Sentencia 1998-02725 de febrero 18 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 25000232600019980272502 (29.794)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actores: Ilma Baquero Garzón y otros

Demandados: Distrito de Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano, IDU

Asunto: Reparación directa

Bogotá, D.C., dieciocho de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia del 4 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de los accionantes, con ocasión de la muerte del señor Luis Alejandro Suárez Copete, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue establecida en $ 750.798.470 que, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, pidieron los actores para la cónyuge supérstite, y la cuantía fijada por la ley, para la época de presentación de la demanda —16 de octubre de 1998—, para que un proceso fuera de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $ 18.850.000(3).

2.2. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(4), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, la muerte del señor Suárez Copete ocurrió el 29 de octubre de 1996 (fl. 173, cdno. 2) y la demanda fue instaurada el 16 de octubre de 1998, de modo que no hay duda de que ello ocurrió dentro del término que contemplaba el ordenamiento legal de entonces.

2.3. Legitimación en la causa por pasiva.

En el presente asunto, los actores dirigieron la demanda contra el IDU y contra el Distrito de Bogotá, entidades a las cuales imputaron el accidente que cobró la vida del señor Luis Alejandro Suárez Copete, debido —según la demanda— a una falla en la prestación del servicio, pues el puente donde ocurrieron los hechos tenía serios problemas estructurales y de diseño y, además, carecía de señalización adecuada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca exoneró de responsabilidad al IDU y declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito de Bogotá, en consideración a que no intervino en la celebración del contrato de obra pública 068/89, para la construcción del puente de la Autopista Norte con Avenida Ciudad de Quito, pues aquel fue suscrito por el IDU y por el consorcio Hernán Duarte Esguerra & La Viabilidad Ltda. (fl. 353, cdno. ppal.).

El apoderado de la parte actora apeló la decisión anterior, pues, a su juicio, ambas demandadas tienen responsabilidad por los hechos acá imputados.

A juicio de la Sala, si bien el IDU suscribió el contrato de obra 068/89 con el mencionado consorcio (fls. 1 a 52, cdno. 2) y, por tanto, era el responsable de que el puente se construyera correctamente, el Distrito de Bogotá, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital —División de semaforización, señalización y demarcación—, era el encargado de la señalización de las vías en la ciudad, según lo indica el artículo 34 del Decreto 265 de 1991, “por el cual se crea y estructura la autoridad única del sector vías, tránsito y transporte en cabeza de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Distrito Especial de Bogotá”, aplicable al asunto sub examine.

Así las cosas, la Sala revocará la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en cuanto declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito de Bogotá, pues este, al igual que el IDU, se encuentran legitimados para comparecer al proceso como demandados.

2.4. Prueba trasladada.

Además de las pruebas aportadas al plenario, las demandadas solicitaron el traslado de las diligencias preliminares adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, con ocasión del accidente en el que perdió la vida el señor Suárez Copete (fls. 42 y 60, cdno. 1), solicitud que no fue coadyuvada por la parte actora.

Por auto del 17 de enero de 2001, el Tribunal decretó el traslado de dichas diligencias penales (fl. 87, cdno. 1) y, mediante oficio F 52-427 del 18 de julio de 2003, la fiscalía las allegó al proceso (fls. 444 a 518, cdno. 2).

En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla no podrán ser valoradas en dicho proceso(5).

También ha dicho la Sala que, en eventos en que el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, aquellas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión.

De no cumplirse ninguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de estas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos(6):

“... El artículo 229 del mismo código dispone:

‘Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

‘1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

‘2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

‘Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

‘Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior’.

“Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador (...) siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente (se subraya).

En relación con la diligencia de indagatoria practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio (se subraya).

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquellos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso”.

Aplicando estos criterios al asunto sub examine, encuentra la Sala que el testimonio rendido en el proceso penal por la señora Ilma Baquero Garzón, esposa de la víctima (fls. 458 y 459, 493, cdno. 2), no podría valorarse, pero no solo por cuanto la parte actora no solicitó el traslado de las citadas diligencias preliminares, sino además y principalmente, porque la referida señora funge en este proceso como demandante, lo cual le impide ser testigo en este asunto.

Ahora bien, en cuanto se refiere específicamente a la prueba documental y a los informes técnicos de dependencias oficiales que obran en las citadas diligencias preliminares, si bien no se agotaron las formalidades del traslado que cada medio de prueba exige, pues no se expidió providencia alguna que los incorporara formalmente al proceso ni se surtió el traslado de los mismos, para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, dicha irregularidad quedó saneada, en aplicación del parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, según el cual: “Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece”.

En efecto, la prueba documental y los informes técnicos de dependencias oficiales permanecieron a disposición de las partes a lo largo del proceso y nadie dijo nada, razón por la cual estos serán apreciados con el valor legal que les corresponde; adicionalmente, el traslado de dichas diligencias preliminares fue decretado por el Tribunal, mediante auto del 17 de enero de 2000 (fls. 84 a 88, cdno. 1), de modo que las partes sabían que aquellas iban a ser incorporadas al proceso, como en efecto ocurrió; además, los documentos allegados por la fiscalía son públicos y, por tanto, a términos del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se presumen auténticos.

Sobre el particular, esta Subsección ha sostenido:

“Para el específico caso de la prueba documental, la Sala ha señalado que la omisión del referido traslado no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal ‘se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece’”(7).

2.5. Caso concreto y análisis.

Está acreditado en el plenario que el señor Luis Alejandro Suárez Copete falleció el 29 de octubre de 1996. Así lo muestran el registro civil de defunción (fl. 173, cdno. 2) y la diligencia de inspección del cadáver, practicada por la Fiscalía General de la Nación (fls. 450 a 454, cdno. 2).

Así, se encuentra demostrado el daño sufrido por los demandantes, consistente en la muerte del señor Suárez Copete, circunstancia de la que se derivan los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende en este caso, dados los lazos conyugales y de parentesco que los unían con la persona fallecida.

Según la demanda, el citado señor murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito, ocurrido el 18 de octubre de 1996, cuando el vehículo en el que se movilizaba por el puente de la Autopista Norte con Avenida Ciudad de Quito, en Bogotá, se salió de la vía y cayó al vacío, hecho que, a juicio de los actores, obedeció a una falla en la prestación del servicio, imputable a las demandadas, debido a la falta de señalización adecuada y a los graves problemas estructurales y de diseño del puente donde ocurrieron los hechos.

El Distrito de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, se defendieron alegando que el puente se encontraba en buen estado de funcionamiento y debidamente señalizado y que, por tanto, el accidente que cobró la vida del señor Suárez Copete obedeció a su propia culpa, pues no solo transitaba con exceso de velocidad, sino que, además, estaba incapacitado para conducir, ya que días antes había sido sometido a una intervención quirúrgica en uno de sus ojos, por lo cual usaba gafas oscuras, lo que afectó su visibilidad y, además, posiblemente se quedó dormido mientras manejaba.

El Tribunal, por su parte, negó las pretensiones de la demanda, en consideración a que, si bien se estableció en el plenario que el puente en que ocurrieron los hechos presentaba “graves defectos en su estructura y diseño”, el accidente se debió a la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que no estaba en condiciones óptimas para conducir el automotor siniestrado.

Pues bien, a fin de establecer las posibles causas que produjeron el accidente, es necesario, de conformidad con el material probatorio que milita en el expediente, referirse primero a las condiciones que acusaba el puente de la Autopista Norte con Avenida Ciudad de Quito el día de los hechos, para luego constatar si la víctima estaba o no en condiciones óptimas para conducir.

Al respecto, se encuentra acreditado que, el 2 de agosto de 1989, el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y el consorcio Hernán Duarte Esguerra & La Viabilidad Ltda. suscribieron el contrato de obra pública 068, para la construcción del puente de la Autopista Norte con Avenida Ciudad de Quito (fls. 1 a 15, cdno. 2). La obra fue entregada por el contratista el 3 de julio de 1990 (fl. 44, cdno. 1).

Se encuentra acreditado también que, cuatro meses después de la entrega de la obra, el puente empezó a presentar fallas, las cuales se hicieron más evidentes en los siguientes meses, al punto que los distintos informes de interventoría, rendidos el 15 y 27 de abril y el 11 y 19 de mayo de 1994 (fls. 29 a 38, cdno. 2) y los estudios técnicos realizados por el Laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes (fls. 39 a 103, cdno. 2), los cuales fueron contratados por el IDU, revelaron serios problemas estructurales y de diseño que provocaron cierres parciales, a fin de que el contratista atendiera las recomendaciones de los expertos y ejecutara las obras necesarias para solucionar los inconvenientes presentados.

Al respecto, el informe rendido por la Universidad de los Andes en abril de 1994 concluyó (se transcribe textualmente):

“(f) Son evidentes las deficiencias de diseño en lo relacionado a las plaquetas prefabricadas del tablero del puente. Resulta claro que estas no están diseñadas para resistir el momento flector producido por el peso del concreto líquido durante el vaciado más el peso propio lo cual explica los daños graves ocurridos en muchas de ellas.

“(g) Considerando los daños evidentes en las plaquetas ocurridos probablemente durante la construcción conjuntamente con la regular calidad del concreto de la placa, al menor espesor de la misma con respecto al especificado, a la falta de conexión efectiva entre las plaquetas y la losa de concreto fundida en el sitio, a las características cíclicas de las cargas transitorias y a las vibraciones permanentes y efectos de fatiga resulta clara la posibilidad de eventuales fallas locales que con el paso de vehículos pesados se incrementan hasta producir una falla de características preocupantes (...)” (se subraya) (fl. 51, cdno. 2).

Llama mucho la atención que, según los informes de interventoría acabados de citar, las fallas presentadas en el puente obedecieron “al afán de inaugurar la obra”, ya que “se colocaron algunas plaquetas sin cumplir con la edad de fraguado y fueron cargadas así. Por este motivo en el sitio se observan varias de estas (sic) flectadas, lo que hace prever que posiblemente puedan fallar” (se subraya) (fl. 34, cdno. 2).

El 11 de julio de 1994, el contratista de la obra, atendiendo las recomendaciones de los expertos y a fin de solucionar los problemas ocurridos en el puente, presentó al IDU un plan de obras, que debía ejecutarse en 45 días hábiles (fls. 118 y 119, cdno. 2).

Mediante Resolución 1186 del 23 de diciembre de 1994, confirmada por la Resolución 176 del 21 de marzo de 1995, el IDU ordenó hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra, suscrita con la aseguradora Cóndor S.A., a efectos de que el contratista ejecutara las reparaciones requeridas (fls. 121 a 146, cdno. 2).

No obstante las distintas reparaciones a las que fue sometido el puente de la Autopista Norte con Avenida Ciudad de Quito, el informe final de interventoría de agosto de 1995 concluyó que los “antecedentes históricos, los aspectos geométricos y los procesos constructivos utilizados no permiten garantizar que el puente, (sic) no vuelva a presentar problemas locales futuros en otros sitios, por lo cual recomendamos al instituto que se designe un funcionario que inspeccione periódicamente el puente y que rinda un informe analítico de su comportamiento” (fl. 246, cdno. 4).

En septiembre de 1998, el IDU contrató con Proyectos & Diseños Ltda. un estudio, a fin de que elaborara un diagnóstico estructural del puente, cuyo informe, rendido el 21 de diciembre de 1998(8), mostró que este presentaba: i) fisuras en diferentes elementos estructurales, ii) deflexiones de tablero que afectaban los peraltes del puente y producían efectos locales graves en algunas zonas, iii) ausencia de diafragmas enlazando las vigas postensadas, que evidenciaba que los diseñadores del puente no cumplieron la norma AASHTO y, por tanto, la superestructura compuesta por el tablero y las vigas postensadas se tornaban inestables ante fuerzas horizontales, iv) deterioro importante de las juntas de dilatación y expansión, v) disparidad apreciable en los esfuerzos transmitidos por diferentes zapatas al suelo de apoyo, lo que, sumado a los cambios de los suelos del sector, generó asentamientos diferenciales, afectando los peraltes del puente, vi) deficiencia en los refuerzos de los pórticos del puente, que obedecían a efectos de flexión y de esfuerzos cortantes y vii) deficiencias importantes en la verificación de los parámetros de diseño vial del puente para diferentes velocidades, pues “(a) las condiciones de peralte mínimo (...) no se cumplen para ninguna velocidad de diseño, (b) algunas longitudes de curva vertical se superponen con curva horizontal, afectando la visibilidad del conductor, (c) inclusive para una velocidad de diseño baja de 30 km/h (sic) la geometría del puente no cumple los requisitos viales” (se subraya) (fl. 71, cdno. 1).

Si bien el puente fue sometido a varias y constantes reparaciones, siguió presentando serias fallas, al punto que el informe final de Proyectos y Diseños recomendó al IDU que suspendiera su uso, toda vez que se evidenció (se transcribe textualmente):

“Pobre desempeño del sistema de fundación ante cargas verticales.

“Resistencia nula del sistema de fundación para momentos de vuelco inducidos por eventos sísmicos.

“Fisuras en los pórticos de apoyo prevenientes de sobrecargas gravitacionales.

“Ausencia de refuerzo transversal adecuado en las columnas.

“Fisuras en la vigas de apoyo de los prefabricados.

“Fallas en el tablero de circulación del puente.

“Diseño vial fuera de normas de seguridad” (fl. 224, cdno. 1).

Según el mismo informe, el comportamiento del conjunto de los elementos primarios de la estructura —cimentación, pórticos de apoyo, vigas de amarre y tablero— exigían reparaciones inconvenientes de llevar a cabo y, además, de un elevado costo; adicionalmente, el diseño original no tuvo en cuenta “los requisitos de diseño sísmico” y, por tanto, “la estructura está expuesta a daño severo con sismos de menor grado y a colapso con sismos cercanos al sismo de diseño” (fl. 225, cdno. 1).

Es indispensable señalar que, si bien el documento acabado de citar fue aportado por el actor con posterioridad a la presentación de la demanda y, por ende, por fuera del término legal (fls. 85 a 88, cdno. 1), la Sala lo tendrá en cuenta y le dará valor probatorio, toda vez que aquel hace parte de los antecedentes administrativos relacionados con el asunto acá debatido, los cuales fueron solicitados por el IDU, con la demanda (fl. 13, cdno. 1) y por el Distrito de Bogotá, con la contestación (fl. 60, cdno. 1) y, a pesar de que el Tribunal los decretó (fl. 85, cdno. 1) y ofició al IDU para que los allegara al plenario (fls. 105 y 109, cdno. 1), este se abstuvo injustificadamente de hacerlo.

Al respecto, vale la pena anotar que, para obtener el citado documento, el apoderado de la parte demandante elevó una petición al IDU, el cual, mediante oficio del 8 de febrero de 2002 (fl. 167, cdno. 1), remitió a aquel dicho informe, quien, a su vez, lo allegó al proceso (fl. 166, cdno. 1).

A juicio de la Sala, cuando una de las partes, pese a la orden impartida por el juez, omite el deber de aportar los documentos que se encuentran en su poder o legalmente bajo su guarda y archivo, debe asumir los efectos que, con su conducta omisiva, pretendió evitar. Tales efectos, en este caso particular, se concretan en la posibilidad de que la Sala valore el informe final de la firma Proyectos y Diseños(9), el cual, como se dejó dicho, fue aportado por la parte actora fuera del término legal, pues el IDU, teniendo la posibilidad de hacerlo, omitió dicha carga.

Esta solución procesal, que encuentra sustento en los principios constitucionales de igualdad procesal, del debido proceso y del derecho de defensa y de presunción de buena fe (arts. 13, 29 y 83 de la C.P.), no pretende cosa distinta que buscar y encontrar el restablecimiento del equilibrio de las partes en el proceso, pues no resultan admisibles las conductas procesales en las que la contraparte, gozando de una posición privilegiada, se abstiene de aportar la prueba, ya que ello impide encontrar la verdad real en el proceso y, por ende, el correcto y normal funcionamiento de la administración de justicia, en contraposición al deber que todas las personas tienen de colaborar con esta, según los precisos términos del artículo 95 (num. 7º) de la C.P.

Así, dado que el IDU estaba en condiciones de aportar al plenario los antecedentes administrativos relacionados con la construcción y puesta en funcionamiento del puente de la Autopista Norte con Avenida Ciudad de Quito y no lo hizo, no es posible, bajo el criterio de la sana crítica, valorar a su favor dicho comportamiento y, por consiguiente, esa falta de remisión injustificada de los documentos solicitados por el demandante y por el Distrito de Bogotá, y decretados por juez ad quem, debe ser estimada en forma desfavorable a la parte incumplida, con el rigor de dar mérito probatorio a los documentos que, al efecto, aportó el demandante.

Es indispensable señalar, en todo caso, que si bien el accidente ocurrió antes de que fuera rendido el informe anterior, cuyas conclusiones, como se dejó dicho, mostraron las graves deficiencias estructurales y de diseño del puente, lo cierto es que tales falencias se hicieron evidentes desde el mismo momento de su construcción, como lo revelaron los distintos informes de auditoría y el rendido por la Universidad de los Andes en abril de 1994 (fls. 29 a 38, 51, cdno. 2). Así, todo indica que los problemas del puente evidenciados con el informe que rindió Proyectos & Diseños Ltda., en septiembre de 1998, fueron los mismos que presentaba aquel cuando acaeció el siniestro en el que falleció el señor Suárez Copete.

Pues bien, teniendo claro que el puente de la Autopista Norte con Avenida Ciudad de Quito tenía graves problemas estructurales y de diseño, queda por establecer si tales factores, además de la falta de señalización adecuada en el lugar de los hechos, alegada por los demandantes, incidieron en el accidente en el que perdió la vida el señor Suárez Copete.

Dentro de las pruebas solicitadas y aportadas por las partes, obra en el plenario el dictamen pericial practicado en el proceso el 17 de enero de 2001, a través del cual los peritos establecieron las condiciones de diseño, construcción, señalización y velocidad permitida en el referido puente, prueba de la que se destacan las siguientes conclusiones (se transcribe textualmente):

“Se encontró que la velocidad de diseño equivalente correspondiente a la geometría dada de la curva 1 del puente objeto del presente informe (radio de 50.44 metros y peralte de 0.93 grados, ver figuras 1 y 2) era de 10 kilómetros por hora, que no es una velocidad razonable para dicha vía. Que los vehículos circularan a mayor velocidad se explica por el soporte que proporciona la fricción entre el pavimento y las llantas de los vehículos. La velocidad que permitía este soporte podía ser de alrededor de 37 kilómetros por hora, que sumada a la que permitía el peralte, explica por qué los vehículos circulaban a velocidades de 47 kilómetros por hora y posiblemente mayores. Sin embargo, esta velocidad sobrepasa ampliamente la velocidad de diseño. Con la velocidad de diseño se calcula entre otros el peralte adecuado para que un vehículo circule con seguridad a una velocidad dada (la de diseño). Las vías que conectaba el puente (Avenida ciudad de Quito y Autopista Norte) tienen una velocidad permitida de 60 km/hora. Si se usa esta velocidad como la de diseño, el peralte ha debido ser entonces de 30 grados. En este caso el peralte es de menos de 1 grado. Tiene apenas el 3.1% del requerido. Esto implica que los vehículos para no sufrir accidentes cuando circulen están sujetos prácticamente solo al soporte que le puedan dar la fricción de las llantas con el asfalto.

(...).

“El objeto del diseño de vías es proporcionar sistemas seguros para la circulación vehicular. Cuando no se cumple con estas especificaciones, ciertamente los vehículos pueden circular, pero las condiciones de seguridad no se cumplen y eventualmente se pueden producir accidentes.

“No se puede anotar nada respecto a la señalización en el momento del accidente, puesto que el puente fue demolido.

(...).

“Como el peralte no cumple con la velocidad de diseño, no hay forma de garantizar que a 40 kilómetros por hora no se va a producir un accidente. Es posible entonces que a la velocidad de 40 Km/h el vehículo patine (...)” (fls. 3, 4 y 6, cdno. 5).

Mediante auto del 13 de noviembre de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en el artículo 238 (num. 3º) del Código de Procedimiento Civil, corrió traslado del dictamen anterior a las partes (fl. 264, cdno. 1).

El 19 de noviembre siguiente, el IDU lo objetó por error grave, pues, a su juicio, las respuestas de los peritos al cuestionario puesto a su consideración fueron generales, poco precisas y, en algunos casos, hipotéticas y subjetivas.

Sostuvo que los peritos basaron el dictamen en los informes técnicos que obraban en el expediente, ya que el puente, para entonces, había sido demolido y, por tanto, no era posible que se realizaran en él verificaciones de índole alguna y menos aún que se emitieran conceptos en torno al mantenimiento y señalización en el lugar de los hechos.

Afirmó que las conclusiones de los peritos partieron, en algunos casos, de premisas que carecían de certeza, por falta de respaldo probatorio y, por tanto, es obvio que obedecieron a meras apreciaciones subjetivas.

Cuestionó que, a pesar de que no existían pruebas en el plenario, los peritos dieron por sentado que, en el lugar de los hechos, habían ocurrido varios accidentes de tránsito (fls. 265 a 269, cdno. 1).

El apoderado de los actores, por su parte, solicitó desestimar la objeción formulada por el IDU contra el dictamen del 17 de enero de 2001, pues, a su juicio, el demandado pretendía cuestionar las conclusiones del dictamen pericial, so pretexto de un error grave que no se configuró (fls. 272 a 276, cdno. 1).

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Tribunal no decidió la objeción que, por error grave, formuló el IDU contra el referido dictamen pericial, a pesar de que el artículo 238 (num. 6º) del Código de Procedimiento Civil dispuso que “la objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa (...)”, la Sala procederá a resolverla, para lo cual es indispensable señalar que, según el artículo 237 (num. 6º) ibídem, el “dictamen debe ser claro, preciso y detallado” y, además, “en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”.

El dictamen pericial es un medio probatorio que permite verificar los hechos que interesan al proceso y que requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos de auxiliares de la justicia, quienes, a través de experimentos e investigaciones, realizan un examen de las cosas o personas(10). Ahora bien, para que el juez pueda apreciar y valorar un dictamen pericial, este debe reunir una serie de requisitos, entre ellos:

“Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada ‘razón de la ciencia del dicho’, en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y (...) puede negarse a adoptarlo como prueba si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable (...).

“Que las conclusiones del dictamen sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos (...) puede ocurrir también que el juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla; pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de la lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede rechazarlo... (...).

“Que las conclusiones sean convincentes y no parezcan improbables, absurdas o imposibles (...) no basta que las conclusiones sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esa apariencia, el juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, este no será convincente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento exclusivo de su decisión...”.

“Que no existan otras pruebas que desvirtúen el dictamen o lo hagan dudoso o incierto. Es obvio que si en el proceso aparecen otras pruebas que desvirtúen las conclusiones del dictamen o al menos dejen al juez en situación de incertidumbre sobre el mérito que le merezca, luego de una crítica razonada y de conjunto, aquel no puede tener plena eficacia probatoria”(11).

Cabe recordar, además, que para que prospere la objeción del dictamen pericial, por error grave, se requiere la existencia de una equivocación de gran magnitud, no cualquier error(12). Dicha equivocación debe conducir a conclusiones igualmente erradas; además, la objeción, por error grave, debe referirse al objeto de la peritación, no a las conclusiones o inferencias de los peritos(13).

En el asunto sub examine, como se vio, los peritos designados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyeron que la velocidad de diseño del puente de la Autopista Norte con Avenida Ciudad de Quito no “era razonable para dicha vía”, a lo cual se sumaba que, debido a que la velocidad permitida por la carrera 30 era de 60 k/h, el peralte debía ser de 30 grados; sin embargo, este era de menos de 1 grado, al punto que apenas tenía “el 3.1% del requerido”, de modo que, al no cumplir el peralte con la velocidad de diseño, no había “forma de garantizar que a 40 kilómetros por hora no se va a producir un accidente”.

Para la Sala, las conclusiones consignadas en el mencionado dictamen pericial, que evidencian las graves fallas en la estructura y en el diseño del puente, al punto que debió ser demolido para construir uno nuevo, no solo están debidamente respaldadas con las pruebas que militan en el expediente —las cuales no fueron refutadas por las demandadas—, sino que, además, son claras, concretas y precisas; además, los peritos designados por el Tribunal son ingenieros civiles de profesión (fls. 94 y 95, cdno. 1) y, por ende, calificados en la materia, de lo cual se infiere que sus afirmaciones gozan de rigor científico(14).

Nótese que dichas conclusiones tienen sustento en el informe técnico que, al efecto, elaboraron los peritos para rendir el dictamen, el cual consta de 7 capítulos, así: 1) Generalidades (1.1 introducción, 1.2 descripción del problema —antecedentes—, 1.3 objetivos y alcance, 1.4 procedimiento y metodología), 2) Análisis, diagnóstico y desarrollo (2.1 localización, 2.2 condiciones del puente, 2.3 velocidad de diseño existente, 2.4 velocidad que soporta la configuración, 2.5 velocidad de volteo, 2.6 peralte para una velocidad de diseño dada), 3) Figuras, 4) Memorias de cálculos, 5) Cuadros, 6) Croquis de accidente y 7) Bibliografía (fls. 1 a 31, cdno. 5).

Ahora, si bien el puente fue demolido y, por tanto, es cierto, como lo aseguró el IDU, que los peritos no pudieron realizar en él verificación alguna, existe en el plenario abundante prueba documental, en su gran mayoría de tipo técnico, que muestra cómo fue el proceso de construcción y puesta en funcionamiento del puente, así como las fallas y los inconvenientes evidenciados durante y después de la obra, prueba que, sumada al conocimiento y experiencia de los peritos, sirvió de sustento para elaborar el dictamen pericial que fue objetado por el IDU, de suerte que, si bien el puente ya no existía cuando fue rendido el dictamen, dicha circunstancia, por sí sola, no resulta suficiente para desestimarlo, pues lo cierto es que, como se dejó dicho, los peritos tenían suficientes elementos de juicio para concluir lo que plasmaron en el dictamen.

El IDU también aseguró que, a pesar de que no existían pruebas en el plenario, los peritos dieron por sentado que, en el lugar de los hechos, ocurrieron varios accidentes de tránsito; sin embargo, contrario a lo aseverado por aquel, se encuentra acreditado en el expediente que, durante el tiempo en que el puente de la Autopista Norte con Avenida Ciudad de Quito estuvo en funcionamiento, ocurrieron muchos más.

En efecto, mediante oficio STA-264 del 12 de octubre de 2000, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá allegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca un listado de los accidentes de tránsito ocurridos en ese lugar durante 1995, 1996 y 1997; así, por ejemplo, en 1995 sucedieron 43 accidentes (fls. 230 y 231, cdno. 1), en 1996, tuvieron lugar 49 (fl. 232, cdno. 1) y en 1997 acaecieron 42 (fl. 233, cdno. 1), aunque se desconoce el número de personas que fallecieron y resultaron lesionadas.

Así las cosas, no le asiste razón alguna al IDU en cuanto asegura que las respuestas de los peritos al cuestionario puesto a su consideración fueron generales, poco precisas, hipotéticas y, en algunos casos, subjetivas, pues, a juicio de la Sala, el dictamen que ellos rindieron es claro, preciso y detallado y, además, explica minuciosamente los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones.

Pues bien, de conformidad con la prueba documental y pericial que milita en el expediente, puede concluirse que el puente de la Autopista Norte con Avenida Ciudad de Quito no reunía las condiciones necesarias para transitar con seguridad, debido a los graves problemas de estructura y de diseño que lo caracterizaron, al punto que, como lo reveló el dictamen pericial acabado de citar, el agarre de los vehículos estaba determinado únicamente por la fricción de las llantas con el asfalto, pues el peralte tenía menos de un grado, cuando ha debido tener, por lo menos, 30, circunstancia que, sumada a la presencia de fisuras en diferentes elementos estructurales y a deficiencias en los refuerzos de los pórticos, que generaron asentamientos diferenciales, afectando los peraltes del puente y la visibilidad de los conductores, como lo reveló el informe del 21 de diciembre de 1998, elaborado por Proyectos & Diseños Ltda., citado unos párrafos atrás, incidieron determinantemente en el alto índice de accidentes que se registró en ese lugar, como el ocurrido al señor Luis Alejandro Suárez Copete.

Llama la atención la irresponsabilidad de quienes intervinieron en la construcción del mencionado puente, pues todo indica que, por el afán de entregar la obra, se omitieron procedimientos técnicos y protocolos de seguridad; además, en algunos casos, se utilizaron materiales de baja calidad, como lo revelaron los informes de auditoría (fls. 34 y 51, cdno. 2), todo lo cual ocasionó una serie de traumatismos en el tráfico vehicular y malestar general en la ciudadanía, debido a los permanentes cierres a los que fue sometido el puente, los cuales, con el paso del tiempo, se tornaron mucho más frecuentes (fls. 38, 118 y 119, cdno. 2), hasta que finalmente debió ser demolido en su totalidad, para construir uno nuevo, generando, además de los inconvenientes y malestares ya mencionados, un despilfarro injustificado de los recursos públicos.

Ahora bien, es indispensable señalar que en los eventos relacionados con daños a terceros, causados con la ejecución de obras públicas realizadas con el concurso de contratistas, se compromete la responsabilidad de la administración, porque es tanto como si esta ejecutara directamente las obras, sin perjuicio de que, para obtener el reintegro de las sumas que deban pagarse por la condena impuesta, pueda llamarse en garantía o repetirse contra aquellos. Así, siempre que tales daños sean consecuencia de la ejecución de obras públicas a cargo de la administración, bien sea que estas se ejecuten con recursos y medios propios, o bien mediante el concurso de un contratista, aquélla debe cargar con la responsabilidad y la obligación de reparar los daños derivados de dicha actividad(15).

De otro lado, para la época de los hechos no existía en el puente, a juicio de la parte actora, una señalización adecuada, obligación que, según dijo, estaba a cargo del Distrito de Bogotá, el cual no demostró que hubiera implementado las señales de precaución requeridas en el lugar de los hechos; por el contrario, según el croquis del accidente, en el puente no existía señalización alguna y, además, la iluminación era mala (fl. 174, cdno. 2).

Para la Sala es evidente que, debido a las deficiencias estructurales y de diseño que tenía el puente, lo cual constituía un peligro potencial para la seguridad de las personas, el Distrito de Bogotá, cuando menos, tenía la obligación de señalizarlo e iluminarlo adecuadamente, a fin de que los usuarios de la vía tomaran conciencia de los riesgos que existían e implementaran las precauciones necesarias cuando transitaran por él; sin embargo, como se dejó dicho, el puente no contaba con señalización y, además, la iluminación era mala.

El artículo 113 del Código Nacional de Tránsito Terrestre —D.L. 1344/70—, vigente para la época de los hechos, disponía que las autoridades municipales de tránsito debían instalar en las calles las señales respectivas; así las cosas, si por falta o falla de la administración no se advirtieron a tiempo los peligros que existían en las vías, el Estado está obligado a responder por los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio haya podido ocasionar.

En el presente asunto, la ausencia de señales de precaución en el puente configuró una falla en la prestación del servicio, imputable al Distrito de Bogotá, pues este tenía la obligación de garantizar que el tránsito por ese lugar se realizara en condiciones de absoluta normalidad, lo cual no ocurrió, al punto que, como ya se vio, fueron muchos los accidentes que sucedieron en el mencionado puente.

Si bien cuando se practicó el dictamen pericial al que se hizo alusión en las páginas 19 y siguientes de este fallo, el puente ya había sido demolido, lo cual imposibilitó que los peritos hicieran verificaciones en él, dicha circunstancia no puede ser esgrimida por el Distrito de Bogotá para excusarse de la obligación que tenía de demostrar que aquel se encontraba señalizado, toda vez que, para la época en que se instauró la demanda (fls. 4 a 20, cdno. 1) y fue contestada por las accionadas (fls. 38 a 43 y 49 a 61, cdno. 1), el mismo aún estaba en funcionamiento, al punto que la parte actora —en la demanda— y el Distrito de Bogotá —en la contestación— solicitaron que se practicara una inspección judicial en ese lugar (fls. 14 y 60, cdno. 1).

En asuntos en los que se ha debatido la responsabilidad de la administración como consecuencia de fallas en la prestación del servicio, por falta de señalización en las vías, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha insistido en el deber que asiste a las autoridades competentes, con la implementación de señales de prevención, de garantizar el tránsito adecuado y seguro en las vías, pues la administración, además de construir vías adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, tiene la obligación de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización(16).

Teniendo claro, entonces, que se configuró una falla en la prestación del servicio, imputable a las demandadas, pues el puente de la Autopista Norte con Avenida Ciudad de Quito acusó graves fallas estructurales y de diseño y, además, carecía de señalización adecuada, queda por establecer si el comportamiento de la víctima incidió en el resultado dañoso, ya que las demandadas alegaron a lo largo del proceso que el accidente que cobró la vida del señor Suárez Copete obedeció a su propia culpa, pues transitaba con exceso de velocidad y estaba incapacitado para conducir, pues, días antes de los hechos, había sido sometido a una intervención quirúrgica en uno de sus ojos, por lo cual esa noche utilizaba gafas oscuras, lo que habría afectado su visibilidad, a lo cual se sumó que posiblemente se había quedado dormido mientras manejaba, señalamientos que el Tribunal encontró acreditados en el plenario.

Sobre el particular, es importante resaltar que el fundamento de las demandadas para atribuir la responsabilidad del accidente a la culpa exclusiva de la víctima fue, por un lado, el informe de tránsito, el cual estableció como causa probable del mismo la “impericia en el manejo” por parte de la víctima y, por otro lado, el testimonio de la esposa del hoy fallecido, rendido en el curso de las diligencias preliminares adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, en cuanto habría asegurado, según lo dicho por las demandadas, que a la víctima le gustaba conducir rápido y que, además, el día del accidente se encontraba incapacitada médicamente, pues había sido intervenida quirúrgicamente en un ojo.

Como se dijo ab initio, el testimonio de la citada señora en el curso de la investigación preliminar adelantada por la Fiscalía General de la Nación no puede ser valorado por la Sala, por cuanto la parte actora no pidió el traslado de dichas diligencias preliminares y tampoco coadyuvó la solicitud que, al respecto, formularon las demandadas, a lo cual se suma que la testigo funge en este caso como demandante, circunstancia esta última que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, impide otorgarle valor probatorio, en la medida en que la característica esencial del testimonio es que provenga de un tercero, lo cual no ocurre, como es lógico, frente a quien ostenta la calidad de parte(17); no obstante, como también lo ha sostenido la jurisprudencia de esta corporación(18), en lugar de concurrir al proceso como testigos, quienes ostentan la condición de parte pueden ser citados a un interrogatorio de parte, bajo los lineamientos del artículo 207 del Código de Procedimiento Civil(19).

En el presente asunto, el IDU solicitó en la contestación de la demanda que se citara al proceso a la señora Ilma Baquero Garzón, cónyuge supérstite, a fin de que rindiera un interrogatorio de parte que, al efecto, dicha entidad le formularía (fl. 42, cdno. 1), prueba que fue decretada por el Tribunal, mediante auto del 17 de enero de 2000 (fls. 84 a 88, cdno. 1) y practicada el 18 de enero de 2003, oportunidad en la cual la mencionada señora: i) sostuvo que, el día de los hechos, en horas de la noche, recibió una llamada de la clínica donde le informaron que su esposo había sufrido un accidente en el puente de la calle 92, ii) afirmó que, desde las 7:00 a.m., la víctima había salido de la casa a dictar clases en la Universidad de Cundinamarca y que venía de allá cuando se accidentó, iii) aseguró que su esposo se encontraba en buenas condiciones de salud y iv) adicionalmente, dijo que (se transcribe textualmente):

“él había sido operado de un terigio, fue una operación ambulatoria que le hicieron hacía como un mes. Preguntado: manifieste por qué en las diligencias preliminares practicadas en la fiscalía 52, usted afirmó que su esposo había sido operado recientemente de los ojos, y que requería el uso de gafas oscuras. Contestó: sí, como dije él había sido operado hacía como un mes” (fl. 287, cdno. 1).

Es importante señalar que, en el curso de dicha diligencia, la señora Baquero Garzón aportó un informe técnico sobre las deficiencias evidenciadas en el puente de la calle 92, elaborado el 24 de mayo de 1999 por la firma DRM & Cía. Ltda. (fls. 281 a 286, cdno. 1), a través del cual pretendía demostrar las fallas estructurales y la ausencia de señales reglamentarias y de precaución en el lugar donde se produjo el accidente, documento que fue incorporado al proceso y del cual el Tribunal corrió traslado a las partes (fl. 280, cdno. 1), quienes se pronunciaron al respecto (fls. 290, 291, 295 y 296, cdno. 1); sin embargo, dicho informe no puede ser tenido en cuenta por la Sala, toda vez que el interrogatorio de parte para el que fue citada al proceso tuvo como propósito absolver los cuestionamientos formulados por el IDU en torno a las condiciones de salud que presentaba su esposo el día de los hechos.

Al respecto, el artículo 10 de la Ley 446 de 1998, aplicable al sub examine, dispuso que las “partes y testigos que rindan declaración podrán presentar documentos relacionados con los hechos sobre los cuales declaran (...)” (se subraya) y ocurre que, como se vio, la señora Baquero Garzón fue citada para que declarara acerca del estado de salud de su esposo, no de las condiciones que presentaba el puente el día de los hechos.

Ahora bien, en torno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el accidente del citado señor, lo único que obra en el plenario es el informe de tránsito, elaborado por los agentes José Noé Vásquez Pérez y Carlos Konkanchon, según el cual, el 18 de octubre de 1996, a eso de las 11:00 p.m., el automóvil en el que se movilizaba la víctima se salió del puente y cayó al vacío, desde una altura aproximada de 4,50 metros, sufriendo heridas de consideración, que ameritaron su traslado a un centro hospitalario, donde falleció días después. Como causa probable del accidente, se consignó “impericia en el manejo” (fl. 174, cdno. 2).

Pues bien, de conformidad con la declaración de parte que rindió la señora Baquero Garzón en el curso del proceso contencioso administrativo y el croquis elaborado por las autoridades de tránsito, no es posible establecer, a ciencia cierta, que el día de los hechos la víctima conducía con exceso de velocidad, que tuviera puestas gafas oscuras y que esta circunstancia le hubiera mermado la visibilidad y menos aún que estuviera incapacitada médicamente para manejar, como tampoco es posible señalar, como lo sugirió el Distrito de Bogotá, que el hoy occiso se durmió mientras conducía. Nada de lo anterior está acreditado en el plenario, de modo que se trata de meras conjeturas que no tienen respaldo probatorio alguno.

Nótese que no obra en el plenario una prueba técnica que demuestre cuál era la velocidad con la que transitaba el vehículo al momento de los hechos, como tampoco obra un dictamen médico que indique que la víctima se encontraba incapacitada o impedida físicamente para conducir. Se descarta también que el vehículo presentara fallas mecánicas, pues no obra prueba alguna al respecto, a lo cual se suma que dicho automotor era nuevo (fls. 475, 481 y 482, cdno. 2) y, por tanto, era poco probable que sufriera desperfectos mecánicos.

Ahora bien, según el informe de tránsito, el hoy fallecido conducía con impericia (fl. 174, cdno. 2)(20); sin embargo, los agentes que levantaron el croquis no especificaron cuáles fueron las razones que los llevaron a aseverar dicha circunstancia, pues lo cierto es que ellos no presenciaron directamente el accidente y tampoco contaban, en ese momento, con suficientes elementos de juicio que les permitieran asegurar que la víctima no tenía la experiencia suficiente para conducir un vehículo; en cambio, lo cierto es que, como se acreditó en el expediente, el puente acusaba serios problemas estructurales y de diseño y, además, falta de señales adecuadas, factores que, sin duda, no fueron tenidos en cuenta por los agentes mencionados cuando elaboraron el croquis, pues es muy probable que no tuvieran conocimiento acerca de las fallas técnicas y nada dijeron acerca de la señalización.

Así las cosas, el hecho de que los agentes hubieran señalado como causa probable del accidente “impericia en el manejo”, por sí solo, sin otros elementos de juicio que respalden tal aseveración, no resulta suficiente para concluir que el comportamiento de la víctima incidió en el hecho dañoso, pues ninguna de las imputaciones de las demandadas se acreditó en el plenario, a lo cual se agrega que el accidente del señor Suárez Copete no fue el único que ocurrió en el puente, según se vio unos párrafos atrás, donde más bien quedó claro que ese sitio se caracterizó por los altos índices de siniestralidad.

Acerca del valor probatorio de los informes de tránsito, la Corte Constitucional ha sostenido:

“... Tal y como lo establecía la Ley 33 de 1986, el artículo 148 de la Ley 769 de 2002 otorgó a las autoridades de tránsito funciones de policía judicial en los casos de accidentes de esta naturaleza que puedan constituir infracción penal, con arreglo al Código de Procedimiento Penal, es decir, a los artículos 314 a 321 del mismo. Por lo que, en ejercicio de esta competencia las mencionadas autoridades de tránsito al levantar dicho informe descriptivo sobre un accidente de esta naturaleza con implicaciones de carácter penal, además de la copia que deban remitir a las autoridades de tránsito respectivas, deberán enviar dicho informe inmediatamente a la autoridad instructora competente en materia penal.

(...).

“Cabe recordar que según lo dispuesto por el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, las exposiciones de la policía judicial no tendrán valor de testimonio ni de indicios y solo podrán servir como criterios orientadores de la investigación, así como que el artículo 318 ibídem establece que las actuaciones que realice la policía judicial deberán ser efectuadas con acatamiento estricto de las garantías constitucionales y legales y que los implicados tendrán las mismas facultades y derechos que les otorga la ley ante los funcionarios judiciales.

“Es preciso tener en cuenta también, que un informe de policía al haber sido elaborado con la intervención de un funcionario público formalmente es un documento público y como tal se presume auténtico, es decir, cierto en cuanto a la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, y hace fe de su otorgamiento y de su fecha; y, en cuanto a su contenido es susceptible de ser desvirtuado en el proceso judicial respectivo.

“Este informe de policía entonces, en cuanto a su contenido material, deberá ser analizado por el fiscal o juez correspondientes siguiendo las reglas de la sana crítica y tendrá el valor probatorio que este funcionario le asigne en cada caso particular al examinarlo junto con los otros medios de prueba que se aporten a la investigación o al proceso respectivo, como quiera que en Colombia se encuentra proscrito, en materia probatoria, cualquier sistema de tarifa legal”(21).

Ahora, si bien mediante Resolución del 4 de febrero de 1997, la fiscalía 52 de Bogotá, unidad de vida, profirió auto inhibitorio y archivó, por atipicidad de la conducta, las diligencias preliminares adelantadas por la muerte del citado señor, en consideración a que el accidente obedeció a la culpa exclusiva de la víctima, ya “que no se encontró ninguna evidencia de que este automotor haya colisionado contra otro o que se hubiese apreciado huella de frenada, por eso se cree que el accidente se debió al exceso de velocidad o que el conductor se quedó dormido y no tomó la curva, pasando derecho”, no existen elementos de juicio en el proceso contencioso administrativo que permitan aceptar lo asegurado por la fiscalía, pues —se insiste— no se demostró el supuesto exceso de velocidad y menos aún que el conductor se hubiera quedado dormido mientras conducía; en cambio, sí se demostraron las gravísimas fallas estructurales y de diseño del puente, además de la ausencia de señalización adecuada, circunstancias todas estas que llevaron a las autoridades a demoler el puente, a fin de que se construyera uno nuevo.

Cabe destacar, en todo caso, la importancia que revisten las decisiones penales en esta jurisdicción; sin embargo, según jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el juez contencioso puede apartarse de tales decisiones, en consideración a las diferencias sustanciales que existen entre la acción penal y la contencioso administrativa(22).

Conforme a todo lo anterior, puede concluirse, entonces, que el accidente del señor Luis Alejandro Suárez Copete obedeció a una falla en la prestación del servicio, imputable a las demandadas, a lo cual se suma que no se demostró la culpa de la víctima como factor determinante que incidiera en el resultado dañoso.

Al respecto, la Sala ha sostenido, de tiempo atrás, que la falla del servicio ha sido y continúa siendo el título jurídico de imputación por excelencia, para desencadenar la obligación indemnizatoria a cargo del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete —por principio— una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que tal título es el idóneo para asentar la responsabilidad de la administración(23).

Es obvio que el Estado tiene la obligación de utilizar adecuadamente los medios de que está provisto, en aras de cumplir sus deberes, de tal suerte que, si se produce un daño por su incuria en el empleo de tales medios, surge su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia y cuidado, no puede ni debe quedar comprometida su responsabilidad.

Finalmente, es indispensable señalar que, debido a que no fue posible vincular al proceso al contratista de la obra, esto es, al consorcio Hernán Duarte Esguerra & La Viabilidad Ltda., el cual fue llamado en garantía por el Distrito de Bogotá, ningún pronunciamiento se hará al respecto.

III. Indemnización de perjuicios

3.1. Perjuicios morales.

Por la muerte del señor Luis Alejandro Suárez Copete concurrieron al proceso Ilma Baquero Garzón (cónyuge supérstite), Alejandra y Carolina Suárez Baquero (hijas), quienes solicitaron, por dicho concepto, el máximo valor reconocido por la jurisprudencia el Consejo de Estado (fl. 19, cdno. 1).

Se encuentra acreditado en el plenario, según los registros civiles de matrimonio y de nacimiento (fls. 189, 193 y 194, cdno. 2), que Ilma Baquero Garzón era la esposa de Luis Alejandro Suárez Copete y que Alejandra y Carolina Suárez Baquero eran las hijas de este último.

Acreditado el parentesco de las personas citadas en el párrafo anterior con el hoy occiso, puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que aquellas tenían un nexo afectivo importante con este, lo cual determinó la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos y que, por lo tanto, sufrieron un profundo dolor y pesar con su muerte trágica. Así, las pruebas del parentesco aportadas al proceso son suficientes para tener por demostrado el daño moral reclamado por los demandantes.

Conforme a lo anterior y siguiendo los parámetros trazados por la jurisprudencia de esta corporación en materia de reconocimiento y liquidación de perjuicios morales en caso de muerte(24), la Sala reconocerá 100 salarios mínimos legales mensuales para cada una de las demandantes, esto es, para Ilma Baquero Garzón, Alejandra Suárez Baquero y Carolina Suárez Baquero.

3.2. Perjuicios materiales.

3.2.1. Lucro cesante.

Por dicho concepto, los actores solicitaron que se condenara a pagar $ 750.798.470, a favor de Ilma Baquero Garzón, $ 128.769.328, a favor Carolina Suárez Baquero y $ 62.433.042, a favor de Alejandra Suárez Baquero (fl. 17, cdno. 1).

Al respecto, se encuentra acreditado en el plenario que el señor Luis Alejandro Suárez Copete era ingeniero de profesión (fl. 182, cdno. 2), actividad en la cual devengaba en promedio $ 2.898.246,25 mensuales, pues, para la época de su muerte, estaba vinculado a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como profesor adscrito a la facultad de ingeniería, con una asignación mensual de $ 1.428.995 (fl. 183, cdno. 2) y a la Escuela Colombiana de Medicina, con una asignación mensual de $ 570.500 (fl. 186, cdno. 2), para un total de $ 1.999.495.

Asimismo, está acreditado que, en el segundo semestre de 1996, la Asociación Colombiana para el Desarrollo de la Informática y la Electrónica pagó al señor Suárez Copete, por concepto de honorarios, $ 9.785.015 (fl. 182, cdno. 2) y que la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, le pagó $ 1.000.000, por concepto de honorarios, correspondientes a horas cátedra, dictadas entre el 5 de agosto y el 19 de octubre de 1996 (fl. 187, cdno. 2), para un promedio mensual, en el año 1996, de $ 898.751,25.

Al sumar los valores totales anteriores, esto es $ 1.999.495, más $ 898.751,25, se obtiene un total de $ 2.898.246,25, suma con la cual se liquidará la indemnización solicitada.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (R) (suma mensual devengada por la víctima), multiplicada por la cifra que arroja dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes de los hechos.

1998-02725F1A
 

 

Ra = $ 9.209.793,201

Esta suma será incrementada en un 25% ($ 2.302.448,3), por concepto de prestaciones sociales, para un total de $ 11.512.241,5. La suma anterior será deducida en un 25% ($ 2.878.060,37), porcentaje que se presume la víctima destinaba para sus gastos personales, para un total de $ 8.634.181,13. El 50 % de la suma anterior ($ 4.317.090,56), se tendrá en cuenta para liquidar la indemnización (debida y futura) reclamada por la cónyuge supérstite; el otro 50% ($ 4.317.090,56), se dividirá entre dos, esto es, $ 2.158.545,28, suma con la que se liquidarán las indemnizaciones reclamadas por cada una de las hijas de la víctima.

a. Para Ilma Baquero Garzón

— Indemnización consolidada

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos (29 de octubre de 1996), hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 220,03 meses.

Para su liquidación, se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual se expresa en los siguientes términos (“i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, esto es, 220,03 meses):

1998-02725F2A
 

S = $ 1.694.543.555

b. Indemnización futura

Comprende el período que transcurriría, desde el día siguiente de esta sentencia, hasta la vida probable de Ilma Baquero Garzón, teniendo en cuenta que ella era mayor que la víctima (fls. 188 y 191, cdno. 2). Calculando desde la fecha de los hechos y de conformidad con las tablas de supervivencia de la Superintendencia Bancaria, su vida probable era de 24,89 años más, para un total de 298,68 meses, teniendo en cuenta que, para la época de los hechos, Ilma Baquero tenía 55 años, según su registro civil de nacimiento (fl. 191, cdno. 2). Al tiempo anterior se le deben restar los 220,03 meses correspondientes a la indemnización consolidada, que ya se liquidó, para un total a tener en cuenta para la indemnización futura de 78,65 meses.

Para su liquidación, se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia, la cual se expresa en los siguientes términos (“i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, esto es, 78,65 meses):

1998-02725F3
 

S = $ 281.546.775,9

Sumados los valores de la indemnización debida y futura, se obtiene un valor total a pagar de $ 1.976.090.331, por lucro cesante.

No obstante, como el monto anterior supera la suma de $ 1.729.512.710, correspondiente al valor que resulta de actualizar $ 750.798.470, suma esta que los actores solicitaron en la demanda, para la señora Ilma Baquero Garzón (fl. 17, cdno. 1), la Sala tendrá en cuenta aquella, esto es, $ 1.729.512.710, so pena de incurrir en fallo ultra petita.

En efecto, aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) (el valor pedido en la demanda) es igual a la renta histórica ($ 750.798.470), multiplicada por la cifra que arroja dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se presentó la demanda.

1998-02725F4
 

Ra = $ 1.729.512.710

b. Para Alejandra Suárez Baquero

— Indemnización consolidada

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos (29 de octubre de 1996), hasta el 29 de diciembre de 2001, cuando cumplió 25 años (fl. 193, cdno. 2), para un total de 62 meses.

Para su liquidación, se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual se expresa en los siguientes términos (“i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, esto es, 62 meses):

1998-02725F5
 

S = $ 155.776.781,50

No obstante, como el monto anterior supera la suma de $ 143.818.539,80, correspondiente al valor que resulta de actualizar $ 62.433.042, suma esta que los actores solicitaron en la demanda, para Alejandra Suárez Baquero (fl. 17, cdno. 1), la Sala tendrá en cuenta aquella, esto es, $ 143.818.539,80, so pena de incurrir en fallo ultra petita.

En efecto, aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) (lo pedido en la demanda) es igual a la renta histórica ($ 62.433.042), multiplicada por la cifra que arroja dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se presentó la demanda.

1998-02725F6
 

Ra = $ 143.818.539,80

c. Para Carolina Suárez Baquero

— Indemnización consolidada

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos (29 de octubre de 1996), hasta el 1 de febrero de 2003, cuando cumplió 25 años (fl. 194, cdno. 2), para un total de 75,06 meses.

Para su liquidación, se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual se expresa en los siguientes términos (“i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, esto es, 75,06 meses):

1998-02725F7
 

S = $ 195.007.263,90

Dado que el monto anterior no resulta superior a la suma actualizada de $ 128.769.328, solicitada por los actores en la demanda, para Carolina Suárez Baquero, la Sala la tendrá en cuenta.

3.3. Condena en costas.

Teniendo en cuenta que, en el asunto sub examine, no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 4 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar:

a. DECLÁRASE que no prospera la objeción que, por error grave, formuló el IDU contra el dictamen pericial rendido el 17 de enero de 2001.

b. DECLARÁSE la responsabilidad del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y del Distrito de Bogotá, por la muerte del señor Luis Alejandro Suárez Copete, ocurrida el 29 de octubre de 1996.

c. CONDÉNASE al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y al Distrito de Bogotá a pagar, por concepto de perjuicios morales, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de las siguientes personas: Ilma Baquero Garzón, Alejandra Suárez Baquero y Carolina Suárez Baquero.

d. CONDÉNASE al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y al Distrito de Bogotá a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero:

— Para Ilma Baquero Garzón, la suma de mil setecientos veintinueve millones quinientos doce mil setecientos diez pesos ($ 1.729.512.710) m/cte.

— Para Alejandra Suárez Baquero, la suma de ciento cuarenta y tres millones ochocientos dieciocho mil quinientos treinta y nueve pesos con ochenta centavos ($ 143.818.539,80) m/cte.

— Para Carolina Suárez Baquero, la suma de ciento noventa y cinco millones siete mil doscientos sesenta y tres pesos con noventa centavos ($ 195.007.263,90) m/cte.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Dese cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

4. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 Decreto 597 de 1988.

4 Decreto 2304 de 1989.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2002, expediente 12.789.

6 Sentencia de 13 de abril de 2000, expediente 11.898

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2012, expediente 22.943.

8 Documento que fue aportado por el Distrito de Bogotá con la contestación de la demanda.

9 El citado informe contiene las conclusiones del estudio técnico realizado por la firma Proyectos & Diseños, contratada por el IDU, para evaluar las condiciones del puente donde se produjo el accidente del señor Suárez Copete.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2010, expediente 17.644.

11 Devis Echandia, Hernando: “Teoría general de la prueba judicial”, Tomo segundo, Temis, Bogotá, 2002, págs. 321-326.

12 López Blanco, Hernán Fabio: “Procedimiento Civil —Pruebas—”, Dupré Editores, Bogotá, 2001, página 235.

13 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 26 de noviembre de 2009 (AP 02049-01).

14 “Artículo 241 del CPC. Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 1997, expediente 13.028.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2010, expediente 17.500.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de septiembre de 2009, expediente 16.515.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de abril de 2013, expediente 25.887.

19 Según esta disposición: “El interrogatorio será oral, si la parte que lo solicita concurre a la audiencia, en caso contrario, el peticionario deberá formularlo por escrito en pliego abierto o cerrado, que podrá acompañar al memorial en que pida la prueba o presentarlo antes de la fecha señalada para interrogatorio. Si el pliego está cerrado, el juez lo abrirá al iniciarse la diligencia (...). La parte que solicita la prueba podrá, antes de iniciarse el interrogatorio, sustituir el pliego que haya presentado por preguntas verbales, total o parcialmente. El interrogatorio no podrá exceder de veinte preguntas; sin embargo, el juez podrá adicionarlo con las que estime convenientes para aclarar la exposición del interrogado o verificar otros hechos que interesen al proceso; así mismo, el juez excluirá las preguntas que no se relacionen con la materia del litigio, las que no sean claras y precisas, las que hayan sido contestadas en la misma diligencia o en interrogatorio anterior cuya copia obre en el expediente, las manifiestamente superfluas y las que no cumplan con los requisitos del artículo 195 de esta código (...). Las preguntas relativas a hechos que impliquen responsabilidad penal se formularán por el juez sin juramento, con la prevención al interrogado de que no está en el deber de responderlas. Cada pregunta deberá referirse a un solo hecho; si contiene varios, el juez la dividirá de modo que la respuesta se dé por separado en relación con cada uno de ellos y la división se tendrá en cuenta para los efectos del límite señalado en el inciso tercero. Las preguntas podrán ser o no asertivas”.

20 Según el Diccionario de la Lengua Española, la pericia implica “sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte”; es decir, que la impericia es la ausencia de todo lo anterior.

21 Sentencia C-429 de 2003.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2011, expediente 19.451.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 1993, expediente 8163.

24 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de jurisprudencia del 28 de agosto de 2014, expediente 27.709.