Sentencia 1998-02407 de mayo 25 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente 18.912

Radicación 25000-23-26-000-1998-02407-01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Pedro Manuel Cely Sánchez

Demandado: Nación - Rama judicial del poder público

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veinticinco de mayo de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

14. Por ser competente, procede la Sala a decidir en segunda instancia(4), el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 1 de junio de 2000.

2. Los hechos probados.

15. El 1º de abril de 1995, el señor Alfonso Neira Bonilla intentó hacer efectivos los cheques del Banco del Estado Nº 8829698 por valor de $ 5.000.000, Nº 9501816 por valor de $ 2.000.000, Nº 8829697 por valor de $ 4.500.000 y Nº 8829696 por valor de $ 6.500.000, librados sin fecha por el señor Pedro Manuel Cely Sánchez para el pago de unas obligaciones que éste tenía con aquél. Los cheques fueron devueltos por el Banco del Estado el 18 de abril de 1995, por carencia de fondos en la respectiva cuenta bancaria(5).

16. El 26 de abril de 1995, actuando a través de apoderada, el señor Alfonso Neira Bonilla interpuso ante los juzgados civiles del circuito de Bogotá, demanda ejecutiva de mayor cuantía para hacer efectivo el cobro de los cheques aludidos en el hecho inmediatamente anterior(6), cuyo reparto correspondió al Juzgado 23 Civil del Circuito(7).

17. La demanda fue admitida mediante auto calendado el 27 de abril de 1995 (fl. 28, cdno. 2, pbas., copia auténtica), por medio del cual se ordenó lo siguiente: “…el despacho libra mandamiento de pago a favor de Carlos Alfonso Neira Bonilla y en contra de Pedro Manuel Cely Sánchez; para que en el término de 5 días cancele las siguientes sumas:// dieciocho millones de pesos ($ 18´000.000 M/cte.) capital contenido en cuatro cheques Nos. 8829698 por $ 5´000.000, cheque Nº 9501816 por $ 2´000.000 M/cte., cheque Nº 8829697 por $ 4´500.000, cheque Nº 8829696 por $ 6´500.000 M/cte., más la sanción comercial de que trata el artículo 731 del Código de Comercio e intereses moratorios a la tasa del 5.2% mensual, desde cuando cada obligación se hizo exigible y hasta cuando su pago se verifique” (fl. 22, cdno. 2).

18. El Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá intentó la notificación personal al ejecutado el 5 de septiembre de 1995, pero no fue posible llevar a cabo esa diligencia, pues el citador de ese despacho judicial no pudo entregar la respectiva citación al señor Pedro Manuel Cely(8).

19. El 12 de septiembre de 1995 la parte ejecutante solicitó al juzgado de la causa realizar el emplazamiento del ejecutado, toda vez que habían transcurrido 10 días sin que fuera posible la notificación personal del mandamiento de pago (fl. 25, cdno. 2), solicitud que fue denegada por el juez, quien consideró que para ese momento no se daban los supuestos establecidos por la normatividad para tal efecto(9). El 2 de octubre del mismo año la apoderada del ejecutante solicitó nuevamente el emplazamiento (fl. 26 ib.), solicitud que volvió a ser denegada por el juez de la causa mediante auto del 5 de octubre de 1995(10), por razones análogas a las antes manifestadas. El día 26 de octubre, el juez de la causa ordenó tener en cuenta una nueva dirección de la parte ejecutada, por solicitud elevada por la representante judicial de la parte ejecutante(11).

20. El mandamiento ejecutivo fue notificado mediante aviso el 7 de diciembre de 1995(12), y personalmente el 18 de diciembre de 1995(13).

21. El ejecutado otorgó poder al abogado Jairo Cardozo Salazar mediante memorial presentado personalmente ante la Notaría 33 del Círculo de Bogotá, el 12 de diciembre de 1995(14).

22. La parte ejecutada presentó escrito de excepciones dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación antes aludida(15), en las que afirmó que la deuda había sido parcialmente pagada y que estaba prescrito el derecho contenido en los títulos valores —cheques— a partir de los cuales se pretendía ejercer el cobro.

23. El 16 de abril de 1996 se llevó a cabo la audiencia de conciliación de que trata el Decreto 2651 de 1991, la cual se declaró fracasada ante la falta de ánimo componedor de las partes(16).

24. Mediante memorial radicado el 22 de abril de 1996, la apoderada de la parte ejecutante allegó una documentación y solicitó la práctica de unos testimonios, con los que pretendía acreditar la supuesta interrupción de la prescripción de la obligación cambiaria por parte del librador de los cheques (fl. 48 cuaderno 2). El juzgado tuvo como pruebas los documentos allegados, y dispuso la práctica de los testimonios solicitados, mediante auto del 29 de abril de 1996(17).

25. El apoderado de la parte ejecutada estuvo en desacuerdo con que se decretaran las pruebas aludidas en el párrafo anterior, en la medida en que fueron allegadas y solicitadas extemporáneamente y, por tal razón, presentó recurso de reposición contra el auto del 29 de abril de 1996. Afirma al respecto que la oportunidad adicional para solicitar pruebas que establece el parágrafo tercero del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, no es aplicable a los procesos ejecutivos (fl. 50, cdno. 2), a los que sólo puede aplicárseles el Decreto 2651 de 1991.

26. Mediante auto del 23 de mayo de 1996 (fl. 51, cdno. 2), el Juzgado 23 Civil del Circuito decidió no reponer el auto recurrido, para efecto de lo cual argumentó que “…los artículos 2º a 10 del referido decreto —se refiere al Decreto 2651 de 1991— regulan el específico tema de la conciliación en algunos procesos judiciales y es precisamente el artículo 9º el que consagra la oportunidad adicional para modificar las solicitudes en torno a las pruebas, de donde el parágrafo en cita debe interpretarse en forma no restrictiva con lo que se considera extendida a las audiencias establecidas en el Decreto 2651, la regulación contenida en el artículo 101, pues no se encuentra justificación de dar un tratamiento disímil cuando se trata de eventos muy similares”.

27. Vencida la etapa probatoria, el Juzgado 23 Civil del Circuito corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión dentro del proceso ejecutivo mediante auto del 3 de septiembre de 1996(18), y el 7 de febrero de 1997 emitió sentencia dentro del proceso ejecutivo, con la decisión de “[d]eclarar próspera y probada la excepción perentoria propuesta por el pasivo, denominada prescripción de la acción cambiaria…”. Para tal efecto el juzgado consideró que la acción ejecutiva había sido presentada antes de la prescripción de la acción pero que, en todo caso, dicha presentación no había logrado la interrupción del término extintivo, en la medida en que la demanda no fue notificada dentro del término establecido por la ley. En ese orden, el juzgado concluyó:

Así las cosas, necesario se hace establecer si la parte actora logró interrumpir la prescripción con la presentación de la demanda, es decir, si notificó al demandado dentro de los siguientes ciento veinte días contados a partir de la notificación del mandamiento de pago.

De lo anterior se sigue que si dicha providencia se notificó al demandante el día 2 de mayo de 1995, los ciento veinte días empezaron a correr a partir del día siguiente a esta fecha, al tenor de lo dispuesto en el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, desde el 3 de mayo de ese año.

A folio 11 se constata que el demandado fue notificado personalmente del auto que libró orden de pago, el día dieciocho (18) de diciembre de 1995.

De esa manera, forzoso es concluir que la presentación de la demanda no fue eficaz para interrumpir la prescripción, pues ésta tuvo lugar el día siete (7) de septiembre de 1995, cuando se cumplieron los ciento veinte días (120) exigidos por la norma adjetiva en estudio, por supuesto que descontando los términos cuando el expediente permaneció al despacho para decidir; es decir, para el año 1995 entre las siguientes fechas: 22 y 25 de mayo de 1995, entre el 12 y el 14 de junio, 6 a 10 de julio, 1º al 4 de agosto, 14 al 16 de agosto, 18 al 21 de septiembre, 5 al 9 de octubre, 25 al 30 de octubre de 1995, bajo la aclaración que sin contar el día cuando el expediente ingresó al despacho hasta el día siguiente contado a partir de la notificación por anotación en estado de dichas providencias (fls. 92 y ss.).

28. La parte ejecutante interpuso recurso de apelación contra la providencia antes reseñada, considerando que con las pruebas allegadas al proceso pudo establecerse que la prescripción había sido interrumpida por el ejecutado con el pago de unos abonos a la deuda, medios de convicción que no fueron tenidos en cuenta por el Juzgado 23 Civil del Circuito al momento de emitir sentencia de primera instancia (fl. 96).

29. Las partes trenzadas en el trámite ejecutivo suscribieron transacción el 16 de diciembre de 1997 (fls. 98 y 99), en la que se acordó por el señor Pedro Manuel Celly Sánchez reconocer el crédito a favor del ejecutante, y entregar un inmueble como dación en pago de parte de dicha deuda. La transacción no fue materia de análisis por parte del juzgado de conocimiento o por parte del tribunal de segunda instancia en lo civil.

30. Enviado el expediente al Tribunal Superior de Bogotá(19) y admitido el recurso de apelación por éste mediante auto del 8 de mayo de 1997 (fl. 109), el tribunal emitió la sentencia del 15 de septiembre de 1997, con la decisión de revocar la sentencia proferida por el juzgado de primera instancia y declarar parcialmente probada la excepción de pago formulada por la parte demandada, con el reconocimiento de un abono a la deuda por valor de $ 200.000, imputables primero a los intereses de la misma. Igualmente, el Tribunal decidió declarar que no prosperaban las demás excepciones presentadas por la parte ejecutada, y ordenar “… continuar la ejecución por las siguientes sumas de dinero: $ 5´000.000 representados en el cheque Nº 8829698; $ 2´000.000 en el cheque Nº 95011816; $ 4´500.000 en el título Nº 8829697 y $ 6´500.000 en el cheque Nº 8829696, así como por la sanción comercial respecto de cada uno de esos títulos (C. Co., art. 731), y por los intereses moratorios fluctuantes de cada una de esas sumas, comenzando por la tasa del 5,2% mensual, tomando en consideración, para todos los efectos, los parámetros indicados en la parte motiva de esta providencia, y sin que puedan ser superiores a los señalados en el mandamiento de pago”. Para tal efecto, el tribunal consideró que la regla de interrupción de la prescripción con la presentación de la demanda —establecida en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil—, fue equivocadamente interpretada por juzgado de primera instancia, y que dicha norma no puede auspiciar comportamientos dilatorios de la parte ejecutada y del despacho judicial que conoció de la primera instancia. Así las cosas, el Tribunal Superior de Bogotá computó el término de prescripción de la obligación cambiaria en los siguientes términos:

Si se recuerda entonces que el expresado artículo 90 concede un término para notificar al demandado de 120 días, y que el apoderado del actor fue enterado por estado del 2 de mayo de 1995 del auto de mandamiento de pago, éste término se iniciaría el 3 de mayo y precluiría el 27 de octubre de 1995, y el demandado se presentó al proceso el 18 de diciembre del mismo año, lo que indica que entre la fecha de notificación del proveído que ordenara el pago y este último acto, transcurrieron 153 días, es decir 33 días más. Se torna imperioso recontar, reitérase, los días en que el expediente estuvo al despacho, no solo por actuaciones que debían cumplirse en el proceso original sino en el de medidas previas.

3.3. Inicialmente se toma como fecha de entrada, en el cuaderno principal, la del 14 de agosto de 1995 (fl. 12, v), notificándose por estado del 16 la providencia de esa fecha. Esto indica que no corrieron términos el 14, 15 y 16 (3 días). Más tarde ingresó el 18 de septiembre (fl. 14, v), notificándose la providencia por estado el 20 de ese mes. No corrieron el 18, 19 y 20. Implica esto que la inactividad para el actor fue de 3 días. El 5 de octubre se dictó providencia, y el proceso salió el mismo día (fl. 15, v) fijándose en el estado del 9 de ese mes. No corrieron términos el 5, 6 y 9. El lapso transcurrido fue de otros 3 días. El 25 de octubre (fl. 16, v) regresó a despacho, salió el 26 y se notificó el auto proferido el 30 de tal mes. Esto es no transcurrieron términos en los días 25, 26, 27 y 30. Son otros 4 días de inactividad. En total y en la actuación cumplida dentro del cuaderno principal por un lapso de 13 días.

El segundo cuaderno —de medidas previas— tuvo estas anotaciones: entró al despacho el 22 de mayo y salió el 23, notificándose el 25. No corrieron términos el 22, 23, 24 y 25 de ese mes, para un total de 4 días. Posteriormente entró el 12 de junio de 1995 y salió el 12 notificándose por estado el 14 el respectivo auto por estado. No corrieron términos los días 12, 13 y 14, para un total de 3 días. El 6 de julio regresó y el proveído visible a folio 11 fue notificado el 20 de tal fecha, sin que transcurrieran términos los días 6, 7 y 10 para un total de 3 días. Dictado el auto del 2 de agosto salió el proceso el mismo día (fl. 14, v) y se hizo saber por estado del 4, lo que demuestra que no transcurrieron términos los días 2, 3 y 4 para un total de 3 días. El 18 de septiembre entró (fl. 23) y se notificó un nuevo auto por estado del 20, lo que indica que fueron inhábiles para el actor los días 18, 19 y 20 para un total de 3 días, entrada que no puede ser contabilizada pues se efectuó en el cuaderno principal. Entró luego el 5 de octubre y salió en la misma data, notificándose por estado el 9 para un total de 3 días, contabilizada igualmente en el cuaderno principal. Finalmente entró el 14 de diciembre y salió el 18 de ese mes (fl. 32). Se notificó el 11 de enero de 1996, lo que significa que no corrieron términos el 14, 15, 18 y 19, no pudiéndose contabilizar como términos para el actor los días 14 y 15, dado que el demandado se notificó el 18. Sería dos (2) días los que por este aspecto estuvo a despacho. Esto demuestra que el proceso permaneció en inactividad para el actor por un lapso de 15 días, que sumado al término anterior arroja un total de 28 días.

En conclusión, se habría tomado el demandante para notificar al demandado un lapso de 125 días, verificados los respectivos descuentos.

3.4. Esto podría llevar a la afirmación de que la acción estaría prescrita, si no fuera porque el término otorgado al demandado por el artículo 320 de la ley procesal para comparecer y notificarse tampoco puede ser imputable a inactividad del demandante. Dispone, en efecto, el numeral 3º de la disposición que tratándose de la notificación del auto que libra mandamiento ejecutivo, en el aviso que ha de fijarse en el lugar señalado como su domicilio se informará al demandado que debe concurrir al despacho judicial dentro de los diez días siguientes al de su fijación. Este término, ello es innegable, se convierte en un verdadero lapso de gracia concedido al ejecutado y que mal puede tener efectos frente al ejecutante, dado que es un llamado perentorio de la ley dirigido a aquél para que comparezca. De admitirse la tesis contraria, el medio exceptivo fundado en la prescripción que fuera invocada por el ejecutado y aceptada por la jurisdicción, se traduciría en un verdadero quebranto a principios como los de la lealtad procesal y del deber de colaborar con la administración de justicia, y de paso convirtiéndose en una recompensa al incumplimiento.

Si se repara en la conducta del demandado, se observará que el aviso fue fijado el 7 de diciembre de 1995 (fl. 17). Debió concurrir dentro de los días 11, 12, 13, 14, 15, 18 y 19 de diciembre de 1995, 11, 12 y 15 de enero de 1996. Pero con el propósito de seguir evadiendo la notificación, pues ya estaba enterado de la existencia del proceso, dado que no otra explicación puede atribuirse al hecho de que el mismo día en que se le envió el aviso por correo —12 de diciembre— apareció otorgando poder a su apoderado, mediante presentación personal ante la Notaría 33 de Bogotá, esto es antes de que le llegara el aviso (fl. 23).

Demuestra este recuento que transcurrieron seis (6) días entre la fijación del aviso y aquella fecha en que compareció a recibir notificación, lapso que descontando de los 125 ya subrayados suministra un término de 119 días. Lo que significa que la presentación de la demanda sí tuvo la virtud de interrumpir civilmente el fenómeno prescriptivo (fls. 120 a 122).

31. En la misma providencia, el Tribunal Superior de Bogotá dio plena credibilidad tanto al recibo de pago librado el 2 de septiembre de 1995 que fue aportado por la parte ejecutante como prueba de la interrupción de la prescripción por el ejecutado, como a los testimonios rendidos dentro del proceso que respaldaban dicho aserto. En esa fecha, según el tribunal —Sala Civil—, “… es evidente que se presentó una interrupción natural del período prescriptivo (C.C., art. 2539) al reconocer el deudor la obligación expresamente con el abono que efectuara a los que el capital de forma tal representado, producía” (fl. 126). Y agrega el fallador civil de segunda instancia que la demora en la notificación del mandamiento ejecutivo al ejecutado fue debida, además de la conducta elusiva desplegada por el señor Pedro Manuel Cely Sánchez, también a la negligencia del funcionario notificador al realizar las gestiones necesarias para poner al ejecutado al tanto de la demanda (fl. 128).

32. El magistrado Edgar Carlos Sanabria Melo se apartó de la decisión mayoritariamente adoptada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá (fls. 127 a 142), y basó su postura en que el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil dispone que los términos referidos en dicha norma sólo se interrumpen cuando se trate de peticiones relacionadas con el término dentro del cual debe llevarse a cabo la notificación del mandamiento ejecutivo, y cuando se trate de peticiones que deban ser urgentemente resueltas. Dice que tales condiciones no se cumplieron con las interrupciones del término prescriptivo declaradas en la sentencia de la cual se aparta, y que lo correcto hubiera sido declarar la extinción de la obligación civil que prendía ejecutarse, tal como lo hizo el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá en la sentencia apelada. Agrega que el abono de $ 200 000 que encontró probado el tribunal, no fue debidamente acreditado dentro del proceso y que, por lo tanto, no debería haberse entendido que el término de prescripción había sido interrumpido por el ejecutado.

33. El entonces magistrado del tribunal César Julio Valencia Copete, por su parte aclaró su voto manifestando que el término establecido por el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil no puede ser computado con laxitud cuando, como en el caso de autos, es el demandante quien actúa con negligencia al no presentar la demanda en forma oportuna y al no precisar en debida forma la el sitio exacto en el que debía llevarse a cabo la notificación al demandado (fls. 143 y 144).

34. Contra la sentencia proferida el 15 de septiembre de 1997 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, D.C., no se interpuso recurso alguno y se encuentra ejecutoriada, de conformidad con el auto de obedézcase cúmplase que en relación con esa providencia profirió el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., y atendiendo a la certificación que fue expedida por ese despacho judicial(20).

3. Problema jurídico.

35. Procede la Sala a determinar si en el presente caso se estructura responsabilidad administrativa en cabeza de la entidad demandada —La Nación, rama judicial del poder público—, como consecuencia del error judicial que supuestamente fue cometido por el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Civil—, cuando profirió la sentencia del 15 de septiembre de 1997 dentro del proceso ejecutivo que en aquella oportunidad fue adelantado contra el hoy demandante en reparación directa —señor Pedro Manuel Cely Sánchez—. Para tal efecto, será necesario dar solución a los siguientes cuestionamientos:

35.1. En primer lugar, tendrá que establecerse si en el presente caso están demostrados los elementos de la responsabilidad a cargo del estado, como son el daño, el hecho causante del mismo y el nexo de causalidad entre ambos. Luego deberá examinarse la jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada con la estructuración de responsabilidad a cargo del Estado por virtud del título de imputación definido en la ley como error judicial.

35.2. Fijados los anteriores parámetros, estos deberán aplicarse al caso concreto con el propósito de verificar si en el mismo se cumplen los requisitos necesarios para que sea procedente la indemnización de los daños causados con ocasión del supuesto error judicial predicado respecto de la decisión asumida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

4. Análisis de la Sala.

36. En relación con los elementos que determinan la eventual existencia de responsabilidad por los daños supuestamente sufridos por el señor Pedro Manuel Cely Sánchez —el daño, el hecho dañoso, y el nexo causal entre ambos—, resulta pertinente hacer las siguientes consideraciones:

36.1. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora. Es decir, está debidamente acreditado que el señor Pedro Manuel Cely Sánchez fue quien libró los cheques números 8829698, 95011816, 8829697 y 8829696, en virtud de lo cual fue civilmente ejecutado por la decisión asumida en la sentencia del 15 de septiembre de 1997. Se demostró igualmente que debido a dicha sentencia, el hoy demandante en reparación se vio obligado a pagar la suma dineraria que era respaldada con los títulos valores objeto de la ejecución, correspondiente a las condenas económicas que le fueron impuestas por el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Civil— en la aludida sentencia.

36.2. En el mismo sentido, el que es alegado como hecho dañoso también quedó demostrado con las pruebas allegadas al presente proceso, comoquiera que se anexó copia auténtica de la totalidad del expediente correspondiente al cuaderno principal del trámite del proceso ejecutivo adelantado por Alfonso Neira Bonilla, a través de apoderada, contra el señor Pedro Manuel Cely Sánchez. Allí reposan copias auténticas tanto de la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, por medio de la cual se absolvió al ejecutado de toda deuda por prescripción de la obligación ejecutada, como de la sentencia respecto de la cual se predica el error judicial —sentencia del 15 de septiembre de 1997—, proferida en sede de apelación por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en la que se ordenó proseguir con la ejecución de la obligación dineraria en contra del hoy demandante en reparación directa.

36.3. Finalmente, en lo relacionado con el nexo causal, para la Sala es claro que los daños alegados por el demandante no hubieran podido ocurrir de no haberse asumido las decisiones que fueron tomadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Civil—, en la sentencia del 15 de septiembre de 1997, pues fue por virtud de dicha decisión que el señor Pedro Manuel Cely Sánchez se vio obligado a cancelar a la parte ejecutante, la suma de dinero que ahora se está alegando como el daño que sería reparado por virtud de la eventual prosperidad de las pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa que ahora concita la atención de la Sala.

36.4. En ese orden de ideas, la Sala considera que están demostrados los elementos básicos para estructurar responsabilidad, esto es, el hecho dañoso, el daño padecido, y el nexo de causalidad entre ambos.

37. Se observa, sin embargo, que no es suficiente la demostración de los elementos antes aludidos como para que se concluya que existe derecho a indemnización a favor del hoy demandante en reparación directa, pues es necesario acreditar que dichos elementos hayan tenido lugar como consecuencia de alguno de los títulos de imputación que consagró la Ley 270 de 1996 para que pueda imputarse responsabilidad a cargo del Estado, por daños causados por la prestación del servicio de administración de justicia, título que para el caso concreto es el de error jurisdiccional.

38. Por ello, procede la Sala a reiterar los criterios jurisprudenciales que han definido ese título de imputación, a partir de los cuales se han establecido los requisitos para su aplicación y, posteriormente, se definirá si el caso que ahora se analiza reúne las condiciones necesarias como para que se estructure responsabilidad a cargo del Estado, por el presunto error cometido en la varias veces mencionada sentencia del 15 de septiembre de 1997, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

38.1. En relación con el título de imputación de error judicial, la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— lo reguló como pasa a explicarse.

38.1.1. En su artículo 65, el legislador estatutario consagró el error jurisdiccional como uno de los títulos de imputación que pueden generar responsabilidad a cargo del Estado, por daños causados con ocasión de la prestación del servicio de administración de justicia:

ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad (se subraya).

38.1.2. En el artículo 66 ibídem, el error judicial quedó definido como el “cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. Los presupuestos que deben estar presentes en determinado caso para que pueda predicarse la existencia de un error jurisdiccional, quedaron precisados en el artículo 67 de la ley que se viene citando, en los siguientes términos:

ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto todos los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva del error deberá estar en firme.

38.2. En interpretación de las normas antes citadas, la Sala ha dejado precisados los siguientes parámetros o requisitos para que se entienda configurado el error jurisdiccional, que a su vez son los rasgos definitorios de dicho título de imputación, relevantes para el caso concreto, así:

38.2.1. Es necesario que el error haya sido cometido por un funcionario u órgano investido de funciones jurisdiccionales(21).

38.2.2. Se requiere que el error jurisdiccional quede plasmado en una providencia que tenga incidencia sobre los derechos que se discuten en el trámite del que se predica la equivocación(22).

38.2.3. Es indispensable que la providencia que dio origen al error haya dado término —en forma normal o anormal— al trámite ordinario del procedimiento en el cual se cometió aquél(23), y que respecto de dicha providencia se hayan ejercido todos los recursos ordinarios que contra la determinación equivocada procedían, de manera tal que la providencia errada se encuentre ejecutoriada y haya hecho tránsito a cosa juzgada. Frente a esto último, en la sentencia del 27 de abril de 2006, se dejó precisado por la Sala:

a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aún cuando una decisión judicial resulte equivocada, si esta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional (…)(24).

38.2.4. El error judicial debe estar fincado en las labores hermenéuticas hechas por el juez en la solución del caso sometido a su consideración, bien sea por el entendimiento que construye respecto de los hechos —error de hecho—; o por la forma en que el fallador interpreta los supuestos normativos que pretende aplicar —error de derecho por indebida interpretación—; o bien porque aplica dichos supuestos a circunstancias de hecho que no se subsumen dentro de la norma —error de derecho por aplicación indebida—. En este último supuesto, el error también se presenta cuando el fallador deja de aplicar las normas subsumibles en los hechos materia de decisión —error de derecho por falta de aplicación de la norma—(25). Se advierte que no es necesario que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional, identifique en su demanda el tipo de error cometido en los términos anteriormente enunciados, ni que demuestre que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo(26), pero para quien juzga la acción indemnizatoria resulta útil identificar el tipo de error cometido en la providencia de la cual se predica el error para facilitar la labor de verificación sobre el mismo y, en los casos en los que se discute dentro del proceso contencioso la responsabilidad individual del agente por virtud de su llamamiento en garantía, resulta útil determinar si el funcionario actuó con dolo o culpa para efectos de establecer si es posible repetir patrimonialmente en su contra.

39. Fijados los anteriores parámetros, y aplicados al caso concreto, se tiene que el estado de cumplimiento de los mismos es el que se estudia en lo subsiguiente:

39.1. En primer lugar, no se discute en el presente caso que la providencia de la cual se predica el error fue expedida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que corresponden a ese órgano judicial.

39.2. En segundo orden, para la Sala es claro que el error que el demandante predica de la sentencia del 15 de septiembre de 1997 tiene una indiscutible incidencia respecto de los derechos que se estaban discutiendo en el proceso ejecutivo promovido en contra del hoy demandante en reparación —señor Pedro Manuel Cely Sánchez—, toda vez que se trató de una decisión en la que se ordenó proseguir con la ejecución de la obligación cambiaria que en contra de él pesaba como librador de unos cheques.

39.3. En tercer lugar, la Sala observa que el error judicial que se predica en la acción de reparación directa de la referencia, fue supuestamente cometido en una providencia que puso fin al proceso, comoquiera que se trató de una sentencia de segunda instancia emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro de un proceso en el que, por virtud de su naturaleza, no era procedente el recurso de casación(27). Igualmente, es claro que la sentencia del 15 de septiembre de 1997 se encuentra ejecutoriada, de conformidad con el auto de obedézcase y cúmplase que respecto de la misma expidió el inferior jerárquico —el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá—, y teniendo en cuenta la certificación expedida por este despacho.

39.4. Finalmente, el error que la parte demandante le endilga a la sentencia del 15 de septiembre de 1997, está relacionado, por un lado, con la forma en que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá interpretó las normas que aplicó para resolver el proceso ejecutivo promovido contra el hoy accionante en reparación —error de derecho por indebida interpretación—; y, por otra parte, se trata de un error que tiene que ver con la forma en que el juzgador civil entendió configurados los supuestos fácticos que debían ser resueltos en sede de apelación —error de hecho—.

39.5. Lo procedente, entonces, es analizar si los errores que se predican de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, se encuentran demostrados, verificación de la cual depende la prosperidad o no de las pretensiones consignadas en la demanda de reparación directa que hoy concita la atención de la Sala.

39.5.1. En cuanto al error de derecho que el demandante predica de la sentencia del 15 de septiembre de 1997, se hace consistir en que el tribunal no tuvo en cuenta que las pruebas con base en las cuales se declaró interrumpido el término de prescripción, fueron allegadas en una oportunidad no indicada para tal efecto en el Decreto 2651 de 1991(28). Al respecto sostiene que la “aplicación indebida del parágrafo tercero del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 9º del Decreto 2651 de 1991, por parte del a quo y el ad quem, al permitir la incorporación de pruebas por fuera de las oportunidades procesales previstas para el proceso ejecutivo (…)// … cuando lo que autoriza la norma en cuestión es la modificación de las pedidas inicialmente…”, errores que a su juicio condujeron a una violación —por falta de aplicación— de los artículos 174 y 183 del Código de Procedimiento Civil pues, según el demandante en reparación, se admitieron pruebas que no fueron allegadas en la etapa procesal oportuna.

39.5.1.1. Al respecto, la Sala observa que ese asunto fue ventilado por la parte ejecutada en el trámite de la segunda instancia, cuando en el momento de rendir alegatos de conclusión manifestó:

Considero también de vital importancia resaltar que el hecho de que las pruebas a las que se ha hecho referencia, encaminadas a demostrar la supuesta interrupción de la prescripción, fueron aportadas extemporáneamente al proceso y que por tal motivo ni siquiera debieron ser apreciadas por el a quo. En efecto tales pruebas fueron aportadas con posterioridad a la audiencia de conciliación cuando ya estaba precluida la oportunidad para presentarlas, valiéndose (SIC) para ello de la disposición contenida en el inciso final del parágrafo tercero del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 9º del Decreto 2651 de 191, sin tener en cuenta que dicho precepto… únicamente es aplicable a los procesos ordinarios y abreviados, que no es precisamente el caso que nos ocupa(29).

39.5.1.2. El parágrafo 3º del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, que fue modificado por el Decreto 2651 de 1991 —artículo 9º—, dispuso que, una vez terminada la audiencia de que trata aquélla norma, las partes contaban con tres días para “modificar las solicitudes de pruebas contenidas en la demanda, en la contestación o en cualquier otro escrito que de acuerdo con la ley pueda contenerlas”.

39.5.1.3. Frente al precepto antes citado, la tesis del demandante es que la parte ejecutante habría podido modificar las pruebas ya pedidas en el escrito de la demanda, pero no solicitar nuevas pruebas o allegar documentos que no habían sido allegados, interpretación que, a juicio de la Sala, no es la única que surge del texto normativo que acaba de transcribirse. En efecto, igualmente válida es la apreciación que de dicha norma hiciera el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá cuando resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutada contra el auto del 29 de abril de 1996 —ver infra, párrafo 24—, según la cual le era dable a la parte ejecutante modificar las solicitudes de pruebas que se habían hecho en la demanda, con la inclusión de nuevas pruebas que antes no habían sido solicitadas, interpretación que, tal como se ve, está más acorde con el tenor literal de la norma sobre la cual gira la discusión, pues la misma no prohíbe expresamente la solicitud o la inclusión de nuevas pruebas.

39.5.1.4. De manera que, si se tiene en cuenta que el error de derecho que el hoy demandante en reparación endilga al Tribunal Superior de Bogotá está radicado en la interpretación de una norma que, razonablemente, permite más de una interpretación, se observa que la equivocación referida, en caso de haberse presentado, no puede calificarse como un error judicial en los términos en que el mismo fue definido por la Ley 270 de 1996, comoquiera que no puede afirmarse en forma inequívoca que la providencia es “contraria a la ley”, lo que es uno de los presupuestos que exige el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 para la configuración del título de imputación del error jurisdiccional.

39.5.1.5. En todo caso, se advierte que la interpretación que el demandante considera que es equivocada, la hicieron los órganos que integran la jurisdicción civil en ejercicio de las funciones que les son asignadas como derivación especializada de la rama jurisdiccional, razón por la cual no le es dable a la jurisdicción de lo contencioso administrativo entrar a discutir esa interpretación, so pretexto del análisis de la acción indemnizatoria presentada por quien resultó derrotado al término del procedimiento adelantado por la jurisdicción ordinaria civil.

39.5.1.6. Igualmente, la Sala observa que en la sentencia del 15 de septiembre de 1997 no se hizo un pronunciamiento expreso en relación con los argumentos expresados por la parte ejecutada en relación con el asunto que se viene debatiendo, razón por la cual no sería posible afirmar que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá cometió un error respecto de un tema sobre el que no tuvo oportunidad de pronunciarse. En este punto se enfatiza que quien habría cometido el error en relación con la admisión de las pruebas cuya apreciación lamenta el señor Pedro Manuel Cely Sánchez, es el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, en el auto del 29 de abril de 1996, y no en la sentencia del 13 de septiembre de 1997, por manera que resultarían insubsistentes las afirmaciones vertidas en la demanda respecto del supuesto error cometido por el juzgador civil de segunda instancia en la mencionada providencia.

39.5.2. De otro lado, en lo que tiene que ver con el supuesto error de hecho que habría sido cometido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en su sentencia, el demandante considera que esa autoridad judicial realizó “…erradamente el conteo de los días de inactividad para el actor, traducidos en las entradas del expediente a despacho y en el término transcurrido entre la fijación del aviso de notificación y la comparecencia del demandado a hacerse parte en el proceso. Nótese cómo se contaron los días 14 y 15 de diciembre de 1995 por la entrada del cuaderno dos a despacho, y se vuelven a contar en los días transcurridos entre la fijación del aviso, (dic. 7/95), y la comparecencia del demandado al proceso, (dic. 18). Aquí existe un error de tres días que corresponden al 14 y 15 de diciembre, (contados dos veces para el mismo objeto), y el día 18 de diciembre que no podía tomarse como de inactividad para el demandante porque precisamente ese día se notifica al demandado y por lo tanto no fue sumado en el cálculo inicial del primer párrafo del folio 14, según el cual transcurrieron 153 días entre la notificación del auto de mandamiento de pago al actor y la notificación del mismo al demandado. Si aquí no es sumado, mal puede ser restado en el cálculo efectuado en los párrafos segundo y tercero del folio 16 de la sentencia de segunda instancia…” (fl. 5, cdno. 1).

39.5.3. Como se observa, el error de hecho al que alude el demandante está referido, principalmente, a que el tribunal —Sala Civil— no se percató de que la inactividad del demandante no permitió la interrupción de la prescripción, lo que se debió a su vez a la forma en que el juzgador civil de segunda instancia efectuó el cálculo de los días 14 y 15 de diciembre de 1995, los cuales, según considera, fueron computados dos veces para efectos de determinar si la prescripción se había configurado en el caso al que se ha venido aludiendo.

39.5.4. Al revisar la copia auténtica del proceso ejecutivo que reposa en el expediente, la Sala advierte que su cuaderno principal entró al despacho el día 7 de diciembre de 1995 (fl. 19), pero no consta en las copias si el proceso permaneció en el despacho del Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá los días 14 y 15 de diciembre de 1995. Del mismo modo, de las diferentes pruebas allegadas al presente plenario, se puede deducir que en el proceso ejecutivo se practicaron medidas cautelares las que, de acuerdo con el inciso 4º del artículo 513 del Código de Procedimiento Civil(30), debían tramitarse en un cuaderno separado. La copia auténtica de dicho cuaderno no fue allegada al presente trámite, razón por la cual no es posible determinar las fechas en las cuales el mismo permaneció al despacho, verificación que es indispensable a efectos de establecer si las afirmaciones del demandante, en relación con el supuesto error de hecho cometido por el juzgado de primera instancia en lo civil, son ciertas.

39.5.5. A este respecto, se observa que si el error en el conteo de los términos es alegado por la parte actora, a ella le correspondía la carga de demostrar los supuestos que daban lugar a la configuración del error, carga que en el presente caso no fue cumplida comoquiera que, se reitera, con las copias que reposan en el proceso no es posible determinar a ciencia cierta si el expediente permaneció al despacho del juzgado civil los días 14 y 15 de diciembre de 1995, máxime cuando al presente trámite no se allegó copia auténtica del cuaderno de medidas cautelares conformado en el proceso ejecutivo adelantado en contra del hoy demandante en reparación.

39.5.6. Ahora bien, al revisar la argumentación expresada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá cuando realizó los conteos del término de prescripción de la acción cambiaria, no se observa en dichos párrafos que en el cómputo se hubieran mencionado dos veces los días 14 y 15 de diciembre de 1995, como lo afirma el demandante, razón por la cual la Sala estima que no es acertada su afirmación en este sentido.

39.5.7. En todo caso, la Sala advierte que la forma en que el Tribunal Superior de Bogotá llevó a cabo el conteo de los términos en que el proceso permaneció en el despacho con suspensión de los términos para efectos de la prescripción, no fue la razón que llevó al mencionado tribunal a concluir que la obligación ejecutada no estaba prescrita, sino que lo que consideró el juzgador civil fue que dichos términos no podían ser computados favoreciendo el comportamiento evasivo y negligente de la parte demandada, respecto de la cual, según el tribunal, está demostrado que realizó una serie de maniobras dilatorias claramente encaminadas a que se cumpliera el término prescriptivo, lo que a juicio de la Sala Civil del tribunal constituyó una clara falta contra el principio de lealtad procesal, apreciación que en este punto comparte la Sala.

39.5.8. De modo que si el error que supuestamente cometió el juzgador civil de segunda instancia no tuvo relevancia sobre la forma en que se causaron los daños al hoy demandante en reparación, entonces debe decirse que la equivocación alegada en la demanda no cumple con los supuestos que debe reunir el caso para encuadrarse dentro del título de imputación definido en la Ley 270 de 1996 —artículos 66 y 67—, pues no fue trascendente para la causación del daño que en el presente proceso alega la parte demandante.

40. En conclusión, la Sala considera que no están presentes los presupuestos necesarios para que se pueda declarar responsabilidad a cargo de la Rama Judicial por los daños alegados en la demanda de reparación directa, en razón a que no se cumplen los requisitos para la existencia del título de imputación de error jurisdiccional que predica el demandante. Como la sentencia apelada fue proferida en el sentido de denegar las súplicas de la demanda, entonces la misma será confirmada en segunda instancia por la Sala.

6(Sic). Costas.

41. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFÍRMASE la sentencia del 1º de junio de 2000 proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones vertidas en el presente proveído.

SEGUNDO. En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(4) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(5) Copia autenticada de los cheques es visible a folios 12 a 15 del cuaderno 2 de pruebas.

(6) Copia auténtica de la demanda fue anexada a folios 17 a 20 del cuaderno 2 de pruebas.

(7) Copia autenticada del acta de reparto de la demanda es visible a folio 21 del cuaderno 2 de pruebas.

(8) Así consta en el “Informe de diligencia de notificación” visible a folio 24 del cuaderno 2 del proceso.

(9) Copia auténtica del auto proferido el 18 de septiembre de 1995, es visible al respaldo del folio 25 del cuaderno 2 de pruebas.

(10) Visible al respaldo del folio 26.

(11) Folio 27 y vuelto, ibídem.

(12) Folio 28.

(13) El acta de notificación reposa a folio 32 del cuaderno 2 de pruebas.

(14) Folio 33 ibídem.

(15) Folios 35 a 39 del cuaderno 2 de pruebas. Aunque no es legible la fecha de presentación del memorial, en el informe secretarial que data la entrada del mismo al despacho, se hace constar que el escrito fue presentado en tiempo.

(16) El acta de la audiencia reposa a folio 47 del cuaderno 2 de pruebas.

(17) Folio 49, ibídem.

(18) Folio 86, ibídem.

(19) Mediante oficio del 21 de abril de 1997 (fl. 107, cdno. 2 de pbas.).

(20) El auto de obedézcase y cúmplase consta en copia auténtica a folio 150 del cuaderno 2 de pruebas. En el anverso de dicho folio consta la certificación a la que se ha hecho referencia. En ésta también de certifica que las copias del proceso ejecutivo que se allegaron en el cuaderno 2 de pruebas de este proceso, están autenticadas.

(21) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2007, expediente 15.528, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(22) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, expediente 16.594 (rad. 25000-23-31-000-1995-01599-01), C.P. Mauricio Fajardo Gómez, actor: Svetla Petkova de Morales. Demandado: Nación - Ministerio de Justicia - Consejo Superior de la Judicatura. En esta providencia, al hacer una distinción entre el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, dijo la Sala: “En ese orden de ideas, se ha sostenido que se está en presencia del primero de los títulos de imputación mencionados —se refiere al error jurisdiccional— tratándose de falencias en las que se incurre en providencias judiciales por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, en cuanto que habría de reconocerse la operatividad del segundo —se refiere al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia—, en aquellos supuestos en los cuales la responsabilidad se deriva de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias de los jueces”.

(23) Sentencia del 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Allí se dijo: “… la Sala precisa que el error judicial siempre está contenido en una providencia judicial, por medio de la cual se pone fin, en forma normal o anormal al proceso, por esta razón el yerro sólo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial. Su configuración se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso. En efecto, no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues solo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental”.

(24) Expediente 14.837. La citada providencia está referida en la sentencia del 23 de abril de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Radicación 73001-23-31-000-1997-05031-01(16.271), actor: Sociedad Hernando Ospina Cardona y Cía., Micro-Viales y otros. Demandado: Ministerio del Interior y de Justicia y otro. La regla que aquí se comenta surge de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, de acuerdo con el cual existe “culpa exclusiva de la víctima” cuando ésta no interpone los “recursos de ley” contra la providencia que considera equivocada.

(25) Al respecto, en la sentencia del 14 de agosto de 1997, expediente 13.258, C.P. Ricardo Hoyos Duque, se dijo por la Sala: “… el error judicial también incluye el error de hecho en el cual puede incurrir al no considerar un hecho debidamente probado o al no promover la realización de las pruebas conducentes para determinar el hecho que daría lugar a la aplicación del derecho. En efecto, lo que podríamos llamar la intuición jurídica, la intuición de los que es justo y ajustado a derecho, nos señala en este caso que el error judicial procede no solamente por inadecuada aplicación del derecho, sino también porque se ha impuesto una decisión judicial que se ha basado en un hecho que posteriormente se ha demostrado que es falso, o porque posteriormente se ha logrado probar un hecho que da lugar a la absolución de responsabilidad de quien resultó afectado por una decisión judicial errada”. En el mismo sentido, puede consultarse la sentencia del 28 de enero de 1999, expediente 14.399, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(26) Del mismo modo, es posible que la decisión de la cual se predica el error constituya una vía de hecho en los términos en que ha sido definida por la Corte Constitucional, pero ello no siempre ocurre. En este sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos de la Sala: sentencia del 28 de enero de 1999, expediente 14.399, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.576, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(27) Se anota en este punto que la casación no es procedente en los procesos ejecutivos, pues ese tipo de trámite no se subsume en ninguna de las hipótesis de procedencia del mencionado recurso consagradas en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, el proceso ejecutivo es un juicio especial en el que el auto que ordena proseguir con la ejecución de la obligación no tiene, en estricto sentido, la naturaleza de una sentencia, pues es una providencia que se limita evaluar el mérito de las excepciones, y en ella no se discute la validez de los derechos que se pretenden ejecutar, siempre y cuando esté demostrada la existencia del título ejecutivo.

(28) “Por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales”. El artículo 9º del Decreto 2651 de 1991 fue convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

(29) Ver folio 113 del cuaderno 2 de pruebas.

(30) “La solicitud de embargo se formulará en escrito separado, y con ella se formará cuaderno especial”.