Sentencia 1998-03185 de septiembre 4 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001 31 03 033 1998-03185-01

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., cuatro de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «La demanda de casación

El gestor del recurso extraordinario plantea dos cargos contra la sentencia de segunda instancia, ambos por la causal primera de casación y, que, según su parecer, constituyen los errores denunciados. La censura propuesta alude a equivocaciones jurídicas (iuris in judicando) —primero de los cargos— y de hecho (facti in judicando), fundamento de la segunda acusación; una y otra denuncia evidencian la supuesta violación directa e indirecta de algunas normas del Código de Comercio y del Civil.

Los reproches propuestos serán abordados en el orden en que lo fueron por el impugnante, pero, desde ya, cumple anunciar que su estudio se reducirá a las deficiencias técnicas que acusan.

Primer cargo

1. A través de esta réplica, el impugnante arguye que el juzgador ad quem, al momento de emitir el fallo recurrido violó, de manera directa, los artículos 146 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; 1266, 1268, inciso 2º del 1269 y 1270 del Código de Comercio; así como los artículos 1272, 1546, 2155 y 2172 del Código Civil.

2. Aseguró que el tribunal desconoció el artículo 146 del EOSF (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), que contempla de manera expresa que al encargo fiduciario se le aplican, en lo pertinente, las normas que incorporadas en el Estatuto Mercantil gobiernan la fiducia y, subsidiariamente, las que regentan el mandato, concretamente, los artículos 1268 y 1269 del Código de Comercio, alusivas al deber de información que tiene el fiduciario para con el fiduciante sobre la gestión y evolución o marcha del negocio; también violó, dijo, el artículo 1270 de la misma codificación, en la medida en que no hizo operar la hipótesis allí contemplada, es decir, que si el mandante no responde las comunicaciones del mandatario, su silencio implicará aceptación y aprobación de la labor cumplida, así este último se haya apartado de las instrucciones impartidas e inclusive, aun en el evento de excederse en las mismas.

Debido a los errores citados, sostuvo el promotor del recurso, el tribunal aplicó indebidamente el artículo 1546 del Código Civil, al hacer operar la condición resolutoria por incumplimiento contractual; de igual forma ocurrió con el 2155 ibídem, que alude a la responsabilidad del mandatario quien, en desarrollo del encargo, responde hasta por la culpa leve; y, el 2172 de igual codificación, concerniente con la prohibición al delegado para colocar a interés los dineros del mandante sin la autorización pertinente, disposiciones todas ellas del Código Civil; y, por último, se apartó del texto del artículo 1266 del Código de Comercio, referente a los excesos del mandatario. Tales desaciertos desconocieron que la sociedad Fiduciaria Bogotá, S.A., sí actúo conforme a las reglas de la fiducia.

El impugnante concreta en los siguientes términos su inconformidad:

i) “El ad quem encuentra probado que la fiduciaria envió a la demandante las informaciones y cuentas a las cuales hacen referencia los artículos 1268 y 1269 del Código de Comercio.

ii) “No hay prueba de que el demandante hubiere respondido dichas comunicaciones manifestando objeciones o reparos al desarrollo del encargo” (resalta la Sala).

iii) “En consecuencia, si están aprobadas las cuentas y la gestión de la fiduciaria, es improcedente declarar el incumplimiento y fulminar las declaraciones y condenas contenidas en el fallo de instancia (...)” (la Sala hace notar).

Insiste en que si el actor no respondió a las comunicaciones de la fiduciaria, ese silencio liberaba la premisa inserta en el artículo 1270 del Código de Comercio, en el sentido de considerar aprobada la actividad cumplida por la misma, amén de entenderse que el fiduciante autorizaba la realización de las inversiones efectuadas, aun excediendo los términos pactados.

3. El opositor, por su parte, manifestó que el tribunal procedió correctamente, pues al dejar de aplicar las normas a que alude el casacionista, no hizo otra cosa que acoger la voluntad de los contratantes que, por disposición legal, prevalece, según lo prevé el artículo 4º del Código de Comercio.

Consideraciones

1. En tratándose del recurso extraordinario de casación, el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil establece varias causales para concretar, a través de ellas, la inconformidad que asiste al recurrente. La primera que incorpora la disposición citada alude a errores de juicio por parte del tribunal que funge como juez de segunda instancia. Esas equivocaciones pueden concernir con la norma evocada ya sea porque se desconozca su aplicación, se le interprete erróneamente o, lisa y llanamente, se le haga operar respecto de asuntos que no corresponda. En una cualquiera de estas hipótesis se estaría frente a un error estrictamente jurídico (error juris in judicando), cuya evaluación debe encauzarse por la vía directa de la mencionada causal y, siendo ello así, el impugnante no puede involucrar asuntos relativos con lo factual del litigio, es decir, únicamente puede cuestionarse el desconocimiento de la ley bajo las aristas atrás señaladas. También puede suceder que los errores en que se incurra refieran a la demanda, su contestación, los hechos litigados o las pruebas, evento que implicaría un equívoco de facto (error facti in judicando), ya sea por una violación estrictamente fáctica (error de hecho) o probativa (error de derecho), situaciones que autorizarían un ataque por la vía indirecta de la misma senda casacional. Y, ante uno cualquiera (sic) de dichos eventos, el impugnante, no puede involucrar una violación directa de la normatividad sustancial.

Pero sea una u otra situación la que describa el reproche formulado, le está restringido al recurrente confundir los argumentos de cada una de ellas o las mismas causales.

2. Y cuando el gestor de esta impugnación extraordinaria acudió, en el cargo objeto de análisis, a la vía directa y denunció un dislate estrictamente jurídico, se desentendió y, de manera evidente, de algunas reglas mínimas alusivas a la naturaleza y características del recurso evocado. En efecto, la descripción efectuada evidencia, en estrictez, no un desvío del fallador en lo que hace a la existencia, validez o alcance de las normas sustanciales aplicadas o dejadas de operar, sino, contrariamente, una hipotética equivocación al evaluar algunas circunstancias fácticas acaecidas con respecto a la controversia, es decir, describió un típico evento de error de hecho

Obsérvese que el casacionista apuntaló su reproche en que “El ad quem encuentra probado que la fiduciaria envió a la demandante las informaciones y cuentas a las cuales hacen referencia los artículos 1268 y 1269 del Código de Comercio” Y, a renglón seguido, afirmó: “No hay prueba de que el demandante hubiere respondido dichas comunicaciones manifestando objeciones o reparos al desarrollo del encargo” —folios 15 y 16 del cuaderno de la Corte—.

Esa situación llevó al impugnante a reclamar una consecuencia concluyente: el silencio del fiduciante “equivaldrá a aprobación”. Y, precisamente, esa es la hipótesis que contempla el artículo 1270 del Código de Comercio. Por tanto, en sentir del recurrente, si el tribunal no dio por establecido que la demandante, con su silencio (situación fáctica), validó la labor de la demandada, lisa y llanamente, comprometió su juicio de juzgador en la medida en que no sopesó, debidamente, el material probatorio a su disposición; en otros términos, el ad quem desdeñó la consecuencia que la normatividad tiene prevista para el comportamiento silente (aspecto factual) de una de las partes. En esa línea argumentativa, el opugnante, al culminar su propuesta impugnativa (parte final del primer cargo), echó de menos la siguiente deducción por parte del sentenciador: “En consecuencia, si están aprobadas las cuentas y la gestión de la fiduciaria, es improcedente declarar el incumplimiento (...)”. De lo anterior surge que, para el juez de segunda instancia, la conducta de la demandante no estructuraba el supuesto fáctico de la norma pertinente (C. Co., art. 1270); proceder que comporta un desconocimiento sobre el silencio de la fiduciante, el que, sin duda, implicaba aprobación; contrariamente, el sentenciador infirió que estaban dadas las circunstancias para deducir una desatención de las obligaciones asumidas.

De estas reflexiones se desprende que la queja, en verdad, no alude a un problema de juicio estrictamente jurídico, sino que atañe con las conclusiones del sentenciador alrededor de las pruebas recogidas en la instancia y, por ello, esa primera acusación debió encauzarse por la vía indirecta. El impugnante cuestiona al juzgador no por la aplicación o inaplicación de la norma sustancial, sino porque al evaluar la hipótesis fáctica del precepto pertinente (el silencio de la actora), lo hizo de manera equivocada, es más, no dedujo la consecuencia prevista en la norma. Esa clase de error, de configurarse, concierne con un desvío de hecho y no jurídico. Es incontestable que la discrepancia gira alrededor de los efectos de la conducta de la fiduciante y no con respecto a la forma o términos en que se aplicó la ley al asunto debatido.

Y si el aspecto reseñado fuera ventilado como un problema de pura nomenclatura, un desliz en la categorización de la senda impugnativa, encauzado por la vía pertinente, de todas maneras no podría tomar rumbo diferente, pues el actor no precisó ni individualizó las pruebas que hubiesen permitido inferir la equivocación denunciada; tampoco se observa la confrontación entre lo deducido por el tribunal y lo que los medios de persuasión conducen a concluir.

El cargo no prospera.

Segundo cargo

1. En esta oportunidad el impugnante al refutar el fallo emitido por el juzgador de segunda instancia, denuncia la violación de las mismas normas que involucró en el cargo anterior, aunque el reproche propuesto lo canalizó por la vía indirecta, argumentando la comisión de un error de hecho “manifiesto y trascendente en la apreciación de las pruebas que adelante se singularizarán”. Y, así, en la siguiente síntesis, puede referirse la trasgresión evidenciada.

“El tribunal no tiene por probado, estándolo, que el demandante aprobó la gestión y cuentas de la fiduciaria. Esta aprobación se produjo por no haber objetado los informes y cuentas que le rindió la fiduciaria”.

En cuanto a las pruebas dejadas de apreciar, el recurrente enlistó los documentos alusivos a “las rendiciones de cuentas efectuadas por la fiduciaria”, correspondientes al año 1997, verbi gratia, agosto (fl. 146), septiembre (fl. 63), octubre (fl. 70), noviembre (fl. 78), y, diciembre (fl. 83); y aquellas emitidas en el año 1998, como las de enero (fl. 203), febrero (fl. 215), marzo (fl. 222), abril (fl. 232), y, mayo (fl. 241).

Además, involucró la “relación de fecha de presentación de los informes (sic) que se anexaron al dictamen que refieren la rendición de cuentas desde junio de 1997 hasta el mes de enero 31 de 2000 (fl. 892)”.

Igualmente se dejaron de apreciar, según la acusación, las comunicaciones de junio 11 (fl. 245) y 23 (fl. 131), octubre 20 (fl. 438), noviembre 25 (fl. 436) y 26, todas de 1997 y “en las cuales el demandante efectuó claros actos de disposición respecto de las inversiones existentes, tanto en Compañía Financiera Arfin como en Leasing Capital”.

2. A partir de las apreciaciones del actor, si el fallador hubiese dado por establecido, al tener en cuenta la documental referida en precedencia, que la fiduciaria envió la información y las cuentas de que trata el encargo concertado, habría tenido por acreditado que la sociedad demandada sí cumplió con los compromisos (informar y comunicar), alusivos a aquellos pormenores o evolución de dicho convenio.

Por ahí mismo, de considerar acreditada esta última circunstancia, sostuvo, la consecuencia no podría ser diferente a aceptar que la demandante no dio respuesta a dichas misivas, lo que implicaba aceptar o tener por aprobada la gestión de la fiduciaria, así se haya separado de las instrucciones impartidas o desbordado los límites establecidos.

3. Respecto de esta acusación, la demandante, manifestó que el tribunal sí había valorado las pruebas reclamadas por el recurrente y, además, que el supuesto error no era de tal trascendencia que habilitara la casación pretendida.

Consideraciones

1. Reducida a esos precisos términos la impugnación, relucen algunas omisiones que dejan incólume la sentencia adoptada. En efecto, como se recordará, cuando el tribunal acusado desató el recurso de apelación, además de sopesar temas anejos a la autorización y deber de información de la fiduciaria (fls. 99, 104 y 105 sentencia opugnada), relacionada con las inversiones o “reflejada en las diferentes rendiciones de cuentas” (fl. 106, ib.), hizo explícita su determinación de extender el estudio del debate a la actividad de la demandada; a su ejercicio como experta en las labores que ofreció, concluyendo que debió ser, como profesional en el ramo, diligente e idónea con miras a una debida asesoría.

El juzgador de segunda instancia tuvo claro que los informes, las comunicaciones y las cuentas que a la fiduciaria le correspondía presentar a la fiduciante, representaban, sin duda, uno de los deberes u obligaciones a cargo de la misma, propias de dicha asesoría; pero, concluyó que otras actividades que también debía cumplir la sociedad administradora, hacían parte de esa amalgama de compromisos a su cargo, como la de averiguar o constatar en el mercado sobre las ventajas de realizar las inversiones que llevó a término; así mismo auscultar la fortaleza financiera o solvencia de aquellas entidades en las que agotaría su labor de inversora; si en el círculo de empresas o asesoras similares y, en fin, si en el mercado existían anuncios o indicios de dificultades que pusieran en riesgo los dineros depositados, labores todas que debió cumplir con máxima diligencia y cuidado.

Así quedó reseñada dicha percepción en la determinación acusada:

i) “(...) con independencia de la discusión que se suscitó en torno al deber de información, es innegable el cumplimiento defectuoso de las obligaciones a su cargo, particularmente las de evaluación de las perspectivas de rentabilidad para determinar la conveniencia, pues no indagó concienzudamente la real situación económica de las mentadas sociedades, —que según sus balances para esa data ya presentaba dificultades- sin que hubiera acreditado que (sic) análisis realizó, a fin de establecer, conforme lo estipulado, la conveniencia financiera de tal alternativa de inversión, por sobre otras, como sería la de los fondos comunes ordinarios” (fl. 105, cdno. del tribunal —la Sala hace notar—).

ii) “no le bastaba analizar que tanto Leasing Capital S.A. como la Financiera Arfin S.A., eran compañías en estado de liquidez, sino que era menester verificar su solidez y respaldo y, además, si se estaba presentando algún tipo de alarma en el mercado, por detrimentos o pérdidas capaces de provocar su intervención (...) como efectivamente ocurrió a corto plazo (...)” Y, continúo:

iii) “(...) toda vez que fue la falta a ese puntual deber de asesoría, la que derivó en el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones (...) en últimas no empleó el máximo de diligencia y cuidado que se predican de un buen profesional en ese ramo (...)”.

No hay duda que para el juez de segunda instancia los informes y cuentas de la gestión encomendada son diferentes a la idoneidad de la labor a su cargo y, como quedó explicitado, para el fallador, este compromiso no fue cumplido en los términos que correspondía.

Sin embargo, reflexiones semejantes no fueron objeto de ataque por el casacionista; pasó por alto que la sentencia debe ser cuestionada de manera plena, íntegra; no pueden quedar desprovistos de confutación asuntos que constituyen basamento de la decisión adoptada, pues, bajo tal circunstancia, continúan sirviendo de soporte a la misma y, por ende, la arremetida deviene incompleta e imprecisa (CPC, art. 374).

En esa dirección aparecen libres de cuestionamiento inferencias del ad quem, sobre que la demandada no había obrado de manera diligente en la inversión realizada; que no agotó “concienzudamente” la indagación sobre “la real situación económica”, de las sociedades Leasing Capital S.A., y Financiera Arfin S.A., que le permitiera constatar o cerciorarse de manifestaciones de alarma sobre el desempeño de las mismas o una eventual intervención como así aconteció. El gestor de la impugnación extraordinaria redujo su reproche a las consecuencias del artículo 1270 del Código de Comercio, empero, dicha disposición contempla solo uno de los argumentos expuestos por el tribunal, es decir, lo relacionado con las cuentas, los informes o comunicaciones que el fiduciario debe rendir al fiduciante sobre las inversiones, además, la consecuencia del silencio de este último; empero, dado el tenor de su texto, no puede considerarse incluido en él lo concerniente con la idoneidad de la gestión, el profesionalismo con que debió actuar la encargada y, que, precisamente, el sentenciador reivindicó como ausente en la gestión de la sociedad demandada, luego, en esa dirección, tales reflexiones que sirvieron de soporte al fallo quedaron huérfanas de ataque.

3. Agrégase a lo anterior que de aceptarse los argumentos del impugnante, en cuanto que el silencio de la actora frente a las comunicaciones o información de la fiduciaria, tanto con respecto a las inversiones como a la labor cumplida, indicaban aceptación o aprobación de unas y otras, la decisión del fallador, de todas maneras, no hubiese variado. No debe olvidarse que el tribunal al definir el conflicto en segunda instancia apalancó su decisión no solo y de manera exclusiva, en la información o cuentas sobre las inversiones efectuadas (en gracia de discusión, aprobadas por la actora por razón de su silencio), sino, también, en la deficiente labor de averiguación sobre la solidez y confianza de las dos sociedades receptoras de los dineros entregados, así como en la poca diligencia para detectar las alarmas del mercado ante una intervención de las mismas, amén de haber menospreciado una situación indefensable como era que para la época de las inversiones, las sociedades Leasing Capital S.A., y Financiera Arfin S.A., ya presentaba dificultades financieras, lo que se tradujo en una inidónea asesoría. Y si la sentencia estableció diferencias entre las cuentas e informes y la debida asesoría, no obstante ser ambas obligaciones de la fiduciaria, una u otra, según las circunstancias, servirían de pábulo a la declaratoria de incumplimiento, por tanto, eliminado uno de tales argumentos, que en el caso presente sería el relacionado con las cuentas e informes, el otro, es decir, la indebida asesoría, con la suficiencia debida, mantendría en pie el fallo y, en ese contexto, resplandecería la intrascendencia de la acusación con miras a derruir la sentencia.

Corolario de lo expuesto, el cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA, la sentencia de 11 de febrero de 2011, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Condénase al demandante recurrente al pago de las costas procesales causadas en el recurso extraordinario. Conforme lo previene la Ley 1395 de 2010, para tales efectos, inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma de $ 6.000.000 M/cte. Liquídense.

Cópiese, notifíquese y en su oportunidad devuélvase al tribunal de origen».