Sentencia 1998-02260 de julio 30 de 2009 

• CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 1998 02260

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 13 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Actora: Vélez Urrea y Cía. Ltda.

Bogotá, D.C., treinta de julio de dos mil nueve.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de 13 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

I.1. Vélez Urrea y Cía. Ltda., por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, tendiente a que mediante sentencia, se declare la nulidad de las resoluciones 398 de 7 de julio de 1997 y 20 de 16 de marzo de 1998, por medio de las cuales se efectuó el decomiso de una mercancía, proferidas por la DIAN.

I.2. En apoyo de sus pretensiones señala, en síntesis, los siguientes hechos:

— Que el 27 de noviembre de 1996, arribó al aeropuerto José María Córdoba el vuelo 703-0067 procedente de Miami, de la Compañía Transportes Aéreos Mercantiles Panamericanos S.A. —Tampa S.A.—, que transportaba mercancías, las cuales fueron objeto de aprehensión, según acta 1101 15 00072, porque no se encontraban relacionadas en los manifiestos de carga presentados.

— Afirma que la división de fiscalización profirió pliego de cargos por medio del Auto 11 48 74 5 009 de 28 de febrero de 1997 a la sociedad Vélez Urrea y Cía. Ltda., por infracción al artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, los cuales fueron contestados oportunamente y, mediante Resolución 398 de 7 de julio de 1997 el jefe de la división de liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas de Medellín ordenó el decomiso a favor de la Nación de la mercancía. Contra la anterior resolución se interpuso el recurso de reconsideración. La división jurídica de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales lo decidió mediante la Resolución 20 de 16 de marzo de 1998, que confirmó la Resolución 398 de 7 de julio de 1997.

I.3. A juicio de la actora se quebrantaron las siguientes normas del ordenamiento jurídico:

Los artículos 29 y 83 de la Constitución Política; 2º y 3º del Código Contencioso Administrativo; 981 a 1035 del Código de Comercio; 4º y 5º del Decreto 1105 de 1992; Instrucción 27 de 1992 de la DIAN numeral 1º; la Orden Administrativa 1 de 1992 de la DIAN en cuanto a su objetivo y principios rectores y el Decreto 1800 de 1994.

Arguye que presentada la mercancía a la autoridad aduanera, se descarta cualquier maniobra fraudulenta o de contrabando, por lo tanto, solo se puede sancionar con decomiso la aplicación del numeral 1.1 de la Instrucción 27 de 9 de septiembre de 1992.

Agrega que luego de ser aprehendidas las mercancías, con base en los mismos hechos se iniciaron dos investigaciones diferentes, una para el importador, y otra para el transportador, las cuales culminaron por vías diferentes, aplicando al importador el artículo 314 del Decreto 2664 de 1984 con el fin de decomisar las mercancías y al transportador los decretos 1105 de 1992 y artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, con el fin de imponerle una multa.

Expone que la administración formuló pliego de cargos a la sociedad Vélez Urrea y Cía. Ltda., invocando el artículo 4º del Decreto 1105 de 1992 y emitió la resolución de decomiso con fundamento en el artículo 314 del Decreto 2666 de 1984, violando el derecho de defensa, porque la actora presentó los descargos con base en una norma y la administración resolvió decomisar la mercancía con fundamento en otra.

Afirma que el artículo 4º del Decreto 1105 de 1992 y el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992 sancionan la misma conducta, por ello la norma posterior sustituyó la anterior.

Que el artículo 4º del Decreto 1105 de 1992 señalaba como responsable de la presentación de mercancías a la empresa transportadora, al igual que la Instrucción 27 de 1992 en su numeral 1.2.

Aduce que los artículos 3º, 9º, 12, 13, 17 y 72 del Decreto 1909 de 1992 señalan al transportador como responsable del arribo del medio de transporte al país y de la presentación de las mercancías a la aduana.

Sostiene que en este caso, la mercancía importada por los afectados y transportada por Transportes Aéreos Mercantiles Panamericanos S.A. —Tampa S.A.— se presentó a la aduana a la llegada del vuelo al país y la misma fue descargada con la autorización del funcionario aduanero, pero lo que sucedió fue que los documentos que amparaban la carga no llegaron en forma simultánea con ella, sin embargo, de manera casi inmediata se presentaron por fax, sin ser aceptados por la autoridad aduanera.

Aclara que las normas sancionan la falta de presentación de las mercancías a la aduana, lo cual no ocurrió en este caso, pues la situación aparece bastante diáfana, porque la simple ausencia de documentos por sí sola no puede ser causal de sanción.

Expresa que el decomiso administrativo de mercancías es la máxima sanción que procede únicamente en presencia de una efectiva operación de contrabando. La multa del 100% del valor de la mercancía equivale a un decomiso, entonces si no pueden existir dos decomisos sobre una misma mercancía, la aplicación de las dos sanciones es excluyente.

Plantea que no puede haber responsabilidad objetiva, cuando el Estado establece normas y procedimientos para que el particular, al encontrarse frente a una de las situaciones indicadas en la norma, presente sus descargos, con el fin de que la administración, previo el procedimiento previsto para el desarrollo de estos procesos, tome la decisión correspondiente, de acuerdo con las pruebas respectivas.

Afirma que no se ocultó la carga que traía, puesto que se dio aviso con la debida oportunidad y se puso a disposición de las autoridades aduaneras del aeropuerto junto con los documentos del transporte que en el momento poseía.

Aduce que las sanciones previstas en los artículos 4º y 5º del Decreto 1105 de 1992 y 72 del Decreto 1909 de 1992 están condicionadas a la plena prueba por parte de la autoridad aduanera de la existencia de una efectiva operación de contrabando. Así lo señala el numeral 1.1 de la Instrucción 27 de 1992 expedida por el director de la aduana para la aplicación del Decreto 1105 de 1992.

La demandante estima que se violó el principio del non bis in idem, debido a que ellos impusieron dos sanciones, invocando el artículo 4º del Decreto 1105 de 1992. Los incisos 3º y 4º de la citada norma establecen conductas y sanciones distintas. El inciso 3º se refiere a la no presentación del manifiesto de carga, trata de mercancía no relacionada en él y dispone la sanción de decomiso, en tanto que, el inciso 4º establece las diferencias en el número de bultos o en el peso de la mercancía y contempla como sanción la multa del 100% del valor de la mercancía. Concluye que si se consagran las dos sanciones de manera independiente no se pueden aplicar las dos simultáneamente.

Sostiene que las normas aplicadas en la vía gubernativa se encontraban derogadas al momento de los hechos y de todo el proceso, ya que según la Sección Primera del Consejo de Estado el Decreto 1105 de 1992 se encuentra derogado desde el 27 de noviembre de 1992, fecha en la cual se expidió el Decreto 1909 de 1992, que en su artículo 72 reguló la misma materia de presentación de mercancías contempladas en el artículo 4º del Decreto 1105 de 1992. El Decreto 1909 de 1992 se profirió el 27 de noviembre de 1993, y los hechos a que se refiere la demanda ocurrieron casi cuatro años después de derogado el Decreto 1105 de 1992.

Arguye que la administración desconoce el principio aduanero de favorabilidad consagrado en el artículo 8º del Decreto 1739 de 1991, modificatorio del artículo 323 del Decreto 2666 de 1984 para las actuaciones aduaneras. La norma más favorable es el inciso 4º, artículo 5º del Decreto 1960 de 4 de agosto de 1997, que determina una multa al transportador equivalente al cien por ciento (100%) de los fletes de la mercancía.

II. Fundamentos de la sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Antioquia denegó las pretensiones de la demanda, en síntesis, por lo siguiente:

Considera que al consultar los antecedentes administrativos, se observa que de acuerdo con auto comisorio 11-01-12-234 de 28 de noviembre de 1996, se practicó la aprehensión 11-01-15-00072, cuya mercancía consiste en “telas diversas y diferentes calidades ... con un peso de 816 kilos”.

Que la aprehensión se realizó por incumplimiento del artículo 4º del Decreto 1105 de 1992 y de la Resolución 371 de 1992, al haberse descargado la mercancía sin presentación previa del manifiesto de carga.

Aduce que la actora no desvirtúa la ocurrencia del hecho que originó las decisiones adoptadas por la administración.

Sostiene que no es cierto que se haya dado aplicación a solidaridad alguna entre la actora y la transportadora, sino que se hicieron efectivas las consecuencias jurídicas que el hecho en mención genera de modo diferente para cada una.

Expresa que el hecho conduce a dos clases de investigación y decisión jurídica, la conducta de la transportadora y la mercancía.

Señala, respecto a la responsabilidad objetiva que supuestamente se le aplica a la actora, que el decomiso obedeció a la situación jurídica de la mercancía, luego es necesariamente una decisión objetiva, que no depende de la conducta de la actora en la ocurrencia del hecho. La conducta se tipifica con la sola realización del hecho descrita en ella, esto es, con la no presentación del manifiesto de carga o cuando se hallare mercancía no relacionada en él, es decir por exceso de mercancía.

Estima que el artículo 4º del Decreto 1105 de 1992, no fue derogado por el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, para lo cual se fundamenta en la sentencia de 28 de junio de 2001 de la Sección Primera, Expediente 6339, Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Transcribe el artículo 4º del Decreto 1909 de 1992 e indica que la administración dio aplicación al artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, porque el interesado no presentó las declaraciones de legalización que amparan la mercancía aprehendida conforme a las disposiciones legales consagradas en la legislación aduanera (fl. 123).

Finaliza diciendo que en el proceso no se acredita que la mercancía hubiese sido rescatada por la importadora, de allí que la aprehensión y decomiso efectuado por la DIAN se encuentra respaldado en el referido artículo 72.

III. Fundamentos del recurso

La actora finca su inconformidad, en esencia, así:

Manifiesta que el decomiso no procede porque el importador no interviene en el proceso de presentación de mercancías a su arribo al país. Por lo tanto, hay falsa motivación y violación de la ley, porque las normas aduaneras solo permiten el decomiso en presencia de una efectiva operación de contrabando. Agrega que la providencia de primera instancia solo contempló uno de los cargos presentados en la demanda, la violación al principio del non bis in idem, el cual consideró que no está probado.

Sostiene que el análisis del proceso no fue completo ni la totalidad de los cargos contenidos en la demanda fueron considerados, razones por las cuales se viola el derecho constitucional a la defensa.

Reitera que Transportes Aéreos Mercantiles Panamericanos S.A. —Tampa— en su calidad de transportador de la mercancía, al advertir que los documentos no llegaron con la mercancía a Colombia, los remitió por fax, los cuales, según la jurisprudencia debieron ser aceptados provisionalmente mientras en el término de la distancia, se presentaban los originales, como ocurrió en el sub lite. Es decir, no existió infracción.

Resalta que la DIAN se negó a darle aplicación a las normas que consagran el principio de favorabilidad, las cuales son de obligatorio cumplimiento.

Concluye que el inciso 4º del artículo 5º del Decreto 1960 de 4 de agosto de 1997, es más favorable por cuanto no consagra el decomiso de la mercancía, sino únicamente una multa al transportador del 100% del valor de los fletes de la mercancía.

Que la citada norma ya estaba vigente desde el 4 de agosto de 1997 y la Resolución 38 fue expedida el 31 de marzo de 1998, lo cual a la luz del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 8º del Decreto 1739 de 1991, era de obligatorio cumplimiento.

IV. Alegato del Ministerio Público

En la oportunidad procesal correspondiente la agencia del Ministerio Público guardó silencio.

V. Consideraciones de la Sala

Según se lee en las consideraciones expuestas en la Resolución 398 de 7 de julio de 1997, en la página 4, la declaratoria de contrabando y decomiso reposó sobre el fundamento legal contenido en el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, porque el interesado no presentó las declaraciones de legalización que amparan la mercancía aprehendida conforme a las disposiciones legales consagradas en la legislación aduanera, y el artículo 314 del Decreto 2666 de 1984, modificado por el artículo 51 del Decreto 755 de 1990 que establece: “Decomiso administrativo. Es el acto en virtud del cual el administrador de la aduana declara de propiedad de la Nación, las mercancías que se encuentren ocultas en los medios de transporte en una zona primaria aduanera, o que dentro de los mismos recintos no fueron presentadas o entregadas a la autoridad aduanera en la forma que exijan las disposiciones legales y reglamentarias, o como consecuencia de la configuración de una falta administrativa en los casos así previstos”.

Sea lo primero advertir, que no se entra a reevaluar el argumento acerca de la violación del principio non bis in idem, ya que la actora no controvierte ni impugna la decisión adoptada por el a quo sobre este punto.

Sostiene la actora que “No puede ser de otra manera que en la entrega de mercancías, a su arribo al país intervengan únicamente el transportador y la autoridad aduanera, (...)” (fl. 47, segundo cdno.).

Al respecto, la Sala acogiendo la jurisprudencia reiterada por esta corporación, debe señalar que si bien es cierto que la conducta sancionada es atribuible a la empresa transportadora, no lo es menos que, conforme a lo previsto en los artículos 4º del Decreto 1105 de 1992 y 72 del Decreto 1909 del mismo año, la no presentación de los documentos de transporte da lugar no solo a multa para el transportador, sino a decomiso. De manera que si la mercancía le pertenece al importador o propietario, debe entenderse que el decomiso va dirigido contra estos últimos. En consecuencia, sí es jurídicamente posible que por un mismo hecho se sancione a dos personas diferentes. Desde luego que esta circunstancia no impide que el importador o propietario de la mercancía pueda repetir contra el transportador, si por negligencia suya le fue decomisada la mercancía.

Es así como en la sentencia de 13 de febrero de 2003 proferida por esta Sección, Consejero Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Radicación 1997 1960 (7411), actora: Sociedad Tintas y Pinturas Especiales Ltda. Anglo Trading Ltda. y Manufacturas Mesace Ltda., se expuso:

“Insiste la actora en que no se le podía sancionar con decomiso y que el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992 sustituyó al artículo 4º del Decreto 1105 de 1992. Como se dijo ab initio de estas consideraciones, ante el incumplimiento de las obligaciones aduaneras existen dos procesos administrativos: el que afecta la situación jurídica de la mercancía, contra el importador o propietario, y el que sanciona con multa al transportador, como se infiere del texto de los artículos 4º del Decreto 1105 de 1992 y 72 del Decreto 1909 de 1992, normas estas que por lo demás, subsisten, sin que el citado artículo 72 haya sustituido al artículo 4º, como lo precisó la Sala en sentencia de 28 de junio de 2001 (Exp. 6339, actora: Tampa S.A., C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), pues una y otra regulan conductas distintas. En este proceso los actos acusados dispusieron decomiso no a la empresa transportadora sino al importador o propietario, pues recae directamente sobre la mercancía y esta no le pertenece a aquella, a menos que se haya subrogado en los derechos de estos. De ahí que no le asistiera razón al a quo cuando modificó la sanción por la de multa”.

Así las cosas, el cargo es infundado, de ahí que no tenga vocación de prosperidad.

Expresa la actora que “Lo que en la práctica ocurrió y se evidencia en los documentos que conforman el expediente administrativo seguido ante la DIAN en la vía gubernativa fue que los documentos que amparaban la carga no llegaron en forma simultánea con la carga pero casi de manera inmediata fueron presentados los documentos por fax, sin ser aceptados por la autoridad aduanera” (fl. 50, cdno. 2).

Para analizar este cargo considera la Sala conveniente traer a colación el texto del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, que dispone:

“Mercancía no declarada o no presentada. Se entenderá que la mercancía no fue declarada, cuando no se encuentra amparada por una declaración de importación o cuando en la declaración se haya omitido la descripción de la mercancía o esta no corresponda con la descripción declarada, o cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración.

Se entenderá que la mercancía no fue presentada, cuando no se entregaron los documentos de transporte a la aduana, cuando la introducción se realizó por lugar no habilitado del territorio nacional o cuando la mercancía no se relacionó en el manifiesto de carga o fue descargada sin la previa entrega del manifiesto de carga a la aduana.

En estos eventos, así como en los demás que se encuentran previstos en el literal a) del artículo 1º del Decreto 1750 de 1991, procederá la multa de que trata el inciso primero del artículo 3º del citado decreto, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía, sin perjuicio de su aprehensión y decomiso. Lo anterior, siempre que la mercancía no haya sido legalizada mediante el rescate”.

Está claro y ratificado por el demandante, que no se presentó el manifiesto de carga ante las autoridades aduaneras antes del descargue de la mercancía por parte del transportador, lo cual tipifica la falta que da lugar a la aprehensión y posterior decomiso de la misma, como efectivamente se dispuso en la Resolución 398 de julio 7 de 1997.

Así lo ha interpretado la Sección Primera de esta corporación, entre otras, en sentencia de 5 de diciembre de 2002, Consejera Ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero (Exp. 8291, actora: Electrovox S.A.), al manifestar que:

“Analizada objetivamente la responsabilidad, es claro que al configurarse el incumplimiento de la obligación, necesariamente se ve afectada la mercancía, que era el objeto del manifiesto de carga y que no fue declarada antes del descargue. Y al afectarse la mercancía, necesariamente se afectaba igualmente el propietario de la misma que es el importador o titular de derechos sobre la misma”.

En consecuencia, no son de recibo los argumentos de la actora respecto a que hubo falsa motivación en los actos administrativos acusados, cuando ella reconoce que los documentos que amparaban la carga no llegaron en forma simultánea con la misma, es decir, en otras palabras, no fueron presentados oportunamente, conforme lo exige la norma aduanera.

Sostiene la actora en su demanda que: “Las normas sancionan la falta de presentación de mercancías a la aduana, porque ello constituye una operación oscura y un evidente intento de fraude al fisco nacional, pero en el caso que nos ocupa la situación aparece bastante diáfana, porque la simple ausencia de algunos documentos por sí no puede ser causal de sanción” (fl. 51, ibíd.).

Al respecto, considera la Sala precisar que las normas aduaneras por su claro origen administrativo, entrañan sanciones de igual carácter, es decir, en este campo la responsabilidad no es de carácter subjetivo, como sí sucede en el derecho penal, en el que juegan papel importante los elementos intencional o doloso y la culpa, ya que media esencialmente la voluntad del individuo, no así en el derecho aduanero, por cuanto la infracción cometida abre paso a la imposición de sanciones y efectos que de esa conducta se deriven.

La no presentación oportuna de los documentos pertinentes, fue la causal que sirvió de fundamento a la administración para haber procedido a la aprehensión de la mercancía y su consecuente decomiso.

La actora expone que “El Consejo de Estado, Sección Primera viene sosteniendo reiteradamente que el Decreto 1105 de 1992 se encuentra derogado desde el 27 de noviembre de 1992, fecha en la cual se expidió el Decreto 1909 que en su artículo 72 reguló la misma materia de presentación de mercancías contemplada en el artículo 4º del Decreto 1105 de 1992”.

Este argumento, carece de veracidad, pues, como se dijo anteriormente, y se reiteró, entre otros pronunciamientos, en sentencia de 18 de agosto de 2005, Consejero Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Radicación 2427, actora: Tampa S.A.:

“La supuesta violación del principio de legalidad que la actora radica en violación del debido proceso por separación de la investigación administrativa contra la transportadora, violación del derecho de defensa por invocarse en el pliego de cargos una norma y en la decisión final otra y en aplicación de normas derogadas, no tiene vocación de prosperar por las razones que se exponen a continuación.

La aludida separación de las investigaciones no contraviene norma alguna, puesto que tienen objeto distinto, como quiera que la atinente al importador se encamina a definir la situación jurídica de la mercancía descargada o introducida en forma irregular, mientras que la referente al transportador se dirige a establecer su responsabilidad en la ocurrencia de ese evento, amén de que la única legitimada para alegar esa circunstancia es la transportadora, pues la actora fue vinculada a este proceso en debida forma y en nada la afecta la decisión que se tome en la investigación adelantada contra aquella.

En ese sentido la Sala resolvió esa misma cuestión en sentencia de 6 de septiembre de 2002, Expediente 6875, Consejero Ponente: Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola.

La diferencia que se le endilga a los fundamentos normativos del pliego de cargos y de la decisión que puso fin a la actuación administrativa no es cierta por cuanto se observa que en ambos actos se da aplicación al artículo 4º del Decreto 1105 de 1992, en concordancia con el artículo 72, inciso segundo, del Decreto 1909 de 1992, en lo que a la tipificación de la infracción aduanera se refiere, y 5º del Decreto 1105 de 1992 para efectos procedimentales, de suerte que en esas circunstancias en nada incide la aducción en la parte resolutiva del último de los actos mencionados del artículo 314 del Decreto 2666 de 1984, modificado por el artículo 51 del Decreto 755 de 1990 en lo que a la medida de decomiso se refiere, pues ese precepto se limita a definir el decomiso administrativo.

Así mismo, en ambos se invoca la Resolución 371 de 1992, la cual no es sino el desarrollo de las disposiciones precitadas, sin que se halle mención de la Resolución 3083 de 1990, que en el cargo se indica como derogada”.

Es de anotar que el Decreto 1105 de 1992 desarrolla entre otros temas sanciones relativas al manifiesto de carga, así como el procedimiento para la aplicación de las sanciones y define las operaciones de contrabando.

Por su parte el Decreto 1909 de 1992 se refiere en sus artículos 72 a 78 de manera genérica, a algunas faltas administrativas al régimen de aduanas que pueden presentarse dentro del proceso de importación, pero sin recoger todas las faltas que para el efecto se establecen, es decir, lo dispuesto en los decretos 2274 y 2352 de 1989, el artículo 314 del Decreto 2666 de 1984, el Decreto 1750 de 1991 y el Decreto 1105 de 1992.

En este orden de ideas se tiene que de acuerdo con la jurisprudencia citada, no es posible inferir que la referencia tangencial que en materia de faltas administrativas se desarrolla en el Decreto 1909 de 1992, implica una derogatoria tácita de la normatividad sancionatoria aduanera.

Así las cosas, este cargo tampoco prospera.

Indica la actora sobre el principio de favorabilidad:

“Que esta norma (D. 1960/97) ya estaba vigente desde el 4 de agosto de 1997 y la Resolución 20 fue emitida el 16 de marzo de 1998, lo cual, a la luz del principio de favorabilidad (D. 1739/91, art. 8º) era de obligatorio cumplimiento así no se hubiera mencionado en el recurso.

Para abordar este tema, es preciso establecer que los actos administrativos acusados, en su parte resolutiva se ocupan únicamente de la definición de la situación jurídica de una mercancía, ordenando el decomiso de la misma y no se refieren a ningún tipo de sanción para el transportador.

En otras palabras, los actos administrativos se refieren exclusivamente al decomiso de una mercancía, que tal como se dijo anteriormente, va dirigido al importador o propietario de la misma, en este caso la actora. En consecuencia, la sanción de multa, que aduce la demandante y que quizás vaya dirigida contra el transportador, es posible que sea objeto de otro acto o actos administrativos diferentes de los sub examine, sobre los cuales esta Sala no puede pronunciarse.

En conclusión, este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

Así pues, se impone la confirmación de la sentencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de julio de 2009.

Magistrados: María Claudia Rojas Lasso, Presidenta—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—Martha Sofía Sanz Tobón—Marco Antonio Velilla Moreno.

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