Sentencia 1998-03047 de abril 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Proceso: 25000-23-26-000-1998-03047-01 (27260)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Naturaleza: Acción de reparación directa

Actores: Abelardo Valenzuela Trujillo y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Bogotá, D.C., cinco de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación.

2. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas aportadas al plenario, se tienen probados los siguientes hechos relevantes para resolver la controversia(2):

— El 22 de marzo de 1998, a la 1:30 p.m., el fiscal delegado ante el juez penal del Circuito de Gachetá realizó, en la morgue del Hospital San Francisco de Gachetá, la inspección del cadáver de quien en vida se llamó Jaime Valenzuela López, agente de la Policía Nacional de 37 años de edad (fls. 3-8, cdno. 5).

— La división de medicina legal de Cundinamarca concluyó en el protocolo de necropsia 13 que la muerte del señor Jaime Valenzuela López fue “ocasionada por heridas con arma de fuego. Con maceración de masa encefálica y lesión de grandes vasos a nivel de cuello, además perforación de víscera hueca abdominal” (fl. 59-61, cdno. 5).

— El capitán Ohver de Jesús Cáceres Díaz, comandante del séptimo distrito de Gachetá-Cundinamarca, ante la sección de policía judicial e investigación (i) denunció el homicidio del agente referenciado y de su compañero José Aldery Henao Echeverry y el hurto de un fusil Galil con proveedor y 25 cartuchos; (ii) explicó que los uniformados fueron atacados por la espalda, mientras cumplían el segundo turno de vigilancia dentro del perímetro urbano del municipio; (iii) aclaró que el policial Jaime Valenzuela López, por una lesión de espalda que padecía, cumplía funciones relacionadas con auxiliares bachilleres y participación comunitaria, las cuales le implicaban permanecer, usualmente, en las instalaciones del distrito y no portar armamento pesado y/o de largo alcance; (iv) señaló que, el día del insuceso, el antes nombrado solo portaba un revólver de su propiedad, el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente y (v) manifestó que su jurisdicción es constantemente amenazada por subversivos que hacen presencia en el lugar y que el grupo de inteligencia atribuyó el hecho a miembros de los frentes 53 y 54 de las FARC:

La presente denuncia trata del homicidio de dos agentes de la policía pertenecientes a la estación de Gachetá, los cuales respondían a los nombres de Valenzuela López Jaime, identificado con la cédula de ciudadanía 12.118.295 de Neiva-Huila, 37 años, casado, bachiller, el cual presenta varios impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y Henao Echeverry José Aldery, identificado con la cédula de ciudadanía 4.4.79.940 de Palestina-Caldas, 32 años, casado, bachiller, el cual presenta varios impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, los anteriores se encontraban realizando segundo turno de vigilancia dentro del perímetro urbano y se movilizaban en una moto de la institución y cuando se encontraban en la carrera 4ª frente al CAI, fueron sorprendidos por varios sujetos, los cuales a mansalva y por la espalda les dieron muerte a los uniformados ya referenciados y se hurtaron el fusil Galil 8-1955066 con un proveedor y 25 cartuchos, con el cual remataron a los efectivos y emprendieron la huída del sitio (…), realizando las averiguaciones del caso, en el lugar se encontraba bastante personal debido a que era día de mercado, al indagar a varias personas por los hechos ocurridos, no se pudo establecer con exactitud lo que había sucedido, la gente fue muy indiferente a colaborar con lo requerido, lo único que se pudo determinar fue que los autores materiales del doble homicidio se encontraban departiendo en las tiendas aledañas al sitio y que tan pronto observaron a los policías salieron y los asesinaron, nadie hasta el momento nos ha manifestado sobre la identidad de los dos sujetos, se limitaron a decir que no habían visto nada, únicamente que había escuchado varios disparos y nada más y que posteriormente habían visto salir a dos jóvenes de aproximadamente 20 años, los cuales se retiraron del lugar de los hechos, llevándose el fusil que portaba el agente Henao (..). Para el día y hora de los hechos, el agente Valenzuela portaba un revólver de su propiedad, el cual no fue hurtado por los delincuentes y fue dejado a disposición de la fiscalía seccional de este municipio (…). Los agentes patrullaban el perímetro urbano, el agente Valenzuela era el comandante de los auxiliares bachilleres y quiso salir a pasar revista, para lo cual le solicitó al agente Henao lo transportara en la moto, ya que se encontraba con algunas dolencias en la espalda (…). Para el día de los hechos me encontraba como comandante del séptimo distrito y llevaba 5 días, por lo cual no conocía la problemática de la jurisdicción, pero de acuerdo a lo que me había informado el señor CP. Martínez, antiguo comandante del distrito, en el perímetro urbano de este municipio no se habían presentado hechos de esta naturaleza, aunque me dejó en claro que toda la jurisdicción del distrito se encontraba amenazada por la continua presencia de la subversión (…). El agente Valenzuela pertenecía a la plana mayor del distrito ya que era el comandante de los auxiliares bachilleres y jefe de participación comunitaria, por lo cual su actividad policial se desarrollaba siempre dentro de las instalaciones del distrito, casi nunca salía a servicio de vigilancia debido a que sufría dolencias de espalda por una lesión que había tenido, lo que le impedía salir normalmente a la calle y tampoco podía cargar armamento pesado (…). Hasta la fecha no se ha atribuido los hechos a ningún grupo o persona, pero por la continua presencia de grupos subversivos en la jurisdicción y por labores de inteligencia se estableció que fueron los integrantes del frente 53 y 54 de las FARC (fls. 83-85, cdno. 5).

— En el informe administrativo de lesiones 54 de 23 de abril de 1998, se calificó que el deceso del agente Jaime Valencia López se produjo en actos especiales del servicio, “toda vez que al ser atacado por sujetos desconocidos, al parecer miembros de una célula subversiva, se encontraba realizando servicio de patrullaje en el perímetro urbano del municipio de Gacheta, dando cumplimiento a la consigna que recibió cuando inició su servicio” (fls. 29-30, cdno. 2).

— El oficial comisionado para establecer la viabilidad de iniciar una investigación disciplinaria, estableció faltas en el deceso de los agentes Jaime Valenzuela López y José Aldery Henao Echeverry y en el hurto de material de dotación, porque los comandantes del séptimo distrito de Gachetá y de la estación de policía de esa localidad asignaron a los efectivos el servicio de “pasar revista a entidades bancarias y a bachilleres” y permitieron la salida de los uniformados con un fusil Galil, desatendiendo los protocolos fijados por los comandos superiores para el manejo y el desplazamiento con armas de largo alcance:

Primero. Que el día 220398, después de ser distribuido el servicio por el señor comandante de la estación de Gachetá y asignado este a los agentes Henao Echeverry José Aldery y Valenzuela López Jaime, correspondiéndoles pasar revista a entidades bancarias y a bachilleres, siendo aproximadamente medio día, los agentes referenciados, quienes se movilizaban en motocicleta y portando el primero fusil Galil de dotación y el segundo un revolver de su propiedad, fueron sorprendidos por delincuentes con disparos de armamento corto 9 mm, causándoles la muerte en el acto y hurtaron el armamento de dotación fusil Galil, un proveedor y veinticinco cartuchos para el mismo.

Segundo. Que fue responsabilidad de los señores comandantes de distrito y estación el hecho, ya que permitieron salir a servicio a los agentes Henao y Valenzuela, donde el primero portaba dotación de largo alcance fusil Galil 8-1955066, desacatando con todo esto las órdenes de los comandos superiores sobre el porte y manejo del armamento de largo alcance y las medidas de seguridad en los desplazamientos con este.

Del estudio de las pruebas recaudadas se llegó a la decisión de que puede ser la apertura de la investigación disciplinaria en contra de los señores CP. Ohover de Jesús Cáceres Díaz - comandante del distrito séptimo de Gachetá y ST. Virgilio Forero Sotelo - comandante de la estación de Gachetá, por la presunta violación del título III “De las faltas” (...) artículo 39, numeral 15. Respecto de las órdenes, literal c). Ejecutar con negligencia o tardanza las órdenes o actividades relacionadas con el servicio, consistente en no dar la debida instrucción al personal bajo su mando sobre el porte y manejo de armamento de largo alcance, de acuerdo a lo estipulado en el manual de utilización de fusil Galil y a poligramas y a circulares emanados de los comandos superiores, donde dan instrucciones consistentes en que para la salida de personal con este armamento lo harán no con menos de ocho unidades. Y numeral 40, literal b. Incurrir en negligencia o actuar con impericia o imprudencia en su manejo, control, consistente en haber permitido la salida de dos policiales con fusil Galil y no proveer las consecuencias (fls. 230-234, cdno. 2).

— El subteniente Virgilio Forero Sotelo, comandante de estación de policía de Gachetá, (i) manifestó que él y su equipo de trabajo conocieron sobre el “plan pistola” que implementarían los grupos insurgentes y con el fin de enfrentarlo se realizaron reuniones tendientes a extremar las medidas de seguridad y pedir refuerzos y (ii) reconoció haber asignado, el día en que ocurrieron los hechos, a los agentes Jaime Valenzuela López y José Aldery Henao Echeverry la labor de “pasar revista a los puestos fijos donde prestaban servicio los auxiliares bachilleres”, el primero, portando un revolver de su propiedad, por expresa prescripción médica:

Para el día en mención, siendo aproximadamente las 7:30 horas se procedió a distribuir los servicios de seguridad y vigilancia, entonces se distribuyó la seguridad bancaria a cargo del AG. García que estaba en moto, los occisos estaban a cargo de pasarle revista a los puestos fijos donde prestaban servicio los auxiliares bachilleres y había una patrulla de seis o siete agentes no recuerdo más a cargo de la seguridad de las instalaciones, el radioperador y el comandante de guardia, ese día era domingo de mercado y había congestión vehicular (…). Obviamente el comandante de la estación era yo y, efectivamente, todos los días se les hablaba del riesgo que corríamos en la región, del cuidado que debíamos tener, puesto que se tenía información que la subversión iba a poner en práctica el plan pistola y eso consta en las actas que se hicieron y la misma mañana de los hechos hablábamos del plan pistola y de medidas de seguridad (…). Obvio en Gachalá el año pasado, allá estuvimos apoyando con el Ag. Henao, luego un retén a mi Capitán por parte de la guerrilla y después la toma a Gama en Gachetá, también se tenían rumores y en el CAI nos hicieron unos disparos y le colocaron una bomba, hacíamos reuniones periódicas y verificábamos nuestro plan de defensa, el plan hamaca, constantemente se pasaba revista al armamento y munición, construimos varias trincheras en la estación, hicimos un bunker, instalamos la sala de radio dentro del bunker, se le prohibió al personal andar solo en la calle y más ingerir bebidas alcohólicas y siempre se recalcaba que todos debíamos andar como hermanitos, se enviaron varios oficios solicitando personal a la base del departamento a mi Coronel J-1, puesto que Gachetá es una base de distrito y, como tal, según las directivas de mi General, debe una base de distrito contar con 1-1-25 unidades, para el día de los hechos no contaba con más de 17 agentes (…). Henao tenía su armamento de dotación oficial y Valenzuela tenía un revolver, ya que tenía una prescripción médica para cargar armamento (…). Ellos no salieron del perímetro urbano, el agente Valenzuela tenía prescripción médica y la misión que estaba cumpliendo era pasarle revista a los auxiliares bachilleres (…). No hubo una falta de control porque todo el personal tenía su armamento y el agente Valenzuela tenía prescripción médica (fls. 220-223, cdno. 2).

— La dirección de sanidad de la Policía Nacional, mediante acta de junta médica laboral 447 de 15 de febrero de 1999, conceptuó que el agente Jaime Valenzuela López tenía una disminución de la capacidad laboral del 48%, originada por una espondilitis anquilozante crónica progresiva de columna que requería control permanente (fls. 332-333, cdno. 2).

— El comando del departamento de policía de Cundinamarca, mediante informe administrativo por lesiones 43 de 14 de marzo de 1997, atendiendo los antecedentes médicos del agente Jaime Valenzuela López, ya había dispuesto apartar al uniformado de las misiones de vigilancia, en los siguientes términos:

Primero. La lesión que sufre en la actualidad el agente Valenzuela López Jaime fue adquirida en servicio activo de la Policía Nacional, encontrándose laborando en la estación de policía de Gachetá, debido al exceso de peso que cargaba en la cintura según lo ratificado por el comandante de distrito debido a la alta peligrosidad que se vive en ese sector, teniéndolo que dejar en misiones diferentes a la vigilancia debido a la enfermedad. Por tal razón se enmarca dentro del contenido del artículo 35 liberal b. Decreto 94/89, es decir, “en servicio por causa y razón del mismo” (fl. 24, cdno. ppal.).

— La unidad delegada ante los jueces penales del circuito especiales de Bogotá, mediante providencia de 11 de junio de 2001, precluyó la investigación “a favor del procesado Iván Bolívar Córdoba —integrante del frente 54 de las FARC—, por los punibles de homicidio agravado de que fueron víctimas los agentes de la Policía Nacional Jaime Valenzuela López y José Aldery Henao Echeverry, en concurso con el punible de hurto agravado de que dan cuenta los autos, de acuerdo a lo brevemente esbozado” (fls. 156-165, cdno. 3).

— De los testimonios recepcionados por el a quo, se puede inferir que (i) el agente Jaime Valencia López padecía una afección en la columna que lo excusaba de prestar servicios nocturnos y de portar armamento pesado y/o de largo alcance; (ii) el comandante de la estación de Gachetá, superior jerárquico del antes nombrado, era el oficial encargado de distribuir las misiones diarias; (iii) para la época en que ocurrieron los hechos, en la localidad de Gachetá se conocía de un plan pistola dirigido por la subversión en contra de los miembros de la Policía Nacional; (iv) la víctima, para ese momento, le fueron asignadas funciones de patrullaje, conociendo que no podía portar armas de largo alcance y solo contaba con un revolver de su propiedad para protegerse; (v) la muerte del uniformado referenciado, le causó a la familia mucho dolor, porque no logró conocer a su segundo hijo y dejó de brindar apoyo económico y afectivo.

Sí, su esposa era Yaneth Cuellar, tenía un hijo llamado Jefferson Valenzuela y para ese tiempo estaba en embarazo (…). Él me contó o manifestó que se encontraba enfermo de la columna y que tenía que sacarse unos exámenes ordenados por la doctora Chantal, doctora que lo trataba y trabajaba en el Hospital Central de la Policía, los exámenes eran de sangre y de columna que estaba desviada o abierta, debido a cargar la munición y, por este motivo, él tenía una excusa parcial que debía trabajar de 7 a.m. a 19 p.m. y que no podía cargar armamento de largo alcance, según me manifestó él (…). En la excusa de servicio que él presentaba a los comandantes, daba a entender que él tenía que trabajar de 7 a 7 y no podía trabajar de noche, entonces no sé si ellos tenían conocimiento respecto a patrullaje (….). Él trabajaba no más de día y según su excusa, no podía trabajar de noche, él cargaba no más armamento corto, revolver de dotación y traje de uniforme (…). Según las necesidades del servicio, lo ponían a prestar diferentes servicios, pero el hecho de estar excusado no era impedimento para salir a patrullar el perímetro urbano ya que no cargaba armamento largo (…), estábamos era pendientes de una toma subversiva porque un mes atrás hubo una toma guerrillera en el municipio de Gama (fls. 176-178, cdno. 2 - declaración del agente Jhon Jairo Dussan Durán).

Eso fue un día domingo, no recuerdo la fecha, eso fue como antes del medio día, nos mandaron al turno de vigilancia con la orden del comandante de estación, creo que era mi Teniente Forero y dejamos la anotación en la minuta de guardia y salimos al servicio, teníamos conocimiento de que la guerrilla se iba a tomar el pueblo a atentar contra los compañeros uniformados, todos los de vigilancia salíamos con fusil Galil, granadas, proveedores para hacer el patrullaje urbano con excepción del finado Valenzuela, como estaba incapacitado solo podía portar revolver. Tenía un problema de la columna vertebral (…). Él portaba un revólver 38 de propiedad de él (…). Él nos había comentado de una enfermedad que él tenía ocasionada por la misma institución, que tenía una incapacidad de sanidad y por eso no podía portar armamento pesado ni fusil ni granadas ni proveedores, porque él sufría de la columna (…). e escuchaba entre los compañeros que la gente decía que la muerte del finado Valenzuela no era para él, porque era un agente profesional muy querido y respetado en el pueblo, los compañeros también decían que ese era el oficio de él, patrullar el pueblo, por la incapacidad médica que tenía (fls. 180-183, cdno. 2-declaración del agente Rodrigo Cutiva Méndez).

Pues ella bastante preocupada —Yaneth Cuellar—, lo mismo el niño, ella nunca se imaginó que lo iban a matar de esa forma, eso y hasta ahora todavía con la pena, no ha podido recuperarse (fls. 80-81, cdno. 2 - declaración de la señora Ana Hilda Vargas Urrego).

Ella sí ha sentido la ausencia como cabeza de hogar —Yaneth Cuellar—, luchando con sus dos hijos, algo que vemos porque la visitamos frecuentemente (…) Con Valenzuela nos encontramos ocasionalmente en la Clínica de la Policía y me constaba de su problema de columna, ya que me manifestaba que le ayudara a sacar citas médico-laborales, teniendo en cuenta que yo era enfermero y conocía compañeras de trabajo (fls. 81-82, cdno. ppal. - declaración del señor Mario Antonio Meza Aparicio).

A ellos les dio muy duro —padres y hermanos— la muerte de él, porque él les ayudaba y él había pedido la incapacidad al médico y se la había dado, pero entonces en el comando no se la habían querido dar porque estaba enfermo de la columna y no le faltaba sino dos meses para salir (…). La esposa se llama Yaneth Cuellar, el niño Jefferson, la niña no la distinguí, porque cuando él murió ella quedó en gestación (fls. 122-123, cdno. 2 - declaración de la señora Graciela Rocha Caliman).

Que yo sepa él le ayudaba a la esposa que tenía un niño, a los tres meses tuvo una niña, en la casa ayudaba al papá, a la mamá, a la hermana menor Sandra Liliana que es la que está en la casa todavía y a un niño que es huérfano tiene 7 añitos, económicamente él les pasaba a ellos (…). Pues el dejó un gran vacío en ese hogar, por lo que ellos tenían harta comunicación (fls. 124-125, cdno. 2 - declaración de la señora María Argenis Escobar).

Pues fue muy fatal, porque él era el único que les ayudaba y veía mucho por el sobrino que es huérfano. La mamá, el papá y los hermanos les dio muy duro, la señora se desmayó, ahora ella vive enferma a consecuencia de que el único que le ayudaba falleció (…). Él era casado, la esposa se llama Yaneth Cuellar, el niño Jefferson y la niña que tuvieron, nació después de que él falleció (…). Pues ellos lo han sentido mucho, porque él era muy colaborador, era muy bueno con los padres, la esposa y el sobrinito, por eso mismo lo han extrañado mucho (fls. 126-127, cdno. 2 - declaración de la señora Luz Marina Cuellar de Cutiva).

Sí, yo sé que él era casado con la señora Yaneth Cuellar, tenían un hijo cuando él falleció y ella quedó embarazada (…). Él ayudaba a los papaces y al sobrino que no tenía sino siete añitos y él le estaba costeando el estudio y los gastos médicos, porque no tenía medio económico (…). Pues la explicación que dieron fue que él estaba trabajando, porque le tocó patrullar porque no tenía quien lo reemplazara a pesar de que estaba enfermo (…). Los padres dependían de él, porque los otros hermanos no tenían trabajo fijo, ellos vivían pendientes de él por la enfermedad, cuando no lo llamaban a él, él los llamaba y les comentaba que se sentía enfermo (fls. 128-129, cdno. 2 - declaración de la señora Andrea Galindo Oyuco).

Yo la vi a ella muy destrozada —Yaneth Cuellar— y el niño lloraba terriblemente (…). Lo que pasa es que después de la muerte de Jaime ella se quedó en Gachetá aproximadamente veinte días y luego se fue para Fusa, desde ahí solo me habló por teléfono y me dijo que ha sido un dolor muy profundo (…). Pues ella le dio un gran dolor, pero el médico le dijo que no podía viajar y como los familiares reclamaban el cuerpo para hacerle el entierro en Neiva, ella quedó muy destrozada, pero el doctor Carlos María le dijo que si viajaba podía perder el bebé (fls. 172-173, cdno. 2 - declaración de la señora Blanca Azucena Mogollón Fernández).

— La muerte del agente Jaime Valenzuela López, ocurrida el 22 de marzo de 1998, se acreditó con (i) el certificado del registro civil de su defunción (fl. 16, 226, cdno. ppal., 48, cdno. 5 - documento aportado en copia auténtica); (ii) el acta de inspección del cadáver, diligenciada por el fiscal delegado ante el juez penal de Gachetá (fls. 3-8, cdno. 5) y (iii) la necropsia médico-legal practicada al cuerpo por la división de medicina legal de Cundinamarca (fls. 59-61, cdno. 5).

— Los demandantes demostraron el vínculo de consanguinidad que los unía al occiso, así: (i) la señora Yaneth Cuellar acreditó ser la esposa del agente Jaime Valenzuela López, según consta en el registro civil de matrimonio (fl. 142, cdno. 2 - documento allegado en copia auténtica); (ii) los menores Jefferson y Jennifer Valenzuela Cuellar probaron, con sus registros civiles de nacimiento, ser hijos del antes nombrado (fls. 5-6, cdno. 2 - documentos allegados en copia auténtica); (iii) los señores Abelardo Valenzuela Trujillo, Segunda López, Saúl, Armando, Abelardo, María Helena, Sandra Liliana Valenzuela López demostraron, con iguales documentos, ser padres y hermanos del uniformado referenciado (fls. 7-13, cdno. 2 - documentos allegados en copia auténtica).

3. Problema jurídico

Procede la Sala a determinar si en el presente caso se estructura la responsabilidad administrativa de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, porque, sin atender la restricción medico-laboral que tenía el agente Jaime Valenzuela López y los instructivos diseñados por los comandos superiores para zonas de orden público, fue asignado por sus superiores a realizar labores de vigilancia, sin las debidas medidas de seguridad, exponiéndolo a un riesgo mayor que se concretó con el atentado que le cegó la vida.

4. Análisis de la Sala

De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por los actores. Es decir, está debidamente acreditada la muerte del agente Jaime Valencia López, ocurrida el 22 de marzo de 1998, todo apunta, dentro del marco de un “plan pistola”, implementado por la subversión que hacía presencia en el municipio de Gachetá-Cundinamarca, el cual buscaba asesinar uniformados y robar armas de dotación oficial.

Se conoce también que las demandantes Yaneth Cuellar, Jefferson y Jennifer Valenzuela Cuellar, Abelardo Valenzuela Trujillo, Segunda López de Valenzuela, Saúl, Armando, Abelardo, María Helena y Sandra Liliana Valenzuela López resultaron afectados, pues, las reglas de la experiencia permiten inferir el sentimiento de pena que produce la muerte de un cónyuge, padre, hijo y hermano.

El a quo denegó las pretensiones porque consideró que (i) los superiores inmediatos del agente Jaime Valenzuela López no desatendieron la restricción médica-laboral, por cuanto las labores relacionadas con “pasar revista a los auxiliares bachilleres a su cargo” no se encuentran comprendidas en las actividades de vigilancia; (ii) no se conoce orden o comunicado directo del comandante de la estación de policía de Gachetá que asignara al policial Valenzuela López misión de vigilancia para la época en que se produjo el atentado que terminó con su vida y (iii) lo ocurrido en este caso fue un riesgo propio de la profesión.

Los actores, por su parte, estimaron que su cónyuge, padre, hijo y hermano fue asignado, sin las medidas de seguridad fijadas en los instructivos de los comandos superiores, a “pasar revista a los puestos fijos donde prestaban servicio los auxiliares bachilleres”, a sabiendas de que estaba excusado de ese tipo de servicios y de la situación de orden público imperante en el municipio de Gachetá. Configurándose una falla del servicio que obliga a la entidad demandada a indemnizar los perjuicios morales y materiales reclamados.

En el sub judice está acreditado que (i) el comando del departamento de policía de Cundinamarca, mediante informe administrativo por lesiones 43 de 14 de marzo de 1997, apartó al agente Jaime Valenzuela López de las misiones de vigilancia por la espondilitis anquilozante crónica progresiva de columna que padecía, enfermedad contraída “en el servicio por causa y razón del mismo” y (ii) la junta médica laboral de la demandada, encontró después del deceso del uniformado, que éste tenía una disminución de la capacidad laboral del 48% —acta 447 de 15 de febrero de 1999—.

También está demostrado que al agente Valenzuela López, atendiendo la lesión que lo afligía, le habrían sido asignadas funciones relacionadas con auxiliares bachilleres y participación comunitaria, las cuales implicaban permanecer, usualmente, en las instalaciones del distrito séptimo de Gachetá, comoquiera que no podía realizar labores de vigilancia y, en general, aquellas que requerían portar armamento pesado y/o de largo alcance.

Se conoce, además, que el 22 de marzo de 1998, el comandante de la estación de Gachetá asignó a los agentes Jaime Valenzuela López y José Aldery Henao Echeverry la labor de pasar revista a entidades bancarias y a puestos fijos donde prestaban servicio los auxiliares bachilleres, misión para la cual se contaba con armamento oficial de largo alcance, que portaría el segundo de los referenciados, y con una motocicleta para los desplazamientos.

Para la Sala no queda duda de que al agente Valenzuela López le fue asignada una tarea de vigilancia, por cuanto los reglamentos de vigilancia urbana y rural para la Policía Nacional —Res. 9960, nov. 13/92— y del servicio de policía —Res. 912, abr. 1º/2009— definen este servicio como la labor que presta el personal uniformado en forma permanente e ininterrumpida en las ciudades(3), poblados y campos, a través de turnos(4) y patrullajes(5) - (6). Actividad que coincide con la misión que los agentes Valenzuela López y Henao Echeverry adelantaban cuando fueron ultimados en la población de Gachetá, dado que pasar revista a entidades bancarias y a puestos fijos donde prestaban servicio los auxiliares bachilleres es una actividad permanente e ininterrumpida de la institución policial, propia de la modalidad de vigilancia urbana, que, necesariamente, debe ser desarrollada a través de turnos y patrullajes a pie o en vehículo.

En este punto, es necesario evidenciar que (i) el comandante del séptimo distrito de Gachetá-Cundinamarca a tiempo que denunció el homicidio de los agentes de Valenzuela López y Henao Echeverry dejó consignado que el ilícito se produjo mientras los uniformados cumplían el segundo turno de vigilancia dentro del perímetro urbano del municipio de Gachetá; (ii) en el informe administrativo de lesiones 54 de 23 de abril de 1998, se estableció que el deceso del primer uniformado referenciado se produjo mientras realizaba “servicio de patrullaje en el perímetro urbano del municipio de Gachetá, dando cumplimiento a la consigna que recibió cuando inició su servicio” y (iii) el oficial comisionado para determinar la viabilidad de iniciar una investigación disciplinaria en contra los superiores inmediatos de los policías abatidos, encontró que los hechos tuvieron lugar mientras estos cumplían la orden de “pasar revista a entidades bancarias y a bachilleres”.

Con lo expuesto, hasta el momento, queda sin fundamento la argumentación del tribunal consistente en que las tareas ordenadas al agente Jaime Valenzuela López y a su compañero misión no están subsumidas dentro de las labores de vigilancia y que no hay prueba de la asignación de este tipo de servicio, para la época en que tuvieron ocurrencia los hechos.

Demostrado que el agente Valenzuela López cumplía una misión de vigilancia, por orden de su superior inmediato, a pesar de que estaba excusado de este tipo de servicio por disposición del comando del departamento de policía de Cundinamarca —informe administrativo por lesiones 43 de 14 de marzo de 1997—, es evidente que el uniformado fue expuesto a un riesgo que no tenía que soportar, pues resultaba superior a sus condiciones físicas, en atención a que no se encontraba en capacidad de portar armamento que demanda el ejercicio de esa labor, aunado a que fue apoyado por un uniformado que portaba un arma de largo alcance que tenía protocolos especiales de manejo en zonas de orden público —fusil Galil—, entre ellos, solo ser utilizada cuando haya, por lo menos, ocho efectivos en misión. Es de anotar que la exclusión del agente Valenzuela López de la labor que en otras condiciones debía cumplir respondía a una medida afirmativa tendiente a hacer efectivo su derecho a la igualdad en la labor policial(7).

De modo que el agente Jaime Valenzuela López no tenía que haber sido asignado a labores de vigilancia y, como lo fue, es dable concluir que no se le brindó el tratamiento especial que requería para equiparar su condición a la de los demás uniformados, estos sí en capacidad de adelantar la actividad, utilizando para el efecto el armamento apropiado, el que el antes nombrado no podía portar dado que afrontaba una disminución de su capacidad laboral en el 48%.

Es importante evidenciar que se inició una investigación disciplinaria en contra de los comandantes del séptimo distrito de Gachetá y de la estación de policía de esa localidad, porque permitieron la salida de los agentes Jaime Valenzuela López y José Aldery Henao Echeverry con un fusil Galil, desatendiendo los protocolos fijados por los comandos superiores para el manejo y el desplazamiento de estas armas de largo alcance, pero que en la misma no se consideró el estado de incapacidad del primero de los nombrados, de lo que denota un desconocimiento de las normas constitucionales y de los compromisos internacionales en la materia y obliga a la Sala a hacer un llamado de atención a la entidad demandada.

Para la Sala es claro que la inobservancia de la restricción medico-laboral comporta haber pasado por alto la adopción de medidas afirmativas y, asimismo, la exposición del uniformado, en condiciones de inferioridad, para enfrentar el “plan pistola” implementado por la subversión en el municipio de Gachetá.

Como la Policía Nacional, con su actuación, propició de forma eficiente el daño, así este hubiera sido perpetrado por terceros, se habrá de revocar la decisión denegatoria del a quo para, en su lugar, acceder a las pretensiones indemnizatorias.

5. Perjuicios a indemnizar.

No sobra puntualizar que las sumas de dinero que sufragó la Policía Nacional a los familiares de la víctima, como consecuencia de la liquidación de las prestaciones sociales a que tenían derecho por la muerte del agente Jaime Valenzuela López, no excluyen los perjuicios que ahora se reclaman, por cuanto estos tienen como fundamento la responsabilidad extracontractual del Estado, por una falla en la prestación del servicio imputable a la demandada.

Perjuicios morales

Los demandantes piden la indemnización de los perjuicios morales en cuantía equivalente a dos mil gramos oro (2.000) para Yaneth Cuellar, Jefferson y Jennifer Valenzuela Cuellar, Abelardo Valenzuela Trujillo y Segunda López de Valenzuela y a mil gramos oro (1.000) para Saúl, Armando, Abelardo, María Helena y Sandra Liliana Valenzuela López, esposa, hijos, padres y hermanos de la víctima.

Establecido el parentesco con los registros civiles aportados al plenario en copia auténtica y atendiendo la magnitud e intensidad del daño sufrido por los actores con la muerte del agente Jaime Valenzuela López, por cuanto las reglas de la experiencia permiten presumir que el óbito de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, las cuales fueron corroboradas con la prueba testimonial recaudada, la Sala condenará a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, en moneda nacional, de acuerdo con los lineamientos trazados por la Sala a partir de la sentencia de 6 de septiembre de 2001(8), por concepto de perjuicios morales, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la esposa y cada uno de los hijos y padres de la víctima, esto es, a Yaneth Cuellar, Jefferson y Jennifer Valenzuela Cuellar, Abelardo Valenzuela Trujillo y Segunda López de Valenzuela y la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los hermanos, esto es, a Saúl, Armando, Abelardo, María Helena y Sandra Liliana Valenzuela López(9).

— Perjuicios materiales

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, los demandantes solicitan que se condene a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar a favor de la señora Yaneth Cuellar y de los menores Jefferson y Jennifer Valenzuela Cuellar la suma que resulte acreditada en el proceso, teniendo en cuenta el salario que devengaba el agente Valenzuela López al momento de su deceso y el porcentaje de ese ingreso que se supone la víctima destinaba para su sostenimiento personal.

En el sub judice, está acreditado que el aludido uniformado devengaba la suma $ 910.155.25 al momento de su muerte (fls. 2, 192A, cdno. 2), monto al que se le adicionará un 25%, por concepto de prestaciones sociales —$ 1.137.694.06— y se le descontará un porcentaje igual —25%—, por concepto de gastos propios —$ 853.270.55—.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada —Ra— es igual a la renta histórica —valor del salario devengado por la víctima al momento de su muerte— multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia proferida por la Sala, dividido por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual ocurrieron los hechos.

 

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El 50% de la suma anterior, esto es $ 996.278.27, será el valor con el cual se liquidará la indemnización debida y futura reclamada por la cónyuge supérstite, mientras que el otro 50% se dividirá entre dos, correspondiente al número de hijos de la víctima, esto es, $ 498.139.13, suma con la cual se liquidará la indemnización debida y futura de cada uno de ellos.

A favor de la señora Yaneth Cuellar

— Indemnización debida

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 22 de marzo de 1998, hasta la fecha de esta sentencia, para un total 180,4 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

 

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— Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta la vida probable del agente Jaime Valenzuela López, por ser esta menor a la de su cónyuge Yaneth Cuellar. De conformidad con las tablas de supervivencia se estimó la vida probable del uniformado referenciado en 39.58 años, para un total de 474.96 meses, teniendo en cuenta que él tenía 37 años de edad cuando murió. A los 474.96 meses deberá restársele 180.4 meses, los cuales ya fueron indemnizados, para un total de 294.56 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

 

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Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $ 442.502.766.15.

A favor del menor Jefferson Valenzuela Cuellar

Indemnización debida

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 22 de marzo de 1998, hasta esta sentencia, para un total 180,4 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

 

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— Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta que Jefferson Valenzuela Cuellar cumpla la edad de 25 años, esto es, el 8 de diciembre de 2013, puesto que nació el 8 de diciembre de 1988, según el registro civil de nacimiento (fl. 6, cdno. 2), para un total de 8.06 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

 

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Sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene un valor total de $ 147.318.714.96.

A favor de Jennifer Valenzuela Cuellar —hija—

— Indemnización debida

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 22 de marzo de 1998, hasta esta sentencia, para un total 180,4 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

 

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— Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta que Jennifer Valenzuela Cuellar cumpla la edad de 25 años, esto es, el 24 de abril de 2023, puesto que nació el 14 de abril de 1998, según el registro civil de nacimiento (fl. 5, cdno. 2), para un total de 120.6 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

 

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Sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene un valor total de $ 188.751.756.94.

Finalmente, los actores invocan el pago de intereses, sin especificar el fundamento de los mismos, razón suficiente para denegar la pretensión.

6. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el trámite del proceso, actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17 de febrero de 2004 y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR la responsabilidad patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por el deceso del agente Jaime Valenzuela López, ocurrido en el marco de las circunstancias relatadas en la parte motiva de esta providencia.

2. En consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, como indemnización de perjuicios, las siguientes sumas de dinero:

A. Por concepto de perjuicios morales, las sumas equivalentes en pesos a: 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de las personas que se referencian a continuación: Yaneth Cuellar, Jefferson y Jennifer Valenzuela Cuellar, Abelardo Valenzuela Trujillo y Segunda López de Valenzuela y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de las personas que se referencian a continuación: Saúl, Armando, Abelardo, María Helena y Sandra Liliana Valenzuela López

B. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales —lucro cesante consolidado y futuro— a favor de la señora Yaneth Cuellar, la suma de $ 442.502.766.15; a favor del menor Jefferson Valenzuela Cuellar, la suma de $ 147.318.714.96 y a favor de la menor Jennifer Valenzuela Cuellar, la suma de $ 188.751.756.94.

3. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. Por secretaría, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

6. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en 1998 fuera conocida por esta corporación, debía superar la suma de $ 18.850.000 —CCA, arts. 129 y 132 subrogados por el D. 597/88— y al tomar el salario devengado por el agente fallecido Jaime Valenzuela López ($ 910.155.25), tal como se solicita en el escrito inicial del proceso, la indemnización de la actora Yaneth Cuellar, por concepto de lucro cesante consolidado y futuro, arroja un valor de $ 135.499.276, para la época de presentación de la demanda.

(2) La prueba documental que soporta los hechos probados fue solicitada por la parte actora, decretada y allegada en copia auténtica por la entidad demandada, la Fiscalía General de la Nación y la división de medicina legal de Cundinamarca.

(3) Vigilancia urbana.

Artículo 51 de la Resolución 912 de 2009. Definición. Es el servicio que presta la Policía Nacional en forma ininterrumpida en las áreas determinadas como perímetro urbano de las ciudades, cabeceras municipales y centros poblados, a través del desarrollo de acciones preventivas, disuasivas y de control e investigación de delitos y contravenciones, con el propósito de dar respuesta a los problemas de seguridad urbanos, asumiendo la prevención y el control integral de todas las formas de incivilidad, violencia, delincuencia e inseguridad, para garantizar la protección de los ciudadanos, el ejercicio de sus derechos y libertades, así como la solidaridad e integridad social.

(4) Artículo 70 de la Resolución 9960 de 1992. Turnos y patrullajes. El servicio de vigilancia en los centros urbanos se prestará ordinariamente con base a turnos tradicionales; sin embargo, por circunstancias especiales o necesidades del servicio, podrán adoptarse otras modalidades de vigilancia. En los campos y pequeñas poblaciones, el servicio se efectuará por medio de patrullajes.

Los turnos de vigilancia ordinaria se prestarán en los siguientes horarios:

1. Primer turno. De las 01:00 a las 07:00 horas.

2. Segundo turno. De las 07:00 a las 13:00 horas.

3. Tercer turno. De las 13:00 a las 19:00 horas.

4. Cuarto turno. De las 19:00 a las 01:00 horas.

(5) Patrullaje.

Artículo 66 de la Resolución 912 de 2009. Definición. Es la actividad del servicio de policía que se realiza en el marco de la vigilancia urbana y rural, a través de medios de locomoción específicos para el desarrollo de acciones preventivas, disuasivas y de control, asegurando la convivencia y seguridad ciudadana.

Artículo 69. Patrullaje en vehículo. Desplazamiento efectuado en vehículo o motocicleta en zonas urbanas y rurales que permite vigilar un sector determinado, con el fin de adelantar acciones preventivas, disuasivas y de control de delitos y contravenciones.

(6) Artículo 35 de la Resolución 9960 de 1992. Clasificación. Los servicios de policía según su objeto se clasifican en:

1. De vigilancia.

2. Judicial.

Artículo 36 de la Resolución 9960 de 1992. Policía de vigilancia. Es el servicio que presta el personal uniformado de la Policía Nacional en forma permanente e ininterrumpida en las ciudades, poblados y campos, de acuerdo con las normas establecidas en el presente reglamento. Estos servicios pueden ser:

1. Ordinarios. Son aquellos que se realizan en forma permanente durante las veinticuatro (24) horas por turnos rotativos para la atención de casos de policía.

2. Extraordinarios. Corresponde a los servicios que se atienden por motivos especiales y en forma esporádica, tales como: ceremonias, manifestaciones, eventos deportivos, festividades y actos religiosos, entre otros.

(7) La Corte Constitucional en sentencia de 14 de septiembre de 2001, Expediente T-684A, M.P. Mauricio González Cuervo, señaló que puede “establecerse, entonces, que la Constitución trae una protección especial para la población en discapacidad, que debe puntualizarse con la adopción de medidas concretas que permitan eliminar las barreras sociales, económicas y culturales que propician los actos de discriminación y, por ello, la prolongación de la exclusión.

De manera más concreta, las medidas afirmativas sobre la población discapacitada deben desarrollarse con base en los siguientes lineamientos establecidos en la jurisprudencia constitucional:´(a) la igualdad de derechos y oportunidades entre las personas con discapacidad y los demás miembros de la sociedad, con la consiguiente prohibición de cualquier discriminación por motivos de discapacidad, (b) el derecho de las personas con discapacidad a que se adopten todas las medidas necesarias para poder ejercer sus derechos fundamentales en pie de igualdad con los demás, y (c) el deber estatal correlativo de otorgar un trato especial a las personas con discapacidad`.Estos se constituyen como los ejes de la actuación estatal frente a la población en situación en discapacidad. Estos tres postulados deben dirigir tanto la formulación de todas las políticas estatales sobre discapacidad como la ejecución de las mismas” (resaltado con subrayas fuera del texto).

(8) Expedientes acumulados 13232 y 15646

(9) Advierte la Sala que en sentencia de 28 de septiembre de 2012, Expediente 21451, actor: María Orfilia Arango y otros, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, se fijaron montos similares por concepto de perjuicio moral.