Sentencia 1998-02512 de diciembre 3 de 2012

 

Sentencia 1998-02512 de diciembre 3 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad. 25000-23-26-000-1998-02512-01 (25571)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Juan Martin Caicedo Ferrer

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Ref.: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

5.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primer grado, dado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996(7) y 31 constitucional, todos los procesos de reparación directa, fundamentados en error judicial, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración judicial, son de doble instancia: la primera ante los tribunales contenciosos y la segunda ante esta corporación(8).

Ahora bien, no se analizará la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta —en primera instancia— por la Procuraduría General de la Nación, comoquiera que el apelante no puso de presente el punto en su recurso. Por consiguiente y en atención a que los hechos y las pretensiones no hacen mención a la responsabilidad de la entidad, se mantendrá —solo en este aspecto— la decisión del a quo.

5.2. Caducidad.

En el precedente jurisprudencial es pacífica la premisa según la cual el término bienal de caducidad de la acción de reparación directa, previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, debe computarse desde “la ejecutoria de la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión”(9), lo que para el sub júdice se traduce en la firmeza de la providencia que resolvió precluir la investigación, proferida el 19 de noviembre de 1996 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ejecutoria cumplida el 2 de diciembre del mismo año(10).

Entonces, como la presente demanda de reparación directa se formuló el 21 de agosto de 1998, resulta claro que el término de caducidad no se completó y que, por tanto, la Sala se encuentra autorizada para pronunciarse sobre el fondo del sub lite.

5.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar —en función de los hechos probados— si la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación es patrimonialmente responsable por la privación de la libertad que padeció el señor Juan Martín Caicedo Ferrer, siendo del caso precisar el contenido y alcance de los presupuestos contemplados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(11).

5.4. Tópicos pacíficos en la jurisprudencia sobre la privación injusta de la libertad.

En el estado actual de la jurisprudencia no se discute el carácter objetivo(12) de la responsabilidad estatal cuando, no obstante la privación de su libertad, el implicado es absuelto o se precluye la investigación a su favor, en los casos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, esto es cuando se establece que (i) el hecho no existió, (ii) el encartado no lo cometió y/o (iii) la conducta no es típica.

En este sentido, la jurisprudencia de la sección concibe objetiva la responsabilidad estatal en los casos antes referidos, inclusive una vez derogado el artículo 414 eiusdem, no como aplicación ultractiva del citado Decreto 2700, sino de los supuestos previstos en él(13), en razón de la responsabilidad estatal en los términos del artículo 90 constitucional y de la Ley 270 de 1996.

5.5. Del caso concreto.

Está probado que el señor Juan Martín Caicedo Ferrer (i) es padre de María Antonia y Santiago Caicedo de Roux (registros aportados con la demanda, en copias auténticas y visibles a fls. 6 y 7, cdno. 2), (ii) es esposo de Lia de Roux (registro visible a fl. 3, cdno. 2, en copia auténtica), (iii) es hermano de Ana María Caicedo de Vélez, Martha Elena, Francisco Xavier y Gloria Stella Caicedo Ferrer (registros visibles, en copias auténticas, a fls. 4, 8, 9, 10 y 11, cdno. 2), (iv) fungió como Alcalde Mayor de Bogotá desde el 1º de junio de 1990 hasta el 28 de marzo de 1992(14), comoquiera que fue suspendido mediante el Decreto Presidencial 520 del 27 de marzo de 1992(15), a raíz de la medida de aseguramiento de detención preventiva(16) que —el 24 de marzo de ese mismo año— le impuso el Juzgado 23 de Instrucción Criminal como presunto responsable del delito de peculado por apropiación, (v) fue elegido Senador de la República para el período constitucional 1994-1998(17), (vi) estuvo privado de la libertad entre el 31 de marzo y el 25 de junio de 1992(18) y entre el 28 de enero y el 28 de abril de 1993(19) y (vii) fue absuelto el 19 de noviembre de 1996 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por preclusión de la investigación, en razón de que su conducta resultó atípica frente al punible de prevaricato por acción y de que no existían indicios que comprometieran su responsabilidad en relación con el delito de peculado por apropiación(20).

Debe aclararse que, aunque la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estudió —al momento de precluir la investigación— la conducta punible de prevaricato por acción, el análisis en el sub lite se circunscribe al delito de peculado por apropiación, comoquiera que el acervo probatorio indica que el señor Juan Martín Caicedo Ferrer estuvo detenido únicamente por este ilícito.

A partir de los hechos probados, para la Sala es claro que el encartado no cometió el ilícito de peculado por apropiación, por el que se le privó de la libertad, lo que hace responsable al Estado por los perjuicios causados, en los términos de los artículos 90 constitucional y 65 y 68 de la Ley 270 de 1996.

Efectivamente, no le asiste razón al tribunal a quo en cuanto desestima la responsabilidad estatal, fundado en que “(...) la privación de la libertad de que fue objeto el actor, doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, no puede considerarse como injusta, arbitraria o caprichosa, para que de la misma se deduzca el reconocimiento de una indemnización por parte del Estado, pues como ya se mencionó, existieron graves indicios en su contra de la comisión de hechos ilícitos, que la Fiscalía General de la Nación estaba en el deber de investigar y de ejercer durante la instrucción todas sus facultades legales, entre las cuales estaba la de imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva (...)”. A contrario sensu de lo antes transcrito, está demostrado que la absolución del señor Caicedo Ferrer se dio por no encontrar elementos que llevaran a concluir su autoría en los hechos investigados. Para el efecto, se traen a colación importantes líneas de la decisión de preclusión así:

(...) no aparece ninguna virtualidad jurídica-penal de la cual pueda derivarse la manifestación de actitudes encaminadas a la destinación, utilización o apropiación indebida de dineros del Distrito Capital, cuya asignación le fue delegada por el Concejo Distrital (Ac. 13/91, art. 7º); no aparece de los distintos medios aducidos por la instrucción sumarial la prueba que así lo amerite, ni observando objetiva e independientemente las glosas deducidas por el contralor del Distrito, allí halladas sin el vigor suficiente para inferir una posible responsabilidad fiscal del doctor Caicedo Ferrer, deriva alguna fuerza probatoria para determinar la voluntad connivente o al menos la aceptación de una eventualidad punible, ni para afirmar descuido o negligencia de la cual pueda derivarse acción punible en la modalidad culposa.

A esta conclusión llega la Sala, luego de examinar en forma cuidadosa y detallada el voluminoso acervo probatorio recopilado por la contraloría y por la unidad investigativa conformada a petición de la fiscal que instruía el asunto, con funcionarios del Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación, especializados en asesorar esta clase de investigaciones, en sus informes rendidos como conclusión de las inspecciones judiciales, testimonios, determinación de la persona jurídica, contratos, recibos de pago y toda clase de soportes contables de la inversión de los dineros que les fueron entregados a título de “aportes, subvenciones y ayudas financieras” (Ac. 13/91, art. 4º), y 19 legajos con documentos anexos, sin que aparezca un solo caso apropiadamente comprobado de desviación o utilización indebida de dineros, procurada o facilitada por gestión dolosa ni actitud culposa del doctor Caicedo Ferrer (véase además informes rendidos por el CTI, fls. 175 y ss. y 237 y ss., cdno. 2 Caicedo Ferrer).

(...).

En ese orden de consideraciones y de acuerdo con los criterios establecidos en las decisiones tomadas dentro del proceso 8225, anteriormente citado, no encuentra la Sala el presupuesto probatorio y sustancial mínimo reclamado por el artículo 441 del Código de Procedimiento Penal, que determine alguna coparticipación y comprometa la responsabilidad del doctor Caicedo Ferrer en los hechos investigados y, por eso mismo, dispondrá la preclusión de la investigación que en este proceso se le adelanta.

Es de notar y de ahí la discrepancia con el juez de primer grado, que cuando no se demuestra la responsabilidad penal del sindicado no se puede sino afirmar que éste no cometió el delito que se le imputa, en virtud de la presunción constitucional de inocencia [C.P., art. 29, inc. 3º], sin que pueda trasladarse al procesado la carga de desvirtuarla y, en esta medida, no hay diferencia en afirmar que se demostró la inocencia o que no se probó la autoría de la conducta.

De manera que (i) como se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva al señor Caicedo Ferrer, por considerarlo autor del delito de peculado por apropiación y no se demostró que el implicado efectivamente cometió la conducta y (ii) como la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación adelantada en su contra —habida cuenta de que no encontró elementos que comprometieran su responsabilidad en los hechos investigados—, no cabe duda que la cautela restrictiva de la libertad padecida por el señor Juan Martín Caicedo Ferrer fue injusta, pues quien no ejecutó un hecho delictivo, ni participó en él no tiene que soportar la restricción de la libertad y las consecuencias que de ello se derivan.

Afirmar, como lo hizo el a quo, que los ciudadanos deben soportar detenciones preventivas, como consecuencia normal del deber que tiene la Fiscalía General de la Nación de investigar la comisión de hechos ilícitos, deviene inadmisible, dado que no resulta proporcionado ni razonable. En efecto, la libertad, como derecho fundamental de primerísimo orden, no puede considerarse como un bien del que el Estado pueda disponer injustificadamente.

Al respecto, cabe recordar el precedente citado por esta Sala en sentencia del 29 de marzo de 2012:

“(...) La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria solo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona —con todos sus atributos y calidades— deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un —desde esta perspectiva, mal entendido— interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular —incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo— sin ningún tipo de compensación.

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de estas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la norma fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general”(21).

En esta medida, se impone la revocatoria de la sentencia apelada para, en su lugar, declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad que sufrió el demandante desde el 31 de marzo hasta el 25 de junio de 1992 y desde el 28 de enero hasta el 28 de abril de 1993, fechas acreditadas en el caso de autos.

5.6. Los perjuicios a indemnizar.

5.6.1. Morales.

Se acreditó que el señor Juan Martín Caicedo Ferrer fue privado injustamente de la libertad durante casi 6 meses, lo que permite inferir razonablemente, a la luz de las máximas de la experiencia, que él, su esposa, sus hijos y sus hermanos —cuyos nombres se encuentran relacionados en el punto 5.5 de esta providencia— padecieron una afección de orden moral por la detención referida. Así lo confirman los testimonios visibles a folios 521 a 543 del cuaderno 6.

Ahora bien, para la cuantificación de este pretium doloris no se acudirá a los gramos oro como se solicitó en la demanda, sino a salarios mínimos mensuales legales como se viene sosteniendo por esta corporación a partir de la sentencia del 6 de septiembre de 2001, proferida dentro de los procesos acumulados 13.232 y 15.646.

Habida cuenta de que el daño moral es, de suyo, imposible de cuantificar de un modo exacto, por ser éste de carácter inmaterial, es necesario fijar el monto de la indemnización valiéndose de la facultad discrecional que le asiste al juez en estos casos y de conformidad con estos parámetros establecidos jurisprudencialmente(22): i) la indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución ni de reparación(23); ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio y iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.

Así las cosas y dado que el daño causado revistió un grado de afectación importante, pues al demandante se le cercenó —por más de cinco meses— su derecho fundamental a la libertad, la Sala reconocerá a título de perjuicios morales, en virtud del arbitrium judicis(24), del principio de igualdad(25) y del reciente precedente sobre la materia(26), 30.24 smmlv para el señor Juan Martín Caicedo Ferrer, 15.12 smmlv para su esposa Lia de Roux y para cada uno de sus hijos María Antonia y Santiago Caicedo de Roux y 7.56 smmlv para cada uno de sus hermanos Ana María Caicedo de Vélez, Martha Elena, Francisco Xavier y Gloria Stella Caicedo Ferrer, teniendo en cuenta que se ha establecido como tope máximo para indemnizaciones de daño moral, por muerte de un familiar —sumo dolor—, 100 smmlv.

5.6.2. Materiales en la modalidad de lucro cesante.

La constancia(27) —expedida por la jefe de la oficina de recursos humanos de la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.— acredita que el señor Juan Martín Caicedo Ferrer, al momento de la privación injusta de su libertad, devengaba mensualmente un total de $1.615.567 —incluyendo prestaciones sociales—, suma que, al ser actualizada(28) tomando el IPC de la fecha de la detención (mar./92: 15,21) y el último conocido (oct./2012: 111,87), se convierte en $11.882.543,08. Se aplica, en consecuencia, la fórmula:

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Entonces, siendo “S” el total del lucro cesante que se averigua, “Va” el monto mensual actualizado que se devengaba ($11.882.543,08), “i” el interés mensual que civilmente se tasa en 0.004867, “n” el tiempo en meses que se liquida (27,66 meses)(29), y el valor constante “1”, el cálculo arroja:

S1998-02512CE(2).JPG
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Ahora, los demandantes pretenden, además, el reconocimiento de los daños a la “personalidad, nombre personal y familiar, honor, fama, reputación, intimidad, [vida de relación y condiciones materiales de existencia]”(30) que aducen les fueron causados, en razón de la privación injusta de que fue víctima el señor Caicedo Ferrer; no obstante no serán reconocidos, toda vez que el acervo probatorio no demuestra su ocurrencia.

Pone de presente la parte actora que (i) “el espectáculo no pudo ser más vergonzoso: los funcionarios administrando justicia por la prensa, por la radio, por la TV, por los medios masivos de comunicación, creando una conciencia social errónea y espúrea (sic), destruyendo y destrozando sin rubor a un ciudadano honesto, elemental, claro, diáfano, respetuoso de la ley e inocente, quizás por apetencias políticas desmesuradas, ora por su origen ilustre pero provincial, bien por su vocación de servicio a la colectividad, y por los destinos superiores a los cuales estaba destinado” y (ii) “[se alteró] la vida de relación y condiciones materiales de existencia personal y del núcleo familiar, por la separación abrupta de la familia con la privación injusta e ilícita de la libertad y consiguiente reclusión, los comentarios lesivos en la sociedad organizada y la pérdida de oportunidades que ello implica”.

No obstante y sin perjuicio de las noticias y publicaciones de prensa, emitidas con ocasión de la privación injusta de la libertad padecida por el accionante, no reposa en el plenario prueba alguna que permita concluir que la parte demandada propició la afectación reclamada, razón por la cual no puede imputársele el daño que, según los demandantes, la difusión de la información les causó, como quiera que fueron los medios los que hicieron las publicaciones y, en este orden, los que estarían llamados a responder. Adicionalmente, encuentra la Sala que, en un margen razonable de objetividad, no se distorsionó el concepto público que se tenía del ex-alcalde Caicedo Ferrer y que, además, fue elegido Senador de la República al poco tiempo de habérsele señalado como presunto responsable del delito de peculado por apropiación.

Ha de destacarse que los medios tienen el deber de informar y la responsabilidad de ejercer el control del poder político y, ante la sospecha de probables delitos cometidos por servidores públicos, no pueden esperarse a tener elementos de juicio totalmente robustos, pues su rol devendría inane. Esto supone juzgar de modo menos estricto el nivel de veracidad y de imparcialidad que debe garantizar la información emitida.

Vale traer a colación los principales lineamientos sentados por la Corte Constitucional cuando se presenta un conflicto entre el derecho a la información y los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad. En términos generales, le ha dado la Corte prelación al derecho de información, en razón del papel de control del poder que se asigna socialmente a los medios de comunicación. Ha dicho la Corte(31) —se destaca—:

“Del reconocimiento de que los medios cumplen en este campo una función importantísima para la vigencia del sistema democrático se deriva que ellos deben gozar de amplia libertad en la tarea de supervisión de las entidades estatales —y de los poderes privados—. Si se impusieran fuertes restricciones sobre la prensa en estas áreas se perjudicaría en medida notable su capacidad de vigilancia sobre el correcto desempeño de estos poderes.

No desconoce la Corte que la referida amplitud de la libertad de prensa en estos campos puede llegar a afectar los derechos de las personas que se desempeñan en posiciones de notoriedad e interés público. No obstante, en principio habrá de responderse que estas personas, al aceptar su situación social, han consentido tácitamente en una cierta restricción de esos derechos. En efecto, su papel de figuras públicas los convierte en objeto del interés general, por lo cual es de esperar que tanto sus actividades públicas como su vida privada sean observadas de manera minuciosa por parte de la sociedad.

El hecho de que, en general, no haya lugar a un reproche constitucional por la publicación de artículos o de información relacionados con la actitud y desempeño políticos de (las autoridades públicas), no significa que cualquier tipo de aproximación periodística —y todo tipo de publicación— sobre estos temas sea constitucionalmente aceptable.

El artículo 20 de la Constitución acoge una diferenciación, que es aceptada en la doctrina y la jurisprudencia de otros países, y que es importante de atender cuando se trata sobre la actividad que realizan los medios de comunicación. Así, mientras que, por un lado, el artículo establece la libertad de expresar y difundir los propios pensamientos y opiniones, por el otro se señala que existe libertad para informar y recibir información veraz e imparcial. La primera libertad se refiere al derecho de todas las personas de comunicar sus concepciones e ideas, mientras que la segunda se aplica al derecho de informar y de ser informado sobre los hechos o sucesos cotidianos.

Las dos libertades reciben un trato distinto: así, mientras que la libertad de expresión prima facie no conoce límites, la libertad de informar está atada constitucionalmente a dos condiciones, a saber: la veracidad y la imparcialidad. La explicación del desigual tratamiento de estas dos libertades salta a la vista: en una sociedad democrática y liberal no se puede impedir que cada cual tenga y exponga sus propias opiniones, pero algo diferente es que exponga hechos que no corresponden a la realidad o que suministren una versión sesgada de ella, induciendo así a engaño a los receptores de información.

La mencionada peculiaridad del derecho a la información ha conducido a la Corte a definirlo como un derecho de doble vía.

La definición en cada caso concreto de lo que es veraz puede arrojar muchas dificultades. Aún cuando en algunas situaciones se podrá concluir fácilmente que una información no es veraz, en un buen número de casos pueden existir diferentes apreciaciones sobre una noticia. Pero más aún, en muchos eventos puede ser imposible para el informador determinar con precisión si el hecho que llega a su conocimiento es absolutamente cierto o no. Si en este último caso se aplicara una noción absolutamente estricta de veracidad se podría paralizar la actividad investigativa de los medios de comunicación, con lo cual se afectaría en forma fundamental su labor de control de las instancias de poder.

La aplicación del principio de veracidad difiere según la situación de que se trate. En algunos casos se puede ser muy estricto en la exigencia de la verdad —puesto que se advierte que lo publicado difiere notoriamente de los hechos reales, como ocurre, por ejemplo, cuando un medio manifiesta que sus afirmaciones se fundamentan en documentos emitidos por una entidad determinada, y esta demuestra que sus escritos expresaban todo lo contrario—, en otros casos lo que se puede exigir es que el medio precise su información —cuando, por ejemplo, la información suministrada en sí misma es cierta, pero hace caso omiso de algunos elementos, cuya presencia le otorga un cariz completamente distinto a la noticia—, y en otros, en los que es imposible determinar la total veracidad de un suceso, que el medio demuestre que ha sido suficientemente diligente en la búsqueda de la verdad.

Es, fundamentalmente, en estos dos últimos eventos en los que el medio debe dar muestras de su imparcialidad. De acuerdo con este principio, el periodista debe guardar cierta distancia respecto de sus fuentes y no aceptar de plano, de manera irreflexiva, todas sus afirmaciones o incriminaciones. Por el contrario, las informaciones que le sean suministradas por ellas deberán ser contrastadas con versiones distintas sobre los mismos hechos, de parte de los implicados o de personas conocedoras de la materia que se debate. Asimismo, el comunicador deberá cuestionar sus propias impresiones y preconceptos, con miras a evitar que sus preferencias y prejuicios afecten su percepción de los hechos”.

A partir de lo expuesto es posible concluir, en relación con los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, que quien asume un cargo en el servicio público se expone —de modo voluntario— a ser objeto de enjuiciamiento por parte de la sociedad, con lo cual deja de lado al menos una parte de la esfera tutelada constitucionalmente. En esta medida, el funcionario público ha de estar en disposición de aceptar y soportar ataques que no estaría obligado a tolerar en el ámbito privado, pues, aunque sus derechos a la honra y al buen nombre deben ser respetados, el margen de protección en relación con quienes prestan un servicio público disminuye sensiblemente al estar en juego la defensa del interés público y del bien de la comunidad.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con el daño a la “vida de relación y condiciones materiales de existencia”, alegado por la parte actora, no se observa que, producto de la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Caicedo Ferrer, los demandantes hayan sufrido alguna afectación psicofísica que alterara su vida de relación, razón suficiente para descartar la ocurrencia del perjuicio reclamado.

Finalmente, los accionantes solicitan el reconocimiento de “las pérdidas y gastos en que (incurrieron) por virtud de los hechos positivos y negativos”, sin manifestar —en concreto— a qué hechos se refieren, motivo que, aunado a la ausencia de elementos probatorios que acrediten su ocurrencia, impone a la Sala negar la pretensión.

5.7. La obligación que emana de la presente sentencia es divisible entre las entidades demandadas.

Opera, en el sub júdice, la divisibilidad de la obligación, teniendo en cuenta que la privación injusta de la libertad, padecida por el procesado desde el 31 de marzo hasta el 25 de junio de 1992, resulta imputable —de manera directa— a la Rama Judicial. Empero desde que la fiscalía revocó el beneficio de libertad provisional concedido al encartado y, específicamente, desde el 28 de enero de 1993 —día en que el señor Caicedo Ferrer se presentó voluntariamente ante la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía—, es dable inferir que la libertad se mantuvo restringida por cuenta del ente acusador hasta el 28 de abril siguiente, fecha en que el implicado accede —de nuevo— a la libertad provisional.

Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación asumirá, en un 51.1%, el pago de la totalidad de los perjuicios acreditados y la Rama Judicial lo hará en un 48.9%.

Finalmente y sin perjuicio de lo anterior, la fiscalía pagará el monto total de la condena y, posteriormente, podrá repetir contra la Rama Judicial para que, de conformidad con lo expuesto en este punto, le reembolse la suma que en derecho corresponde.

5.8. Costas procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se impondrá condena al respecto.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia del 16 de julio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación por los perjuicios que sufrieron los demandantes, como consecuencia de la privación injusta de la libertad del señor Juan Martín Caicedo Ferrer.

2. En razón de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales y con sujeción a la parte motiva de esta providencia, las siguientes indemnizaciones: 30.24 smmlv(32) para el señor Juan Martín Caicedo Ferrer, 15.12 smmlv(33) para su esposa Lia de Roux y para cada uno de sus hijos María Antonia y Santiago Caicedo de Roux y 7.56 smmlv(34) para cada uno de sus hermanos Ana María Caicedo de Vélez, Martha Elena, Francisco Xavier y Gloria Stella Caicedo Ferrer.

3. CONDENAR a la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios materiales y con sujeción a la parte motiva de esta providencia, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $350.909.301.20, a favor del señor Juan Martín Caicedo Ferrer.

4. disponer que la Rama Judicial le responda a la fiscalía, quien pagará el 100% de la condena, por el 48.9% de la misma.

5. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Procuraduría General de la Nación.

6. Negar las demás pretensiones de la demanda.

7. NO CONDENAR en costas.

8. DÉSE cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 del Código de Procedimiento Civil y 37 del Decreto 359 de 1995, para el cumplimiento de esta sentencia EXPÍDANSE COPIAS con destino a las partes, que serán entregadas al respectivo apoderado judicial en cada caso.

10. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) Aplicable al sub júdice, pues la norma rige desde 1996 y el proceso inició en 1998.

(8) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, Radicación 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ). Consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez. La Sala Plena se pronunció en el sentido de señalar que la cuantía no determina la competencia en asuntos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) ya que, en aplicación de la normativa estatutaria, debe observarse un factor orgánico que confiere competencias en primera instancia a los tribunales administrativos y en segunda instancia a esta corporación.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Expediente 15983, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(10) Fecha aludida en el escrito de demanda. Fl. 16, cdno. 1.

(11) Derogado por la Ley 600 de 2000 y vigente para la época de los hechos.

(12) Sentencia del 15 de septiembre de 1994, Exp. 9.391.

(13) En sentencia del 9 de junio de 2010, Exp. 19.312, se dijo: “(...) la Sala no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. Es decir, cuando se absuelve al sindicado o al procesado porque el hecho no existió, el investigado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa”.

(14) Constancia de la subsecretaria general de la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, visible a fl. 13, cdno. 2.

(15) Fls. 459 y 460, cdno. 2.

(16) Fls. 123 a 136, cdno. 2.

(17) Fls. 618 y 619, cdno. 6. Oficio mediante el cual la Fiscalía General de la Nación remite a la Corte Suprema de Justicia la actuación adelantada en contra del señor Caicedo Ferrer, en razón de que éste se posesionó el 20 de julio de 1994 como Senador de la República.

(18) Ver certificación del DAS, visible a fl. 96, cdno. 8 y providencia, proferida el 25 de junio de 1992 por el Juzgado 23 de Instrucción Criminal, mediante la cual se concedió la libertad provisional al señor Juan Martín Caicedo Ferrer (fls. 15 a 18, cdno. 10).

(19) El 26 de enero de 1993, la fiscalía revocó el beneficio de libertad provisional concedido, en providencia del 25 de junio de 1992, al señor Caicedo Ferrer (fls. 79 a 256, cdno. 10). El 28 de enero de 1993, el encartado penalmente se presentó ante la unidad de investigaciones especiales de la fiscalía y, de nuevo, quedó privado de su libertad (fls. 321 a 323, cdno. 10). El 28 de abril de 1993, la fiscalía otorgó al procesado la libertad provisional, comoquiera que transcurrieron 180 días de detención, sin que se hubiese calificado el mérito del sumario (fls. 620 a 622, cdno. 6).

(20) La providencia se allegó con el escrito de demanda y, aunque obra en copia simple a folios 554 a 641 del cuaderno 2, puede consultarse en la página web institucional de la Corte Suprema de Justicia, hipervínculo:

http://190.24.134.69/Busquedadoc/qfullhit.htw?CiWebHitsFile=%2fsentencias%2fpenal%2f1996%2fdr.nilson+pinilla+pinilla%2fpr9710-2.doc&CiRestriction="9710"&CiQueryFile=/busquedadoc/query.idq&CiUserParam3=query.htm&CiHiliteType=Full

La Ley 270 de 1996 —art. 95— preceptúa: “el Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.

Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones.

Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales (...)” negrillas fuera de texto.

Cabe anotar, en relación con el documento, que (i) no fue tachado de falso, (ii) las partes invocaron su contenido en varias actuaciones procesales y (iii) tiene valor probatorio, con fundamento en el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, el principio de buena fe y el precedente jurisprudencial, en la medida en que su original debe reposar en los archivos de la Nación-Rama Judicial.

No sobra aclarar que, al posesionarse el señor Caicedo Ferrer como Senador de la República, se decretó la ruptura de la unidad procesal y se envió la actuación a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (fls. 618 y 619, cdno. 6). Corporación esta que, al calificar el mérito de la instrucción sumaria, examinó —además del delito de peculado por apropiación— el punible de prevaricato por acción.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de marzo de 2012, Radicación 1800123310001997000301, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(22) Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia de radicación 21.350, actor: Mauricio Monroy y otra, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(23) En la sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 13.232, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (...)”.

(24) La facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “... descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodearon los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad ...” (Sent. jun. 16/94, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, Rad. 7.445, actor: María Luisa Perdomo Lozada). Igualmente puede verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, Radicación 54001-23-31-000-1993-08025-01 (N.I. 14726), actor: Domingo Antonio Bermúdez, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.

(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2011, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, Radicación 22.939. En este caso al demandante, detenido por casi 10 meses, se le concedieron 50 smmlv, por concepto de perjuicios morales.

(26) Para la determinación de la cuantía de la indemnización del perjuicio moral, la Sala se guía por la proporción valor-tiempo, para lo cual tiene en cuenta el valor que, en promedio, se concede al mes de privación de la libertad —5,1 smmlv—, atendiendo únicamente al criterio temporal, sin perjuicio de que otros factores circunstanciales obliguen a reconocer una cifra más alta. Sentencia del 29 de agosto de 2012, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, Radicación 24.093, actor: Hermelinda Díaz López y otros.

(27) El documento relaciona los valores que se le cancelaron al señor Juan Martín Caicedo Ferrer durante el tiempo en que se desempeñó como Alcalde Mayor de Bogotá. Fl. 14, cdno. 2.

(28) Fórmula: Va = Vh * (IPC Final/IPC Inicial).

(29) La privación injusta de la libertad del señor Juan Martín Caicedo Ferrer duró 5,93 meses. No obstante y en aplicación del precedente, a este período se le suma el tiempo que, en promedio y según los datos oficiales, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo. Señala la jurisprudencia sobre el punto —sentencia del 30 de marzo de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Radicación 19567—:

En efecto, acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el observatorio laboral y ocupacional colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)”.

Lozano Fajardo, estuvo privado de la libertad hasta el 7 de septiembre de 1998, lo cierto es que según los parámetros jurisprudenciales a este período es necesario sumarle el tiempo en que, según los datos oficiales, una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel.

Siendo así y de acuerdo a la realidad procesal, el término a tener en cuenta es 27,66 meses, dado que el sindicado estuvo detenido en dos oportunidades y, al recuperar la libertad en cada una de ellas, tardaría en reubicarse laboralmente 6.95 meses —al menos— en la primera y 14.78 meses en la segunda. El primer cálculo —6.95 meses— atendiendo a que ese es el tiempo comprendido entre el momento en que, por primera vez, le concedieron la libertad provisional y la fecha en que —de nuevo— lo privaron de su libertad y el segundo cálculo —14.78 meses— en razón de que no es dable aplicar los datos oficiales —previamente aludidos—, como quiera que se probó que el señor Caicedo Ferrer, después de obtener —por segunda vez— la libertad provisional, logró ocuparse laboralmente hasta el 20 de julio de 1994, fecha en la que se posesionó como Senador de la República.

De manera que, aunque el ex alcalde Caicedo Ferrer culminaba su período el 31 de mayo de 1992, para efectos del lucro cesante se tomó —como base— la remuneración que recibía como Alcalde Mayor de Bogotá, en atención a su capacidad productiva, preparación académica y trayectoria profesional. De esta forma, la Sala acoge la tesis aplicada en el caso del ex ministro Enrique Low Murtra —sentencia del 19 de junio de 1997, C.P. Daniel Suárez Hernández, Radicación 11875—.

(30) Esta corporación ha sostenido que (i) el derecho al honor “tiene un doble carácter, que ha sido recogido acertadamente por la jurisprudencia del tribunal supremo: el carácter subjetivo o inmanente y el carácter objetivo o trascendente. El primero viene determinado por la estimación que cada persona tiene de sí mismo. Mientras que el segundo de ellos consistiría en la estimativa que los demás hacen de nuestra dignidad.

Con la delimitación de ese doble carácter, inmanente y trascendente, se pretende señalar que los ataques al honor se desenvuelven tanto en el marco interno de la propia intimidad personal y familiar, como en el ambiente social o profesional en el que cada persona se mueve”, (ii) la honra es la “estima y respeto de la dignidad propia (sentido subjetivo) y buena opinión y fama adquirida por la virtud y el mérito (sentido objetivo)” y (iii) la fama “se define en un doble aspecto: como opinión que las gentes tienen de una persona, lo que conecta con la dimensión objetiva o social del honor, y como opinión que la gente tiene de la excelencia de un sujeto en su profesión o arte. Esta última significación nos lleva a la idea de ‘honor’ en el sentido de reputación profesional”. Sentencia del 9 de junio de 2010, C.P. Enrique Gil Botero, Radicación 52001-23-31-000-1997-08775-01 (19283).

(31) Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 1998.

(32) Liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

(33) Liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

(34) Liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.