Sentencia 1998-02366 de marzo 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 050012331000199802366 01

Exp. 25.912

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Edgar Ochoa Múnera

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., marzo seis de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 5 de junio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión, en el caso sub examine.

2. De los elementos demostrativos recaudados se destacan los siguientes:

2.1. Copia autenticada del Oficio 1314 DIV2-BR-14-B2-AJ-259 del 18 de agosto de 2000 dirigido al Tribunal Administrativo de Antioquía y suscrito por el comandante de la decimocuarta brigada, coronel Luis Felipe Molano, en el que se señaló:

“... me permito informar a ese despacho que revisados los archivos de la sección B2, oficina de control comercio y armas - Auditoría principal de guerra de la decimocuarta brigada, aparecen registrados los siguientes datos:

Literal (a) numeral (1º):

Los señores LUIS ALFONSO MARTÍNEZ SUAREZ, MIGUEL ÁNGEL AMARILES ZAPATA, LUIS ALFONSO PELÁEZ VEGA, FRANCISCO FABER TORO TORO, DARUBIN CIFUENTES SÁNCHEZ Y ÁLVARO DE JESÚS CARMONA FRANCO, el 14-AGO.-96 en las horas de la tarde, voluntariamente ingresaron a la decimocuarta brigada específicamente a la oficina de control comercio de armas para renovar sus salvoconductos para porte de armas de fuego y asimismo solicitar la compra de otras más. Una vez allí, estudiados y reunidos cada uno de los requisitos se les expidió los respectivos salvoconductos (...). El16-AGO.-96 a través de la Unidad de Fiscalía del municipio de San Roque (Ant.), se tuvo conocimiento de la desaparición de los señores Luis Alfonso Martínez Suarez, Alfonso Peláez Darubin Cifuentes, Francisco Toro Toro y Ramón Agudelo quienes se desplazaban en el vehículo Nissan amarillo con blanco de placas LWH 407 en la vía Puerto Berrío-San Roque (Ant.); hechos ocurridos el 14-AGO.-96”. (fl. 50) (mayúscula sostenida en el original).

2.2. Oficio 1257 del 27 de julio de 2001 dirigido al jefe sección de policía judicial DEANT suscrito por el jefe unidad investigativa de policía judicial de Puerto Berrío en el que se indicó:

“El suscrito funcionario de policía judicial, una vez tuvo conocimiento del contenido del exhorto, procedió a tomar contacto con las diferentes autoridades de la zona con el fin de hallar algún antecedente que corroborara o desvirtuara los hechos denunciados por el señor Édgar Ochoa Múnera, en contra de la Nación, Mindefensa, Policía y Ejército. Para lo cual se procedió a oficiar a las diferentes autoridades así:

(...).

6. Oficio 1138 del 24-07-2001, solicitud antecedentes a la jefatura Grupo Automotores Sijín Deant, con el fin de verificar si en el archivo sistematizado a nivel nacional que se lleva en esa dependencia el vehículo de placas LWH-407, registra algún pendiente por hurto; a la anterior solicitud dicha Jefatura dio respuesta mediante Oficio 0284 del 26-07-2001, informando que a el (sic) vehículo en mención no le figuran pendientes por hurto a la fecha y anexa- historial del mismo. Así mismo dentro de este historial aparece corno último propietario el señor Juan de Jesús Barrera Valencia, identificado con la C.C. 3.585.230 expedida en San Roque. Ant.”.

2.3. Historia del vehículo campero Nissan Patrol, placas LWH 407, modelo 1.973, motor P-099007, chasís LG 60-33906, serie LG 60-33906 del 24 de julio de 1998, expedido por la Secretaría de Tránsito Municipal de Envigado en la que se señala que el 31 de mayo de 1995 Juan de Jesús Barrera lo adquirió de Nohelia Jaramillo y en la que figura como último propietario el primero de ellos (fl. 5).

2.4. Formulario único nacional del Ministerio de Transporte, sin fecha, diligenciado a mano en el que se señala:

”Trámite solicitado: traspaso

Clase de vehículo: Campero. Marca: Nissan Patrol, Modelo: 1973.

Datos del propietario: Barrera Valencia Juan de Jesús.

Datos del nuevo propietario: Ochoa Múnera Edgar”.

3. En relación con la acreditación de la propiedad de los automotores, esta sección, en reciente providencia que se cita in extenso, razonó así(1):

“Los anteriores postulados finalísticos, programáticos y principialísticos quedaron concretados en la normatividad expedida por el ejecutivo al amparo de y/o en desarrollo de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el cuerpo normativo al cual se acaba de hacer alusión; de especial trascendencia en relación con los registros inmobiliario y automotor resulta la normatividad que conjuntamente se ocupa de ellos y que contiene el Decreto-Ley 1250 de 1970, significativamente intitulado [P]or el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos” y entre cuyas regulaciones no siempre se repara con detenimiento que se incluye el registro público de vehículos automotores, lo cual despeja cualquier inquietud o vacilación que pudiere existir en torno a la evidente asimilación que en punto a la naturaleza, los propósitos, la técnica, los alcances y los efectos del registro se ha llevado a cabo en la legislación colombiana tratándose de la propiedad y de los demás derechos reales respecto tanto de inmuebles como de vehículos automotores; el tenor literal de los preceptos que se referirán a continuación, todos integrados dentro del aludido estatuto del registro de instrumentos públicos expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirioó la Ley 8ª de 1969, es suficientemente elocuente e ilustrativo de cuanto se viene explicando:

“ART. 1º—El registro de instrumentos públicos es un servicio del Estado, que se prestará por funcionarios públicos, en la forma aquí establecida, y para los fines y con los efectos consagrados en las leyes.

ART. 2º—Están sujetos a registro:

1. Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario.

2. Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres, salvo la cesión del crédito prendario.

3. Los contratos de prenda agraria o industrial.

4. Los actos, contratos y providencias que dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones.

ART. 3º—El registro de los documentos referentes a inmuebles se verificará en la oficina de su ubicación; el de los automotores, en la de su matrícula. Los contratos de prenda agraria o industrial se inscribirán con referencia al inmueble a que están destinados o en que se hallen radicados los bienes objeto del gravamen” (resalta la Sala).

“Sin embargo, las disposiciones que de manera más clara, dentro del cuerpo normativo en cuestión —Decreto-Ley 1250 de 1970— explicitan cuáles son los alcances, desde el punto de vista probatorio y de eficacia de los negocios jurídicos que afecten la propiedad o cualquier derecho real sobre vehículos automotores —en general, las disposiciones que se transcribirán resultan aplicables a los bienes sujetos a registro, que son los relacionados en el artículo 2º que se acaba de citar—, de la inscripción o registro correspondiente, son los artículos 43 y 44 ibídem, los cuales, partiendo de que los artículos 2º y 3º ejusdem someten a registro en la oficina en la cual se lleve a cabo la matrícula del vehículo, todos los actos y/o negocios jurídicos que afecten algún derecho real en relación con el mismo, establecen de manera rotunda:

ART. 43.—Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, sí no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro.

ART. 44.—Por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aquel.

Precisamente con el propósito de garantizar la operatividad de los anteriores preceptos y su utilidad en el tráfico jurídico cotidiano, el artículo 54 del mismo Decreto-Ley 1250 de 1970 preceptúa:

ART. 54.—Las oficinas de registro expedirán certificados sobre las situaciones jurídicas de los bienes sometidos a registro mediante la reproducción fiel y total de las inscripciones respectivas.

La certificación podrá consistir en la transcripción total de los folios de matrícula, o en su reproducción por cualquier sistema que garantice nitidez y durabilidad.

En todo caso las certificaciones llevarán firma autorizada e indicación de la fecha en que se expidan”.

“Como si los argumentos apoyados en el derecho comparado, históricos y normativos que se acaba de exponer no fuesen suficientes —que evidentemente lo son— para ilustrar el carácter constitutivo —y no meramente declarativo— que fue normativamente atribuido al registro público de automotores, así como para evidenciar la falta de idoneidad de que adolecen los documentos diversos de aquellos expedidos por las autoridades de tránsito competentes para acreditar la propiedad o cualquier otra situación afectante de derechos reales sobre vehículos automotores, con posterioridad a la entrada en vigor del tantas veces mencionado Decreto-Ley 1250 de 1970 fueron expedidas varias disposiciones que insisten en la obligatoriedad del registro o inscripción tanto de los referidos bienes muebles, como de los actos y/o negocios jurídicos que constituyen, modifican, trasmiten o extinguen la propiedad u otros derechos reales respecto de los mismos, preceptos todos que vienen a integrarse en un sistema cuyo propósito no es otro, según se ha explicado, que garantizar la confianza de los terceros y la seguridad del tráfico jurídico a través del establecimiento de una tarifa legal —desde el año 1970— para la prueba de la propiedad automotor y de unas exigencias rituales de cuyo acatamiento se hace pender la eficacia de los negocios jurídicos respectivos ante las autoridades y ante terceros, lo cual no puede entenderse de manera distinta a que, en claro paralelismo con el régimen de la propiedad inmueble, el mecanismo del título y el modo, que desde los albores del procedimiento de formación de la Ley 8ª de 1969 se quiso expresamente insertar en el derecho registral colombiano, impera en el ordenamiento nacional también tratándose de las operaciones negociales llevadas a cabo en relación con automotores.

Entre las múltiples disposiciones orientadas en la dirección descrita, bien pueden referirse, en primer término, aquellas incluidas en el primigenio Código Nacional de Tránsito, esto es las contenidas en el Decreto 1344 de 1970, en el cual se supeditó la asignación del número de matrícula del vehículo a la inscripción del mismo en el registro automotor, así:

ART. 87.—La licencia de tránsito es la autorización para que el vehículo pueda transitar en todo el territorio nacional, expedida por la autoridad competente, previa inscripción del mismo en el correspondiente registro de instrumentos públicos.

La licencia de tránsito es un documento público; en ella se identificará él vehículo y se expresarán su destinación, el nombre del propietario inscrito y el número de la placa.

ART. 88.—Todo vehículo, para poder transitar, requiere una placa, que será suministrada por las autoridades de tránsito, con caracteres de permanencia, intransmisibilidad y validez en toda la nación, y que identificará al vehículo externa y privativamente.

Al tiempo de la inscripción se asignará a cada vehículo un número de placa.

Las dimensiones, color, nomenclatura y calidad de la placa serán determinados por las autoridades de tránsito”.

“A su turno, el Decreto 2157 de 9 de noviembre de 1970 reiteró la obligación de efectuar la inscripción en el registro público correspondiente tanto de todo vehículo automotor, cuanto de todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción de dominio u otro derecho real respecto del mismo, a saber:

ART. 2º—Los actuales propietarios o poseedores regulares de vehículos automotores terrestres, dentro de los doce meses siguientes a la vigencia de este decreto, presentarán al instituto nacional de transportes, directamente o por conducto de las oficinas de tránsito correspondientes, una solicitud acompañada de copia auténtica de la matrícula o licencia de tránsito, a fin de que sean incluidos en el inventario nacional automotor.

ART. 3º—A partir de la vigencia de este decreto, todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio, sobre vehículos automotores terrestres, para que surta efectos ante las autoridades de tránsito, deberá presentarse por los interesados a la respectiva Dirección de tránsito departamental, intendencial, comisarial o del Distrito Especial de Bogotá, la cual hará la correspondiente anotación, dejará constancia de ella en el acto o contrato y dará aviso inmediato al Instituto Nacional del Transporte”.

“ART. 4º—A ningún vehículo automotor se le expedirá licencia de tránsito por las autoridades correspondientes mientras no se hayan cumplido las disposiciones establecidas en los artículos anteriores.

ART. 5º—A medida que se inscriban en el inventario automotor, el Instituto Nacional del Transporte abrirá a cada vehículo una ficha o folio, en el cual, se anotará todo acto o contrato que lo afecte, y dará cuenta de ello al servicio nacional de inscripción, a solicitud de éste”.

“En similar dirección apuntan sendas disposiciones incluidas en los decretos 2169 de 1970 y 1147 de 1971:

“Decreto 2169 de 1970; artículo 15: “Toda modificación en la licencia de tránsito se autorizará por parte de la autoridad departamental, intendencial, comisarial o municipal de tránsito, según el caso, con la obligación de remitir a la autoridad central las informaciones pertinentes dentro de los tres días siguientes a su realización”.

Decreto 1147 de 1971; artículo 17: “Todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación o gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores se informará, por parte del titular del derecho, a la inspección o dirección de tránsito donde esté radicado el vehículo, para que estas oficinas remitan la información al Instituto Nacional del Trasporte y se efectúe la inscripción pertinente en la licencia de tránsito. El interesado deberá estar a paz y salvo por concepto de impuestos a la renta y complementarios.

El derecho que deba inscribirse se probará con el respectivo acto, contrato o providencia judicial que le dé origen”.

El recuento normativo que se ha efectuado arroja claridad sobre el tema expuesto, tratándose de aquellos casos a los cuales no resulte aplicable la legislación mercantil, pues en estos últimos y según igualmente antes se indicó, el artículo 922 del Código de Comercio —expedido mediante el Decreto-Ley 410 de 1971— hizo imperiosa la inscripción, en materia comercial, del acto o negocio jurídico que versare sobre vehículos automotores(2), en el registro público correspondiente(3).

Posteriormente, con la expedición de la Ley 53 de 1989 se iteró la obligación de registrar los actos y negocios jurídicos que implicaren disposición de derechos reales sobre automóviles y, en consecuencia, se reafirmó la perentoriedad de dicha exigencia como requisito —junto al título para acreditar la propiedad respecto de un vehículo automotor; en el anotado orden de ideas, el artículo 6º del referido cuerpo normativo definió el registro terrestre automotor como

[E]l conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirán todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros”(4).

De otro lado, el Acuerdo 34 del 12 de agosto de 1991, proferido por la junta directiva del otrora denominado Instituto Nacional de Tránsito y Transporte —Intra—, reglamentó la manera en la cual habría de efectuarse tanto la inscripción inicial del automóvil en el registro respectivo como las anotaciones sucesivas a las cuales hubiere lugar dentro del mismo; de ahí que la persona que figurase inscrita ante el organismo de tránsito competente se reputara como propietaria del vehículo automotor y, en consecuencia, la inscripción en el registro resultara oponible a las autoridades y a terceros(5), toda vez que el artículo 94 del referido acuerdo preceptuaba que [N]o se podrá transferir vehículo automotor alguno bajo ningún título sin que previamente se haya registrado”.

“A esta evolución normativa efectuó también su aportación, en idéntico sentido al que se ha venido refiriendo, el Decreto 1809 de 1990, norma que modificó el artículo 193 del Código Nacional de Tránsito —Decreto 1344 de 1970—, confiriéndole la siguiente redacción:

“ART. 193.—Reformado por el Decreto 1809 de 1990. Será sancionado con multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo automotor que no lo inscriba dentro de los sesenta (60) días siguientes a su adquisición en el respectivo registro terrestre automotor. En igual sanción incurrirá quien no inscriba todo acto o contrato , providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre un vehículo automotor para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros”.

Como colofón a la cadena de previsiones normativas aludidas, la Ley 769 de 2002 —Código Nacional de Tránsito Terrestre actualmente en vigor— estableció como requisitos uniformes —tanto en materia civil como en el ámbito mercantil— para hacer efectiva la tradición de los automóviles, la entrega material del automotor, por una parte y, por otra, la inscripción del negocio jurídico correspondiente en el registro nacional automotor, obligación esta consignada de forma expresa en el artículo 47 del citado conjunto normativo, en los términos que se transcriben a continuación:

“ART. 47.—La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el registro nacional automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo.

Si el derecho de dominio sobre el vehículo hubiere sido afectado por una medida preventiva decretada entre su enajenación y la inscripción de la misma en el organismo de tránsito correspondiente, el comprador o el tercero de buena fe podrá solicitar su levantamiento a la autoridad que la hubiere ordenado, acreditando la realización de la transacción con anterioridad a la fecha de la medida cautelar”.

La norma transcrita deja completamente claro y expreso que el mecanismo del título y el modo es el que opera en Colombia para transmitir la propiedad u operar cualquier modificación en los derechos reales respecto de vehículos automotores, conectando explícitamente la tradición —modo— con la inscripción en el registro público respectivo; sin embargo, todo lo expuesto no representa, ni muchísimo menos, un giro o una modificación en cuanto a la regulación que había venido recibiendo esta materia en el ordenamiento jurídico nacional, pues lo único que verdaderamente ha venido ocurriendo de manera paulatina y progresiva es el propósito de tratar el asunto con mayor precisión y técnica jurídica —cuestión en absoluto de poca monta y que hubiera sido de desear que se tuviera en cuenta desde la normatividad de 1970—, pero reflejando la que ha constituido la tradición colombiana en materia registral desde el momento en el cual se empezó a estructurar el sistema nacional de registro de las propiedades tanto de inmuebles como automotriz.

De ello da cuenta, adicionalmente, el tratamiento que desde los años 70 ha dispensado a este asunto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Alto Tribunal que expresó lo siguiente en punto a la prueba del dominio respecto de los vehículos automotores:

“En la actualidad y en relación con la enajenación comercial de automotores, mientras no se demuestre que el respectivo título de adquisición fue inscrito ante el competente funcionario de las oficinas de tránsito, la simple entrega del objeto enajenado no equivale a tradición del mismo. Por expreso mandato de la ley se exige, a más de la entrega, la inscripción del título, pues de otro modo la tradición no se opera totalmente, demostrando únicamente la celebración del contrato de compraventa, pero no queda demostrado el dominio ya que en el derecho colombiano los contratos, por sí solos, no mutan el derecho real de propiedad de una cabeza a otra, porque ellos solamente son fuente de obligaciones” (resaltado fuera del texto original)(6).

Todo lo hasta ahora expuesto resulta de capital importancia para la resolución del asunto sub judice, pues en relación con el asunto tratado en este acápite pueden formularse las siguientes conclusiones:

(i) Si bien es cierto que el contrato de compraventa de vehículos automotores es consensual, comoquiera que no requiere de formalidad alguna para su perfeccionamiento, no lo es menos que la eficacia del mismo tanto frente a las autoridades públicas en materia de tránsito terrestre automotor como frente a terceros, pende del cumplimiento de la formalidad o solemnidad de la inscripción del negocio jurídico en el correspondiente registro, procedimiento éste que se constituye, aún desde la normatividad expedida en 1970, en el modo a través del cual el título conduce a la transmisión de la propiedad en los negocios a los cuales no se aplica la legislación mercantil; una comprensión diferente, en virtud de la cual dicho registro tendría solamente propósitos de publicidad, no solo contraviene el tenor literal de los preceptos que condicionan la eficacia del negocio a la realización del registro, sino también el espíritu mismo del sistema registral colombiano, construido a semejanza de los modelos alemán y austríaco —en los cuales el modo, el registro, resulta imprescindible para constituir o modificar el derecho real— y no del esquema consensual aplicado en Francia y en parte de la República Italiana en esta materia;

(ii) En la medida en que el anotado registro tiene naturaleza claramente constitutiva y no meramente declarativa, tanto en materia civil como en materia comercial, desde los años 1970 y 1971, respectivamente, la tradición de este tipo de bienes solo se entiende surtida con la entrega material del automóvil y con la inscripción del título correspondiente en el registro nacional automotor, y

(iii) Como corolario de lo anterior, la propiedad o la realización de cualquier negocio jurídico que afecte un derecho real respecto de un vehículo automotor, solamente puede probarse con la acreditación tanto del título (contrato) como del modo (tradición tabular) del cual se deriva la calidad de propietario, usufructuario, acreedor pignoraticio, etcétera; las normas que expresamente establecen una tarifa legal de prueba en esta materia —artículos 43 y 44 del Decreto-Ley 1250 de 1970— excluyen la posibilidad de que las anteriores circunstancias puedan acreditarse mediante la sola aportación de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción, más allá de que el título o instrumento en cuestión solo surtirá efectos respecto de terceros —desde 1970, se insiste— después de efectuada la referida inscripción.

La especial naturaleza de los bienes de los que aquí se trata —vehículos automotores— siempre fue tenida en cuenta por el legislador nacional para expedir normas especiales que regularan el tráfico jurídico en la medida en que éste involucrara la disposición de dicha clase de bienes, especialidad sustancial y normativa que, en consecuencia, excluye la aplicabilidad, a los negocios civiles que versaren sobre automotores, de lo preceptuado por el artículo 754 del Código Civil en punto a la tradición de cosas corporales muebles pues, como ampliamente se explicó, el sistema de registro colombiano, tradicionalmente y desde sus orígenes, ha asimilado al tratamiento dispensado a la propiedad inmueble en punto de las exigencias registrales, a los vehículos a motor. Lo dicho encaja perfectamente, por lo demás, con lo preceptuado por los artículos 749 y 759 del Código Civil, disposiciones cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 749.—Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas.

ART. 759.—Los títulos traslaticios de dominio que deben registrarse, no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho mientras no se haya verificado el registro en los términos que se dispone en el título Del registro de instrumentos públicos”.

“(...)” (negrillas, cursivas y subrayado del original).

4. De acuerdo con lo señalado en la jurisprudencia citada, se tiene que la prueba idónea para acreditar la propiedad de un vehículo automotor, es la licencia de tránsito, de tal suerte que aun cuando el demandante en los hechos de Ia demanda afirmó que al momento de la desaparición del automotor solo tenía su posesión por cuanto no había legalizado el traspaso ante las autoridades de tránsito, ello no lo legitima en la causa para reclamar la pérdida del mismo, máxime cuando en el historial del automotor expedido por la Secretaría de Tránsito Municipal de Envigado, aparece como propietario Juan de Jesús Barrera y, el formulario único nacional del Ministerio de Transporte, en el que se solicita el traspaso, carece de fecha, siendo absolutamente impropio otorgarle valor probatorio alguno.

Así las cosas, la ausencia de titularidad de propiedad del bien respecto del cual se predica el daño, contraviene, en el sub examine, el principio de interés para pedir y el de la legitimación en la causa (legitimatio ad causum), según el cual, quien formula peticiones en el proceso debe tener interés legítimo, serio y actual en la declaración que se persigue, por cuanto existen peticiones que solo corresponde hacerlas a ciertas personas y frente o contra otras determinadas, y no por o contra la demás.

Sobre el particular, el tratadista Hernando Devis Echandía(7) sostuvo:

“En los procesos civiles, laborales y contencioso administrativos, esa condición o cualidad que constituye la legitimación en la causa, se refiere a la relación sustancial que se pretende que existe entre las partes del proceso y el interés sustancial en litigio o que es el objeto de la decisión reclamada. Se puede tener la legitimación en la causa, pero no el derecho sustancial pretendido.

Creemos que se precisa mejor la naturaleza de esa condición o calidad o idoneidad; así en los procesos contenciosos, la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda”.

Conforme lo anterior, se torna estéril cualquier análisis en cuanto a los elementos de responsabilidad, comoquiera que nos encontramos en presencia de la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, lo que de suyo impone su declaratoria y con ello la denegatoria de lo pretendido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 5 de junio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero por las razones expuestas en la parte motiva de éste proveído.

2. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2009, Exp. 16837, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) En este preciso aspecto, la jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado sobre la necesidad de probar tanto el título como el modo a efecto de acreditar la calidad de propietario de un vehículo automotor con fundamento en lo normado por el estatuto mercantil, en los términos que siguen:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 922 del Código de Comercio, para acreditar la propiedad sobre vehículos se requiere demostrar que el respectivo título de adquisición fue inscrito en las oficinas de tránsito (D.L. 1344/70, art. 88, Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el D.L. 1809/90), para lo cual se requiere aportar copia del registro o de la licencia, ya que esta se expide luego de perfeccionado el registro y, por lo tanto, prueba la realización de ese acto, según lo establecido en el artículo 87 del Decreto-Ley 1344 de 1970, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de este proceso”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 1992, consejero ponente Ricardo Hoyos Duque, Exp. 13395.

(3) Tal es el sentido de lo normado por el artículo 922 del estatuto mercantil: “La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá, además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa.

PAR.—De la misma manera se realizará la tradición del dominio de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se efectuará ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. La tradición así efectuada será reconocida y bastará ante cualesquiera autoridades”.

(4) El Decreto 1809 de 1990 modificó el artículo 88 del Decreto 1344 de 1970 y replicó la definición adoptada, para el registro terrestre automotor, en la Ley 53 de 1989.

(5) Bonivento Fernández, José Alejandro. Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, 13ª edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1999, p. 38.

(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de noviembre de 1976, magistrado ponente Germán Giraldo Zuluaga.

(7) Devis Echandía, Hernando. Compendio de derecho procesal-Teoría general del proceso, tomo I. Decimotercera edición. Biblioteca Jurídica Diké. Bogotá. 1994. Págs. 269 y 270.