Sentencia 1998-02669 de julio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Proceso: 25000232600019980266901

Nº Interno: 25668

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Compañía de Mineros Contratistas de Colombia Ltda. - Micol Ltda.

Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros

Referencia: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia

Bogotá, D.C., nueve de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación dado que la providencia recurrida fue proferida en un proceso con vocación de doble instancia, puesto que la demanda se presentó el 14 de octubre de 1998(21) y la pretensión mayor se estimó en $ 15.117’456.354 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, mientras que el monto exigido para el año 1998 para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de segunda instancia era de $ 18.850.000(22).

2. El objeto de los recursos de apelación.

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Defensa - Armada Nacional está circunscrito a revisar el tema de la caducidad de la acción; de otro lado el interpuesto por la parte actora está encaminado a que se modifique la sentencia impugnada para que se revise la actualización de la suma pagada como daño emergente y se reconozca el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante que afirma sufrió y cuyo reconocimiento le fue negado en primera instancia.

Lo anterior obliga a destacar que en el sub lite no fueron controvertidos por los recurrentes el hecho dañoso, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió, así como la imputación de responsabilidad patrimonial, de manera que ninguna precisión efectuará la Sala en relación con el régimen de responsabilidad, el daño antijurídico y la legitimación en la causa por activa, puesto que los referidos son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión que profirió el tribunal a quo(23).

Así las cosas, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá al estudio de los motivos de inconformidad planteados en los recursos de apelación interpuestos por las partes.

4. (Sic) La caducidad de la acción impetrada.

Teniendo en cuenta que el motivo de inconformidad del Ministerio de Defensa - Armada Nacional se sustenta únicamente en la caducidad de la acción, la Sala procederá a estudiar el tema como sigue:

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001, tampoco admite renuncia y, en todo caso, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

En lo que tiene que ver con el término para intentar la acción de reparación directa el Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, numeral 8º, dispone lo siguiente:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa” (negrillas adicionales).

Como se observa, la ley consagra un término de dos (2) años, contados desde el día siguiente al acaecimiento del hecho u omisión que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, periodo que, una vez haya vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

Sobre el momento a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad, la Sala, en reiterada jurisprudencia,(24) se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios solo surge a partir del momento en que estos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

“Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquellos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no omita por razones formales la reparación de los daños que la merecen”(25).

“Debe agregarse a lo anterior que, el hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, ya que en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo indicó la Sala en sentencia del 18 de octubre de 2000:

“Debe advertirse, por otra parte, que el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, como parecen entenderlo el a quo y la representante del Ministerio Público. Así, el hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad comience a correr. Si ello fuera así, en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo advirtió esta Sala en sentencia del 26 de abril de 1984, en la que se expresó, además, que la acción nace cuando se inicia la producción del daño o cuando este se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos”(26).

Si bien es cierto que la regla general para la contabilización del término de caducidad es la que se dejó indicada, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que pueden darse eventos en los cuales la manifestación o conocimiento del daño no coincida con el acaecimiento mismo del hecho que le dio origen, resultando —en consecuencia— ajeno a todo principio de justicia que, por esa circunstancia que no depende ciertamente del afectado por el hecho dañoso, no pueda este obtener la protección judicial correspondiente. Por ello, en aplicación del principio pro damnatum y en consideración a que el fundamento de la acción de reparación es el daño, se ha aceptado que en tales casos el término para contar la caducidad de la acción indemnizatoria se empieza a correr a partir del momento en que se conozca o se manifieste el daño. Así, en efecto, lo ha manifestado esta corporación en los siguientes términos:

“La determinación del momento a partir del cual se produce la caducidad de la acción no presenta problemas cuando la realización del hecho, operación, ocupación u omisión coinciden con la producción del daño. No obstante, cuando el perjuicio se produce o se manifiesta en un momento posterior o se trata de daños permanentes, de tracto sucesivo o que se agravan con el tiempo, surgen dificultades para su determinación”.

(...)

“En síntesis, en un tema tan complejo como el de la caducidad, que involucra de una parte razones de justicia y de otra el interés de la seguridad jurídica, no es posible establecer criterios absolutos, pues todo depende de las circunstancias que rodean el caso concreto. No obstante, no debe perderse de vista que de conformidad con la ley, para establecer el término de caducidad se debe tener en cuenta el momento de la producción del hecho, omisión, operación u ocupación generadores del perjuicio.

“Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios solo surge a partir del momento en que estos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daño que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

“Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquellos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción, de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no se niegue la reparación cuando el conocimiento o manifestación de tales daños no concurra con su origen”(27).

Como se observa, las reflexiones que han llevado a esta corporación a reconocer la posibilidad de acudir a la solución que se deja vista, nacen de la aplicación de los principios de equidad y de justicia, bajo una visión de la lógica de lo razonable y habida consideración de la circunstancia de desconocimiento por parte del afectado de la existencia del daño, desconocimiento, se reitera, no nacido del desinterés o descuido de este, sino de las particularidades específicas en que surgió(28).

En el marco de ese mismo universo, ha reconocido la jurisprudencia que ocurren eventos en los cuales los daños pueden provenir de un acontecimiento de agotamiento instantáneo, pero que también puedan —ocasionalmente— provenir de un hecho que se va produciendo de manera paulatina o progresiva y que esas distintas circunstancias se proyectan, también, en el ámbito de la contabilización del término de caducidad de la acción. En el primer caso no cabe duda en cuanto a que el término para interponer la demanda resarcitoria ha de empezar a contabilizarse a partir del día siguiente a aquel en que se produjo el acontecimiento dañoso —esta constituye la regla general—, pero también puede ocurrir que los efectos del daño se agraven con el tiempo, o que fenómenos sucesivos y homogéneos puedan producir daños continuos.

En eventos como estos últimos, se ha señalado por la jurisprudencia, que ha de tenerse cuidado de no confundir la producción de daños sucesivos con el agravamiento de los efectos de un mismo daño,(29) pues en este último evento el término para ejercitar la acción debe empezar a contarse desde el acaecimiento del hecho que le dio origen, y no así cuando los daños se producen de manera paulatina como efecto de sucesivos hechos u omisiones o causas dañosas diversas, en cuyo caso el término para reclamar la indemnización de perjuicios corre de manera independiente para cada uno de los daños derivados de esos sucesivos eventos.

Visto lo anterior, corresponde, ahora, entrar a determinar si en el caso que ocupa la atención de la Sala, se configuró el fenómeno de la caducidad, como lo ha planteado el Ministerio de Defensa - Armada Nacional a lo largo del proceso e inclusive en el recurso de apelación.

Examinado el texto de la demanda, encuentra esta Sala que, de manera clara, la parte demandante solicitó se declarara administrativa y extracontractualmente responsables a las entidades demandadas de los perjuicios que le fueron ocasionados con la “aprehensión y posterior pérdida física de la aeronave HK-3409W”.

Insiste la apelante que el término de caducidad debe empezarse a contabilizar desde el momento en que sucedió el siniestro y la aeronave se perdió totalmente —sep. 17/93—, en relación con el punto debe aclarar la Sala que tal como se ha planteado el hecho generador del daño está íntimamente relacionado con el acto, circunstancia o suceso que le permite al actor concluir en forma cierta que ha padecido un daño antijurídico.

De conformidad con lo anteriormente planteado el hecho generador del daño en el presente asunto se concreta con la imposibilidad de cumplir con la decisión contenida en la Resolución 760 de 12 de febrero de 1998 en relación a la entrega definitiva del avión HK-3409W y mal podría contarse desde el momento mismo de destrucción de la aeronave por el siniestro aéreo, situación que tuvo ocurrencia con mucha antelación, pues la parte demandante para esa fecha —sep. 17/93—, no tenía conocimiento de la pérdida de la aeronave ni contaba con la certeza de la devolución de la misma.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados —decía la norma en la época de presentación de la demanda— a partir “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos(30)”.

En el presente caso tal como quedó planteado la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por la sociedad demandante con ocasión de la imposibilidad de cumplir la orden de devolver la aeronave HK-3409W contenida en la Resolución 760 de 12 de febrero de 1998, lo que significa que tenían hasta el día 13 de febrero de 2000 para presentarla y, como ello se hizo el 14 de octubre de 1998, resulta evidente que la acción se ejerció dentro del término previsto por la ley(31).

3. (Sic) El recurso de apelación de la parte actora.

Por su parte la inconformidad de la demandante la hace consistir básicamente en la actualización de la suma que fue pagada como daño emergente y en el hecho de que la indemnización del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante debió ser reconocida puesto que, en su criterio, en el proceso se encuentra material probatorio suficiente para ello.

El a quo —como ya se refirió— negó el reconocimiento del lucro cesante al no haber encontrado, dentro del material probatorio con el que cuenta el proceso, documento alguno que permitiera deducir la suma correspondiente a la erogación económica que por este concepto dejó de percibir la sociedad demandante.

Del material probatorio allegado en debida forma al proceso, encuentra la Sala acreditado:

— Que la aeronave distinguida con la matrícula HK-3409, fue aprehendida por la DIAN el 24 de septiembre de 1991, según acta 062(32).

— Que la DIAN ordenó la devolución de la aeronave a la sociedad demandante, mediante Resolución 760 de 12 de febrero de 1998, al encontrar que “de las pruebas aportadas al expediente, podemos concluir que no es factible desvirtuar que la aeronave aprehendida mediante acta de ingreso F-062, corresponda a la amparada mediante manifiesto de importación 41052 de fecha 6 de septiembre de 1988 y entregada provisionalmente al Ministerio de Defensa Nacional “Fuerza Naval del Atlántico” mediante Resolución 2718 de septiembre 30 de 1991”(33).

— En cumplimiento de la orden dada en la Resolución 760 del 12 de febrero de 1998 la DIAN ofició al Ministerio de Defensa para que procediera a devolver la aeronave HK-3409 que le había sido entregada provisionalmente(34).

— El Ministerio de Defensa pone de presente la imposibilidad de devolver la aeronave, porque el 17 de septiembre de 1993, había sufrido un accidente en cercanías de la ciudad de Cartagena al efectuar un aterrizaje de emergencia(35).

— Según el certificado de existencia y representación de la sociedad demandante su objeto social giraba en torno a actividades que tuvieran estrecha relación con el sector minero energético, entre otras labores la de transporte para lo cual, decía el mismo documento, podría importar equipos, maquinaria, aerodinos,(36) tractores y repuestos(37).

— Según las copias de las declaraciones de renta que la sociedad presentó durante los años 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 esta incluía entre sus activos fijos dos aeronaves la HK-3409 que fue aprehendida por la DIAN y la HK-3239(38).

De conformidad con las pruebas obrantes en el plenario quedó plenamente demostrado que la sociedad demandante es una sociedad comercial que se dedicaba entre su amplio objeto social entre otras actividades al transporte de todo lo relacionado con el sector minero energético del país, para lo cual contaba con dos aeronaves la que le fue aprehendida por la DIAN —HK-3409— y la HK-3239.

Para el momento en que fue aprehendida la aeronave HK-3409 la sociedad demandante se encontraba activa, ejerciendo su objeto social por lo que la Sala considera que se encuentra probado que existió un perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, puesto que desde el momento de la aprehensión de la aeronave el ingreso que percibía por el ejercicio de su objeto social se vio disminuido.

Además de lo anterior, obra en el plenario dictamen pericial, prueba que fue decretada a solicitud de la parte demandante mediante providencia del 25 de mayo de 1999,(39) presentada el 15 de octubre de 1999(40) y aclarada, a solicitud de la DIAN, el 13 de diciembre de 2000.

En dicha oportunidad los expertos plasmaron en su informe que para encontrar el valor correspondiente al lucro cesante “se cuantifica por el precio del número de horas que la aeronave podía volar según el destino que tenía, como vuelos especiales “Chárter” según el reglamento aeronáutico, capítulo aeronaves de matrícula W”.

Se acompañó al dictamen dos certificaciones expedidas por empresas dedicadas al transporte aéreo en aeronaves de las mismas especificaciones a la HK-3409W,(41) esto es, con capacidad de 7 pasajeros, documentos en los que se hizo constar que el valor de la hora era de US$ 900 y la capacidad de vuelo era de 150 horas al mes, máximo 7 horas diarias.

En el dictamen pericial se dijo que a los ingresos obtenidos se debía descontar un 35% correspondiente a los gastos de mantenimiento, administración, combustible, aeropuerto y otros.

Finamente se tomaron como cifras para efectuar el cálculo las siguientes:

Capacidad de vuelo horas mes = 141 horas

Capacidad de vuelo horas día = 4.7

Vuelo mensual = 30 días

Costo hora de vuelo = US$ 900

Gastos deducibles = 35% de los ingresos brutos

El anterior cálculo lo realizaron desde la fecha de aprehensión de la aeronave —sep. 24 /91— hasta el 30 de septiembre de 1999, fecha en la cual se elaboró el experticio.

La DIAN solicitó aclaración del dictamen pericial, específicamente en relación con el lucro cesante, poniendo de presente que la entidad había pagado el valor de la aeronave a la sociedad demandante en marzo de 1999 y que, por lo tanto, no se encontraba en la obligación de seguir pagando la indemnización correspondiente a la utilidad que el bien producía.

De otro lado en relación con el valor estimado por los peritos como lucro cesante desde el momento de la aprehensión manifiesta que la suma calculada carece totalmente de sustento puesto que no es el reflejo de lo declarado por la sociedad demandante por el concepto de servicios, honorarios y comisiones, además considera que el 35% correspondiente a gastos que le fue descontado del ingreso bruto es insuficiente puesto que una aeronave de las denominaciones de la aprehendida debe someterse a reparación cada 5400 horas de vuelo con un costo de US$ 300.000, para lo cual es importante tener en cuenta el libro de control de horas de vuelo.

Los peritos en su oportunidad manifestaron que teniendo en cuenta el tiempo que el avión debe permanecer en tierra para efectuar el mantenimiento no se tomó como promedio de horas diarias 8 o 7 sino 4.7 horas diarias y que en el 35% correspondiente a costos de operación incluyen tanto los costos fijos como los variables.

La Sala considera que puede tenerse como valor de la hora vuelo los US$ 900 certificados por las empresas que se dedican a la misma labor que la ahora demandante, pero no sucede lo mismo con los otros datos para llevar a cabo la liquidación, pues de los documentos que reposan en el expediente no es posible deducir los demás conceptos, tales como horas de vuelo y la utilidad real que producía la aeronave aprehendida.

Por lo anterior, la Sala considera que no es posible tomar como base para realizar la liquidación del lucro cesante los datos otorgados por los peritos en su dictamen y que no reposa en el proceso prueba suficiente para establecer los valores requeridos para realizarla, por lo que resulta necesario condenar en abstracto, motivo por el cual la parte actora deberá, mediante trámite incidental, acreditar el monto de la utilidad que representaba tal actividad de transporte, una vez deducidos los gastos que se enunciaran, para lograr el cumplimiento de la misma, teniendo como base los siguientes parámetros:

— La liquidación se realizará por el término comprendido desde la fecha de aprehensión de la aeronave —sep. 24/91— hasta el 20 de abril de 1999, fecha en la cual la sociedad demandante recibió el pago de la aeronave por parte de la DIAN.

— Se tomará como valor de la hora de vuelo US$ 900.

— Deberá acreditarse las horas de vuelo que realizaba la aeronave para el momento de la aprehensión, dato que puede ser extractado del libro diario de la sociedad demandante donde se debían registrar todos los movimientos económicos relativos a la aeronave aprehendida o del libro de control de horas de vuelo que debe tener toda aeronave.

— Al valor de la ganancia bruta se le deberá deducir:

— Los costos fijos de operación —seguros y tripulación—.

— Los costos directos de operación —combustibles, aceite, imprevistos, reserva motores, reserva hélices, reserva mantenimiento aviónica, provisiones cabina—.

— Los costos correspondientes a un programa de mantenimiento y los gastos administrativos —parqueo avión, arrendamiento, gerente, comisión ventas, secretaria, auxiliar contable, servicios—.

Lo anterior para dejar una suma líquida correspondiente a la ganancia neta de la actividad comercial desarrollada.

La liquidación del perjuicio tendrá que efectuarse —como ya se dijo— mediante trámite incidental, el cual deberá ser promovido por la demandante dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto del tribunal administrativo a quo que ordene cumplir lo dispuesto en esta providencia, según las previsiones contenidas en los artículos 127 a 129 del Código General del Proceso.

5.1. Daño emergente.

En relación con este rubro la parte demandante se encuentra inconforme con la actualización que hizo el a quo del valor que le fue reconocido por la DIAN mediante Resolución 8361 de 1º de diciembre de 1998(42).

En la sentencia de primera instancia se tomó como fecha inicial para realizar la actualización desde junio de 1998, momento hasta el cual la DIAN actualizó el valor de la aeronave aprehendida y, como fecha final la correspondiente al título judicial y no como lo solicita la parte demandante hasta la fecha en que realmente se recibió el pago.

En relación con este tema se encuentra en el plenario las siguientes pruebas:

— Copia auténtica de la Resolución 8361 de 1º de diciembre de 1998,(43) mediante la cual la DIAN ordenó reconocer a favor de la sociedad demandante la suma de $ 4.519’985.197,60.

— Copia del título de depósito judicial 4080642 de fecha 29 de marzo de 1998,(44) por el valor enunciado.

— Copia de la consignación a favor de la sociedad demandante de fecha 20 de abril de 1999(45).

Considera la Sala que se asiste razón a la sociedad demandante en relación a que la actualización del valor de la aeronave debió realizarse hasta la fecha en que la sociedad demandante efectivamente recibió el pago liquidado, por lo que procederá a realizar el cálculo tomando los datos que tuvo en cuenta la Resolución 8361 de 1º de diciembre de 1998,(46) pero en esta oportunidad hasta abril de 1999.

S199802669CEECUA1
 

S199802669CEECUA2
 

Ra = $ 4.947’627.823

Valor que será descontado al que realmente fue recibido y el resultado será actualizado desde abril de 1999 hasta la fecha de esta providencia.

4.947’627.823 - 4. 519’985.197.60 = 427’642.625.40

S199802669CEECUA3
 

Ra = $ 905’272.473

A la anterior suma se le aplicará un interés del 6% anual desde la fecha en que debió ser recibida por la sociedad demandante —abr. 20/99— hasta la fecha de esta sentencia, porque dicha erogación le causó al demandante el perjuicio de no poder lucrarse con las ganancias que este dinero le habría podido reportar si lo hubiese recibido, y ello teniendo en cuenta que los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hacen parte de la indemnización integral y son compatibles con la indexación .

S199802669CEECUA4
 

Donde:

I= interés liquidado

C= capital, esto es, el valor de la aeronave, fijado conforme a las pautas anteriores

R= rata mensual (0.5%)

T= tiempo o número de meses, que en el presente caso abarca desde la fecha en que debió recibir la suma de dinero la entidad demandante —abr. 20/99— hasta la fecha de esta providencia.

S199802669CEECUA5
 

I = $ 830’723.285

Total daño emergente = $ 1.735’995.758

En relación con la entidad que debe realizar el pago la Sala comparte la apreciación hecha por el tribunal de primera instancia en cuanto a que este debe ser asumido por el Ministerio de Defensa - Armada Nacional, en atención a que la aeronave se encontraba en su poder para el momento en que se destruyó, que le había sido entregada en forma provisional mediante la Resolución 2718 del 30 de septiembre de 1991, en cumplimiento del Decreto 1195 de 1987, normativa que en su artículo 3º dispone que “La Nación responderá de los perjuicios que se ocasionen con motivo de la utilización de los vehículos autorizada en el artículo 1º de este decreto”.

En cumplimiento a dicha disposición legal y a que para el momento en que se destruyó la aeronave la representación de la Nación se encontraba en cabeza del Ministerio de Defensa - Armada Nacional, esta será la entidad llamada a responder por la condena impuesta en esta providencia.

5. Costas

Como no se vislumbra temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17 de julio de 2003, la cual quedará así:

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional y DIAN por la aprehensión y posterior destrucción de la aeronave HK-3409W.

2. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, a pagar a la demandante Compañía de Mineros Contratistas de Colombia Ltda. Micol Ltda., a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de mil setecientos treinta y cinco millones novecientos noventa y cinco mil setecientos cincuenta y ocho pesos m/cte. ($ 1.735’995.758).

3. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional y a la DIAN, a pagar a la demandante Compañía de Mineros Contratistas de Colombia Ltda. Micol Ltda., a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma que resulte liquidada como consecuencia del respectivo incidente, con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

5. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 114 del Código General del Proceso.

6. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(21) Folio 20 vto. del cuaderno 1.

(22) Decreto 597 de 1988.

(23) Este criterio fue expuesto por la Sala en sentencia de 26 de enero de 2011, Expediente: 20.955, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y reiterado en sentencias de 11 de abril de 2012, Expediente: 27.106, y de 9 de mayo de 2012, expedientes: 23.631 y 23.770.

(24) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 7 de julio del 2005 Expediente 14.691 y del 5 de septiembre del 2006, Expediente 14228, ambas con ponencia del consejero Alier Hernández Enríquez, entre muchas otras.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 2000, Expediente 13.126.

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 18 de octubre de 2000, Radicación: 12.228, demandante: Gerardo Pinzón Molano.

(27) Sentencia del 16 de agosto de 2001, Expediente 13.772 (1048), mencionado en la sentencia del 13 de febrero de 2003, Expediente 13237 (Rad. 2555), M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(28) Sentencia de 16 de agosto de 2001, Expediente 13.772, Sección Tercera.

(29) En sentencia de 2 de junio de 2005, Expediente AG-25000-23-26-000-2000-00008-02, dijo la Sala: “...en la demanda se afirma que los apartamentos del edificio ‘han venido presentando problemas de deterioro progresivo es decir de tracto sucesivo sin que hasta la fecha haya cesado la acción vulnerante causante del daño’. En dicha afirmación, que se hizo a todo lo largo del proceso, se confunde la acción vulnerante con la agravación del daño, cuando se trata de dos situaciones diferentes. De acuerdo con los hechos de la demanda, la acción vulnerante se presentó al expedirse la licencia de construcción o durante la ejecución de la obra, lapso en cual no se cumplió con el control administrativo debido. Suponiendo que no podía establecer el momento en que ocurrieron eso eventos, nada impide que la fecha cierta, de inicio del término de caducidad, se estableciera a partir del momento de la consolidación del daño, esto es cuando los habitantes del edificio conocieron de los deterioros que presentaba la construcción, que de acuerdo con los informes de las entidades distritales, ya se presentaban en agosto de 1998. Debe aclararse, en todo caso, que por el hecho de que el daño se agrave después de su consolidación, implique que se trata de un daño continuado o de tracto sucesivo, como lo pretende el apoderado de los demandantes; ya que, de esa manera, el término de caducidad se prolongaría de manera indefinida. De allí que, para efectos de computar el término de la caducidad de la acción, se debe tomar como punto de partida la fecha en que se realizaron los informes de la entidades distritales, en los cuales los demandantes dieron a conocer el deterioro de la edificación. Razón por la cual se declarará la caducidad de la acción de grupo. Debe aclararse, en todo caso, que por el hecho de que el daño se agrave después de su consolidación, implique que se trata de un daño continuado o de tracto sucesivo, como lo pretende el apoderado de los demandantes; ya que, de esa manera, el término de caducidad se prolongaría de manera indefinida. De allí que, para efectos de computar el término de la caducidad de la acción, se debe tomar como punto de partida la fecha en que se realizaron los informes de la entidades distritales, en los cuales los demandantes dieron a conocer el deterioro de la edificación. Razón por la cual se declarará la caducidad de la acción de grupo”.

(30) Para la fecha de presentación de la demanda esa era la norma, luego desde el día siguiente.

(31) Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

(32) Folios 8 a 13 del cuaderno 2.

(33) Folios 17 a 34 del cuaderno 2.

(34) Folio 35 del cuaderno 2.

(35) Folios 36 y 37 del cuaderno 2.

(36) Aeronave más pesada que el aire que vuela gracias al uso de fuerzas aerodinámicas.

(37) Folio 22 a 24 del cuaderno 3.

(38) Folios 43 a 54 del cuaderno 2.

(39) Folios 94 a 97 del cuaderno 1.

(40) Folios 89 a 111 del cuaderno 2.

(41) Folios 86 a 88 del cuaderno 2, en esa oportunidad las empresas Aeroatlas S.A. y Aerocharter de Colombia, certificaron los datos que los peritos tuvieron como base para su dictamen.

(42) Folios 372 a 375 del cuaderno 3.

(43) Folios 102 a 106 del cuaderno 1.

(44) Folio 107 del cuaderno 2.

(45) Folio 108 del cuaderno 2.

(46) En esa oportunidad la Resolución proferida por la DIAN tomo como índice inicial septiembre de 1991 y como índice final junio de 1998 y como valor histórico la suma de $ 1.198’800.000.