Sentencia 1998-02818/34802 de mayo 12 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Exp.: 250002326000199802818 01 (34802)

Actor: Corporación Fejasa E.U.

Demandada: Caja de Vivienda Popular

Acción: Contractual

Tema: Incumplimiento del contrato de obra y el principio de congruencia de la sentencias.

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil dieciséis

«EXTRACTOS: II. Consideraciones

Para efectos de exponer las razones que sustentan la decisión, se abordará el estudio de los siguientes aspectos: 1. La competencia, 2. El ejercicio oportuno de la acción, 3. Objeto del recurso de apelación y, 4. El caso concreto.

1. De la competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida el 30 de agosto de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en un proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la pretensión mayor se estimó en la demanda en ciento veinticinco millones de pesos ($ 125.000.000), mientras que el monto exigido al momento de la interposición del recurso de apelación —25 de septiembre de 2007(16)— era de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que, según el salario mínimo mensual vigente para la fecha de presentación de la demanda(17), ascendía a ciento un millones novecientos trece mil pesos ($ 101.913.000).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Según lo previsto en el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, norma que resulta aplicable al presente asunto(18), la acción contractual caduca en dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento; para los contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de liquidación y ésta es efectuada unilateralmente por la administración, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse a partir de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe.

En el asunto sub judice encuentra la Sala que se trata de unos contratos de obra que debían ser liquidados, circunstancia que culminó con la expedición de la Resolución 166 del 17 de abril de 1998(19).

En ese contexto, en el presente asunto se tendrá como fecha para iniciar el cómputo de la caducidad el 17 de abril de 1998 —fecha en la cual se profirió la Resolución 166— y, comoquiera que la demanda se presentó el 21 de octubre de 1998, resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. Objeto del recurso de apelación.

Resulta necesario precisar que el fallo de primera instancia fue impugnado únicamente por la parte demandada y, por la razón que se dejó indicada, la Sala en su condición de juez de segunda instancia se limitará a realizar el estudio de los puntos específicos relacionados en el recurso de apelación.

Al respecto conviene recordar que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con las propias consideraciones del recurrente, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia.

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo.

A continuación procede la Sala a examinar los argumentos formulados en el recurso de apelación, dirigidos a atacar la decisión de primera instancia.

4. Caso concreto.

Observa la Sala que los puntos decididos en el fallo de primera instancia y en los que hizo consistir el demandado su desacuerdo son dos, el primero, el que tiene que ver con el supuesto incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato adicional Nº 1 por no permitir al contratista ejecutar las obras de subterranización allí acordadas y, el segundo, el relacionado con la excepción de pago propuesta por Caja de Vivienda Popular y negada por el Tribunal a quo.

4.1. Incumplimiento del contrato adicional 01 al contrato 051 de 1996.

En cuanto al presunto incumplimiento de la Caja de Vivienda Popular al “no permitir al contratista la ejecución de las obras de subterranización contratadas con él en el contrato adicional 01 al contrato 051 de 1996”, encuentra la Sala en el expediente los siguientes hechos probados:

Se encuentra demostrado en el proceso que el 16 de diciembre de 1996 entre la Caja de Vivienda Popular y la Corporación Fejasa E.U. se celebró el contrato de obra pública 051, cuyo objeto consistió en “ejecutar a precio unitario sin reajuste y plazo fijo la construcción de obra de urbanismo en la urbanización Pedro León Trabuchi, de acuerdo con los planos y las especificaciones suministradas por La Caja, en los términos estipulados en el presente contrato”. Que se fijó como plazo del contrato el de seis (6) semanas contadas a partir del acta de iniciación de la obra y que se estipuló un precio de setenta y cinco millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos diez pesos con noventa centavos ($ 75.985.910,90)(20).

Se probó, igualmente, que el 2 de enero de 1997 el contratista y el interventor de la obra suscribieron el acta de iniciación de obra, en la cual se dejó establecido que ésta culminaría el 14 de febrero de 1997(21).

Se encuentra acreditado que el 3 de febrero de 1997 se suscribió el acta de suspensión de la obra por parte del interventor y del contratista y que, entre las razones que la motivaron hicieron constar el hecho de que no se habían aprobado aún “todas las licencias de urbanismo, construcción, diseños definitivos de las casas etc.”(22).

Se demostró también que mediante informe de fecha 8 de julio de 1997, suscrito por el interventor y dirigido al subgerente técnico, se sugirió la celebración de un contrato adicional con el fin de terminar las obras de urbanismo(23).

Se encuentra probado que el 10 de julio de 1997 en virtud de la reunión que sostuvieron el personal de la Caja de Vivienda Popular, el contratista y la comunidad “Pedro León Trabuchi” se levantó el “acta de obra 05-97” de cuyo texto se extraen los siguientes apartes que se refieren específicamente a la contratación de la obra de subterranización de redes, así:

“4. Asuntos técnicos.

4.1. El dr. Valencia (interventor de la obra) informa al contratista que respecto a la subterranización es decisión de la Gerencia de la Caja de Vivienda Popular contratar las obras necesarias con otro contratista.

El contratista informa que no acepta tal decisión, dado que es una continuación de una obra ya contratada con él y que en tales términos deben respetarse las condiciones contractuales contratadas.

El hecho de que habiendo contratado la red eléctrica, se hubiera agotado el presupuesto y/o cambiado las especificaciones por causas ajenas al contratista, no significa que puedan variarse los términos contractuales y si por el contrario se estarían lesionando los intereses del contratista…

(…)”(24).

Se demostró, también, que la Gerente de la Caja de Vivienda Popular y el representante legal de la Corporación Fejasa E.U. suscribieron el contrato adicional 01 al contrato de obra pública 051 de 1996, cuyo objeto consistió en “ejecutar a precio unitario, sin reajuste y plazo fijo, la construcción de la adecuación del terreno (terraceo) para las cinco (5) viviendas localizadas en el costado norte de la zona de cesión, así como de las siete (7) faltantes localizadas en la zona baja del predio, de acuerdo con los planos y especificaciones suministradas por La Caja, en razón a los cálculos y diseños estructurales del ingeniero Sergio Gutierrez; y de la subterranización de la acometida de la red de energía de acuerdo a los planos y especificaciones de la Empresa de Energía de Bogotá…” y que en la cláusula cuarta del señalado contrato adicional se acordó como precio la suma de treinta y siete millones seiscientos ochenta y dos mil novecientos noventa y nueve pesos con treinta y tres centavos ($ 37.682.999,33) y, en la cláusula sexta, se estipuló un plazo de duración de tres (3) semanas contadas a partir del acta de iniciación de la obra(25).

Se acreditó que el 22 de septiembre de 1997 el contratista y el interventor suscribieron el acta de iniciación del contrato adicional 01, acta en la cual se dejó constancia de que el término del contrato adicional 01 vencía el 10 de noviembre de 1997(26).

Probado está, también, que el 30 de septiembre de 1997 se suscribió el acta de suspensión del contrato entre el contratista y el interventor, en la cual se dejó consignado que se suspendía la obra “por un término indefinido hasta tanto la entidad no suministr[ara] los planos, cálculos y diseños necesarios para la construcción de las obras e igualmente se suscriba el documento legal que modifique el citado contrato y permita legalizar las acometidas ya construidas por autorización verbal de la gerencia de la entidad…”(27).

Se tiene que mediante oficio DEEPL-006 de fecha 7 de enero de 1998 enviado por la Gerente de la Caja de Vivienda Popular al contratista, le solicitó hacerse presente en el sitio de la obra el 8 de enero de la misma anualidad con el propósito de reiniciar los trabajos que se encuentran suspendidos; así mismo le informó que le adjuntaba el presupuesto oficial de las obras faltantes del contrato adicional 01(28).

Se encuentra probado, así mismo, que, en respuesta al oficio que antecede, el contratista le envió una comunicación de fecha 8 de enero de 1998 a la Gerente de la Caja de Vivienda Popular en los siguientes términos:

“(…)

Teniendo en cuenta los nuevos diseños entregados por ustedes, con fecha 18 de diciembre de 1997 esta compañía entregó el presupuesto de dichas obras, el cual arroja un valor de treinta y seis millones cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos con 96/100 ($ 36.043.485,96) m/cte.

Por lo anterior no aceptamos el presupuesto enviado por ustedes, toda vez que los precios unitarios y las cantidades no se ajustan a la realidad de la obra a ejecutar.

La reiniciación de las obras debe hacerse en los términos del contrato”(29).

Se demostró que el 8 de enero de 1998 el subgerente técnico de la obra y el interventor suscribieron la denominada “Acta de reiniciación del contrato”, sin la firma del contratista, en la cual se estableció que a partir de esa fecha el contrato adicional 01 reiniciaría, razón por la cual el vencimiento del mismo ocurriría el 19 de enero de 1998, ello en tanto que la Caja de Vivienda Popular le habría suministrado al contratista “los planos, cálculos y diseños necesarios para continuar con las obras y que fueron el motivo de la suspensión del contrato adicional”(30).

Mediante comunicación de fecha 9 de enero de 1998 la Gerente de la Caja de Vivienda Popular le manifestó al contratista que le remitía la antes mencionada “Acta de reiniciación de contrato” suscrita entre el interventor y el subgerente técnico el 8 de enero de 1998 para su estudio y firma(31).

Se encuentra probado en el proceso que la Gerente de la Caja de Vivienda Popular le envió al contratista una comunicación de fecha 21 de enero 1998 informándole que el proyecto del acta de liquidación del contrato 051 y del contrato adicional 01 se encontraba a su disposición para su revisión y firma, así:

“El presente es con el objeto de informarle a usted, que en las oficinas de la subgerencia técnica de esta entidad, se encuentran a su disposición para revisión y firma, el proyecto de las actas de liquidación del contrato 051/96 y su adicional 01, solicitamos su presencia en un término no mayor de 5 días al recibo de esta comunicación.

Lo anterior, teniendo en cuenta que ustedes no aceptaron el presupuesto oficial de la Caja de Vivienda Popular para las obras faltantes, y no atendieron la citación hecha por la entidad en el oficio DEEPL-006 de fecha enero 7 de 1998, en donde se solicitó su presencia en la obra el día 8 de enero del año en curso, con el propósito de suscribir el acta de reinicio de las obras objeto del contrato adicional 01…”(32).

Se encuentra acreditado que mediante Resolución 112 de fecha 20 de marzo de 1998, la Gerente de la Caja de Vivienda Popular procedió a liquidar unilateralmente el contrato 051 de 1996 y el contrato adicional 01(33).

Por último, se demostró que en contra de la resolución que antecede se interpuso recurso de reposición el que se resolvió negativamente a través de la Resolución 166 proferida por el Gerente de la Caja de Vivienda Popular el 17 de abril de 1998(34).

En el presente asunto encuentra la Sala que en la sentencia de primera instancia el Tribunal hizo consistir el incumplimiento del contrato adicional 01 en el hecho de que el contratista no pudo ejecutar el total de las obras de subterranización por causa imputable a la Caja de Vivienda Popular, en tanto que ésta habría contratado con un tercero la realización de esas obras.

En cuanto a este aspecto se refiere, se observa que no hay ningún elemento probatorio en el expediente que de cuenta de la existencia de un contrato suscrito entre la Caja de Vivienda Popular y un tercero para la ejecución de las obras de subterranización de redes, por el contrario, de lo que sí hay prueba es de que la ejecución de las obras señaladas fueron contratadas justamente con la Corporación Fejasa E.U., tal como se desprende del objeto mismo del contrato adicional 01 en el que las partes acordaron, entre otras cosas, la construcción de “la subterranización de la acometida de la red de energía”.

Nótese que el Tribunal a quo arribó a la conclusión de que la entidad demandada había celebrado con un tercero un contrato para la ejecución de las obras de subterranización de redes, a partir de lo establecido en el acta de obra 05 de fecha 10 de julio de 1997, en la cual, se dejó constancia de que el interventor le había manifestado al contratista “que respecto a la subterranización era decisión de la Caja de Vivienda Popular contratar las obras necesarias con otro contratista”.

Observa la Sala que del contenido del acta en mención no es posible de manera alguna tener por acreditado en el proceso la existencia de la celebración de un contrato entre la Caja de Vivienda Popular y un tercero para la ejecución de las obras de subterranización, en tanto que del texto de ese documento únicamente se desprende que el interventor le había informado al contratista que era potestativo de la Caja de Vivienda Popular celebrar con él o con un tercero la ejecución de las obras de subterranización, sin que ello implique tener por cierto que con un tercero se hubiese contratado el desarrollo de las obras en mención.

Vale la pena señalar que el interventor de manera alguna puede comprometer contractualmente a la administración, en tanto que los únicos que se encuentran facultados para ello son los representantes legales de las entidades, en la medida en que son éstos a quienes la ley les ha otorgado de manera expresa dicha competencia, salvo aquellos casos en los que lo autoriza para delegar tal función, siempre que dicha delegación se haya efectuado también en forma legal, es decir observando las formalidades dispuestas para ello, las cuales apuntan a brindar la necesaria seguridad jurídica que exigen los intereses públicos.

En definitiva, observa la Sala que el hecho de que el interventor le hubiese manifestado al contratista que la entidad contaba con la posibilidad de contratar con un tercero la ejecución de las obras de subterranización, no implica que en efecto esto hubiese ocurrido y, menos aún, que como consecuencia de lo dicho por el interventor la entidad estuviera obligada a contratar con un tercero la realización de esas obras.

Por lo demás, resulta importante anotar que en el proceso no hay prueba alguna de la existencia de un contrato diferente al adicional 01 suscrito entre la Caja de Vivienda Popular y la Corporación Fejasa E.U. en cuyo objeto hubiese recaído la ejecución de las obras de subterranización de la red de energía, razón por la cual no es cierto lo dicho por el a quo en ese sentido.

En ese contexto, el argumento con fundamento en el cual el a quo concluyó que la entidad demandada no permitió ejecutar al contratista las obras de subterranización, no encuentran sustento alguno, dado que no hay prueba siquiera de la existencia de la celebración de un contrato distinto al contrato adicional 01 en cuyo objeto recayera el desarrollo de esas obras, de ahí que no resulte posible tener por acreditado el supuesto incumplimiento en el que, según el Tribunal, incurrió el demandado por fuerza de esa circunstancia.

Por último, conviene señalar que no hay prueba alguna en el expediente que permita establecer que el contrato adicional 01 suspendido el 30 de septiembre de 1997, no se hubiese reiniciado por causa imputable a la entidad contratante tal como se explica a continuación:

Se encuentra probado que el día 30 de septiembre de 1997 el contratista y el interventor decidieron suspender la ejecución del contrato adicional 01, hasta tanto la entidad contratante le suministrara los planos, cálculos y diseños necesarios para ejecutar la obra.

Se acreditó también que mediante oficio DEEPL-006 enviado al contratista el 7 de enero de 1998 la Gerente de la Caja de Vivienda Popular, por una parte, le solicitó acercarse a la obra el 8 de enero de esa anualidad para efectos de reanudar los trabajos que se encontraban suspendidos y, de otra, le adjuntó copia del presupuesto oficial de las obras faltantes del contrato adicional 01.

Se demostró en el proceso que en vista de la no comparecencia del contratista al sitio de la obra, el interventor y el subgerente técnico suscribieron el 8 de enero de 1997 el “Acta de reiniciación del contrato” remitida al contratista para su firma y aprobación y en la cual se dejó consignado que a partir de esa fecha la obra se reiniciaba en tanto que el motivo de suspensión ya se había superado.

De conformidad con lo anterior, es cierto lo dicho por el apelante en el sentido de que el contrato adicional 01 no se reinició, no sólo por cuanto el documento denominado “Acta de reiniciación del contrato”, no se encuentra suscrito por el contratista, sino que tampoco hay prueba en el expediente de la ejecución de obras realizadas por el contratista luego de que operara la suspensión del contrato adicional.

Ahora bien, en cuanto al cese de los motivos por los cuales se suspendió el contrato adicional 01, observa la Sala que por lo menos en la fecha en que se citó al contratista en las instalaciones de la obra para efectos de reiniciar los trabajos suspendidos, es decir el 8 de enero de 1997, los motivos que habrían dado lugar a la suspensión de la obra habrían desaparecido, así lo manifestaron expresamente el interventor de la obra y el sugerente técnico en el “Acta de reiniciación del contrato” que a la letra reza “… a la fecha la Caja de Vivienda Popular suministró los planos, cálculos y diseños necesarios para continuar con las obras y que fueron el motivo de suspensión del presente contrato adicional”, aseveración que por lo demás no fue ni ha sido controvertida por el contratista en momento alguno.

Nótese al respecto que en comunicación enviada el 8 de enero de 1998 a la entidad contratante en respuesta al oficio DEEPL-006 de fecha 7 de enero de 1998, el contratista no discutió ni controvirtió lo dicho por la entidad en el sentido de que los motivos de suspensión de la ejecución del contrato adicional 01 ya se habían superado, pues únicamente se limitó a atacar el presupuesto de las obras faltantes del contrato adicional 01 enviado por la entidad.

Tampoco hay prueba en el expediente que permita concluir que la inconformidad del contratista con el presupuesto de las obras faltantes del contrato adicional 01 enviado por la entidad contratante lo hubiese puesto en imposibilidad de reiniciar la ejecución del contrato adicional 01, así como tampoco se observa que el contratista hubiese dicho algo al respecto.

Valga la pena precisar que la finalidad de la suspensión del contrato estatal está encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente por ese motivo que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición, de ahí que una vez desparezcan los motivos de la suspensión las partes están en la obligación de reiniciar la ejecución de las obras.

En ese orden de ideas, resulta que en el presente asunto no sólo no hay prueba de que la entidad hubiese impedido la reiniciación de las obras objeto del contrato adicional 01, sino que, por el contrario, se encuentra acreditado que el contratista una vez superados los motivos de suspensión no reinició los trabajos y tampoco adujo un motivo de suspensión diferente que le hubiese impedido reiniciar la obra.

Así las cosas, comoquiera que no se logró demostrar el incumplimiento del contrato adicional 01 por parte de la Caja de Vivienda Popular, la Sala procederá a revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.

4.2. La excepción de pago formulada por la Caja de Vivienda Popular y declarada no probada por el Tribunal a quo. 

A continuación procede la Sala a examinar la decisión consignada en el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia, en tanto que declaró “no probada la excepción de pago propuesta por la Caja de Vivienda Popular”.

Se dijo en el fallo de primera instancia que no se encontraba probada la mencionada excepción, toda vez que la Caja de Vivienda Popular no acreditó haber cancelado al contratista los valores que reconoció deber en el acta de liquidación unilateral del contrato 051 de 1996 y del contrato adicional 01.

Así mismo, agregó que en las pretensiones de la demanda el contratista no elevó ninguna relacionada con el pago de lo acordado en el contrato adicional 01, sino con los “perjuicios provenientes del incumplimiento del contrato y su adicional, de las suspensiones de los contratos, y el exceso de precios y obras ejecutadas sobre los pactados contractualmente, además del desequilibrio financiero del contrato e intereses moratorios…”, de ahí que la excepción propuesta no iba dirigida a enervar las pretensiones de la demanda, sino que se formuló de manera general.

Antes que nada resulta imprescindible para la Sala entrar a analizar si es cierto lo dicho por el Tribunal en el sentido de que ninguna consideración hizo el demandante en relación con la falta de pago de los valores consignados en la liquidación unilateral del contrato 051 de 1996 y del contrato adicional 01, en tanto que de ser así habrá de revocarse la decisión, toda vez que no le es dable al Juez efectuar ningún debate jurídico sobre aspectos que no fueron cuestionados en la demanda, por cuanto el proceso judicial se rige por el principio dispositivo y el de congruencia, éste último, por cuya virtud, la decisión final del juzgador debe resultar armónica y concordante con las pretensiones formuladas en la demanda, pues en toda decisión que ponga fin a un litigio debe existir una rigurosa adecuación entre lo pedido y lo resuelto.

Revisada en su integridad la demanda, observa la Sala que, en efecto, ni en las pretensiones de la demanda ni en los hechos, el actor se refirió a la falta de pago por parte de la entidad contratante de los valores consignados en el acta de liquidación del contrato 05 de 1996 y del contrato adicional 01.

Nótese al respecto que las pretensiones de la demanda se orientaron, en suma, a reclamar el reconocimiento de la actualización y reajuste de los precios de las obras ejecutadas por el contratista, así como el pago de los sobrecostos generados con ocasión de las suspensiones y mayor prolongación en el tiempo del contrato 051 de 1996 y del contrato adicional 01, dineros que, una vez declarada la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se liquidaron unilateralmente los contratos señalados debían ser incorporados en la liquidación judicial que de estos se realizara.

Así, entonces, comoquiera que en la demanda el actor no reclamó el pago de los valores consignados en la liquidación unilateral que se realizó de los contratos señalados, correspondiente a las obras ejecutadas, no era posible emitir ningún pronunciamiento en relación con esas sumas de dinero, pues al no haber advertido el demandante la ausencia de pago de las mismas por parte de la Caja de Vivienda Popular y, en consecuencia, solicitado su cancelación, no le era dable al Juez de oficio entrar a examinar ese aspecto sin exceder su competencia, la cual como se indicó se encuentra restringida a las pretensiones y hechos consignados en la demanda.

Por lo demás, es importante precisar que si bien la Caja de Vivienda Popular hizo consistir la excepción de pago en el hecho de que había cancelado el valor de los dineros que arrojó la liquidación unilateral de los contratos, quedando pendiente sólo el pago de la suma de trescientos treinta y tres mil ochocientos setenta y tres pesos con setenta y seis centavos ($ 333.873,76), monto que el contratista no había reclamado ante la entidad, observa la Sala que la excepción en esos términos planteada no buscaba enervar ninguna pretensión de la demanda, en tanto que, tal como lo señaló el a quo, ninguna reclamación hizo el demandante al respecto, razón por la cual no le era viable al Juez pronunciarse sobre la misma.

Así las cosas, comoquiera que en el presente asunto el pago de las sumas consignadas en la liquidación unilateral nunca estuvo en discusión, dado que ninguna pretensión se orientó en ese sentido, no resultaba posible —sin desbordar la competencia del Juez— pronunciarse acerca de la excepción de pago formulada por la parte demandada, pues ninguna consideración podría hacerse en ese sentido.

En ese contexto, procederá la Sala a revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.

5. Costas del proceso.

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 30 de agosto de 2007, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen».

16 Folio 357 del cuaderno principal.

17 En el año de 1998 el salario mínimo era de doscientos tres mil ochocientos veintiséis pesos ($ 203.826).

18 La demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales se presentó el día 21 de octubre de 1998, esto es luego de que entrara a regir la Ley 446 de 1998.

19 A través de la Resolución 166 de 17 de abril de 1998 se confirmó la Resolución 112 del 20 de marzo de 1998 mediante la cual el Gerente de la Caja de Vivienda Popular liquidó unilateralmente el contrato 051 de 1996 y el contrato adicional 01 (fls. 72 al 81, 86 al 89, cdno. pruebas 2).

20 Folios 1 al 11 del cuaderno de pruebas 2.

21 Folio 19 del cuaderno de pruebas 2.

22 Folio 25 del cuaderno de pruebas 2.

23 Folio 54 del cuaderno de pruebas 3.

24 Folios 47 al 50 del cuaderno de pruebas 3.

25 Folios 21 y 22 del cuaderno de pruebas 2.

26 Folio 42 del cuaderno de pruebas 2.

27 Folio 43 del cuaderno de pruebas 2.

28 Folios 47 al 49 del cuaderno de pruebas 2.

29 Folio 50 del cuaderno de pruebas 2.

30 Folio 52 del cuaderno de pruebas 2.

31 Folio 51 del cuaderno de pruebas 2.

32 Folio 53 del cuaderno de pruebas 2.

33 Folios 72 al 81 del cuaderno de pruebas 2.

34 El recurso de reposición obra a folios 84 y 85 del cuaderno de pruebas 2. y la Resolución 166 de 1998 entre los folios 86 al 89 del cuaderno de pruebas 2.