Sentencia 1998-02368 de noviembre 21 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Rad.: 05001233100019980236801(29764).

Demandante: Edilia del Consuelo Jiménez Arroyave y otros.

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., veintiuno de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Respecto de las pruebas que serán valoradas, es importante señalar que las actuaciones allegadas por la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, fueron debidamente trasladadas y, adicionalmente, la entidad demandada en la contestación las coadyuvó, siendo en consecuencia susceptibles de valoración.

Es necesario precisar que, la Fiscalía General de la Nación allegó copia del proceso penal que se adelantó por el secuestro y homicidio múltiple en la carretera Puerto Berrío a San Roque, en la que figuran como ofendidos las mismas personas, familiares de la víctimas que hoy demandan ante esta jurisdicción. Asimismo, a la referida investigación se allegaron, de manera trasladada, las diligencias e informes evacuados en el curso del proceso penal en contra de miembros de grupos al margen de la ley (paramilitares), así como también de integrantes de la Cooperativa de vigilancia privada (Convivir Guacamayas), en aras de identificar a los posibles autores del ilícito; proceso penal último en el que se incluyen las desapariciones forzosas llevadas a cabo en municipios de Antioquia, en especial, el caso Puerto Berrío San Roque; es decir, se refieren a las circunstancias que rodearon las desapariciones de los ciudadanos que marcan la acción que hoy nos ocupa. De allí que pueden ser tenidas en cuenta en el proceso, puesto que la parte demandante pidió la prueba, la demandada la coadyuvó y resultaría contrario a la lealtad procesal que una de ellas solicite que el medio probatorio haga parte del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque, para negarle eficacia, las formalidades legales para su admisión(2).

1. Al proceso contencioso administrativo, para el establecimiento de los hechos relevantes, se allegaron los siguientes medios probatorios:

1.1. Copia del Derecho de Petición elaborado el 25 de septiembre de 1996 por la asociación de familiares de detenidos desaparecidos de Colombia, y dirigido a la XIV Brigada del Ejército Nacional - sede Puerto Berrío, en la que se solicita información sobre la desaparición masiva de 8 personas en el municipio de San Roque, el 14 de agosto de 1996. Se hace una descripción fenotípica y de vestuario de las víctimas (fls. 120-123. cdno. ppal. tribunal).

1.2. Copia de la respuesta emitida por el Jefe del Estado Mayor, Víctor Julio Clavijo Pulido, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en la que se informa a los peticionarios sobre las gestiones que se realizaron en esa brigada el 14 de agosto de 1996, consistentes en las renovaciones de salvo conducto de los desaparecidos, diligencia que culminó a mediados de la tarde de ese mismo día. Asimismo, comunican que de la desaparición fueron enterados por la Fiscalía Seccional de San Roque Antioquia, donde se adelanta la respectiva investigación. Finalmente, advirtieron que conocido el hecho, se dispuso una labor de inteligencia en coordinación con la policía del sector, para el esclarecimiento del mismo, diligencia que culminó infructuosamente (fls. 124 y 125. cdno. ppal. Tribunal).

1.3. Respuesta del Comandante de la Décima Cuarta Brigada al Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se detallan los pormenores de la visita que hicieron algunos de los desaparecidos, en las horas de la tarde, a las oficinas de la institución para llevar a cabo la renovación de los salvo conductos de armas vencidos, diligencia que culminó a las 5:00 p.m. de ese mismo día. Aclarando que para la realización de ese tipo de diligencias, los interesados acuden sin llamado alguno de la autoridad (fls. 205 y 206. cdno. ppal. tribunal).

1.4. Resumen elaborado por la Defensoría Regional del Pueblo, respecto del trámite desplegado por la entidad, en razón de la denuncia por la desaparición de las 8 personas de San Roque. El referido informe anuncia las distintas acciones llevadas a cabo para lograr una cooperación entre organismos, en especial con la Fiscalía General de la Nación, la que informó, a través de su Regional, que estos ciudadanos fueron masacrados, mutilados y tirados al río Magdalena. Asimismo, indicó que el vehículo en el que se transportaban las víctimas fue canjeado por dos fusiles, y que los posibles autores materiales del suceso fueron integrantes de la cooperativa Convivir (fl. 1. cdno. 5).

1.5. Oficio del Comandante de la Décima Cuarta Brigada, Coronel Carlos Enrique Vargas Forero, y dirigido a la Fiscalía Seccional de Puerto Berrío, en el que se relacionan, del grupo de desaparecidos, a las personas que se les diligenció la renovación del salvo conducto el 14 de agosto de 1996. Se aportan como anexos los permisos expedidos(3):

Nombre: Luis Alfonso Martínez Suárez.

C.C. 3585158 (1)

Nombre: Miguel Ángel Amariles Zapata

CC: 3585174 (1)

Nombre: Alfonso Peláez Vega

CC: 3584709 (1)

Nombre: Francisco Faber Toro Toro

CC: 3585658 (1)

Nombre: Darubín de Jesús Cifuentes Sánchez

CC: 3584359 (1)

1.6. Copia auténtica de la misión de trabajo 2957 del 24 de noviembre de 1998, elaborado por investigadores judiciales, y remitido a la Fiscalía Regional, al proceso número 363 de la Unidad de Derechos Humanos (Investigación de la desaparición -caso Puerto Berrío-San Roque). El informe relaciona las diligencias adelantadas en el departamento de Antioquia, tendientes a individualizar e identificar a los responsables de la desaparición de las 8 personas de San Roque. Se extrae lo pertinente de las distintas diligencias:

— Declaración jurada rendida por el señor Luis Arbey Serna Pinto:

“Con relación a las ocho (8) personas procedentes de San Roque y desparecidas en el Municipio de Puerto Berrío. Ant., el día 14 de agosto de 1996, manifestó lo siguiente: Dijo que estaba enterado sobre esos hechos ya que para esa fecha se desempeñaba como investigador Judicial I, por la cual fue comisionado para investigar las muertes y desapariciones en el municipio de Puerto Berrío remitiéndose al informe final de fecha 17 de diciembre de 1996, radicado bajo el número 1482 (026-2565), referenciado con la orden de trabajo 1295 despacho comisorio 3886 del Sumario 20251 de la Fiscalía Regional de Medellín, cuyo contenido obra en los folios 14 al 16 del informe, soportado con la declaración del testigo con reserva de identidad distinguida con la clave 024. “Masacre de San Roque. Manifiesta el testigo que se encontraba en el muelle, dialogando con los hoy desparecidos, ocho en total cuando se acercó Guillermo Arias “Alias Tatareto”, quien pertenece a la Cooperativa Convivir - Asociación Las Guacamayas y le preguntó al informante que quienes eran esas personas y él le contestó que eran personas del municipio de San Roque, que habían llegado a sacar salvoconducto para unas armas. Las investigaciones por la desaparición de esas ocho personas de San Roque, cursa en la Fiscalía Regional de Medellín. Es de anotar que el vehículo donde se desplazaban las ocho personas, era un campero marca Nissan, con placas LWH 407, color anaranjado; se sabe por información de una persona que está dispuesta a declarar cuando el fiscal lo ordene, que el vehículo donde se desplazaban los desaparecidos de San Roque, se encuentra al servicio de las autodefensas de Puerto Boyacá desde cuando los miembros de la Cooperativa Convivir las Guacamayas, realizaron desapariciones de los ocho comerciantes de San Roque, entre los cuales se encuentran “Alias el Patón y Alias el Filósofo”. Se asegura que el vehículo fue cambiado por los miembros de Convivir de Puerto Berrío con los paramilitares de Puerto Boyacá, por dos fusiles. (...).

(...). Es importante resaltar que en el informe de fecha 27 de agosto de 1996, firmados por los suscritos, visible a folios 10 del cuaderno 2 de este expediente, aparece una relación de los vehículos pertenecientes a la Cooperativa Convivir; allí aparece un vehículo tipo campero marca Nissan, color amarillo de placas LWH 407 (el mismo en el que se desplazaban los ocho desaparecidos de San Roque” (fls. 2 y 3 cdno. 2. Investigación Fiscalía).

— Declaración juramentada rendida por el señor Willintong Agudelo Mejía:

“(...) confirma la presencia de los comerciantes en el Estadero “Las Alpinas”, el 14 de agosto de 1998, porque fue la persona que les atendió entre (3:00 pm y 5:00 pm), que durante la permanencia de estos en ese lugar no se registró ninguna novedad como tampoco la presencia de otras personas , que solo se enteró de la desaparición de estas personas a los dos o tres días por intermedio de los familiares que los buscaban comentándoles lo siguiente: “(...) obtuvieron respuesta en el Brasil, que allí los habían visto pasar osea (sic) en el Brazil, ya que luego en la Floresta no los vieron pasar, según afirman la gente de la vereda, lo cual da como resultado o hace suponer que dicha desaparición se llevó a cabo en este intermedio entre Brazil y la Floresta” (fl. 4. cdno. 2. Investigación de la Fiscalía).

— Conclusiones de la investigación(4):

“De conformidad con el acervo probatorio recaudado hasta el momento, nos permitimos concluir lo siguiente:

1. Que los señores Luis Alfonso Martínez Suárez (...), adelantaron diligencias de revalidación de las licencias para porte de armas de fuego el día 14 de agosto de 1996 en la sede de la Décima Cuarta Brigada de Puerto Berrío Antioquia.

2. Que los mencionados ciudadanos abandonaron las instalaciones de la brigada a las 15:31 horas del día 14 de agosto de 1996.

3. Que los referidos ciudadanos fueron atendidos en el estadero La Alpina por el señor Willintong Agudelo Mejía entre las 3:00 y 5:00 de la tarde del día 14 de agosto de 1996.

4. Según información suministrada al señor Willintong Agudelo Mejía por los familiares de los comerciantes desaparecidos, estos fueron vistos por última vez en el paso por el caserío El Brazil.

5. Según esta misma fuente de información, los comerciantes no reportaron su paso por el caserío de la Floresta, por lo que se presume que el hecho se produjo entre los caseríos de Minas de Vapor y el Dorado.

(...).

1.7. Copia auténtica del acta de constitución de la Cooperativa Convivir la Guacamaya, y de la solicitud de reconocimiento de personería a la Gobernación de Antioquia. En sus estatutos establecen como objeto de operación el siguiente:

“La Asociación se crea con el objeto de promover la acción social hacia la educación, la recreación, el empleo y la seguridad, a través de la promoción y la participación comunitaria.

(...).

1.3.4. Proveer su propia seguridad, organizando un servicio especial de vigilancia de alta capacidad con procedimientos y medios de uso restringido, mediante la obtención de la respectiva licencia, Artículos 39 a 41, Decreto 356 de 1994, Resolución 368 de 1995” (fls. 67-71. cdno. 2. Expediente Fiscalía).

1.8. Resolución 41935 del 19 de diciembre de 1995, por medio de la cual, la gobernación de Antioquia reconoce personería a la Asociación Convivir Guacamaya, y se aprueban sus estatutos.

1.9. Informe elaborado el 23 de septiembre de 1996, por la Dirección Seccional Cuerpo Técnico de Investigación Oficina Información Análisis, y remitido a la Dirección Regional de Fiscalías, en la que se hace un recuento situacional e histórico de la presencia paramilitar en los municipio de Puerto Berrío y San Roque del departamento de Antioquia.

1.10. Informe del 27 de agosto de 1996, elaborado por el Cuerpo Técnico de Investigación, en cumplimiento del requerimiento hecho por la Fiscalía Regional Delegada(5), respecto de la presencia paramilitar en el municipio de Puerto Berrío; el tiempo en que vienen operando; las operaciones llevadas a cabo; nexos con organismos de seguridad del Estado, y relaciones existentes entre el mismo y las cooperativas privadas de vigilancia Convivir. Se extrae lo que interesa al proceso del mencionado informe:

II. Recuento histórico:

Dentro de las informaciones que estas unidades recopilaron se tiene lo siguiente:

Bien es sabido por todos los ciudadanos que en este municipio existe desde hace muchos años, un grupo armado al margen de la ley conformado para eliminar a toda aquella persona que tenga, cualquiera que sea, vínculos con la guerrilla así como delincuentes y personas no gratas ante la sociedad (indigentes, drogadictos etc.), a quienes los pobladores llaman los “Macetos” o “Grupo” conocidos como grupos paramilitares que operan en dicho municipio y en especial en toda la región del Magdalena Medio.

Este grupo estaba inoperante en el municipio de Pto. Berrío, debido a las investigaciones que se llevan o llevaban a cabo por parte de organismos del Estado y en especial por Fiscalía General de la Nación; hasta hace un tiempo a la fecha (de enero del presente año más o menos) se ha reactivado. Dando como resultado violación a los derechos humanos originando una gran cantidad de desaparecidos, algunos de los cuales aparecen asesinados.

(...).

Debido a lo anterior se logró establecer la identidad de la persona que puso en conocimiento el problema que vive dicho municipio a través de un anónimo enviado a la Dirección Nacional en la ciudad de Santafé de Bogotá, por razones de seguridad, nos omitimos de dar a conocer la identidad de esta persona y otras que colaboraron en las presentes diligencias, las cuales identificaremos con códigos, puesto que algunas declararon bajo reserva de identidad.

(...).

1. Declaración de una persona identificada con el código 020.

(...).

Los paramilitares a los que se refiere los había conocido con anterioridad en un campamento ubicado en la vereda Vuelta A Cuña, al otro lado del Río Magdalena en predios al mando del señor Oscar Restrepo quien se desempeñaba como gerente de la reciente creada cooperativa de vigilancia rural Convivir. Dicho campamento tiene una capacidad para sesenta (60) hombres quienes lo utilizan como base, campo de entrenamiento, abastecimiento, entre otros; de las armas que él les ha llegado a conocer están fusiles, pistolas, granadas, como también equipos de campaña.

(...).

Entre otros colaboradores del grupo se encuentran miembros activos de las fuerzas armadas acantonadas allí, como son militares de la Décima Cuarta Brigada y la estación de policía. Entre ellos el Coronel Lara, El Cabo Pinto; otras personas que están vinculados a este grupo y que se han visto realizando labores aun en la oficina de la cooperativa de Convivir se encuentran Algiro Tamayo, alias Piraña, alias Guerrillo y alias Familia.

(...).

3. Entrevista con la persona quien envió la información a Santafé de Bogotá.

Manifiesta que ella es conocedora junto con su compañero de las personas que dieron muerte a los jueces en sitio de la Rochela, en la actualidad sabe que los miembros de la cooperativa son los paramilitares que se encargan de las desapariciones y muertes en la región, siendo el jefe de estos el señor Oscar Restrepo y su hijo Alejandro Restrepo.

Conclusión:

Se puede establecer que en el área del municipio de Pto Berrío (Ant) existe la presencia de un grupo paramilitar cuyos integrantes son los mismos que vienen trabajando en la resiente(sic) creada cooperativa de vigilancia rural Convivir, siendo el principal financista y colaborador el señor Feliz Gaitán, reconocido como narcotraficante de la región.

(...).

Se tiene conocimiento que las armas que estos utilizan son fusiles, pistolas, revólveres, granadas entre otros.

Vehículos.

(...).

Campero Nissan Patrol color amarillo de matrícula LWH 407. (...)” (fls. 78-86. cdno. 2. Exp. Fiscalía). (resaltado de la Sala).

1.11. Informe elaborado por la Fiscalía General de la Nación, Dirección Cuerpo Técnico de Investigaciones, Unidad investigativa, del 17 de diciembre de 1996, enviada al proceso 20.251(6), allegado a la investigación 363 (caso desaparecidos Puerto Berrío – San Roque), del cual se resaltan los siguientes apartes:

“A. El testigo identificado con la clave 024, informó sobre las siguientes masacres, que al parecer no quedaron consignadas en su declaración de reserva:

1. Masacre de San Roque: Manifiesta el testigo que se encontraba en el muelle, dialogando con los hoy desaparecidos, ocho en total, cuando se acercó Guillermo Arias, alias Tatareto, quien pertenece a la Cooperativa Convivir - Asociación Las Guacamayas y le preguntó al informante que quiénes eran esas personas y él le contestó que eran personas del municipio de San Roque., y que habían llegado a sacar salvoconducto para unas armas. (...). Es de anotar que el vehículo en que se desplazaban las ocho personas de San Roque, era un campero marca Nissan, con placas LWH 407, color anaranjado; se sabe por información de una persona que está dispuesta a declarar cuando el fiscal lo ordene, que el vehículo en que se desplazaban los desaparecidos de San Roque, se encuentra al servicio de las autodefensas del municipio de Puerto Boyacá desde cuando los miembros de la Cooperativa Convivir Las Guacamayas, realizaron las desapariciones de los ocho ciudadanos de San Roque, entre los cuales se encuentra alias Patón y alias Filósofo. Se asegura que el vehículo fue cambiado por los miembros de Convivir de Puerto Berrío, con los paramilitares de Puerto Boyacá, por dos fusiles.

(...).

Es importante resaltar que en el informe de fecha 27 de agosto de 1996, firmado por los suscritos, (...) aparece una relación de los vehículos pertenecientes a la cooperativa Convivir; allí aparece un vehículo tipo campero marca Nissan, color amarillo, de placas LWH 407 (el mismo en que se desplazaban los ocho desaparecidos de San Roque)” (fls. 143-195. cdno. 2, exp. Fiscalía). (resaltado de la Sala).

1.12. Informe evaluativo realizado en el proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría Departamental de Antioquia Oficina de Derechos Humanos, por la desaparición de las ocho personas del municipio de San Roque. En el escrito, se reconocen unos resultados negativos, en tanto no se pudo identificar a los posibles autores o coautores de la situación; no obstante, surge para la entidad una inquietud respecto del conocimiento de la fuerza pública acerca de la existencia y operación de grupos al margen de la ley, con fuerte incidencia y poderío en la zona de los hechos, tanto así que, según las declaraciones de los familiares de las víctimas directas, un capitán permitió que se llevara a cabo una reunión entre las familias y el grupo paramilitar del sector, al ser ellos los sospechosos de haber perpetrado la desaparición (fls. 231-234. cdno. 4. Investigación Procuraduría).

1.13. Copia auténtica del auto del 11 de septiembre de 2000, en el que, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para Derechos Humanos dispone el archivo del proceso desplegado por la desaparición —Puerto Berrío - San Roque—, inhibiéndose de abrir averiguación disciplinaria contra funcionario o servidor estatal, al considerar que no se logró determinar influencia alguna de funcionarios en el caso estudiado (fls. 426-430. cdno. 5. Investigación Procuraduría).

2. Ahora bien, es pertinente recordar que la valoración probatoria en los asuntos de desaparición forzada debe realizarse con especial cuidado, toda vez que conlleva una dificultad mayor que otros casos, en razón a su particularidad y características únicas. Es claro que en este tipo de delitos, no existen pruebas evidentes de las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos y los implicados tampoco son fácilmente identificados, por lo tanto, la prueba indiciaria debe ser utilizada a la hora de argumentar y fundamentar las decisiones, así lo ha reiterado esta corporación en diferentes oportunidades(7).

En esa línea de pensamiento, con los documentos relacionados, se tiene por acreditada la desaparición de ocho habitantes del municipio de San Roque, en hechos sucedidos el 14 de agosto de 1996, entre la vía que comunica a los municipios de Puerto Berrío y San Roque Antioquia, evento grave acaecido a manos de miembros de grupos paramilitares y de la cooperativa de vigilancia privada Convivir Guacamayas, atribución lograda de conformidad con las diligencias adelantadas por la Defensoría del Pueblo y por la Fiscalía General de la Nación.

De los informes que obran en este proceso y que se vienen de transcribir, se tiene por probado que los señores: Henry De Jesús Jiménez Arroyave; Ramón Octavio Agudelo Castro; Álvaro de Jesús Carmona Franco; Luis Alfonso Peláez Vega; Miguel Ángel Amariles Zapata; Darubín Cifuentes Sánchez y Luis Alfonso Martínez Suarez, fueron retenidos por varios hombres armados, cuando se encontraban en la vía que comunica el municipio de Puerto Berrío con el de San Roque Antioquia, desconociéndose hasta el día de hoy su destino y condiciones personales. Del mismo modo, los declarantes bajo reserva de identificación, que absolvieron interrogatorios dentro de las investigaciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación, a través de su Regional Antioquia, y la Unidad de Derechos Humanos, afirmaron que los captores de las ocho personas hacían parte de un grupo de vigilancia privada denominada Convivir Guacamayas, que también actuaban como grupo paramilitar y de “limpieza social” en varios municipios del Departamento de Antioquia; en especial en los de Puerto Berrío y San Roque(8), a quienes se les responsabiliza de la desaparición y muerte de otros habitantes del sector.

Así las cosas, se tiene por acreditado el primer elemento de la responsabilidad, toda vez que se demostró que los señores: Henry de Jesús Jiménez Arroyave; Ramón Octavio Agudelo Castro; Álvaro de Jesús Carmona Franco; Luis Alfonso Peláez Vega; Miguel Ángel Amariles Zapata; Darubín Cifuentes Sánchez y Luis Alfonso Martínez Suarez, fueron desaparecidos por varios hombres armados, cuando se encontraban en la vía que comunica el municipio de Puerto Berrío con el de San Roque Antioquia, sin que hasta hoy se tenga conocimiento de su paradero.

Pues bien, las declaraciones de los diferentes testigos, los informes de operación de grupos armados ilegales emitidos por la Unidad Investigativa de la Fiscalía General, y los demás medios probatorios que se recopilaron durante la investigación penal, en lo que concierne a homicidios múltiples y desapariciones que ocurrieron en el municipio de Puerto Berrío, para la Sala, otorgan credibilidad sobre las circunstancias intrínsecas y aspectos medulares en cuanto a acontecimientos tan relevantes, tales como la identificación de los miembros del grupo paramilitar, que también lo eran del grupo de vigilancia privada Convivir Guacamayas, que operaba en el municipio de Puerto Berrío para la época de los hechos, todo lo cual está acreditado en el proceso penal. De allí que, estos elementos de importancia y trascendencia, allegados al caso sub examine, resultan útiles y meritorios, toda vez que no fueron desvirtuados en el proceso contencioso.

De otro lado, aun cuando se desconoce la forma cómo culminó el proceso penal, pues en el expediente no obra la sentencia, del acervo probatorio especialmente de los testimonios referenciados y de los informes que se rindieron en el proceso penal, se puede establecer que existen indicios graves del contexto extremo de violencia que padecía la región, dada la reiteración de esta modalidad de delitos por parte de grupos ilegalmente armados, asunto que imponía un refuerzo en la vigilancia y protección por parte de Estado.

Si bien, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la desaparición de los habitantes del municipio de San Roque, trataron de ser reconstruidas durante las investigaciones penal y disciplinarias adelantadas, es incuestionable para la Sala que en las actividades que desarrollan los llamados grupos paramiliatres —desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, torturas, entre otros— y circunstancias que las rodean vienen a ser ambiguas y complejas, por lo que es lógico que se carezca prueba directa sobre la ocurrencia de tales crímenes, dignos del pandemónium(9); también es cierto que a través de la prueba indirecta se puede llegar a conclusiones útiles que reconstruyan la verdad histórica difusa por la naturaleza de estos casos.

Frente a episodios de naturaleza similar, que nunca se deberían haber dado y menos repetir, esta corporación ha reflexionado desde una perspectiva humanística y jurídica, que bien vale la pena recordar, haciendo la salvedad de que en el caso sub examine no se vislumbra participación directa por parte de organismos del Estado en la concreción de la violación a los derechos humanos presentados, pero sí por omisión, en tanto fueron ilícitos realizados por miembros de un grupo paramilitar de la zona; en ese orden, se reprocha la perpetración de este tipo de delitos de lesa humanidad, como conductas que no deben ocurrir bajo ninguna noción de legitimidad, dado el carácter de ilegítimas que siempre van a ostentar, por ser su destinatario el ser humano:

“La fuerza pública, tanto más quienes asumen la defensa judicial de sus actos, deben eliminar el discurso maniqueísta que clasifica a los muertos en buenos y malos, para justificar la muerte de los segundos con el argumento de la defensa social o del bien que se hace a la comunidad con la desaparición física de determinadas personas. El derecho a la vida no puede ser reivindicado según el destinatario, pues su respeto debe ser absoluto. Tal vez la única vulneración tolerable sea aquella que ocurre en ejercicio de las causales de justificación o de inculpabilidad que las normas penales consagran, a pesar de lo cual en algunas de esas ocasiones la no responsabilidad del agente no libera a su vez de responsabilidad al Estado.

“En numerosas oportunidades la Sala ha hecho una verdadera apología de la vida, exaltando las hermosas palabras del inmolado Tómas y Valiente: “No hay nada en la creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre”. Y lo seguirá haciendo, cada vez que encuentre, como en el presente caso, que se sigue aplicando en el país la pena de muerte, proscrita por la Carta Fundamental desde hace más de un siglo.

“La vida de cualquier hombre es digna de respeto, aún se trate del peor de los delincuentes. Dijo en alguna ocasión Eca de Queiroz: “El Niágara, el monte de cristal color de rosa de Nueva Zelandia, las selvas del Amazonas son menos merecedoras de nuestra admiración consciente que el hombre más sencillo”. Y Federico Hegel resaltó: “El pensamiento más malvado de un criminal es más sublime y más grandioso que todas las maravillas del cielo”.

“La muerte injusta de un hombre no podrá considerarse más o menos admisible dependiendo de la personalidad, de la identidad, de la influencia o de la prestancia de ese hombre. La muerte injusta de una persona con antecedentes delictivos, continúa siendo injusta a pesar de los antecedentes que registre y lo será tan injusta, tan insoportable y tan repudiable como la del hombre bondadoso de irreprochable conducta”(10).

“De igual manera, en la legislación nacional, el artículo 12 de la Carta Política establece que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” y en el artículo 165 de la Ley 522 de 2001 —Código Penal— en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el país, tipificó el delito autónomo de desaparición forzada en estos términos: “El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de mil (1000) a tres mil (3000) salarios mínimos legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años”(11).

La desaparición forzada de personas es considerada tanto en la legislación, doctrina y en la jurisprudencia nacional e internacional como delito de lesa humanidad por cuanto involucra además de los derechos fundamentales de la víctima, la convivencia social, la paz y la tranquilidad del género humano(12).

Dicha conducta se encuentra proscrita por normas de carácter internacional ratificadas por Colombia, como es el caso del artículo 2º del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que se refiere a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, aprobado el 8 de junio de 1977, el cual fue incorporado a la legislación interna a través de la Ley 171 del 1994; y del artículo 75 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, en virtud del cual se reguló lo referente a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, instrumentos que se integran al orden normativo interno a través del artículo 93 de la Constitución Política(13).

En relación con este punto la Corte Constitucional en Sentencia C-225 de 1995 expuso:

“En el caso colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial imperatividad, por cuanto el artículo 214 numeral 2 de la Constitución dispone que “en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”. Esto significa que, como ya lo señaló esta corporación, en Colombia no sólo el derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo sino que, además, opera una incorporación automática del mismo “al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens”(14). Por consiguiente, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como todos los funcionarios del Estado, y en especial todos los miembros de la Fuerza Pública quienes son destinatarios naturales de las normas humanitarias, están obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del derecho internacional humanitario, por cuanto no sólo éstas son normas imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, además, porque ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico y deben ser acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía ser de otra manera, pues las normas de derecho internacional humanitario preservan aquel núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que no puede ser en manera alguna desconocido, ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado. Ellos encarnan aquellas “consideraciones elementales de humanidad”, a las cuales se refirió la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 1949 sobre el estrecho de Corfú. No se puede entonces excusar, ni ante la comunidad internacional, ni ante el ordenamiento jurídico colombiano, la comisión de conductas que vulneran claramente la conciencia misma de la humanidad, como los homicidios arbitrarios, las torturas, los tratos crueles, las tomas de rehenes, las desapariciones forzadas, los juicios sin garantías o la imposición de penas ex post facto”(15).

Al respecto, el artículo 12 de la Constitución Política establece que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” y la Ley 707 de 2001 “Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas” en virtud de la cual se define la desaparición forzada como:

“...la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

En desarrollo de la anterior preceptiva el Legislador tipificó el delito de desaparición forzada en el artículo 165 del código Penal (L. 599/2000) de la siguiente manera:

“El particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley”.

Es pertinente advertir que en este tipo de delitos, si bien, las víctimas principales son las personas desaparecidas, existe una extensión de sufrimiento para quienes tienen relaciones de afecto con los mismos, en tanto ese sentimiento viene a generar desconsuelo, desazón, tristeza y angustia, derivada de la incertidumbre que opera en estos casos, al ser desconocido el paradero o condiciones personales de las víctimas principales. Ello le imprime una connotación mayor al dolor padecido por las familias, quienes ven prolongado su sufrimiento ante la zozobra que produce el no tener conocimiento alguno de la existencia o de la muerte de un ser querido.

Al respecto, la Corte Interamericana expuso, en sentencia del 24 de noviembre de 2010, caso Gomes Lund y otros (“guerrilha do araguaia”) vs. Brasil, lo siguiente:

105. En el presente caso, la violación al derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas mencionados se verifica debido al impacto que ha generado en ellos y en el seno familiar la desaparición forzada de sus seres queridos, a la falta de esclarecimiento de las circunstancias de su muerte, al desconocimiento del paradero final de los mismos y a la imposibilidad de darle a sus restos una adecuada sepultura(16). Al respecto, el perito Endo indicó que “una de las situaciones que comprende gran parte del sufrimiento por décadas es la ausencia de sepultura, la desaparición de los cuerpos (...) y la indisposición de los gobiernos siguientes en la búsqueda de los restos mortales de sus familiares”(17), lo cual “perpetua el recuerdo del desaparecido, y dificulta el desligamiento psíquico entre este y los familiares que aún viven” impidiendo el cierre de un ciclo(18).

106. Al respecto, la Corte recuerda que, conforme a su jurisprudencia, la privación al acceso a la verdad de los hechos acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos(19). Asimismo, el Tribunal ha establecido que el esclarecimiento del paradero final de la víctima desaparecida permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causados por la incertidumbre respecto del destino de su familiar desaparecido(20).

106(sic). Adicionalmente, la Corte considera que la violación al derecho a la integridad de los familiares de las víctimas se debe también a la falta de investigaciones efectivas para el esclarecimiento de los hechos, a la falta de iniciativas para sancionar a los responsables, a la falta de información respecto a los hechos y, en general, respecto a la impunidad en la que permanece el caso, lo cual les ha generado sentimientos de frustración, impotencia y angustia(21). En particular, en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento, el cual se puede acrecentar, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de las víctimas o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido(22) (resaltados de la Sala).

Pues bien, por revestir esa importancia en la estabilidad emocional de las víctimas directas —mientras vivan— y de sus familias —indirectamente afectados—, el Estado debe dirigir su actuación a esclarecer en lo posible este tipo de situaciones, dada la reiteración de esta modalidad de delito en el país; y de otro lado, teniendo en cuenta la pluralidad de condenas internacionales por este mismo motivo, al presentarse un problema de impunidad que conmina a los afectados a acudir a esas instancias en aras de obtener justicia ante el sufrimiento padecido, la Sala propugnará por hacer realizable esta anhelada justicia, que en muchos casos, queda insatisfecha a nivel nacional.

En ese orden, se tiene por probado que en razón a los lamentables hechos ocurridos entre los municipios de Puerto Berrío y San Roque Antioquia, se iniciaron varias investigaciones penales, contra miembros de grupos al margen de la ley —paramilitares— e integrantes de la cooperativa de vigilancia privada –Convivir Guacamayas—, que ejecutaban actos ilícitos en la zona de los hechos, crímenes perpetrados contra los habitantes que “generaban sospechas” de pertenecer a las guerrillas o informantes de las mismas-, acrecentando el número de víctimas por un largo espacio de tiempo, todo lo cual se corrobora con los distintos informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación —Unidad investigativa—(23).

Ahora, si bien, es cierto, que a este proceso no se allegó la sentencia penal con la que finalizaron las investigaciones, no se puede desconocer que existían graves indicios relacionados con la participación de estos grupos en actividades bajo esa modalidad criminal, tales como: la desaparición, amenazas, intimidación y homicidio de varios habitantes de los municipios en cuestión. Es decir, el contexto de violencia acrecentado en esa zona, y de público conocimiento, constituye un marco y espacio de actuación que señala como autores de los hechos a los grupos paramilitares.

Lo anterior se deduce claramente tanto de los testimonios que hacen parte de los procesos penales, como de los informes de Fiscalía ya relacionados, los que dan cuenta de la grave situación de orden público que se vivía en el municipio de Puerto Berrío Antioquia, y de las actividades sospechosas y delincuenciales que se presentaron en la época en la que fueron desaparecidos los ocho habitantes de San Roque, actividades criminales cuyos protagonistas eran los miembros de grupos de autodefensas y de vigilancia privada. Toda esta cadena de hechos indicadores marcan la creación de un indicio contextual de grave violencia originada por estos grupos al margen de la ley, lo que significó un imperativo para el Estado, en el orden de reforzar la vigilancia y protección de las personas que habitaban esa región, pues bien se conocía la existencia de estos grupos armados, así como la modalidad de sus operaciones, las que fueron repetitivas, y en las que gran número de civiles fueron víctimas, siendo ello motivo de reproche, ante la omisión configurada por ese actuar negativo.

Se observa como en esa región del país, y en esa época, se afianzó la comisión de ilícitos de ese tipo, delitos de lesa humanidad cuyos autores justificaban con el argumento de aniquilar a los movimientos guerrilleros y a sus colaboradores, asunto que bien conocían las fuerzas militares de la zona(24); y que aun conociéndose, se tornó en estéril la labor protectora, pues siguieron ocurriendo crímenes de esa envergadura como el que hoy nos ocupa. En otras palabras, el momento histórico marcó la necesidad de un refuerzo en presencia militar, y que esa presencia significara extrema vigilancia y protección para con esa población afectada, lo que no sucedió en el caso sub examine, pues lo que tuvo lugar fue un incumplimiento obligacional de vigilancia, que marcó la concreción de una falla del servicio por parte de los obligados jurídicamente a esa labor protectora.

Este tema del contexto como creador de una obligación de reforzar la labor de vigilancia y protección, es un asunto que ha tenido trascendencia a nivel nacional e internacional, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos —para el caso latinoamericano—. Este organismo supranacional ha considerado que, en determinados eventos en los que existe un conocimiento público de un riesgo —riesgo que se puede concretar en la comisión de diferentes ilícitos—, marca un deber afianzado de protección por parte del Estado, garante positivo de la vida de sus asociados(25). En esa línea de pensamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —en cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(26)—, ha considerado que la responsabilidad del Estado frente a cualquier hecho de particulares se encuentra condicionada al conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades reales o razonables de prevenir o evitar ese riesgo(27).

En consonancia con la jurisprudencia citada, esta corporación ha dicho que en lo que concierne a la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en eventos en los que, si bien, los agentes estatales no participan de forma directa en la causación del daño, en tanto no han sido autores, ni figuran como partícipes, con su omisión propiciaron o permitieron que personas ajenas a la administración lo causaran. Este tipo de situaciones tienen lugar cuando una persona se encuentra amenazada, y da el aviso de rigor ante las autoridades; no obstante, estas no la protegen, o adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes(28); o cuando, si bien, la persona no comunicó la situación de riesgo a la autoridad, la notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba hacían imperativa la intervención estatal para protegerla, como ocurrió en este caso, en la medida en que el contexto marcó la génesis del deber a una protección reforzada por parte de las fuerzas militares a la población vecina de ese sector del departamento de Antioquia.

Ahora bien, lo anterior es inescindible de la noción de falla del servicio por omisión, en la medida en que fue un actuar negativo —no hacer—, lo que posibilitó la comisión de este delito de lesa humanidad, es decir, si bien, en el caso sub examine el daño fue cometido por un grupo armado al margen de la ley, lo cierto es que el mismo se posibilitó y concretó a partir de la falla del servicio en que incurrió la entidad pública demandada, toda vez que lo decisivo en la causación del perjuicio fue el iter de acontecimientos en los cuales la autoridad jugó un papel preponderante pues al no evitar la materialización de la desaparición, procediendo a la captura de los criminales y al esclarecimiento de los hechos, incurrió en una manifiesta omisión en el cumplimiento de las funciones legales, en atención a que se trataba de la fuerza pública, que constitucionalmente está instituida para la protección, garantía y satisfacción de los derechos de los asociados, y ello comporta labores de: reacción, prevención y persecución, ante la perpetración de estos crímenes.

En ese orden, es claro que la omisión por parte de la fuerza pública, constituye una flagrante violación al deber de prevenir, contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” (art. 1º)(29), y cuyo contenido y alcance fue delimitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en uno de sus pronunciamientos primigenios, en los siguientes términos:

“Abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. No es posible hacer una enumeración detallada de esas medidas, que varían según el derecho de que se trate y según las condiciones propias de cada Estado Parte...

“(...). 172. Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención”(30).

Pues bien, la Sala admite que de la lectura del plenario, no se colige que alguna autoridad haya provocado directamente la desaparición de las ocho personas oriundas del municipio de San Roque, comoquiera que no se tiene prueba alguna de que miembros del Ejército hayan participado en el delito plural. Este solo hecho, permitiría, en principio, absolver a la demandada, conclusión a la que llegó el a quo, en razón a que ninguno de sus agentes estuvo involucrado en el ilícito. No obstante, en vista de que la responsabilidad del Estado puede tener lugar por hechos de terceros, cuando es precisamente la acción u omisión de alguna autoridad la que permitió o propició el hecho dañoso, por ello debe señalarse, se itera, que la desaparición de los señores: Henry De Jesús Jiménez Arroyave; Ramón Octavio Agudelo Castro; Álvaro de Jesús Carmona Franco; Luis Alfonso Peláez Vega; Miguel Ángel Amariles Zapata; Darubín Cifuentes Sánchez y Luis Alfonso Martínez Suárez, le es imputable a la entidad demandada, al no haber protegido sus vidas e integridad personal, lo cual le era exigible.

En este estado de cosas, se infiere con nitidez, que de lo que da cuenta el plenario es de la desaparición y posible ejecución de varios ciudadanos en una de esas mal llamadas “labores de limpieza social”, o de “sospecha guerrillera”, que constituyen sin lugar a anfibología alguna, una vergüenza nacional, no sólo frente al mundo, sino ante el tribunal de la razón y la civilidad, por más deteriorada que se encuentre en un momento histórico dado, de allí que, los hechos indicadores son suficientes para dar por probado que la demandada incurrió en una falla del servicio por omisión, y por lo tanto, le es imputable el daño alegado, pues se reitera, tristemente en época que se espera ya superada, en un culto al prejuicio, se devaluó por falta de vigilancia y protección estatal, al ciudadano humilde, y fue eso sin eufemismo alguno lo que ocurrió, y así lo trasunta este proceso(31).

Para la Sala, es inadmisible y censurable la existencia de este tipo de grupos al margen de la ley, los que nacieron con un fin vengativo para con la guerrilla, y extendieron esa pasión y odio a todos los que consideraban sospechosos de participar en actividades subversivas, sospechas que marcaron la comisión de cantidades de delitos —desapariciones, muertes, secuestros, masacres— en las que resultaron victimas personas ajenas al conflicto. Y esta situación se afianzó en determinados sectores del país, como ocurrió en esta zona del Departamento de Antioquia —Magdalena Medio—. Al respecto, el informe elaborado por la Unidad Investigativa de la Fiscalía del 23 de septiembre de 1996 nos informa(32):

“De acuerdo a nuestros archivos de inteligencia, se pudo establecer que el origen y finalidades que persiguen estos grupos ilegales, se basan en que de tiempo atrás, los hacendados y ganaderos venían siendo objeto de extorsiones, robo de ganado, secuestros y cobros de vacunas por parte de elementos subversivos; un día, hastiados de esta situación, decidieron armar y/o financiar grupos armados para sacudirse de la presión guerrillera (FARC y ELN), administrando justicia y proteger a la gente de la guerrilla, ya que según ellos no hay representación del Estado.

Este grupo armado al margen de la ley, junto con la guerrilla, se consideran amos y señores de vidas y muertes en toda la zona. Hacen retenes por todo el sector, piden documentos y si encuentran a alguien que aparezca en alguna de las listas que poseen, lo desaparecen. Se conoció que se desplazan en lujosas camionetas Toyota cuatro puertas, que circulan tranquilamente por las carreteras de la región, organizan retenes y es común verlos caminando por las poblaciones haciendo ostentación de sus armas.

(...).

Por información de la gente afectada por el accionar de estos grupos ilegales, ellos no están acabando con la guerrilla armada sino con los que presumen informantes y colaboradores; lo cual conduce a que asesinen a bastante gente inocente al conflicto.

(...).

Por otra parte, estos grupos de autodefensa se mueven con desconcertante libertad por las zonas rurales, aún en aquellas donde es permanente y notoria la presencia de las fuerzas militares y de los cuerpos policivos; para intimidar, secuestrar, torturar y asesinar a hombres y mujeres de la población civil colocados en condiciones de absoluta inferioridad e indefensión.

Al parecer, su actividad ha sido en ocasiones favorecida por el apoyo de integrantes de la fuerza pública, que en algunos casos participan directamente con los paramilitares para cometer atrocidades y en otros, sirven como cómplices o encubridores de las mismas.

(...).

Principalmente, a estos grupos ilegalmente armados, se les imputa innumerables homicidios selectivos de campesinos, de dirigentes políticos de izquierda y sindicalistas; así como secuestros y desapariciones (fls. 73-75. cdno. 2. Exp. Fiscalía, resaltado de la Sala).

Lo anterior, refleja una situación evidente de violencia extrema para la década de los noventa, que se afianzó con la consolidación de grupos ilegalmente armados en determinadas zonas del territorio. Asunto que no era desconocido para el Estado, pues la comisión reiterada de delitos bajo las mismas modalidades en un espacio determinado configuró el contexto de violencia, y con ello, el conocimiento del riesgo por parte de las autoridades llamadas a proteger a los asociados en condición de inminencia de ser víctimas, generándose una posición de garantía, y por ello era el Estado el obligado a asumir ese rol de garante de los derechos de quienes estaban expuestos a ese tipo de ilícitos.

Acerca del contenido y alcance del concepto de posición de garante, la Sección Tercera de esta corporación, ha puntualizado:

“Por posición de garante debe entenderse aquélla situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho.

“Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley —en sentido material— atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida”(33). (resaltado de la Sala).

Pues bien, este elemento normativo, fue incorporado en la responsabilidad del Estado en sede de imputación fáctica, ante la necesidad de dotar su análisis de ingredientes jurídicos; en este caso, por motivos de un no actuar de la administración —omisión—, necesidad que trasladó algunos criterios de la dogmática penal al derecho de daños —imputación objetiva—, lo que significó un cambio cualitativo en este estudio, en el entendimiento de reevaluar el papel de la causalidad como única opción teórica para determinar la atribución de determinadas consecuencias o daños, la cual resultaba insuficiente, dado su contenido naturalístico, que dejaba por fuera de su marco de acción los eventos de daños causados por terceros o por hechos de la naturaleza, tornándose en consecuencia en un imposible, la atribución de los mismos a la administración, pues en términos fenomenológicos no existía sustento para que ello se pudiese dar. Por lo tanto, este instituto sobre el cual descansa la teoría de la imputación objetiva, se erigió como la correcta opción para solucionar los problemas causales a los que se enfrentaba la omisión.

La posición de garante viene a significar un gran avance de las sociedades modernas y de los Estados sociales de derecho basados en principios constitucionales como el de la solidaridad y la prevalencia del interés general(34). Es entendida como la posibilidad de atribuir a un sujeto la responsabilidad por un daño, en principio, causado por la acción de un tercero o por un hecho (v. gr. de la naturaleza o del azar) pero que le es imputable al primero en la medida que se encontraba conminado a intervenir para impedir que el evento dañoso sucediera. En otras palabras, la posición de garante justifica el imputar un daño ante un comportamiento omisivo, de manera pues que se reputa autor también a quien se abstuvo de intervenir; es lo que se conoce desde el plano penal como la “comisión por omisión”.

Y es que entre el sujeto llamado a responder por su no actuar —omisión— y el afectado por el daño antijurídico, existe una relación de protección y cuidado, que se estructura por una obligación de intervención del primero, que es exigida como conducta positiva —hacer—, ante determinadas circunstancias que crean ese deber de acción, en aras de evitar que el segundo sea vulnerado en sus derechos. De allí que la garantía se activa como figura normativa sustentadora de la imputación al obligado de esa protección, y se le atribuyen en consecuencia, conductas dañinas desplegadas por terceros o por hechos, superando con ello la dificultad que se ocasionaba en esta sede, por solo acudir a métodos de las ciencias naturales —causalismo—. Por lo tanto, las ciencias sociales nutren estos análisis, con criterios normativos capaces de crear situaciones teóricas posibles para perfeccionar a la imputación como elemento estructural de la responsabilidad del Estado.

Ahora bien, resulta pertinente realizar un estudio conceptual de esta figura. Y para el efecto, vale la pena señalar que la posición de garante puede tener su génesis en dos aristas: por un lado, en el tráfico o contacto social (v. gr. garantía por la generación o creación de riesgos); y por el otro, en virtud de ciertas estructuras estatales y sociales (v. gr. garantía institucional). Por lo tanto, la primera posición de garante surgirá por la introducción de peligros o riesgos que tienen potencialidad para causar daño (v. gr. la instalación de una fábrica de sustancias tóxicas; tener un perro peligroso, desarrollar un deporte considerado como riesgoso, entre otros), mientras que la segunda posición se deriva de instituciones básicas como: el Estado (v. gr. si sobre una persona recaen amenazas que son conocidas o podían fácilmente ser inferidas por la administración pública, habrá posición de garante) y la familia (v. gr. en una piscina unos padres no podrán excusarse de que su hijo se ahogó en virtud de la peligrosidad de ese lugar, sino que a la hora de evaluar el riesgo concretado se tendrá en cuenta la intervención y participación de aquéllos)(35). En ese orden, la posición de garante se mira desde dos perspectivas a saber: i) relacional también denominada organizacional(36) o ii) institucional; en ambos casos el ordenamiento jurídico las impone, lo que ocurre es que respecto de la primera el sujeto cuenta con un margen de libertad para determinar si avoca o no el rol que se desprende de esa circunstancia que introduce peligros o riesgos a la sociedad, mientras que la segunda siempre se asigna como una carga obligatoria.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha discurrido(37):

“15. En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber:

“1. En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. Vg. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce —un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo —prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario— (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro.

“Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porquesu contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás.

“2. Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso.

Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en éstos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos(38) (subrayas y resaltado de la Sala).

La posición de garante institucional, que es la interesa a este estudio, surge no ante la generación de un riesgo con determinada actividad, se origina por el hecho de pertenecer a determinada institución, de ahí su denominación. Al ser parte de un estamento —Estado—, nace una relación de especial protección, que se configura entre los asociados del conglomerado y el funcionario vinculado, este último llamado a encargarse, por razones de solidaridad, de la defensa y auxilio de los primeros, en aras de evitar que en el curso de la vida social sean dañados en su vida, integridad, honra y bienes.

La jurisprudencia del Consejo de Estado respecto al tema, se ha servido de este criterio de imputación en múltiples eventos, para declarar la responsabilidad del Estado en supuestos en los cuales se esperaba una conducta activa de la administración pública y, concretamente, de las fuerzas militares en la protección de los ciudadanos que se han visto afectados por la acción de grupos criminales, lo que ha supuesto un significativo avance, ya que al margen de que causalmente el daño haya sido producto del actuar de un tercero, el mismo en esos casos específicos, se ha declarado imputable a la organización estatal como consecuencia del desconocimiento de la posición de garante mencionada.

La primera providencia en la que se definió una controversia con apoyatura en la posición de garante, corresponde a la sentencia del 4 de octubre de 2007, expediente 15.567, caso en el que se juzgó la responsabilidad patrimonial del Estado por las lesiones irrogadas a un campesino a quien le fue impuesta la carga de ser colaborador de las fuerzas militares, circunstancia que si bien es lícita, dado el deber de colaboración para con la fuerza pública en el cometido de seguridad nacional, supuso la generación de un riesgo que, en el caso concreto, estaba el Ejército Nacional en el deber jurídico de evitar.

En aquella oportunidad la Sección Tercera del Consejo de Estado precisó:

“Desde esa perspectiva, es claro que el Ejército Nacional conocía de la situación de peligro que se había radicado en cabeza del señor Argemiro Tobón —no propiamente a sus instancias—, sino a partir de la actividad desplegada por los miembros de la institución militar. En ese contexto, es claro que la administración pública incumplió el deber de protección y cuidado que se generó una vez el señor Tobón Rueda comunicó el peligro que corría su vida e integridad física como resultado de los frecuentes acantonamientos que efectuó el Ejército Nacional en terrenos de su propiedad, motivo por el cual, se puede señalar que aquél asumió posición de garante(39) frente a la integridad del ciudadano.

“(...). Es por ello, que el Ejército Nacional conocía a cabalidad la situación de riesgo o peligro objetivo en que se hallaba el señor Tobón Rueda, motivo por el cual ha debido brindar todos los elementos de protección que evitaran la concreción del daño causado; lo anterior, toda vez que si bien no existe una prueba que indique que aquél pidió, de manera expresa, seguridad a la fuerza pública, la misma debió ser suministrada de forma espontánea y sin requerimiento alguno, como quiera que el simple hecho de tener certeza por las autoridades militares de la situación en que se colocaba al administrado, radicaba en cabeza de las mismas la obligación de brindar los instrumentos y elementos suficientes para impedir cualquier resultado dañoso.

“Se puede deducir por lo tanto, que el daño antijurídico no se hubiera generado de haberse verificado una actuación pro activa por parte de la administración pública, ya que ante la comprobación de que un colaborador forzado de la institucionalidad estaba viendo comprometida su integridad en todo sentido por tal situación, se le ha debido proveer protección y seguridad con el fin de impedir que cualquier tipo de bien jurídico de los que fuera titular se viera afectado, lo que no es más que la consecuencia lógica de haber asumido el Estado la posición de garante respecto del administrado”.

En el caso concreto, se aplicó la posición de garante institucional en que se encuentra el Estado respecto de los administrados y que puede tener origen no sólo en el postulado del artículo 2º de la Carta Política que ordena proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, sino que, incluso encuentra su génesis en el principio de solidaridad sobre el que se fundamenta el Estado social de derecho; y, si bien, desde el plano penal resulta inadmisible que una posición de garante se fundamente en el referido postulado constitucional, lo cierto es que tratándose de la responsabilidad patrimonial de Estado, el deber jurídico de evitar un daño puede descansar sobre el imperativo a cargo de la organización pública de mantener equilibradas las cargas públicas, desarrollo este último del principio mencionado, como lo reconoce la Corte Constitucional en la Sentencia SU-1184 de 2001, en relación con la garantía de protección de los derechos fundamentales.

En pronunciamiento posterior(40), la Sección Tercera declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte de un Inspector del Trabajo que fue asesinado en la ciudad de Medellín. En la mencionada sentencia, no sólo se aplicó la teoría de la imputación objetiva y, específicamente, la posición de garante, para delimitar si la Policía Nacional estaba o no compelida a evitar el resultado dañoso, sino que, además, se delimitaron las obligaciones jurídicas que están a cargo de las autoridades públicas para la protección de los bienes jurídicos e intereses legítimos de los administrados. Al respecto se dijo:

“2.6. En esa perspectiva, para la Sala no son de recibo los escasos y débiles argumentos suministrados por el a quo, en relación con el cumplimiento de las entidades públicas demandadas, respecto de la obligación de protección y seguridad, toda vez que el análisis serio y detenido de los medios de convicción, permite plenamente dar por acreditado que el Comando de Policía de Envigado conocía de los hechos de riesgo y situación de peligro que rodeaban al inspector Luis Alonso Herrera. No se trata de endilgar una obligación de imposible cumplimiento al Estado, en los términos de la relatividad de la falla del servicio, sino que, en el caso concreto, se infiere que la administración pública tenía conocimiento de la situación y no adoptó las medidas necesarias para proteger la vida del ciudadano. Y resulta no sólo desafortunado, sino además desesperanzador, el argumento traído a colación por el a quo en la sentencia en cuanto a que “es de conocimiento público que el servicio de policía de nuestro país, carece, desafortunadamente de los recursos necesarios para proteger la vida y los bienes de todos y cada uno de los habitantes”. Dentro de esa lógica fatalista e inexorable, la institución de la Policía estaría llamada a desaparecer. No se pueden hacer apriorísticamente aseveraciones absolutas por parte del juzgador, dejando de lado el examen del caso concreto sometido a su estudio.

“En efecto, el realizar rondas de vigilancia en la dirección donde se localizaba el domicilio del inspector del trabajo, no puede entenderse, desde el punto de vista lógico o formal, como el cumplimiento cabal e íntegro de la obligación de protección, en tanto la misma supone una conducta dinámica de la autoridad, concretamente de la fuerza pública, en relación con la verificación de la existencia de las amenazas, su periodicidad, como su seriedad, etc., para establecer así cuál era el esquema de seguridad que se ameritaba y, en todo caso desplegar una conducta íntegra en todo el sentido y significado tendiente a salvaguardar los derechos amenazados.

“La relatividad de la falla, en estos eventos, se relaciona con la imposibilidad de exigir de manera absoluta a la organización estatal, prevenir cualquier tipo de daño o resultado antijurídico, como quiera que el Estado no se encuentra en capacidad de brindar una protección personalizada a cada individuo que integra el conglomerado social. No obstante lo anterior, el deber de protección de la vida, honra y bienes que se radica en cabeza del Estado, se torna más exigente en tratándose de personas frente a las cuales es posible o probable que se concrete o materialice un riesgo de naturaleza prohibida. En términos funcionalistas, se tiene que el Estado, como estructura en cabeza de la cual se radica el poder político y público y, por consiguiente, el monopolio de la fuerza armada, no sólo está obligado a precaver el delito sino también a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que, pudiéndose evitar, se concreten por omisión en el cumplimiento del deber legal contenido los artículos 2º y 218 de la Carta Política.

“No se trata frente a los deberes y obligaciones de las autoridades, y para el caso, de los que correspondían concretamente a la Policía Nacional, de calificarlos como lo hace la entidad en la alegaciones ante esta instancia (fls. 276 y 277 cdno. ppal. 2ª instancia) de obligaciones de medios. La perspectiva es diferente, es lo que en la doctrina constitucional contemporánea se denominan obligaciones jurídicas superiores y que: “son aquéllas que acompañan a la propia concepción del sistema jurídico político, constituyendo la expresión de sus postulados máximos, hasta tal punto que el propio ordenamiento equipara su revisión a la de todo el texto constitucional”(41). En efecto, la relación del Estado frente al ciudadano implica, no sólo necesariamente la existencia de poderes y deberes, que en el derecho anglosajón se denominan “obligaciones funcionales del Estado”, y que son verdaderas obligaciones jurídicas cuyo incumplimiento acarrea algún tipo de consecuencia o sanción. No podría ser de otra manera, para el caso objeto de juzgamiento, como quiera que el deber del Estado se traducía en su poder, y en la necesidad de proteger los derechos del ciudadano, en este caso, a la vida, aún sin que hubiera mediado solicitud por parte del señor Luis Alonso Herrera, cosa que además no es cierta como se ha visto, toda vez que de habérsele prestado, o al menos de haberse desplegado las medidas tendientes a una efectiva y cabal protección del derecho a la vida, se realizaba así el fin plausible del ordenamiento. Esa es la razón que justifica la existencia de las autoridades, el proteger los bienes jurídicos de los asociados en los términos que los consagra el ordenamiento jurídico en su integridad”(42). (negrillas fuera del texto).

Otro supuesto que tiene que ver con la posición de garante en la que se encuentra la fuerza pública, se reseña en la sentencia del 26 de marzo de 2009. En el caso concreto, se definió la responsabilidad del Ejército y la Policía Nacional por el desaparecimiento de tres ciudadanos que se movilizaban desde Villavicencio al municipio de Monfort, y se ordenó a las entidades demandadas reparar integralmente el perjuicio causado a las familias demandantes, pues se comprobó que la fuerza pública se encontraba en posición de garante respecto de la integridad de quienes ocupaban el vehículo de transporte público que por allí se desplazaba. En efecto, existía un retén conjunto de las dos fuerzas —militar y civil— y se le dio aviso de las circunstancias que se desarrollaban en la vía y no empece a ello los miembros de esas instituciones fueron omisivos en desplegar un comportamiento que evitara la consumación del execrable hecho. En aquella oportunidad se expuso(43):

“En consecuencia, la imputación fáctica contenida en la demanda se dirige a censurar la actitud de la fuerza pública, puesto que, según lo formulan los actores fue aquélla la que produjo con su acción el daño antijurídico y, al margen de que no hubiera sido así, la omisión en la que se incurrió lo que se hizo fue permitir que se concretara el daño antijurídico...

“(...). En ese orden de ideas, el hecho de analizar un resultado bajo la perspectiva de ingredientes normativos (v. gr. como la posición de garante), fijados por la ley y la jurisprudencia es lo que permite, con mayor facilidad, establecer la imputación fáctica (atribución material), esto es, se itera, la asignación de un determinado daño en cabeza de un específico sujeto.

“(...). Desde esa perspectiva, la posición de garante se erige como uno de los ejes basilares sobre los cuales se edifica el concepto de imputación fáctica, puesto que a partir del conjunto de principios establecidos en el artículo 1º de la Constitución Política, se hace responsable, desde diversas perspectivas jurídicas (penal, disciplinaria, patrimonial, etc.) a la persona que con su omisión ha facilitado la producción del daño, lo que desvirtúa en el plano jurídico el principio causal según el cual a partir de la omisión no se deriva nada(44). En ese contexto, la posibilidad de atribuir resultados o daños, con base en un criterio normativo - jurídico, no es otra cosa distinta que la reivindicación de la multiplicidad de valores y principios jurídicos sobre los que se basamenta el Estado Colombiano, es decir, como un Estado social de derecho, en el cual los asociados no solo se benefician de una gama de derechos y garantías, sino que, de igual manera, se encuentran conminados al cumplimiento de una serie de deberes (v. gr. principio de solidaridad, de dignidad humana, de tolerancia, etc.) sin los cuales la sociedad no podría funcionar(45).

“Y, si los particulares se encuentran vinculados por esos imperativos categóricos —en términos Kantianos—, con mayor razón los órganos y funcionarios estatales se hallan sometidos al cumplimiento y salvaguarda de esos principios y valores constitucionales. En consecuencia, tal y como lo ha sostenido el máximo tribunal constitucional, la fuerza pública se encuentra en posición de garante frente a la protección de los bienes y derechos de los ciudadanos, sin que ello suponga someter al Estado a lo imposible —puesto que existe el principio de falla relativa del servicio, pero sí obliga a que se analice en cada caso concreto las posibilidades reales con las que contaban los agentes estatales para impedir el resultado(46).

“La doctrina ha explicado con especial claridad este suceso, en los términos que se transcriben a continuación:

“Se ha dejado deliberadamente para el último momento una cuestión importante en materia de causalidad: ¿qué virtualidad causal tiene la omisión? ¿puede una omisión, un no hacer, generar un resultado positivo? A pesar de que existan voces de discrepancia, es hoy determinante la opinión de que la omisión no puede ser nunca causa (en el sentido naturalístico por el que nos decantamos) de un resultado. En palabras de Mir Puig “resulta imposible sostener que un resultado positivo pueda haber sido causado, en el sentido de las ciencias de la naturaleza por un puro no hacer (ex nihilo nihil fit)”. O, en las palabras de Jescheck, “la causalidad, como categoría del ser, requiere de una fuente real de energía que sea capaz de conllevar a un despliegue de fuerzas, y ello falta precisamente en la omisión (ex nihilo nihil fit).

“Ello no significa, naturalmente, que una omisión (en nuestro caso, una omisión administrativa) no pueda generar responsabilidad extracontractual del omitente. Pero ello se tratará de una cuestión de imputación, no de causalidad. Y existirá imputación del resultado cuando el omitente tenía el deber jurídico de evitar el resultado lesivo, poseyendo la acción —debida— omitida capacidad para evitarlo(47). (destaca la Sala)”. (negrillas y subrayado del original).

En este orden, la posición de garante, como se desarrolló en las líneas citadas, resulta el camino teórico ideal para solucionar los problemas a los que se enfrenta el derecho de daños en relación con el mal llamado “nexo jurídico causal”, pues su uso supone el encontrarse con problemas de incertidumbre que del mismo se desprenden, razón por la que es innegable que la mencionada construcción teórica permite, a través de los instrumentos conceptuales analizados, aliviar o solucionar la dificultad a la que se enfrenta el juez a la hora de resolver los distintos conflictos, complejos como la sociedad que los genera.

En esa línea de pensamiento, la posición de garante ha asumido vital connotación en eventos como el que hoy nos ocupa, en los que si bien, el Estado no intervino directamente en la concreción de un daño antijurídico —autor o partícipe del hecho—, la situación en la cual estaba incurso, le imponía un deber específico, esto es, asumir determinada conducta; llámese protección, o prevención, cuyo rol al ser desconocido —infracción al deber objetivo de cuidado— dada su posición de garante, configura la atribución a éste de las mismas consecuencias o sanciones que residen en cabeza del directamente responsable del daño antijurídico.

Ahora bien, comoquiera que el asunto sometido a estudio es una grave violación de derechos humanos, perpetrados por grupos al margen de la ley —paramilitares—, por la posición de garante del Estado resulta un imperativo incluir, en este análisis, un concepto de derecho internacional de obligatoria aplicabilidad, como es el principio de control de convencionalidad, propugnado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchos de sus pronunciamientos, cuya noción pasará a explicarse:

La Constitución Política, de un Estado como el colombiano viene a ser un cuerpo normativo supremo y bidimensional, en la medida en que su contenido condensa la dogmática jurídica del Estado y el orden técnico administrativo del mismo. En ese sentido, la filosofía que sirve de basamento al modelo de organización es clave en el destino de su articulado y ese compendio se erige como principio y fin del Estado mismo, direccionando su discurrir hacia el logro de cometidos previamente fijados.

En la segunda mitad del siglo XX, un cambio cualitativo tuvo lugar en el concepto de constitución, que no queda reducido al conjunto de disposiciones allí contenidas, sino que la misma comprende otros componentes de rango supranacional que participan de esa misma naturaleza. Esta recomprensión consiste en la incorporación en el derecho interno, mediante normas de rango constitucional, de distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, que en el caso colombiano lo articula el artículo 93 de la Constitución Política, que ha permitido la integración en la carta de esos referentes normativos, mecanismo al que se ha denominado bloque de constitucionalidad. Al respecto, la normativa en mención dispone:

“Constitución Política de Colombia. ART. 93.—Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

La Corte Constitucional, en la interpretación de este artículo, dividió la función del mismo en dos modalidades de incursión normativa: una integradora, para aquellos derechos que no pueden ser desconocidos aún en los estados de excepción —vida, integridad personal—; y otra de interpretación, para aquellos derechos cuya limitación en estados de excepción sí es posible —libertad de locomoción—, explicando con esa división, lo enunciado en los dos incisos que lo conforman. En Sentencia C-488 del 2009 se trató este tema en profundidad, y de ella se destaca(48):

“Si bien es cierto que las normas que se integran al bloque de constitucionalidad tienen la misma jerarquía que los preceptos de la Carta Política, también lo es que existen diversas formas para su incorporación al ordenamiento jurídico. Además, en ningún caso la disposición internacional constituye un referente autónomo para el control constitucional, por cuanto la integración normativa debe partir de una interpretación armónica, teleológica y sistemática de la Carta Política en su conjunto(49).

En cuanto a la forma de incorporación de los tratados al bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia ha señalado dos vías:

(i) La primera consiste en la “integración normativa”en virtud de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 93 de la Constitución(50). Para ello se requiere que un tratado ratificado por Colombia reconozca derechos humanos cuya limitación se prohíba en los estados de excepción(51). Desde esta perspectiva su incorporación es directa y puede comprender incluso derechos que no estén reconocidos en forma expresa en la Carta.

En este punto conviene precisar que, de conformidad con el artículo 101 Superior, también hacen parte del bloque de constitucionalidad los tratados que definen los límites del Estado(52). Así mismo, por mandato del artículo 214-2 de la Constitución, se incluyen aquí las normas convencionales y consuetudinarias de derecho internacional humanitario(53). Además, otras normas como los artículos 44 y 53 de la Carta autorizan la inclusión de tratados en el bloque de constitucionalidad respecto de temas específicos como los derechos de los niños.

(ii) La segunda forma de incorporación de tratados al bloque de constitucionalidad es como “referente interpretativo” y opera al amparo del inciso segundo del artículo 93 de la Carta(54). En este sentido la jurisprudencia ha reconocido que algunos tratados de derechos humanos cuya limitación no está prohibida en los estados de excepción también hacen parte del bloque de constitucionalidad, aunque por una vía de incorporación diferente; es decir, no como referentes normativos directos sino “como herramientas hermenéuticas para juzgar la legitimidad de la normatividad interna”(55). Al respecto, en la Sentencia C-067 de 2003, que examinó una norma del Código Disciplinario relacionada con la aplicación de tratados internacionales sobre derechos humanos, esta corporación explicó lo siguiente:

“Por vía de una aplicación extensiva del inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política, la Corte ha admitido que incluso aquellos tratados internacionales que establecen derechos humanos que pueden ser limitados durante los estados de excepción —tal es el caso del derecho a la libertad de movimiento— forman parte del bloque de constitucionalidad, aunque sólo lo hagan como instrumentos de interpretación de los derechos en ellos consagrados”(56). (resaltado fuera de texto).

De esta manera la Corte ha precisado que el artículo 93 de la Constitución contempla dos hipótesis normativas diferentes para la incorporación de tratados de derechos humanos al bloque de constitucionalidad y su alcance frente al control constitucional:

“El inciso primero incorpora, por vía de prevalencia, los derechos humanos que no pueden limitarse bajo estados de excepción. La norma constitucional no establece relación alguna entre normas constitucionales y las disposiciones que se incorporan al ordenamiento jurídico nacional. De ahí que pueda inferirse que se integran al bloque de constitucionalidad inclusive derechos humanos no previstos en la Constitución, que cumplan con el requisito mencionado.

El inciso segundo, por su parte, ordena que los derechos y deberes previstos en la Constitución se interpreten de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Así, esta vía de incorporación está sujeta a que el derecho humano o el deber, tengan su par en la Constitución pero no requiere que el tratado haga referencia a un derecho no suspendible en estados de excepción.

En tales condiciones, el inciso primero del artículo 93 de la Carta permite incorporar ciertos derechos y principios al bloque de constitucionalidad, incluso cuando éstos no han sido reconocidos por el articulado constitucional, pero para ello se requiere que sean derechos no limitables en estados de excepción. Este artículo 93-1 adquiere entonces una verdadera eficacia cuando se trata de derechos o principios que no aparecen expresamente en el articulado constitucional, pero que se refieren a derechos intangibles incorporados en tratados ratificados por Colombia. Por su parte, el inciso segundo del artículo 93 superior tiene otra finalidad pues esa norma completa y dinamiza el contenido protegido de un derecho que ya está consagrado en la Carta, puesto que, conforme a ese inciso, tal derecho debe ser interpretado de conformidad con los tratados ratificados por Colombia”(57). (resaltado fuera de texto).

En síntesis, en virtud del doble sistema de incorporación de una norma a través del bloque de constitucionalidad, el inciso primero del artículo 93 cumple una función integradora de los tratados de derechos humanos cuya limitación se prohíbe en estados de excepción, mientras que el inciso segundo del mismo artículo cumple una función interpretativa, en tanto “constitucionaliza todos los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y referidos a derechos que ya aparecen en la Carta y, en virtud de la regla hermenéutica sobre favorabilidad, el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos”(58). Esto último corresponde al principio de interpretación más favorable en materia de derechos humanos o principio pro homine, que en varias ocasiones ha servido de base para adelantar el examen de constitucionalidad de normas de derecho penal(59).

Sin embargo, la Corte debe precisar que no todos los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad bajo la previsión del artículo 93 de la Carta Política, pues es claro que no todos ellos involucran el reconocimiento y la protección de derechos humanos, al menos en forma directa. (resaltado de la Sala).

En ese orden, la modalidad de incursión normativa que interesa a este estudio, viene a ser la contenida en el inciso primero del artículo 93, que otorga aplicabilidad directa a las disposiciones que sobre derechos humanos se han firmado y ratificado por Colombia y que, en esa línea, entra a jugar un papel significativo: el Control de Convencionalidad. Principio de creación jurisprudencial Interamericana, que ha permitido verificar el efecto útil de las normas contenidas en las distintas convenciones de derechos humanos(60), es decir, constituye una forma de indagar si los países miembros del sistema interamericano han violado o no las convenciones pactadas. Por lo tanto, su objeto se consolida como la verificación de la efectividad de los derechos y garantías contenidas en esos instrumentos supranacionales.

Pues bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la existencia de este principio al resolver el “caso Almonacid Arellano vs Chile”, sentencia que utilizó por vez primera esta noción; no obstante, aclaró que la esencia del mismo ya venía siendo parte de pronunciamientos previos, pues su objeto se había realizado desde los primeras condenas internacionales al reprochar la violación de derechos humanos. La sentencia trata el caso de la muerte del profesor y militante del partido comunista Luis Alfredo Almonacid Arellano, al inicio de la dictadura militar en 1973, y condena al Estado Chileno, no solo a la reparación de las víctimas indirectas —familiares del señor Almonacid—, sino que lo instó a una readecuación de normas internas a las disposiciones de la convención interamericana, de tal manera que se armonizaran con este ordenamiento, pues iban en contravía de las nociones de justicia y verdad y del cumplimiento del artículo 1.1 del mismo sistema normativo, al impedirse la investigación de los delitos cometidos en ese rango de tiempo, dada la amnistía reconocida a los miembros del Estado que fueron partícipes de tales hechos. Las órdenes impartidas por la Corte estuvieron cimentadas en el principio que se estudia, cuyo uso se llevó a cabo bajo las siguientes consideraciones:

“124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

(...).

125. En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que “según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”150. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. (negrillas y resaltado de la Sala).

Siguiendo esa línea de pensamiento, pasados unos meses, la misma Corte Interamericana, profirió la sentencia del nominado como “caso trabajadores cesados del congreso”(61), que trató de la reestructuración del Congreso de Perú en 1990, en la que se impedía demandar las resoluciones que los desvinculaban del servicio. En esa oportunidad, la Corte consideró que algunas normas del derecho peruano iban en contravía de lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que reducían el efecto útil de esta última, al impedirles instrumentos jurídicos viables y procesos judiciales a los afectados con la plural cesación laboral en el Congreso. Para ello, se hizo uso del control de convencionalidad entre la normativa peruana y la convencional, y al respecto se dijo:

“128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones.

129. En conclusión, la Corte observa que este caso ocurrió en un contexto de impedimentos normativos y prácticos para asegurar un acceso real a la justicia y de una situación generalizada de ausencia de garantías e ineficacia de las instituciones judiciales para afrontar hechos como los del presente caso. En ese contexto, y en particular el clima de inseguridad jurídica propiciado por la normativa que limitaba la impugnación respecto del procedimiento de evaluación y eventual cesación de las presuntas víctimas, es claro que éstas no tenían certeza acerca de la vía a la que debían o podían acudir para reclamar los derechos que se consideraran vulnerados, fuera administrativa, contencioso administrativa o de amparo”.

Ahora si bien, el principio bajo estudio se originó en pronunciamientos que plantearon un conflicto normativo interno e internacional, con el transcurrir de su uso, fue extendiendo su marco de acción a asuntos que no suponían tal conflicto jurídico, pues también tenía lugar, ante un mero desconocimiento de una norma convencional, a través de prácticas u omisiones estatales. Es decir, este control no solo comprende una inspección objetiva de determinada norma, sino que se extiende a condenar prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la convención o a prácticas que desconozcan derechos reconocidos. Esa nueva comprensión de este principio viene contenida en la sentencia interamericana que resolvió el “caso Heliodoro Portugal vs Panamá”(62), la cual tuvo como fundamento la desaparición forzada de un disidente político del Estado, situación frente a la cual se sostuvo:

“179. En relación con la obligación general de adecuar la normativa interna a la Convención, la Corte ha afirmado en varias oportunidades que “en el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas”(63). En la Convención Americana este principio es recogido en su artículo 2º, que establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar los derechos en ella reconocidos(64), lo cual implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio de effet utile)(65).

180. La Corte ha interpretado que tal adecuación implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías(66). Precisamente, respecto a la adopción de dichas medidas, es importante destacar que la defensa u observancia de los derechos humanos a la luz de los compromisos internacionales en cuanto a la labor de los operadores de justicia, debe realizarse a través de lo que se denomina “control de convencionalidad”, según el cual cada juzgador debe velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, de manera que no quede mermado o anulado por la aplicación de normas o prácticas internas contrarias al objeto y fin del instrumento internacional o del estándar internacional de protección de los derechos humanos(67).

La interpretación dada a este principio, en este último pronunciamiento, viene a ser clave de bóveda para el caso sub examine, pues esta jurisdicción interna, en virtud del denominado bloque de constitucionalidad, que introduce al ordenamiento constitucional, además de la normativa internacional sobre derechos humanos, la interpretación que de ella se ha hecho por las cortes internacionales competentes, impone la obligación de efectuar un control de convencionalidad a la conducta del Estado. Sobre el deber de aplicación de la jurisprudencia internacional, la Corte Constitucional ha sostenido:

4.5. Ahora bien, los derechos humanos reconocidos en la Convención pertenecen a lo que esta Corte ha llamado bloque de constitucionalidad en sentido estricto(68). De acuerdo con el contenido del artículo 93 superior, las normas que contiene se entienden incorporadas al ordenamiento interno y surten efectos directos. Al aplicar el concepto de bloque de constitucionalidad, la declaratoria que hacen los jueces de la Corte IDH no solo repercute sobre la esfera internacional sino sobre el ordenamiento interno. Así, la violación declarada por la Corte Interamericana surte efectos en el ámbito de las relaciones entre países soberanos y miembros de la OEA —donde se reconoce a la nación como infractora(69)— y, a la vez, proyecta directamente consecuencias dentro del Estado(70).

Si bien el artículo 93 de la Carta Política no hace una mención directa de los efectos internos de ese tipo de decisiones, por vía jurisprudencial la Corte Constitucional ha venido decantando sus alcances. En primer término, ha sostenido que determinaciones de esa índole tienen un efecto general como criterio hermenéutico para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales(71).

En esa línea, en diversos fallos esta corporación se ha referido puntualmente a la Corte IDH, indicando que su jurisprudencia es un criterio relevante para fijar el parámetro de control de las normas que hacen parte del ordenamiento interno colombiano, precisamente porque establece el alcance de distintos instrumentos internacionales de derechos humanos. La corporación ha sostenido que la jurisprudencia de la Corte IDH contiene la interpretación auténtica de los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional que integra el parámetro de control de constitucionalidad(72).

Así, por ejemplo, en la Sentencia C-228 de 2002 este tribunal retomó la doctrina de la Corte IDH en relación a las medidas legislativas que impidieran a las víctimas de violaciones de derechos humanos conocer la verdad de los hechos, concluyendo que resultaban contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto para efectos de examinar la constitucionalidad del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, demandado en aquella ocasión(73).

En similar sentido, en la Sentencia C-370 de 2006, al examinar distintas disposiciones de la Ley 975 de 2005 relacionadas con los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, se reconoció el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano. Dijo esta corporación:

“Por su relevancia como fuente de Derecho Internacional vinculante para Colombia, por tratarse de decisiones que expresan la interpretación auténtica de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte transcribirá algunos de los apartes más relevantes de algunas de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a estándares sobre justicia, no repetición, verdad y reparación de las víctimas de los graves atentados contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

Y de manera específica, por primera vez, la Corte Constitucional utiliza el control de convencionalidad al que se viene aludiendo, en la Sentencia C-442 de 2011, en la que se hizo una confrontación normativa convencional(74) y de precedente interamericano(75), en relación a los tipos penales de injuria y calumnia(76), pues la existencia jurídica de estos últimos, suponía un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y la protección de la honra de los asociados. En ese sentido, la Corte invoca este control, sosteniendo que las normas demandadas no violan el efecto útil de disposiciones convencionales, ni el precedente de la corporación Interamericana, en tanto el sacrificio de algunas libertades como las de expresión, se encuentra justificada en la protección a la honra y al buen nombre, a través de la relevancia penal de estas conductas, medidas que resultan armónicas con el principio de legalidad. Al respecto se sostuvo:

“De manera reiterada esta corporación ha sostenido que “en virtud del artículo 93 de la Constitución Política, los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, de lo cual se deriva que la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar estos tratados constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales”(77).

En la misma línea argumentativa en años recientes en diversas decisiones de esta corporación se ha señalado que la jurisprudencia de la Corte IDH es un criterio relevante para fijar el parámetro de control de las normas que hacen parte del ordenamiento interno colombiano, precisamente porque establece el alcance de distintos instrumentos internacionales de derechos humanos los cuales a su vez resultan relevantes al examinar la constitucionalidad de disposiciones de rango legal al hacer parte del bloque de constitucionalidad.

Dentro de esta línea argumentativa esta corporación ha sostenido que la jurisprudencia de la Corte IDH contiene la interpretación auténtica de los derechos contenidos en la CADH, instrumento internacional que integra el parámetro de control de constitucionalidad(78).

(...).

Finalmente, en la Sentencia C-370 de 2006, al examinar distintas disposiciones de la Ley 975 de 2005 relacionadas con los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, se reconoció el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos: “Por su relevancia como fuente de Derecho Internacional vinculante para Colombia, por tratarse de decisiones que expresan la interpretación auténtica de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte transcribirá algunos de los apartes más relevantes de algunas de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a estándares sobre justicia, no repetición, verdad y reparación de las víctimas de los graves atentados contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”(79).

Entonces, debido a la importancia que tiene la jurisprudencia de la Corte IDH como una interpretación autorizada de la CADH, y porque en buena medida los cargos formulados por los demandantes se fundan en el precedente sentado en el Caso Kimel contra Argentina(80), resulta necesario hacer brevemente referencia a esta sentencia.

(...).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte concluyó que la afectación a la libertad de expresión del señor Kimel fue manifiestamente desproporcionada, por excesiva, en relación con la alegada afectación del derecho a la honra en el presente caso.

Por lo anterior, la Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado y declaró que existió violación del derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 13.1 y 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado; el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el principio de legalidad consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ahora bien, aunque constituye un precedente significativo en torno al alcance de la libertad de expresión y del principio de legalidad en la tipificación de los delitos de injuria y calumnia, esta decisión no puede ser trasplantada automáticamente al caso colombiano en ejercicio de un control de convencionalidad que no tenga en cuenta las particularidades del ordenamiento jurídico interno, especialmente la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que han precisado notablemente el alcance de los elementos normativos de estos tipos penales, a lo cual se hará alusión en un acápite posterior de esta decisión.

(...).

No desconoce esta corporación que actualmente en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos se avanza en la despenalización de estas conductas, bajo la idea de que su sanción puede resultar nociva para el ejercicio de las libertades de información y de expresión y que por lo tanto resulta más conveniente su protección mediante mecanismos distintos a la tipificación penal, pero se trata de una decisión que, en principio, está reservada al legislador en el ejercicio de potestad de configuración normativa(81).

Se concluye, por lo tanto, que los cargos formulados por los demandantes contra los artículos 220 y 221 de la Ley 599 de 2000 no están llamados a prosperar porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia ha precisado los elementos que configuran los tipos penales de injuria y calumnia. De tal manera que esta jurisprudencia resulta vinculante para los jueces cuando interpreten y apliquen estas disposiciones en casos concretos. Como se dijo antes el carácter abierto de un tipo penal no implica su inconstitucionalidad, máxime cuando se trata de delitos que tienen una larga tradición jurídica en el ordenamiento colombiano y cuyos alcances han sido fijados de manera reiterada por la interpretación de los órganos de cierre judiciales”.

En ese orden, comoquiera que la jurisdicción interna, en ejercicio de la administración de justicia, está llamada a actuar como juez interamericano a nivel nacional en los casos de graves violaciones a derechos humanos, esta Sala ejercerá un control de convencionalidad a la conducta omisiva del Estado en el presente caso y determinará si éste quebrantó normas internacionales de derechos humanos. En ese orden, se advierte que la omisión del Estado colombiano configuró un desconocimiento de la posición de garante frente a los derechos de las víctimas de la desaparición forzada, pues se encontraba en el rol de reforzar la protección de los afectados, la cual no llevó a cabo, lo que significó la violación de los contenidos obligacionales del artículo 1.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos(82); así como también de lo dispuesto en artículo 1º de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas(83), reiterando con ello un reproche a este actuar negativo y permitiendo así una imputación del daño antijurídico.

Así mismo, toda vez que este control no solo se agota en la verificación del cumplimiento de normas convencionales, sino que también se extiende a la verificación de la interpretación que de ellas se ha llevado a cabo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, único cuerpo colegiado autorizado para ello, se tiene que la omisión en el caso sub examine, ha desconocido lo señalado en un sinnúmero de pronunciamientos que sobre este mismo tópico se han emitido, en los que se ha cuestionado al Estado por su pasividad ante violaciones de derechos humanos, y se ha conminado a reforzar la protección de los asociados de un inminente estado de violación —deber de prevenir—, así como también el fortalecer las investigaciones penales y disciplinarias de rigor —deber de investigar—. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de los casos Velásquez Rodríguezy Godínez Cruz, ambos contra el Estado de Honduras, interpretó estas obligaciones de la siguiente forma:

“165. La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado.

“166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de “garantizar” el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. El Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”(84).

Así las cosas, un Estado puede incurrir en responsabilidad internacional por las actuaciones de sus agentes, por omisión de actuar ante acciones de particulares que afectan los derechos de la Convención Americana.

En relación con la responsabilidad de tipo directa la Corte Interamericana, ha precisado:

“Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o una institución de carácter público que lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en este artículo”(85).

Respecto de la responsabilidad por acción de particulares, la Corte determinó en el Caso la Masacre de Pueblo Bello (vs) Colombia, que:

“Para la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los mismos frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente imputable al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía”(86).

Ahora bien, en lo concerniente al fortalecimiento del deber de prevención y de investigación ante la comisión de delitos de lesa humanidad, la jurisprudencia interamericana sostuvo en el caso Velásquez (vs) Honduras:

“(...) 172. Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención”(87).

En esa misma línea se pronunció en el caso 19 comerciantes (vs) Colombia, al considerar:

183. La protección activa del derecho a la vida y de los demás derechos consagrados en la Convención Americana, se enmarca en el deber estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado, y requiere que éste adopte las medidas necesarias para castigar la privación de la vida y otras violaciones a los derechos humanos, así como para prevenir que se vulnere alguno de estos derechos por parte de sus propias fuerzas de seguridad o de terceros que actúen con su aquiescencia(88).

184. Esta Corte ha señalado reiteradamente que la obligación de investigar debe cumplirse “con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”(89). La investigación que el Estado lleve a cabo en cumplimiento de esta obligación “[d]ebe tener un sentido y ser asumida por el [mismo] como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”(90).

185. La Corte ha dicho que “el artículo 8.1 de la Convención debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu”(91). Interpretado de esa manera, el mencionado texto comprende también el derecho de los familiares de la víctima a las garantías judiciales, por cuanto “todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia” (Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas artículo 1.2)(92).

186. Este tribunal también ha señalado que del artículo 8º de la Convención se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación(93).

187. En consecuencia, el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 25.1 de la misma, confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la muerte de estas últimas sea efectivamente investigada por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido(94).

188. El derecho de acceso a la justicia no se agota en que se tramiten procesos internos, sino que debe además asegurar en tiempo razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables(95).

(...).

258. Este tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que asiste a los familiares de las víctimas de conocer lo que sucedió y de saber quiénes fueron los agentes del Estado responsables de los respectivos hechos(96). Tal como ha señalado la Corte, “la investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, (...) es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad”(97).

259. Esta medida no solo beneficia a los familiares de las víctimas sino también a la sociedad como un todo, de manera que al conocer la verdad en cuanto a tales crímenes tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro(98).

260. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”(99). Al respecto, la Corte ha advertido que

(...) el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares(100).

261. La Corte considera que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares, en su caso, tienen el derecho a conocer la verdad.En consecuencia, los familiares de las víctimas deben ser informados de todo lo sucedido en relación con dichas violaciones. Este derecho a la verdad ha venido siendo desarrollado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos(101); al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, ello constituye un medio importante de reparación. Por lo tanto, en este caso da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de las víctimas(102).

262. En cuanto al cumplimiento de esta obligación de investigar y sancionar, la Corte ha establecido que:

(...) son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos(103).

263. A la luz de las anteriores consideraciones, Colombia debe investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de los 19 comerciantes, para los efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los hechos. Es preciso que tribunales penales ordinarios competentes investiguen y sancionen a los miembros de la fuerza pública que participaron en los hechos. Además, el Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria. El proceso deberá versar sobre los hechos y sus implicaciones jurídicas. Asimismo, los familiares de las víctimas deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. Finalmente, la Corte dispone que el resultado de este proceso deberá ser públicamente divulgado, para que la sociedad colombiana conozca la verdad de lo ocurrido(104).

Más adelante, en la sentencia proferida en el caso Mapiripán (vs) Colombia(105), se ratificó el deber de investigar de manera reforzada los actos violatorios de derechos humanos en medio del conflicto armado. Al respecto se sostuvo:

223. Tal como fue señalado, en casos de ejecuciones extrajudiciales, la jurisprudencia de este tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva (supra párr. 219), que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa(106).

224. En este sentido, basado en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, este tribunal ha especificado los principios rectores que es preciso observar cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte; y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados(107).

225. En el presente caso, la investigación se inició casi inmediatamente después de los días en que la masacre fue perpetrada. En efecto, consta que los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997 y la indagación preliminar por los hechos fue iniciada dos días después por la Fiscalía 12 Delegada ante los jueces regionales, radicada en San José del Guaviare; posteriormente la investigación fue asumida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación (supra párr. 96.68).

226. Ciertamente el modus operandi en la ejecución de la masacre —la destrucción de los cuerpos y el terror sembrado entre los habitantes sobrevivientes de Mapiripán— ha dificultado la plena identificación de las víctimas de la masacre. Sin embargo, los hechos probados y reconocidos por el Estado revelan una serie de problemas ocurridos a lo largo de las investigaciones que evidencian graves faltas a la debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales(108).

En pronunciamiento reciente, al resolverse el caso masacre de Santo Domingo (vs) Colombia(109), se reiteró la obligación del Estado en desplegar todas las acciones tendientes a evitar la comisión de actos ilícitos de esa magnitud, dado el riesgo cierto de su ocurrencia —prevención—; así como también, de fortalecer el sistema judicial de tal manera que su operación logre los cometidos de verdad, justicia y reparación. En esta oportunidad se consideró:

“La Corte recuerda que, en virtud de la protección otorgada por los artículos 8º y 25 de la Convención, los Estados están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal(110). Así mismo, el tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los eventuales responsables(111).

La Corte ha establecido que la obligación de garantizar (art. 1.1) comprende el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponer [a los responsables] las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”. Lo decisivo es dilucidar “si una determinada violación (...) ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente”(112). La obligación de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse(113).

Si bien la Corte ha establecido que el deber de investigar es uno de medio, no de resultado, ello no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”(114) o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios(115). Es responsabilidad de las autoridades estatales realizar una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos, especialmente en un caso como el presente en el cual estaban involucrados agentes estatales”(116). (resaltado de la Sala).

En ese mismo pronunciamiento, a propósito del control que se ejerce en este acápite, la Corte Interamericana reiteró el deber que reside en los operadores jurídicos nacionales de actuar, dentro de su marco de acción, como jueces interamericanos, frente a lo cual recordó:

“144. Es decir, si bien el Sistema tiene dos órganos “competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en la Convención”(117), la Corte solo puede “conocer un caso” cuando se han “agotado los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50” de dicho instrumento, sea el procedimiento de peticiones individuales ante la Comisión Interamericana. De tal modo, solamente si un caso no se ha solucionado a nivel interno, como correspondería primariamente hacerlo a cualquier Estado Parte en la Convención en ejercicio efectivo del control de convencionalidad, entonces el caso puede llegar ante el sistema, en cuyo caso debería resolverse ante la Comisión y, solamente si las recomendaciones de ésta no han sido cumplidas, el caso podría llegar ante la Corte. De tal manera, el funcionamiento lógico y adecuado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos implica que, en tanto “sistema”, las partes deben presentar sus posiciones e información sobre los hechos en forma coherente y de acuerdo con los principios de buena fe y seguridad jurídica, de modo que permitan a las otras partes y a los órganos interamericanos una adecuada sustanciación de los casos. La posición asumida por el Estado en el procedimiento ante la Comisión determina también en gran medida la posición de las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes, lo que llega a afectar el curso del procedimiento”(118). (subrayas y negrillas de la Sala).

Así las cosas, al llevar a cabo un control de convencionalidad sobre la conducta del Estado, reflejada en una omisión a su deber de protección y vigilancia, se concluye por un lado, un quebrantamiento normativo internacional(119); y por el otro, un desconocimiento a un precedente internacional(120), amen, de la violación palmaria del orden jurídico interno. Y es que el juez, al juzgar este tipo de conflictos debe, por imperativo internacional, ejercer este control, no solo en virtud del mandato de la Convención Interamericana, sino además, por constituir aquella, fuente de derecho a nivel nacional, en razón del artículo 230 de la Constitución Política, lo que es posible, gracias a la articulación del sistema interamericano al ordenamiento jurídico, a través artículo 93 de la misma Carta, permitiéndose con ello, una declaratoria de la responsabilidad extracontractual por los daños antijurídicos padecidos por los demandantes.

En síntesis, el control de convencionalidad es un principio de aplicación imperativa, que aunque aparentemente tiene una dimensión destructiva –dejar de lado el derecho interno– ello se supera al trascender a la dimensión integrativa que permite presentar una normativa que conjuga finalmente, un ordenamiento jurídico, como un todo.

Pues bien, en el caso sub examine, se itera,el daño no tuvo origen en el ámbito del actuar estatal, en la medida en que ningún agente suyo actuó en la comisión de la desaparición de los ocho habitantes del municipio de San Roque, comoquiera que, no se demostró que ello hubiere ocurrido, ni en ningún proceso penal ni en el disciplinario adelantado con ocasión del deplorable suceso; sin embargo era de público conocimiento en el municipio de Puerto Berrío, que los miembros del grupo paramilitar que operaban en la zona, eran quienes empleaban esta modalidad de delitos para lograr sus cometidos, situación que bien conocía la fuerza pública, y fue omisiva en la labor de protección y vigilancia de los habitantes de la zona afectada por la gravedad contextual, y prueba incontrastable de ello, es el hecho sin antecedentes ni justificación, de que un alto miembro de la brigada que custodiaba la zona, hubiere acompañado a algunos de los familiares de los desaparecidos a los sitios de comandancia del grupo paramilitar que perpetró el delito, para ser enterados de la suerte de los mismos(121), circunstancia que no solo es reprochable, amén de execrable.

Así las cosas, concluye la Sala, que a la Nación —Ministerio de Defensa, Ejército Nacional— se le debe imputar el daño antijurídico y por lo tanto, debe responder patrimonialmente por el mismo, pues está demostrado el incumplimiento del deber convencional, constitucional y legal de seguridad y protección que le era exigible en relación con la vida de que los señores: Henry de Jesús Jiménez Arroyave; Ramón Octavio Agudelo Castro; Álvaro de Jesús Carmona Franco; Luis Alfonso Peláez Vega; Miguel Ángel Amariles Zapata; Darubín Cifuentes Sánchez y Luis Alfonso Martínez Suárez, razón por la cual se declarará la responsabilidad de la entidad demandada.

De igual forma, la Sala reitera que en estos eventos la responsabilidad del Estado se ve comprometida de forma especial y particular, toda vez que, precisamente, la administración pública —y especialmente en el departamento de Antioquia— fomentó la creación y constitución de grupos armados denominados “Convivir” cuya finalidad era dotar de aparente legalidad y legitimidad a un fenómeno de paramilitarismo cuyo objetivo era exterminar los grupos subversivos.

Por tal motivo, los daños antijurídicos irrogados por esos grupos ilegales son imputables al Estado no sólo por la vía de la comisión por omisión (posición de garante), sino, de igual forma, en virtud de un riesgo que la misma organización estatal promovió, comoquiera que en un Estado que se dice social de derecho el manejo de las armas y de la defensa de la soberanía solo está a cargo de las Fuerza Pública; fue precisamente ese comportamiento permisivo de la administración pública lo que permitió que se cometieran y perpetuaran actos execrables que atentaron contra los bienes e intereses jurídicos más esenciales de la población, en una punible y reprochable connivencia entre las autoridades públicas y los grupos armados ilegales.

En esa línea de pensamiento, el control de convencionalidad constituye un imperativo normativo a cargo de todos los jueces de los países que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar la aplicación efectiva de una hermenéutica garantista de derechos humanos, con respeto y apego no solo a las disposiciones convencionales, sino también a la jurisprudencia del organismo internacional.

Se trata, por lo tanto, del reconocimiento del principio de universalidad de la protección, garantía y eficacia de los derechos humanos, lo que significa que los Estados no pueden permitir o fomentar la vulneración o trasgresión de las garantías mínimas del ser humano, so pena de medidas o condenas ejemplares que no sólo busquen la persecución de los autores de los delitos contra el orden penal internacional, sino también la reparación integral de los daños irrogados.

3. Indemnización de perjuicios:

3.1. Perjuicios materiales - Lucro cesante.

La liquidación que corresponde efectuar, se hará conforme a cada grupo familiar que integra la parte demandante, de acuerdo a cada persona desaparecida. En ese orden se llevará a cabo la cuantificación de los perjuicios, respetando esa división y frente al soporte probatorio de la misma.

Grupo familiar del desaparecido Álvaro de Jesús Carmona Franco:

En cuanto a los perjuicios materiales, se tiene que este grupo familiar solicitó su reconocimiento en la modalidad de lucro cesante a favor de los padres de la víctima; no obstante, se negará la referida petición, al no estar acreditado que los padres dependían económicamente de la misma, pues para la fecha de los hechos —14 de agosto de 1996—, ésta tenía 35 años de edad(122), razón por la cual resulta improcedente este decreto.

Grupo familiar de Miguel Amariles Zapata:

En cuanto a los perjuicios materiales, se tiene que los demandantes solicitaron su reconocimiento en la modalidad de lucro cesante a favor del padre, Miguel María Amariles Vélez y sus hijos: Julián David Amariles Athortua, Eliana María Amariles Atorthua y Yully Andrea Amariles Athortua; en consecuencia, por encontrarse debidamente acreditado el parentesco(123) se procederá a su liquidación, a partir del 14 de agosto de 1996. No obstante, se advierte que al padre no se le decretará el perjuicio, por no figurar acreditada la dependencia económica respecto al hijo Miguel Amariles Zapata, quien para la época de los hechos tenía 41 años(124).

Como para el reconocimiento del lucro cesante con motivo de la desaparición forzada del señor Miguel Amariles Zapata, se aportó prueba del valor del salario que recibía al momento del accidente(125), esto es, $350.000, se procederá a liquidarlo con base en esa suma. Por tanto, se tendrá como salario, el devengado al momento de la ocurrencia de los hechos, el que actualizado arroja una suma de $1´090.686(126) valor que será incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, y disminuido a su vez en otro 25% por concepto de gastos propios, arrojando con ello, la suma de $1´022.518.

Así, la renta actualizada se dividirá entre tres, en atención al número de hijos antes mencionados, resultando un valor de $340.839.

• Indemnización de Julián David Amariles Atehortúa:

En calidad de hijo de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende un solo periodo —vencido o consolidado—, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta el día en que cumplió los 25 años (dic. 21/2010)(127), para un total de 174,7 meses.

Debida o consolidada:

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• Indemnización de Eliana María Amariles Atehortúa:

En calidad de hija de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende un solo periodo —vencido o consolidado—, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta el día en que la misma cumplió los 25 años (dic. 21/2010)(128), para un total de 174,7 meses.

Debida o consolidada:

 

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• Indemnización de Yully Andrea Amariles Atehortua:

En calidad de hija de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende un solo periodo —vencido o consolidado—, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta el día en que la misma cumplió los 25 años (nov. 15/2004)(129), para un total de 100,5 meses.

Debida o consolidada:

 

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— Grupo familiar de Luis Alfonso Peláez Vega:

En cuanto a los perjuicios materiales, se tiene que los demandantes solicitaron su reconocimiento en la modalidad de lucro cesante a favor de la cónyuge, Rubiela de Jesús Amariles Zapata y sus hijos: Lina María Peláez Amariles, Pablo Andrés Peláez Amariles y Viviana Enith Peláez Amariles; en consecuencia, por encontrarse debidamente acreditado el parentesco(130) se procederá a su liquidación, a partir del 14 de agosto de 1996.

Si bien, para el reconocimiento del lucro cesante con motivo de la desaparición forzada del señor Luis Alfonso Peláez Vega, se aportó documento del valor de lo percibido por éste con el uso de una draga de su propiedad, que arrojaba una ganancia semanal de $250.000(131), así como el certificado de la cámara de comercio que tenía al mismo como comerciante de productos varios, no se entrará a cuantificar el perjuicio con fundamento en lo ya anotado, en tanto solo dan certeza de que era económicamente activo, pero no de lo efectivamente devengado mensualmente. En vista de ello, se procederá a realizar la respectiva liquidación, teniendo como base el salario mínimo legal mensual vigente(132), $589.500, valor adicionado en un 25%, que corresponde a las prestaciones sociales, y a la suma obtenida se le descuenta otro 25% por concepto de gastos personales de la víctima, lo que da un resultado de $552.657.

Así, la renta actualizada se dividirá en atención a que la compañera permanente sería la beneficiaria en un 50% y los hijos en el otro 50% dividido entre tres, esto es, 16,6%.

• Indemnización de Rubiela de Jesús Amariles Zapata:

En calidad de cónyuge de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende dos períodos, uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta la actual (nov. 20/2013), para un total de 210,23 meses; y el otro, futuro, que corre a partir de la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable(133), para un total de 153,88 meses. De lo anterior resulta:

Debida o consolidada:

 

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Futura o anticipada:

 

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Sumados los valores de la indemnización debida y futura, se obtiene un total de $130´665.465 correspondiente al lucro cesante para la señora Rubiela de Jesús Amariles Zapata.

• Indemnización de Lina María Peláez Amariles:

En calidad de hija de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende un solo periodo —vencido o consolidado—, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta el día en que la misma cumplió los 25 años (abr. 15/2010)(134), para un total de 166,4 meses.

Debida o consolidada:

 

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• Indemnización de Pablo Andrés Peláez Amariles:

En calidad de hija de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende un solo periodo —vencido o consolidado—, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta el día en que el acreedor cumplió los 25 años (oct. 26/2002)(135), para un total de 75,4 meses.

Debida o consolidada:

 

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• Indemnización de Viviana Enith Peláez Amariles:

En calidad de hija de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende un solo periodo —vencido o consolidado—, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta el día en que la misma cumplió los 25 años (de mar. 2623/2001)(136), para un total de 56,06 meses.

Debida o consolidada:

 

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— Grupo familiar de Darubín Cifuentes Sánchez:

En cuanto a los perjuicios materiales, se tiene que los demandantes solicitaron su reconocimiento en la modalidad de lucro cesante a favor de la cónyuge, María Armiria Yarce, y los hijos: David Cifuentes Yarce, Julián Alberto Cifuentes Calderón y Liliana Marcela Cifuentes Zuleta; en consecuencia, por encontrarse debidamente acreditado el parentesco(137) se procederá a su liquidación, a partir del 14 de agosto de 1996.

Como para el reconocimiento del lucro cesante con motivo de la desaparición forzada del señor Darubín Cifuentes, no se aportó documento del valor de lo percibido como salario al momento de los hechos, se procederá a realizar la respectiva liquidación, teniendo como base el salario mínimo legal mensual vigente(138), $589.500, valor adicionado en un 25%, que corresponde a las prestaciones sociales, y a la suma obtenida se le descuenta otro 25% por concepto de gastos personales de la víctima, lo que da un resultado de $552.657.

Así, la renta actualizada se dividirá en atención a que la compañera permanente sería la beneficiaria en un 50% y los hijos en el otro 50% dividido entre tres, esto es, 16,6%.

• Indemnización de María Armiria Yarce:

En calidad de cónyuge de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende dos períodos, uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta la actual (nov. 20/2013), para un total de 210,23 meses; y el otro, futuro, que corre a partir de la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable(139), para un total de 61,36 meses. De lo anterior resulta:

Debida o consolidada:

 

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Futura o anticipada:

 

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Sumados los valores de la indemnización debida y futura, se obtiene un total de $115’413.520, correspondiente al lucro cesante para la señora María Armiria Yarce.

• Indemnización de David Cifuentes Yarce:

En calidad de hijo de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende un solo periodo —vencido o consolidado—, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta el día en que cumplió los 25 años (oct. 10/2011)(140), para un total de 182,46 meses.

Debida o consolidada:

 

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Indemnización de Julián Alberto Cifuentes Calderón:

En calidad de hijo de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende un solo periodo —vencido o consolidado—, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta el día en que el acreedor cumplió los 25 años (mar. 8/2001)(141), para un total de 55,56 meses.

Debida o consolidada:

 

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Indemnización de Liliana Marcela Cifuentes Zuleta:

En calidad de hija de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende un solo periodo —vencido o consolidado—, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta el día en que la misma cumplió los 25 años (ene. 20/2008)(142), para un total de 139,2 meses.

Debida o consolidada:

 

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— Grupo familiar de Luis Alfonso Martínez Suárez

En cuanto a los perjuicios materiales, se tiene que los demandantes solicitaron su reconocimiento en la modalidad de lucro cesante a favor de la cónyuge, Mery del Socorro Marín, y sus hijos: Eliana María Martínez Marín, Oscar David Martínez Marín y Natalia Martínez Marín; en consecuencia, por encontrarse debidamente acreditado el parentesco(143) se procederá a su liquidación, a partir del 14 de agosto de 1996.

Como para el reconocimiento del lucro cesante con motivo de la desaparición forzada del señor Luis Alfonso Martínez Suarez, no se aportó documento del valor de lo percibido como salario al momento de los hechos, se procederá a realizar la respectiva liquidación, teniendo como base el salario mínimo legal mensual vigente(144), $589.500, valor adicionado en un 25%, que corresponde a las prestaciones sociales, y a la suma obtenida se le descuenta otro 25% por concepto de gastos personales de la víctima, lo que da un resultado de $552.657.

Así, la renta actualizada se dividirá en atención a que la compañera permanente sería la beneficiaria en un 50% y los hijos en el otro 50% dividido entre tres, esto es, 16,6%.

• Indemnización de Mery del Socorro Marín:

En calidad de cónyuge de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende dos períodos, uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta la actual (nov. 20/2013), para un total de 210,23 meses; y el otro, futuro, que corre a partir de la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable(145), para un total de 197,8 meses. De lo anterior resulta:

Debida o consolidada:

 

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Futura o anticipada:

 

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Sumados los valores de la indemnización debida y futura, se obtiene un total de $135’830.599, correspondiente al lucro cesante para la señora Mery del Socorro Marín.

Indemnización de Eliana María Martínez Marín:

En calidad de hija de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende un solo periodo —vencido o consolidado—, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta el día en que cumplió los 25 años (dic. 6/2009)(146), para un total de 162,06 meses.

Debida o consolidada:

 

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• Indemnización de Oscar David Martínez Marín:

En calidad de hijo de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende un solo periodo —vencido o consolidado—, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta el día en que el acreedor cumplió los 25 años (sep. 17/2006)(147), para un total de 122,86 meses.

Debida o consolidada:

 

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• Indemnización de Natalia Martínez Marín:

En calidad de hija de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende un solo periodo —vencido o consolidado—, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta el día en que la misma cumplió los 25 años (ago. 1º/2011)(148), para un total de 182,16 meses.

Debida o consolidada:

 

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— Grupo familiar de Ramón Octavio Agudelo Castro:

En cuanto a los perjuicios materiales, se tiene que los demandantes solicitaron su reconocimiento en la modalidad de lucro cesante a favor de la cónyuge, María del Carmen Cadavid Tobón, y sus hijos: John Jairo Agudelo Cadavid y Sandra María Agudelo Cadavid; en consecuencia, por encontrarse debidamente acreditado el parentesco(149) se procederá a su liquidación, a partir del 14 de agosto de 1996.

Como para el reconocimiento del lucro cesante con motivo de la desaparición forzada del señor Ramón Octavio Agudelo Castro, no se aportó documento del valor de lo percibido como salario al momento de los hechos, se procederá a realizar la respectiva liquidación, teniendo como base el salario mínimo legal mensual vigente(150), $589.500, valor adicionado en un 25%, que corresponde a las prestaciones sociales, y a la suma obtenida se le descuenta otro 25% por concepto de gastos personales de la víctima, lo que da un resultado de $552.657.

Así, la renta actualizada se dividirá en atención a que la compañera permanente sería la beneficiaria en un 50% y los hijos en el otro 50% dividido entre dos, esto es, el 25% a cada uno.

• Indemnización de María del Carmen Cadavid:

En calidad de cónyuge de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende dos períodos, uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta la actual (nov. 20/2013), para un total de 210,23 meses; y el otro, futuro, que corre a partir de la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable(151), para un total de 186,52 meses. De lo anterior resulta:

Debida o consolidada:

 

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Futura o anticipada:

 

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Sumados los valores de la indemnización debida y futura, se obtiene un total de $134’607.257,correspondiente al lucro cesante para la señora María del Carmen Cadavid Tobón.

• Indemnización de Jhon Jairo Agudelo Cadavid:

En calidad de hijo de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende un solo periodo —vencido o consolidado—, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta el día en que cumplió los 25 años (ago. 9/2005) para un total de 109,4 meses.

Debida o consolidada:

 

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• Indemnización de Sandra María Agudelo Cadavid:

En calidad de hija de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende un solo periodo —vencido o consolidado—, que se cuenta desde la fecha del hecho (ago. 14/96) hasta el día en que cumplió los 25 años (feb. 11/2002)(152), para un total de 66,9 meses.

Debida o consolidada:

 

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3.2. Perjuicios morales.

En relación con el perjuicio moral, la Sala de manera reiterada(153) ha señalado que este tipo de daño se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral. En ese orden de ideas, habrá lugar a reconocer, vía presunción de aflicción, perjuicios morales a favor de los demandantes que hayan acreditado el parentesco o un vínculo afectivo con el occiso.

Así las cosas, se reconocerán este tipo de perjuicios para todos los demandantes, previa aclaración de que conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, se ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral, y ha considerado que la valoración del mismo debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y con apoyo en el arbitrio juris, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(154).

Comoquiera que en el sub judice la demandada no desvirtuó la presunción de aflicción, habrá que decretar el perjuicio solicitado, según el arbitrio judicial, para lo cual es imprescindible tener en cuenta la prueba de la relación de consanguinidad, entre cada uno de los desaparecidos y los miembros de su familia.

Familiares de Henry de Jesús Jiménez Arroyave:

En el caso sub examine, se tiene que la víctima es hermano de la señoras: Edilia del Consuelo Jiménez Arroyave y Ligia Margarita Jiménez Arroyave, según dan cuenta los registros civiles de nacimiento visibles a folios 4 y 5 del cuaderno principal.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la desaparición forzada del mismo, se impone decretar la mitad de la máxima tasación de este perjuicio, atendiendo a la línea colateral de parentesco, por lo tanto, se condenará a la demandada a pagar, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicios morales a cada una de las miembros de este grupo familiar.

Familiares de Ramón Octavio Agudelo Castro:

En el asunto sub examine, la víctima es cónyuge de la señora María del Carmen Cadavid Tobón, y padre de Jhon Jairo Agudelo Cadavid y Sandra María Agudelo Cadavid, según dan cuenta los registros civiles de matrimonio y nacimiento visibles a folios 8, 9 y 10 del cuaderno principal.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la desaparición forzada del mismo, se impone decretar la máxima tasación de este perjuicio, por lo tanto, se condenará a la demandada a pagar, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicios morales a cada uno de las miembros de este grupo familiar.

Familiares de Álvaro Jesús Carmona Franco:

En el asunto sub examine, la víctima es hijo de Manuel Salvador Carmona Cardona y María Filomena franco Sierra, según dan cuenta los registros civiles de matrimonio y nacimiento visibles a folios 17 y 24 del cuaderno principal.

Al proceso también acuden en calidad de hermanos de la víctima las siguientes personas: José Alberto Carmona Franco, Luz Daris Carmona Franco, Julio Jairo Carmona Franco, Romelia del Socorro Carmona Franco y Nelson Iván Carmona Franco(155).

En ese orden, y teniendo en cuenta la desaparición forzada del mismo, se impone decretar la máxima tasación de este perjuicio para los padres, y la mitad para los hermanos. Por lo tanto, se condenará a la demandada a pagar, las siguientes sumas:

Manuel Salvador Carmona Cardona100 smlmv (padre)
María Filomena franco Sierra100 smlmv (madre)
José Alberto Carmona Franco50 smlmv (hermano)
Luz Daris Carmona Franco50 smlmv (hermana)
Julio Jairo Carmona Franco50 smlmv (hermano)
Romelia del Socorro Carmona Franco50 smlmv (hermana)
Nelson Iván Carmona Franco50 smlmv (hermano)

Familiares de Luis Alfonso Peláez Vega:

En el asunto sub examine, la víctima es cónyuge de la señora Rubiela de Jesús Amariles Zapata, y padre de Lina María Peláez Amariles, Pablo Andrés Peláez Amariles, Viviana Enith Peláez Amariles, según dan cuenta los registros civiles de matrimonio y nacimiento visibles a folios 28, 29,30 y 31 del cuaderno principal.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la desaparición forzada del mismo, se impone decretar la máxima tasación de este perjuicio, por lo tanto, se condenará a la demandada a pagar, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicios morales a cada uno de las miembros de este grupo familiar.

Familiares de Miguel Ángel Amariles Zapata:

En el asunto sub examine, la víctima es hijo de Miguel María Amariles y hermano de: José Alberto Carmona Franco, Luz Daris Carmona Franco, Julio Jairo Carmona Franco, Romelia del Socorro Carmona Franco y Nelson Iván Carmona Franco(156).

Asimismo, acuden en calidad de hijos de la víctima las siguientes personas: Julián Davis Amariles Atehortua, Eliana María Amariles Atehortua y Yully Andrea Amariles Atehortua(157).

En ese orden, y teniendo en cuenta la desaparición forzada del mismo, se impone decretar la máxima tasación de este perjuicio para el padre e hijos, y la mitad para los hermanos. Por lo tanto, se condenará a la demandada a pagar, las siguientes sumas:

Miguel María Amariles Vélez100 smlmv (padre)
Julián David Amariles Atehortua100 smlmv (hijo)
Eliana María Amariles Atehortua100 smlmv (hija)
Yully Andrea Amariles Atehortua100 smlmv (hija)
Mariela de Jesús Amariles Zapata50 smlmv (hermana)
Berta Eufemia Amariles Zapata50 smlmv (hermana)
Rubiela de Jesús Amariles Zapata50 smlmv (hermana)

Familiares de Luis Alfonso Peláez Vega:

En el asunto sub examine, la víctima es cónyuge de la señora María Arimiria Yarce García, y padre de David Cifuentes Yarce, Julián Alberto Cifuentes Calderón y Liliana Marcela Cifuentes Zuleta, según dan cuenta los registros civiles de matrimonio y nacimiento visibles a folios 59, 60, 61 y 63 del cuaderno principal.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la desaparición forzada del mismo, se impone decretar la máxima tasación de este perjuicio, por lo tanto, se condenará a la demandada a pagar, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicios morales a cada uno de las miembros de este grupo familiar.

Familiares de Luis Alfonso Martínez Suárez:

En el asunto sub examine, la víctima es cónyuge de la señora Mery del Socorro Marín, y padre de Eliana María Martínez Marín, Oscar David Martínez Marín y Natalia Martínez Marín, según dan cuenta los registros civiles de matrimonio y nacimiento visibles a folios 68, 69, 70 y 71 del cuaderno principal.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la desaparición forzada del mismo, se impone decretar la máxima tasación de este perjuicio, por lo tanto, se condenará a la demandada a pagar, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicios morales a cada uno de las miembros de este grupo familiar.

3.3. Medidas de justicia restaurativa:

Pues bien, dado que el caso sub examine entraña un grave desconocimiento a los derechos humanos, en tanto se perpetró una violación sistemática de delitos de lesa humanidad, en virtud de la desaparición forzada de los familiares de los demandantes, resulta imprescindible la aplicación del principio de reparación integral al caso concreto.

En numerosos pronunciamientos la Sala ha delimitado el contenido de este principio, en los siguientes términos:

“En cuanto a las modalidades de reparacion en el sistema interamericano, como se mencionó antes, las mismas pueden ser pecuniarias y no pecuniarias e incluyen:

a) La restitución o restitutio in integrum, es el restablecimiento de las cosas a su estado normal o anterior a la violacion, producto del ilícito internacional, es la forma perfecta de reparación, y que sólo en la medida en que dicha restitución no resulte accesible procede acordar otras medidas reparatorias(158).

b) La indemnización por los perjuicios materiales sufridos por las víctimas de un caso en particular, comprende el daño material (daño emergente, lucro cesante) y el daño inmaterial(159).

c) Rehabilitación, comprende la financiación de la atención médica y psicológica o siquiatrica o de los servicios sociales, juridicos o de otra indole(160).

d) Satisfacción, son medidas morales de carácter simbolico y colectivo, que comprende los perjuicios no materiales, como por ejempo, el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad, actos conmemorativos, bautizos de vías públicas, monumentos, etc.(161).

e) Garantias de no repetición, son aquellas medidas idóneas, de carácter administrativo legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a su dignidad, entre las cules cabe mencionar aquellas encaminadas a disolver los grupos armados al margen de la ley, y la derogación de leyes, entre otras(162)(163).

Por su parte, el artículo 8º de la Ley 975 de 2005(164), determinó el contenido y alcance del derecho a la reparación así:

“El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

“Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.

La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.

La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.

La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.

Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática”. (negrillas y subrayado de la Sala).

De otro lado, el documento de la ONU sobre Principios y Directrices Básicos para la Reparación (E/CN.4/1997/104) aprobado por la Subcomisión en 1997, establece:

“La reparación, que se acordará de conformidad con el derecho de cada Estado, podrá consistir en una o varias de las formas que se mencionan a continuación, cuya lista no es exhaustiva.

12. La restitución estará dirigida a restablecer la situación existente antes de la violación de derechos humanos o del derecho humanitario internacional. Exige, entre otras cosas, restablecer la libertad, la vida familiar, la ciudadanía, el retorno al país de residencia anterior y la restauración del empleo o de la propiedad.

13. Se acordará compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una violación de derechos humanos o del derecho humanitario internacional, y que fuere evaluable económicamente. Tales como:

“a) daño físico o mental, incluyendo el dolor, sufrimiento y angustias emocionales;

b) pérdida de oportunidades, incluidas las relativas a la educación;

c) daños materiales y pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;

d) daño a la reputación o a la dignidad;

e) los gastos efectuados para poder tener asistencia jurídica o de expertos y disponer de medicinas y de servicios médicos.

14. Se proveerá rehabilitación, la que incluirá atención médica y psicológica, así como la prestación de servicios jurídicos y sociales.

15. Se proveerá satisfacción y garantías de no repetición, las que incluirán cuando fuere necesario:

“a) cesación de las violaciones existentes;

b) verificación de los hechos y difusión pública amplia, de la verdad de lo sucedido;

c) una declaración oficial o decisión judicial restableciendo la dignidad, reputación y derechos de la víctima y de las personas que tengan vínculos con ella;

d) una disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

e) aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;

f) conmemoraciones y homenajes a las víctimas;

g) inclusión en los manuales de enseñanza sobre derechos humanos, así como en los manuales de historia y manuales escolares, de una versión fiel de las violaciones cometidas contra los derechos humanos y el derecho humanitario internacional;

h) prevención de nuevas violaciones, por medios tales como:

i) asegurando un control efectivo por parte de la autoridad civil, sobre las fuerzas armadas y de seguridad;

“ii) limitando la jurisdicción de los tribunales militares exclusivamente a delitos específicamente militares, cometidos por personal militar;

iii) fortaleciendo la independencia del sistema judicial;

iv) protegiendo a las personas que ejercen la profesión jurídica, y a los defensores de derechos humanos;

v) impartiendo y fortaleciendo de modo prioritario y continuo la capacitación en derechos humanos de todos los sectores de la sociedad y, en particular, la de las fuerzas armadas y de seguridad y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

Ahora bien, en relación con las facultades del Juez de lo Contencioso Administrativo cuando el daño proviene de una grave violación a derechos humanos o de derechos fundamentales, resulta pertinente insistir en los argumentos contenidos en la providencia del 20 de febrero de 2008(165), oportunidad en la que se señaló, in extenso, lo siguiente:

“En otros términos, cuando se habla del análisis de hechos relacionados con la violación de derechos humanos, según los parámetros normativos y descriptivos contenidos en los preceptos de la Carta Política y en las normas internacionales que regulan la materia, el juez de lo contencioso administrativo no debe estar limitado por su función principal, es decir, la de establecer y decretar el resarcimiento económico de un perjuicio cuya valoración económica y técnica es posible en términos actuariales, sino que debe ir mucho más allá, con el fin de que el principio de reparación integral se vea claramente materializado, para lo cual debe aplicar el conjunto de normas que le brindan suficientes instrumentos dirigidos a que se pueda materializar un efectivo restablecimiento integral del daño.

En esa dirección, en reciente oportunidad, la jurisprudencia constitucional puntualizó:

“No puede en consecuencia la entidad accionada negar a las víctimas del conflicto armado interno la asistencia que demandan, fundada en las circunstancias en que se produjo la vulneración, porque, cualquiera fuere la modalidad utilizada por los actores, el derecho internacional humanitario proscribe e impone la restitución de todo acto de violencia contra la vida y la persona, contra la dignidad personal, la toma de rehenes y las ejecuciones sin sentencia previa, pronunciada por tribunal competente y con sujeción a las garantías constitucionales.

Se observa, entonces, que, para efecto de aplicar las normas del derecho internacional humanitario, no interesa que la vulneración se haya producido o no en combate, ataque, acto terrorista o masacre.

Esta Corte, al resolver sobre qué debe entenderse por desplazado por la violencia, en función del Registro Único de Población Desplazada, ha considerado que las víctimas no requieren del “reconocimiento oficial para la configuración del desplazamiento forzado en un caso concreto”, toda vez que la realidad del desplazamiento desborda “la afirmación de su configuración por parte de las autoridades(166)” (negrillas del original).

Y más adelante, en la misma providencia, el tribunal constitucional precisó:

“(...). El primero entre los treinta y ocho Principios que conforman la directriz de apoyo a los Estados, para la adopción de medidas eficaces de lucha contra la impunidad, elaborada de conformidad con la actualización ordenada por la Resolución 2004 de 1972(167), expedida por la Comisión de Derechos Humanos establece:

“La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”.

“Señala el Principio Diecinueve de la directriz a que se hace mención i) que los Estados emprenderán investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y “adoptarán medidas apropiadas respecto de los autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y condenados debidamente” y ii) que, sin perjuicio de la responsabilidad estatal en la materia, se adoptarán medidas complementarias para garantizar la participación de las víctimas y de toda persona u organización no gubernamental “interesada (...) como partes civiles o como personas que inician un juicio en los Estados, cuyo derecho penal contemple esos procedimientos”.

“Los principios prevén, además, medidas contra la prescripción i) con miras a que ésta no opere, tanto respecto de la investigación, como de las penas, en tanto “no existan recursos eficaces contra esa infracción” y ii) que la misma no se invoque dentro del marco de “las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación” —principios 22 y 23—.

“En lo que tiene que ver con la reparación de los daños, la directriz distingue el derecho de las víctimas y sus derechohabientes a ser indemnizados por los perjuicios causados, del derecho de los Estados a repetir contra los autores, de manera que, con independencia de los resultados de la investigación, toda persona afectada en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, por hechos sucedidos dentro del marco del conflicto armado interno, puede exigir “medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional”, sin perjuicio del derecho del Estado de dirigirse contra los responsables de la vulneración —artículo 2º C.P. Principio 34—.

“Siendo así, ante la decisión de la Fiscalía General de la Nación de abstenerse de emprender la investigación que demanda la ocurrencia de hechos criminales, dentro del marco del conflicto armado —desconociendo el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que los autores de la violación sean procesados, juzgados y condenados—, la Red de Solidaridad Social no puede, de contera, condicionar la reparación a la expedición de una certificación —sobre los “móviles ideológicos y políticos”— que solo podrían haber expedido las autoridades judiciales, una vez culminado el truncado enjuiciamiento.

Lo anterior, toda vez que la exigencia de requisitos que las víctimas no pueden cumplir y que solo el Estado en cuyo territorio ocurren las vulneraciones debe asumir, para condicionar el acceso a los programas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción, vulnera el derecho fundamental de las víctimas a la reparación y hace imperativa la intervención del juez constitucional para su restablecimiento.

“(...)”(168) (resalta la Sala).

“Debe colegirse, por lo tanto, que el principio de reparación integral, entendido éste como aquel precepto que orienta el resarcimiento de un daño, con el fin de que la persona que lo padezca sea llevada, al menos, a un punto cercano al que se encontraba antes de la ocurrencia del mismo, debe ser interpretado y aplicado de conformidad con el tipo de daño producido, es decir, bien que se trate de uno derivado de la violación a un derecho humano, según el reconocimiento positivo del orden nacional e internacional o que se refiera a la lesión de un bien o interés jurídico que no se relaciona con el sistema de derechos humanos (DDHH).

“(...) La anterior conclusión se impone, a todas luces, como quiera que, en estos eventos, el reconocimiento de una indemnización económica con miras al cubrimiento de un determinado perjuicio o detrimento, en modo alguno puede catalogarse como suficiente, toda vez que la persona o conglomerado social ven afectado un derecho que, en la mayoría de los casos, es de aquellos que pertenecen a la primera generación de derechos humanos y, por lo tanto, por regla general, se ven cercenadas garantías de naturaleza fundamental, sin las cuales la existencia del ser humano no es plena.

En esa dirección, el juez de lo contencioso administrativo debe asumir una posición dinámica frente a las nuevas exigencias que le traza el ordenamiento jurídico interno, así como el internacional, toda vez que, la protección de los derechos humanos se ha convertido en un aspecto de regulación positiva que ha desbordado las barreras que, tradicionalmente habían sido fijadas por los Estados en su defensa acérrima del principio de soberanía nacional. Este nuevo cambio de paradigma, en el cual el sujeto y la sociedad son el eje fundamental del Estado (social y democrático de derecho), hacen que todo el ordenamiento jurídico internacional, tenga directo interés en la materialización real y efectiva de los derechos y garantías de los cuales es titular el ser humano. 

“(...). Debe resaltarse, por ende, el papel que desempeña el juez en el Estado Social de Derecho, toda vez que es el llamado a servir, en términos del profesor Zagrebelsky(169), como conector entre el Estado y la sociedad, en tanto el ordenamiento jurídico le confiere, de acuerdo con la naturaleza de la controversia puesta a su consideración, una gama amplísima de posibilidades tendientes a la realización de una verdadera justicia material, en donde independientemente al origen del daño o la lesión del interés o del derecho, en todos los casos, la persona tenga la garantía de que la reparación del perjuicio será integral, y fundamentada en criterios de justicia.

Ahora bien, debe precisarse que los anteriores planteamientos, en modo alguno, desconocen los principios de jurisdicción rogada y de congruencia (CPC, art. 305)(170), toda vez que frente a graves violaciones de derechos humanos (v. gr. crímenes de lesa humanidad), el ordenamiento jurídico interno debe ceder frente al internacional, en tanto este último impone la obligación a los Estados, a los diferentes órganos que los integran —incluida la Rama Judicial del Poder Público—, de adoptar todas las medidas tendientes a la protección y reparación de esas garantías del individuo.

“Por ende, el principio de reparación integral cobra mayor fuerza en aquellos eventos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo, debe decidir asuntos relacionados con presuntos desconocimientos de las garantías fundamentales del ser humano, por cuanto en tales supuestos el ordenamiento jurídico interno e internacional, lo dota de una serie de herramientas e instrumentos para procurar el restablecimiento de los derechos.

La anterior óptica no implica, en ningún sentido, el desconocimiento de los postulados de índole procesal trazados por el legislador, sino que, por el contrario, representa la correcta y adecuada armonización de las reglas jurídicas del sistema interno, con los principios y normas que protegen al ser humano a nivel internacional, la mayoría de las cuales, han sido suscritas y ratificadas por Colombia.

De otra parte, las medidas que puede adoptar el juez, dirigidas a la reivindicación de los derechos humanos transgredidos en un determinado caso, no desconocen la garantía fundamental de la no reformatio in pejus (relacionado íntimamente con el de congruencia), en tanto no suponen la modificación o el desconocimiento de los límites trazados por la causa petendi de la demanda, sino que dichas medidas conmemorativas, simbólicas, o de no repetición de la conducta, suponen una labor pedagógica e instructiva encaminada a sensibilizar a las entidades públicas y a toda la población, acerca de la importancia del respeto de las garantías fundamentales del individuo.

En efecto, el fundamento específico del principio de la reparación integral, se encuentra en el señalamiento que efectúa la propia Carta Política, en el artículo 93, en donde se reconoció, de manera expresa, que todo tipo de tratado, convención o protocolo internacional que sea ratificado por Colombia, en el que se reconozcan y protejan los derechos humanos, prevalecen en el orden interno. Así las cosas, una vez se incorporan al derecho interno, a través de la celebración y ratificación, los tratados internacionales sobre derechos humanos prevalecen sobre la legislación nacional, tanto así, que tales garantías y prerrogativas no pueden ser suspendidas, ni siquiera, en vigencia de los denominados estados de excepción(171).

“(...). En ese contexto, las disposiciones legales nacionales deben ceder y, de otra parte, ser armonizadas, claramente, a los postulados contenidos en el denominado “derecho de los derechos humanos”, en tanto los postulados de legitimidad y reconocimiento internacional, se estructuran sobre la base del respeto y materialización que un sujeto de derecho internacional brinde en relación con los derechos humanos.

Así las cosas, es claro que el juez mediante la ponderación del contenido del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, con las demás disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico colombiano, puede arribar a decisiones que respeten plenamente las garantías fundamentales y procesales de las entidades o personas demandadas, sin que ello suponga que aquél deba pasar por inadvertido conductas y violaciones a derechos humanos, posición que está claramente proscrita por los lineamientos del derecho internacional que los protege y, adicionalmente, por el orden jurídico interno.

“Como corolario de lo anterior, debe puntualizarse que, en todas aquellas situaciones en las cuales el juez se enfrente a un evento de flagrante quebrantamiento de derechos humanos, el sistema jurídico interno debe ceder frente a los postulados contenidos en la Carta Política y en el orden internacional, para dar paso a medidas e instrumentos que permitan la protección efectiva y material de aquéllos(172).

“(...)” (negrillas del original – negrillas y subrayado sostenidos adicionales).

A partir de la anterior sentencia, la corporación ha avalado una hermenéutica garantista, que propugna por una protección activa y progresiva de los derechos humanos, lo que supone una prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno, dado el objeto protegido. En ese orden, es posible señalar, en relación con el principio de reparación integral, que este no sólo comprende eventos de graves violaciones de derechos humanos, sino cualquier asunto en el que se juzgue la responsabilidad patrimonial del Estado; Ahora bien, en los casos en los que no esté de por medio una grave violación a derechos humanos, o la vulneración flagrante de un derecho fundamental —en su dimensión subjetiva u objetiva—, la Sala encuentra un marco de acción definido por los principios de congruencia y de no reformatio in pejus; por lo tanto, en estos eventos la parte actora podrá solicitar en la demanda cualquier tipo de medida relacionada con las modalidades en las que se hace materiable este principio de reparación integral, siendo éstas: la restitutio in integrum del daño; medidas de satisfacción; indemnización plena de perjuicios; la rehabilitación, y garantías de no repetición, pero no podrán ser decretadas medidas o pretensiones de oficio.

Se itera, sólo en los supuestos en que el daño antijurídico tiene su génesis en la grave violación a derechos humanos, o el flagrante desconocimiento de derechos fundamentales —pero principalmente en el primer escenario—, el juez de lo contencioso administrativo podrá decretar todo tipo de medidas encaminadas a la restitución de las garantías mínimas afectadas. En otras palabras, La naturaleza y entidad del daño producido —graves violaciones a derechos humanos o vulneración significativa de derechos fundamentales—, marca al juez la posibilidad de imponer medidas de oficio, en desarrollo del principio de reparación integral.

En los procesos ordinarios de responsabilidad extracontractual del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha trazado una serie de principios en relación con la aplicación de los principios de congruencia y de no reformatio in pejus, que podrían sintetizarse así:

En procesos en los que el daño proviene de violaciones a derechos humanos o la vulneración de derechos fundamentales, es posible decretar todo tipo de medidas de justicia restaurativa conforme al principio de restitutio in integrum y de reparación integral.

Así las cosas, en este tipo de procesos, siempre que se constate la violación a un derecho humano, será procedente adoptar todo tipo de medidas de justicia restaurativa para proteger no sólo la dimensión objetiva, sino también la subjetiva del derecho afectado.

En los procesos en los que el daño lesione o afecte un derecho fundamental —tanto en su órbita subjetiva como objetiva—, se podrán adoptar las medidas resarcitorias solicitadas en la demanda o las que de oficio considere el juez, encaminadas a salvaguardar el núcleo esencial del derecho, bien sea en su órbita objetiva o subjetiva.

En efecto, el Consejo de Estado en reciente providencia protegió la dimensión objetiva del derecho a la salud, y entre otros aspectos precisó(173):

En consecuencia, cuando el juez de lo contencioso administrativo aprecia la vulneración grave de la dimensión objetiva de un derecho, puede adoptar medidas de justicia restaurativa a efectos de que sea restablecido el núcleo del derecho o interés constitucionalmente protegido, al margen de que el trámite procesal sea el del grado jurisdiccional de consulta o la resolución de un recurso de apelación único. Lo anterior, toda vez que el principio de la no reformatio in pejus, como expresión de la garantía del derecho al debido proceso sólo tiene restricción en la órbita indemnizatoria del principio de reparación integral. En efecto, la jurisprudencia de la corporación ha precisado que si existe una colisión entre el principio de reparación integral con los principios de congruencia procesal y de jurisdicción rogada, estos últimos deben ceder frente al primero en cuanto concierne a las medidas de satisfacción, rehabilitación, y garantías de no repetición, toda vez que el parámetro indemnizatorio, esto es, el reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales sí está amparado por los citados principios del proceso que tienden a garantizar el derecho de defensa del demandado.

Definido el anterior panorama, la Sala reitera la jurisprudencia que sobre el particular ha delineado para precisar que, en aquellos eventos en los que sea evidente la alteración grave de un derecho de la persona, es posible que se adopten medidas distintas a la indemnización de perjuicios, todas ellas encaminadas a operar como factores de justicia restaurativa, esto es, como instrumentos que propenden por el restablecimiento objetivo del derecho conculcado.

“(...) Así las cosas, la Sala a partir de sus pronunciamientos recientes, así como en apoyo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, considera que, en eventos en los que si bien el daño no provenga de graves violaciones a derechos humanos, de todas formas es posible decretar medidas de satisfacción, conmemorativas o garantías de no repetición, siempre y cuando sean necesarias las mismas para restablecer el núcleo o dimensión objetiva de un derecho humano que ha sido afectado por una entidad estatal.

“En consecuencia, es posible que el daño antijurídico irrogado por una entidad prestadora del servicio de salud desborde la esfera o dimensión subjetiva, dada su magnitud, anormalidad y excepcionalidad, circunstancia frente a la cual el juez de la reparación no puede ser indiferente, so pena de entender el derecho de la reparación como una obligación netamente indemnizatoria, cuando lo cierto es que una de las funciones modernas de la responsabilidad es la preventiva.

“En el caso concreto es evidente la falta de diligencia de la entidad demandada, y la forma desentendida y gravemente anormal como se manejó la valoración del embarazo de la paciente, lo que quedó acreditado desde el mismo daño excepcional irrogado que afectó de manera grave la dimensión objetiva del derecho a la salud, más aún si se tiene en cuenta que la lesión directa fue ocasionada sobre tres niñas que alcanzaron a tener un hálito de vida y, en consecuencia, frente a las cuales se predicó la condición de persona en los términos establecidos en el artículo 90 del Código Civil, y que, por lo tanto, contaban con una protección reforzada y especial en los términos del inciso tercero del artículo 13 de la Carta Política y el artículo 44 de la misma, precepto este último que contiene el principio de prevalencia de los derechos de los niños sobre los de las demás personas.

En ese orden, en la parte resolutiva del fallo se dispondrá la adopción de la siguiente medida:

“Como garantía de no repetición, se ordenará enviar copia íntegra y auténtica de esta providencia a la Superintendencia Nacional de Salud, para que remita copia de la misma a cada una de las EPS que funcionan actualmente en Colombia, sin que ello implique, en modo alguno pronunciamiento de responsabilidad en contra de esta última entidad, toda vez que no es parte en el proceso; por ende, se insiste, el único propósito de la medida consiste en la divulgación pedagógica, a efectos de que situación como la descrita en la sentencia no se vuelva a repetir. El valor de las copias será asumido por el ISS”. (negrillas y subrayado de la Sala).

En consecuencia, se insiste, nada impide que en la demanda se soliciten medidas de justicia restaurativas dirigidas a reparar integralmente el daño, pero ello deberá estar expresamente consignado en el respectivo libelo introductorio, salvo que el daño se derive de graves violaciones a derechos humanos o a derechos fundamentales, en cuyo caso el juez administrativo debe velar porque la reparación del daño sea integral dada la magnitud de los hechos.

Respecto a la protección subjetiva de los derechos fundamentales, esta misma Sala señaló en sentencia del 25 de abril de 2012:

“En consecuencia, cuando el juez de lo contencioso administrativo aprecia la vulneración grave de la dimensión subjetiva u objetiva de un derecho fundamental, puede adoptar medidas de justicia restaurativa a efectos de que sea restablecido el núcleo del derecho o interés constitucionalmente protegido, al margen de que el trámite procesal sea el del grado jurisdiccional de consulta o la resolución de un recurso de apelación único. Lo anterior, toda vez que el principio de la no reformatio in pejus, como expresión de la garantía del derecho al debido proceso sólo tiene restricción en la órbita indemnizatoria del principio de reparación integral.

En efecto, sea oportuno recordar que el contenido y alcance del principio de reparación integral se encuentra delimitado por decisiones que pueden ser de contenido pecuniario o no pecuniaro, y comprenden”(174).

En efecto, en el informe provisional de la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, fechado el 1º de septiembre de 2004, se especificó:

“38. También se han recibido informaciones sobre miembros de grupos paramilitares o personas armadas que cooperan con fuerzas de seguridad u operan con su aquiescencia y que han recurrido a una fuerza arbitraria y excesiva. En algunos casos se informó de que esos grupos habían sido establecidos por las propias fuerzas de seguridad. En otros se decía que se hallaban al servicio de particulares y/u organizaciones para defender un interés particular y contaban con un apoyo oficial que les permitía actuar al margen de la ley. Las atrocidades cometidas por esos elementos se han vuelto particularmente habituales en el contexto de los disturbios y conflictos internos, pero también se ha informado de incidentes de ese tipo en relación con conflictos que tienen una dimensión internacional.

“(...) 43. En el período examinado la relatora especial ha recibido numerosas informaciones sobre utilización excesiva de la fuerza por parte de la policía o el ejército, en relación con la represión de manifestaciones pacíficas o como consecuencia de tiroteos con agentes del orden, con resultados de muerte. También ha recibido informaciones sobre un número considerable de ejecuciones extrajudiciales como consecuencia de operaciones represivas de la delincuencia llevadas a cabo por las autoridades mediante el procedimiento de las “redadas preventivas” en las comunidades más pobres. Le preocupa que las políticas duras adoptadas por los gobiernos suelan ser mal utilizadas por los organismos de orden público, con el frecuente resultado de ejecuciones extrajudiciales. Las medidas gubernamentales duras para “aplastar la delincuencia” dejan margen a determinados elementos de las autoridades de orden público para hacer justicia, de modo expeditivo contra quienes consideran socialmente “indeseables”. Es sabido que en el curso de sus redadas, la policía, que a menudo carece de la capacitación y los medios para llevar a cabo esas operaciones correctamente, dispara injustificadamente contra presuntos delincuentes o habitantes locales causando muertes. Estas operaciones tienen lugar sobre todo en grandes centros urbanos que generalmente padecen un índice de delincuencia sumamente elevado. No obstante, la relatora especial observa que la violencia policial no se limita a esas zonas y que a menudo entre las personas muertas se cuentan campesinos sin tierra o líderes indígenas de zonas rurales involucrados en conflictos sobre las tierras y jóvenes de hogares desfavorecidos detenidos en operaciones policiales”.

En este orden, es lógico y pertinente la necesidad de graduar la indemnización del daño inmaterial, pues como se indica en las directrices de Theo Van Boven, “la reparación deberá ser proporcionada a la gravedad de las violaciones”(175); el juez de la reparación no puede ser impasible a esos postulados que vienen delimitados por el derecho internacional de los derechos humanos y que se entronizan en el ordenamiento interno, concretamente a partir de la cláusula contenida en el artículo 93 de la Carta Política.

Así las cosas, por tratarse el caso sub examine de una grave violación a derechos humanos (Desaparición forzada de personas), se decretarán de oficio las siguientes medidas de satisfacción, en aras de garantizar el principio de reparación integral, todo lo cual se llevará a cabo conforme a los lineamientos fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos eventos(176), en consonancia con lo que se ha reconocido en esta jurisdicción contenciosa(177). En ese orden se dispone:

1. Ordenar a la Nación a investigar los hechos que generaron las violaciones, e identificar y sancionar a los responsables.

Esta orden obedece a la naturaleza de la desaparición forzada de personas, en la medida en que, dada la particularidad de sus acontecimientos, muchas veces es infructuosa la búsqueda de los responsables y la clarificación de las condiciones modales y temporales; no obstante, ello no es óbice para que se conmine a las autoridades competentes, en aras del restablecimiento de la verdad, asunto que forma parte del principio de reparación integral, pues viene a ser un agente mitigador del sufrimiento intenso de las familias afectadas, así como también de sentimientos como inseguridad, frustración y angustia, ante la zozobra que permea sus vidas. Al respecto, ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos(178):

“258. Este tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que asiste a los familiares de las víctimas de conocer lo que sucedió y de saber quiénes fueron los agentes del Estado responsables de los respectivos hechos(179). Tal como ha señalado la Corte, “la investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, (...) es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad”(180).

259. Esta medida no solo beneficia a los familiares de las víctimas sino también a la sociedad como un todo, de manera que al conocer la verdad en cuanto a tales crímenes tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro(181).

260. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”(182). Al respecto, la Corte ha advertido que

(...) el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares(183)”. (subrayas y negrillas de la Sala).

2. Se ordena desplegar una búsqueda exhaustiva y seria de los restos mortales de las víctimas en este caso, medida que se torna significante para el cierre de un ciclo de duelo, para pasar a otro, pero ya derivado de una certeza, en tanto quienes lo padecen son conscientes del destino final de sus seres queridos, a los cuales se les podrá despedir conforme a cada una de sus creencias, y con ello culminar la frustración que otorga la no despedida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dio tratamiento a esta medida de satisfacción en los siguientes términos(184):

“265. El derecho de los familiares de las víctimas de conocer dónde se encuentran los restos mortales de estas(185), constituye una medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de las víctimas(186). Asimismo, el tribunal ha señalado que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto ante sus deudos, por la significación que tienen para éstos(187).

266. La Corte considera que la entrega de los restos mortales en casos de detenidos-desaparecidos es un acto de justicia y reparación en sí mismo. Es un acto de justicia saber el paradero del desaparecido, y es una forma de reparación porque permite dignificar a las víctimas, al reconocer el valor que su memoria tiene para los que fueron sus seres queridos y permitirle a éstos darles una adecuada sepultura(188).

267. La privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos y, como sostuvo esta Corte en anteriores oportunidades, el derecho de los familiares de las víctimas de conocer lo sucedido a éstas y, en su caso, dónde se encuentran sus restos mortales, constituye una medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de las víctimas(189). (subrayas y negrillas de la Sala).

3. Ordénese la instalación de una placa que estará a cargo del Ejército Nacional, y que deberá erigirse en la plaza central del municipio de San Roque —Antioquia—, toda vez que frente a crímenes de esta naturaleza el remordimiento por la muerte pertenece a la memoria colectiva de una sociedad, para que hechos como esos no se repitan jamás, en ella se inscribirán los nombres de los siete desaparecidos y sus respectivas fechas de nacimiento, como acto reivindicatorio de la dignidad de las víctimas y sus familiares.

4. Así mismo, de conformidad con la Ley 1448 de 2011(190) —mediante la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno—, se ordenará al Centro de Memoria Histórica, mediante su Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica —así como al Archivo General de la Nación—, la preservación de la presente sentencia y la custodia y conservación de su archivo, en aras de que haga parte y fortalezca el patrimonio documental histórico de la Nación y la memoria consciente de la violencia del conflicto interno y el padecimiento de sus víctimas, reforzando así la memoria colectiva de los asociados. Una generación es solo un hito en la dinámica y evolución de la sociedad, y su memoria tiene el mismo curso; y gracias a esta medida, el recuerdo de este fatal suceso quedará grabado en el tiempo, convirtiéndose este legado en la muestra de la esquizofrenia de las armas, el poder y la sinrazón, cuya conservación en el alma colectiva, puede ser el mejor aporte para no repetirlo jamás.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 17 de agosto de 2004, proferida por Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su lugar se dispone:

1. DECLÁRASE a la Nación —Ministerio de Defensa, Ejército Nacional— patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a las demandantes con ocasión de los hechos narrados en la demanda.

2. CONDÉNASE a la Nación —Ministerio de Defensa, Ejército Nacional—, a pagar a las siguientes personas integrantes de cada grupo familiar, las sumas que a continuación de señalan:

Grupo Familiar de Miguel Amariles Zapata

2.1. Por concepto de perjuicios materiales —lucro cesante consolidado—: A Julián David Amariles Atehortúa, la suma de $93´522.036; a Eliana María Amariles Atehortúa, la suma de $93´522.036, y a Yully Andrea Amariles Atehortúa, la suma de $44´047.056.

2.2. Por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas:

Miguel María Amariles Vélez100 smlmv (padre)
Julian David Amariles Atehortúa100 smlmv (hijo)
Eliana María Amariles Atehortúa100 smlmv (hija)
Yully Andrea Amariles Atehortúa100 smlmv (hija)
Mariela de Jesús Amariles Zapata50 smlmv (hermana)
Berta Eufemia Amariles Zapata50 smlmv (hermana)
Rubiela de Jesús Amariles Zapata50 smlmv (hermana)

 

Grupo Familiar de Luis Alfonso Peláez Vega:

2.3. Por concepto de perjuicios materiales —lucro cesante consolidado y futuro— a la cónyuge, la señora Rubiela de Jesús Amariles Zapata, la suma de $130´665.465. Y por perjuicios materiales —lucro cesante consolidado— a los hijos, lo siguiente:

A Lina María Peláez Amariles, la suma de $23´527.861; a Pablo Andrés Peláez Amariles, la suma de $8´366.324, y a Viviana Enith Peláez, la suma de $5´920.301.

2.4. Por concepto de perjuicios morales, 100 smlmv a cada uno de los mencionados.

Grupo Familiar de Darubín Cifuentes Sánchez:

2.5. Por concepto de perjuicios materiales —lucro cesante consolidado y futuro— a la cónyuge, la señora María Armiria Yarce, la suma de $115´.413.520. Y por perjuicios materiales —lucro cesante consolidado— a los hijos, lo siguiente: A David Cifuentes Yarce, la suma de $26´970.593; a Julián Alberto Cifuentes Calderón, la suma de $5´860.059, y a Liliana Marcela Cifuentes Zuleta, la suma de $18´275.876.

2.6. Por concepto de perjuicios morales, 100 smlmv a cada uno de los mencionados.

Grupo Familiar de Luis Alfonso Martínez Suárez:

2.7. Por concepto de perjuicios materiales —lucro cesante consolidado y futuro—a la cónyuge, la señora Mery del Socorro Marín, la suma de $135´830.599.Y por perjuicios materiales —lucro cesante consolidado— a los hijos, lo siguiente: A Eliana Martínez Marín, la suma de $22´642.668; a Oscar David Martínez Marín, la suma de $15´438.604, y a Natalia Martínez Marín, la suma de $26´903.792.

2.8. Por concepto de perjuicios morales, 100 smlmv a cada uno de los mencionados.

Grupo Familiar de Ramón Octavio Agudelo Castro:

2.7. Por concepto de perjuicios materiales —lucro cesante consolidado y futuro— a la cónyuge, la señora María del Carmen Cadavid Tobón, la suma de $134´607.257.Y por perjuicios materiales —lucro cesante consolidado— a los hijos, lo siguiente: A Jhon Jairo Agudelo Cadavid, la suma de $19´897.128; y a Sandra María Agudelo Cadavid, la suma de $10´894.464.

2.8. Por concepto de perjuicios morales, 100 smlmv a cada uno de los mencionados.

Grupo Familiar de Henry de Jesús Jiménez Arroyave:

2.9. Por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas:

Edilia del Consuelo Jiménez Arroyave50 smlmv (hermana)
Ligia Margarita50 smlmv (hermana)

 

Grupo Familiar de Álvaro Jesús Carmona Franco:

2.9. Por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas:

Manuel Salvador Carmona Cardona100 smlmv (padre)
María Filomena franco Sierra100 smlmv (madre)
José Alberto Carmona Franco50 smlmv (hermano)
Luz Daris Carmona Franco50 smlmv (hermana)
Julio Jairo Carmona Franco50 smlmv (hermano)
Romelia del Socorro Carmona Franco50 smlmv (hermana)
Nelson Iván Carmona Franco50 smlmv (hermano)

 

3. CONDÉNASE a la Nación —Ministerio de Defensa, Ejército Nacional—, a la reparación de la violación de los derechos humanos de Henry De Jesús Jiménez Arroyave; Ramón Octavio Agudelo Castro; Álvaro de Jesús Carmona Franco; Luis Alfonso Peláez Vega; Miguel Ángel Amariles Zapata; Darubín Cifuentes Sánchez y Luis Alfonso Martínez Suarez, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, deberá adoptar las siguientes medidas:

i) Se ordena a la Nación a investigar los hechos que generaron las violaciones, e identificar y sancionar a los responsables.

ii) Se ordena desplegar una búsqueda exhaustiva y seria de los restos mortales de las víctimas en este caso, medida que es significativa para el cierre del ciclo de duelo de las familias de los afectados.

iii) Se ordena la construcción de una placa alegórica a la vida, conforme a lo expuesto en la parte motiva, a cargo del Ejército Nacional, que se erigirá en la plaza central del municipio de San Roque —Antioquia—, teniendo en cuenta que frente a crímenes de esta naturaleza el remordimiento por la muerte pertenece a la memoria colectiva de una sociedad, para que hechos como esos no se repitan jamás.

iv) Se ordena al Centro de Memoria Histórica, mediante su Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, y al Archivo General de la Nación, la preservación de la presente sentencia y la custodia y conservación de su archivo, con el fin de que integre y fortalezca el patrimonio documental histórico de la Nación colombiana, tanto como la memoria consciente de la violencia del conflicto interno y el padecimiento de sus víctimas.

4. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. DÉSE cumplimiento a los dispuesto en los artículos 115, 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme esta providencia vuelva el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Ver sentencias de 18 de septiembre de 1997, expediente 9666; de 8 de febrero de 2001, expediente 13.254; de 17 de mayo de 2001, expediente 12.370; de 21 de febrero de 2002, expediente 05001-23-31-000-1993-0621-01 (12789).

(3) Folios 59-65 cdno. 5. Investigación Defensoría.

(4) Folio 10, cdno. 2. Investigación Fiscalía.

(5) Folio 77, cdno N. 2. Exp Fiscalía.

(6) Proceso adelantado contra los presuntos autores de desapariciones y muertes en el municipio de Puerto Berrío Ant.

(7) “En el caso de la desaparición forzada de ciudadanos, consecuente de la dificultad de recaudarse en el plenario pruebas directas demostrativas de la responsabilidad patrimonial de la administración, la Sala ha acudido a medios probatorios tales como los indicios, para fundamentar sus decisiones”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 22 de abril de 2004, expediente 14.240.

“Antes de entrar en el análisis de la prueba en el caso concreto, debe anticiparse que la actividad probatoria en los eventos de desaparición forzada es muy compleja. Regularmente no existen pruebas directas porque el hecho se comete en las condiciones de mayor ocultamiento o porque a pesar de que se haga a la luz pública es difícil obtener la declaración de los testigos, quienes callan la verdad por temor a las represalias. De tal manera que en la generalidad de los casos las decisiones judiciales se fundamentan en indicios”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 28 de noviembre de 2002, expediente 12.812.

(8) Folios 6 y 53, cdno. 2. Investigación Fiscalía.

(9) “En varias ocasiones ha tenido la Sala oportunidad de manejar casos como el presente, en los cuales no aparece la prueba directa para demostrar la autoría de un homicidio, ni las circunstancias mismas de tiempo, modo y lugar en que aquel se ejecutó. En tales ocurrencias se ha dicho que exigir esa prueba directa equivaldría a pedir una prueba imposible por lo que se hace necesario mediante un manejo inteligente, técnico y adecuado de los demás elementos probatorios disponibles, procurar establecer desde el punto de vista administrativo cual ha sido la participación oficial en el hecho dañoso correspondiente. Lo anterior, con el objeto de que en casos como el examinado se pueda establecer lo más seguramente posible cual fue el destino de quienes por una u otra razón se ven privados de su libertad por cuenta de organismos estatales de seguridad y más tarde aparecen lesionados o desaparecen para luego encontrarlos como cadáveres, en muchos casos torturados”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 4 de diciembre de 2002, expediente 13.922.

(10) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 10 de abril de 1997, expediente 10.138.

(11) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 22 de abril de 2004, expediente 14.240.

(12) Al respecto véase la Sentencia de 22 de abril de 2004, expediente radicado 14.240.

(13) La Corte Constitucional declaró exequible el Protocolo I, mediante Sentencia C-574 de 1992. Posteriormente, se expidió la Ley 11 de 1992, aprobatoria del mismo convenio, pero la Corte Constitucional, en Sentencia C-88 de 1993 la declaró inexequible por considerar que “tanto el Congreso como el Presidente de la República desbordaron sus competencias constitucionales al pretender expedir -el primero- y sancionar —el segundo— leyes sobre materias que, sustraídas expresamente de los procedimientos ordinarios de actuación de tales poderes, el Constituyente sometió a un especialísimo proceso de gestación, tal como el previsto en el artículo 58 transitorio respecto de los tratados y convenios internacionales que, al momento de entrar a regir la nueva Carta Política ya hubiesen sido aprobados por una de las dos cámaras. En esas condiciones, mal podían el Senado y el Presidente de la República hacer caso omiso del mandato constitucional citado, y proseguir con el trámite de aprobación y de expedición de la referida ley. Dicho proceder comporta ostensible trasgresión a la disposición transitoria 58 de la Carta”.

(14) Sentencia C-574 de 1992.

(15) Ver sentencia de la Corte Constitucional.

(16) Cfr. Declaraciones rendidas por las presuntas víctimas indicadas y dictamen pericial psicológico rendido por el señor Paulo César Endo de 16 de abril de 2010 (exp. de fondo, tomo V, fls. 2262 a 2283).

(17) Cfr. Dictamen pericial psicológico rendido por el señor Paulo César Endo, supra nota 350, folio 2273.

(18) Cfr. Dictamen pericial psicológico rendido por el señor Paulo César Endo, supra nota 350, folios 2271 y 2272.

(19) Cfr. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C, num. 92, párr. 114; Caso Chitay Nech y otros, supra nota 25, párr. 221, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 24, párr. 130.

(20) Cfr. Caso Ticona Estrada y otros, supra nota 187, párr, 155, y Caso Chitay Nech y otros, supra nota 21 25, párr. 222.

(21) Cfr. Declaraciones rendidas por la presuntas víctimas indicadas y dictamen pericial psicológico rendido por el señor Paulo César Endo, supra nota 350, folios 2262 a 2283.

(22) Cfr. Caso Blake. Fondo, supra nota 340, párr. 114; Caso Chitay Nech y otros, supra nota 25, párr. 220, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 24, párr. 126.

(23) Fls 2-10. Fls 73-75. Fls 78-86. Fls 143-195. Cdno. 2. Expediente Fiscalía.

(24) Folios 73-75, cdno. 2. Investigación Fiscalía.

(25) Constitución Política de Colombia. ART. 2.Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

(26) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Osman vs. Reino Unido, demanda 87/1997/871/1083, sentencia de 28 de octubre de 1998, párr. 115 y 116; Caso Kiliç vs. Turquía, demanda 22492/93, sentencia de 28 de marzo de 2000, párr. 62 y 63; Caso Öneryildiz vs. Turquía, demanda 48939/99, sentencia de 30 de noviembre de 2004, párr. 93.

(27) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, serie C 140, párr. 123-124; Caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de noviembre de 2012, serie C 256, párr. 128-129; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, serie C 192, párr. 78.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997, expediente 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(29) “Los Estados partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

(30) CIDH, Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras, Sentencia de Fondo de 29 de julio de 1988.

(31) Esta Sala en sentencia del 18 de junio de 2008, tuvo la oportunidad de pronunciarse en los mismos términos. Rad. interno 15.625, M.P. Enrique Gil Botero.

(32) Conclusión llegada de acuerdo al informe histórico elaborado por la Unidad Investigativa de la Fiscalía, fls 73-75. cdno. 2. Investigación Fiscalía.

(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2007, exp. 15567. En el mismo sentido sentencias del 4 de diciembre de 2007, expediente 16.894 y del 20 de febrero de 2008, expediente: 16.996, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

(34) Constitución Política de Colombia, artículo 1º.

(35) Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, exp. 19.385, M.P. Enrique Gil Botero.

(36) Ver: López, Claudia Ob. Cit., pág. 163.

(37) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(38) Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage. Walter de Gruyter. Berlín. New York. 1993. págs. 796 y ss.

(39) Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado: “En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante. Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa.

“(…). En una grave violación a los derechos fundamentales, la conducta del garante que interviene activamente en la toma de una población, es similar a la de aquel que no presta la seguridad para que los habitantes queden en una absoluta indefensión. En virtud del principio de igualdad, cuando la acción y la omisión son estructural y axiológicamente idénticas, las consecuencias deben ser análogas: Si la conducta activa es ajena al servicio, también deberá serlo el comportamiento omisivo. Un miembro de la fuerza pública puede ser garante cuando se presenten cualquiera de los dos fundamentos de la responsabilidad explicados: creación de riesgos para bienes jurídicos o surgimiento de deberes por la vinculación a una institución estatal. Las fuerzas militares tienen la obligación absoluta de impedir el desconocimiento del derecho internacional humanitario (restricción absoluta aun frente a los estados de excepción según lo dispone el artículo 214 de la Constitución) y los derechos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Colombia, no pueden ser suspendidos durante tales estados. Permitir que ocurran, sea porque activamente intervienen en ellas o porque omiten el deber estatal de proteger a los asociados en sus derechos, constituye una flagrante violación a la posición de garante de las condiciones mínimas y básicas de la organización social y, por lo mismo, nunca podrán considerarse como un acto relacionado con el servicio. En suma, desde el punto de vista estrictamente constitucional, resulta claro que las Fuerzas Militares ocupan una posición de garante para el respeto de los derechos fundamentales de los colombianos. La existencia de esa posición de garante significa que el título de imputación se hace por el delito de lesa humanidad, o en general por las graves violaciones a los derechos humanos, sin importar la forma de intervención en el delito (autoría o participación), o el grado de ejecución del mismo (tentativa o consumación) o la atribución subjetiva (dolo o imprudencia). Las estructuras internas de la imputación no modifican la naturaleza del delito realizado; estas no cambian porque el interviniente (para el caso, quien omite) se limite a facilitar la comisión de un hecho principal, o porque no se alcance la consumación del hecho”. Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett (negrillas del original).

(40) Consejo de Estado. Sentencia del 4 de diciembre de 2007. Expediente 16894. C.P. Enrique Gil Botero.

(41) De Asis Roig, Rafael “Deberes y Obligaciones en la Constitución”, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pág. 453.

(42) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2007, exp. 16894, M.P. Enrique Gil Botero.

(43) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, exp. 17994, M.P. Enrique Gil Botero.

(44) “Ex nigilo nili fit”. De la nada, nada.

(45) “Estas posiciones de garantía están acordes constitucionalmente con el principio de solidaridad, el cual, principalmente viene exigido cuando se trata de la protección de bienes jurídicos relacionados con la vida e integridad personal… Sobre esto ha dicho la Corte Constitucional: “La solidaridad es un valor constitucional que sirve de pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas situaciones”. Los deberes constitucionales son patrones de conducta social impuestos por el constituyente a todo ciudadano, más no exigibles, en principio, como consecuencia de su mera consagración en la Carta Política, sino en virtud de una ley que los desarrolle”. Oviedo Pinto, María Leonor “La posición de garante”, Ed. Ediciones Ciencia y Derecho, Bogotá, pág. 138.

(46) “En el marco de toda imputación, incluyendo la jurídico penal, se vinculan un suceso en el mundo y un destinatario de imputación, de tal modo que el destinatario aparece como aquel a quien pertenece el suceso: es él quien lo ha creado o ha permitido que tuviese lugar, tanto para bien, en el marco de la imputación a título de mérito, como en lo malo, en la imputación a título de reproche”. Cf. Jakobs, Günter “La imputación objetiva en el derecho penal”, Ed. Universidad Externado de Colombia, pág. 23.

(47) Puigpelat, Oriol Mir Op. Cit., pág. 241 y 242.

(48) Corte Constitucional. Sentencia del 22 de julio de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. expediente D-7593.

(49) Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-028 de 2006 y C-355 de 2006. En la primera de esas providencias la Corte precisó: “Bajo este contexto, es claro que el mencionado instrumento internacional [Convención Americana de Derechos Humanos] forma parte del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, debe ser utilizado como parámetro que guíe el examen de constitucionalidad de las leyes colombianas, pero ello no significa que las normas pertenecientes al bloque adquieran el rango de normas supraconstitucionales. En ese sentido, la confrontación de una ley con un tratado internacional no puede dar lugar a una declaratoria automática de constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es necesario, a su vez, interpretarla sistemáticamente con el texto de la Constitución”.

(50) “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno” (C.P. art. 93-1).

(51) Los principales derechos que no pueden suspenderse en los estados de excepción se consagran en el artículo 4º de la Ley 137 de 1994 (estatutaria de los estados de excepción), el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

(52) Así lo reconoció la Corte en la Sentencia C-1022 de 1999, al sostener que los “tratados de fronteras que ya estaban perfeccionados al momento de entrar en vigencia la Constitución no pueden ser demandados, puesto que en el fondo son normas que integran el bloque de constitucionalidad, como ya lo había indicado la Sentencia C-400 de 1998, cuando precisó que esos acuerdos internacionales, junto con algunos convenios de derechos humanos, tenían un status y jerarquía diferentes a los otros tratados en el ordenamiento colombiano”.

(53) Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-225 de 1995 y C-291 de 2007, entre otras.

(54) “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia” (C.P., art. 93-2).

(55) Corte Constitucional, Sentencia C-067 de 2003.

(56) En sentido similar, en la Sentencia T-483 de 1999 la Corte sostuvo: “Según el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución, los derechos y deberes consagrados en ésta se interpretarán, de conformidad con los Tratados Internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Ello significa, que para efectos de interpretar los referidos derechos las normas de los tratados en referencia tienen carácter prevalente en el orden interno, formando por lo tanto parte del bloque de constitucionalidad, como lo ha reconocido la Corte en diferentes pronunciamientos (C-295/93, C-179/94, C-225/95, C-578/95, C-358/97, T-556/98)”.

(57) Corte Constitucional, Sentencia T-1319 de 2001.

(58) Ídem. Ver también las sentencias C-551 de 2003 y C-038 de 2004, entre otras.

(59) Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-251 de 1997, C-251 de 2002 y C-148 de 2005, entre otras.

(60) Como lo son el Pacto de San José de Costa Rica de noviembre de 1969, o la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas de junio de 1994.

(61) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 24 de noviembre de 2006. “Caso trabajadores cesados del congreso vs Perú.

(62) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 12 de agosto de 2008.

(63) Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 68; Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 17, párr. 55, y Caso La Cantuta, supra nota 16, párr. 170.

(64) Cfr. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros), supra nota 78, párr. 87; Caso La Cantuta, supra nota 16, párr. 171, y Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 17, párr. 56.

(65) Cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra nota 10, párr. 37; Caso La Cantuta, supra nota 16, párr. 171, y Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 17, párr. 56.

(66) Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros, supra nota 17, párr. 207; Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 10, párr. 118, y Caso Salvador Chiriboga, supra nota 6, párr. 122.

(67) Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 10, párr. 124, y Caso Boyce y otros, supra nota 20, párr. 113.

(68) La Corte ha reconocido lo anterior, entre otras, en las sentencias C-442 de 2011, T-302 de 2008, C-187 de 2006, C-1260 de 2005, C-820 de 2005 y C-616 de 2001.

(69) Cabe recordar que el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya señala como fuentes de derecho internacional, las siguientes: 1. los tratados internacionales; 2. la costumbre internacional; 3. los principios generales del derecho “reconocidos por las naciones civilizadas”; 4. la jurisprudencia; 5. la doctrina y 6. la equidad.

(70) Resulta pertinente aclarar que, de manera general, todos los compromisos internacionales que adquiere un Estado deben contar con instrumentos de derecho interno que posibiliten el cumplimiento de las obligaciones contraídas por él. No brindar instrumentos de tal índole resultaría en una grave violación del principio pacta sunt servanda que orienta las relaciones internacionales, pues derivaría en una incapacidad operativa del Estado en cuestión para honrar sus compromisos. Empero, en el plano de la aplicación de la Convención Americana, lo que es de resaltar es que sus disposiciones tienen rango constitucional y que tienen por objeto mismo la garantía de los derechos humanos. Adicionalmente es pertinente señalar que en otras ocasiones la jurisprudencia de esta Corte ya ha constatado esta repercusión de decisiones tomadas en el ámbito internacional sobre el ordenamiento interno. En este sentido, la Sentencia T-558 de 2003, reiterada en las sentencias T-786 de 2003, T-524 de 2005 y T-584A de 2011, entre otras, precisó los alcances de las medidas provisionales ordenadas por la Comisión Interamericana de Justicia. La Sentencia T-385 de 2005 estudió lo efectos de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las sentencias T-568 de 1999, T-1211 de 2000, T- 603 de 2003, T-979 de 2004 y T-171 de 2011, entre otras, precisaron la repercusión de las recomendaciones de los órganos de control y vigilancia de la OIT.

(71) Sentencia C-10 de 2000, reiterada en las sentencias T-1391 de 2001 y C-097 de 2003. En fecha más reciente esta cita fue reiterada en la Sentencia C-936 de 2010, en la cual se examinaba la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 1312 de 2009, modificatorio del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, que regulaba la aplicación del principio de oportunidad a los desmovilizados. En esta Sentencia Se sostuvo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contiene la interpretación auténtica de los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos y luego de citar los desarrollos más significativos en materia de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos consigna textualmente: “Las anteriores conclusiones provienen de sentencias de un tribunal internacional cuya competencia ha sido aceptada por Colombia. El artículo 93 de la Constitución colombiana prescribe que los derechos y deberes consagrados en esa Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, por lo que la jurisprudencia reseñada resulta relevante para la interpretación que de tales derechos y deberes se haga en el orden interno”.

(72) Sentencias C-360 de 2005 y C-936 de 2010.

(73) La Corte declaró inexequible, con dicho fundamento, el aparte que se tacha del inciso 2º del artículo citado: “En todo proceso por delito contra la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada. Si el representante legal de esta última fuera el mismo sindicado, la Contraloría General de la República o las Contralorías Territoriales, según el caso, deberán asumir la constitución de parte civil; en todo caso, cuando los organismos de control fiscal lo estimen necesario en orden a la transparencia de la pretensión podrán intervenir como parte civil en forma prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas”.

(74) Convención Interamericana de Derechos Humanos. Artículos 8º (Garantías judiciales), 13 (Libertad de pensamiento y de expresión), 9 (Principio de Legalidad) 1.1. Obligación de respetar los derechos) y 2º (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno).

(75) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Caso Kimel Vs Argentina.

(76) Artículos 220 y 221 del Código Penal.

(77) Sentencia C-10 de 2000, reiterada en las sentencias T-1391 de 2001 y C-097 de 2003. En fecha más reciente esta cita fue reiterada en la Sentencia C-936 de 2010 en la cual se examinaba la constitucionalidad del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009, modificatorio del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, que regulaba la aplicación del principio de oportunidad a los desmovilizados, en esta Sentencia Se sostuvo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contiene la interpretación auténtica de los derechos de la Convención Americana de derechos Humanos y luego de citar los desarrollos más significativos en materia de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos se consigna textualmente: “Las anteriores conclusiones provienen de sentencias de un tribunal internacional cuya competencia ha sido aceptada por Colombia. El artículo 93 de la Constitución colombiana prescribe que los derechos y deberes consagrados en esa Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, por lo que la jurisprudencia reseñada resulta relevante para la interpretación que de tales derechos y deberes se haga en el orden interno”.

(78) Sentencias C-360 de 2005 y C-936 de 2010.

(79) En definitiva la línea argumentativa adoptada por la Corte Constitucional resulta concordante con la postura de la Corte IDH, la cual en distintas sentencias ha señalado el carácter vinculante de su jurisprudencia como interpretación auténtica de la CADH. Así en el “Caso Almonacid Castellanos vs. Chile” sostuvo que: “La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un principio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuentano solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención americana”, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de septiembre de 2006, Serie C, 154, parr. 124. En el “Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú puso de manifiesto que “…los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de 2006, Serie C, 158, parr. 128.

(80) Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C 177.

(81) Este aspecto ya fue considerado en la Sentencia C-417 de 2009 en la cual se señaló: “En el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión de 2008, se establece dentro de los ingredientes que componen la “agenda de hemisférica” para la defensa de tal libertad, la necesidad de “eliminar las normas que criminalizan la expresión y de impulsar la proporcionalidad de las sanciones ulteriores”. A este respecto se señala que el ideal de ciudadano que subyace a las democracias de las Américas y del sistema interamericano de protección de derechos humanos, es el de “un sujeto deliberante, que tiene el valor de servirse de su propia inteligencia y que está dispuesto a discutir con otros las razones de su decisión”. Se trata, dice el informe, de “tomarse en serio la idea de una ciudadanía democrática y militante”, lo que implica el “diseño de instituciones que permitan y que no inhiban o dificulten la deliberación sobre todos los asuntos y fenómenos de relevancia pública”. Por esto es que observa que las instituciones propias del derecho sancionatorio y en especial del derecho penal resultan de particular relevancia, pues sirven como medios coercitivos para imponer una visión única y desalentar la deliberación vigorosa, siendo por lo demás incompatibles con los principios que orientan los regímenes democráticos y en particular la libertad de expresión en los términos contemplados en el art. 13 de la Convención Americana de DDHH. En este marco, la Relatoría especial señala como temas preocupantes y sobre los cuales deben trabajar tanto el sistema como los propios Estados miembros de la organización: “(i) La existencia de leyes penales de desacato, injuria y calumnia, particularmente, cuando se aplican para procesar penalmente a quienes han hecho valoraciones críticas sobre asuntos de interés público o sobre personas que tienen relevancia pública; (ii) el uso de la legislación penal para proteger la ‘honra’ o ‘reputación’ de ideas o instituciones (…)”. Es por ello que importantes decisiones de la Corte Interamericana sobre libertad de expresión, han estudiado el enjuiciamiento penal de quienes se habían expresado con opiniones críticas respecto de asuntos de interés público. En todos estos asuntos, la Corte declaró la desproporción de tales medidas, a más de ser contrarias al art. 13 de la Convención. Y se agrega enseguida que tanto la CIDH como la Relatoría Especial en todos sus informes sobre el tema, “han enfatizado sobre la necesidad de descriminalizar el ejercicio de esta libertad y de establecer criterios de proporcionalidad para la fijación de las responsabilidades ulteriores que puedan surgir de su ejercicio abusivo, de conformidad con los principios 10 y 11 de la Declaración de Principios. Con base en lo anterior es que la Relatoría especial insiste en la necesidad de cumplir con lo dispuesto en tales principios, e insiste igualmente en que la exclusión de tales medidas penales no busca desproteger derechos como el honor y la privacidad, sin duda valiosos para la democracia. “De lo que se trata -dice el informe- es de asegurarse que la protección de tales bienes no termine comprometiendo una de las más importantes condiciones de posibilidad de las sociedades democráticas”. Conviene finalmente observar que mediante Resolución 2434 (XXXVIII-0/08) adoptada por la Asamblea General de la OEA, “Derecho a la libertad de pensamiento y expresión y la importancia de los medios de comunicación”, con base en la importancia ampliamente reconocida de este conjunto de libertades para consolidar las sociedades democráticas, se contempla dentro de las determinaciones adoptadas: “12. Invitar a los Estados Miembros a considerar las recomendaciones de la Relatoría Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión en materia de difamación, en el sentido de derogar o enmendar las leyes que tipifican como delito el desacato, la difamación, la injuria y la calumnia, y, en tal sentido, regular estas conductas en el ámbito exclusivo del derecho civil”.

(82) ART. 1º—Obligación de respetar los derechos:

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

ART. 2º—Deber de adoptar disposiciones de derecho interno:

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

(83) Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Artículo 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a:

a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales;

b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo;

c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y

d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención.

(84) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 166 y ss. Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, párr. 183 y ss. Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, párr. 62.

(85) Corte interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 166 y ss. Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, párr. 183 y ss. Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, párr. 62.

(86) Corte interamericana de Derechos Humanos. Caso la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, párrs 123 y ss; Corte Europea de Derechos Humanos. Caso Rights, Kiliç v. Turkey, judgment of 28 March 2000, Application 22492/93, par. 62 y 63; Osman v. the United Kingdom judgment of 28 october 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, par. 115 y 116.

(87) CIDH, Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras, Sentencia de Fondo de 29 de julio de 1988.

(88) Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 3, párr. 153; Caso Bulacio, supra nota 3, párr. 111; y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 110. En igual sentido, Comentario General 6 (Décimo sexta sesión, 1982), párr. 3, supra nota 123; María Fanny Suárez de Guerrero v. Colombia. Comunicación R.11/45 (feb. 5/79), U.N.Doc. Supp. 40 (A/37/40) en 137 (1982), pág. 137.

(89) Cfr. Caso Bulacio, supra nota 3, párr. 112; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 144; y Caso Bámaca Velásquez, supra nota 151, párr. 212.

(90) Cfr. Caso Bulacio, supra nota 3, párr. 112; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 144; y Caso Bámaca Velásquez, supra nota 151, párr. 212.

(91) Caso Las Palmeras, supra nota 160, párr. 58; Caso Durand y Ugarte, supra nota 160, párr. 128; y Caso Blake, supra nota 151, párr. 96.

(92) Caso Durand y Ugarte, supra nota 160, párr. 128; y Caso Blake, supra nota 151, párr. 97.

(93) Caso Las Palmeras, supra nota 160, párr. 59; Caso Durand y Ugarte, supra nota 160, párr. 129; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 147, párr. 227.

(94) Cfr. Caso Las Palmeras, supra nota 160; y Caso Durand y Ugarte, supra nota 160, párr. 130.

(95) Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 3, párr. 209; Caso Bulacio, supra nota 3, párr. 114; y Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 150, párrs. 142 a 145.

(96) Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 3, párr. 273; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 167, párr. 100; y Caso Cantoral Benavides. Reparaciones, supra nota 197, párr. 69.

(97) Cfr. Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 167, párr. 100; Caso Cantoral Benavides. Reparaciones, supra nota 197, párr. 69; y Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 196, párr. 62.

(98) Cfr. Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 167, párr. 77.

(99) Cfr. Caso Maritza Urrutia, supra nota 3, párr. 126; Caso Bulacio, supra nota 3, párr. 120; y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 143.

(100) Cfr. Caso Maritza Urrutia, supra nota 3, párr. 126; Caso Bulacio, supra nota 3, párr. 120; y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 143.

(101) Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 3, párr. 274; Caso Trujillo Oroza, supra nota 167, párr. 114; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 167, párr. 76.

(102) Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 3, párr. 274; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 167, párr. 114; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 167, párr. 76.

(103) Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 3, párr 276; Caso del Caracazo. Reparaciones, supra nota 13, párr. 119; y Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 167, párr. 106.

(104) CIDDHH. Caso 19 comerciantes vs Colombia. Sentencia del 5 de julio de 2004.

(105) CIDDHH. Caso Mapiripan vs Colombia. Sentencia del 15 de septiembre de 2005.

(106) Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 146; Caso Hermanas Serrano Cruz, supra nota, párr. 61, y Caso Bulacio, supra nota 196, párr. 112.

(107) Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 149, y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 187, párr. 127 y 132. En igual sentido, Manual Sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas, Doc. E/ST/CSDHA/.12 (1991).

(108) Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 148; Caso Hermanas Serrano Cruz. supra nota 11, párr. 65, y Caso Carpio Nicolle y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C 117, párr. 129.

(109) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacre Santo Domingo vs Colombia. Sentencia del 30 de noviembre de 2012.

(110) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párr. 91, y Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana, párr. 207.

(111) Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina, párr. 114, y Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana, párr. 255.

(112) Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párr. 173, y Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C 237, párr. 47.

(113) Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1º de julio de 2006 Serie C 148, párr. 319, y Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana, párr. 203.

(114) Caso Velásquez Rodríguez, Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C 4, párr. 177, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, párr. 248.

(115) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párr. 177, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, párr. 248.

(116) Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 143, y González Medina y familiares Vs. República Dominicana, párr. 204.

(117) Artículo 33 de la Convención Americana.

(118) En similar sentido, en el caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú la Corte consideró: 174. En primer término, la Corte estima necesario enfatizar que el proceso de tramitación de denuncias individuales que procure culminar con una decisión jurisdiccional de la Corte, requiere de la integridad institucional del sistema de protección consagrado en la Convención Americana. El sometimiento de un caso contencioso ante el tribunal por alegadas violaciones a los derechos humanos cometidas por un Estado Parte que haya reconocido la competencia contenciosa del Tribunal requiere del desarrollo previo del procedimiento ante la comisión, el cual inicia con la presentación de la petición ante este último órgano. El procedimiento ante la comisión contempla garantías tanto para el Estado denunciado como para las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes, dentro de las cuales cabe destacar las relacionadas con las condiciones de admisibilidad de la petición y las relativas a los principios de contradicción, equidad procesal y seguridad jurídica. Es en el procedimiento ante la comisión que el Estado denunciado suministra inicialmente la información, alegatos y prueba que estime pertinentes en relación con la denuncia, y aquella prueba rendida en procedimientos contradictorios podrá ser posteriormente incorporada en el expediente ante la Corte. La posición asumida por el Estado en el procedimiento ante la Comisión determina también en gran medida la posición de las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes, lo que llega a afectar el curso del procedimiento (...)”. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de febrero de 2006, Serie C 144, párr. 167 y ss. Véase también: Asunto de Viviana Gallardo y otras. Serie A G 101/81, Considerandos 12.b), 16, 20, 21 y 22, y control de legalidad en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-19/05 de 28 de noviembre de 2005. Serie A 19, párrs. 25 a 27.

(119) Artículo 1.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 1 de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas.

(120) CIDDHH. Caso Velásquez vs Honduras. Caso 19 comerciantes vs Colombia. Caso Mapiripán vs Colombia.

(121) Folios 231-234, cdno. 4. Investigación Procuraduría.

(122) Según certificado de nacimiento que obra a folio 24 del cdno. ppal., Álvaro de Jesús Carmona Franco, nació el 9 de marzo de 1961.

(123) Registros de nacimiento y matrimonio. Folios 47,49 y 50, cdno. ppal., Tribunal.

(124) De acuerdo al certificado de nacimiento que obra a folio 54 del cdno. ppal., el señor Miguel Amariles Zapata nació el 1 de abril de 1955.

(125) Para el año de 1996, percibía un salario de $350.000 pesos. Folio 54 del cdno ppal. Tribunal.

(126) Actualización del salario certificado a folio 44 del expediente ppal:

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(127) Según certificado de nacimiento que obra a folio 47 del cdno. ppal., Julián David Amariles Atehortua nació el 21 de diciembre de 1985.

(128) Según certificado de nacimiento que obra a folio 49 del cdno. ppal., Eliana María Amariles Atehortua nació el 21 de diciembre de 1985.

(129) Según certificado de nacimiento que obra a folio 50 del cdno. ppal., Yully Andrea Amariles Atehortua nació el 15 de noviembre de 1979.

(130) Registros de matrimonio y nacimiento. Folios 28,29,30 y 31, cdno. ppal., Tribunal.

(131) Folio 33 del cdno ppal. Tribunal.

(132) Se utilizará el salario mínimo legal mensual vigente, en atención a que el salario mínimo aplicable al momento de los hechos —14 de agosto de 1996, $142.125— actualizado a la fecha, es de $442.896, suma inferior al salario vigente para el año 2013 equivalente a $589.500.

(133) El señor Luis Alfonso Peláez Vega nació el 28 de enero de 1949. Según certificado que obra a folio 32 del cdno. ppal., quedando una probabilidad de vida de 30.35 años.

(134) Según certificado de nacimiento que obra a folio 29 del cdno. ppal., Lina María Peláez Amariles nació el 15 de abril de 1985.

(135) Según certificado de nacimiento que obra a folio 30 del cdno. ppal., Pablo Andrés Peláez Amariles nació el 26 de octubre de 1977.

(136) Según certificado de nacimiento que obra a folio 31 del cdno. ppal., Viviana Enith Peláez Amariles nació el 23 de marzo de 1976.

(137) Registros de matrimonio y nacimiento. Folios 59, 60, 61, 63, cdno. ppal., Tribunal.

(138) Se utilizará el salario mínimo legal mensual vigente, en atención a que el salario mínimo aplicable al momento de los hechos —14 de agosto de 1996, $142.125— actualizado a la fecha, es de $442.896, suma inferior al salario vigente para el año 2013 equivalente a $589.500.

(139) El señor Darubín Cifuentes Sánchez nació el 18 de julio de 1940. Según certificado que obra a folio 65 del cdno. ppal., quedando una probabilidad de vida de 22,64 años.

(140) Según certificado de nacimiento que obra a folio 60 del cdno. ppal., David Cifuentes Yarce nació el 10 de agosto de 1986.

(141) Según certificado de nacimiento que obra a folio 61 del cdno. ppal., Julian Alberto Cifuentes Calderón nació el 8 de marzo de 1982.

(142) Según certificado de nacimiento que obra a folio 63 del cdno. ppal., Liliana Marcela Cifuentes Zuleta nació el 20 de enero de 1983.

(143) Registros de matrimonio y nacimiento. Folios 68, 69, 70 y 71, cdno. ppal., Tribunal.

(144) Se utilizará el salario mínimo legal mensual vigente, en atención a que el salario mínimo aplicable al momento de los hechos —14 de agosto de 1996, $142.125— actualizado a la fecha, es de $442.896, suma inferior al salario vigente para el año 2013 equivalente a $589.500.

(145) El señor Luis Alfonso Martínez Suarez nació el 25 de octubre de 1953. Según certificado que obra a folio 72 del cdno. ppal., quedando una probabilidad de vida de 34 años.

(146) Según certificado de nacimiento que obra a folio 69 del cdno. ppal., Eliana María Martínez Marín nació el 10 de agosto de 1986.

(147) Según certificado de nacimiento que obra a folio 71 del cdno. ppal., Oscar David Martínez Marín nació el 17 de septiembre de 1981.

(148) Según certificado de nacimiento que obra a folio 71 del cdno. ppal., Natalia Martínez Marín nació el 1º de agosto de 1986.

(149) Registros de matrimonio y nacimiento. Folios 8, 9 y 10, cdno. ppal., Tribunal.

(150) Se utilizará el salario mínimo legal mensual vigente, en atención a que el salario mínimo aplicable al momento de los hechos —14 de agosto de 1996, $142.125— actualizado a la fecha, es de $442.896, suma inferior al salario vigente para el año 2013 equivalente a $589.500.

(151) El señor Ramón Octavio Agudelo Castro tenía 44 años para la época de los hechos —1996—. Según informe que obra a folio 129 del cdno. ppal., quedando una probabilidad de vida de 33,07 años.

(152) Según certificado de nacimiento que obra a folio 71 del cdno. ppal., Oscar David Martínez Marín nació el 17 de septiembre de 1981.

(153) Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencias del 15 de octubre de 2008, exp. 18586, del 13 de agosto de 2008, exp. 17042, y del 1º de octubre de 2008, exp. 27268.

(154) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646.

(155) Según dan cuenta los registros de nacimiento visibles a folios 18, 19, 20, 21 y 22, cdno. ppal., Tribunal.

(156) Según dan cuenta los registros de nacimiento visibles a folios 43, 44, 45 y 46, cdno. ppal., Tribunal.

(157) Según dan cuenta los registros de nacimiento visibles a folios 47, 49 y 50, cdno. ppal., Tribunal.

(158) Corte Interamericana. Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez en la sentencia de reparaciones del Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 22 de febrero de 2002.

(159) Corte Interamericana. Caso Aloeboetoe y otros, Sentencia de Reparaciones, párr. 50.

(160) Corte Interamericana. Caso masacre de pueblo Bello. Párr. 273.

(161) Corte Interamericana. Caso Las Palmeras. Vs. Colombia. Sentencia del 6 de diciembre de 2001. párr 68.

(162) Ibídem.

(163) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de octubre de 2007, exp. 29.273, M.P. Enrique Gil Botero. Así mismo, cf. sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 18.436, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(164) Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.

(165) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 2008, exp. 16996, M.P. Enrique Gil Botero.

(166) Sentencia T-563 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En igual sentido T- 227 de 1997, M.P. Alejandro Martinez Caballero, T-1094 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-175 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería.

(167) La Comisión de Derechos Humanos pidió al secretario general designar un experto independiente que actualizara el Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad i) conforme la evolución del derecho y las prácticas internacionales en la materia, ii) que partiera del estudio Independiente sobre el tema, elaborado en cumplimiento de la Resolución 2003/72 —Luis Joinet 1997— y iii) que recogiera las opiniones recibidas de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. El escrito fue confiado a la profesora Diane Orentlicher y presentado como Add.1 conjuntamente con el informe E/CN.4/2005/102.

(168) Corte Constitucional, Sentencia T-188 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(169) Zagrebelsky, Gustavo “El derecho dúctil”, Ed. Trotta.

(170) La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

“No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.

“(…)”.

(171) Determina el numeral 2 del artículo 214 de la Constitución: “No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario…”.

(172) “La positivización de los derechos humanos ha hecho entonces más dúctil y más maleables el razonamiento judicial, de suerte que la justicia se ha vuelto más “gradual”. Hoy en día, muchas de las decisiones judiciales sobre derechos humanos dependen en gran medida del grado de afectación de los derechos y valores en conflicto, según las circunstancias del caso específico, por lo cual la mayoría de las distinciones relevantes en estos casos son más diferencias de grado, de intensidad, que rígidas oposiciones cualitativas.

“(…). La gradualidad de la justicia constitucional se expresa también en el hecho de que ni los tribunales ni los documentos constitucionales y de derechos humanos determinan a priori y en forma absoluta las soluciones a los potenciales conflictos, sino que la propia práctica jurisprudencial y las diluciones que ella suscita permiten ir ajustando progresivamente los criterio de decisión”. Uprimny, Rodrigo “La universalidad de los derechos humanos: conflictos entre derechos, conceptos de democracia, e interpretación jurídica” en “Pensamiento Jurídico – Revista de Teoría del Derecho y Análisis Jurídico”, Universidad Nacional de Colombia, pág. 98 y ss.

(173) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2009, exp. 18364, M.P. Enrique Gil Botero.

(174) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de abril de 2012, exp. 21861, M.P. Enrique Gil Botero.

(175) Señala la directriz 7 de la Serie revisada de principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario a obtener reparación, preparada por el Sr. Theo Van Boven de conformidad con la Decisión 1995/117 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías: “De conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen el deber de adoptar, cuando la situación lo requiere, medidas especiales a fin de permitir el otorgamiento de una reparación rápida y plenamente eficaz. La reparación deberá lograr soluciones de justicia, eliminando o reparando las consecuencias del perjuicio padecido, así como evitando que se cometan nuevas violaciones a través de la prevención y la disuasión. La reparación deberá se proporcionada a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido, y comprenderá la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”. Tomado de “Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones”, compilación de documentos de la Organización de Naciones Unidas, Comisión Nacional de Juristas, Bogotá, 2007, pág. 307.

(176) Caso 19 comerciantes vs Colombia

(177) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 12 de junio de 2013. C.P. Enrique Gil Botero. Exp. 25180.

(178) Caso 19 comerciantes vs Colombia. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 5 de julio de 2004.

(179) Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 3, párr. 273; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 167, párr. 100; y Caso Cantoral Benavides. Reparaciones, supra nota 197, párr. 69.

(180) Cfr. Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 167, párr. 100; Caso Cantoral Benavides. Reparaciones, supra nota 197, párr. 69; y Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 196, párr. 62.

(181) Cfr. Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 167, párr. 77.

(182) Cfr. Caso Maritza Urrutia, supra nota 3, párr. 126; Caso Bulacio, supra nota 3, párr. 120; y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 143.

(183) Cfr. Caso Maritza Urrutia, supra nota 3, párr. 126; Caso Bulacio, supra nota 3, párr. 120; y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 143.

(184) Caso 19 comerciantes vs Colombia. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 5 de julio de 2004.

(185) Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 187; Caso del Caracazo. Reparaciones, supra nota 13, párrs. 122 y 125; y Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 167, párrs. 109, 113 y 114.

(186) Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 187; Caso del Caracazo. Reparaciones, supra nota 13, párs. 122; y Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 167, párrs. 113 y 114.

(187) Cfr. Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 167, párr. 115; Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 167, párr. 81; y Caso Blake, supra nota 151, párr. 115.

(188) Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 187; Caso Las Palmeras. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de noviembre de 2002. Serie C 96, párr. 77; y Caso del Caracazo. Reparaciones, supra nota 13, párr. 123.

(189) Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 187; Caso del Caracazo. Reparaciones, supra nota 13, párr. 122; y Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 167, párrs. 113 y 114.

(190) ART. 144.—Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el Centro de Memoria Histórica, diseñará, creará e implementará un Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones contempladas en el artículo3 de la presente ley, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones.

Los archivos judiciales estarán a cargo de la Rama Judicial, la cual en ejercicio de su autonomía podrá optar, cuando lo considere pertinente y oportuno a fin de fortalecer la memoria histórica en los términos de la presente ley, encomendar su custodia al Archivo General de la Nación o a los archivos de los entes territoriales.

PAR. 1º—En ningún caso se obstaculizarán o interferirán experiencias, proyectos, programas o cualquier otra iniciativa que sobre reconstrucción de memoria histórica avancen entidades u organismos públicos o privados. Los entes territoriales, en desarrollo de los principios de autonomía y descentralización, pueden desarrollar iniciativas sobre la materia y crear espacios dedicados a esta labor.

PAR. 2º—La Procuraduría General de la Nación deberá garantizar la no destrucción, alteración, falsificación, sustracción o modificación de los archivos administrativos en todas las instituciones oficiales, del nivel regional y nacional. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las normas penales pertinentes, y de los documentos que tengan carácter reservado.

PAR. 3º—Para efectos de la aplicación del presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 y en el Capítulo X sobre conservación de archivos contenido en la Ley 975 de 2005.

PAR. 4º—Los documentos que no tengan carácter reservado y reposen en archivos privados y públicos en los que consten las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, serán constitutivos del patrimonio documental bibliográfico.

PAR. 5º—La obtención de las copias que se soliciten, serán con cargo al solicitante.