Sentencia 1998-02418 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Expediente: 26489

Radicación: 050012331000199802418-01

Consejero Ponente (E):

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Demandante: Darli Esther Vega Baldovino y otros

Demandado: Municipio de Yondó

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. La competencia

8. La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda —$ 25.000.000—(1), que fue el cálculo de la pretensión por el perjuicio material sufrido por cada uno de los demandantes, supera la exigida para el efecto por aquella norma(2).

II. Validez de los medios probatorios

9. El acervo probatorio en este proceso está integrado únicamente por los documentos traídos con la demanda, que en concreto, fueron unos registros civiles y unas fotografías, y por los testimonios recibidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Yondó, Antioquia, en cumplimiento de la comisión impartida por el a quo, a iniciativa exclusiva de la parte demandante, porque el municipio, a pesar de haber sido debidamente notificado, no participó en el proceso, dado que no solo se abstuvo de contestar la demanda, sino que además, no participó en el debate probatorio, ni presentó alegaciones.

9.1. En primera instancia se recibió el testimonio a los señores José Manuel Gil Martínez, Joaquín Edmundo Cujar Rivera, José Ángel Durán Navarro, Rafael Vicente Espitia Pertuz, José Albeiro Marín Gutiérrez y Argemiro Mazo Oquendo (fls. 29-37 y 45-46, cdno. 1), pero esas pruebas, que fueron recibidas por el juez comisionado con la asistencia únicamente del apoderado de la parte demandante, en buena medida carecen de valor probatorio, porque en su práctica se contravinieron las reglas que regulan su debida recepción.

9.2. En efecto, al recibir los testimonios se desconocieron por parte del juzgado comisionado y del apoderado de los demandantes las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, de manera muy particular las previstas en sus artículos 226 y 227, que se refieren, entre otros aspectos, a: (i) el rechazo de las preguntas en las que se insinúen las respuestas. En este caso, el juez comisionado no solo aceptó pacíficamente las preguntas formuladas por el abogado, que contravinieron la prohibición legal, sino que él también, con escasas salvedades, interrogó a los testigos de idéntica manera; (ii) de la inadmisión como respuesta de la simple expresión de ser cierto el contenido de la pregunta o la reproducción del texto de ella. En los interrogatorios formulados en este proceso, poco le quedaba a los testigos por añadir, porque el apoderado y el juez habían ya descrito en la pregunta los hechos por los que se les debió interrogar, y (iii) del deber de interrogar a los testigos sobre la razón de la ciencia de su dicho. No se exigió a los testigos en momento alguno exponer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que apreciaron los hechos que afirmaron.

9.3. No obstante, fueron los mismos declarantes, por iniciativa propia, quienes señalaron tales circunstancias en relación con algunos de los hechos que afirmaron. Paradójicamente, son justamente esos apartes de sus testimonios los únicos que pueden apreciarse en este proceso. En consecuencia, se valorará la prueba testimonial recaudada, solo en relación con aquellos aspectos en los que no se hubieran vulnerado las reglas probatorias señaladas, es decir, en cuanto las afirmaciones de los testigos sean espontáneas y no insinuadas y den cuenta de la razón de la ciencia de su dicho.

9.4. Vale aclarar que al depurar los testimonios para su valoración, excluyendo de los mismos todas aquellas respuestas sugeridas durante el interrogatorio, las cuales debieron ser rechazadas por el juez comisionado y, por lo tanto, no formuladas ni consignadas en el acta, no se desconocen los principios que gobiernan la apreciación de esos medios probatorios; solo se dejan a salvo todas aquellas preguntas y respuestas en las cuales no se incurrió en los vicios señalados, las cuales se apreciarán de manera integral y en conjunto con las demás pruebas. Además se precisa que las afirmaciones de los testigos que aquí se valorarán no dependen de las preguntas sugerentes que son objeto de este reproche y, por lo tanto, no las contaminan.

9.5. En cuanto a las fotografías que se anexaron con la demanda, vale advertir que las mismas no gozan de autenticidad, porque no se tiene certeza, como bien lo señaló el a quo, de que ellas correspondan a los hechos por los cuales se demanda, toda vez, que no es posible determinar ni su origen, ni el lugar, ni la época de su registro; además, no fueron reconocidas o ratificadas en los testimonios, ni hay posibilidad de confrontarlas con otros medios de prueba. Vale destacar que esas carencias hubieran podido ser corregidas en el interrogatorio formulado a los testigos, pero, se insiste, por la manera en que se hicieron las preguntas, sus afirmaciones sobre esos aspectos carecen de toda relevancia probatoria. Más adelante se transcribirán las preguntas y sus respuestas para mostrar que no fueron los testigos sino el apoderado, quien narró los hechos que con esas imágenes se quería demostrar.

III. Hechos probados

10. Con base en los medios de prueba antes señalados, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

10.1. El señor Wilman Jairo Ortiz Cruz falleció el 17 de agosto de 1996, en el municipio de Yondó, Antioquia (certificado del registro civil de la defunción, fl. 3, cdno. 1).

10.2. La causa de la muerte del señor Ortiz Cruz fue “paro respiratorio por electrocución” (certificado individual de defunción, fl. 5, cdno. 1).

10.3. El señor Wilman Jairo Ortiz Cruz era el padre de Michael Andrés Ortiz Vega (registro civil del nacimiento de este, fl. 6, cdno. 1), y el compañero permanente de la señora Darli Esther Vega Baldovino (testimonio de los señores José Manuel Gil Martínez, José Ángel Durán Navarro, Rafael Vicente Espitia Pertuz y José Albeiro Marín Gutiérrez, quienes aseguraron que conocían a la pareja desde hacía varios años, e identificaron a la demandante como la hermana de Marleny Vega, a quien todos conocían por ser concejal del municipio de Yondó. Esas pruebas aunadas al hecho de ser la demandante la madre del hijo del fallecido dan certeza a la Sala de que la demandante era la compañera permanente de aquel).

10.4. El señor Ortiz Cruz laboró como capataz de montaje de estructuras metálicas en la empresa Ares Ltda., entre el 23 de septiembre de 1994 y el 21 de diciembre del mismo año (certificación expedida por el gerente de la empresa, en Bogotá, fl. 8, cdno. 1).

IV. Problema jurídico

11. Deberá decidir la Sala si la muerte del señor Wilman Jairo Ortiz Cruz es imputable al municipio de Yondó, Antioquia y, para tal efecto, deberá resolver previamente si: (i) están demostradas las circunstancias en las cuales se produjo la electrocución, que le causó el paro respiratorio que llevó a la muerte a aquel; (ii) si se demostró el hecho afirmado en la demanda relacionado con fallas en la instalación de las redes eléctricas que transportaban la carga de energía causante del daño; (iii) si esas redes fueron instaladas bajo la responsabilidad del municipio demandado, y (iv) de ser positiva esta última respuesta, bajo qué supuestos el municipio sería responsable del daño.

V. Análisis de la Sala

12. A pesar de las deficiencias antes advertidas en relación con los medios probatorios que obran en el expediente y de otras que a continuación se señalarán en relación con algunas particularidades de las pruebas testimoniales, se considera demostrado que el señor Wilman Jairo Ortiz Cruz resultó electrocutado cuando se hallaba en una caseta o kiosco instalado en el municipio de Yondó.

12.1. Al ser interrogado por el juez comisionado sobre el conocimiento que le asistiera en relación con las circunstancias en las cuales perdió la vida el señor Ortiz Cruz, el señor José Manuel Gil Martínez manifestó:

Yo en ese momento me encontraba durmiendo, yo ya no estaba en las casetas. Me comentaron que se había matado uno en la caseta de Rafael Espitia, que estaban jugando en el quiosco... (fl. 29, cdno. 1).

12.2. Se aprecia que el testigo no da cuenta de un hecho que hubiera podido observar sino de un comentario, es decir, se trata de un testigo de oídas, que no tuvo conocimiento directo de las circunstancias en las cuales resultó electrocutado el señor Wilman Jairo. A propósito del valor probatorio del testimonio de oídas, ha dicho la Sala:

En relación con el mérito probatorio del llamado testimonio de oídas, resulta necesario destacar que esta Sala(3) ha señalado que para evitar que los hechos le lleguen alterados, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos: i) las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii) las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii) la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv) la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado.

De igual forma, en dicho pronunciamiento se señaló que para efectos de analizar la contundencia del testimonio de oídas, cobrará particular importancia el hecho de que la declaración del testigo se coteje con el resto del acervo probatorio, para efectos de determinar la coincidencia de tal declaración con los aspectos fácticos que reflejen los demás medios de prueba legalmente recaudados(4).

12.3. Como en este caso el testigo no señaló cómo ni de quién obtuvo esa información, no puede establecerse la confiabilidad de su fuente y por lo tanto, tampoco es posible determinar si fue testigo de oídas de primer grado, o si solo está repitiendo un rumor anónimo.

12.4. La misma crítica cabe en relación con el testimonio del señor Argemiro Mazo Oquendo, quien simplemente manifestó:

... por la mañana cuando yo llegué me dijeron se mató uno de los malacara (así llamaban al fallecido y a sus hermanos, según el testigo) con la luz (fls. 45-46, cdno. 1).

12.5. Sobre el mismo hecho también declaró el señor Joaquín Edmundo Cujar Rivera, en estos términos:

Allí lo llevan al hospital y estando en eso, yo no sé si llegó muerto o estaba vivo, cuando nosotros quisimos preguntar por él, ya había fallecido... Es un muchacho que viene de Bogotá a una fiesta que ameniza el municipio de Yondó para una feria agropecuaria y estaba desde luego ebrio, porque está con tragos y uno va a emborracharse y a pasar bueno... (fls. 31-32, cdno. 1).

12.6. Este testigo, por su parte, no dio cuenta de la razón de la ciencia de su dicho. Narró el suceso, sin señalar si lo presenció o si solo está repitiendo un rumor, del que se desconoce su fuente. Por lo tanto, sus afirmaciones también carecen de mérito probatorio.

12.7. No obstante, sobre las circunstancias en las cuales resultó electrocutado el señor Ortiz Cruz obra la versión de tres testigos, quienes habiendo sido debidamente interrogados sobre el conocimiento que tuvieran del hecho, aseguraron haber estado presentes en el lugar y narraron así lo acontecido:

12.8. El señor José Ángel Durán Navarro, afirmó:

Ese día él andaba conmigo tomando, él me dijo que lo esperara un momentico que iba para donde unos amigos y llegó a una caseta en donde estaban unos amigos viejos de él, cuando yo lo vi estaba pegado a un tubo de la caseta, yo pensaba que estaba jugando cuando me dijeron que le estaba pasando corriente, inmediatamente me fui y vi que el señor Albeiro Marín le estaba dando con una silla para quitarlo de ahí del tubo. Ese día lo cogí y lo monté en una mesa con otro muchacho y el muchacho que estaba conmigo le estuvo sacando la lengua y no se la pudo sacar y derechito nos fuimos para el hospital y listo (fls. 33-34, cdno. 1).

12.9. El señor Rafael Vicente Espitia Pertuz manifestó que había sido contratado por el señor Galo Ricardo para que se hiciera cargo de la música en el kiosco en el que se produjo el accidente, en relación con el cual dio los siguientes detalles:

... yo cuando me vine a dar cuenta era que decían que lo quitaran, el problema era que había un aguacero tan berraco, que lo quitaran porque estaba energizado eso, pero nadie se daba cuenta por dónde y por qué estaba energizado eso, yo cuando me di cuenta que lo levantaron de ahí de la pata del kiosco y dijeron que lo lleven al hospital, yo estaba dentro del kiosco atendiendo el equipo de sonido y como estaba lloviendo yo estaba pendiente del equipo y no es como dicen que él sabía que eso estaba energizado, se dieron cuenta cuando él decía que tiene corriente, que eso tenía corriente, o sea, a él nadie le creía porque decía que tenía corriente, estaba lloviendo mucho y la gente estaba ahí en recocha y con los vasitos esos se echaban agua (fls. 34-35, cdno. 1).

12.10. Y el señor José Albeiro Marín Gutiérrez, narró lo siguiente:

... yo estaba ahí en una de esas casetas de Postobón acampando un aguacero que había, habían unas fiestas y en ese momento el señor Wilman me saludó y se dirigió a la caseta contigua a la que yo estaba y él se recostó a un tubo o pata de la caseta esa y ahí lo cogió la corriente y lo electrocutó y algunas personas tratamos de auxiliarlo llevándolo al hospital pero ya había fallecido (fls. 36-37, cdno. 1).

12.11. Los tres últimos testimonios citados ofrecen credibilidad a la Sala, porque se aprecia en ellos espontaneidad, desinterés por el resultado del proceso, claridad, verosimilitud y coherencia y porque no fueron desvirtuados por prueba alguna. Con tales pruebas quedó establecido, entonces, que el señor Ortiz Cruz falleció por una descarga eléctrica que sufrió mientras se hallaba en una caseta o kiosco instalado en el municipio de Yondó, Antioquia.

13. Ahora bien, se afirma en la demanda que esa descarga se produjo como consecuencia de la indebida instalación de los cables conductores de la electricidad en dicha caseta. Sin embargo, ese hecho no fue demostrado, porque en relación con el mismo, las pruebas testimonial y documental carecen de todo valor, por los vicios antes señalados y por otros más. En efecto:

13.1. Al ser interrogado sobre el conocimiento que tenía sobre las circunstancias en las cuales falleció el señor Ortiz Cruz, el testigo José Manuel Gil Martínez manifestó:

... oí decir porque no lo vi, que se había pelado un cable y había hecho contacto con la caseta donde ellos estaban y de ahí no le puedo decir nada más, yo escuché que se había pelado un cable, y nosotros fuimos a revisar al otro día y encontré un cable que se había pelado y se le había caído el caucho aislante, estaba pelado debido al movimiento de la caseta, ya que son unas casetas movibles (fls. 29-30, cdno. 1).

13.2. La primera parte de la afirmación no resiste el análisis, porque el declarante no presenció el hecho, sino que lo conoció de oídas y no dio cuenta de cuál fue su fuente de información, lo que impide conferir credibilidad a esa versión, que más constituyó un rumor anónimo. En cuanto a la segunda parte, en la que el declarante sí afirma haber sido testigo presencial de un hecho: el de que el cable estaba descubierto al día siguiente del evento, cabe señalar que esa observación no es suficiente para probar lo que aquí se pretende, esto es, la causa de la electrocución, porque con esa única afirmación no hay manera de establecer que, en efecto, la falta de aislante de uno de los cables que se instalaron en la caseta fuera un hecho anterior y no posterior a aquel que causó el daño; además, porque esa afirmación no aparece respaldada por los testigos presenciales.

13.3. Con la pregunta que a continuación le formuló el apoderado de la parte demandante al testigo, aquel no solo se encargó de destruir el valor probatorio de ese testimonio sino también el de las fotografías anexas, como pasa a demostrarse:

Preguntado: En el proceso aparecen fotografías anexadas en donde se presenta deterioro de los cables eléctricos en una gran cantidad, manifieste al despacho si dichos cables se encontraban desprotegidos con el material aislante. Contestó: Yo digo que el material aislante se vino a dañar en la movención (sic) de los kioscos o casetas... y como estaba lloviendo la gente cogía los kioscos de las patas para no dejarse mojar los unos y los otros también jalaban, entonces, debido a ese movimiento se debió el deterioro del cable aislante y este se dañó... Eso se venía haciendo en todas las ferias en el mismo sitio con materiales de buena calidad y nunca se había dado un hecho de estos.

13.4. Pero ¿qué podía responder el testigo cuando el abogado ya había afirmado lo que pretendía probar al interrogarlo? Para colmo, para discutir la afirmación —que no pregunta— del apoderado, el testigo formuló una hipótesis de lo ocurrido, a partir de un criterio personal, sin fundamento en hechos conocidos por él, ni mucho menos probados en el expediente.

13.5. La misma apreciación cabe en relación con el testimonio rendido sobre ese aspecto por el señor Joaquín Edmundo Cujar Rivera, quien al ser interrogado sobre el conocimiento que tuvo sobre la ocurrencia de los hechos, manifestó:

Él (el señor Ortiz Cruz) pierde la vida por una falla humana prácticamente, porque los señores que hicieron los trabajos en esas casetas tuvieron fallas y ahí trabajaron los señores Gil y Mazo ... Cómo se peló, yo digo que materiales de segunda calidad, o no hicieron bien los empates. Ese día llovió demasiado, hubo un aguacero y se inundó (sic) todas esas casetas y yo digo, al hacer el contacto el tubo con el agua, al cogerlo ahí quedó Wilman Ortiz Cruz... y estaba desde luego ebrio, porque estaba con tragos y uno va a emborracharse y a pasar bueno, así como él encontró la muerte le pudiera haber sucedido a cualquier persona, a cualquier niño de Yondó (fls. 31-32, cdno. 1).

13.6. Como se aprecia, el señor Cujar Rivera no da cuenta de unos hechos que tuvo la oportunidad de observar, sino que expresa su opinión personal en relación con las causas que pudieron dar lugar a la ocurrencia del daño. Tampoco en este punto puede perderse de vista que el artículo 226 del Código de Procedimiento Civil señala que deben rechazarse las pruebas que tiendan a provocar conceptos del declarante, a menos que se trate de una persona especialmente calificada en los aspectos técnicos o científicos relacionados con los hechos que se investigan, y ese no es el caso del testigo, quien manifestó ser licenciado en educación pública, de donde se infiere que no posee conocimientos especializados en electricidad y, por lo tanto, sus opiniones sobre la materia no son relevantes para llegar a la verdad de lo sucedido.

13.7. Evidencia de los vicios del interrogatorio y de la ineficacia de esta prueba y de la documental, es de nuevo el interrogatorio que el apoderado le formuló a este testigo y a los demás que a continuación se citan. Así fue la pregunta que el apoderado de los demandantes le formuló al señor Cujar Rivera:

Preguntado: En el proceso aparecen fotografías tomadas en el kiosco donde se presentó el acontecimiento y aparecen las líneas completamente deterioradas, manifieste si usted pudo constatar si dichas líneas eran nuevas o en su defecto, material totalmente deteriorado. Contestó: Yo creo que si hubieran sido líneas o cables de primera no se hubieran deteriorado, tendría que haber sido un material de segunda.

13.8. El señor José Ángel Durán Navarro, simplemente se limita a dar respuesta afirmativa a los hechos que fueron descritos por el apoderado de los demandantes, quien interrogó así al testigo:

Preguntado: Aparecen en el proceso unas fotografías en donde se constata que los cables eléctricos utilizados por el municipio se encuentran totalmente deteriorados, es decir, sin aislamiento, manifieste si usted también pudo constatar esa imperfección. Contestó: Yo sí vi que unos cables estaban pelados y malos, dañados. Preguntado: ¿El motivo del estado de las líneas eléctricas fueron (sic) las que ocasionaron la electrocución de Wilman Ortiz Cruz? Contestó: Yo creo que sí, por culpa de los que colocaron las instalaciones (fls. 33-34, cdno. 1).

13.9. Lo mismo ocurrió con el señor Rafael Vicente Espitia Pertuz, quien fue interrogado en términos similares y su respuesta, igualmente, se limitó a confirmar lo dicho por el apoderado de los demandantes:

Preguntado: En el proceso aparecen unas fotografías que le fueron tomadas a las líneas eléctricas del quiosco que usted administraba, en donde se encuentra el deterioro o sin aislante, o sin protector, lo que ocasionó el accidente, manifieste al despacho si usted después pudo constatar que debido a ese descuido se electrizó la varilla que pudo ocasionar la muerte. Contestó: Sí, eso después que revisaron todo encontraron el pedacito donde estaba pelado y le faltaba un pedazo y ahí era en donde tropezaba con la cosita que va atravesada del kiosco, creo que paral es que llaman eso (fls. 34-35, cdno. 1).

13.10. En relación con el señor José Albeiro Marín Gutiérrez se repite el mismo error al interrogarlo:

Preguntado: Aparecen en el proceso fotografías tomadas al kiosco, específicamente a las líneas eléctricas en donde se nota el deterioro, tales como falta de(sic), manifieste al despacho si usted también pudo constatar el estado de dichas líneas como se encontraban y a la vez si fue eso lo que ocasionó la electrocución del mismo. Contestó: Sí, las líneas en esa parte de la caseta, porque fue en una esquina, el cable estaba pelado, por ende, se supone que el señor murió electrocutado, ya que era el único lugar de la caseta que estaba con las líneas peladas... Cuando se sucedió la tragedia, los señores eléctricos concurrieron a corregir el problema que había ahí, ya que el problema fue el segundo día de las fiestas (fls. 36-37, cdno. 1).

13.11. En cuanto al señor Argemiro Mazo Oquendo, si bien narró espontáneamente lo sucedido, porque su declaración en este aspecto no fue insinuada por el juzgado comisionado, ni por el apoderado de la parte demandante, lo cierto es que no aporta elemento de juicio alguno al proceso, porque, como él mismo lo afirmó, no tuvo conocimiento directo de lo sucedido, en tanto que al ir a hacer la presunta reparación del cable, esta ya se había hecho:

Me mandó el patrón que estaba que fuera a corregir ese daño que había ahí y fuimos y soltamos la linia (sic) y ya. El daño era que a la linia (sic) viva se le quitó el aislamiento, o sea que entonces quedó electrizado el paral de la caseta. Cuando yo llegué ya eso lo habían arreglado y yo ya no encontré ya nada y le dije al patrón eso ya está encintado (fls. 45-46, cdno. 1).

13.12. De lo dicho hasta ahora se concluye que si bien se tiene certeza de que el señor Ortiz Cruz falleció por haberse electrocutado en una caseta o kiosco instalado en el municipio de Yondó, se desconocen las causas de ese accidente. Por lo tanto, no puede afirmarse que el hecho se hubiera producido como consecuencia de la indebida instalación de los cables de la energía.

14. Pero, el solo hecho de no haberse acreditado que la electrocución sufrida por el señor Wilman Jairo se hubiera producido como consecuencia de una falla en la instalación de los cables eléctricos no es razón suficiente para negar las pretensiones de la demanda, porque la responsabilidad patrimonial por un daño de esa naturaleza debe asumirla, en principio, la entidad a cuyo cargo se hubiera adelantado la instalación de los cables eléctricos. Por eso, se procederá a continuación a establecer si en este caso dicha actividad estaba o no a cargo del municipio de Yondó, y, de ser así, si esta entidad debe o no indemnizar los perjuicios causados a los demandantes.

15. En relación con este aspecto de la controversia se destaca:

15.1. A los señores José Ángel Durán Navarro, Rafael Vicente Espitia Pertuz, José Albeiro Marín Gutiérrez y Joaquín Edmundo Cujar Rivera, el juez comisionado les formuló la siguiente pregunta: “¿Es cierto sí o no que lo relacionado a la instalación eléctrica fue efectuada a través de trabajadores del municipio de Yondó?”. Los declarantes, en su orden dieron las siguientes respuestas: “Sí”; “Sí, eso lo hicieron los trabajadores del municipio de Yondó, que yo sepa, eso lo entregaron listo con luz”; “Sí señor, es cierto” y “Sí, es cierto”.

15.2. Como se aprecia, estas declaraciones carecen de eficacia probatoria, porque los testigos no relataron ningún hecho que les constara; solo se limitaron a asentir lo dicho por quien formuló el interrogatorio.

15.3. En relación con el testimonio del señor José Manuel Gil Martínez, ocurrió otro tanto. El juez comisionado lo interrogó así:

Preguntado: ¿Es cierto sí o no que lo relacionado a la instalación eléctrica fue efectuada a través de trabajadores del municipio de Yondó? Contestó: Sí señor, eso lo hicimos mi persona, Pedro Galvis y el señor Argemiro Mazo, que es trabajador de la empresa EADE de este municipio y también es electricista... Preguntado: ¿Además del municipio haber efectuado los trabajos eléctricos y haber organizado la feria ganadera, los materiales para dicho evento fueron aportados por el municipio, sí o no? Contestó: Sí, esos materiales fueron comprados por el municipio (fls. 29-30, cdno. 1).

15.4. Pero, aunque las respuestas antes citadas de este testigo no pueden ser apreciadas, porque más que insinuadas fueron dictadas por el mismo interrogador, debe señalarse que de su declaración quedaron a salvo algunas afirmaciones hechas al inicio de la diligencia y, entre ellas, aquella en la que de manera espontánea manifestó que se desempeñaba como electricista del municipio de Yondó, y más adelante, a pregunta bien formulada del apoderado de la parte demandante sobre ese hecho, declaró que trabajaba en el municipio desde 1992 y que la orden de realizar las obras de electricidad de las casetas que se instalaron en ese municipio en agosto de 1996, la había recibido del secretario de obras públicas de la entidad, en atención a la solicitud que en tal sentido le hiciera el director de la Umata municipal, que estaba realizando la feria ganadera.

15.5. Llamado a declarar el señor Argemiro Mazo Oquendo, fue interrogado por el juez comisionado en los mismos términos: “¿Es cierto sí o no que lo relacionado a la instalación eléctrica fue efectuada a través de trabajadores del municipio de Yondó?”, pregunta que merece el reproche varias veces señalado, pero debe destacarse que en la respuesta este testigo da cuenta de un hecho adicional, que lo es el de su participación en esa actividad, a solicitud del municipio:

Los trabajadores del municipio y yo también estuve colaborando para que llegara la luz a las casetas con el toma, pero el material lo suministró el municipio de Yondó... yo no trabajo con el municipio, yo trabajo es con el departamento..., cuando el municipio tiene algún trabajo se le colabora. A mí me paga el departamento y hay un administrador. El municipio nos pidió colaboración para hacer la instalación, nosotros nos colaboramos mutuamente. Cuando a mí me mandan, le piden colaboración al administrador de la empresa...

16. Considera la Sala que a pesar de todos los vicios y defectos advertidos en la práctica de la prueba testimonial, quedó suficientemente acreditado en el expediente que el municipio de Yondó ordenó hacer las instalaciones eléctricas en las casetas que se instalaron en el municipio, en agosto de 1996, para lo cual se contó con la colaboración de la Empresa Antioqueña de Energía, EADE, y que fue en una de esas casetas que resultó electrocutado el señor Ortiz Cruz, lo que hace a esa entidad patrimonialmente responsable del daño, porque no se demostró la existencia de una causa extraña, como lo sería el hecho de la víctima, la fuerza mayor o el hecho de un tercero.

17. Acreditada la existencia del daño, como en este caso lo está la muerte del señor Wilman Jairo Ortiz Cruz, por una descarga eléctrica de redes instaladas por el municipio de Yondó, sin que se pueda afirmar la existencia de una falla del servicio, como lo sería la indebida instalación de dichas redes, el paso siguiente es el de establecer si en esas condiciones la entidad territorial demandada es o no patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos por los demandantes.

18. En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en pronunciamiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno se señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(5).

19. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tiene que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

20. En el sub lite se tendrá en cuenta, a efectos de la imputación del daño a la entidad demandada, que tratándose de la conducción de energía eléctrica, quien realiza la actividad asume los daños que la misma pueda ocasionar, al margen de que se acredite o no la existencia de una falla del servicio, a menos que la causa eficiente de ese daño no sea la actividad en sí misma, sino el hecho de la propia víctima, de un tercero, o uno constitutivo de fuerza mayor.

21. En pocos términos, en ausencia de prueba de la existencia de una falla del servicio, pero también de una causa extraña, la entidad responsable de la actividad de conducción de la energía eléctrica que dé origen al daño deberá reparar los perjuicios a los que este dé lugar, a título de riesgo excepcional, en tanto se está en frente de una actividad riesgosa, como ocurrió en el caso concreto.

22. Tratándose de daños causados como consecuencia de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de energía eléctrica, en relación con los cuales no se ha incurrido en una falla del servicio, “el factor de imputación es el riesgo grave y anormal a que el Estado expone a los administrados”, como ha señalado la Sala en repetidas oportunidades, caso en el cual al demandante le basta demostrar “la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella... Y la entidad demandada, para exculparse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero”(6).

23. Bajo las consideraciones anteriores se ha deducido la responsabilidad patrimonial de las entidades a cargo de la actividad de conducción de energía eléctrica, por los daños causados a las personas, a pesar de que no hubiera quedado demostrada la existencia de una falla del servicio. Por ejemplo, en un caso analizado similar fallado por la Subsección A de la Sección, se consideró:

Ahora bien, en criterio de la Sala, si bien no existe una prueba idónea y conducente que demuestre que el ramal monofásico que atraviesa el sector donde se produjo el accidente se encontraba averiado o en defectuoso funcionamiento, lo cierto es que de manera independiente a ello, por ser una actividad riesgosa (esto es la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica), el caso sub lite debe analizarse —según se consideró anteriormente—, bajo la perspectiva del régimen objetivo de responsabilidad, cual es el riego excepcional.

Ciertamente, fue precisamente la energía transportada por Emcali ESP, la que desencadenó el hecho dañoso por cuya indemnización se demandó, circunstancia por la cual no es posible aceptar que la entidad demandada se pueda desprender de la responsabilidad, máxime si de conformidad con los oficios allegados al proceso por la misma entidad, se tiene que aquella era la propietaria y encargada del mantenimiento de las redes.

En ese orden de ideas, forzoso resulta concluir que el hecho dañoso es imputable al propietario de la cosa mediante la cual se presta y desarrolla esa actividad, esto es las Empresas Municipales de Cali, Emcali, pues —bueno es reiterarlo—, el riesgo que genera la transmisión y comercialización de energía que en determinados eventos puede llegar a causar un daño que la persona no se encontraba obligada a soportar (como en efecto ocurrió en el sub lite), en tanto se somete a la persona a un riesgo excepcional.

En conclusión, en el caso concreto el deber de reparación se radica en cabeza de la entidad demandada y, consecuencialmente, en la llamada en garantía, en la medida en que el daño se produjo a causa de la concreción del riesgo que implica la generación y el transporte de energía por las Empresas Municipales de Cali, Emcali, sin que sea admisible esgrimir y/o aceptar como eximente de responsabilidad la causal consistente en el caso fortuito(7).

24. En síntesis, considera la Sala que en el caso concreto, el municipio de Yondó es patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos por la señora Darli Esther y su hijo, Michael Andrés, porque se demostró que su compañero y padre, respectivamente, falleció como consecuencia de una descarga eléctrica producida en una caseta o kiosco, en la cual habían sido instaladas las redes eléctricas por cuenta de esa entidad.

25. Vale aclarar que el hecho de que en la instalación de las redes de energía hubieran participado varias entidades públicas no impide condenar solo al municipio demandado, porque se trataría de una eventual responsabilidad solidaria, caso en el cual el demandante bien podía perseguir la reparación de una o de todos los que hubieran concurrido en la producción del daño, quedando a salvo el derecho del municipio de reclamar de las demás el reintegro de las sumas que les corresponda de acuerdo con el porcentaje de participación.

26. Finalmente, se señala que en el caso concreto no se demostró hecho alguno constitutivo de causal de exoneración de la responsabilidad del municipio, dado que las pruebas que obran en el expediente en manera alguna refieren eventos externos a la misma entidad territorial vinculados causalmente con la producción del daño.

27. En efecto, no se demostró que la actuación de la víctima hubiera sido causa exclusiva o concurrente del daño. Tampoco se acreditó que la actuación de terceras personas hubiera dado origen al accidente. Si bien el señor José Manuel Gil Martínez manifestó que, en su criterio, el accidente se produjo como consecuencia del movimiento de las casetas por las personas que se hallaban en el lugar, con el fin de guarecerse de la lluvia, esta situación no pasó de ser una mera conjetura del testigo. Se advierte que este no aseguró haber tenido conocimiento directo de esa situación y mucho menos que una de las casetas que presuntamente se movieron fuera aquella en la que resultó electrocutado el señor Ortiz Cruz.

28. En ese contexto, para la Sala se impone revocar la providencia apelada y en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, por lo tanto, se procederá a liquidar los perjuicios causados a los demandantes.

IV. Liquidación de perjuicios

29. En relación con los perjuicios morales solicitados por el hijo y la compañera del fallecido, cabe señalar:

29.1. Ha reiterado la Sala que cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en “el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien”(8). Este daño tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado.

29.2. En consideración a la naturaleza de ese daño, es el juez administrativo, quien de manera discrecional debe determinar el monto de la indemnización a reconocer, facultad que está regida por las siguientes reglas: (i) esa indemnización se hace a título de compensación y no de restitución, ni de reparación; (ii) debe darse aplicación al principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) su cuantificación debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del perjuicio y su intensidad, y (iv) esta debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(9).

29.3. Dado que el monto de la indemnización por el perjuicio moral depende de la intensidad del daño, ha señalado la Sala que cuando este se produce en su mayor grado, como en el caso de la muerte de uno de los parientes más cercanos (padres, hijos) o del cónyuge o compañero, deben reconocerse al afectado 100 smlmv a la fecha de la sentencia(10), lo cual “no significa que no pueda ser superior cuando se pide una mayor indemnización y se alega y demuestra una mayor intensidad en el padecimiento del daño moral”(11).

29.4. Por lo tanto, se reconocerá a favor de cada uno de los demandantes una indemnización de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en consideración a la magnitud del daño, que se deriva de la muerte de su padre y compañero.

30. En cuanto al perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, advierte la Sala que procede su reconocimiento a favor de los demandantes, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes parámetros de liquidación:

30.1. Como no existe prueba que acredite el ingreso obtenido por el señor Wilman Jairo Ortiz Cruz, de la actividad económica que ejercía, se calculará este perjuicio con base en el salario mínimo legal mensual vigente para el momento de proferir esta sentencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos, esto es $ 589.500.

30.2. Dicho salario se aumenta en un 25%, que corresponde al cálculo de las prestaciones sociales, que operan por disposición de ley, lo cual determina el ingreso total en $ 736.875. De este valor, se resta un 25% correspondiente a lo que la víctima destinaba para sus gastos personales, esto es $ 184.218,75. Una vez hecha esta reducción se obtiene una renta base de liquidación de $ 552.656,25, que dividida en dos partes iguales, implica una renta base de liquidación de $ 276.328,12, para cada uno.

30.3. Se aplican las fórmulas que utiliza la jurisprudencia para la liquidación del lucro cesante, que son las siguientes:

— Indemnización vencida o consolidada:

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Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta base de la liquidación, que ya señaló era de $ 276.328,12, para cada demandante.

i = Interés puro o técnico: 0.004867: es una constante.

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho (ago. 17/96), hasta la fecha de la sentencia (feb. 28/2013), esto es, 16 años y 6 meses y 11 días (198,36 meses).

— Indemnización futura:

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Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual: el mismo que se tuvo en cuenta para la liquidación del lucro cesante vencido: $ 276.328,12.

i = Interés puro o técnico: 0.004867: la misma constante.

n = Número de meses que comprende el período indemnizable, que abarca en el caso de la compañera la vida probable de esta por ser menor que la del fallecido y en el caso del hijo, la fecha en la cual cumplirá los 25 años.

30.4. Indemnización a favor de la señora Darli Esther Vega Baldovino:

— Vencida o consolidada:

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— Indemnización futura:

n: Al momento de los hechos, la demandante tenía 31 años y, por lo tanto, una expectativa de vida de 46,80, esto es, 561,6 meses, en tanto que el fallecido tenía 28 años de edad y una expectativa de vida de 48,16, que equivalen a 577,92 meses (registro civil del nacimiento de la señora Darli Esther, en el certificado de defunción del señor Wilman Jairo y en el registro civil de su hijo Michael Andrés). Por lo tanto, se tiene en cuenta la expectativa de vida de la primera para el cálculo de la indemnización. De ese tiempo total se descuenta el correspondiente a la indemnización vencida: 198,36 meses, es decir, que la liquidación por el lucro cesante futuro abarca: 363,24 meses, en su caso.

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— Total lucro cesante para la señora Darli Esther: $ 91.962.327,05 + $ 47.042.976,14 = $ 139.005.303,19.

30.5. Indemnización a favor de Michael Andrés Ortiz Vega:

— Indemnización vencida:

Los factores que se aplican para la liquidación son los mismos que se tuvieron en cuenta para calcular la indemnización consolidada a favor de su madre, la señora Darli Esther:

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— Indemnización futura:

n= Varía en este caso el número de meses que comprende el período indemnizable, que abarca el tiempo que le faltaba al demandante para cumplir los 25 años de edad. Teniendo en cuenta que nació el 12 de mayo de 1990 (fl. 6), es claro que cumplirá los 25 años el 12 de mayo de 2015, lo cual significa que la indemnización por el lucro cesante futuro abarca en su caso 2 años, 2 meses y 14 días, estos es, 26,46 meses.

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— Total lucro cesante para Michael Andrés Ortiz Vega: $ 91.962.327,05 + $ 6.844.823,38 = $ 98.807.150,43.

En merito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

SE REVOCA la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 1º de octubre de 2003 y, en su lugar, SE DECIDE:

1. DECLARAR al municipio de Yondó, Antioquia, patrimonialmente responsable por la muerte del señor Wilman Jairo Ortiz Cruz, ocurrida el 17 de agosto de 1996, en ese municipio, por electrocución.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, CONDENAR al municipio de Yondó, Antioquia, a pagar, a los demandantes, las siguientes cantidades:

1. Por concepto de perjuicios morales: a favor de la señora Darli Esther Vega Baldovino cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes y a favor del señor Michael Andrés Ortiz Vega cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. Por perjuicios materiales a favor de la señora Darli Esther Vega Baldovino ciento treinta y nueve millones cinco mil trescientos tres pesos ($ 139.005.303), y a favor del señor Michael Andrés Ortiz Vega noventa y ocho millones ochocientos siete mil ciento cincuenta pesos ($ 98.807.150).

3. El municipio de Yondó, Antioquia, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La pretensión por el perjuicio material se hizo para ambos demandantes y se calculó en $ 50.000.000, al razonar la cuantía. Dado que no se señalaron criterios diferenciadores, se infiere que la pretensión individual fue de $ 25.000.000.

(2) En vigencia del Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 1998 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $ 18.850.000.

(3) [7] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de octubre del 2009, Expediente 17629, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(4) Sentencia de 8 de febrero de 2012, Expediente 21933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(5) Sentencia de 19 de abril de 2012, Expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, Expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(6) Sentencias de 15 de marzo de 2001, Expediente 11222, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 25 de julio de 2002, Expediente 14180, C.P. Ricardo Hoyos Duque y de 19 de agosto de 2009, Expediente 17164, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre muchas otras.

(7) Sección Tercera, Subsección A, de 26 de enero de 2011, Expediente 18940, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(8) Sentencia de 10 de julio de 2003, Expediente 14083, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(9) Sentencia de 8 de marzo de 2007, Expediente 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(10) Sentencia de 10 de agosto de 2005, Expediente 16205, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(11) Ibídem.

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el debido respeto, expongo a continuación las razones que me llevaron a aclarar el voto, en relación con algunas consideraciones expuestas en la sentencia de 28 de febrero de 2013.

En el sub lite, las pruebas dan cuenta de que el señor Wilman Jairo Ortiz falleció como consecuencia de un paro respiratorio, secundario a una descarga eléctrica, que sufrió cuando se hallaba en una caseta o kiosco ubicado en la vía pública del municipio de Yondó (Antioquia), en la cual habían sido instaladas redes eléctricas por orden de la entidad territorial.

En la sentencia se concluyó que, en ausencia de prueba sobre la existencia de una falla del servicio, la entidad demandada era responsable a título de riesgo excepcional, en tanto se trata de una actividad riesgosa, para el efecto, la conducción de energía eléctrica.

No obstante estar de acuerdo con la decisión, en cuanto a la responsabilidad y el monto de la condena impuesta, considero que el análisis del caso debió centrarse en el daño antijurídico que la víctima no estaba en la obligación de soportar, el cual resultaba imputable al municipio de Yondó, porque toleró la realización de las fiestas en una vía pública, esto es la instalación de energía en las casetas, con la colaboración de la Empresa Antioqueña de Energía, EADE.

Según el artículo 2º de la Constitución Política, “[l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

En este marco, el artículo 90 de la Constitución Política prevé que “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

La corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no consagra una definición de daño antijurídico, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y la norma en cita, este hace referencia a “(...) la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(1); o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación”(2).

Ahora, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, los daños causados en razón de la celebración de espectáculos públicos son imputables a las autoridades que cumplen funciones de policía “(...) cuando se compruebe el daño, la violación de las normas cuyo acatamiento hubiera evitado su producción y el nexo de causalidad entre la actuación de la administración y los perjuicios ocasionados”(3).

En los términos del artículo 315 constitucional, a los alcaldes, en cuanto “primera autoridad de policía del municipio”, les corresponde, dentro de su jurisdicción, “conservar el orden público”. Para ello, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 les otorga la facultad de tomar medidas, tales como: “a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos”; al igual que diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad y convivencia ciudadanas. Y a la Policía Nacional, conforme a lo previsto en el artículo 2º del Código Nacional de Policía (D. 1355/70), la protección del orden público que “resulta de la prevención y la eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad, de la salubridad y la moralidad públicas”.

La responsabilidad patrimonial del Estado por los daños ocurridos durante la celebración de eventos o de fiestas populares en vías públicas —como ocurrió en el presente asunto—, tiene que fundarse, entonces, en el incumplimiento de las funciones de control, protección y vigilancia exigibles, con el objeto de prevenir y conjurar las situaciones que puedan presentarse a raíz de la concentración en un mismo lugar de un número elevado de personas; no así en el riesgo excepcional, aunque se trate de la imputación de ordinaria ocurrencia, cuando, como en el sub lite, se trata de reparar por la muerte ocasionada por una descarga eléctrica. Lo último si se considera que ninguna prueba se aportó para demostrar quién instaló la electricidad, como tampoco si se procedió con el cuidado debido.

En los términos anteriores dejo consignada mi aclaración.

Fecha ut supra.

Stella Conto Díaz del Castillo.

(1) Sentencia del 2 de marzo de 2000, Expediente 11945, entre muchas otras.

(2) Sentencias del 11 de noviembre de 1999, Expediente 11499 y del 27 de enero de 2000, Expediente 10867.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de enero de 2012, Expediente 22318, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En similar sentido, véanse las sentencias de 20 de septiembre de 1990, Expediente 5702, C.P. Carlos Gustavo Arrieta Padilla y de 2 de octubre de 1997, Expediente 10357, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.