Sentencia 1998-02416 de marzo 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Expediente: 29.761

Rad.: 05001233100019980241601

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Orlando Vargas Sánchez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Asunto: acción de reparación directa

Bogotá, D.C, veintiséis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, contra la sentencia del 5 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en un proceso con vocación de doble instancia(2).

2. Previo a decidir, es necesario advertir que se valorará y tendrá en cuenta la copia auténtica del proceso administrativo por lesiones personales adelantado por la Policía Nacional contra Orlando Vargas Sánchez, en atención a que se llevó a cabo por la entidad demandada, por lo que se entiende que las pruebas se han surtido con su audiencia(3).

3. A partir del material probatorio allegado al proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

3.1. El 31 de agosto de 1996, en el municipio de Angelópolis, Antioquia, el Agente de la Policía Nacional, Orlando Vargas Sánchez, resultó lesionado con arma de fuego cuando un compañero accionó su arma de dotación oficial. Sobre este aspecto, obra constancia suscrita por el comandante de Policía de la Estación de Angelópolis, en la que se consignó:

“El agente Vargas Sánchez Orlando, con C.C. 2’954.796 primer (1er) turno de vigilancia, con armamento y prendas de dotación oficial y alrededores del Comando por la calle Bolívar, donde recibió un impacto de arma de fuego Carabina Americana M-1, de parte del señor: AG: Rosero Chaves Pablo Emilio, el cual pensó que era un guerrillero o un delincuente que lo tenía amenazado de muerte y este al encontrarse con el AG: Vargas Sánchez Orlando, disparó su arma de dotación oficial propinándole un disparo en la mano izquierda con orificio de salida y entrándole un disparo en la mano izquierda con orificio de salida y entrando al abdomen con orificio de salida en la espalda lado derecho...” —fl. 38, cdno. 1—.

3.2. Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, obra copia de la minuta de guardia de la Estación de Policía de Angelópolis, Antioquia, de la que es importante destacar:

“300896 01:10 Novedad a esta hora deja constancia que en la zona urbana de este municipio en la calle Bolívar, con arma de fuego, dotación oficial carabina M-1 2066547 fue lesionado el señor AG: Vargas Sánchez Orlando, 31 años, casado, hijo de Luis y Secilia (sic), natural Anolaima Cundinamarca y residente en Angelópolis, agente ascrito (sic) estación, bachiller, C.C. 2’954.796 de Anolaima, quien presenta un impacto en el abdomen con orificio de salida en la espalda, fue atendido en el Hospital local de Angelópolis; remitido minutos después al municipio de Caldas, Ant., y se encontraba de servicio de centinela primer turno de las instalaciones del comando, dicho impacto se le propinó al señor AG Rosero Chaves Pablo Emilio, 35 años, casado, hijo de Carlos y blanca (sic), natural de Yacuanquier, Nariño y reside en Angelópolis, agente ascrito (sic) a esta estación; con cédula 12’970.837 de Pasto, Nariño, quien había entregado servicio de información cuarto turno y según manifiesta el señor agente Rosero el agente Vargas salió asustarlo y de inmediato le informé la anterior novedad al señor Comandante de la estación de policía...” resalta de la Sala —fls. 108 y 109, cdno. 1—

“(...) En zona urbana calle Bolívar este Municipio a esta hora con arma de fuego de dotación oficial carabina M-1 P. 30 2066547, fue lesionado el señor AG. Vargas Sánchez Orlando, 31 años, casado, hijo de Luis y Secilia (sic), natural de Angelópolis, agente adscrito estación, undécimo grado de bachillerato, C.C. 2954796 de Anolaima, quien presenta un impacto en el abdomen con orifisio (sic) de salida en la espalda quien fue atendido hospital local de Angelópolis y remitido al municipio de la Caldas, Ant y se encontraba de servicio de centinela primer turno de las instalaciones del comando, el cual imprudentemente asustó al AG. Rosero Chaves Pablo Emilio, 35 años, casado, hijo de Carlos y Blanca, natural de Yacuanquier, Nariño y residente en Angelópolis, agente ascrito (sic) misma estación, 9 grado de bto., C.C. 12’970.837 de Pasto, Nariño y quien había entregado servicio de información cuarto turno, el cual le propinó dicho impacto cuando pasaba por mensionada (sic) calle...” —fls. 110 y 111, cdno. 1—.

Asimismo, en el informe novedad del 4 de septiembre de 1996, se consignó:

“Respetuosamente y por medio de la presente me permito informar a mi coronel, que el día sábado 310896, a eso de las 01:10 horas, fue herida con arma de fuego (carabina Americana M-1, punto 30), el AG Vargas Sánchez Orlando, adscrito a la Estación de Policía de Angelópolis.

“El antes mencionado se encontraba realizando primer turno de servicio como centinela, como consta en la minuta de guardia folio 107, y quien imprudentemente asustó al señor AG. Rosero Chaves Pablo Emilio, saliéndole al paso al Agente antes mencionado, en la calle Bolívar Número 9 a una cuadra del comando y fue cuando el AG. Rosero, quien se encontraba realizando un patrullaje en los alrededores del Comando, le disparó al entes mencionado con la carabina de dotación oficial 2066547, ocasionándoles una herida en el tercio vital del antebrazo izquierdo la cual entró por el abdomen con orifico de salida en el hipocondrio derecho.

“El lesionado fue atendido hospital (sic) local de la Misericordia, por el DR. Gabriel Gómez y remitido al municipio de Caldas.

“Es de anotar que el AG. Rosero, había entregado cuarto turno (4º) de información quien salió como de costumbre a dar una vuelta de reconocimiento a los alrededores del comando. Le informo a mi coronel, según manifiesta el AG. Rosero, él pensaba que era la guerrilla ya que había dejado al comandante de guardia y al centinela en las instalaciones del comando...” —fl. 29, cdno. 1—.

3.3. A folio 30 del cuaderno 1, obra la calificación del informe administrativo por lesiones personales, del 26 de septiembre de 1996, en la que se estableció:

“Hechos:

“Sucedidos en la Estación Angelópolis (Antioquia), el 31 de agosto de 1996 a eso de las 01:10 horas, cuando el AG. Rosero Chaves Pablo Emilio, después de prestar el cuarto turno de información, salió a dar una vuelta de reconocimiento alrededor de las instalaciones policiales y el AG Orlando Vargas Sánchez, quien se encontraba realizando primer turno de centinela de manera imprudente lo asusta saliéndole al paso y el primero le disparó con la carabina M-1 punto 30 de dotación oficial, ocasionándole lesión en el antebrazo izquierdo, penetrando en el abdomen con orificio de salida por el hipocondrio derecho, recibiendo atención médica en el hospital local y luego remitiendo al hospital del municipio de Caldas, según el informe suscrito por el señor CT. Evelio Montaña Perdomo comandante del Décimo Tercer Distrito Fredonia.

“De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el suscrito Coronel comandante del Departamento de Policía, Antioquia, emite la siguiente:

“Calificación:

“Que la lesión que sufrió el AG. Orlando Vargas Sánchez, tuvo ocurrencia y se encuentra enmarcada dentro del contenido del Decreto 94 de 1989, en su artículo 35, literal a. es decir: en servicio, pero no por causa y razón del mismo, de conformidad con la norma antes descrita...”. Resaltado de la Sala —fl. 30, cdno. 1—.

Contra esta decisión, el AG. Vargas Sánchez Orlando interpuso recurso de reposición, con el fin de que le fuera modificada la calificación del informativo por lesiones personales. En decisión del 5 de diciembre de 1996, el director general de la Policía Nacional, resolvió el recurso y decidió:

“El agente en servicio activo Vargas Sánchez Orlando solicita a la Dirección General de la Policía Nacional, se modifique el concepto emitido en el informe administrativo por lesiones 243 del 26 de septiembre de 1996, por considerar que no se ajusta a la realidad de los hechos.

“Revisado el mencionado informe se establece que el día 31 de agosto de 1996 a las 01:10 horas, cuando el agente Vargas Sánchez Orlando se encontraba prestando primer turno de vigilancia en la estación Angelópolis (Antioquia), fue herido en forma accidental por su compañero agente Rosero Chaves Pablo Emilio, con carabina americana M-1, con orificio de entrada en la mano izquierda y de salida en la parte abdominal del mismo lado, al confundirlo con un guerrillero, debido a la oscuridad que se presentaba y al estado de alerta en que se mantenían por hallarse en zona de orden público.

“Los hechos antes narrados fueron calificados por el comandante del Departamento de Policía, Antioquia, como ocurridos según lo preceptuado en el artículo 35/ literal a) del Decreto 94 de 1989, es decir, en servicio pero no por causa y razón del mismo.

“Que analizadas cada una de las pruebas allegadas, entre otras las minutas de guardia y el informe suscrito por el SI. Héctor Hernán Sánchez Retrepo comandante de la Estación Angelópolis, en donde corrobora las versiones en el sentido de que efectivamente el peticionario se encontraba realizando primer turno de vigilancia con prendas y armamento de dotación oficial y que atribuye el accidente presentado, al estado de zozobra en que viven los policías en esa zona del país, la Dirección General de la Policía Nacional, modifica la calificación proferida por el comandante del Departamento de Policía Antioquia, y en su lugar dispone que los hechos ocurrieron en servicio por causa y razón del mismo, tal como lo dispone el artículo 35, literal b), del Decreto 94 de 1989...” —fl. 39, cdno. 1—.

3.4. En cuanto a la responsabilidad del AG. Pablo Emilio Rosero Chaves, quien disparó contra Orlando Vargas Sánchez, se tiene que la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación, con fundamento en el siguiente razonamiento:

(...) Ahora, una de las causales de justificación del hecho es la legítima defensa y esta tiene dentro de sus modalidades la llamada defensa subjetiva o putativa que más que una causal de justificación lo es de inculpabilidad por realización del hecho con la convicción errada e invencible de que el sujeto activo se encuentra amparado por una causal de justificación de acuerdo a lo establecido en el numeral tercero del artículo 40 del Código Penal, es decir por error en la apreciación del hecho que hizo que el procesado creyera objetivamente de que al momento de los hechos existía un atentado contra su integridad personal cuando la víctima le salió sorpresivamente a asustarlo, sin que tal atentado contra su integridad existiera en la vida real, pero por ser esta convicción errada y también invencible este error, es decir insalvable, pues el actor no estaba obligado, dadas las condiciones en que la actuación se presentaba, a verificar la realidad o no del ataque a su integridad, además de que no tenía otros medio de afrontarlo, por lo que la equivocación en que incurrió es amparada por la ley como causal de inculpabilidad y por ende exonerante de responsabilidad.

“Visto lo anterior tenemos que por falta del elemento de culpabilidad en el asunto en comento no se estructura plenamente la responsabilidad del procesado por lo que con base en lo establecido en el artículo 36 del código de Procedimiento Penal es dable prelucir la investigación...”. Resaltado de la Sala —fls. 182 y 183, cdno. 1—.

4. De acuerdo a los elementos probatorios relacionados, se encuentra establecido que el 31 de agosto de 1996, el Agente de la Policía Nacional, Orlando Vargas Sánchez, encontrándose en servicio, resultó lesionado como consecuencia de un disparo que le propinó un compañero con su arma de dotación oficial.

Ahora bien, del material probatorio analizado, se puede concluir que la herida causada al señor Vargas Sánchez fue como consecuencia de la reacción de uno de sus compañeros ante un comportamiento inusual del primero, que creó la concepción errada de estar recibiendo un ataque contra su vida. En efecto, lo que dan cuenta las pruebas relacionadas, es que el AG. Vargas encontrándose en servicio, procedió a asustar a uno de sus compañeros que había finalizado el servicio minutos antes, y este reaccionó de la forma conocida, pues consideró erradamente que se trataba de una amenaza contra su vida, haciendo uso de su arma de dotación.

En este orden de ideas, para la Sala, es claro que el policía actuó en lo que la doctrina a denominado legítima defensa putativa, pues este, creyó, erradamente, que estaba respondiendo a un ataque cierto y contundente de una persona armada, sin embargo, se trataba de un compañero de guarnición que realizaba una chanza impropia de un agente de seguridad en servicio.

En efecto, esta Sala ha discurrido de la siguiente forma, sobre el concepto de legítima defensa putativa, así:

“Por las razones expuestas anteriormente, no comparte esta Sala las conclusiones obtenidas en las providencias que acaban de citarse. En efecto, con fundamento en las pruebas practicadas dentro del proceso penal, resulta claro que la actuación del soldado fue arbitraria, y no había razón para considerar que su conducta estuvo determinada por un error invencible. No obstante, para efectos de precisar la injerencia que dichas conclusiones pueden tener respecto de la determinación de la responsabilidad del Estado, asunto que es objeto del presente proceso, es necesario advertir que en tales providencias se estableció que el soldado procesado no actuó amparado por la causal de justificación consistente en la legítima defensa, sino en la causal de inculpabilidad consagrada en el artículo 36, numeral 3º del Código Penal Militar vigente en el momento en que aquellas fueron expedidas, consistente en obrar con la convicción errada e invencible de que estaba amparado por dicha causal de justificación. Se trata de la denominada legítima defensa putativa, que, si bien permite considerar inculpable la conducta del autor del daño, no tiene la virtud de justificar su conducta, y para efectos de la responsabilidad patrimonial, no rompe el nexo de causalidad existente entre aquella y el daño ocasionado. Al respecto, estima la Sala equivocados los planteamientos expuestos por el Tribunal de Nariño, en el fallo apelado.

“... Cuando se presenta la legítima defensa putativa, no se configura un hecho de la víctima, que permita romper el nexo de causalidad, dado que, en realidad, esta no ha obrado de manera injusta, para vulnerar un derecho ajeno, dando lugar a la reacción legítima del autor del delito, sino que este ha obrado con el convencimiento errado e invencible de que ello era así.

“En estas condiciones, la Sala considera que se encuentra demostrada la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa, por el daño causado al señor José Tulio Timaná”(4).

La jurisprudencia citada permite aclarar que la causal de legítima defensa putativa(5), subjetiva o pensada, no da lugar a una exoneración de la demandada, como si lo es, efectivamente, la causal de justificación de la legítima defensa objetiva, pues su constatación acredita el actuar injusto de la víctima. Cosa distinta es lo que pasa con la declaración de la causal de inculpabilidad citada, pues es posible pensar que, el error invencible(6) en que incurrió el victimario puede provenir de diversas fuentes. En todo caso el error en la supuesta agresión, no debe ser el producto de una conducta culposa del agente o victimario; así lo ha entendido la doctrina penal más autorizada:

“El presunto agredido no debe ser el causante de la agresión que imagina, porque de lo contrario su repulsa sería ilegítima. Supongamos que “A”, sujeto pendenciero, Ha provocado groseramente a “B” en un ademán cuyo sentido es confundido por “A”, se levanta y toma el bastón, no para castigar al provocador sino para retirarse y evitar pendencias; pero “A”, creyendo ver una agresión en la actitud pacífica de “B” se abalanza sobre este, y lo golpea a su vez con el bastón. Cualquiera que haya sido la convicción de “A” acerca de la conducta de “B”, y por mucho que el ademán de este más se pareciera a un ataque que a un abandono del lugar, nunca ese error —aunque fuera esencial, decisivo e inculpable— podía justificar la repulsa de no mediar la provocación, en el ejemplo propuesto podría haber legítima defensa putativa, pero la presencia de la provocación impide afirmar su existencia, por la misma razón que en el caso no habría legítima defensa propiamente dicha.

“Analizados pues, los tres elementos constitutivos de la legítima defensa, debemos llegar a la conclusión de que el “único” de ellos que puede faltar, para que la defensa putativa tenga lugar, es el primero, es decir la agresión ilegítima. El error sobre su existencia, cuando es esencial, decisivo e inculpable, logra la causal de justificación que entraña la legítima defensa putativa”(7).

Es decir que la legítima defensa objetiva se presenta cuando se está frente a una agresión ilegítima, grave, actual e inminente, mientras que cuando falta alguno de dichos elementos, nos encontramos ante una legítima defensa putativa, lo que conlleva un error de conducta, al creer que se está protegiendo un derecho suyo o ajeno de una supuesta agresión, pero en realidad dicha agresión no es real, sino figurada.

Como en el presente caso, no se dio una agresión actual, grave e inminente ya que por la forma en que se desarrollaron los hechos, no se trataba de un posible ataque sino de un juego que no se ajustó al rol propio de un agente de seguridad del Estado, es por lo que se concluye, que en criterio de la Sala, el origen en la producción de los daños cuya indemnización se pretende fue la propia actuación de la víctima.

En efecto, si se observa con detenimiento la situación, es posible colegir que la única causa de la respuesta armada del agente de policía, fue el actuar de la víctima, quien de manera irreflexiva, abordó de forma imprudente a uno de sus compañeros, creando en aquel un error invencible de que se estaba defendiendo de un ataque real e inminente. Recuérdese que, la única forma para que el demandado pueda liberarse de responsabilidad, es que logre acreditar que fue el comportamiento del propio afectado el determinante y decisivo en la generación del daño; en efecto, esta corporación ha precisado en diferentes oportunidades, que:

“(...) no significa lo anterior que toda conducta de la víctima tenga la suficiente dimensión o entidad para excluir o enervar la imputación frente al presunto responsable; el comportamiento de aquella para poder operar como causal exonerativa de responsabilidad debe ostentar una magnitud, de tal forma que sea evidente que su comportamiento fue el que influyó, de manera decisiva, en la generación del daño.

“El principio de confianza conlleva implícito la tranquilidad que tienen las personas que integran la sociedad, de que el Estado prestará adecuadamente sus servicios públicos, por lo que, no cualquier tipo de participación de la víctima, en una actividad riesgosa, reviste la estatus necesario para excluir la responsabilidad de la administración.

“En síntesis, no se requiere para configurar la culpa exclusiva de la víctima que el presunto responsable acredite que la conducta de aquella fue imprevisible e irresistible, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño; incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una concausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su reparación”(8).

Lo anterior puede establecerse en el caso sub examine a partir de la observación detenida de los escasos medios probatorios allegados, con los que se demuestra que la causa única y determinante de las lesiones de Orlando Vargas Sánchez fue su actuar negligente e imprudente, pues incumplió con un deber propio del servicio, consistente en manejar cuidadosa y responsablemente su arma de dotación y de mantener una conducta digna del cargo que ejercía. Es indudable que los miembros de la fuerza pública, en razón a su condición y por el servicio que prestan, tienen una obligación esencial de manejar sus armas conforme a las indicaciones establecidas en el manual de seguridad y el decálogo de armas, por lo que resulta lógico concluir que, en el caso concreto, se presentó, respecto de este, una acción a propio riesgo. En relación con esta figura, la doctrina tiene por establecido:

“Dentro de este genérico concepto se agrupan todos aquellos casos en que un tercero favorece o crea una situación en la cual el titular del bien jurídico realiza una acción peligrosa para sus propios bienes. El riesgo solo se concreta por una conducta de intermediación de la propia víctima. El punto de discusión está en determinar si el comportamiento de quien se arriesga a sí mismo convierte la conducta del tercero en un riesgo jurídicamente permitido...

“Bajo el genérico título de ‘acción a propio riesgo’ podemos agrupar las siguientes constelaciones: A. La participación en una autopuesta en peligro. B. El consentimiento en una autopuesta en peligro realizada por otro. C. Las acciones peligrosas de salvamento. D. La creación de una nueva realización de riesgo por parte de la víctima, al violar sus deberes de autoprotección”(9).

Igualmente, el tratadista Günther Jakobs ha indicado:

“... aquellos otros supuestos de hecho, en los que la víctima da con su propio comportamiento la razón para que la consecuencia lesiva le sea imputada a ella misma. Casos en los que, por lo tanto, no se trata de la modalidad de explicación ‘desgracia’, sino de la modalidad ‘lesión de un deber de autoprotección’ o incluso ‘voluntad propia’; las infracciones de los deberes de autoprotección y la voluntad se agrupan aquí bajo el rótulo ‘acción a propio peligro’...”(10).

Y el doctrinante Yesid Reyes Alvarado, al respecto señala:

“Tanto la conformidad como los consentimientos excluyentes de tipicidad y de antijuricidad tienen como esencial distintivo la presencia de una voluntad por parte del titular del bien, de manera que recurriendo a un símil podría decirse que la conformidad y el consentimiento suponen una ‘dolosa’ aceptación del daño. En contraposición, existen eventos en los que ese ‘dolo’ no existe, pero debido a un inconsciente y despreocupado trato con algunos bienes se producen daños no queridos; continuando con el símil podríamos decir, entonces, que en estas situaciones el daño es producto no del ‘dolo’ sino de la ‘imprudencia’ del titular del bien. Estas son las hipótesis que suelen denominarse ‘acciones de propio peligro’, las cuales relevan de responsabilidad al causante del daño...

“En las acciones de propio peligro es determinante la competencia que el titular del bien tiene respecto de la evitación de los daños, y no la simple reconocibilidad del peligro...

“De esta manera, quien dentro de su ámbito de competencia se expone a un peligro del cual pueden resultar para sí mismo consecuencias negativas asume íntegramente la responsabilidad por dichos efectos. Esa asunción de responsabilidad no desaparece por el solo hecho de que un tercero que participa en los hechos conozca mejor que el autor los peligros a los cuales se expone...el problema no se resuelve en favor o en contra de quien posea los mejores conocimientos, sino de quien tenga competencia; por eso quien no es competente para evitar un daño no tiene obligación de impedirlo aun cuando disponga de mejores conocimientos o capacidades para hacerlo...

“En las acciones de propio peligro lo determinante no es tampoco una genérica aplicación del principio de autorresponsabilidad o la simple consideración de la capacidad que cada individuo tiene para autodeterminarse, sino la determinación de la competencia, pues en cuando dicha competencia recaiga sobre el titular del bien, solo él será responsable de los daños que como consecuencia de su conducta se produzcan...”(11).

De lo transcrito se advierte que esta figura permite establecer, cuándo el daño es imputable única y exclusivamente a la propia víctima, quien con su actuación desconoce su deber de autoprotección y permite así la concreción del riesgo.

Así las cosas, si el daño se produce por el actuar determinante de la víctima, no hay lugar a dudas que esta asume el riesgo, y por lo tanto, no es posible imputar el daño a la administración pública.

En ese orden de ideas, el comportamiento de la víctima en el caso sub examine, en términos de la atribución fáctica y jurídica(12), es determinante, toda vez que el señor Vargas Sánchez como miembro activo de la institución policial, era consciente y capaz de reconocer los riesgos y peligros que se pueden causar por el inadecuado uso de las armas, y que voluntariamente, decidió asumirlo, cuando de forma imprudente accedió por la espalda a su compañero de armas, quien creyendo estar respondiendo a un ataque resultó lesionándolo, sin que este daño pueda imputársele a la entidad demandada. En efecto, la actitud del señor Vargas Sánchez, desconoció su deber de autoprotección y la concreción del riesgo es producto de su actuar.

Como corolario de lo anterior, la Sala confirmará la decisión apelada que negó las pretensiones de la demanda, pues de acuerdo a lo expuesto en líneas anteriores, se insiste, el comportamiento de la víctima fue determinante en la producción del daño, de allí que, en ese contexto, se presenta una clara ausencia de imputación, toda vez que el daño no es atribuible a conducta alguna de la administración pública.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 5 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

2. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) En la fecha de presentación de la demanda la cuantía establecida para que un proceso tuviere vocación de doble instancia era de $ 18’850.000 (1998), y la pretensión mayor individualmente considerada corresponde a los perjuicios materiales deprecados por el afectado directo, equivalentes a $ 265’200.000, y por ser esta suma superior a la primera, la corporación es competente para decidir el recurso de apelación.

(3) Sobre este tópico, en sentencia del 19 de septiembre de 2002, en el proceso con radicado 13.399, la Sección Tercera del Consejo de Estado, señaló: “Los testimonios antes citados hacen parte de la respectiva investigación disciplinaria que, si bien no fueron ratificados en el presente proceso contencioso administrativo, sí pueden ser válidamente considerados en este, por cuanto se trata medios de prueba que hacen parte de la investigación adelantada por la propia entidad demandada, esto es, la Policía Nacional y, que por lo tanto, fueron practicados con su pleno conocimiento, cuya incorporación al proceso se decretó y efectuó a petición de la parte demandante”.

“... en razón de la remisión que en materia probatoria expresamente consagra el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, de conformidad con el reiterado criterio fijado por la Sala sobre el particular, dichos testimonios pueden y deben ser válidamente valorados, por cuanto fueron practicados por la propia entidad en contra de quien se pretenden hacer valer, es decir, con su previo y pleno conocimiento, los mismos que luego, a petición de la parte demandante (fl. 19, cdno. ppal.), fueron allegados en copias auténticas como prueba trasladada, pero que precisamente en torno a ellos, en primera instancia, tanto el Ministerio Público como el propio tribunal estructuran el planteamiento de inexistencia de responsabilidad de la entidad demandada...”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 4 de diciembre de 2002, Expediente 13.623.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001, Expediente 12.696, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(5) “Hay legítima defensa putativa, cuando el agente, obrando bajo la influencia de un error de hecho, reacciona, con medios que serían idóneos para repeler un peligro que, equivocadamente, se pensó que existía. Es aquella, que “tiene origen en un error de hecho y en la cual el medio es proporcional al peligro imaginario” (Peco, “Proyecto de Código Penal”, pág. 69).

“La defensa putativa, como lo indica la palabra, es la creencia en que nos hallamos de ser atacados y que, subjetivamente nos hace pensar que es necesaria la defensa (Jiménez de Asúa, La ley y el delito”, pág. 378)”. En Sisco, Luis P., La defensa justa (estudio doctrinario, legal y jurisprudencial sobre la legítima defensa), Buenos Aires, El Ateneo, 1949, p. 317.

(6) “Según hemos dicho, en la figura jurídica que estudiamos, la agresión propiamente dicha no existe, sino que el agente considera como tal, por un error de hecho no imputable, algo que configura agresión.

“... el error debe ser... esencial, decisivo e inculpable. Cuando con la más elemental prudencia pudo el presunto agredido conocer la verdadera naturaleza del hecho, y comprender que no se trataba de un agresión, es falta de prudencia elemental pone a su cargo la culpa; el error en este caso no puede tener valor de eximente. El error no podrá versar sobre circunstancias accidentales, sino fundamentales, y referirse a la esencia misma del hecho.

“La confusión de ideas que se crea en la mente de presunto invadido, le llevan a dar carácter real a un ataque hipotético. Él ve un ataque allí donde no existe, y se coloca en actitud de defensa respecto de un acto totalmente inofensivo.

“La repulsa en este caso, deberá estar condicionada al hecho hipotético, como si este fuera real; la proporcionalita deberá establecerse pues, entre el medio utilizado para defender la gravedad del ataque tal como el agente pudo imaginar a este último...”. En: Sisco, Luis P., óp. cit., págs. 334 y 335.

(7) Ibídem, pág. 335 y 336.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Expediente 17.042. M.P. Enrique Gil Botero.

(9) López, Claudia “Introducción a la imputación objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996, págs. 141 y 143.

(10) Jakobs, Günther “La imputación objetiva en derecho penal”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998. Pág. 39.

(11) Reyes Alvarado, Yesid “Imputación objetiva”, Ed. Temis, Bogotá, 1996, págs. 167 y 168.

(12) “... la imputación jurídica o de segundo nivel es aquella en la que el operador jurídico analiza el título de imputación aplicable a la controversia, en aras de establecer si opera un régimen subjetivo de falla del servicio —por el incumplimiento de la carga obligacional de la organización estatal— o si por el contrario son aplicables cualquiera de los títulos de responsabilidad objetiva en los cuales es irrelevante cualquier valoración de la conducta de la administración, toda vez que en esta sede se verifica la concreción de un riesgo excepcional o el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas.

“De allí que, verificada la existencia de un daño desde la dimensión jurídica lo relevante es establecer a quién es atribuible esa afectación que sufre una determina persona en sus derechos, bienes o interese legítimos. Es precisamente en ese específico escenario donde la imputación supone un análisis bifronte o dual consistente en la verificación de que el daño es tanto fáctica (imputatio facti) como jurídicamente (imputatio iure) imputable.

“La imputación fáctica tiene como propósito determinar si en el plano material, mas no necesariamente causal, el daño es atribuible o no a un sujeto de derecho. Así las cosas, antes de abordar el análisis de la imputación jurídica o el fundamento de la responsabilidad, es imprescindible que la lesión o afectación antijurídica esté radicada en cabeza de la entidad o del sujeto pasivo de la relación. Una vez constatado lo anterior, es posible abordar el análisis sobre la imputación jurídica, esto es, si existe o no, un fundamento normativo que concrete, en el caso específico, la obligación de resarcir el daño antijurídico.

“En otros términos, la imputación fáctica —y con ella la imputación objetiva del daño— consiste en un estudio retrospectivo que recae sobre la acción u omisión del sujeto, mientras que la imputación jurídica supone la realización de un análisis prospectivo y netamente normativo dirigido a determinar si, una vez establecida la atribución material del daño, existe o no el deber jurídico —subjetivo u objetivo— de resarcir el perjuicio”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 5 de julio de 2012, Expediente 21.928, C.P. Enrique Gil Botero.