Sentencia 1998-2307 de noviembre 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000-23-26-000-1998-2307-01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 22448

Actor: José Ciro Gutiérrez Álvarez

Demandados: Bogotá, D. C. - Secretaría de Obras Públicas

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D. C., 20 de noviembre de 2013

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia.

7. El Consejo de Estado conoce del presente asunto en ejercicio de lo previsto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo que otorga competencia a esta corporación para resolver las apelaciones interpuestas por las partes contra las sentencias de primera instancia proferidas por los tribunales administrativos(1), y en atención a que la cuantía de las pretensiones de la demanda supera el monto establecido por el Decreto 597 de 1988 para que se trate de un proceso de doble instancia(2).

II. Validez de los medios de prueba.

8. La Sala aclara que no tendrá como prueba los documentos allegados al expediente por fuera de las oportunidades previstas en el Código Contencioso Administrativo para el aporte o solicitud de decreto de pruebas, o una vez concluida la etapa probatoria.

8.1. En este sentido, para la decisión de fondo en este asunto no se tendrán en cuenta los documentos allegados por la parte demandante junto al memorial mediante el que alegó de conclusión en primera instancia(3) dado que estos documentos se arrimaron cuando ya había concluido el periodo probatorio, el cual finalizó con la providencia del Tribunal a quo del 29 de agosto del 2000 que corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (fl. 80 cdn. 1).

9. Tampoco, se otorgará valor probatorio a las fotografías traídas al proceso con el objeto de probar el estado del vehículo de propiedad del demandante y la vía por la que este transitaba, posteriormente a la ocurrencia del accidente (fls. 40-49 cdn. 2).

9.1. Al respecto, cabe advertir que carecen de valor probatorio comoquiera que con ellas solo se demuestra que unas imágenes fueron registradas, pero no existe certeza de que las mismas correspondan a los hechos y al automotor por los cuales se demanda, en la medida en que no es posible determinar cuál es su origen, o lugar y época de registro, en adición a que no fueron reconocidas o ratificadas en testimonios, como tampoco confrontadas con otros medios de prueba(4).

III. Legitimación en la causa.

10. Previo a efectuar el examen correspondiente para dirimir la presente controversia, la Sala hará las siguientes precisiones respecto a la legitimación en la causa de las partes.

11. En primer lugar, la Sala reconoce la legitimación en la causa por activa del señor José Ciro Gutiérrez Álvarez en su calidad de propietario registrado del vehículo accidentado con la que de acuerdo al texto de la demanda concurrió a la reclamación de perjuicios, la cual se acreditó con la copia simple(5) de la tarjeta de operación Nº 482703 del vehículo de placas GD-1016, registro de remolques - semiremolques - multimodulares y similares Nº 4696 del Instituto Nacional de Transporte y, especialmente, la licencia de tránsito Nº 95-25000013505 del vehículo de placa GD-1016, los cuales se encuentran en los folios 1 Y 2 del cuaderno 2 del plenario.

12. De igual manera, se reconoce la legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital de Bogotá(6), en tanto que para el momento de la presentación de la demanda, pero particularmente para la época de ocurrencia de los hechos materia de la controversia, era el encargado a través de su Secretaría de Obras Públicas del mantenimiento general y reparación de las vías de la ciudad de Bogotá.

12.1. De acuerdo con el Decreto Distrital 850 de 1994, era función de la Secretaría de Obras Públicas realizar, directamente o por contrato, los proyectos de obras públicas del Distrito Capital y mantener actualizado el inventario y estado de las vías de la ciudad. Así mismo, en dicha norma se determinó como función de la división vial de la entidad la de ejecutar los programas de construcción directa de obras para la conservación, mantenimiento, recuperación, reconstrucción y construcción de la malla vial del Distrito Capital(7).

12.2. Valga aclarar que las dos funciones de realización de las obras públicas de Bogotá y de inventario del estado de las vías fueron conservadas por dicha entidad hasta el 10 de octubre del 1997, cuando se transfirieron al IDU mediante la expedición del Decreto Distrital 980 de tal fecha. Se concluye entonces que para la fecha del accidente el mantenimiento de la vía en la que ocurrió el accidente, siendo urbana y perteneciente a la ciudad de Bogotá, estaba a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá.

12.3. Así las cosas, para la Sala está probado el vínculo material necesario para tener por legitimado en la causa por pasiva al Distrito Capital – Secretaría de Obras Públicas, en cuanto este para el momento de la ocurrencia de los hechos que fundamentan la controversia, así como para el momento de la presentación de la demanda, ostentaba la función de mantenimiento de la vía en la que ocurrió el accidente.

IV. Hechos probados.

13. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

13.1. El día 15 de marzo de 1997, a la 1:00 p.m., ocurrió un accidente de tránsito por el volcamiento de un vehículo, en la avenida Ciudad de Villavicencio con carrera 72 A sur, área urbana de la ciudad de Bogotá D. C., de doble sentido, con dos calzadas y tres carriles; recta, plana y con aceras, en condición seca, con buena iluminación y sin ninguna señal o demarcación sobre la existencia de un hueco ubicado en la calzada que va de occidente a oriente. El vehículo que hizo parte del accidente es: vehículo articulado de servicio público marca Chevrolet, modelo 81, de placas GD-1016, conducido por el señor Gilberto Corredor Suárez, quien no resultó herido y portaba la licencia Nº 11295306, la cual se encontraba vigente. Al momento del accidente el vehículo se hallaba cargado de petróleo crudo que se derramó sobre la vía. Como causa probable del accidente se indicó la existencia de un hueco en la vía y se hizo la anotación de que “en el sitio del accidente se observa un hueco bastante grande pero que no fue posible medirlo por las condiciones en que quedó la vía” (copia al carbón del Informe de accidente Nº 96-021069, expedido por la Oficina Nº 41 de la ciudad de Bogotá de la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre automotor —fl. 3 cdn. 2— y testimonio del señor Héctor José Pulido —fls. 90-92 cdn. 2—).

13.2. Sobre las circunstancias específicas en las que se produjo el accidente, este ocurrió por una maniobra intempestiva del conductor del vehículo que lo llevó a subirse al separador existente entre las calzadas de la vía y volcarse al perder el control tratando de volver a la calzada por la que transitaba.

13.2.1. En este sentido, Víctor Manuel Vargas Merchán señaló en el testimonio que rindió ante el tribunal a quo (fl. 52 cdn. 2):

Siendo la una de la tarde, aproximadamente, estando yo frente de mi negocio, monta llantas de nombre Servillantas Villao, se accidentó dicha tractomula, en la avenida Villavicencio se encontraban muchos huecos, habiendo uno de mayor tamaño probablemente el conductor de la tractomula al tratar de esquivarlo, la tractomula se vio (sic) al sardinel del separador de la avenida, en una maniobra que no pudo realizar el conductor al intentar nuevamente sacar la tractomula a la calzada, esta dio bote quedando totalmente ruedas arriba, regándose todo el combustible que transportaba, petróleo crudo (…).

13.2.2. En el mismo sentido se pronunció el señor Ramiro Rodríguez Ramírez, al señalar (fl. 54 cdn. 2):

Yo me encontraba en ese momento mandando despinchar una llanta de una moto de mi propiedad, y estaba esperando la llanta y me puse a hablar con Víctor Manuel, el dueño del montallantas, cuando sucedió el accidente, la mula a dar un cabrillazo que alcanzó agarrar el separador de la avenida y fue cuando se voltió (sic) la tractomula y quedó de lado, comenzó a regarse lo que llevaba, en ese momento salió el conductor, nosotros lo ayudamos y comenzó gente a mirar, no recuerdo más.

13.2.3. Finalmente, el señor Arnulfo Bello Mayorga manifestó en su testimonio (fl. 56 cdn. 2):

A eso de las doce a una de la tarde más o menos de ese día, venía una tractomula de venía una tractomula (sic) por la vía de Villavicencio hacia la autopista sur, de placas como las que describe, había un hueco en la mitad de la vía, enfrente de mi patio, o mejor es un depósito de arena, gravilla y materiales de construcción que yo vendía, y entonces el conductor de la mula se percató del hueco y trató de esquivarlo y fue cuando la mula se le subió al separador y dio el vote (sic) y quedó acostada de medio lado, y fue cuando derramó todo el crudo y ahí obstaculizó totalmente la vía (…).

13.3. Posteriormente al accidente, se hizo presente el señor Héctor José Pulido, quien para el momento se desempeñaba como Auxiliar Administrativo IV - Grado 04 - Sección Operativa - División Vigilancia de la Unidad de Tránsito del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de la ciudad de Bogotá, quien realizó el informe del accidente referido en el párrafo 13.1. y también dio fe en su declaración de la existencia previa del hueco y en general del mal estado de la vía al momento del accidente(8) (copia auténtica de la Resolución 416 del 15 de marzo de 1999 —fls. 119-121 cdn. 2—, testimonio del señor Héctor José Pulido —fls. 90-92 cdn. 2— y copia al carbón del Informe de accidente Nº 96-021069, expedido por la Oficina Nº 41 de la ciudad de Bogotá de la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre automotor —fl. 3 cdn. 2—).

V. Problema jurídico.

14. De acuerdo con los hechos señalados en el aparte anterior y en atención a los argumentos esgrimidos por el recurrente en su apelación, la Sala debe determinar si se encuentran debidamente acreditados los elementos necesarios para la declaración de responsabilidad del demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

14.1. En este sentido, se analizará si hubo un daño antijurídico indemnizable, una falta o falla del servicio por parte de la administración distrital y un nexo de causalidad entre estos dos elementos. Se hará especial énfasis en este último en atención a que en la discusión sobre su existencia yace la razón del Tribunal a quo para desestimar las pretensiones de la demanda y el punto principal de inconformidad del demandante con dicha decisión, de acuerdo a lo manifestado en su recurso de apelación.

VI. Análisis de la Sala.

15. La imputabilidad en el régimen de responsabilidad de la falla en el servicio, invocado por el demandante para sustentar en la demanda y el recurso sub judice su petición de resarcimiento patrimonial (ver supra párr. 2. y 4.1.) y que en atención a los hechos probados es el factor de imputación idóneo para evaluar la viabilidad de la declaratoria de responsabilidad pretendida (ver supra párr. 13 a 13.3.), está llamada a demostrar una relación de causa y efecto entre el mencionado daño y la falla en el servicio, es decir, una conducta omisiva de parte de la administración que implica su desconocimiento o violación a una obligación a cargo del Estado(9).

16. En otras palabras, en el presente caso la Sala analizará si se presentan los elementos necesarios para la declaratoria de la responsabilidad estatal de acuerdo al título de imputación de la falla en el servicio, por lo que evaluará si con el material probatorio obrante en el proceso se acreditó la ocurrencia de un daño o lesión a un bien jurídico, una falta o falla del servicio por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo; y una relación de imputación o causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, valga aclarar, aún demostrada la falla del servicio, no habrá lugar a indemnización.

17. Así las cosas, en primer lugar la Sala coincide con el análisis del tribunal a quo y encuentra debidamente acreditada la existencia del daño invocado por la parte demandante, consistente en la afectación sufrida por el automotor de servicio público que se encontraba en su posesión, identificado con placas GD1016, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 15 de marzo de 1997 (ver supra párr. 13.1, 13.2, 13.2.1, 13.2.2. y 13.2.3).

18. De igual manera, también se coincide con la sentencia de primera instancia en el sentido de tener por demostrada la falla del servicio por parte del Distrito Capital de Bogotá.

18.1. Tal como lo consideró el Tribunal a quo, en el expediente se encuentra más que comprobado que el Distrito Capital incurrió en una conducta omisiva en cuanto desconoció unas obligaciones que le habían sido legalmente atribuidas relativas al mantenimiento y reparación de las vías pertenecientes a la red vial de Bogotá, a las cuales se hizo referencia en los párrafos 12.1, 12.2, 12.4 y 12.5 de la presente providencia, lo cual se infiere del mal estado general de la vía, de la que da fe tanto el informe del accidente como las declaraciones de los testigos presenciales del accidente y del señor José Pulido, agente del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte que atendió el suceso y elaboró el aludido informe (ver supra párr. 13.1, 13.2, 13.2.1, 13.2.2. y 13.2.3).

18.2. En este sentido, la Sala recuerda que esta Sección ha indicado que situaciones en las que el tránsito normal de las personas por las vías públicas se ve entorpecido por situaciones anormales, constituyen una violación al derecho de las personas a usar y gozar de ellas, consagrado en los artículos 678 y 1005 del Código Civil y en el artículo 8º del Decreto 21 de 1909. Así, vale reiterar que(10):

La seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida por situaciones anormales, que en eventos como el de autos, constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en todo el plexo normativo en esta materia, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8º del Decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas (…) entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción como un derecho fundamental(…).

18.3. Además de lo anterior, se advierte que el Distrito Capital, a través de su secretaría de obras públicas desatendió la obligación legal de señalizar la anormalidad presentada en la vía en la que ocurrió el accidente, comoquiera que no realizó la debida señalización preventiva del hueco señalado como causa del accidente.

18.4. La Sala observa que en relación con los accidentes de tránsito causados por la falla del servicio de la administración consistente en la omisión del deber legal de señalización de la vía en la que se realizan obras públicas o que se considera de alto riesgo, la Sala ha indicado que los daños que se deriven de estas le son imputables al Estado siempre que se verifique que la entidad encargada de instalar las respectivas señales no lo hubiera hecho, incumpliendo así el contenido obligacional a su cargo y teniendo en cuenta que ello debe incidir en la producción del daño correspondiente(11):

Lo anterior permite establecer, que pese a existir la obligación reglamentaria de señalar los peligros existentes en sus vías, el Distrito de Barranquilla, incumplió con su deber de instalar en ellas, los dispositivos de señalización necesarios para advertir sobre la presencia de un arroyo peligroso en la carrera 44 con calles 48 y 50 del perímetro urbano, toda vez que los testimonios ya vistos dan cuenta de la existencia de un riesgo constante (formación de arroyos por lluvia y de la ausencia de avisos que así lo advirtieran. (…) En consecuencia, concluye la Sala que hubo incumplimiento de las normas de señalización preventiva en el lugar de los hechos, lo cal (sic) permite imputar el daño antijurídico de que trata el presente asunto al Distrito de Barranquilla, entidad propietaria de las vías urbanas y por tanto encargada de su mantenimiento y señalización, comoquiera que la omisión en este último deber, constituye la falla sobre la cual se erige la causa determinante de los mismos, y en virtud de ello es por lo que se reclama su reparación.

18.5. Se concluye entonces que es posible atribuirle a la entidad estatal respectiva la responsabilidad del daño ocasionado como consecuencia de la omisión de instalar la señalización adecuada de una vía cuando la misma implica una alta peligrosidad que deba ser puesta en conocimiento de quienes las (sic) transitan.

18.6. Ahora bien, en relación con la normatividad vigente al momento de ocurrencia del accidente de tránsito, esto es, el 15 de marzo de 1997, la señalización de las vías urbanas se encontraba a cargo de la administración municipal, distrital, departamental o nacional, dependiendo de la naturaleza de la vía, según lo dispuesto en el Decreto-Ley 1344 de 1970(12), mediante el cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre.

18.7. Al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 112 del Decreto-Ley 1344 de 1970 establece que existen distintos tipos de señales, consistentes en dispositivos físicos o marcas especiales que indican la forma correcta en que deben transitar los usuarios de las vías, entre las cuales se encuentran las denominadas señales preventivas, que buscan alertarlos sobre situaciones o circunstancias riesgosas o de peligro y su naturaleza.

18.8. La referida señalización en vías municipales —entre las cuales se debe entender aquellas ubicadas en áreas urbanas, suburbanas y rurales de la respectiva jurisdicción municipal o distrital— es responsabilidad de las secretarías de obras públicas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5º(13) y 113(14) del decreto-ley aludido y de acuerdo con lo señalado por el artículo 11(15) de la Ley 105 de 1993. De igual forma, cabe precisar que le corresponde al distrito cumplir con la obligación en mención, habida cuenta de que es obligación de las autoridades de policía “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas” —artículo 218 de la Constitución Política— y que de acuerdo con el numeral 2 del artículo 315 ibídem, el alcalde distrital es la primera autoridad de policía.

18.9. Así mismo, el manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, adoptado por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte a través de las resoluciones 8408 del 2 de octubre de 1985 y 5246 del 2 de julio de 1985(16), definió en su Capítulo I las señales preventivas como aquellas que “tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de estas. Estas señales se identifican por el código general SP”. Además, en dicho capítulo establece como una de las señales preventivas la de peligro no especificado —SP-60—, la cual tiene el objeto de “advertir la proximidad de un tramo, en el cual puede presentarse un riesgo no especificado. Debe retirarse inmediatamente cesen las condiciones que obligan a instalarla”.

18.10. De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que el Distrito Capital incumplió su deber de señalización de la vía en que ocurrió el accidente de tránsito —la cual estaba dentro del perímetro urbano—, habida cuenta de que tanto de conformidad con el informe del accidente, como con la declaración de los testigos presenciales, el estado de la vía era deficiente y particularmente en ella había un hueco de grandes proporciones sobre los cuales no existía ningún tipo de señalización preventiva. Por consiguiente, se configuró en una falla de su parte al respecto (ver supra párr. 13.1, 13.2, 13.2.1, 13.2.2. y 13.2.3).

19. Ahora bien, en relación con el nexo causal, la Sala se separa del criterio del tribunal a quo al considerar que este se encuentra debidamente acreditado en el presente asunto como pasa a explicarse.

19.1. Se recuerda que, de acuerdo a la sentencia de primera instancia, se encuentra plenamente probado el daño, consistente en el accidente sufrido por el vehículo del demandante y su consecuente menoscabo, así como la falla en el servicio del distrito, en el sentido de que incumplió su deber de mantenimiento de la vía que se evidenció en su mal estado y particularmente en el hueco allí existente (ver supra párr. 4.1).

19.2. Sin embargo, allí mismo consideró el tribunal a quo que el demandante falló en demostrar el nexo causal entre la falla y el daño, ya que en su sentir no se probó de manera suficiente la relación de causalidad entre el hueco y el accidente, dado que para tal propósito solo se allegó la declaración de los testigos presenciales del hecho, quienes solo pudieron señalar como causa probable del accidente la maniobra que el conductor del automotor habría tenido que desplegar para evitar el hueco, siendo esto solo una hipótesis de lo ocurrido, máxime cuando su condición de testigos observadores a distancia no les permite dar fe de lo que pudo haber sido considerado por el conductor, o lo que pudo haber percibido (ver supra párr. 4.2, 4.3, y 4.4).

19.3. Ahora, aunque la Sala comparte que en el presente caso con el material probatorio obrante en el expediente no se demuestra de forma directa que el accidente se hubiese presentado como consecuencia de que la maniobra del conductor del vehículo del demandante tuviera como objetivo esquivar el hueco existente en la vía por la que transitaba, sí existen hechos indicativos de la ocurrencia de dicha circunstancia, que por la complejidad de la demostración de lo que una persona pudo haber percibido o de lo que se pudo haber percatado, se convierten en los medios probatorios idóneos para fundamentar la imputación que se haga al Estado por la ocurrencia del daño reclamado en la demanda.

19.4. Sobre la prueba indiciaria esta Sala recientemente ha sostenido(17):

Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son el testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados directamente por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe establecer otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En pocos términos, el indicio es una prueba que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso. Por eso, al margen de las controversias que se suscitan en la doctrina en relación con este aspecto, puede afirmarse que el indicio se integra con los siguientes elementos: -Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual debe estar debidamente probado en el proceso. -Una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento. -Una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar. -EI hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental. (…) Una vez construida la prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en cuenta su gravedad, concordancia, convergencia y relación con los demás medios prueba que obren en el proceso. Para efecto de establecer su gravedad, la doctrina ha señalado algunos derroteros que pueden resultar de ayuda para el juez.

19.5. En otras palabras, para la Sala existen una serie de hechos plenamente probados en el proceso que permiten inferir la ocurrencia de un hecho que no pudo ser percibido y que son indicadores de este(18), el cual en el caso concreto se refiere a que el accidente que dio origen a la presente controversia tuvo como causa una maniobra realizada por el conductor para evitar un hueco en la vía por la que transitaba.

19.6. Así, partiendo de los hechos probados a los que se hizo referencia en los párrafos 13.1, 13.2 y 13.3., se tiene por plenamente acreditada la ocurrencia del accidente, la existencia de un hueco en el lugar de su ocurrencia y que este se presentó como resultado de un cambio de dirección intempestivo del conductor de vehículo accidentado.

19.7. También, de las declaraciones de los testigos presenciales del hecho, se tiene debidamente demostrado que esa maniobra tuvo como consecuencia que el automotor se subiera al separador de las calzadas de la vía, lo que a su vez causó el subsiguiente volcamiento y el derramamiento de la carga de petróleo que este transportaba. Igualmente, de dichos testimonios, así como el del agente de tránsito que atendió la situación, se desprende que la vía en general se hallaba en malas condiciones y que particularmente el hueco del lugar del accidente era bastante grande y había causado varios accidentes en el pasado. En este sentido, vale recalcar que el sobre las características del hueco y su influencia en la ocurrencia de accidentes previos, el señor Arnulfo Bello Mayorga expresó:

A eso de las doce a una de la tarde más o menos de ese día, venía una tractomula de venía una tractomula (sic) por la vía de Villavicencio hacia la autopista sur, de placas como las que describe, había un hueco en la mitad de la vía, enfrente (sic) de mi patio, o mejor es un depósito de arena, gravilla y materiales de construcción que yo vendía, y entonces el conductor de la mula se percató del hueco y trató de esquivarlo y fue cuando la mula se le subió al separador y dio el vote (sic) y quedó acostada de medio lado, y fue cuando derramó todo el crudo y ahí obstaculizó totalmente la vía (…). Preguntado: Ya que aduce que el accidente se produjo por culpa de un hueco que se encontraba en la mitad de la vía diga al despacho por favor qué dimensiones tenía este, para el momento del accidente. Contestó: Aproximadamente unos cincuenta de largo por ahí como por setenta u ochenta de ancho, de fondo por ahí unos treinta o cuarenta centímetros, por eso carro pequeño que caía ahí, quedaban (sic) sin suspensión o sin ruedas, se rompía la parte delantera, yo dí (sic) parqueadero a varios carros, con el mismo cargador que yo tenía lo sacábamos.

19.8. De esta forma, la Sala considera que existen los suficientes hechos indicativos para que se pueda inferir válidamente, y de forma lógica, que la maniobra del conductor del vehículo fue causada por su intención de esquivar un hueco en la vía que transitaba, ya que no existe otra causa probable para la decisión que en este sentido tomó aquel, ni esta ha sido demostrada de manera alguna por la parte demandada, que cabe anotar, ni siquiera presentó oportunamente su defensa.

19.9. Esta última circunstancia deriva también en que en este caso no se ha acreditado la configuración de una causa extraña como excluyente de responsabilidad.

19.10. Vale anotar que no se comparte la posición expuesta en la decisión de primera instancia por el tribunal a quo al señalar que el accidente tuvo como una de sus causas probables el exceso de velocidad y la impericia del conductor, cuando de ninguna de las dos cosas se halla debidamente acreditada.

19.11. Finalmente, vale anotar que aunque en el presente caso, tal como lo advirtió el tribunal a quo en su sentencia de instancia, existe una inconsistencia entre el fundamento fáctico expuesto en la demanda y en los alegatos de conclusión (ver supra, párr. 4.3), esto no desvirtúa la existencia del nexo causal a la que se ha hecho referencia, debido a que aunque en principio se indicó que el accidente se produjo por el cerramiento de otro vehículo, esta afirmación no pasa de ser una confesión ficta de la que trata el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil que fue desvirtuada a lo largo del proceso.

19.12. En este sentido, en el caso concreto no se configura el rompimiento del nexo causal en los términos señalados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

20. En consecuencia, acreditado el daño antijurídico, la falla del servicio y el nexo causal entre aquel y esta, la Sala declarará la responsabilidad de extracontractual del Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Obras Públicas por el accidente de tránsito ocurrido el 15 de marzo de 1997 en la avenida Villavicencio con carrera 72A Sur de la ciudad de Bogotá y lo condenará al pago de los perjuicios que con este hecho se le hubieren causado al señor José Ciro Gutiérrez Álvarez.

VII. Liquidación de perjuicios.

21. De acuerdo con el texto de la demanda, el demandante pretende para la reparación del daño, el pago de los perjuicios materiales que a título de daño emergente y lucro cesante le habría causado el accidente. Los primeros estarían determinados por el valor de la compra de repuestos y de la mano de obra para la reparación de la tractomula accidentada, mientras que los segundos corresponderían a la suma dejada de percibir por el demandante por la imposibilidad de realizar la actividad comercial a la que destinaba el automotor durante el tiempo que tardó su reparación.

22. Respecto a los daños materiales a título de daño emergente, la Sala reconocerá los debidamente probados en el trámite procesal, de la forma en que se explica a continuación:

22.1. Para probar la adquisición de los repuestos necesarios para la reparación del automotor accidentado, así como el pago de la mano de obra necesaria para ello, se allegaron varios documentos, tales como facturas, remisiones, órdenes de trabajo, cotizaciones y recibos de pago.

22.2. En este sentido, debe tenerse en cuenta que estos documentos solo tienen la capacidad de probar por sí mismos la existencia de los contratos de los que se deriva la adquisición de los repuestos y la mano de obra —en este caso los de compraventa y obra— en tanto puedan ser considerados como facturas cambiarias, en los términos del artículo 772 del Código de Comercio(19), para lo cual deberán cumplir con los requisitos que para la época de los hechos de la demanda preveía el artículo 774(20) de la misma norma para ser tenida como tal.

22.3. Así, dada la consensualidad que caracteriza tanto al contrato de compraventa como al de obra, para la liquidación de los perjuicios materiales a título de daño emergente causados al demandante, se tendrán en cuenta los documentos que cuenten con la calidad de factura cambiaria en los términos del artículo 772 del Código de Comercio, en el sentido de que estos tienen la capacidad de probar por sí mismos, y sin necesidad de ser respaldados con otro medio probatorio, la existencia de los contratos de los que se deriva la adquisición de los repuestos y la mane de obra. También se estimarán todos aquellos documentos cuyo contenido haya sido ratificado por sus autores en el proceso en tanto estas declaraciones pueden ser tenidas como la prueba de la celebración de un contrato que no requiere solemnidades para su perfeccionamiento. No se tendrán en cuenta aquellos documentos de cuya ratificación no se desprende con claridad que los productos descritos allí fueron utilizados para la reparación del automotor(21). Tampoco los que hayan sido expedidos en fecha previa a la ocurrencia del accidente(22).

22.4. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala reconocerá por concepto de daño emergente a favor del señora (sic) José Ciro Gutiérrez Álvarez los conceptos efectivamente probados conforme a los siguientes documentos, según la actualización de su valor:

— Factura Nº 1017 (fl. 7 cdn. 2):

Grúas Auto Alfán

Fecha: 18 de marzo de 1998

Valor: $350 000

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-01
 

— Factura Nº 0526 (fl. 10 cdn. 2):

Radiadores RR

Fecha = 21 de abril de 1997

Valor = $700 000

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-02
 

— Factura Nº 0093 (fl. 13 cdn. 2):

Fábrica de persianas y boceles Becerra y Quiroga

Fecha = 27 de mayo de 1997

Valor = $190 000

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-03
 

— Factura Nº 0552 (fl. 17 cdn. 2):

ElectroDíaz

Fecha = 06 de junio de 1997

Valor = $48 000

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-04
 

— Factura Nº 0330 (fl. 21 cdn. 2):

Tráileres y chasises Julio Torres

Fecha = 18 de junio del 1998

Valor = $8 550 000

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-05
 

— Factura Nº 7242 (fl. 22 cdn. 2):

Talleres Vanegas.

Fecha = 18 de junio de 1997

Valor = $99 000

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-06
 

— Factura Nº 7241 (fl. 22 cdn. 2):

Talleres Vanegas.

Fecha = 18 de junio de 1997

Valor = $302 100

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-07
 

— Factura Nº 7243 (fl. 23 cdn. 2):

Talleres Vanegas.

Fecha = 18 de junio de 1997

Valor = $100 600

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-08
 

— Factura Nº 7244 (fl. 23 cdn. 2):

Talleres Vanegas.

Fecha = 18 de junio de 1997

Valor = $375 800

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-09
 

— Factura Nº 7357 (fl. 24 cdn. 2):

Talleres Vanegas.

Fecha = 14 de julio de 1997

Valor = $24 900

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-10
 

— Factura Nº 3974 (fl. 28 cdn. 2):

Unlimited Deeler Warehouse

Fecha = 09 de julio de 1997

Valor = $654 000

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-11
 

— Factura Nº 85970 (fl. 31 cdn. 2):

Frenorepuestos Ltda.

Fecha = 9 de agosto de 1997

Valor = $929 856

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-12
 

— Factura Nº 86054 (fl. 32 cdn. 2):

Frenorepuestos Ltda.

Fecha = 12 de agosto de 1997

Valor = $880 000

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-13
 

— Factura Nº 22 04 97 (ratificada por el señor Guillermo Herrera Pachón —fl. 60 cdn. 2—):

Internacional de Muelles

Fecha = 22 de abril de 1997

Valor = $241 700

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-14
 

— Factura Nº 23 04 97 (ratificada por el señor Guillermo Herrera Pachón —fl. 60 cdn. 2—):

Internacional de Muelles

Fecha = 23 de abril de 1997

Valor = $244 600

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-15
 

— Orden de compra S97-3431 (ratificada por los señores Germán Quiroga Castañeda y Gabriel González —fls. 61-62 cdn. 2—):

CDT Repuestos para Tractomulas y Dobletroques

Fecha = 30 de mayo de 1997

Valor = $973 000

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-16
 

— Orden de trabajo Nº 0736 (ratificada por el señor Luis Guillermo Montaña —fl. 65 cdn. 2—):

GMV Plásticos Reforzados

Fecha = 03 de abril de 1997

Valor = $1 200 000

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-17
 

— Recibo de caja Nº 0254 (ratificada por el señor Luis Guillermo Montaña —fl. 65 cdn. 2—):

GMV Plásticos Reforzados

Fecha = 11 de abril de 1997

Valor = $1 027 000

S1998-2307-Va
 

S1998-2307-18
 

22.5. En este orden de ideas, la Sala condenará al Distrito Capital – Secretaría de Obras Públicas a pagar al señor José Ciro Gutiérrez Álvarez por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de $41 528 758.

23. Respecto del reconocimiento de los perjuicios causados a título de lucro cesante, la Sala accederá a su reconocimiento, dado que a pesar de que no existen medios probatorios en el plenario que indiquen de manera concreta cuál fue el estado del vehículo luego del accidente, la gran cantidad de reparaciones que tuvieron que hacerse al automotor, y que quedaron consignadas en el aparte anterior, sirven de hechos indicadores que llevan a la conclusión lógica de que, al menos de forma inmediata, no es posible que este se haya podido explotar económicamente, como se había hecho al menos en el mes anterior al percance, según consta en la copia simple de la planilla de liquidación Nº 38879 del mes de febrero de 1997 de la sociedad Transportes de Crudo del Llano Ltda.

24. Sin embargo, debe anotarse que el reconocimiento de estos perjuicios no puede hacerse de manera concreta, pues aunque se concluye que existió una afectación patrimonial para el demandante derivada de la imposibilidad de explotar el bien, no se cuenta con certeza sobre cuánto tiempo duró el camión sin poder ser utilizado para tales propósitos, y en ese sentido no es posible determinar de manera certera la suma que se habría dejado de percibir.

25. Por lo tanto la condena respecto de este elemento indemnizatorio será proferida en abstracto, con el objeto de que en un incidente a tramitar luego de la ejecutoria de la presente providencia se .determine el monto de la correspondiente indemnización.

VIII. Costas.

26. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: Revocar la sentencia del 27 de noviembre del 2001 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

Segundo: En su lugar, declarar administrativa y extracontractualmente responsable al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Obras Públicas por el accidente ocurrido en la Avenida Villavicencio con Carrera 72A Sur el 15 de marzo de 1997 en el que se vio involucrado el vehículo automotor de placas GD-1016 de posesión del demandante.

Tercero: En consecuencia, condenar al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Obras Públicas a pagar al señor José Ciro Gutiérrez Álvarez la suma de cuarenta y un millones quinientos veintiocho mil setecientos cincuenta y ocho pesos ($41 528 758) a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

Cuarto: Condenar en abstracto al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Obras Públicas por los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante causados al señor José Ciro Gutiérrez Álvarez. El correspondiente incidente de liquidación de perjuicios deberá adelantarse en los términos del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.

Quinto: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Sexto: Sin condena en costas.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) El artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 indica: “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. El grado jurisdiccional de consulta se surtirá en los eventos de que trata el artículo 184 de este código”.

(2) La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios materiales causados a título de lucro cesante fue estimada en la suma de $80.236.398. Sin embargo, la estimación no será tenida en cuenta para determinar la cuantía de acuerdo con el numeral 1 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil como se hallaba vigente para el momento de la presentación de la demanda, ya que en esta se incluyó el valor de los intereses moratorios causados desde los hechos de la demanda hasta su presentación. Por lo tanto, para estos efectos se tomará el valor de los ingresos mensuales que de acuerdo con la demanda percibía el demandante para el momento de la ocurrencia del accidente, y se multiplicará por los meses trascurridos entre el accidente y la demanda. En este sentido, se tiene que los perjuicios a título de lucro cesante solicitados en la demandas, sin intereses, asciende a la suma de $54.530.382, monto que supera la cuantía requerida en 1998 ($18.823.840), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado de doble instancia.

(3) Así, no será tenida como prueba la copia simple de la boleta de citación para audiencia pública por choque simple Nº 20946 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (fl. 102 cdn. 1), del acta de audiencia fallida de conciliación del 19 de marzo de 1997 adelantada ante la Inspección Sexta de Tránsito de Bogotá (fl. 105 cdn. 1), del concepto pericial de los daños sufridos por el vehículo de placas GD-1016 de la STT de Bogotá (fl. 106 cdn. 1), del acta de audiencia pública del 12 de junio de 1997 adelantada ante la Inspección Sexta de Tránsito de Bogotá (fl. 107 cdn. 1), del acta de audiencia pública de fallo del 28 de julio de 1997 adelantada ante la Inspección Sexta de Tránsito de Bogotá (fl. 107 c. 1), y de la copia autenticada de la certificación y factura expedida por Manuel Martínez por los arreglos efectuados al vehículo de placas GD-1016 (fl. 101 cdn. 1).

(4) En este sentido se pronunció esta Sección en sentencia del 14 de marzo del 2012, expediente 21840, C. P. Enrique Gil Botero.

(5) De acuerdo con lo decidido por la Sección Tercera en pleno en su sesión del 28 de agosto del 2013, la Sala le otorgará valor probatorio a todos los documentos traídos al proceso en copia simple, siempre que su aporte se haya producido durante las oportunidades previstas por las normas procesales aplicables a los juicios de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no hayan sido tachados como falsos, en los términos de los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por la parte contra la cual se pretenden hacer valer (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto del 2013, expediente 25022, C. P. Enrique Gil Botero).

(6) La entidad está legitimada en la causa por pasiva, tanto de hecho como materialmente. Al respecto, la Sección indicó en sentencia del 28 de julio de 2011, expediente Nº 19753, C. P. Mauricio Fajardo Gómez: “Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores”.

(7) “ART. 2º—La Secretaría de Obras Públicas ejercerá las siguientes funciones generales. (…) 2. Realizar, directamente o por contrato, los programas, proyectos, diseños y construcción de las obras conforme al plan operativo de la entidad, en concordancia con el plan de desarrollo económico y social y de obras públicas del Distrito Capital y en coordinación con las entidades que concurran con los mismos propósitos. 3. Mantener actualizado el inventario y estado de las vías, parques, puentes peatonales, vehiculares y bienes inmuebles del Distrito Capital y suministrar la información al Departamento Administrativo de Planeación Distrital, las localidades y organismos oficiales que lo requieran. (…)”. “ART. 19.—División vial 1. Ejecutar los programas de construcción directa de obras para la conservación, mantenimiento, recuperación, reconstrucción y construcción de la malla vial del Distrito Capital, conforme a los planes aprobados y de acuerdo con las normas establecidas (…)”.

(8) En su testimonio, el señor Pulido señaló sobre las circunstancias del accidente: “En primera medida el accidente ocurrió en la dirección que se menciona en la pregunta, conocí del caso por una llamada que hizo la central de radio y nos dirigimos al sitio a conocer el caso, la mula estaba volcada y había un derramamiento de petróleo, según la versión del agente y del conductor el accidente ocurrió por el mal estado de la vía. Esta vía estaba en pésismas (sic) condiciones, siempre se había informado que taparan esos huecos y habían ocurrido varios accidentes en ese sitio y el tránsito no fluía debido al mal estado de la vía”.

(9) En este sentido, esta Sección en sentencia del 29 de enero del 2009, expediente 16576, C. P. Ramiro Saavedra Becerra, indicó: “La falla del servicio surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como consecuencia de una violación —conducta activa u omisiva— del contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado, lo cual constituye una labor de diagnóstico por parte del juez, de las falencias en las que incurrió la administración y que implica un consecuente juicio de reproche”.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre del 2007, expediente 16058-21112, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio del 2008, expediente 17163, C. P. (sic). En el mismo sentido ver: sentencia del 20 de septiembre del 2007, expediente 15740, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 13 de febrero del 2003, expediente 12509; sentencia del 4 de septiembre del 2003, expediente 11.615; sentencia del 5 de diciembre del 2005, expediente 14536; sentencia del 8 de noviembre del 2001, expediente 12820.

(12) Fue publicado en el Diario Oficial 33.139 del 4 de agosto de 1970.

(13) “El Ministerio de Obras Públicas y Transporte dictará las resoluciones sobre utilización y señalamiento de carreteras nacionales; las secretarías de obras públicas departamentales de las vías departamentales y las secretarías de obras públicas municipales de las vías municipales, en los términos y para los fines contemplados en este estatuto”.

(14) “Las autoridades encargadas de la conservación y mantenimiento de las carreteras o la autoridad de tránsito competente en el perímetro urbano, colocarán y demarcarán las señales de tránsito de acuerdo con las pautas que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determine”.

(15) “Perímetros del transporte por carretera. Constituyen perímetros para el transporte nacional, departamental y municipal, los siguientes: (…) c. El perímetro del transporte distrital y municipal comprende las áreas urbanas, suburbanas y rurales y los distritos territoriales indígenas de la respectiva jurisdicción”.

(16) Modificada por las resoluciones 1212 del 29 de febrero de 1988, 11886 del 10 de octubre de 1989, 8171 del 9 de septiembre de 1987 y Resolución 3968 del 30 de septiembre de 1992 del Ministerio de Transporte.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 08 de febrero de 2012, expediente 21521, C. P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia del 29 de marzo de 2012, expediente 21380, C. P. Danilo Rojas Betancourth. Ver en este mismo sentido sentencia del 12 de octubre de 2011, expediente 22158 y del 2 de mayo de 2007, expediente 15700, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(18) Sobre el indicio ha sostenido López Blanco: “etimológicamente y de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra indicio denota ‘el fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido’, pero también ‘cantidad pequeñísima de algo, que no acaba de manifestarse como mesurable o significativa’ nociones, en especial la primera, que si bien es cierto en algo pueden contribuir para acercamos al concepto, lejos están de ser lo adecuadamente ilustrativas dentro del campo del derecho probatorio, en donde nos parece útil la concepción de Jairo Parra, quien destaca que el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro desconocido, ‘pero lo puede mostrar porque se encuentra dentro de unas circunstancias que lo transforman de neutro en indicador’, con lo que se tiene la conocida acepción de que el indicio en un hech (sic) conocido del cual se infiere lógicamente otro desconocido (…)”. Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, Tomo 3, segunda edición, Dupré Editores, Bogotá, 2008, pág. 312-313. De igual manera, Taruffo indica: “Cuando las inferencias acerca de la verdad de un enunciado sobre un hecho principal se obtienen asumiendo otro hecho como premisa, este último se considera un medio de prueba indirecto sobre aquel hecho principal. Esta clase de pruebas se suele denominar circumstantial en los sistemas anglófonos, Indizienbeweis en los de habla alemana, présomption de l'homme en Francia, presunzione semplice en Italia y presunción en España. (…) Se puede suponer que todo hecho, en el sentido más amplio de la palabra, puede ser asumido como un medio de prueba circunstancial. El único criterio significativo para la consideración de que una circunstancia tiene valor probatorio es que, a partir de ella, el juez pueda obtener conclusiones inferenciales sobre la verdad o la falsedad de un hecho en disputa”. Michelle Taruffo, La prueba, Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales, Madrid, 2008, pág. 104-105.

(19) “ART. 772.--Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito (…)”.

(20) “ART. 774.--La factura cambiaria de compraventa deberá contener además de los requisitos que establece el artículo 621, los siguientes:1) La mención de ser ‘factura cambiaria de compraventa’; 2) El número de orden del título; 3) El nombre y domicilio del comprador; 4) La denominación y características que identifiquen las mercaderías vendidas y la constancia de su entrega real y material; 5) El precio unitario y el valor total de las mismas, y 6) La expresión en letras y sitios visibles de que se asimila en sus efectos a la letra de cambio. La omisión de cualquiera de estos requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero esta perderá su calidad de título-valor”.

(21) 1. Recibo de caja del 26 de mayo de 1996 (fl. 12 cdn. 2), ratificado por el señor Jaime Tranchita (fl. 59 cdn. 2).

2. Cotización Nº 0593 del 29 de julio de 1997 (fl. 30 cdn. 2), ratificada por el señor Jesús Velasco (fl. 70 cdn. 2).

(22) Remisión Nº 0736 del 12 de marzo de 1997 (fl. 5 cdn. 2).