Sentencia 1998-02939/14694 de mayo 11 de 2006

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 20001-23-31-000-1998-02939-01; 20001-23-31-000-1997-03334-01(14694).

Actor: Idelma Rosa Mestre Britto y otros

Demandado: Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—

Referencia: Apelación sentencia acción reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Saavedra Becerra

Bogotá D.C., once de mayo de dos mil seis.

Mediante providencia de 19 de diciembre de 2003, se resolvió decretar la acumulación del proceso 15.640 actor: Carlota Bolívar Britto y otros al proceso 14.694 actor: Idelma Rosa Maestre Britto, los cuales se tramitarían bajo una misma cuerda y se analizarían en una misma sentencia.

En consecuencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes contra las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Cesar el 18 de diciembre de 1997 y 13 de agosto de 1.998. En dichas providencias se decidió lo siguiente:

Proceso 14694.

“1. Declarar que la Nación (Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”) es administrativamente responsable de los daños ocasionados en accidente de tránsito al vehículo automotor de propiedad de Idelma Rosa Mestre Britto, cuyas características aparecen mencionadas en este proveído.

“2. Como consecuencia de la declaración anterior, condénase a la citada entidad a pagar a la señora Idelma Rosa Mestre Britto la suma de quince millones novecientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y nueve pesos con cincuenta y tres centavos ($ 15´965.799,53), por concepto de daño emergente y lucro cesante, actualizados a la fecha.

“3. Niéganse las demás súplicas de la demanda.

“4. La Nación (Departamento Administrativo de Seguridad “DAS) repetirá contra Pedro Eugenio Montoya Jiménez.

“5. Este fallo se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo” (fl. 162, c. 1).

Proceso 15640.

“1. Negar las súplicas de la demanda.

“2. Sin costas” (fl. 145, c. 1).

Antecedentes

Proceso 14694.

El 6 de agosto de 1996, la señora Idelma Rosa Mestre Britto a través de apoderado judicial presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, contra La Nación-Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”, por los daños ocasionados a un vehículo de su propiedad en un accidente de tránsito.

Proceso 15640.

El 8 de julio de 1997, Carlota Bolívar Britto, Hilde Nicolás Frías Bolívar, Luz Marina Bolívar Frías, Levys Leonor Frías Bolívar y Alinis Patricia Frías Bolívar, Rafael Calixto Bolívar Britto, Ramiro Enrique Camargo Bolívar, Alejandro Enrique Camargo Bolívar, María Elena Camargo de Bolívar, Pedro Julio Castilla Camargo, Saraida Camargo Castilla, Jairo Rafael Camargo Castilla, Ruth Marina Camargo Castilla, Álvaro Alfonso Cardozo Camargo, Welfran Terán Escobar y Leomaris Rosado Camargo, a través de apoderado judicial presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, contra La Nación-Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”, por la muerte de la señora Edithzael Camargo Bolívar de Rosado en un accidente de tránsito.

1. Pretensiones de la demanda.

Proceso 14694.

En la demanda se solicitó que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad, por los perjuicios causados a la demandante con ocasión de los daños que sufrió el vehículo de su propiedad marca Dacia, placa UWO-539, modelo 1994, color amarillo, de servicio público, en hechos que ocurrieron el día 31 de julio de 1995.

Como consecuencia de lo anterior, se solicitó condenar a la entidad demandada a pagar por concepto de perjuicios morales el equivalente a 1000 gramos de oro a favor de la demandante. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente la suma de diez millones de pesos y por lucro cesante la suma de cincuenta millones de pesos. De igual forma, se solicitó que la sentencia diera cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo (fls. 24 y 28, c. 1).

Proceso 15640.

En la demanda se solicitó que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad, por los daños causados a los demandantes por la muerte de la señora Edithzael Camargo Bolívar de Rosado, el día 1º de agosto de 1995.

Como consecuencia de lo anterior, se solicitó condenar a la entidad demandada a pagar por concepto de perjuicios morales el equivalente a 1000 gramos de oro a favor de Carlota Bolívar Britto (madre de la víctima), Álvaro Alfonso Cardozo Camargo, Leomaris Rosado Camargo (hijos de la víctima), Ayrton Andrés Terán Rosado (nieto de la víctima) y Welfran Terán Escobar (yerno de la víctima); y el equivalente a 500 gramos de oro a favor de Hilde Nicolás, Levys Leonor, Alinis Patricia Frías Bolívar, Luz Marina Bolívar Frías, Rafael Calixto Bolívar Britto, Ramiro Enrique, Alejandro Enrique Camargo Bolívar, María Elena Camargo de Bolívar, Pedro Julio Castilla Camargo, Saraida, Jairo Rafael y Ruth Marina Camargo Castilla (hermanos de la víctima).

Por concepto de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante), la suma de cincuenta millones de pesos, a favor de hijos de la víctima, su nieto y yerno. De igual forma, se solicitó que la sentencia diera cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo (fls. 26-27, c. 1).

2. Hechos en los que se fundamentó la demanda.

Proceso 14694.

La parte actora alegó como hechos los siguientes:

“…Todo transcurría normalmente, hasta la noche del día 31 de julio de 1995 en que el infortunio volvió a estremecer a Idelma, cuando el agente del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, señor Pedro Eugenio Montoya, conduciendo a alta velocidad y desobedeciendo una señal de pare y las luces de prevención de un semáforo, una camioneta marca Ford de placas CHD-136 estrelló violentamente el taxi de la actora, averiándolo seriamente, matando a la pasajera que transportaba, señora Edithzael Camargo de Rosado y lesionando gravemente a su conductor Ángel María Hernández Romero.

“Dicho accidente ocurrió en la intersección de la calle 17 con carrera 11 de Valledupar, el taxi de mi mandante transitaba por la calle 17 en el único sentido permitido por esta, con prelación, y la camioneta del DAS por la carrera 11 en sentido norte sur, con obligación de hacer pare al llegar a la intersección citada….”.

Frente a estos hechos, la demandante sostuvo que el fatal accidente dejó sin medios económicos para atender su propia subsistencia y la de sus hijos, pues, en primer lugar, el seguro obligatorio del taxi no alcanzó a cubrir todos los gastos que demandó su reparación y, en segundo lugar, no pudo seguir pagando las cuotas del vehículo a la empresa Tecnicentro Santander Ltda., razón por la cual tuvo que entregarlo a esta empresa por el saldo pendiente (fls. 25-26, c. 1).

Proceso 15640.

La parte actora alegó como hechos los siguientes:

“…Edithzael tenía como oficio efectuar labores de cocina en restaurantes o de empleada doméstica en residencias de Valledupar….En razón de su trabajo Edithzael se desocupaba avanzada la noche, por lo que decidió contratar el taxi de una conocida señora Idelma Rosa Mestre Britto, para que la recogiera en el trabajo y la llevara a su hogar en la periferia de Valledupar.

“En la noche del 31 de julio de 1995, cuando era transportada a su casa en el taxi de la señora Idelma Mestre Britto este fue embestido de manera violenta por una camioneta marca Ford de placas CHD-136, conducida por el agente del DAS, señor Pedro Eugenio Montoya Jiménez, quien circulaba a alta velocidad e imprudentemente desobedeció una señal de pare y las luces de prevención de un semáforo….”

Como consecuencia de lo anterior, la demanda afirmó que resultó destruido el taxi de la señora Idelma y quedaron gravemente heridos el conductor del mismo señor Ángel María Hernández Romero y la pasajera Edithzael Camargo de Rosado, quien falleció posteriormente en la madrugada del 1º de agosto de 1995 (fls. 27-28, c. 1).

3. Posición de la parte demandada.

Proceso 14694.

Dentro de la oportunidad procesal respectiva, el Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” contestó la demanda y alegó que el accidente había involucrado a dos conductores, uno particular y uno oficial, en igualdad de condiciones y con las mismas precauciones y cuidados, más aún si los semáforos se encontraban en prevención, vale decir, tanto para los vehículos que se movilizaban por la vía que llevaba el taxi, así como por la que se dirigía la camioneta oficial. Además, se dijo que “el conductor del taxi, Ángel María Hernández Romero, conociendo las precauciones de tránsito, se desplazaba a gran velocidad, no obstante saber de antemano que se trataba de una actividad peligrosa. Lo expuesto hace presumir igualmente que éste no tuvo la suficiente diligencia y cuidado en su actividad y que colaboró en la producción del hecho”. (fls. 43-48, c. 1).

De igual forma, se llamó en garantía al señor Pedro Eugenio Montoya Jiménez, quien para la fecha de los hechos era funcionario del DAS y se vio involucrado en el accidente de tránsito objeto de análisis (fls. 43-48, c. 1), solicitud que fue reiterada por el Ministerio Público en primera instancia (fls. 49-50, c. 1) y admitida mediante proveído de fecha 19 de noviembre de 1996 (fls. 54-57, c. 1). El llamado compareció al proceso y simplemente allegó el poder para que un abogado lo representara (fl. 61, c. 1).

Proceso 15640.

En este proceso, el DAS argumentó lo mismo que en el proceso 14694, pero, además, alegó que en el presente caso hubo culpa personal del agente, desligada totalmente del servicio, y por ende, de responsabilidad únicamente del implicado y no del Estado (fls. 50-57, c. 1).

De igual forma, se hizo el mismo llamamiento en garantía al señor Pedro Eugenio Montoya Jiménez, petición que fue negada por el tribunal de instancia mediante proveído de fecha 7 de octubre de 1997, por no reunir las exigencias legales (fls. 67-70, c. 1).

4. sentencia de primera instancia.

Proceso 14694.

El Tribunal Administrativo del Cesar resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:

El fallo hizo referencia esencialmente al informe del accidente de tránsito y a la versión del agente de tránsito que elaboró dicho informe. Así, se consideró que la causa del accidente era clara y atribuible a la administración, pues el funcionario que conducía la camioneta del DAS no observó las señales de tránsito, pues del susodicho informe se extraía que el semáforo de la intersección de la calle 17 con carrera 11 se encontraba en prevención; el taxi de la señora Idelma Rosa Maestre Britto transitaba por la calle 17 en vía preferencial y la camioneta del DAS se dirigía por la carrera 11, y el conductor de este vehículo al omitir el pare produjo el accidente de tránsito (fls. 148-162, c. 1).

Proceso 15640.

En este proceso, el tribunal de instancia resolvió negar las súplicas de la demanda, con el argumento de que en el proceso no había certeza para determinar la causa de la colisión de los vehículos, y a cuál de los conductores era atribuida ésta, para poder establecer la responsabilidad por la muerte de Edithzael Camargo Bolívar.

Además, el a quo señaló que en el sub lite no se estructuraba la falla del servicio, pues no se probó que uno de los vehículos accidentados fuera de la Nación —Departamento Administrativo de Seguridad DAS—, menos aún, que uno de sus funcionarios o empleados lo condujera al momento de los hechos y que a éste le fuera atribuida la causa del accidente (fls. 137-145, c. 1).

5. Recurso de apelación.

Proceso 14694.

En oportunidad, las partes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Por un lado, la parte actora manifestó su inconformidad en cuanto a la negativa a reconocer a la señora Idelma Rosa Mestre perjuicios morales, ya que la demandante sólo poseía ese taxi para atender su sostenimiento y la de sus menores hijos, por lo tanto, estaba vinculada sentimentalmente a dicho vehículo.

De igual forma, señaló el recurrente no estar de acuerdo con la liquidación de los perjuicios materiales reconocidos en el fallo impugnado, por cuanto, en lo relacionado con el daño emergente no se exageró al pedir la indemnización total por la pérdida de su medio de subsistencia y, en relación con el lucro cesante, el tribunal simplemente reconoció la indemnización consolidada no la futura, razón por la cual solicitó que el primer rubro se aumentara y el segundo se otorgara (fls. 166-167, c. 1).

Y, por otro lado, la parte demandada hizo consistir su inconformidad con el fallo de primera instancia, en cuanto a la liquidación de los perjuicios materiales y a la no condena del llamado en garantía. En cuanto hace relación con los perjuicios en la modalidad de lucro cesante, se alegó lo siguiente:

“…considera la parte demandada que el reconocimiento de tal rubro en la cuantía establecida en la pericia $ 360.000 mensuales, se debe hacer desde la ocurrencia de los hechos, 31 de julio de 1995, hasta el día en que el mismo fue entregado por la actora a la empresa que se lo vendió, es decir, 25 de octubre de 1995, por el saldo del capital que adeudaba y no hasta la fecha de la sentencia de primera instancia como se afirma en la parte considerativa del fallo, porque tal rodante, con posterioridad a la data de entrega a la empresa que tenía la reserva de dominio, había dejado de ser explotado económicamente por su dueña”.

En lo que se refiere al llamado en garantía Pedro Montoya, la parte demandada consideró que el a quo en la sentencia apelada debió resolver, no sólo sobre la relación demandante demandado, sino la existente entre el DAS y el llamado, por cuanto éste último fue notificado y participó en el debate procesal, es decir, que no era necesario acudir a la acción de repetición para que el llamado fuera condenado a cancelar con su patrimonio el daño que generó, porque ya fue parte en el proceso (fls. 175-176, c. 1).

Proceso 15640.

En oportunidad, la parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia. En su escrito alegó que la falta de acreditación de la propiedad del DAS sobre el automotor, y la calidad del funcionario que lo conducía, fue porque en el momento de emitirse el fallo no se habían allegado al proceso las copias auténticas del proceso penal que fueron oportunamente solicitadas y decretadas, en donde se satisfacían plenamente las falencias puntualizadas en la providencia recurrida. Con fundamento en ello, la parte actora reiteró lo argumentado en la demanda y, por ende, solicitó la revocatoria del fallo que negó las pretensiones (fls. 149-150, c. 1).

Consideraciones de la Sala

La Sala revocará la Sentencia de fecha 13 de agosto de 1998 y modificará la Sentencia de 18 de diciembre de 1997, ambas proferidas por el Tribunal Administrativo del Cesar, con fundamento en los siguientes razonamientos que se consignarán tras verificar los aspectos procesales del litigio.

Competencia funcional.

La Sala reafirma la competencia funcional que tiene esta corporación para conocer del presente asunto en virtud del recurso de apelación, toda vez que en la época de la presentación de la demanda del proceso más antiguo (14694) 6 de agosto de 1996- para que los procesos adelantados en ejercicio de la acción de reparación directa tuvieran vocación de doble instancia, su cuantía debía exceder la suma de $ 13´460.000, y como quiera que en el presente asunto la pretensión mayor se concretó en la suma de cincuenta millones de pesos por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Idelma Rosa Mestre Britto, la Sala es competente para conocer de la alzada.

Responsabilidad patrimonial del Estado.

En el caso bajo estudio, la parte actora alegó que se le produjo un daño imputable al Estado, pues según las demandas de los procesos acumulados, en hechos ocurridos el día 31 de julio de 1995, en un accidente de tránsito que generó la acción de un funcionario del DAS en un automotor de propiedad de esta entidad, la señora Idelma Rosa Mestre perdió un vehículo de su propiedad, y murió la señora Edithzael Camargo Bolívar. De acuerdo con ello, debe establecerse en primer término, si se produjo el daño alegado en la demanda para luego entrar a definir si el mismo le es imputable a la entidad demandada, en virtud de alguno de los regímenes de imputación reconocidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Daño.

En los procesos acumulados se alegó que el daño sufrido por los demandantes tuvo su origen, en primer lugar, en la muerte de la señora Edithzael Camargo Bolívar de Rosado y, en segundo lugar, por los daños causados al vehículo de propiedad de la señora Idelma Rosa Mestre Britto, hechos que efectivamente aparecen acreditados con los siguientes medios de prueba:

En relación con la muerte de la señora Camargo de Rosado, se tiene:

— El registro de defunción visible a folio 5 del cuaderno principal del proceso 14694, en donde consta que la señora Edithzael Camargo de Rosado murió el 1º de agosto de 1995 en el municipio de Valledupar Cesar, a causa de “herniación de las amígdalas cerebelosas, edema universal severo, elemento contundente”.

— La diligencia de levantamiento del cadáver de la señora Edithzael Camargo de Rosado practicada por la unidad de reacción inmediata de la fiscalía 14 de Valledupar, el mismo día de los hechos a las 3:44 de la mañana en la Clínica de dicha localidad (fl. 2, c. 2, proceso 15640).

— La diligencia de necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal seccional de Valledupar, al día siguiente de los hechos, es decir, el día 1º de agosto de 1995, a las 8:30 de la mañana, en donde se hicieron las siguientes anotaciones:

“Mujer adulta, politraumatizada, con trauma encefalocraneano por elemento contundente severo, quien fallece por herniación de las amígdalas cerebelosas, originada por edema cerebral severo” (fls. 47-48, c. 2, proceso 15640).

En relación con la destrucción del vehículo de propiedad de la señora Mestre Britto, se tiene:

— El dictamen pericial visible a folios 102-103 del cuaderno Nº 1 del proceso 14694, ordenado y practicado por el tribunal de instancia, de fecha 2 de abril de 1997, en donde se establecieron los perjuicios causados a la propietaria del automotor, por concepto de daño emergente y lucro cesante.

— La diligencia practicada por la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación de Valledupar, de fecha 4 de agosto de 1995, en donde se estableció lo siguiente en relación con los daños causados al vehículo:

“Se trata de una camioneta tipo sedán, marca Dacia 1410, color amarillo, identificada con placas UWO 539, servicio público, afiliado a la empresa de transporte Teletaxi…presenta las siguientes características generales: posee cuatro llantas en regular estado, cuatro puertas en regular estado, cojinería y tapicería en regular estado, volante y barra para cambio en regular estado, un capot en mal estado, no posee baterías, un bomper trasero en mal estado, un bomber delantero en mal estado, los daños que presenta son: abolladura con encogimiento de latas en la parte central del capot, desprendimiento de los seguros, desprendimiento de la perciana (sic) y boseles (sic), destrucción de farolas y cocuyos, abolladuras en el torpedo, abolladuras con desprendimiento de pintura en el guardabarros delantero derecho, destrucción y carencia de los vidrios parabrisas panorámicos y vidrios laterales, abolladuras con rastro de colisión el costado lateral derecho, abolladuras en los parales, desprendimiento del babero derecho, desprendimiento del distribuidor, desprendimiento del purificador de aire, desprendimiento de la rótula derecha, desprendimiento de la tapa del baúl, los daños ocasionados se estiman en un valor comercial a los $ 3´500.000…” (fls. 36-37, c. 2, proceso 15640).

Imputabilidad del daño.

Probada la existencia de los daños, resulta necesario ahora establecer cómo sucedieron los hechos, para determinar si efectivamente aquellos resultan imputables al Estado en virtud de alguno de los regímenes de imputación reconocidos por la jurisprudencia de la corporación.

De las pruebas allegadas al proceso.

Se advierte que, en relación con los hechos ocurridos el día 31 de julio de 1995, obran además de las pruebas practicadas en este proceso, las trasladadas del proceso penal y de los informativos administrativos que se realizaron a raíz de la ocurrencia de los mismos, las cuales pueden ser tenidas en cuenta porque fueron solicitadas en las oportunidades legales por ambas partes, tal y como lo ha sostenido reiteradamente la corporación(1).

Aunado a lo anterior, es de anotar que al proceso se allegaron algunas declaraciones que fueron rendidas ante la parte demandada DAS, dentro del proceso disciplinario que se adelantó a raíz de la muerte de la señora Idelma Rosa Mestre Britto. En relación con las pruebas practicadas en la investigación disciplinaria, que por su naturaleza es administrativa por cuanto es practicada por la misma entidad pública, la Sala ha sostenido:

“... Los testimonios antes citados hacen parte de la respectiva investigación disciplinaria que, si bien no fueron ratificados en el presente proceso contencioso administrativo, sí pueden ser válidamente considerados en éste, por cuanto se trata de medios de prueba que hacen parte de la investigación adelantada por la propia entidad demandada, esto es, la Policía Nacional y, que por lo tanto, fueron practicados con su pleno conocimiento, cuya incorporación al proceso se decretó y efectuó a petición de la parte demandante”(2).

Aclarado lo anterior, se observa que sobre el punto en cuestión, en el expediente obran varios medios de prueba:

a) Las declaraciones de los señores Ángel María Hernández Romero, Yesid Barrios Forero y Moisés Berdugo Martínez, quienes manifestaron tener conocimiento de los hechos materia de análisis, por lo tanto, se procederá a destacar algunos apartes de sus testimonios.

El señor Ángel María Hernández Romero afirmó en su declaración que para el día 31 de julio de 1995 conducía un vehículo de servicio público de propiedad de la señora Idelma, y que dentro de sus labores recogía a la señora Edithzael Camargo Bolívar en su sitio de trabajo, cual era el restaurante “Pez del Cesar”, en donde ella cocinaba.

El testigo señaló que él transitaba por la calle 17 con carrera 11 a una velocidad normal, que toda la calle 17 era preferencial, y que había un pare sobre la carrera 11 (fls. 81-83, c. 1, proceso 15640).

El señor Yesid Barrios Forero manifestó que el día de los hechos él y el señor Pedro E. Montoya, quien conducía la camioneta del DAS contra la que colisionó el taxi en donde se transportaba la víctima, se encontraban en ejercicio de sus funciones como escoltas del gobernador del Cesar, y a eso de las once de la noche fueron autorizados para que fueran a comprar comida al palacio del colesterol. Cuando salieron del parqueadero de la Gobernación, según la versión del testigo, desplazándose a una velocidad normal a la altura de la 11 con 17, fue que ocurrió el accidente.

El deponente señaló que el señor Pedro frenó, tomó la precaución, miró que no viniera nada, pero de repente apareció un vehículo que fue con el que se estrellaron.

El declarante expresó que los dos semáforos estaban intermitentes y por tal razón no había una vía preferencial. Además, dijo que ellos se desplazaban por la carrera 11 y en la calle 17 iba el taxi, y en ambas vías había semáforos que estaban en prevención, es decir, en color amarillo.

Finalmente, el testigo afirmó que el taxi se desplazaba a exceso de velocidad, aproximadamente entre 50 y 60 k/h (fls. 38-40, c. 2, proceso 14694).

Por su parte, el agente de policía de tránsito Moisés Berdugo Martínez, al ratificarse del contenido del informe de 2 de agosto de 1995 en audiencia surtida ante el DAS, señaló que el día 31 de julio de 1995 aproximadamente a las 12:00 de la noche, una patrulla de la policía se dirigió al sitio de los hechos, en donde encontraron un taxi incrustado en toda la esquina de una panadería, y una camioneta azul oscura a unos 30 metros de dicha esquina. De igual forma, manifestó que dentro de dicho taxi se encontraron dos víctimas, las cuales fueron trasladadas al hospital.

En relación con las posibles causas del accidente, el deponente sostuvo que el taxi venía por una vía preferencial como lo era la calle 17, y por ende no se podía explicar el porqué el conductor de la camioneta desconoció una señal de pare que había en toda la carrera 11 con calle 17, que aun estando el semáforo en prevención, se debía respetar la señal de pare, ya que la 17 era una vía de prelación. Además, cuando se le preguntó sobre las observaciones que se habían hecho en el referido informe de tránsito, el testigo manifestó:

“…había una señal de pare en la 11, que parte de la esquina de la 17 hacia abajo estaba un poco oscura y los semáforos estaba en preventivos... Preguntado. A qué hora comienzan a funcionar los semáforos en prevención… Contestó. Aproximadamente a las 22:00 horas... Preguntado. Considera usted que el vehículo número uno (camioneta, color azul oscuro, la cual quedó semidestruida en la parte delantera) violó o fue el causante del accidente y de alguna disposición de tránsito. Contestó. Sí, como se dijo anteriormente que hay un pare en toda la 11, entonces él debió respetar esa señal de tránsito (fls. 56-57, c. 2, proceso 14694).

b) Dentro de la prueba documental que reposa en el plenario, se tiene:

— A folio 10, c. 1, proceso 14694, reposa copia auténtica de la planilla 93-0184224 correspondiente al accidente de tránsito ocurrido en la carrera 11 con calle 17, elaborada por el agente Moisés Berdugo Martínez, y en donde se estableció como causas probables de los hechos las siguientes:

“Camioneta Ford con placas CHD conducida por Pedro Eugenio Montoya de 24 años de edad residente seccional DAS de propiedad del DAS.

“Automóvil Dacia con placas UWO 539 conducido por Hernández Romero Ángel María, residente en la calle 16 Nº 19667 Barrio Dangond Valledupar de propiedad de Idelma Rosa Maestre Britto.

“Causas probables: Vehículo Nº 1 código 112 desobedecer señales, ambos semáforos se encontraban en prelación.”

— Dentro del informe del levantamiento del cadáver realizado por la unidad investigativa del cuerpo técnico de la fiscalía, seccional Valledupar, de fecha 3 de agosto de 1995, se hizo constar lo siguiente en relación con la ocurrencia de los hechos:

“Realizando labor investigativa se localizó al señor José Luis Villa Rodríguez… el cual manifestó que el día lunes 31 de julio aproximadamente a las 23:45 horas él se desplazaba en una motocicleta por la carrera 11, al llegar a la calle 17 se detuvo buscando un estanco, en esos momentos observó cuando una camioneta de color azul avanzaba rápidamente por la carrera 11 de igual forma lo hacía el vehículo de servicio público por la calle 17, la camioneta no hizo el respectivo “Pare” envistiendo (sic) al taxi de servicio público, el cual fue a colisionar contra la panadería situada en la esquina de la 11 con la 17….” (fls. 44-45, c. 2, proceso 15640).

— Por su parte, el agente de tránsito Moisés Berdugo Martínez, en un informe rendido el 8 de septiembre de 1995 con destino a la fiscalía once unidad especializada de Valledupar, manifestó que el día 31 de julio del año de 1995, colisionaron los siguientes vehículos: camioneta Ford de placas CHD 136, conducida por un funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y el automóvil de placas UWO 539, marca Dacia, conducido por el señor Ángel María Hernández.

En relación con los hechos, en este documento se dijo que éstos habían ocurrido entre la carrera 11 con calle 17 esquina, donde las luces de los semáforos se encontraban en color amarillo. Se dijo que la falta de prevención del conductor de la camioneta del DAS fue la causa del accidente, pues no previó que en la carrera 11 esquina se encontraba una señal de transito de “Pare”, teniendo prelación la calle 17 (fl. 145, c. 2, proceso 15640).

— En la diligencia de inspección judicial de fecha 1º de agosto de 1995, practicada al sitio de los hechos por la unidad de reacción inmediata de la fiscalía, seccional Valledupar, se hizo constar que el semáforo que funcionaba en el mencionado sitio se encontraba en luz amarilla e intermitente permanente (fls. 6, 7, c. 2, proceso 15640).

— De conformidad con los documentos visibles a folio 108 cuaderno 1, folio. 19, cuaderno 2, proceso 14694 y folio. 17, cuaderno 2, proceso 15640, la camioneta del DAS era conducida por el señor Pedro Eugenio Montoya Jiménez, quien para la fecha de los hechos era funcionario activo de dicha entidad, en donde ejercía el cargo de detective agente 206-06, y se desempeñaba como escolta del señor gobernador del departamento del Cesar.

— Por los anteriores hechos se adelantó investigación penal en contra del señor Pedro Eugenio Montoya Jiménez, por los punibles de homicidio culposo y lesiones culposas, en donde la fiscalía once unidad especializada de Valledupar resolvió proferir medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Dicha decisión se fundamentó esencialmente en el informe de tránsito suscrito por el agente Moisés Berdugo Martínez, y se llegó a la conclusión de que la colisión de los automotores se produjo por la acción imprudente del sindicado, al violar el deber de cuidado al no hacer el pare como lo indicaba la señal de tránsito, además, porque de la forma como quedaron los vehículos se infería que el conductor del DAS venía a exceso de velocidad (fls. 146-150, c. 2, proceso 15640).

Posteriormente, con fundamento en los anteriores argumentos, la misma fiscalía, mediante providencia de 18 de noviembre de 1997, resolvió proferir resolución de acusación en contra del señor Pedro Eugenio Montoya Jiménez (fls. 211-215, c. 2, proceso 15640).

De igual forma, contra el mencionado funcionario se inició investigación disciplinaria, formulándosele pliego de cargos por la falta en que incurrió al no haber respetado las señales de tránsito y con ello dar lugar a que se produjera el accidente, además de haber causado daños a la camioneta en la que se desplazaba. Posteriormente, la dirección seccional del DAS le impuso sanción disciplinaria consistente en suspensión en el ejercicio de sus funciones sin derecho a remuneración por un término de 30 días (fls. 125-134, c. 2, proceso 14694).

Análisis del caso.

En relación con el tema del tránsito vehicular, observa la Sala que el mismo excede en buena medida la cuestión de los accidentes; más aún, supera en mucho el tema de las infracciones, fallas o errores que se cometen en dicha actividad, para abarcar cuestiones más generales: la definición de los vocablos comprometidos, la garantía de libertad de tránsito, la educación vial, la temática de la vía pública, de las calles y los caminos, el estado de los vehículos, etc. Se ha vuelto un verdadero “código”, un microsistema jurídico, en el cual se entremezclan aspectos públicos y privados, quehaceres del Estado y de los particulares, cuestiones administrativas y de la responsabilidad por daños. De enorme relevancia, en la medida en que tiene que ver con la salud de las personas, con la integridad psicofísica, por una parte, y, por la otra, con la calidad de vida, la circulación para concurrir al trabajo, al domicilio propio, a los entretenimientos, etc. y con la productividad de bienes y servicios, que ha menester del tráfico, traslado de un lugar a otro, con el consiguiente uso de la vía pública.

De acuerdo con ello, en relación con la responsabilidad por accidentes de tránsito, la doctrina argentina ha dicho que el automotor es conducido por el hombre y esta actividad conductiva es relevante, tiene enorme importancia a la hora de juzgar los accidentes. No se trata de un daño “por” el riesgo del automotor, con indiferencia del modo o manera de ser “manejada” dicha cosa peligrosa. El conductor, la persona humana, puede poseer pericia conductiva o carecer de ella, al margen de la titularidad de un carné de conductor que sólo autoriza a presumir esa pericia, lo que admite prueba en contrario. Puede ser diligente o imprudente. Cuidadoso o abandonado. Respetar o violar las reglas de tránsito, y aumentar con la actitud transgresora los riesgos de dañosidad. De donde resulta, según esta doctrina, que al “riesgo” de la cosa automotora puede adicionarse “la culpa” del conductor y el accidente imputarse, en consecuencia, a más de un factor de atribución(3)

En relación con la colisión entre dos automotores —“cosa riesgosa versus cosa riesgosa”—, los juristas argentinos han establecido que en cada caso concreto debe analizarse en qué medida ese riesgo se ha creado cuánto riesgo significa un automotor pequeño (un Fiat 600) a 40 kilómetros y cuánto riesgo genera un camión grande (Mercedes Benz) a 80 kilómetros por hora de velocidad, y en qué medida, obviamente, ha contribuido a la producción del accidente. Evaluar riesgos, de una y otra parte; evaluar, así mismo, las infracciones que pudieron cometerse, su entidad, y, por fin, la virtualidad o aptitud de unos y otras para llevar al siniestro(4).

En Colombia, puede decirse que en general, el régimen de la responsabilidad por daños causados con vehículos de la Administración sigue los mismos lineamientos del de las armas como objetos peligrosos, y por tanto generadores de riesgo.

En nuestra jurisprudencia, se encuentran múltiples casos de accidentes causados por diversos vehículos oficiales. Se incluyen allí las bicicletas o motos de los guardas de tránsito o los carros usados por escoltas motorizados; daños causados por máquinas barredoras y, también, en virtud de la noción de guarda, se da el caso del vehículo particular utilizado temporalmente para la prestación del servicio.

La conducción de vehículos ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa y cuando su guarda está a cargo de una entidad estatal, el daño causado en desarrollo de la misma resulta imputable a ésta, en aplicación de la teoría del riesgo como un tipo de régimen de responsabilidad objetiva(5).

En caso de colisión de vehículos, donde intervienen simultáneamente dos actividades peligrosas, cuando sólo existe un perjuicio, el Consejo de Estado en fallo del 10 de marzo de 1997 expediente 10080 se pronunció a favor de la tesis de Mazeaud y Tunc, es decir, que cuando existe un perjuicio unilateral, la falta de demostración de la culpa exclusiva de la víctima o, por lo menos, de una culpa adicional de ella, conduce a la condena plena del causante del daño. De este modo, se descarta, en este terreno, la neutralización de presunciones.

El desempeño de la misma actividad peligrosa por dos vehículos que se pueden considerar como equivalentes, como aconteció en el presente caso, implica necesariamente la demostración de una falla, pues teniendo en cuenta su naturaleza peligrosa, no se atenúan las actividades, máxime si se trata de vehículos con idénticas o similares características, vale decir, la colisión de dos automóviles o buses.

Se requiere demostrar, frente a la obligación de guardar precaución, diligencia y cuidado por quienes ejercen dicha actividad, quién incumplió esa obligación y, por tanto, obró culposamente, al observar una conducta negligente, imprudente, carente de pericia o incursa en el incumplimiento de reglamentos.

Descendiendo al caso concreto, de conformidad con el acervo probatorio obrante en el proceso, se tiene que para el día 31 de julio de 1995 el agente del Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” Pedro Eugenio Montoya Jiménez, encontrándose de servicio en su condición de escolta del gobernador del departamento del Cesar, solicitó permiso para ir a comprar comida, y le dijo a su compañero Yesid Barrios que lo acompañara. Para ello, se desplazaron en una camioneta Ford 150 Placa CHD-136 de propiedad del DAS, con rumbo al palacio del colesterol o parque de los varados. Al pasar por la carrera 11 y llegar al cruce en la calle 17 esquina, colisionó con el taxi de propiedad de la señora Idelma Rosa Mestre Britto, vehículo conducido por el señor Ángel María Hernández Romero y en el que se transportaba la señora Edithzael Camargo de Rosado.

Como consecuencia de ello, resultó herido el señor Hernández, muerta la señora Camargo de Rosado y con daños los vehículos que se estrellaron.

En relación con la ocurrencia de los hechos, en el informe de tránsito suscrito por el agente Moisés Berdugo Martínez se estableció que los hechos ocurrieron en la carrera 11 con calle 17, en donde colisionaron dos vehículos: un taxi conducido por el señor Ángel María Hernández y una camioneta conducida por el señor Pedro Eugenio Montoya.

En dicho documento se hizo constar que en el sitio de los hechos había dos semáforos, uno sobre la carrera 11 y otro sobre la calle 17, los cuales estaban intermitentes permanentemente, tal y como fue confirmado en la diligencia de inspección judicial practicada por la unidad de reacción inmediata de la fiscalía, seccional Valledupar, y, además, se dijo que existía una señal de Pare sobre la carrera 11.

Estas observaciones tienen su soporte en el croquis que se realizó por el agente de tránsito, quien, después de observar el lugar del accidente y la forma como encontró los vehículos que se estrellaron, atribuyó la ocurrencia de los hechos a la falta de prevención del conductor de la camioneta del DAS, pues consideró que, en primer lugar, éste no previó que en la carrera 11 esquina se encontraba una señal de tránsito de “Pare” y, en segundo lugar, olvidó que la calle 17 por la que se desplazaba el taxi de servicio público, tenía prelación. 

En relación con las posibles causas del accidente, el agente de tránsito Berdugo Martínez en su declaración manifestó que no se explicaba el porqué el conductor de la camioneta desconoció una señal de pare que había en toda la carrera 11 con calle 17, que aun estando el semáforo en prevención, se debía respetar la señal de pare, ya que la 17, vía por la que se desplazaba el taxi, era una vía de prelación.

Al respecto, es de anotar que las normas de tránsito señalan claramente que toda persona que tome parte en dicha actividad como conductor o como peatón, deberá comportarse en forma que no incomode, perjudique o afecte a las demás y deberá conocer y cumplir las normas de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las respectivas autoridades. Además observará las señales de tránsito que determine el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito (D. 1809/90, art. 98). 

Al respecto, se observa que el artículo 100 del Decreto 1809 de 1990, vigente para la fecha de los hechos, que modificó el artículo 112 del Decreto Ley 1344 de 1970 dispuso que las señales de tránsito se dividían en:

1. Señales de reglamentación o reglamentarias, que tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación constituye falta.

2. Señales de prevención o preventivas, que tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste.

3. Señales de información o informativas, que tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar y se dividen en:

a) Señales para indicar dirección y para identificar carreteras;

b) Señales de localización;

c) Señales de información general.

De igual forma, en dicha disposición se estableció que las marcas sobre el pavimento constituían también señales de tránsito y sus indicaciones deberían seguirse.

En relación con la prelación que existe en las vías, el artículo 127 del Decreto Ley 1344 de 1970, norma vigente para la fecha de los hechos, toda vez que no fue modificada o derogada por el Decreto 1809 de 1990, dispone: “El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce, y donde haya semáforo, tomas las precauciones debidas e iniciar la marcha cuando le corresponda”.

De acuerdo con esta normatividad y las pruebas que se allegaron al plenario, para la Sala no cabe duda, como también lo dedujo el tribunal de instancia dentro del proceso 14694, que la administración, en este caso, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en ejercicio de una actividad peligrosa como es la conducción de vehículos, incurrió en irregularidades violatorias de las normas de tránsito, conducta constitutiva de falla del servicio, como quiera que un empleado suyo al manejar una camioneta de su propiedad, no hizo el pare que existía en la vía por la que transitaba, más aún, cuando la otra vía por la que venía el taxi era de prelación.

Esta fue la razón que trajo como consecuencia la ocurrencia del accidente, pues si el señor Pedro E. Montoya hubiera acatado la señal de tránsito que en ese momento le indicaba que parara, no se hubieran presentado los hechos por los cuales ahora se demanda. El funcionario público no observó las reglas de tránsito que lo obligaban a efectuar el pare, pese a que a esa hora, es decir, a media noche, los semáforos se encuentran en prevención, pues justamente por la poca demanda en el tráfico, las luces amarillas previenen a los conductores nocturnos para que no se confíen al desplazarse por las vías. 

Por otra parte, si bien es cierto en el proceso no pudo establecerse la velocidad a la que se desplazaban tanto el taxi en el que venía la víctima como la camioneta del DAS, la forma como quedó el primero de estos vehículos permite inferir que efectivamente el segundo de ellos venía con exceso de velocidad.

A esta conclusión también se llegó tanto en la investigación penal como en la disciplinaria, cuando se estableció que la colisión de los automotores se había producido por la acción imprudente del sindicado, al violar el deber de cuidado al no hacer el pare como lo indicaba la señal de tránsito y continuar la marcha a la misma velocidad con que se desplazaba, la cual, por razón del impacto producido, se infería que era excesiva, porque la camioneta había golpeado fuertemente al automóvil, lanzándolo contra la esquina opuesta, donde funcionaba una panadería, es decir, que el conductor de este último automotor no disminuyó la velocidad que llevaba al tratar de pasar la calle 17.

En este mismo sentido, el agente de tránsito Moisés Berdugo Martínez señaló en su declaración que siendo aproximadamente las 12:00 de la noche, la central informó sobre un accidente de tránsito ocurrido en la carrera 11 con calle 17, y que al llegar al sitio de los hechos encontraron un vehículo Dacia Taxi incrustado en toda la esquina de una panadería.

De conformidad con todo lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la responsabilidad del Estado, por lo tanto, se le condenará a reparar los perjuicios causados a los demandantes con el hecho dañoso.

Responsabilidad del llamado en garantía.

La Sala considera acertados los argumentos realizados por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso 14694, en el sentido de establecer que en el plenario se encontraba plenamente demostrado que el accidente se debió a la conducta gravemente culposa del agente del DAS Pedro Eugenio Montoya Jiménez. Así se estableció tanto en la investigación disciplinaria como en la investigación penal.

No obstante lo anterior, la sentencia de primera instancia no resolvió condenar al llamado en garantía, pero sí ordenó que la Nación en cabeza del Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” repitiera contra su agente, en aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, esta corporación considera que el fallo debió, al encontrar acreditada la responsabilidad del agente Montoya Jiménez, condenarlo al reembolso de la indemnización que debía pagar la entidad, pues su vinculación a través del llamamiento en garantía permitía realizar dicho pronunciamiento, y no someter a la administración pública a iniciar un nuevo proceso en ejercicio de la acción de repetición, para lograr la condena del llamado. 

En este sentido, le asiste razón a la parte demandada cuando alegó en el recurso de apelación que la sentencia apelada debió resolver, no sólo sobre la relación demandante demandado, sino la existente entre el DAS y el llamado, por cuanto éste último fue notificado y participó en el debate procesal, es decir, que no era necesario acudir a la acción de repetición para que el llamado fuera condenado a cancelar con su patrimonio el daño que generó, porque ya fue parte en el proceso. 

Por otro lado, es de anotar que la condena del llamado en garantía será sólo por los daños causados al vehículo de propiedad de la señora Idelma Rosa Mestre Britto, pues fue en relación con éste daño que el funcionario del DAS se hizo parte en el proceso 14694; no se le puede condenar por los perjuicios generados por otra causa, es decir, la muerte de la señora Edithzael Camargo Bolívar, toda vez que en el proceso que se adelantó en virtud de dicho daño, el señor Montoya Jiménez no se hizo parte, pues la petición de llamamiento en garantía fue negada por el tribunal de instancia mediante proveído de fecha 7 de octubre de 1997, por no reunir las exigencias legales (fls. 67-70, c. 1), lo que significa que no se le dio la oportunidad de defenderse y de controvertir las pretensiones de la demanda en ese proceso.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la responsabilidad personal del agente y lo condenará al reembolso de lo pagado por la entidad demandada para reparar los daños causados a la señora Idelma Rosa Mestre Britto.

Establecida como está la responsabilidad estatal en los hechos que fueron sustento de las pretensiones en los procesos acumulados, resulta procedente la indemnización de los perjuicios ocasionados a los demandantes, previas las siguientes precisiones en relación con su estimación.

Indemnización de perjuicios.

Por la destrucción del vehículo de propiedad de la señora Idelma Rosa Mestre Britto.

Como cuestión previa, la Sala anota que la demandante Idelma Rosa Mestre Britto acreditó la condición con la que concurrió el proceso, es decir, como propietaria del vehículo marca Dacia de placas UWO-539 de servicio público, tal y como consta con la tarjeta de propiedad visible a folio 2 del cuaderno 1 proceso 14694.

En cuanto a los perjuicios morales solicitados en la demanda y derivados de este daño, la Sala considera acertada la decisión tomada por el tribunal de instancia al negar el reconocimiento de este rubro, pues no se demostró que la avería del automotor le hubiera generado a la demandante un daño más allá del puramente material; no se acreditó que la víctima se hubiera visto afectada en su vida interior, en su vida sentimental; no se probó que la destrucción de su vehículo le hubiera generado un dolor, aflicción, congoja, independiente a la preocupación económica por verse disminuida en su patrimonio y por ende, en sus medios de subsistencia. Por lo tanto, no habrá lugar a otorgar ningún valor por este concepto.

Para cuantificar los perjuicios materiales, en casos en los cuales se reclama la indemnización por la destrucción, pérdida, deterioro o avería de bienes, ha de tenerse en cuenta lo pedido y lo probado en el caso concreto.

Antecedentes jurisprudenciales.

En un caso en el cual se decomisó una embarcación, la Sala consideró que había lugar a declarar la responsabilidad de la entidad pública demandada, toda vez que al devolvérsela estaba en las peores condiciones, destruida e inutilizable por los daños que sufrió al permanecer en el muelle naval de Buenaventura sin cuidado alguno. En relación con los perjuicios se dijo:

“En cuanto al daño emergente, si bien obra en autos una experticia que señaló como valor de la motonave la suma de $ 12.000.000, basada en el cálculo que sin soporte de ninguna naturaleza hiciera un supuesto fabricante de motonaves, la Sala lo desecha, de una parte, porque le parece exagerado y, de otra, porque en la demanda se señaló como valor de esa embarcación la cantidad de $ 5.000.000, valor éste que por encontrarlo más razonable adoptará la Sala para liquidar y actualizar el monto del daño emergente por dicho y único concepto. Con tal fin se tendrán en cuenta los índices de precios al consumidor vigentes en septiembre de 1991, que corresponde al índice inicial (25.61) y en junio de 2000 que corresponde al índice final (116.85)…”(6).

En cuanto al lucro cesante, en dicha oportunidad se expresó que, si bien era cierto el proceso carecía de elementos probatorios suficientes para determinar las sumas que realmente percibía el accionante por la explotación de la motonave, teniendo en cuenta que en el proceso de alguna manera resultaba establecida la actividad económica que con su máquina desarrollaba el demandante, a título de lucro cesante, se le reconoció un interés del 6% anual liquidado sobre el valor histórico de la embarcación.

De igual forma, en un caso en el cual se inmovilizó una aeronave, la corporación señaló:

“…El demandante no demostró que tuviese la aeronave en estado productivo, pues confesó que estaba en estado de deterioro y además se probó que carecía de permiso para aeronavegabilidad. Sin embargo la Sala percibe, desde otro punto de vista, que la aeronave en sí misma y por ese período de retención representa un capital inmovilizado.

“Como se ha sostenido en otras oportunidades, en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia(7), el capital inmovilizado a términos de la legislación civil tiene como mínimo una renta legal anual del 6% (C.C., art. 1.617, num. 2º); ese porcentaje se aplicará durante el período en que tuvo vida el hecho dañoso sucesivo. Para tal efecto se tendrá en cuenta el valor de la aeronave, indicado en la escritura de compra 2.182 del 26 de mayo de 1987 de la notaría tercera del círculo de Cali, el cual asciende a $ 2.000.000 (fls. 2 a 7 vuelto c. 1); el período de 2,475 años en el cual permaneció inmovilizada la aeronave a órdenes de la justicia: desde el 30 de agosto de 1989 al 21 de febrero de 1992.

“Para deducir el lucro cesante se liquidarán los intereses legales del 6% sobre el valor de $ 2’000.000, de la aeronave por un período en años de 2,475 años; el resultado se indexará teniendo en cuenta como índices, inicial y final, los vigentes a la fecha de ocupación de la aeronave y la de devolución de la misma a su propietario. La suma resultante, será traída a valor presente, teniendo en cuenta para ello los índices de precios al consumidor para los meses de marzo de 1992, índice inicial del mes siguiente al de entrega de la aeronave, y agosto de 2001, índice final. Por último y sobre el valor histórico sin incorporar la anterior actualización, se liquidará el 6% anual, por concepto del rendimiento mínimo que debió producir el capital proveniente de la inmovilización de la aeronave, entre el lapso comprendido entre el mes siguiente al de entrega del bien - marzo de 1992 y la fecha de expedición de esta providencia mes de octubre de 2001…”(8).

En el caso concreto, la Sala encuentra acertada la posición del tribunal de instancia cuando consideró que para tasar el daño emergente había que tener en cuenta que el vehículo no había sido destruido en su totalidad, según los documentos visibles a folios 76 y 14 del cuaderno principal, pues fue recibido por la empresa Tecnicentro Santander, —donde lo había adquirido la demandante—, por la cantidad de $ 3´782.342. Por lo tanto, no se puede condenar a la entidad demandada a pagarlo completamente. Luego, del valor del vehículo avaluado por los peritos en $ 7´500.000, serán descontados los $ 3´782.342, dando como resultado $ 3´717.658, siendo éste el valor que la demandante había cancelado por el vehículo hasta el momento del accidente, sumado a los gastos en que incurrió por concepto de parqueo de su carro accidentado por la suma de $ 35.000, tal y como consta con la factura expedida por la empresa Chivera Santa Fe visible a folio 19 del cuaderno principal.

Así las cosas, la suma reconocida por el tribunal de instancia será actualizada conforme el índice de Precios al Consumidor en aplicación de la siguiente fórmula:

f-20
 

De conformidad con los argumentos expuestos en las sentencias transcritas y teniendo en cuenta que no hubo pérdida total del bien, a este valor se le liquidará el 6% anual, por concepto del rendimiento mínimo que debió producir dicho capital, es decir, el 6% anual sobre el dinero que la demandante dejó de producir en razón a los daños causados a su vehículo, así: $ 7´838.782,77 + 6% = $ 8´309.109.73

Por otra parte, en relación con unos recibos pagados a la Clínica de Valledupar por los servicios médicos del señor Ángel Hernández, la Sala no reconocerá ningún valor por este concepto, pues, tal y como lo consideró el tribunal de instancia, en primer lugar, en dichos documentos no se indica el nombre de la persona que los canceló, y en segundo lugar, en este proceso se reclama el pago de perjuicios por el daño de un vehículo en un accidente de tránsito y no por las lesiones personales de su conductor, las cuales tampoco se demostraron en el expediente, ni eran objeto de la demanda presentada por la señora Idelma Rosa Mestre Britto.

En relación con el lucro cesante por la actividad del vehículo, la Sala observa que el a quo otorgó dicho rubro con base en la producción mensual hecha en el dictamen pericial que obra a folios 102-103 del cuaderno principal proceso 14694, suma que se actualizó y reconoció por el periodo comprendido entre el 31 de julio de 1995 (fecha de los hechos) hasta la fecha de la providencia de primera instancia, estimación que la Sala no comparte por las siguientes razones:

La experticia de fecha 2 de abril de 1997 arrojó un producido bruto diario de $ 30.000, el cual se distribuyó así:

f-21
 

De igual forma, se dijo que la vida útil probable de esta clase de vehículo (Dacia tipo taxi modelo 1994) era de 10 años y en consecuencia, el lucro cesante se determinaba así:

F-22
 

Teniendo en cuenta lo anterior y la magnitud de los daños causados al vehículo, la indemnización por lucro cesante no puede realizarse, como lo hizo el a quo, por la vida útil probable del vehículo, pues no debe olvidarse que la señora Idelma Rosa Mestre Britto, por voluntad propia decidió no reparar su vehículo y, en su lugar, resolvió entregarlo a la empresa que se lo había vendido, por el saldo de la deuda.

Entonces, la indemnización se hará teniendo en cuenta lo dejado de percibir por la demandante desde la ocurrencia de los hechos hasta por un lapso de tres meses, pues, teniendo en cuenta la magnitud de los daños que sufrió el vehículo de la demandante, dicho lapso constituye un término prudencial dentro del cual se estima que el vehículo debía estar reparado, y por ende, es un periodo en el que el propietario del bien deja de percibir ingresos(9).

Por lo tanto, el reconocimiento de este perjuicio se hará desde el 31 de julio de 1995 hasta el 31 de octubre de la misma anualidad.

En consecuencia, como en este proceso se demostró con el dictamen pericial el producido mensual del vehículo de propiedad de la demandante, se tomará la suma de $ 360.000 multiplicada por tres y se actualizará desde la fecha en que se practicó el dictamen pericial, así:

F-23
 

A este valor se le liquidará el interés legal por los tres meses, por concepto del rendimiento mínimo que debió producir dicho capital, es decir, 0,5% por cada mes, así, lo que da como resultado la suma de $ 2´397.728,87.

Total indemnización por perjuicios materiales a favor de la señora Idelma Rosa Mestre Britto: $ 10´706.838,6.

Por la muerte de la señora Edithzael Camargo Bolívar de Rosado.

En relación con los perjuicios morales, la Sala reitera lo dicho en sentencia proferida dentro del proceso 13.232 15.646 de 6 de septiembre del 2001, que revisó la orientación dada por la corporación en cuanto a la tasación de los perjuicios morales, para que en adelante se reconozcan, liquiden y paguen en salarios mínimos legales mensuales abandonando el sistema de la condena por el equivalente a gramos oro.

En el presente caso, la señora Carlota Bolívar Britto demostró ser la madre de la víctima -señora Edithzael Camargo Bolívar de Rosado-. De igual forma, los señores Hilde Nicolás Frías Bolívar, Luz Marina Bolívar Frías, Levys Leonor Frías Bolívar, Alinis Patricia Frías Bolívar, Rafael Calixto Bolívar Britto, Ramiro Enrique Camargo Bolívar, Alejandro Enrique Camargo Bolívar, María Elena Camargo de Bolívar, Pedro Julio Castilla Camargo, Saraida Camargo Castilla, Jairo Rafael Camargo Castilla y Ruth Marina Camargo Castilla demostraron ser los hermanos de la víctima, tal y como consta con los registros civiles de nacimiento visibles a folios 7-19 cuaderno principal proceso 15640.

Por su parte, el señor Álvaro Alonso Cardozo Camargo y la señora Leomaris Rosado de Camargo, acreditaron ser los hijos de la víctima (fls. 20-21, c. 1, proceso 15640) y que el menor Ayrton Andrés Terán Rosado era nieto de la señora Edithzael Camargo (fl. 23, c. 1, proceso 15640).

De acuerdo con ello, la Sala procederá a reconocer perjuicios morales a favor de las personas antes mencionadas, toda vez que acreditaron su relación de parentesco y por ende, de ello se infiere el dolor moral que padecieron a raíz de la muerte de su hija, hermana, madre y abuela.

En consecuencia, los valores a reconocer son:

Para la señora Carlota Bolívar Britto (madre de la víctima), el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, la suma de cuarenta millones ochocientos mil pesos m/cte. ($ 40´800.000).

Para el señor Álvaro Alonso Cardozo Camargo y la señora Leomaris Rosado de Camargo (hijos de la víctima), el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, la suma de cuarenta millones ochocientos mil pesos m/cte. ($ 40´800.000) para cada uno.

Para los señores Hilde Nicolás Frías Bolívar, Luz Marina Bolívar Frías, Levys Leonor Frías Bolívar, Alinis Patricia Frías Bolívar, Rafael Calixto Bolívar Britto, Ramiro Enrique Camargo Bolívar, Alejandro Enrique Camargo Bolívar, María Elena Camargo de Bolívar, Pedro Julio Castilla Camargo, Saraida Camargo Castilla, Jairo Rafael Camargo Castilla y Ruth Marina Camargo Castilla (hermanos de la víctima), el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, la suma de veinte millones cuatrocientos mil pesos m/cte. ($ 20´400.000) para cada uno.

Para el menor Ayrton Andrés Terán Rosado (nieto de la víctima), el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, la suma de diez millones doscientos mil pesos m/cte. ($ 10´200.000).

En cuanto a los perjuicios morales solicitados por el señor Welfran Terán Escobar, la Sala no le reconocerá ningún valor por este concepto, pues si bien es cierto acreditó ser el yerno de la víctima con el registro civil de matrimonio visible a folio 24 del cuaderno principal del proceso 15640, dicha condición por sí sola no demuestra que él haya sufrido moralmente la pérdida de la señora Edithzael Camargo, además tampoco demostró su condición de damnificado.

En relación con los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la Sala encuentra que su causación no fue acreditada en el proceso y por ende no se hará ningún tipo de reconocimiento.

En cuanto al lucro cesante pedido en la demanda a favor del nieto de la víctima Ayrton Andrés Terán Rosado, a favor de los hijos de la víctima Álvaro Alfonso Cardozo Camargo y Leomaris Rosado Camargo y a favor del yerno de la víctima Welfran Terán Escobar, la Sala observa que de la prueba testimonial que obra en el plenario no se puede establecer si estas personas dependían económicamente de la señora Edithzael Camargo Bolívar de Rosado, pues los declarantes simplemente manifestaron que ésta vivía con la hija, el yerno y un nieto, sin identificarlos por sus nombres, por lo que no es suficiente para establecer si sólo en cabeza de la fallecida se encontraba la obligación de proveer por la subsistencia de todos ellos, máxime si su hija Leomaris Rosado Camargo y el señor Welfran Terán Escobar estaban casados y habían conformado su familia con su hijo Ayrton Andrés Terán Rosado.

Lo mismo acontece con Álvaro Alfonso Cardozo Camargo, quien ya era mayor de edad para la fecha de los hechos y, además, no acreditó que viviera con su madre y dependiera económicamente de ella. Por tal razón, la Sala no reconocerá ningún valor por este concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el trece (13) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998) y, en su lugar se dispone:

2. DECLÁRASE a la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” responsable de la muerte de la señora Edithzael Camargo Bolívar de Rosado, en hechos ocurridos el día 31 de julio de 1995 a causa de un accidente de tránsito.

3. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” a pagar a favor de las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales:

Para la señora Carlota Bolívar Britto, la suma de cuarenta millones ochocientos mil pesos m/cte. ($ 40´800.000).

Para el señor Álvaro Alonso Cardozo Camargo y la señora Leomaris Rosado de Camargo, la suma de cuarenta millones ochocientos mil pesos m/cte. ($ 40´800.000) para cada uno.

Para los señores Hilde Nicolás Frías Bolívar, Luz Marina Bolívar Frías, Levys Leonor Frías Bolívar, Alinis Patricia Frías Bolívar, Rafael Calixto Bolívar Britto, Ramiro Enrique Camargo Bolívar, Alejandro Enrique Camargo Bolívar, María Elena Camargo de Bolívar, Pedro Julio Castilla Camargo, Saraida Camargo Castilla, Jairo Rafael Camargo Castilla y Ruth Marina Camargo Castilla, la suma de veinte millones cuatrocientos mil pesos m/cte. ($ 20´400.000) para cada uno.

Para el menor Ayrton Andrés Terán Rosado, la suma de diez millones doscientos mil pesos m/cte. ($ 10´200.000).

4. MODIFÍQUESE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el dieciocho (18) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), y en su lugar se dispone:

5. DECLÁRASE a la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” responsable de los daños ocasionados al vehículo marca Dacia de placas UWO-539 de propiedad de la señora Idelma Rosa Mestre Britto, en hechos ocurridos el día 31 de julio de 1995 a causa de un accidente de tránsito.

6. CONDÉNASE a la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” a pagar a favor de la señora Idelma Rosa Mestre Britto la suma de diez millones setecientos seis mil ochocientos treinta y ocho pesos con seis centavos m/cte. ($ 10´706.838,6) por concepto de perjuicios materiales.

7. DECLARÁSE que el señor Pedro Eugenio Montoya Jiménez es responsable personalmente frente a la Nación Colombiana (Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”) por los daños ocasionados al vehículo de propiedad de la señora Idelma Rosa Mestre Britto en las circunstancias de tiempo, modo y lugar antes señaladas; en consecuencia deberá reintegrarle a la Nación el ciento por ciento (100%) del valor pagado de conformidad con la condena que aquí se le impuso, suma que deberá reembolsarse al día siguiente a aquel en que la Nación cancele en su totalidad la condena a la demandante. La mora en el pago ocasionará intereses comerciales y moratorios.

8. La Nación-Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo Para tal fin expídanse copias de la sentencia, con destino a los interesados y por conducto del apoderado que ha llevado la representación de los demandantes dentro del proceso, precisando cuál de ellas presta mérito ejecutivo.

9. DENIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

10. DEVUÉLVASE los expedientes al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: María Elena Giraldo Gómez—Ruth Stella Correa Palacio—Alier E. Hernández Enríquez—Ramiro Saavedra Becerra.

(1) Ha considerado la Sala que cuando las partes aceptan que una prueba haga parte del acervo probatorio, no puede luego invocar las formalidades legales para su admisión cuando la misma le resulte desfavorable. La exigencia de la ratificación de la prueba testimonial trasladada tiene por objeto la protección del derecho de defensa de la parte que no intervino en su práctica, pero si ésta renuncia a ese derecho y admite que la prueba sea valorada sin necesidad de dicha ratificación, no le es dable al fallador desconocer su interés para exigir el cumplimiento de una formalidad, que en tal evento no tendría por objeto la protección del derecho sustancial (C.P., art. 228). Al respecto, ver por ejemplo, Sentencia del 16 de febrero de 2001, exp. 2881 (12.622), entre otras. (Consejo de Estado, Sentencia de 11 de abril de 2002, M.P. Ricardo Hoyos Duque, exp. 13882, actor: Francisco Fabián Barrios Vanegas).

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 19 de septiembre de 2002, exp. 13399, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(3) MOSSET ITURRASPE, “Responsabilidad por daños”, tomo III, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, pp. 134-140.

(4) Ibídem.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 2000, exp. 11842, actor: José Manuel Gutierrez y otros.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 27 de julio de 2000, M.P. Germán Rodríguez Villamizar, exp. 12168, actor: Tomás de Aquino Alegría.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias: de 1º de marzo de 1994, exp. 6.755, actor: María Amparo Fuentes y otro; de 19 de julio de 2000, exp. 13.244, actor: Julio Ribero Martínez.
— CSJ, Sala de Negocios Generales. 1º de junio de 1957. G.J., t. LXXXV, pág. 584; 22 de julio de 1959, G.J., t. XCI, pág. 283; 16 de agosto de 1963, G.J., t. CIII, pág. 628; 8 de julio de 1964, G.J., t. CVIII, pág. 294.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 1º de noviembre de 2001, M.P. María Elena Giraldo Gómez, exp. 13185, actor: Eugenio Sandoval.

(9) Se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sentencia del 8 de junio de 1999, exp. 13540, ponente: Daniel Suárez Hernández; Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias: de 1º de marzo de 1994, exp. 6.755, actor: María Amparo Fuentes y otro; de 19 de julio de 2000, exp. 13.244, actor: Julio Ribero Martínez. Sentencia del 12 de septiembre de 2002, exp: 13.395, ponente: Ricardo Hoyos Duque. CSJ, Sala de Negocios Generales. 1º de junio de 1957. G.J., t. LXXXV, pág. 584; 22 de julio de 1959, G.J., t. XCI, pág. 283; 16 de agosto de 1963, G.J., t. CIII, pág. 628; 8 de julio de 1964, G.J., t. CVIII, pág. 294.