Sentencia 1998-03149 de enero 22 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad. 05001233100019980314901

Exp.: 26.931

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Hilda María Álvarez Toro y otros

Demandado: Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones:

1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 31 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el caso sub examine.

2. De conformidad con los lineamientos legales y jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor a la prueba documental que se encuentra en copia simple y que obra a folios 5, 31 y 76, pues en relación con las normas que rigen la materia, es preciso señalar que en sentencia del 28 de agosto de esta anualidad(1), la Sección Tercera de esta corporación, unificó el criterio de validez de las mismas, trazando con especial sindéresis, los parámetros de interpretación que se transcriben, in extenso así:

“En relación con las normas que regulan la materia, es preciso señalar que la regulación vigente es la contenida en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, normas cuyo sentido literal es el siguiente:

“ART. 252.—Documento auténtico. Artículo modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. El documento privado es auténtico en los siguientes casos: 1. Si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido; 2. Si fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; 3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, esta no lo tachó de falso oportunamente, o los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer la manifestación contemplada en el inciso segundo del artículo 289. Esta norma se aplicará también a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aducen, afirmándose que corresponde a ella; 4. Si fue reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276; 5. Si se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia de reconocimiento de que trata el artículo 274. Se presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma, el contenido y las firmas de pólizas de seguros y recibos de pago de sus primas, certificados, recibos, bonos y títulos de inversión en establecimientos de crédito y contratos de prenda con estos, cartas de crédito, contratos de cuentas corrientes bancarias, extractos del movimiento de estas y de cuentas con aquellos establecimientos, recibos de consignación y comprobantes de créditos, de débitos y de entrega de chequeras, emitidos por los mismos establecimientos, y los títulos de acciones en sociedades comerciales y bonos emitidos por estas, títulos valores, certificados y títulos de almacenes generales de depósito, y demás documentos privados a los cuales la ley otorgue tal presunción. Inciso modificado por el artículo 11 de la 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente: En todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva. Se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 488, cuando de ellos se pretenda derivar título ejecutivo. Los memoriales presentados para que formen parte del expediente se presumirán auténticos salvo aquellos que impliquen o comporten disposición del derecho en litigio y los poderes otorgados a apoderados judiciales que, en todo caso, requerirán de presentación personal o autenticación” (destacado y subrayado adicionales).

(...).

“ART. 254.—Valor probatorio de las copias. Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 117 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente: Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada; 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente; 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa” (destacado del original).

Como se aprecia, las disposiciones contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, resultan aplicables a los procesos de naturaleza contencioso administrativa en curso, de conformidad con la regla de integración normativa contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

De otro lado, es necesario destacar la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, que cambió el inciso cuarto del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, para señalar que los documentos privados elaborados o suscritos por las partes, incorporados al proceso en original o copia se presumen auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los que provienen de terceros que revisten la condición de dispositivos.

No obstante, con la promulgación de la Ley 1437 de 2011 —nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo— se profirió una disposición especial aplicable a los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción, precepto cuyo contenido y alcance era el siguiente:

“ART. 215.—Valor probatorio de las copias.Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

“La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley”.

De allí que la citada disposición resultaba aplicable a los procesos contencioso administrativos que estuvieran amparados por la regla de transición contenida en el artículo 308 de la misma Ley 1437 de 2011(2).

Lo relevante del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— era que incorporaba o concentraba la regulación legal del valor probatorio de las copias en una sola disposición, que no se prestaba para interpretaciones o hermenéuticas en relación bien con la clase o naturaleza del documento —público o privado— así como tampoco con su autor, signatario o suscriptor —las partes o terceros—.

En esa lógica, la normativa mencionada constituía un régimen de avanzada en el que el principio de buena fe contenido en el texto constitucional (art. 83) y desarrollado ampliamente en el Código Civil —en sus vertientes objetiva y subjetiva— se garantizaba plenamente, toda vez que correspondía a las partes o sujetos procesales tachar de falsas las copias que, en su criterio, no correspondían con el original y, por lo tanto, dar paso al incidente de tacha de falsedad del respectivo documento.

Es así como, con el artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, se permitía que las partes aportaran los documentos que tenían en su poder en copia, sin importar que los mismos fueran elaborados por aquellas, por terceros o inclusive que provinieran de una autoridad administrativa o judicial. Era el reconocimiento pleno del principio de confianza que debe imperar en toda sociedad moderna, siempre y cuando se otorguen las herramientas para surtir de manera efectiva el derecho de contradicción.

En esa línea de pensamiento, las regulaciones contenidas en las leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 eran el reflejo de una concepción del proceso más moderna, alejada de los ritualismos y formalismos que tanto daño le han hecho a la administración de justicia, puesto que atentan contra los principios de celeridad y eficacia.

La confianza, en el sentido filosófico y sociológico, ha sido delimitada en los siguientes términos:

“La confianza, en el más amplio sentido de la fe en las expectativas de uno, es un hecho básico de la vida social. Por supuesto que en muchas situaciones, el hombre puede en ciertos aspectos decidir si otorga confianza o no. Pero una completa ausencia de confianza le impediría incluso levantarse en la mañana. Sería víctima de un sentido vago de miedo y temores paralizantes. Incluso no sería capaz de formular una desconfianza definitiva y hacer de ello un fundamento para medidas preventivas, ya que esto presupondría confianza en otras direcciones. Cualquier cosa y todo sería posible. Tal confrontación abrupta con la complejidad del mundo al grado máximo es más de lo que soporta el ser humano. Este punto de partida puede considerarse como referencia, como una afirmación incontrovertiblemente verdadera. Cada día ponemos nuestra confianza en la naturaleza del mundo, que de hecho es evidente por sí misma, y en la naturaleza humana. En este nivel que es el más básico, la confianza (Zutrauen) es un rasgo natural del mundo, parte integral de los límites dentro de los cuales vivimos nuestras vidas cotidianas, aunque no es un componente intencional (y, por lo tanto, variable) de la experiencia. En segundo lugar, la necesidad de confianza puede considerarse como el punto de partida correcto y apropiado para la derivación de reglas para la conducta apropiada. Si el caos y el temor paralizante son las únicas alternativas para la confianza, hay que concluir que el hombre por naturaleza tiene que otorgar confianza, aun cuando esto no se haga ciegamente y solo en ciertas direcciones. Por medio de este método uno llega a las máximas éticas o a la ley natural...”(3) (destacado del original).

En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

No obstante, con la expedición de la Ley 1564 de 2012 —nuevo código general del proceso— corregido mediante el Decreto 1736 de 2012, se derogó expresamente el inciso primero del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, el artículo 16 del Decreto 1736, estableció:

“ART. 16.—Corríjase el literal a) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

‘ART. 626.—A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126,128, la expresión ‘y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes’ del 129, 130, 133, la expresión ‘practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130’ del 134, las expresiones ‘y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130’ y ‘sin tales formalidades’ del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9º y 21del Decreto 2651 de 1991; los artículos 8º inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo148 de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1º del artículo 19 y la expresión “por sorteo público” del artículo 67 inciso 1ºde la Ley 1116 de 2006; el inciso 2ºdel artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión “que requerirá presentación personal” del artículo 71, el inciso 1º del artículo 215 y el inciso 2º del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión “No se requerirá actuar por intermedio de abogado” del artículo 58 numeral 4º, el literal e) del numeral 5º del artículo 58 y el numeral 8º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-Ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley.

(...)”.

Así las cosas, al haber derogado el Código General del Proceso, CGP, la disposición contenida en la Ley 1437 de 2011, resulta incuestionable que las normas para la valoración de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, preceptos que mantienen vigencia, ya que solo la perderán a partir del 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el artículo 627 de la codificación general citada(4).

Las reglas relativas a la valoración de las copias, que podrán entrar en vigencia el 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 627 del Código General del Proceso, son las siguientes:

“ART. 243.—Distintas clases de documentos.

Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. (...) Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.

ART. 244.—Documento auténtico.

Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.

ART. 245.—Aportación de documentos. Los documentos se aportarán al proceso en original o en copia. Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.

ART. 246.—Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente.

(...)” (destacado y subrayado del original).

Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el Código General del Proceso, se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del Código General del Proceso, se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias.

Por consiguiente, el legislador ha efectuado un constructo que busca superar la rigidez y la inflexibilidad de un sistema procesal basado en los formalismos, que distancia a las partes en el proceso, crea costos para los sujetos procesales y, en términos de la teoría económica del derecho, desencadena unas externalidades que inciden de manera negativa en la eficiencia, eficacia y la celeridad de los trámites judiciales.

Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—.

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos leyes 1400 y 2019 de 1970.

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P. arts. 228 y 229).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v. gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

De allí que, no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, razón por la cual esa es la hermenéutica que la Sección C de la Sección Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones, entre ellas vale la pena destacar(5).

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v. gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—.

No obstante, el legislador del año 2011, al reconocer la importancia de los principios constitucionales y la función que ejercen o cumplen en la armonización de los postulados legales del orden procesal, determinó en la nueva disposición del artículo 167 ibídem, que “no será necesario acompañar su copia [la de las normas de alcance no nacional], en el caso de que las normas de carácter local que se señalen como infringidas se encuentren en el sitio web de la respectiva entidad, circunstancia que deberá ser manifestada en la demanda con indicación del sitio de internet correspondiente”.

Como se aprecia, el derecho procesal moderno parte de la confianza que existe en la sociedad, se trata de una visión filosófica que encuentra su fundamento en la dimensión de la filosofía y sociología funcionalista, así como en la teoría de los sistemas sociales.

En otros términos, la hermenéutica contenida en esta sentencia privilegia —en los procesos ordinarios— la buena fe y el principio de confianza que debe existir entre los sujetos procesales, máxime si uno de los extremos es la administración pública.

Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales —necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo— es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes(6).

De allí que, el proceso contencioso administrativo y, por lo tanto, las diversas etapas que lo integran y que constituyen el procedimiento judicial litigioso no pueden ser ajenas al llamado de los principios constitucionales en los que se hace privilegiar la buena fe y la confianza. Esta circunstancia de la superación fáctica frente a lo normativo, fue puesta de presente por la teoría del método científico del derecho (antiformalista) de Francois Geny, quien con total claridad sobre la materia, puntualizó:

“Así considerado el problema, se reduce a los términos siguientes: la legislación, esté o no codificada, y entendiéndola en su sentido más amplio, esto es, tomándola como todo acto de la autoridad que tenga por fin dictar reglas jurídicas generales en forma de imposición obligatoria, ley propiamente dicha, decretos, reglamentos legalmente dictados, el ius scriptum, en una palabra, ¿puede, en nuestro estado social y constitucional ser suficiente para la revelación del derecho, permitiendo su completa aplicación, que hace completamente inútil para la práctica toda jurisprudencia positiva? ¿No descubrimos, por el contrario, en la naturaleza y en la acción de la ley, lagunas y limitaciones esenciales, que hagan necesarias otras fuentes de derecho, tal como la costumbre, o bien cuando menos la intervención de la libre investigación científica, dirigida a la elaboración del sistema jurídico, capaz de dar satisfacción a todas las necesidades de la vida social?

“Este campo de investigación que descubrimos parece poco explorado. Y esto, si no me equivoco, procede de que se han contentado fácilmente con el principio de omnipotencia legislativa. Se ha pensado indudablemente que este dogma constitucional excluía a priori toda idea de medida de la acción del poder en materia de revelación del derecho, y se ha considerado además que en nuestro Estado político y social el legislador creía manifiestamente reservar para sí solo el monopolio de toda innovación jurídica”(7).

Esta hermenéutica jurídica que permite la interacción permanente de los principios constitucionales con los aspectos legislativos, máxime si existen lagunas o puntos oscuros en el derecho, tales como saber si es posible a la luz de diáfanas y sistemáticas modificaciones normativas aplicar un sistema interpretativo en el que las copias simples tengan valor probatorio en los procesos ordinarios en materia contencioso administrativa, es lo que el neo iusnaturalismo, en cabeza de Ronald Dworkin ha señalado como la necesidad de estructuración de un sistema jurídico en el que las reglas o normas —en sentido estricto— devienen insuficientes, razón por la cual los operadores jurídicos “echan mano de estándares que no funcionan como normas, sino que operan de manera diferente, como principios, directrices políticas y otro tipo de pautas.”(8)

Por último, la tesis que se acoge en esta oportunidad ha sido avalada por otras secciones del Consejo de Estado, de manera concreta, la segunda, al establecer que el hecho de que no se hubieran tachado de falsas las copias simples permite deducir la anuencia frente a los citados documentos. Sobre el particular, la mencionada Sección señaló:

“En el sub lite las copias simples corresponden a documentos que obran en los archivos de la Gobernación del departamento de Boyacá, como son las órdenes de prestación de servicios y la petición ante la gobernación departamental del reconocimiento de las prestaciones reclamadas, entre otros. Además, se trata de copias de documentos públicos que no fueron tachados de falsos y tienen el reconocimiento implícito de quien los aporta (art. 276, ejusdem), por lo que no puede descartarse de plano su valor probatorio. El tribunal desconoció el valor probatorio de las copias aportadas sin valorar lo antes dicho y olvidando, además que en materia de conciliación podía solicitar en forma oficiosa los documentos. Así, el solo aporte en copia simple de algunos documentos no constituía óbice para improbar el acuerdo conciliatorio. Entrando al fondo del asunto conviene indicar que, según reiterada jurisprudencia, cuando se trata del contrato realidad es el valor pactado en el contrato y no otro el que sirve de base para la liquidación de la indemnización equivalente a las prestaciones sociales que devenga cualquier docente y que el tiempo a reconocer en el “contrato realidad” es el efectivamente laborado.”(9).

De igual manera, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la aplicación de la Ley 712 de 2001, que modificó el Código Procesal del Trabajo, en relación con la valoración de las copias simples en el proceso laboral con especial sindéresis, precisó:

“Del simple cotejo de esta norma con las disposiciones anteriores que regulaban la materia y que han sido citadas en esta providencia, surge de manera inequívoca que fue voluntad expresa del legislador, como se expresa en el parágrafo, que en el ámbito laboral las reproducciones simples de cualquier documento presentado por las partes con fines probatorios, se reputarán auténticas sin necesidad de autenticación, con las únicas excepciones de que se tratara de un documento emanado de tercero o de que se pretendiera hacer valer como título ejecutivo, situaciones que aquí no se presentan, por cuanto el registro de defunción que se analiza no puede considerarse emanado de un tercero, pues se trata de documento público expedido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones, como lo es el notario segundo del círculo de Manizales. Es claro que además de esa disposición general, el legislador se refirió a unos documentos concretos y particulares en los cinco (5) primeros numerales, pero esta especificidad no es excluyente de aquella generalidad, porque en este aspecto la parte final de la cláusula legal es nítida y diáfana, además de que había unos antecedentes legales y judiciales que quisieron preservarse.

Sobre el alcance de esta norma, dijo la Sala en providencia del 1º de febrero de 2011, radicado 38336:

Empero, con la reforma del año 2001, cualquier discusión sobre el tema debatido quedó superada, debido a que en los términos del parágrafo del ahora artículo 54 A del Código de Procedimiento Laboral, lo relacionado con el valor probatorio de los documentos ha quedado regulado por una norma procesal laboral, lo que torna improcedente, en este específico aspecto, la integración normativa autorizada por el artículo 145 de dicho estatuto, que constituía la base de la aplicación de aquel otro código.

Por lo tanto, incurrió el ad quem en el yerro jurídico endilgado al negar valor probatorio a una copia informal del certificado de defunción, cuando según las disposiciones legales arriba señaladas estaba obligado a reconocerlo, yerro que es suficiente para casar la sentencia acusada(10).

En esa perspectiva, constituye una realidad insoslayable que el moderno derecho procesal parte de bases de confianza e igualdad de armas(11), en las que los aspectos formales no pueden estar dirigidos a enervar la efectividad del derecho material, sino que deben ser requisitos que garanticen la búsqueda de la certeza en el caso concreto y, por lo tanto, impidan que el juez adopte decisiones denegatorias de pretensiones por exceso ritual manifiesto(12). Así las cosas, se debe abogar por un derecho procesal dinámico, en el que las partes asuman sus responsabilidades a partir de un escenario serio en el que se defiendan los intereses subjetivos que se debaten al interior del litigio, sin que el operador judicial promueva rigorismos formales que entorpezcan la aplicación del mismo(13).

Ahora bien, todo cambio o unificación de jurisprudencia genera una aplicación de la nueva hermenéutica adoptada, razón por la cual el posible argumento referente a la modificación de la línea jurisprudencial que sobre la materia ha sostenido esta Sección y, de manera concreta, una de sus subsecciones, no puede constituir razón suficiente para mantener la vigencia de una tesis que no consulta los postulados constitucionales y los lineamientos procesales modernos. Una de las finalidades principales del orden jurídico o normativo reside en la efectividad de los derechos y las garantías de los sujetos procesales, por lo tanto, una postura excesivamente formal deslegitima los fines esenciales del derecho procesal o adjetivo, máxime si las partes han guardado silencio a lo largo de la actuación, lo que ha permitido convalidar su postura frente a los documentos que reposan en el plenario en copia simple”.

3. De los elementos demostrativos recaudados se destacan los siguientes:

3.1. Copia del certificado del registro civil de defunción de Jesús Antonio Ramírez Giraldo, en el que se indica que falleció el 6 de septiembre de 1997, a causa de “laceración encefálica —heridas múltiples arma de fuego” (fl.5).

3.2. Certificado expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil del 8 de agosto de 2001, en el que se constata que Jesús Antonio Ramírez Giraldo se inscribió como candidato a la alcaldía del municipio de El Peñol —Antioquia— para el período constitucional 1998-2001 por el movimiento convergencia unidos por el Peñol (fl. 53).

3.3. Oficio 221-19063 del 8 de agosto de 2001 suscrito por el coordinador jurídico de Teleantioquia —canal regional de televisión— en el que manifiestan que no han recibido comunicados remitidos por organizaciones o grupos subversivos en los que se suministre información o se atribuya la muerte de Jesús Antonio Ramírez Giraldo (fl. 55).

3.4. Copia auténtica de folios del libro de población de la estación de policía en los que se anotó:

“06-09-97. Hora: 19:25- a la hora y fecha indicada zona urbana sector El Comercio, fueron (sic) muerto al parecer con arma de fuego revólver y pistola Antonio Ramírez Giraldo, 41 años, casado, hijo: Laura y Antonio, natural: El Peñol, rte (sic) Medellín, comerciante alfabeta 70.950.191 del (sic) Peñol, candidato a la alcaldía por el partido convergencia liberal, presenta 8 impactos” (fl. 77).

3.5. Copia auténtica de informe de novedad del comandante de la estación de El Peñol, del 7 de septiembre de 1997 en la que se expresó:

“El Peñol, 7 de Septiembre de 1997

OFICIO 253 /ESELP

ASUNTO: Informando novedad

AL: Señor Teniente Coronel

ÓSCAR ORLANDO LOZADA MEÑACA

COMANDANTE DISTRITO DOS

Rionegro —Antioquia—

Comedidamente me permito informar a mi coronel señor comandante de distrito, que el día de ayer a las 19:25 horas en el sector el comercio fueron muertos ANTONIO RAMÍREZ GIRALDO, 41 años, casado, hijo de Antonio y Laura, natural del peñol (sic) y residente Medellín, Comerciante, alfateta, con cédula de ciudadanía 70.950.191 de El Peñol, quien estaba inscrito a la candidatura de la alcaldía por el partido CONVERGENCIA LIBERAL, el cual presenta ocho impactos, cinco en la cabeza y tres en el pecho y espalda.

NEVARDO CIRO, 37 años, soltero, hijo Bernardo y María, natural del Peñol y residente zona tres El Peñol sin profesión, alfabeta, cédula de ciudadanía 70.950.565 de El Peñol quien presenta un impacto en la espalda.

Este comando salió en búsqueda de los autores del hecho, logrando localizarlos por el sector del hospital final del pueblo, donde hubo intercambio de disparos uyendo (sic) estos sujetos e internándose en zona montañosa desconociéndose su rumbo. El vehículo Trooper en que hacía la persecución de propiedad de la alcaldía fue alcanzado por un disparo de los sujetos dando en un vidrio de atrás del vehículo lado derecho donde se encontraba el PT. CUESTA PALACIO ALDEMIR no resultado lesionado.

Informaciones obtenidas a este comando se tuvo conocimiento que el señor ANTONIO RAMÍREZ pertenecía al movimiento Convergencia Unidos por El Peñol, fue alcalde en el período 90-92, el cual había sido amenazado en el transcurso de la semana y no manifestó absolutamente nada acerca de la amenaza a este comando;de la misma forma fue amenazada la otra candidata MARINA SALAZAR lidera el movimiento Acción Peñolita que tampoco informó a este comando sobre su situación, pero formuló queja verbal al inspector de policía argumentado que no comentara nada a las autoridades, se hace anotar (sic) que a la señora MARINA SALAZAR, candidata a la alcaldía municipal fue interceptada en la vereda El Carmelo por subversivos de las Farc días atrás quienes le dijeron que no iban a dejar realizar las elecciones y que dejara de hablar tanta cháchara y de igual forma a los candidatos al concejo.

De la misma forma se tuvo conocimiento de que el movimiento político que el occiso liberaba (sic) es simpatizante y colaborador de grupos subversivos de los cuales dos aspirantes al concejo que son GUSTAVO GIRALDO GIL alias gusano, y MEDARDO CIFUENTES alias plasta, promotores y dirigentes del cierre de la vía en el paro anterior por parte de los propietarios de vehículos particulares.

Las versiones tomadas de este caso de los testigos del homicidio los tiene (sic) personal de la SIJÍN de Rionegro, lo anterior para conocimiento de mi coronel y fines que se estime conveniente.

Atentamente

SI. ESPINOSA RENDÓN VÍCTOR HUGO

CDTE. ESTACIÓN EL PEÑOL” (fl. 72) (mayúscula sostenida en el original) (subrayas de la Sala).

3.6. Copia auténtica del Oficio 272 del 28 de septiembre de 1997 remitido al comandante del distrito dos de Rionegro y suscrito por el comandante de la estación de El Peñol, en el que se manifestó:

“Departamento de Policía Antioquia

Distrito Número Dos Rionegro

Estación El Peñol

El Peñol, Septiembre 28 de 1997

Oficio 272 / ESELP

Asunto: Informe de inteligencia

AL: Señor TC

Comandante Distrito Dos

Rionegro.

Con el presente me permito informar a mi coronel que en el día de hoy en horas de la madrugada, fueron repartidos boletines alusivos a las Autodefensas Unidas de Colombia en la zona urbana de este municipio en las salidas del pueblo.

Que trata de notificar a los partidos políticos de la guerrilla comunista UP y otros de no permitir la elección de los alcaldes que tengan influencia guerrillera por conveniencia de grupos, subversivos. Este comando adelanta labores de inteligencia a fin constatar si hay o no la presencia estas autodefensas en la jurisdicción.

Se anexa boletín de un comunicado nacional.-

Lo anterior para conocimiento de mi coronel y fines que estime convenientes.

Atentamente,

SI. Espinosa Rendón Víctor Hugo

Cdte. Estación El Peñol” (fl. 75) (destacado de la Sala).

3.8. Copia del comunicado nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aludido en el Oficio 272 del 28 de septiembre de 1997, remitido al comandante del distrito dos de Rionegro y suscrito por el comandante de la estación de El Peñol, en el que se expresó:

“Comunicado nacional

1. Así como las Farc y el ELN han prohibido a los partidos tradicionales desarrollar sus campañas políticas en diferentes regiones del país, las Autodefensas Unidas de Colombia, le notificamos a los partidos políticos de la guerrilla —comunista, UP y otros— que no permitiremos su presencia en territorios liberados por la guerrilla.

2. No permitiremos que inescrupulosos candidatos a alcaldías en municipios de influencia guerrillera, bajo presión o por conveniencia y con intereses mezquinos, establezcan pactos con la guerrilla, y mucho menos que se presten al sucio juego de los autosecuestros para programar y protocolizar sus acuerdos. Así mismo, las coaliciones en las cuales pretendan camuflarse los agentes de la subversión, serán denunciadas a la opinión pública, y desenmascarados sus integrantes.

3. Aquellos candidatos “aparecidos” en zonas devastadas popr (sic) la violencia guerrillera y que únicamente se les ha visto engrosando columnas armadas; no pasarán.

La intolerancia política con los partidos tradicionales sembrada por la guerrilla, germina con frutos de intolerancia para con los suyos.

Autodefensas Unidas: Colombianos Unidos” (fl. 76).

3.9. Copia auténtica del Oficio 276 del 1º de octubre de 1997 remitido al comandante del distrito dos de Rionegro y suscrito por el comandante de la estación de El Peñol, en el que se señaló:

“Departamento de Policía Antioquia

Distrito Número Dos Rionegro

Estación El Peñol

El Peñol, octubre 1º de 1997

Oficio 276 / ESELP

Asunto: Contestación oficio

Al: Señor Teniente Coronel

Comandante Distrito Dos

Rionegro —Antioquia—

Comedidamente me permito informar a mi coronel sobre la situación donde no se le dio cumplimiento a la documentación sobre acta de reunión de seguridad con los candidatos políticos de esta localidad y el ofrecimiento del servicio de escolta por parte de la Policía Nacional.

Informo a mi coronel que este comando habló personalmente con los dos candidatos a la alcaldía y se les dio a conocer sobre la reunión para la seguridad personal de ellos y el ofrecimiento de escolta por parte de personal de este comando. Los cuales manifestaron que no necesitaban ningún servicio de escolta ya que ellos habían renunciado definitivamente a la candidatura.

La señora Luz Marina Salazar hace más de ocho días que se encuentra fuera de esta localidad debido a que se encuentra atemorizada por la situación actual, de la misma forma el señor Humberto López Giraldo, no reside en el casco urbano, sino en la vereda el Morro y no ha sido posible su ubicación.

Lo anterior para conocimiento de ese comando y demás fines.

Atentamente,

SI. Espinosa Rendón Víctor Hugo

Cdte. Estación El Peñol” (fl. 74).

3.10. Copia auténtica del Oficio 299 del 23 de octubre de 1997 remitido al comandante del distrito dos de Rionegro y suscrito por el comandante de la estación de El Peñol, en el que se expresó:

“Departamento de Policía Antioquia

Distrito Número Dos Rionegro

Estación El Peñol

El Peñol, Octubre 23 de 1997

Oficio 299 / ESELP

Asunto: Informando novedad

Al: Señor Teniente Coronel

Comandante Distrito Dos

Rionegro —Antioquia—

Comedidamente me permito informar a mi coronel, que el día de hoy en las horas de la madrugada, 00:15 horas, sector comercial, hubo una detonación explosiva no causando daños de ninguna índole. Este comando registró el lugar donde hubo la explosión encontrando panfletos ilusivos al ELN frente Carlos Alirio Buitrago y de los mismos que fueron lanzados mediante explosión el día 20-10-97 por el parque cincuentenario.

Luego a las 6:30 horas según versión del señor Fredy Ocampo Gómez locutor empleado de la emisora Coopeñol de esta localidad, informó que hasta las instalaciones de la emisora llegaron dos sujetos armados con armas cortas encapuchados quienes amenazaron al señor Fredy, si no les colocaba o les transmitía un casete (que le entregaron de marca TDK-60 el cual contiene propaganda sobre el paro en relación (sic) en contra de las elecciones. Dicho casete dice lo siguiente:

‘El Ejército de Liberación Nacional hace saber a todos los colombianos que el día 24, 25 y 26 de octubre se realizará un paro armado en todo el territorio nacional a partir del 23 a las 12 pm hasta la hora cero del 25 de octubre, se realizará un paro armado ante la negativa respuesta del gobierno de suspender las elecciones, hemos tomado esta decisión para demostrar que estamos en una emergencia nacional. Las instituciones políticas y democráticas han sido de arriba escenario políticos (sic) las elecciones no pueden ser entre cedes (sic) políticas debastado (sic) por fuerzas del sistema corrupto y delincuente. Las que saquean los intereses sociales y democráticos de las mayorías, alentadoras las respuestas conocidas de Pérez de nuestra decisión nacional que se entregue a la insurgencia y a todos los interesados el comprometersen (sic), en un compromiso democrático para abrir los caminos a la paz, hoy estamos en un proceso de destruir y crear nuevos criterios para las necesidades para nuestra querida Colombia si no hay democracia para todos no hay democracia para nadie. Reciban un cordial saludo del Comando Central de Nicolás Rodriguez Bautista, Antonio García Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional combatientes unidos venceremos’.

Mencionado caste (sic) fue docimisado (sic) por este comando.

Lo anterior para conocimiento de mi coronel y demás fine” (fl. 128).

3.11. Copia auténtica del Oficio 313 del 21 de noviembre de 1997 remitido a la Unidad de Fiscalía de Marinilla, Antioquia, en el que se señaló:

“Departamento de Policía Antioquia

Distrito número Dos Rionegro

Estación El Peñol

El Peñol, noviembre 21 de 1997

Oficio 313 / ESELP

Asunto: Contestación oficio

Señores

Unidad de Fiscalía Marinilla

Marinilla —Antioquia—

Comedidamente me permito enviar contestación a su Oficio 641 del 14-11-97, donde solicita información sobre novedades ocurridas para el día 26-10-97 día de elecciones.

Informo a ese despacho que para tal día si se presentaron cinco explosivos, pero en el casco rural, esto con el fin de intimidar a los campesinos que vinieron a votar y donde hasta el momento no se tiene conocimiento sobre víctimas novedades causadas por estas explosiones que son atribuidas a las cuadrillas del ELN Carlos Alirio Buitrago y a los frentes noveno y cuarenta y siete de las Farc que operan en esta jurisdicción.

En el casco urbano unos quince días antes de las elecciones se presentaron dos explosiones de poca magnitud las cuales fueron colocadas una en la plaza de mercado como a las 17:30 horas y la otra en un parque llamado Cincuentenario junto con cajas que contenían panfletos alucientes (sic) al Carlos Alirio Buitrago, tampoco presentándose novedades ni víctimas. Esto como a las 18:30 horas.

Para el mismo día de las elecciones bajaron dos grupos divididos uno por el sector del cementerio y otro por el sector de la planta de tratamiento (subversivos) y por ahí a las 18:40 horas hicieron un hostigamiento a la fuerza pública que se encontraba en el servicio de elecciones y siendo a la vez atacada la población civil ya que en una casa que queda al frente del cementarlo[sic] fue alcanzada por cinco proyectiles, pero tampoco se presentó alguna víctima; o tragedia alguna. Esta acción se atribuye a que la población civil no acató la orden de estos delincuentes que era el de no votar.

Lo anterior para conocimiento de ese despacho y demás fines” (fl. 129).

3.12. Copia del acta de seguridad del 7 de septiembre de 1997, en la que el comandante de la estación de policía de El Peñol indicó:

“Departamento de Policía Antioquia

Distrito número Dos Rionegro

Estación El Peñol

El Peñol, septiembre 7 de 1997

Asunto: Acta de seguridad

Al: Señor

Alcalde municipal

El Peñol.

Con el presente me permito instruir sobre las medidas de seguridad al señor alcalde municipal Rodrigo Buitrago Buitrago con el fin de que sean tenidas en cuenta las siguientes recomendaciones así:

No desplazarse a las veredas del municipio debido a la situación de orden público que se vive en el municipio.

Extremar las medidas de seguridad cuando se desplace a su residencia y también en establecimientos públicos.

Informar oportunamente a este comando en caso de ser amenazado, bien sea por teléfono o por cartas que le hagan llegar a su despacho.

Tomar medidas de seguridad sobre paquetes que hagan llegar a la alcaldía municipal.

Tomar medidas de seguridad en cuanto al vehículo, se trata de no dejarlo solo porque puede ser objeto de atentado o le coloquen cualquier artefacto explosivo.

En caso de que necesite protección policial lo deberá hacer por escrito con destino a este comando.

Lo anterior para conocimiento del señor alcalde municipal y se ponga en práctica las anteriores recomendaciones” (fl. 131).

3.13. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Sebastián Antonio Ramírez Álvarez, en el que se demuestra que era hijo de Jesús Antonio Ramírez e Hilda María Toro, y que nació el 7 de septiembre de 1994 (fl. 6).

3.14. Certificado de la contadora pública Luz Estella Higuita Girón, cédula de ciudadanía 43.055.084 y Mat. 23.569 T, del 15 de agosto de 1997 en el que se indica que Jesús Antonio Ramírez Giraldo recibía mensualmente la suma de $ 1.200.000 pesos, por concepto de servicios prestados por asesorías de tránsito y comisiones por venta.

4. De acuerdo con el acervo probatorio que obra en el proceso se tiene que Jesús Antonio Ramírez Giraldo falleció debido a laceración encefálica causada por heridas múltiples con arma de fuego, con lo que se logra acreditar el daño como primer elemento estructural de la responsabilidad, en esa perspectiva, el problema jurídico que aborda la Sala se contrae en determinar si en el caso concreto el daño es imputable a la demandada y en ese evento bajo qué título de imputación jurídica.

En estos casos, vale la pena precisar que el principio de la relatividad de la falla del servicio, no puede ser asimilado, a un evento de daño jurídico, esto es, de una lesión que la víctima o afectados se encuentran en el deber de soportar; lo anterior, comoquiera que el hecho de afirmar que el Estado no se encuentra obligado a lo imposible y, por lo tanto, no le pueden ser imputados daños sobre los cuales no tenga una órbita de control —por acción u omisión—, constituye un problema de imputación fáctica y jurídica que no se relaciona con la antijuricidad o no de la lesión o aminoración irrogada.

Así las cosas, en el caso concreto sí existe daño antijurídico y está referido a las consecuencias que se desprenden de la muerte violenta de un ser querido, sin que los demandantes estén compelidos u obligados a tolerarlas o soportarlas, por lo que el análisis a abordar, como ya se indicó, se orienta a establecer si el mismo es atribuible por acción u omisión a la entidad demandada.

5. En el caso concreto, el análisis de imputación se traduce, en sí mismo, en un ejercicio de imputación objetiva que permite determinar si el daño es o no atribuible en cabeza de la Policía Nacional, comoquiera que los demandantes aducen que existió una omisión por parte de la mencionada institución que configuró una falla del servicio o, eventualmente, un daño especial derivado del rompimiento de las cargas públicas. En otros términos, si bien la execrable muerte del candidato a la alcaldía de El Peñol, Jesús Antonio Ramírez Giraldo, fue perpetrada por una o varias personas que le dispararon en multiplicidad de ocasiones, lo que prima facie, desde el plano material, configuraría una ausencia de imputación respecto del Estado por tratarse del hecho exclusivo de un tercero, lo cierto es que en el mundo del derecho, el estudio de la imputatio facti enseña que esta no solo puede ser fáctica, sino también normativa que para el caso, se estructura en la dimensión de la imputación objetiva y de la omisión.

Sobre el particular, la sección ha puntualizado(14):

“Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la administración pública en la medida en que esta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto.

En materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar —acción u omisión—, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política(15).

Si la ciencia jurídica parte del supuesto de atribuir o endilgar las consecuencias jurídicas de un resultado (sanción), previa la constatación de que una trasgresión se enmarca en una específica proposición normativa, es evidente que el nexo causal por sí mismo deviene en insuficiente para solucionar el problema de la atribución de resultados, tal y como desde hace varios años se viene demostrando por el derecho penal, lo que ha conllevado a que se deseche el principio de causalidad a efectos de imputar un hecho, para dar aplicación a una serie de instrumentos e ingredientes normativos (v.gr. el incremento del riesgo permitido, la posición de garante, el principio de confianza, la prohibición de regreso, etc.) dirigidos a establecer cuándo determinado resultado es imputable a un sujeto. Lo anterior, comoquiera que es posible que un determinado suceso tenga origen material en una específica conducta (causa material), pero las consecuencias del mismo sean atribuidas a un tercero (v.gr. la responsabilidad por el hecho de las cosas, o por el hecho de otro; la posición de garante)(16).

En otros términos, la causalidad —y sus diferentes teorías naturalísticas— puede ser empleada para determinar probablemente cuál es el origen de un hecho o resultado en el mundo exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la naturaleza o del ser. Contrario sensu, la imputación surge de la atribución de un resultado en cabeza de un determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el incumplimiento normativo a un precepto de conducta, es decir, del deber ser.

En consecuencia, la imputación fáctica puede derivarse de la constatación en el plano material de la falta de intervención oportuna que hubiera podido evitar el resultado; en efecto, es en el plano de la omisión donde con mayor claridad se verifica la insuficiencia del dogma causal, motivo por el cual el juez recurre a ingredientes de tipo normativo para determinar cuándo una consecuencia tiene origen en algún tipo de comportamiento y, concretamente, a quién resulta endilgable o reprochable la generación del daño. De lo contrario, la responsabilidad derivada de la omisión no tendría asidero, comoquiera que a partir de la inactividad no se deriva nada, es decir, no se modifica el entorno físico; en ese orden de ideas, el derecho de daños ha evolucionado en la construcción de instrumentos normativos y jurídicos que permiten solucionar las insuficiencias del denominado nexo causal importado de las ciencias naturales, para brindar elementos que permitan establecer cuándo un determinado daño es atribuible a la acción u omisión de un determinado sujeto.

En ese orden de ideas, el hecho de analizar la un resultado bajo la perspectiva de ingredientes normativos (v. gr. como la posición de garante), fijados por la ley y la jurisprudencia es lo que permite, con mayor facilidad, establecer la imputación fáctica (atribución material), esto es, se itera, la asignación de un determinado daño en cabeza de un específico sujeto.

En relación con la posibilidad de emplear la posición de garante, como elemento normativo para la construcción de la imputación fáctica del resultado, la jurisprudencia de la Sala ha señalado:

‘Por posición de garante debe entenderse aquella situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho(17).

Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley —en sentido material— atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida(18)(19)’.

Desde esa perspectiva, la posición de garante se erige como uno de los ejes basilares sobre los cuales se edifica el concepto de imputación fáctica, puesto que a partir del conjunto de principios establecidos en el artículo 1º de la Constitución Política, se hace responsable, desde diversas perspectivas jurídicas (penal, disciplinaria, patrimonial, etc.) a la persona que con su omisión ha facilitado la producción del daño, lo que desvirtúa en el plano jurídico el principio causal según el cual a partir de la omisión no se deriva nada(20). En ese contexto, la posibilidad de atribuir resultados o daños, con base en un criterio normativo jurídico, no es otra cosa distinta que la reivindicación de la multiplicidad de valores y principios jurídicos sobre los que se basamenta el Estado colombiano, es decir, como un Estado social de derecho, en el cual los asociados no solo se benefician de una gama de derechos y garantías, sino que, de igual manera, se encuentran conminados al cumplimiento de una serie de deberes (v. gr. principio de solidaridad, de dignidad humana, de tolerancia, etc.) sin los cuales la sociedad no podría funcionar(21).

Y, si los particulares se encuentran vinculados por esos imperativos categóricos —en términos Kantianos—, con mayor razón los órganos y funcionarios estatales se hallan sometidos al cumplimiento y salvaguarda de esos principios y valores constitucionales. En consecuencia, tal y como lo ha sostenido el máximo tribunal constitucional, la fuerza pública se encuentra en posición de garante frente a la protección de los bienes y derechos de los ciudadanos, sin que ello suponga someter al Estado a lo imposible —puesto que existe el principio de falla relativa del servicio—, pero sí obliga a que se analice en cada caso concreto las posibilidades reales con las que contaban los agentes estatales para impedir el resultado(22)(destacado adicional).

En otro pronunciamiento, en cuanto se refiere a la delimitación de la imputación fáctica, se reiteró la importancia de identificar el comportamiento jurídicamente relevante, así:

“La sola circunstancia o hecho material del arrollamiento con el vehículo, aunque teóricamente podría constituir un hecho de un tercero, y bien una hipótesis de solidaridad en los términos del artículo 2344 del Código Civil, en el caso sub examine, lo que se evidencia con claridad meridiana es que el comportamiento del conductor de la camioneta no fue relevante jurídicamente en atención al contexto del lugar, y a la posición y vestimenta del soldado que se mimetizaba con la hierba, todo lo cual conspiró en conjunto para el triste resultado de una vida que se vio frustrada; por el contrario, la causa adecuada o determinante del resultado no es otra diferente a la proyección de la falla del servicio en el iter o recorrido causal que dio al traste con la vida del uniformado, quien confiado en que se encontraba en una zona de descanso aún así fuera improvisada, pero que asumió era segura y por ello se entregó al sueño, de allí que tampoco en forma alguna cabría la hipótesis de culpa de la víctima.”(23).

En consecuencia, el hecho de que el daño tenga su génesis directa, material y causal en la conducta de un tercero no quiere significar, en principio, que se haya configurado una causa extraña que exonere de responsabilidad a la administración pública, toda vez que aquel puede devenir imputable a esta última si su comportamiento fue relevante y determinante en el desencadenamiento del mismo, bien porque se contribuyó con una acción en la producción (v.gr. con un aumento del riesgo permitido o un desconocimiento del principio de confianza), o si pudiendo evitarlo se abstuvo de enervar su generación, esto último, siempre y cuando se constate en estos eventos que la entidad demandada se encontraba en posición de garante, es decir, que de conformidad con el ordenamiento jurídico estuviera compelida a evitar el resultado.

Por consiguiente, si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o causal, lo cierto es que no se agota allí, ya que dada su vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de su configuración se establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado.

Los anteriores ingredientes normativos y jurídicos tienen como propósito controlar la incertidumbre que genera el empleo de las teorías causales —propias de las ciencias naturales— frente a la asignación de resultados en las ciencias sociales (v.gr. el derecho). Por lo tanto, la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto.

De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas.

6. En el caso concreto, está demostrado que Jesús Antonio Ramírez Giraldo era candidato a la alcaldía del municipio El Peñol por el movimiento Convergencia Unidos por El Peñol, asesinado el 6 de septiembre de 1997 por sujetos desconocidos, que aún cuando fue amenazado una semana antes del suceso, no lo puso en conocimiento de la Policía Nacional como lo señala el informe de novedad del 7 de septiembre de 1997, e igualmente, no obra prueba alguna que evidencie que pidió protección a la autoridades de policía, sin embargo, a diferencia de lo sostenido por el a quo, el daño sí le es imputable al ente demandado, en consideración a la convergencia indisoluble de los siguientes dos elementos de juicio como son: i) La posición de garante que ostentaba la Policía Nacional en relación con la protección de la vida e integridad del candidato a la alcaldía Jesús Antonio Ramírez Giraldo, y ii) el hecho de ser ampliamente conocida la situación de violencia que imperaba en el año 1997 en el municipio de El Peñol, Antioquia, como se desprende de los informes que obran en el proceso, que hacen clara alusión a la operatividad en la zona de grupos al margen de la ley de carácter subversivo y paramilitares. De tal suerte que en la precitada anualidad, ya habían sido amenazados otros candidatos, y la situación de riesgo y violencia generalizada era conocida por las autoridades civiles municipales y por la Policía Nacional.

Así las cosas, la Sala no avala la postura asumida por la entidad demandada según la cual el atentado contra la vida del candidato le resultaba imprevisible e irresistible, toda vez que, por el contrario, dado el ambiente generalizado de violencia, y las amenazas tanto por las AUC como por el ELN y las Farc, en relación con la época electoral, resultaba esperable en términos de la teoría de la probabilidad preponderante(24), era que se atentara contra la vida de los candidatos a la alcaldía.

En consecuencia, si bien la Policía Nacional desconocía cualquier tipo de amenaza en relación con el candidato Jesús Antonio Ramírez Giraldo, lo cierto es que sí era consciente del riesgo al que se encontraban sometidos los aspirantes a la alcaldía y autoridades locales, prueba de ello es que una vez acaecida la muerte de Ramírez Giraldo la Policía llevó a cabo un consejo de seguridad con el alcalde del municipio ofreciendo diversas instrucciones en relación con las rutas a tomar, los desplazamientos, entre otros aspectos, lo que evidencia y pone de presente la posición de garante que había asumido la fuerza pública en cuanto concierne a la protección y salvaguarda de los derechos, bienes e intereses legítimos de los pobladores de El Peñol, y, específicamente, respecto de las autoridades civiles del municipio, y de los candidatos comoquiera que ellas venían en una labor de confrontación directa con la delincuencia, razón que reforzaba la idea de la necesidad de protección de su vida e integridad personal.

Al respecto, la Sala en sentencia del 4 de octubre de 2007, sostuvo lo siguiente:

“Desde esa perspectiva, es claro que el Ejército Nacional conocía de la situación de peligro que se había radicado en cabeza del señor Argemiro Tobón —no propiamente a sus instancias—, sino a partir de la actividad desplegada por los miembros de la institución militar. En ese contexto, es claro que la administración pública incumplió el deber de protección y cuidado que se generó una vez el señor Tobón Rueda comunicó el peligro que corría su vida e integridad física como resultado de los frecuentes acantonamientos que efectuó el Ejército Nacional en terrenos de su propiedad, motivo por el cual, se puede señalar que aquel asumió posición de garante(25) frente a la integridad del ciudadano.

Por posición de garante debe entenderse aquella situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho(26).

Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley —en sentido material— atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida”(27).

En esa perspectiva, el daño antijurídico a diferencia del aserto del a quo, deviene imputable a la entidad demandada toda vez que la Policía Nacional estaba compelida, dada su posición de garante, en evitar el resultado que en virtud del conocimiento y las reglas de la experiencia era esperable, esto es, que cualquiera de los grupos armados que operaban en la zona atentara contra la vida e integridad de los candidatos; y comoquiera que esa intervención no se produjo, se configuró una omisión que sin anfibología alguna fue la determinante en la producción del daño, lo que desencadena una responsabilidad de tipo patrimonial de la administración pública, máxime, si esa circunstancia configuró un desconocimiento del deber de seguridad y protección, lo que traduce una falla del servicio.

En consecuencia, el sustrato de la obligación de resarcir el daño irrogado se encuentra en el desconocimiento del deber de protección y seguridad que le asiste a las autoridades públicas y, de manera particular, a las militares y policiales de salvaguardar los derechos, bienes e intereses legítimos de los asociados, en los términos establecidos en el artículo 2º de la Carta Política.

Acerca del contenido y alcance de la obligación de seguridad y protección de la fuerza pública respecto de los particulares, la Sala puntualizó:

“A pesar de las constantes amenazas contra las vidas y los bienes de los demandantes, las autoridades militares y de policía que conocían de la situación peligro por la que atravesaban, y ante quienes con insistencia habían acudido en demanda de protección, guardaron silencio y no asumieron conducta alguna tendiente a brindar la protección pedida, con los medios disponibles para ello. Sin justificación alguna omitieron dar respuesta, de cualquier naturaleza que fuese, a las peticiones que días antes de la toma guerrillera les hicieran los demandantes. Surge clara, pues, en este caso, la omisión del Estado en brindar protección a los bienes de los demandantes, la cual fue determinante en la producción del daño antijurídico que se reclama. Los demandantes presentaron varias solicitudes concretas de protección a las autoridades, las cuales fueron desatendidas, sin tener en cuenta que existían circunstancias especiales ( como la muerte del administrador de la finca y las constantes denuncias que por boleteo, presentaron los actores, etc.), que hacían necesaria una protección inmediata a sus vidas y a sus bienes por parte de las autoridades competentes, teniendo en cuenta para ello, como se dijo anteriormente, los medios con que contaba el Estado para realizar dicha tarea, habida cuenta que las vidas y los bienes de un grupo de personas, se encontraban expuestas a una situación de inminente peligro, el cual se concretó, con la muerte de tres personas y la destrucción de las viviendas, los muebles y el hurto de semovientes y otros bienes, propiedad de los actores.”(28).

(...).

‘El relación con el deber de seguridad que corresponde prestar al Estado, cabe señalar que el mismo está contenido en el inciso segundo del artículo 2º de la Constitución que establece que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Por su parte, el artículo 6º ibídem establece que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el mandato constitucional, la razón de ser de las autoridades públicas es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. De tal manera que, omitir el cumplimiento de esas funciones no solo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua, pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos’”(29) (destacado adicional).

En ese orden de ideas, en el caso concreto falló el deber de protección y seguridad ínsito en este tipo de situaciones, pues la autoridad de policía conocía el peligro al que estaban sometidos los habitantes del municipio, especialmente aquellos que se encontraban en una campaña para convertirse en alcaldes del mismo. Así las cosas, para la entidad demandada el daño producido no le resultó inesperado y sorpresivo, ya que, se insiste, conocía las circunstancias de violencia generalizada que azotaban a la población del municipio de El Peñol, y el riesgo que circundaba a los candidatos que estaban en ejercicio de sus derechos políticos; es precisamente allí, en ese conocimiento actualizado en donde se materializa la posición de garante asumida por el Estado, así como la vulneración y desconocimiento de la suficiente y necesaria protección que debió serle suministrada a quienes, desde uno u otro ámbito estaban expuestos a los grupos protervos.

En consecuencia, la muerte del señor Jesús Antonio Ramírez Giraldo, no configura un evento de falla relativa del servicio, en razón a que la Policía no estaba obligada a lo imposible en el supuesto concreto, máxime si existía una actualización del conocimiento, en términos de la escuela finalística del derecho que implicaba el deber de exigencia de otro comportamiento; en otras palabras, al haber conocido la entidad demandada la situación de riesgo, esa sola circunstancia en términos cognoscitivos y volitivos, radicaba en cabeza de la entidad demandada, se itera, el deber de garantizar la vida e integridad del ciudadano, para lo cual se encontraba impelido a brindar la protección y seguridad necesarias, circunstancias estas que no se cumplieron, lo que se traduce en la imputación fáctica y jurídica del resultado en cabeza de la demandada.

Así las cosas, una posición diferente llevaría a tolerar las omisiones generalizadas en las que, de manera eventual, puede incurrir el Estado y, principalmente, las autoridades que integran la fuerza pública en relación con la protección, garantía y promoción de los derechos de los asociados, lo que se traduciría en la pérdida de legitimidad del poder público comoquiera que el propósito del Constituyente, al establecer los deberes de protección y garantía, no fue simplemente consignar un peripuesto discurso retórico relacionado con la relevancia del ser humano y sus garantías mínimas en el moderno Estado social de derecho, sino que, por el contrario, la elevación a rango constitucional de esa gama o haz de derechos subjetivos y prestacionales lleva aparejado una transformación de la realidad social, en la que las autoridades públicas juegan un papel preponderante en aras de materializar la satisfacción, garantía y disfrute de esos intereses legítimos reconocidos positivamente por la Carta Política y la ley, pero que hacen parte del ser humano simplemente por el hecho de serlo.

Por ende, cuando el Estado conociendo la situación de riesgo y peligro que existe sobre una determinada población, grupo de personas o un ciudadano, omite y desatiende los mandatos contenidos en la Constitución Política, no solo vulnera y transgrede de manera ostensible sus deberes y obligaciones positivas, sino que desatiende los mandatos propios fijados por los imperativos categóricos, específicamente, la defensa y satisfacción del principio de dignidad humana, fundamento y sustancia de todos los derechos y libertades públicas(30).

Así, demostrada como está la responsabilidad de la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, la Sala procederá a realizar la liquidación de perjuicios, no sin antes advertir que a pesar de que la reparación fue solicitada por Sebastián Antonio Ramírez Álvarez, en calidad de hijo del fallecido, Hilda María Álvarez Toro, en condición de compañera permanente, Luis Humberto Ramírez Giraldo, de hermano y Laura Inés Giraldo, de madre; solo se procederá al estudio de los perjuicios en lo que concierne al primero, habida cuenta de que respecto de este obra certificado del registro civil de nacimiento en el que se constata era hijo de Jesús Antonio Ramírez, sin embargo, en relación con la calidad que aduce Hilda María Toro, solo se tienen dos declaraciones extrajuicio que no fueron ratificadas en debida forma, de otra parte, tampoco existe prueba alguna que demuestre la calidad de madre y hermano de Laura Inés Giraldo y de Luis Humberto Ramírez Giraldo, respectivamente.

7. Liquidación de perjuicios.

7.1. En relación con el perjuicio moral, la Sala de manera reiterada(31) ha señalado que este tipo de daño se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral.

En ese sentido, un representante de la más excelsa doctrina nacional sobre la materia, precisó respecto del concepto de familia lo siguiente:

“Porque en la Constitución de 1991, más claramente que en el Código Civil, la familia no es un producto necesariamente surgido de manifestaciones afectivas. Es un producto y es una institución en donde está clara una visión de solidaridad entre seres humanos y una visión de solidaridad que adquiere todo su sentido, sobre todo frente a los niños, porque los niños tienen el derecho fundamental y prevalente a tener una familia. Tienen ese derecho fundamental y prevalente por encima de las coyunturas en los afectos de sus padres... Aquí viene a ponerse de presente, como la concepción de familia de la Constitución de 1991, es una concepción solidarista —no individualista—. No depende del íntimo querer del marido y mujer o, de hombre y mujer. Depende de lo que exija esa realidad social de la familia. Los conflictos son importantes, muestran desacuerdos, malformaciones, a veces hasta patologías, pero no son los límites a la existencia de esa unidad familiar”(32).

En ese orden de ideas, habrá lugar a reconocer, vía presunción de aflicción, perjuicios morales a favor de Sebastián Antonio Ramírez Álvarez quien ostenta la condición de hijo de la víctima directa, comoquiera que obra el certificado del registro civil que da cuenta de la relación de parentesco que los vincula. En efecto, de este documento, se da por probado el perjuicio moral en Sebastián Antonio Ramírez Álvarez con ocasión de la muerte de padre, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir(33) que el óbito de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad.

Así las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de la lesión, y los máximos porcentajes reconocidos por la jurisprudencia como compensación al dolor en situaciones extremas de pérdida de un ser querido, o estados de gravedad, en eventos de lesiones personales, se decretará el perjuicio moral solicitado a favor de Sebastián Antonio Ramírez Álvarez en 100 smmlv(34), según el arbitrio indicado.

7.2. En lo que respecta a los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, deprecados por Sebastián Antonio Ramírez Álvarez, debe señalarse que tratándose de la reclamación de perjuicios formulados por un hijo, con ocasión de la muerte de su padre, se ha considerado, que habrá lugar al pago de dicha indemnización hasta la fecha en que aquel haya alcanzado la edad de 25 años, momento en que la jurisprudencia ha dado por establecido que las personas abandonan el hogar, para constituir su propia familia.

Ahora bien, se indicó en el líbelo de la demanda, que Jesús Antonio Ramírez Giraldo se dedicaba a prestar servicios de asesoría en asuntos de tránsito y que además era comisionista de ventas, actividad laboral que, como lo afirmaba el certificado expedido por la contadora, le reportaba un ingreso mensual de $ 1.200.000 pesos, sin embargo, debe anotarse que aun cuando no existe tarifa legal al respecto, sino que rige el principio de libertad probatoria, en virtud del cual lo fáctico puede ser demostrado, en principio, por cualquier medio que tenga esa capacidad, existen elementos de juicio con mayor aptitud demostrativa que otros, los que además han de ser valorados a la luz de la sana crítica.

Así las cosas, si bien los contadores públicos, tienen función de fedatarios, lo cierto es que esta función, está referida a la posibilidad de dictaminar sobre estados financieros, y las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general, entendida por estas, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 43 de 1990, aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expiden con fundamento en los libros de contabilidad. De suerte que los contadores independientes no tienen liberalidad absoluta en relación con el contenido de los conceptos que emiten, puesto que los certificados deben estar soportados y ser el reflejo fiel de la comprobación de los documentos y de los ingresos y egresos de los estados financieros de quien se certifica(35), máxime si de acuerdo con las reglas de la experiencia la actividad de comisionista de venta no reporta un ingreso constante y en cuantía estable, lo mismo que la asesoría en trámites ante la oficina de tránsito. De esta manera, la simple afirmación de que el obitado mensualmente percibía la suma $ 1.200.000 pesos, en razón a las asesorías de tránsito y comisiones por venta, sin ningún otro soporte alguno, verbigracia, declaraciones de renta, estados financieros, testimonios, etc., o cualquier otro medio probatorio que demuestre la actividad y los ingresos, si bien es un referente de que el fallecido tenía una actividad independiente, no ofrece, en cuanto a su cuantía, la fuerza demostrativa necesaria para ser tenido ese ingreso como tal.

En consecuencia, comoquiera, que se sabe que Jesús Antonio Ramírez Giraldo desarrollaba una actividad económica independiente de la que derivaba su sustento y el de su familia, pero no existe certeza sobre el monto real de sus ingresos, se accederá a la pretensión relativa a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, teniendo como base de liquidación el salario mínimo actual $ 616.000, guarismo que será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales y se le restará el 25% de lo que la víctima destinaba para su manutención, lo que arroja la suma de $ 577.500 que será el valor a tener en cuenta para calcular el lucro cesante.

7.2.1. Lucro cesante consolidado.

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 6 de septiembre de 1997, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 196 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

S = Ra (1+ i)n - 1

i

S = $ 577.500 (1+ 0.004867)196 - 1

0.004867

S= $ 188.651.227,54

7.2.2. Lucro cesante futuro.

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta el momento en que Sebastián Antonio Ramírez Álvarez cumpliría la edad de 25 años (sep. 7/2019), para un total de 68 meses(36). Aplicando la fórmula, se tiene:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

S = $ 577.500 (1+ 0.004867)68- 1

0.004867 (1+ 0.004867) 68

S = $ 33.364.527,15

Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $ 222.015.754,69

8. Como corolario de lo anterior, se impone la revocatoria de la sentencia apelada, toda vez que emerge inexcusablemente el juicio de imputación fáctica y jurídica en contra de la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—; ello, en razón del desconocimiento del deber de protección y seguridad que le asiste a la demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 31 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en su lugar se decide:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, de los perjuicios sufridos por Sebastián Antonio Ramírez Álvarez con ocasión de la muerte de Jesús Antonio Ramírez Giraldo.

2. CONDÉNASE a la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, a pagar a Sebastián Antonio Ramírez Álvarez por perjuicios morales, 100 smmlv.

3. CONDÉNASE a la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, a pagar por concepto de lucro cesante, tanto vencido como futuro, a Sebastián Antonio Ramírez Álvarez, la suma de doscientos veintidós millones quince mil setecientos cincuenta y cuatro pesos ($ 222.015.754).

4. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin costas.

6. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias (I.J) del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022 C.P. Enrique Gil Botero.

(2) “ART. 308.—Régimen de transición y vigencia.El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

“Este Código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

“Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior” (se destaca).

(3) Luhmann, Niklas “Confianza”, Ed. Anthropos, Ciudad de México, 2005, pág. 5 y 6.

(4) “ART. 627.—Vigencia. ‘La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas:

1.Corregido por el artículo 18, Decreto Nacional 1736 de 2012. Losartículos 24, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 2º, 33 numeral 2º, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley.

2. La prórroga del plazo de duración del proceso prevista en el artículo 121 de este código, será aplicable, por decisión de juez o magistrado, a los procesos en curso, al momento de promulgarse esta ley.

3. El Consejo Superior de la Judicatura dispondrá lo necesario para que los expedientes de procesos o asuntos en los que no se haya producido actuación alguna en los últimos dos (2) años anteriores a la promulgación de este código, no sean registrados dentro del inventario de procesos en trámite. En consecuencia, estos procesos o asuntos no podrán, en ningún caso, ser considerados para efectos de análisis de carga de trabajo, o congestión judicial.

4. Los artículos 17, numeral 1, 18 numeral 1, 20 numeral 1, 25, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 6º y parágrafo, 32 numeral 5º y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarán a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012).

5. A partir del primero (1º) de julio de dos mil trece (2013) corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la expedición de las licencias provisionales y temporales previstas en el Decreto 196 de 1971, así como la aprobación para la constitución de consultorios jurídicos prevista en el artículo 30 de dicho decreto.

6. Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país.

(5) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de enero de 2012. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 1999- 01250. Oportunidad en la que se precisó: “De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

“En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda” (destacado adicional).

De igual forma, se pueden consultar la sentencia de 7 de marzo de 2011, Exp. 20171, M.P. Enrique Gil Botero, oportunidad en la que se precisó: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

“En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

“En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

“Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

“El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso.”

(6) “Concierne por igual a los filósofos y a los juristas la cuestión de determinar los requisitos que un ordenamiento jurídico tiene que llenar para poder ser considerado como un “derecho justo” o, lo que es lo mismo conforme con la justicia en la medida de lo posible. Concierne esta cuestión a los filósofos, porque por lo menos desde Platón el tema de los contenidos de justicia y de la ordenación “justa” de la convivencia humana es uno de los problemas centrales de la ética. Y concierne a los juristas, porque, si bien es cierto que los juristas pueden limitarse a cumplir las normas de un concreto derecho positivo, o las decisiones judiciales que en ese derecho positivo sean vinculantes, no pueden evitar que se les coloque incesantemente ante el problema de saber si lo que hacen es o no “justo”, sobre todo cuando las relaciones vitales cambian y los casos no se plantean ya de un modo igual. La perspectiva que en esta materia arroja más luz es, sin embargo, otra. De acuerdo con una larga tradición de la filosofía occidental, la tarea de los filósofos consiste en buscar la “unidad” que subyace bajo la multiplicidad de las normas y de las decisiones, en buscar dónde está la razón última de la validez. La tarea del jurista, en cambio, consiste en encontrar decisiones justas de casos concretos. De esto modo los unos apenas tienen noticia de lo que los otros hacen y ello es igualmente nocivo para ambos. Si los filósofos hubieran tenido en cuenta el material que los juristas han puesto a su disposición al reflexionar sobre puntos de vista que tienen que utilizar en la búsqueda de decisiones “justas”, hubieran podido ofrecernos algo más que unas formulaciones de una indeterminación tan grande que no siempre sin razón se les reprocha ser poco más que simples “fórmulas vacías”. Y si los juristas hubieran contemplado los puntos de vista que buscan y que utilizan, desde la perspectiva de una ética jurídica que vaya más allá de cada concreto derecho positivo, hubieran apreciado mejor y más conscientemente el “valor” de tales puntos de vista. Hace falta, pues, tender un puente...”. Larenz, Karl “Derecho Justo”, Reimpresión, Ed. Civitas, Madrid, 1985, proemio.

(7) Geny, Francois “Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo”, Ed. Biblioteca de autores españoles y extranjeros, 2ª edición, Madrid, 1925, pág. 111.

(8) Dworkin, Ronald “Los derechos en serio”, Ed. Ariel, Barcelona, 1999, pág. 72.

(9) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de agosto de 2007, Exp. 2003-01162-01(1926-04), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(10) Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, sentencia del 30 de enero de 2013, Rad. 41024, M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.

(11) Sobre el citado principio de derecho procesal, la Corte Constitucional ha puntualizado: “Con el principio de igualdad de armas, se quiere indicar que en el marco del proceso penal, las partes enfrentadas, esto es, la Fiscalía y la defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante el juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales. Este constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección.” Corte Constitucional, Sentencia C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(12) En relación con el concepto de “exceso ritual manifiesto”, se pueden consultar las sentencias de la Corte Constitucional T-264 de 2009 y T-599 de 2009.

(13) Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado su posición, en los siguientes términos: “En este caso, como en otros, el tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, y cuya autenticidad no fue puesta en duda... Llama la atención que en uno de los procesos el Consejo de Estado no valoró los resultados parciales de las investigaciones penales y disciplinarias en las que constaba la responsabilidad de los dos sargentos del Ejército Nacional, por considerar que la documentación fue remetida en copia simple197. Si bien no correspondía a esta vía establecer responsabilidades individuales, al determinar la responsabilidad objetiva del Estado las autoridades jurisdiccionales deben tomar en cuenta todas las fuentes de información a su disposición. Por ende, las autoridades encargadas de estos procedimientos estaban llamadas no solo a verificar las omisiones estatales, sino a determinar los alcances reales de la responsabilidad institucional del Estado.” Corte IDH, caso Manuel Cepeda vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, Exp. 17994, C.P. Enrique Gil Botero.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, Exp. 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(16) “En la responsabilidad del Estado la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos” (se resalta) sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 21 de febrero de 2002 Exp. 14215.

(17) “La posición de garante trata de dar una explicación y respuesta teórica y coherente a la cuestión de cuáles son las condiciones que deben darse para que el no impedir la entrada de un resultado sea equiparable a la causación positiva del mismo. Según la opinión que aquí será defendida, solo se puede alcanzar una solución correcta si su búsqueda se encamina directamente en la sociedad, pero esta entendida como un sistema constituido por normas, y no si la problemática toma como base conceptos enigmáticos basados en el naturalismo de otrora, pues la teoría de la posición de garante, como aquí entendida, busca solucionar solamente un problema normativo social, que tiene su fundamento en el concepto de deber jurídico.” Cf. Perdomo Torres, Jorge Fernando “La problemática de la posición de garante en los delitos de comisión por omisión”, Ed. Universidad Externado de Colombia, 2001, págs. 17 a 20. Ver igualmente: López Díaz, Claudia “Introducción a la Imputación Objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia; Jakobs, Günther “Derecho Penal - Parte General”, Ed. Marcial Pons; Roxin, Claus “Derecho penal - parte general “Fundamentos de la estructura de la teoría del delito”, Ed. Civitas.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2007, Exp. 15567.

(19) Ver igualmente: sentencias de 15 de octubre de 2008, Exp. 18586, de 20 de febrero de 2008, Exp. 16996, de 1º de octubre de 2008, Exp. 27268.

De igual manera, el Consejo de Estado ha sostenido que los eventos señalados en el Código Penal, como constitutivos de posición de garante, son igualmente extensivos a la responsabilidad extracontractual del Estado, motivo por el cual son aplicables para definir en qué casos un daño antijurídico es imputable a la organización estatal. Así las cosas, las causales de posición de garante, para efectos de imputar responsabilidad o daños causados, se encuentran contenidas en el artículo 25 del Código Penal (que regula la acción y omisión), y su análisis y aplicación puede ser trasladado a la responsabilidad extracontractual del Estado, con precisas salvedades. Tales circunstancias son las siguientes:

“Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones:

1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio.

2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas.

3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas.

4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente”.

(20) “Ex nigilo nili fit”. De la nada, nada.

(21) “Estas posiciones de garantía están acordes constitucionalmente con el principio de solidaridad, el cual, principalmente viene exigido cuando se trata de la protección de bienes jurídicos relacionados con la vida e integridad personal... Sobre esto ha dicho la Corte Constitucional: “La solidaridad es un valor constitucional que sirve de pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas situaciones.” Los deberes constitucionales son patrones de conducta social impuestos por el Constituyente a todo ciudadano, más no exigibles, en principio, como consecuencia de su mera consagración en la Carta Política, sino en virtud de una ley que los desarrolle.” Oviedo Pinto, María Leonor “La posición de garante”, Ed. Ediciones Ciencia y Derecho, Bogotá, pág. 138.

(22) “En el marco de toda imputación, incluyendo la jurídico penal, se vinculan un suceso en el mundo y un destinatario de imputación, de tal modo que el destinatario aparece como aquel a quien pertenece el suceso: es él quien lo ha creado o ha permitido que tuviese lugar, tanto para bien, en el marco de la imputación a título de mérito, como en lo malo, en la imputación a título de reproche” (se destaca) Jakobs, Günter “La imputación objetiva en el derecho penal”, Ed. Universidad Externado de Colombia, pág. 23.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 15 de octubre de 2008. Exp. 18586, C.P. Enrique Gil Botero.

(24) La cual le permite al juez fundar su decisión en hechos, que aún sin estar establecidos de manera exacta o matemática, a la luz de la razón, son los más probables. Además, conforme lo enseña Karl R. Popper, recogiendo la visión gnoseológica actual, el conocimiento científico consiste en conjeturas comprobables, por ello es conocimiento hipotético, conocimiento conjetural, en el mejor de los casos.

“En términos generales, y en relación con el ‘grado de probabilidad preponderante’, puede admitirse que el juez no considere como probado un hecho más que cuando está convencido de su realidad. En efecto, un acontecimiento puede ser la causa cierta, probable o simplemente posible de un determinado resultado. El juez puede fundar su decisión sobre los hechos que, aun sin estar establecidos de manera irrefutable, aparecen como los más verosímiles, es decir, los que presentan un grado de probabilidad predominante. No basta que un hecho pueda ser considerado solo como una hipótesis posible. Entre los elementos de hecho alegados, el juez debe tener en cuenta los que le parecen más probables. Esto significa sobre todo que quien hace valer su derecho fundándose en la relación de causalidad natural entre un suceso y un daño, no está obligado a demostrar esa relación con exactitud científica. Basta con que el juez, en el caso en que por la naturaleza de las cosas no cabe una prueba directa, llegue a la convicción de que existe una probabilidad determinante.” De Ángel Yagüez, Ricardo “Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil. Con especial atención a la reparación del daño”, Ed. Civitas, Madrid, 1995, págs. 78 y 79.

(25) Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado: “En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante. Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa.

“... En una grave violación a los derechos fundamentales, la conducta del garante que interviene activamente en la toma de una población, es similar a la de aquel que no presta la seguridad para que los habitantes queden en una absoluta indefensión. En virtud del principio de igualdad, cuando la acción y la omisión son estructural y axiológicamente idénticas, las consecuencias deben ser análogas: Si la conducta activa es ajena al servicio, también deberá serlo el comportamiento omisivo. Un miembro de la fuerza pública puede ser garante cuando se presenten cualquiera de los dos fundamentos de la responsabilidad explicados: creación de riesgos para bienes jurídicos o surgimiento de deberes por la vinculación a una institución estatal. Las fuerzas militares tienen la obligación absoluta de impedir el desconocimiento del derecho internacional humanitario (restricción absoluta aun frente a los estados de excepción según lo dispone el artículo 214 de la Constitución) y los derechos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Colombia, no pueden ser suspendidos durante tales estados. Permitir que ocurran, sea porque activamente intervienen en ellas o porque omiten el deber estatal de proteger a los asociados en sus derechos, constituye una flagrante violación a la posición de garante de las condiciones mínimas y básicas de la organización social y, por lo mismo, nunca podrán considerarse como un acto relacionado con el servicio. En suma, desde el punto de vista estrictamente constitucional, resulta claro que las fuerzas militares ocupan una posición de garante para el respeto de los derechos fundamentales de los colombianos. La existencia de esa posición de garante significa que el título de imputación se hace por el delito de lesa humanidad, o en general por las graves violaciones a los derechos humanos, sin importar la forma de intervención en el delito (autoría o participación), o el grado de ejecución del mismo (tentativa o consumación) o la atribución subjetiva (dolo o imprudencia). Las estructuras internas de la imputación no modifican la naturaleza del delito realizado; estas no cambian porque el interviniente (para el caso, quien omite) se limite a facilitar la comisión de un hecho principal, o porque no se alcance la consumación del hecho.” Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(26) “La posición de garante trata de dar una explicación y respuesta teórica y coherente a la cuestión de cuáles son las condiciones que deben darse para que el no impedir la entrada de un resultado sea equiparable a la causación positiva del mismo. Según la opinión que aquí será defendida, solo se puede alcanzar una solución correcta si su búsqueda se encamina directamente en la sociedad, pero esta entendida como un sistema constituido por normas, y no si la problemática toma como base conceptos enigmáticos basados en el naturalismo de otrora, pues la teoría de la posición de garante, como aquí entendida, busca solucionar solamente un problema normativo social, que tiene su fundamento en el concepto de deber jurídico.” Cf. Perdomo Torres, Jorge Fernando “La problemática de la posición de garante en los delitos de comisión por omisión”, Ed. Universidad Externado de Colombia, 2001, págs. 17 a 20. Ver igualmente: López Díaz, Claudia “Introducción a la imputación objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia; Jakobs, Günther “Derecho penal - parte general”, Ed. Marcial Pons; Roxin, Claus “Derecho penal - parte general “Fundamentos de la estructura de la teoría del delito”, Ed. Civitas.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2007, Exp. 15567, M.P. Enrique Gil Botero.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de febrero de 2000, Exp. 14787, M.P. Alier E. Hernández. Enríquez.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Exp. 14443, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(30) “Todo mandato, por eso, que pretenda obligar a una persona, en tanto que norma jurídica, tiene que reconocer a esta persona como persona. El reconocimiento del hombre como persona responsable es el presupuesto mínimo que tiene que mostrar un orden social si este no quiere forzar simplemente por su poder sino obligar en tanto que derecho. Este contenido material natural, de que hay una obligatoriedad o un deber ser trascendente a la existencia.” Welzel, Hans “Introducción a la filosofía del derecho natural y justicia material”, Ed. Aguilar, 1972, 2ª edición, pág. 252.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencias del 15 de octubre de 2008, Exp. 18586, del 13 de agosto de 2008, Exp. 17042, y del 1º de octubre de 2008, Exp. 27268.

(32) Angarita Barón, Ciro “La familia en la nueva Constitución”, Talleres Macrorregionales sobre Conciliación – Memorias, ICBF, Pág. 4 y 6.

(33) Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. - La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con las ciencias sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico...” (Gustavo Humberto Rodríguez. Presunciones. Pruebas Penales Colombianas Tomo II. Ed. Temis, Bogotá 1970 pág. 127 y ss. Quiceno Álvarez Fernando. Indicios y presunciones. Compilación y extractos. Editorial Jurídica Bolivariana. Reimpresión 2002) (destacado de la Sala).

(34) Salarios mínimos mensuales legales.

(35) El artículo 35 de la Ley 43 de 1990 consagra:

“... La Contaduría Pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos”.

(36) A 264 meses [que equivale a lo transcurrido entre el momento del hecho (sep. 6/97) a la fecha en que cumpliría 25 años de edad (sep. 7/2019)], se le resta 196 meses que ya fueron indemnizados en el lucro cesante consolidado, arrojando un total a indemnizar de 68 meses.