ejército demandados, en la cual los propios sindicados, a través de sus apoderados confesaron haber cometido la conducta delictiva que se les imputó en su momento.

En ese orden de ideas, el problema jurídico que la Sala aborda, se centra en determinar si las providencias ejecutoriadas del proceso penal sirven y son suficientes para, en sede del proceso de repetición, dar por acreditado el dolo de los funcionarios públicos, máxime si en recientes oportunidades se ha precisado que la sentencia proferida en el proceso contencioso administrativo que dio origen a la acción de repetición (v. gr. nulidad y restablecimiento del derecho) no es suficiente en sí misma para a partir de allí derivar la prueba del dolo o la culpa grave del funcionario.

Sobre el particular, para la Sala son relevantes los planteamientos fijados en reciente providencia, relativos a los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria en materia contencioso administrativa:

"6.3.5. Para aplicar esos criterios con respecto a quien ha sido llamado en garantía o demandado en acción de repetición, el juez contencioso deberá verificar:

"(i) Que la conducta por la que fue juzgado penalmente sea la misma por la cual se le llama en garantía o se le demanda en acción de repetición. Es necesario ser muy precisos al momento de analizar la descripción típica de la conducta en el proceso penal y los elementos fácticos señalados en la decisión. Bien puede suceder que se llame en garantía al servidor por una conducta cercana pero diferente a la que fue objeto del proceso penal. En tales eventos, el juez que deba resolver el llamamiento o la acción de repetición no tendrá ningún obstáculo para tomar la decisión que corresponda a las pruebas que obran en el expediente.

"(ii) Que el juez penal hubiera concluido, por decisión en firme, que la conducta que se atribuyó al sindicado no existió, o que el sindicado no la cometió, lo cual incluye los eventos en los cuales se afirma que el daño tuvo una causa diferente; o que el sindicado obró en cumplimiento de un deber legal, o en legítima defensa y que esa decisión corresponda a un juicio razonado de las pruebas y no sea una decisión meramente formal.

"(iii) Que la decisión penal tenga como fundamento única y exclusivamente las causales señaladas en la ley penal, sin que pueda hacerse extensivo a otras causales, como podrían serlo aquellos eventos en los cuales la absolución se produce por una causal diferente de falta de antijuridicidad de la conducta, como lo es el estado de necesidad, o por cualquiera causal de inculpabilidad, incluida la insuperable coacción ajena, en los términos en los que dichas causales fueron previstas en el Decreto 2700 de 1991, vigente al momento de ocurrencia de los hechos, ni mucho menos cuando la decisión tenga como fundamento la aplicación del principio in dubio pro reo…"(6).

Como se aprecia, la sentencia penal puede llegar a tener efectos vinculantes en la acción de repetición, todo lo cual dependerá de la valoración que haya efectuado el juez de lo criminal en el respectivo trámite procesal. De otro lado, resulta incuestionable que, en aquellos eventos en que la condena haya sido impuesta a título de dolo, no resultará viable al juez contencioso administrativo, desconocer la valoración realizada por el juez penal.

Sobre el particular, la jurisprudencia de la corporación ha señalado:

"De otra parte, es necesario aclarar que la situación es diferente cuando se trata de la sentencia proferida dentro de un proceso penal. En efecto, la sentencia penal condenatoria tiene valor de cosa juzgada, en el proceso administrativo, en relación con la responsabilidad del agente estatal. Así las cosas, si tal responsabilidad ha sido declarada en un proceso penal, mediante providencia debidamente ejecutoriada, ella no puede ponerse en duda. Esta Sala se ha pronunciado al respecto en varias oportunidades(7)"(8).

En ese contexto, si bien el concepto de dolo en materia de acción de repetición tiene un contenido y alcance no equiparable al dolo penal, lo cierto es que comparten ciertos rasgos distintivos, que hacen vinculante la condena penal en esta jurisdicción, siempre que, se reitera, la misma se haya imputado a título de dolo; lo anterior, como quiera que la culpa grave en tratándose de la acción de repetición (culpa grave y leve) tiene una graduación diferente a la punitiva (culpa con o sin representación), motivo por el cual los conceptos no pueden ser asimilados y, por ende, no resulta predicable los efectos de cosa juzgada en lo penal frente al proceso de repetición.

El dolo, en cambio, constituye un concepto jurídico relacionado con la intención del sujeto de generar el resultado, o de realizar el verbo rector que describe la acción típica; por consiguiente, de manera independiente a que se entienda como un elemento psicológico o normativo, lo cierto es que su análisis se efectúa en el fuero interno del individuo, puesto que su acreditación supone la constatación de un elemento cognoscitivo (conocer la realidad, la trasgresión normativa, y el resultado esperado), y volitivo (aceptar y buscar intencionalmente la consecuencia derivada del comportamiento, esto es, de la acción)(9).

Lo anterior se desprende con claridad, del concepto brindado por el artículo 63 del Código Civil, cuando señala:

"El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro"(10).

En consecuencia, el elemento que caracteriza al dolo en sus diferentes acepciones, es decir las referidas al derecho privado o al público (penal, etc.), es la intencionalidad, el elemento volitivo que lleva implícito el desear, el querer(11) la materialización de algo que es censurado por el ordenamiento jurídico.

4.2.6. En el caso concreto, de las sentencias penales y el acta del Consejo de Guerra Verbal, documentos debidamente trasladados como pruebas del proceso penal militar, se establece que los militares actuaron con toda la premeditación del caso, y que su objetivo era claro al pretender cercenar de forma inhumana la vida de los seis campesinos de Belmira (Antioquia).

En efecto, tal y como se desprende de la mencionada acta, los propios apoderados judiciales, en representación de los militares sindicados, aceptaron los cargos formulados, e intentaron escudarse jurídicamente en la grave situación que se vivía en la zona, dada la alta influencia de la guerrilla en la misma. No es admisible que miembros activos del Estado, encuentren justificación para actuar como "agentes provocadores"(12) y como "agentes de ejecución extrajudicial", con miras a mostrar resultados en relación con el conflicto interno que vive el país "falsos positivos".

El Estado colombiano se edifica en el principio del Estado social de derecho, según el cual el eje principal de la organización pública es la persona, entendida como un sujeto titular de derechos que deben ser protegidos en su integridad por quienes detentan el poder público. En otras palabras, dada la connotación antropocéntrica de la Carta Política, los derechos humanos y, especialmente, los de carácter fundamental son inviolables, inalienables e imprescriptibles y, precisamente, es el Estado el principal encargado de velar por el respeto de esas garantías esenciales del ser humano.

Así las cosas, los miembros de la fuerza pública deben ceñirse estrictamente a los parámetros y postulados fijados por la Carta Política, pues cualquier distorsión o trasgresión de ese conjunto de principios, valores y derechos contenidos a lo largo del ordenamiento jurídico, por muy loable en apariencia que sea el propósito con que subjetivamente se actúe por parte de los funcionarios (v. gr. eliminar a las fuerzas al margen de la ley), se traduce en uno de los peores crímenes o delitos reprochados por la humanidad; lo anterior, como quiera que cuando es el mismo Estado entidad que detenta el uso legítimo de la fuerza—, quien a través de sus miembros activos emplea sus medios e instrumentos para cercenar, aniquilar y desdibujar las garantías fundamentales del ser humano se quebranta el principio basilar del Estado social de derecho, esto es, la dignidad humana, y ello se presta para definir a la organización pública como ilegítima, pues actúa en contra de los propios mandatos trazados por el constituyente primario y directo detentador de la soberanía y del poder político.

En efecto, la dignidad humana entendida como eje central de los derechos y garantías fundamentales del ser humano fue inicialmente definida por Samuel Pufendorf, cuyas orientaciones sirvieron de fundamento para la elaboración de la Declaración de derechos norteamericana (Bill of Rights - 1791) y, con posterioridad, para la Declaración universal de los derechos humanos (1948), así como a la formulación de la teoría de la libertad de John Wise, cuyo propósito principal consistió en difundir las ideas de sociabilidad de la dignidad humana y de la democracia, puesto que en criterio de este último: "la facultad de la libertad moral eleva al hombre del reino animal y le presta su dignidad humana. A la libertad interna responde la externa como persona, de acuerdo con la cual todo hombre se halla, por naturaleza, exclusivamente bajo su propio poder y dirección, y posee la prerrogativa de juzgar por sí mismo qué es lo mejor para sus intereses, su felicidad y su bienestar... El fin último del Estado es el cuidado de la humanidad, y el fomento de la felicidad de todos y cada uno de sus derechos, su vida, su libertad, su honor, etc., sin que nadie padezca injusticia o denigración"(13).

Al respecto, vale la pena extraer brevemente una parte de ese sobresaliente pensamiento:

"Ya en el mero nombre de hombre hay una dignidad. Y como esta corresponde en igual medida a todos los hombres, todo hombre es también igual a los otros por naturaleza. Esta igualdad "natural" no es una igualdad de fuerzas, como pensaba Hobbes, sino una igualdad en el derecho, cuyo fundamento se halla en el deber de sociabilidad que une igualmente a todos los hombres, ya que está dado con la naturaleza humana como tal..."(14).

Con posterioridad, el concepto fue luminosamente expuesto por Emmanuel Kant, en su magnífica obra "La metafísica de las costumbres", donde desarrolló el contenido del principio de la dignidad humana universal, en los siguientes términos:

"Ahora yo digo: el hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado siempre al mismo tiempo como fin. Todos los objetos de las inclinaciones tienen sólo un valor condicionado, pues si no hubiera inclinaciones y necesidades fundadas sobre las inclinaciones, su objeto carecería de valor. Pero las inclinaciones mismas, como fuentes de las necesidades, están tan lejos de tener un valor absoluto para desearlas, que más bien debe ser el deseo general de todo ser racional el librarse enteramente de ellas. Así, pues, el valor de todos los objetos que podemos obtener por medio de nuestras acciones es siempre condicionado. Los seres cuya existencia no descansa en nuestra voluntad, sino en la naturaleza, tienen, empero, si son seres irracionales, un valor meramente relativo, como medios, y por eso se llaman cosas; en cambio, los seres racionales llámense personas porque su naturaleza los distingue ya como fines en sí mismos, esto es, como algo que no puede ser usado meramente como medio, y, por tanto, limita en ese sentido todo capricho (y es un objeto del respeto). Estos no son, pues, meros fines subjetivos, cuya existencia, como efecto de nuestra acción, tiene un valor para nosotros, sino que son fines objetivos, esto es, cosas cuya existencia es en sí misma un fin, y un fin tal, que en su lugar no puede ponerse ningún otro fin para el cual debieran ellas servir de medios, porque sin esto no hubiera posibilidad de hallar en parte alguna nada con valor absoluto; mas si todo valor fuero condicionado y, por tanto, contingente, no podría encontrarse para la razón ningún principio práctico supremo.

"(...) Si, pues, ha de haber un principio práctico supremo y un imperativo categórico con respecto a la voluntad humana, habrá de ser tal, que por la representación de lo que es fin para todos necesariamente, porque es fin en sí mismo, constituya un principio objetivo de la voluntad y, por tanto, pueda servir de ley práctica universal. El fundamento de este principio es: la naturaleza racional existe como fin en sí mismo. Así se representa necesariamente el hombre su propia existencia, y en ese respecto es ella un principio subjetivo de las acciones humanas. Así se representa, empero, también todo ser racional su existencia, a consecuencia del mismo fundamento racional, que para mi vale(15); es, pues, al mismo tiempo un principio objetivo, del cual, como fundamento práctico supremo, han de poder derivarse todas las leyes de la voluntad. El imperativo práctico será, pues, como sigue: obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Vamos a ver si esto puede llevarse a cabo.

"(...) En el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente, en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad.

"Lo que se refiere a las inclinaciones y necesidades del hombre tiene un precio comercial, lo que, sin suponer una necesidad, se conforma a cierto gusto, es decir, a una satisfacción producida por el simple juego, sin fin alguno, de nuestras facultades, tiene un precio de afecto; pero aquello que constituye la condición para que algo sea fin en sí mismo, eso no tiene meramente valor relativo o precio, sino un valor interno, esto es, dignidad"(16).

En consecuencia, uno de los principales mandatos de la institucionalidad es brindar estándares reglados acerca del manejo de la fuerza pública, toda vez que se parte del principio de excepcionalidad en su uso y, por ende, los agentes de los estamentos de seguridad deben ceñirse a los postulados definidos en la Carta Política y en la legislación especial que rige la materia, sin que puedan invocar la obediencia debida o el cumplimiento de un deber legal, en aquellos eventos en que con su conducta es constitutiva de crímenes o delitos de lesa humanidad, de guerra o, en general, de cualquier comportamiento que atente contra los derechos humanos.

Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido:

"(...) En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, no sólo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad"(17).

De otro lado, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado los parámetros para el uso debido de la fuerza pública, en los siguientes términos(18):

"78. La Corte ha considerado reiteradamente que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos(19), en razón de lo cual, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo(20). De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los derechos que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados partes(21).

79. En virtud de este papel fundamental que se le asigna en la Convención, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes, o particulares, atenten contra el mismo(22). El objeto y propósito de la convención, como instrumento para la protección del ser humano, requiere que el derecho a la vida sea interpretado y aplicado de manera que sus salvaguardas sean prácticas y efectivas (effet utile)(23).

80. La Corte ha señalado en su jurisprudencia que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4º de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción(24).

"81. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. De manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la fuerza, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción(25).

"82. La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en otros casos acerca de los criterios que determinan el uso legítimo de la fuerza por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado. A la luz de esos criterios son analizados los hechos de este caso:

"1) Excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad:

"83. El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, el tribunal ha estimado que sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control(26).

"84. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el "absolutamente necesario" en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler(27). Cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria(28).

"85. El uso de la fuerza debe estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad. La fuerza excesiva o desproporcionada por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que da lugar a la pérdida de la vida puede por tanto equivaler a la privación arbitraria de la vida. El principio de necesidad justifica sólo las medidas de violencia militar no prohibidas por el derecho internacional, que son relevantes y proporcionadas para garantizar el pronto sometimiento del enemigo con el menor gasto posible de recursos humanos y económicos. El principio de humanidad complementa y limita intrínsecamente el principio de necesidad, al prohibir las medidas de violencia que no son necesarias (es decir, relevantes y proporcionadas) para el logro de una ventaja militar definitiva. En situaciones de paz, los agentes del Estado deben distinguir entre las personas que, por sus acciones, constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas personas que no presentan esa amenaza, y usar la fuerza sólo contra las primeras(29).

"2) Existencia de un marco normativo que regule el uso de la fuerza

"86.La legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes estatales(30), así como para asegurar un control independiente acerca de la legalidad de la misma (infra párrs. 88 a 90).

"3) Planificación del uso de la fuerza - capacitación y entrenamiento a los miembros de los cuerpos armados y organismos de seguridad estatales

"87. Una adecuada legislación no cumpliría su cometido si, entre otras cosas, los Estados no forman y capacitan a los miembros de sus cuerpos armados y organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido en toda circunstancia el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley(31). En efecto, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que la cuestión de si debería recurrirse al uso de armas de fuego y en qué circunstancias, debe decidirse sobre la base de disposiciones legales claras y entrenamiento adecuado(32). Es imprescindible que los agentes del Estado conozcan las disposiciones legales que permiten el uso de las armas de fuego y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo(33).

"4) Control adecuado y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza

"88. La prohibición general a los agentes del Estado de privar de la vida arbitrariamente sería ineficaz si no existieran procedimientos para verificar la legalidad del uso letal de la fuerza ejercida por agentes estatales(34). La Corte ha entendido que la obligación general de garantizar los derechos humanos consagrados en la convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, contiene la obligación de investigar los casos de violaciones del derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado(35). Esta obligación general se ve especialmente acentuada en casos de uso de la fuerza letal. Una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, el Estado está obligado a iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva(36) (infra párrs. 119 a 124). Esta obligación constituye un elemento fundamental y condicionante para la protección del derecho a la vida que se ve anulado en esas situaciones.

"89. La Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que las investigaciones sobre uso excesivo de la fuerza deben estar abiertas al escrutinio público con el objeto de asegurar la responsabilidad de los agentes estatales tanto en teoría como en la práctica(37). Asimismo, dicho tribunal ha establecido que la evaluación sobre el uso de la fuerza que haya implicado la utilización de armas debe hacerse sobre todas las circunstancias y el contexto de los hechos, incluyendo las acciones de planeación y control de los hechos bajo examen(38).

"90.En definitiva, las carencias o defectos en la investigación que perjudiquen la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables materiales o intelectuales suponen el incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho a la vida(39). En un sentido similar, el relator especial de naciones unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias señaló:

"Las normas de derechos humanos sobre el uso de la fuerza surgen del entendimiento de que la irreversibilidad de la muerte justifica rigurosas salvaguardias del derecho a la vida, especialmente en lo que hace a las garantías procesales debidas. Un procedimiento jurídico que respete las garantías procesales debidas y llegue a una sentencia definitiva es un requisito esencial sin el cual la decisión de un Estado y de sus agentes de dar muerte a alguien viola el principio de "nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente" y por lo tanto violaría el derecho a la vida"(40).

Expuestos los anteriores planteamientos, para la Sala es apodíctica verdad que los señores Monroy Roncancio, Mendoza Mena, y Mejía González con su conducta desconocieron no solo el ordenamiento jurídico interno, sino que, desde la perspectiva internacional, generaron vulneraciones o trasgresiones a la normatividad sobre los derechos humanos (DD. HH.). En efecto, como bien lo precisó el tribunal de primera instancia, los militares incurrieron en actos de barbarie, al asesinar de la forma más inhumana a un grupo de campesinos de la zona tres de los cuales eran menores de edad—, lo que claramente significa un grave desconocimiento al principio de dignidad humana y al derecho fundamental de la vida.

Así las cosas, el actuar doloso de los demandados se encuentra acreditado en el asunto sub examine, puesto que no sólo se aceptaron los cargos formulados dentro del proceso penal militar (confesión) —documentos que son valorables en este proceso, como ya se puntualizó—, sino que, adicionalmente, las sentencias penales allegadas son claramente demostrativas del grado psicológico —intencionalidad— con que actuaron los ex militares, al haber aplicado, sin fórmula de juicio, la pena de muerte a seis campesinos desarmados que no representaban ningún peligro o riesgo para los militares(41).

Definido lo anterior, la Sala confirmará la sentencia objeto del presente grado jurisdiccional de consulta, pues la misma se acompasa con los postulados relativos a la procedencia de la acción de repetición, no sólo en cuanto se refiere a los requisitos de procedencia de la misma, sino que, de igual manera, la condena se encuentra ajustada a los valores que la entidad demandada estuvo obligada a cancelar, así como la liquidación efectuada de acuerdo con el grado de participación de cada uno de los demandados en los hechos descritos.

En consecuencia, la Sala se circunscribirá a actualizar los valores a los que ascendió la condena, en relación con cada uno de los demandados, a efectos de reconocer la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, razón por la que aplicará la fórmula de la renta actualizada, según la cual:

i) Tomás Ignacio Monroy Roncancio

 

Ra = $ 271.272.611 índice final - septiembre/2008 (102,12)
  ---------------------------------------------=$286.418.104
  índice inicial - abril/08 (96,72)

 

ii) Marco Aurelio Mendoza Mena

 

Ra = $ 271.272.611 índice final - septiembre/2008 (102,12)
 ---------------------------------------------=$286.418.104
 índice inicial - abril/08 (96,72)

 

 

iii) Samuel de Jesús Mejía González

Ra = $ 108.509.045 índice final - septiembre/2008 (102,12)
 --------------------------------------------=$114.567.242
  - índice inicial - abril/08 (96,72)

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Modifícase la sentencia consultada, esto es, la proferida el 24 de abril de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

"PRIMERO: Declárase que los señores Tomás Ignacio Monroy Roncancio, Samuel de Jesús Mejía González y Marco Aurelio Mendoza Mena son responsables por culpa grave o dolo en los hechos acaecidos el día 18 de septiembre de 1986 que dieron lugar a las sentencias condenatorias contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 18 de junio de 1993, modificada en sus numerales 4º, 5º y 6º en providencia expedida por el Consejo de Estado el 15 de febrero de 1996.

"SEGUNDO: Condénase al señor Tomás Ignacio Monroy Roncancio pagar a la Nación - Ministerio de Defensa, la suma de doscientos ochenta y seis millones cuatrocientos dieciocho mil ciento cuatro pesos m/cte. ($ 286.418.104).

"TERCERO: Condénase al señor Marco Aurelio Mendoza Mena a pagar a la NACIÓN - Ministerio de Defensa, la suma de doscientos ochenta y seis millones cuatrocientos dieciocho mil ciento cuatro pesos m/cte. ($286.418.104).

"CUARTO: Condénase al señor Samuel de Jesús Mejía González a pagar a la NACIÓN - Ministerio de Defensa, la suma de ciento catorce millones quinientos sesenta y siete mil doscientos cuarenta y dos pesos m/cte. ($114.567.242).

"QUINTO: En aplicación del artículo 15 de la Ley 678 de 2001, se dispondrá un plazo de seis (6) meses que se contará desde la ejecutoria de esta providencia, para que los demandados procedan al pago de la condena impuesta.

"SEXTA: Esta sentencia deberá cumplirse en los términos del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, en consideración a que se trata de una condena impuesta a favor de la Nación.

"SÉPTIMO: No se condena en costas.

"OCTAVO: Se le asigna la suma de cuatrocientos sesenta y un mil quinientos pesos ($ 461.500), a cada una de las curadoras, Beatriz Acosta Ramírez y Paola Andrea Cadavid Acevedo a costa de la parte demandante, por concepto de honorarios.

2. En firme este proveído, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de 11 de septiembre de 2003. Radicado: D-4477. Actor: William León M. M.P. Jaime Araujo Rentería.

(2) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 2 de mayo de 2007, expediente 18.621.

(3) De Cossio Alfonso. El dolo en el Derecho Civil. Págs. 52 y 53, Editorial Comares S.L., Granada, 2005.

(4) Sentencia del cuatro de diciembre de 2006 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente 16.887.

(5) ART. 185. "Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella".

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de agosto de 2008, expediente 16.533, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(7) Ver, entre otras, sentencia del 2 de noviembre de 1989, expediente 5625, actora: Doris Molina de Ríos, y sentencia del 19 de noviembre de 1998, expediente 12.124, actor: Óscar Hernando Suárez Vega.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de septiembre de 2000, expediente 11766.

(9) "Cuando el hombre realiza voluntariamente un hecho es porque se lo representó previamente así sea mediante una representación mental de fugaz duración lo halló adecuado a sus posibilidades y quiso entonces llevarlo a cabo; participan, pues, en el comportamiento humano las esferas intelectiva y volitiva de la personalidad con precedencia lógica de la primera de ellas, puesto que solo somos capaces de querer lo conocido". Reyes Echandía, Alfonso "La culpabilidad", Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, pág. 56.

(10) El Decreto 250 de 1958, esto es, el Código de Justicia Penal, vigente al momento de los hechos que dieron origen a esta acción de repetición, no establecía un concepto de dolo, puesto que hablaba de intencionalidad. No obstante lo anterior, el Código Penal de 1980 norma de remisión para llenar los vacíos en materia penal militar, en relación con el concepto de dolo precisaba: "ART. 36.Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce el hecho punible y quiere su realización, lo mismo cuando la acepta previéndola al menos como posible".

(11) Según el Diccionario Esencial de la Lengua Española, querer significa: "1. Desear o apetecer. 2. Amar, tener cariño, voluntad o inclinación a alguien o a algo. 3. Tener voluntad o determinación de ejecutar algo...".

(12) El agente provocador es la figura a través de la cual funcionarios del Estado, previa planeación de la situación, provocan o instan a una persona a la comisión o a la complicidad de un delito, con el fin de garantizar la aprehensión de la misma una vez se haya materializado la conducta punible. En otros términos, el agente provocador actúa encubierto (sin que sean equiparables las figuras), solo que su participación en los hechos está determinada a mover la voluntad de la persona investigada, con el fin de que cometa el delito y de esta forma pueda ser capturada por los miembros de la fuerza pública. Vale la pena advertir que este tipo de actuación de la fuerza pública, al menos en Colombia, se encuentra proscrita, como quiera que presupone que el Estado participe directamente en la comisión de un delito, con el fin de capturar a los responsables, pero quien realmente determina la conducta en el caso concreto son los agentes estatales, por consiguiente, pasarían a ser determinadores directos del hecho, situación que se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, se repite.

(13) Cf. WELZEL, Hans "Introducción a la Filosofía del Derecho", Ed. Aguilar, pág. 147.

(14) PUFENDORF, Samuel "De jure naturae et gentium", citado por WELZEL, Hans "Introducción a la Filosofía del Derecho", Ed. Aguilar, pág. 145.

(15) Nota de pie original. "Esta proposición la presento ahora como un postulado. En el último capítulo se hallarán sus fundamentos. (N. del A.)"

(16) KANT, Emmanuel "Fundamentación de la metafísica de las costumbres", trad. Manuel García Morente. Libro virtual que se puede consultar en la siguiente dirección: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01362842104592728687891/index.htm

(17) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros), sentencia de 19 de noviembre de 1999. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, Caso del Penal Castro Castro, y Caso Vargas Areco y Caso Caso Escué Zapata (vs.) Colombia. Sentencia de 4 de julio de 2007.

(18) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y otros (vs.) Ecuador, sentencia del 4 de julio de 2007.

(19) Cfr. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C Nº 63, párr. 144. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14 párr. 237, y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 63.

(20) Cfr. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), supra nota 59, párr. 144. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 63, y Caso Ximenes López. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C Nº 149, párr. 124.

(21) Cfr. Caso Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C Nº 140, párr. 119. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 63, y Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C Nº 147, párr. 82.

(22) Cfr. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), supra nota 59, párr. 144. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 237, y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 64.

(23) Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 61, párr. 83. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 64, y Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1º de julio de 2006. Serie C Nº 148, párr. 129.

(24) Cfr. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), supra nota 59, párr. 144. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 237, y Caso Vargas Areco. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C Nº 155, párr. 14.

(25) Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 66. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 238, y Caso Servellón García y otros, supra nota 14, párr. 102.

(26) Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 67.

(27) Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 68. En similar sentido véase también ECHR, Huohvanainen vs. Finland, 13 March 2007, nº 57389/00, párrs. 93-94; ECHR, Erdogan and Others vs. Turkey, 25 April 2006, nº 19807/92, párr. 67; ECHR, Kakoulli vs. Turkey, 22 November 2005, no. 38595/97, párrs. 107-108; ECHR, McCann and Others v. the United Kingdom, judgment of 27 September 1995, Series A nº 324, párrs. 148-150, 194, y Código de Conducta para oficiales de seguridad pública adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 34/169, del 17 de diciembre de 1979, artículo 3º.

(28) Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 68. En similar sentido véase también Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por parte de oficiales encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento de los Delincuentes, La Habana, Cuba, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990, Principio 9.

(29) Cfr., en similar sentido, Comisión IDH. Informe sobre terrorismo y derechos humanos (OEA/ser.4 V/II.116), 22 de octubre de 2002. Ver también, Naciones Unidas. Informe provisional sobre la situación mundial con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias presentado por el Relator Especial Philip Alston (A/61/311), 5 de septiembre de 2006.

(30) Siguiendo los "Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que: a) especifiquen las circunstancias en que tales funcionarios estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados; b) aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios; c) prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado; d) reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado; e) señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego, y f) establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 75.

(31) Cfr. Caso del Caracazo. Reparaciones. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C Nº 95, párr. 127. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 77.

(32) Cfr. ECHR, Erdogan and Others vs. Turkey, supra nota 66, párr. 68; ECHR, Kakoulli vs. Turkey, supra nota 66, párr. 109-110; ECHR, Kiliç vs. Turkey, nº 22492/93, párr. 62, 28 March 2000, y ECHR, Simsek and Others vs. Turkey, números 35072/97 and 37194/97, párrs. 104-108, 26 July 2005.

(33) Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 78.

(34) Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párrs. 79 a 83.

(35) Cfr. Caso Masacre de Pueblo Bello, supra nota 61, párr. 142. Ver también Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 110; Caso Vargas Areco, supra nota 64, párr. 74; Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C Nº 153, párr. 88; Caso Servellón García y otros, supra nota 14, párr. 108; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 66; Caso Ximenes Lopes, supra nota 60, párr. 177; Caso "de la Masacre de Mapiripán", supra nota 8, párrs. 232 a 234; Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C Nº 99, párrs. 111 y 112; Caso Myrna Mack Chang. supra nota 7, párrs 156 y 157; Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), supra nota 58, párr. 225; Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C Nº 5, párr. 175 y Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C Nº 4, párrs 166 y 176.

(36) Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 75, párr. 112. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 256, y Caso Vargas Areco, supra nota 64, párr. 77. En similar sentido véase también ECHR, Erdogan and Others vs. Turkey, supra nota 66, párrs. 88-89; ECHR, Kakoulli vs. Turkey, supra nota 66, párrs. 122-123, y ECHR, Nachova and Others vs. Bulgaria [GC], números 43577/98 and 43579/98, párrs. 111-112, 6 July 2005.

(37) Cfr. ECHR, Sergey Shevchenko vs. Ukraine, nº 32478/02, párr. 65, 4 April 2006; ECHR, Tanis and Others vs. Turkey, nº 65899/01, párr. 204, 2 August 2005, y ECHR, Isayeva vs. Russia, nº 57950/00, párr. 214, 24 February 2005.

(38) Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 83, y Caso Baldeón García, supra nota 60, párr. 97. En similar sentido véase también ECHR, Erdogan and Others vs. Turkey, supra nota 66, párr. 68; ECHR, Makaratzis vs. Greece [GC], nº 50385/99, párr. 59, 20 December 2004, y ECHR, McCann and Others vs. the United Kingdom, supra nota 66, párr. 150.

(39) Cfr., en similar sentido, Caso de la "Masacre de Mapiripán". Supra nota 8, párr. 219; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 61, párr. 144; Caso Baldeón García, supra nota 61, párr. 97, y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 83.

(40) Cfr. Informe provisional sobre la situación mundial con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias presentado por el Relator Especial Philip Alston. Asamblea General de Naciones Unidas. (Doc. A/61/311), LIX período de sesiones, 5 de septiembre de 2006, párr. 36.

(41) "No obstante, nunca debí haber permitido que se abrieran las puertas del pueblo a quienes afirman que existen valores más altos que la decencia. Le mostraron a su padre desnudo y lo torturaron hasta hacerle balbucear algunas palabras; a ella la maltrataron y él no pudo evitarlo (un día que pasé en mi despacho ocupado con el libro mayor). Desde entonces nunca volvió a ser enteramente humana, dejó de ser hermana de todos nosotros. Se rompieron ciertos vínculos, su corazón no pudo volver a abrigar ciertos sentimientos". J.M. Coetzee "Esperando a los Bárbaros", Ed. Random House Mondadori, pág. 121.

"Maquiavelo: (...) He aquí la formulación de mi sistema... el instinto malo es en el hombre más poderoso que el bueno. El hombre experimenta mayor atracción por el mal que por el bien; el temor y la fuerza tienen mayor imperio sobre él que la razón.

"Montesquieu: (...) Vuestro principio es que el bien puede surgir del mal, y que está permitido hacer el mal cuando de ello resulta un bien... Si me preguntárais cuál es el fundamento del derecho, respondería que es la moral, cuyos preceptos nada tienen de dudoso u oscuro, pues todas las religiones los enuncian y se hallan impresos con caracteres luminosos en la conciencia del hombre. Las diversas leyes civiles, políticas, económicas e internacionales deben manar de esta fuente pura." Joly, Maurice "Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu", Ed. Grafikar, págs. 13 a 20.