Sentencia 1998-03416/44987 de noviembre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 05001-23-31-000-1998-03416-01(44987)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Referencia: Medio de control de reparación directa

Actor: Esmeraldo Antonio Marín Marín y otros.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Bogotá, D.C., treinta de noviembre del dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Jurisdicción y competencia.

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de la demandada(2).

La Sala es competente para resolver la apelación en razón a la vocación de doble instancia del asunto, determinada por su cuantía, por cuanto de acuerdo con la estimación realizada en la demanda las pretensiones superan ampliamente los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes(3).

1.2. Acción procedente.

En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios es la de reparación directa tal como fue promovida por las demandantes.

1.3. Legitimación y extremos de la litis. 

El legítimo interés de los actores, que los habilita para comparecer en esa calidad a la actuación, deviene de su alegada calidad de afectados con el desplazamiento forzado del que afirman haber sido víctimas. En cuanto al señor Ivaniel de Jesús Muñoz, quien compareció a través de agente oficioso, el a quo, mediante auto de 9 de diciembre de 2004 (fl. 93, cdno. 1) declaró terminado el proceso respecto de dicho demandante, por cuanto su agente no prestó la caución ordenada, ni el agenciado ratificó la actuación de la abogada dentro de los dos meses siguientes. Dicha providencia quedó en firme por cuanto no fue objeto de recursos. El mandato otorgado por el referido actor solo se allegó al proceso una vez proferida dicha providencia (fl. 97, cdno. 1) a nombre de abogado distinto al que promovió la demanda en calidad de agente oficioso, sin que hubiera ratificado la actuación de este último. Así las cosas, la participación del referido accionante como parte dentro de la litis quedó definida en el curso de la primera instancia a través de la mencionada providencia, respecto de la cual guardó silencio el señor Ivaniel de Jesús Muñoz, por lo que no podrá reformarse tal aspecto del procedimiento en esta instancia como lo pretende la parte recurrente.

Frente a la parte pasiva la Sala encuentra que la actora le atribuye responsabilidad a la entidad accionada por presuntas fallas y conductas que la legitiman para acudir como extremo pasivo de la litis. Cosa distinta es el juicio de imputación de responsabilidad que se adelantará al analizar el fondo de la controversia.

1.4. La caducidad de la acción.

En cuanto a las pretensiones que se ventilan a través de la acción de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que esta debe promoverse en un término máximo de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente).

En el sub lite se pretende endilgar responsabilidad a la demandada por hechos ocurridos el 31 de octubre de 2006, al tiempo que la demanda se promovió el 30 de octubre de 2008 (fl. 55, cdno. 1), dentro de los dos años siguientes, por lo que se impone concluir que lo fue dentro del término legal y, en consecuencia, no operó la caducidad de la acción, sin que sean necesarias otras precisiones respecto de los criterios de favorabilidad jurisprudencialmente adoptados para contabilizar el término de caducidad de las acciones promovidas por quienes han sido víctimas de desplazamiento forzado(4).

2. Problema jurídico.

Para definir la controversia y como quiera que sobre ello discurre el recurso que debe decidirse, analizará la Sala si es posible imputarle responsabilidad al Estado por razón del hecho de un tercero y bajo qué circunstancias, para establecer, de acuerdo con las evidencias aportadas y las particularidades del asunto, si debe mantenerse la decisión impugnada, desfavorable al impugnante o si es preciso revocarla como lo pretende dicho extremo de la litis.

3. Análisis probatorio.

Los medios de prueba recaudados dan cuenta de los siguientes hechos relevantes para la decisión del caso:

3.1. El 11 de noviembre de 1997, un abogado de la Oficina de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental de Antioquia hizo constar que la señora Elvia Rosa Silva Agudelo se presentó en las instalaciones de la entidad como desplazada del municipio de San Roque “situación que se verifica con: la Alcaldía municipal de San Roque tiene conocimiento de lo sucedido en el Gcto de Táchira desplazado junto con su esposo Esmerlado A Marín (…) y sus hijos Julian (sic) Santiago, Edinson Arley, Eliana y Maribel (fl. 4, cdno. 1).

3.2. El coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental de Córdoba dio fe de la denuncia presentada por el señor Esmeraldo Antonio Marín Marín, agricultor, quien adujo que fue amenazado muerte, le fue incinerada su casa y le ordenaron desocupar la en 10 minutos, razón por la cual se desplazó junto a su cónyuge y sus hijos Julián Santiago, Edison, Zulemy Eliana y Maribel Marín Silva. Dice el documento que: “la anterior información Sí se pudo verificar con autoridades del pueblo concretamente con la Personería Municipal, obra copia de certificación” (fl. 6, cdno. 1).

3.3. En informe de 27 de mayo de 1997 (fl. 150, cdno. 1), la Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, rindió informe sobre unos hechos ocurridos en el municipio de San Roque el 13 de julio de 1996, cuando hombres armados “luego de reunir a la población civil procedieron a ejecutar a seis campesinos residente en el sitio bajo la acusación de ser auxiliadores de la guerrilla”, con el fin de establecer la posible participación de servidores públicos en los hechos. Dice el documento:

“Análisis probatorio y recomendaciones

En razón a que las afirmaciones de algunos pobladores del Corregimiento de Providencia que “un sargento de la base de Sofía estuvo en la masacre” (fl. 5, C. O), hecha al suscrito funcionario el día de la inspección al corregimiento, así como que ese mismo suboficial elaboró una lista de personas con sus números de cédula, enfatizando que hubo amenazas por parte de personal del Ejército contra la población civil. Se intentó verificar tal situación sin que fuera posible clarificarla y quedamos solo, quienes acudimos a investigar, como testigos de oídas, ya que las personas residentes en la población se negaron a declarar por temor a represalias.

Efectivamente en el sitio “La Sofía”, había una base del ejército Colombiano, para el día 13 de julio de 1996, comandada por el S.S. Morales Isaza Luis Eduardo (fl. 73, c.o insitop Batallón Barbula) y curiosamente fue relevado el día posterior a la masacre por el SS Delanoy Martínez José (fl. 77 y 79, c.o.). Sin embargo no existe en el momento prueba alguna que implique a alguno de los suboficiales con la comisión de los hechos.

Es de señalar que el día 18 de julio de 1996, el suscrito Coordinador Seccional rindió un primer informe evaluativo sobre las presentes diligencias, obrante a folio 42 y s.s. del c.o., en el cual se sugería realizar una serie de pruebas, mismas que fueron evacuadas oportunamente por esta Seccional, sin que permitan avanzar más en la investigación ante la nula colaboración de las personas habitantes del corregimiento “Providencia”.

Sugerimos, salvo mejor criterio de la señora Procuradora, darle aplicación al artículo 54 de la Ley 200 de 1995 y proceder al archivo de las presentes diligencias, por que (sic) de ellas no se han desprendido la participación de servidores públicos en la comisión de los hechos materia de investigación.

Con fundamento en el referido informe se produjo el auto No. 00066 de 26 de febrero de 2008, por medio del cual la Procuraduría Departamental de Antioquia se abstuvo de abrir investigación disciplinaria, por considerar que: “no se halló prueba que permitiera establecer la responsabilidad de funcionario público alguno en los hechos materia de la investigación”.

3.4. El 1º de febrero de 1998, el personero municipal de San Roque (fl. 5, c. 1) hizo constar que:

“[L]os señores Esmeraldo Marín Marín, Elvia Silva Agudelo, Julián Santiago Marín Silva, Edison Arley Marín Silva, Eliana Marín Silva, Maribel Marín Silva, fueron desplazados en el mes de octubre de 1996 de la vereda La Alegría del municipio de San Roque, por grupo que operan al margen de la ley. Dicho desplazamiento consistió en la visita que hizo un grupo al margen de la ley a la finca de propiedad de la familiar Marín Silva, a la cual le prendieron fuego, luego de intimidar a los moradores y amenazarlos conque (sic) debían abandonar la región”.

3.5. El 21 de noviembre de 2008 (fl. 197, cdno. 1), el comandante de la Estación de Policía de San Roque remitió las actas del Comité de Vigilancia adelantado en el municipio en el año 1996 con presencia del alcalde municipal, del secretario de Gobierno, el personero municipal, el inspector de Policía, el comandante de la Base Militar y el comandante de la Estación de Policía. En una de ellas, fechada de 8 de agosto de 1996, se señala que no se presentaron homicidios ni lesiones personales a los habitantes de la zona en un período de dos semanas.

Las actas señalan planes de acción de control a entidades bancarias, zonas comerciales, requisas en establecimientos públicos y en las zonas periféricas del municipio, que para ello se cuenta con 0-1-6 unidades; sin embargo, no hacen mención a actos violentos ocurridos en la zona.

Mencionan las siguientes directrices con el fin de hacer frente a la situación de inseguridad en el municipio: “Requiza (sic) constante a los diferentes establecimientos públicos. Requiza (sic) a personas extrañas en el municipio. Retenes en las diferentes salidas del municipio. (…) El comité de vigilancia es con el fin de analizar los sitios más afectados y las soluciones más adecuadas para erradicar el problema del lugar (…) la ciudadanía se siente segura y respaldada por los diferentes planes y actividades realizadas por el personal que labora en esta estación”.

3.6. El 18 de enero de 2010 (fl. 231, c. 1), el señor Esmerlado Antonio Marín Marín invocó su condición de desplazado ante la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, con el fin de solicitar ayuda humanitaria. Indicó:

“Soy desplazado del municipio de San Roque Antioquia vereda El Táchira desde el año 1996, vivo con mi esposa Elvia Rosa Silva Agudelo y cuatro hijos, en el momento vivo en el barrio San José El Pinal [municipio de Bello] (…) no tengo con qué vivir y es por lo que pido ayuda en arriendo, mercado y proyecto productivo”.

3.7. En respuesta a la comunicación referida en el numeral anterior (fl. 233, c. 1), el subdirector técnico de Atención a la Población Desplazada respondió mediante documento radicado bajo el número 20103461840351. En este reconoció que: verificado el registro de población desplazada —RUPD—, constatamos que usted se encuentra INCLUIDO desde el 20 de octubre de 1996, siendo el jefe de Hogar del núcleo familiar registrado”. Con todo, negó la ayuda humanitaria solicitada por cuanto “hemos evidenciado que usted figura en el sistema de salud, dentro del Régimen Contributivo como beneficiario, activo desde el 3 de septiembre de 2008 (…) lo que indica que usted está percibiendo un salario no menor al mínimo establecido (…) por medio de una fuente de ingresos autónoma que garantiza su mínimo vital”.

No obstante, se verifica que el documento solo contiene la antefirma del referido subdirector, pero no está suscrito por él.

3.8. Se allegó copia íntegra del libro de población del año 1996, acompañado de un oficio del comandante de la Estación de Policía de San Roque, en el que se lee:

“Muy comedidamente y en respuesta al asunto de la referencia me permito enviar a ese despacho copia de los libros llevados por esta unidad policial para el año de 1996 específicamente los registros realizados durante todo el mes de octubre.

Se procedió a verificar el libro de población en el cual se registran todos los casos atendidos o informados a esta unidad policial en donde no se hayo (sic) registro alguno de los hechos denunciados, de igual manera se verifico (sic) el libro de Poligramas llegados en el cual se plasmaba con puño y letra las informaciones llegadas o requerimientos realizados por el Comando Del Departamento desde la ciudad de Medellín en donde tampoco existe antecedente alguno de dichos hechos.

De igual manera se verifico (sic) en todos los demás libros que tienen algún registro existente del mes de octubre de 1996 donde se no hayo (sic) traza de los hechos que se investigan para constancia anexo las copias de los libros con un total de 221 copias”.

Verificado el contenido de las anotaciones en los referidos libros se encontró la siguiente información sobre hechos violentos ocurridos en el ente territorial en el mes de octubre de 2006, así como algunos radiogramas de la época que revelan la situación de orden público:

FechaDescripciónc.2 folio
16/10/96Posible toma. Un ciudadano informa de la presencia de 80 hombres y mujeres que tienen preparado un ataque al corregimiento de Vegachi.3
20/10/96Se practicó el levantamiento del occiso Gustavo Tobón de 28 años, que fue encontrado muerto en la vía con un impacto de bala.4
30/10/96Levantamiento de cadáver de N.N. con 3 impactos de arma de fuego (se desconoce móvil).5
2/11/96Levantamiento de cadáver de N.N. de 28 años se (sic) sexo femenino, con 2 impactos de arma de fuego en la cabeza (se desconoce móvil).5
Sin infoLevantamiento de cadáveres de Juan de Dios Valderrama y de un indocumentado con impactos de arma de fuego en la cabeza.7
30/09/96Mauricio Antonio Cataño fue secuestrado en un retén ilegal.7
8/09/96Asesinado el señor Gabriel Gustavo López Gómez de 29 años de edad, con tres impactos de bala en la cabeza. Móvil y autor desconocidos8
8/10/96Asesinado el señor Orlando de Jesús Sánchez con impacto de bala en diferentes partes del cuerpo. Junto a su cadáver se dejó un letrero “yo era de confianza de Juan Pablo me mandaron a buscar paracos y perdí el año”.8
10/10/96Levantamiento de cadáver de Ramiro Marín Avendaño, 28 años, dos impactos de bala en la cabeza. Móviles y sindicados de desconocen.9
12/10/96Combate entre subversivos del ELN con personal de la XIV Brigada. 4 guerrilleros muertos. Incautación de armamento y material de intendencia9
21/10/96Un ciudadano informa que frente al cementerio encontró una persona asesinada con dos impactos de bala en la cabeza10
22/10/96Levantamiento de cadáver de Reimerio Pulgarín, con 3 impactos de arma de fuego en la cabeza. Móvil y sindicatos desconocidos.11
2/10/96Radiograma recibido en la estación de policía: “Ante los continuos homicidios que se vienen presentando en las zonas urbanas y la poca actividad desplegada por la policía nos lleva a pensar que no están cumpliendo cabalmente con nuestra misión, lo que da a pensar que existe una omisión manifiesta. Este comando aprecia que ningún funcionario policial se vea involucrado en investigaciones que vean afectada su integridad personal e institucional.13
11/10/96Radiograma: Se ha venido observando gasto innecesario de munición en las reacciones sin que hayan resultados, llegando al extremo que en respuesta a hostigamientos gastan más munición que en los ataques de la subversión durante toda la noche.39
12/10/96Radiograma: información sobre posible ataque de milicias bolivarianas en el Valle de Aburrá - zona céntrica de Medellín.42
13/10/96Radiograma: nuestras familias nos necesitan. La mejor manera de vivir bien es tomar conciencia de la situación de orden público del país. Tomar medidas de seguridad. No confiar en personas extrañas.44

4. Análisis de la Sala.

En primer lugar, es preciso destacar que sí es posible que se configure la responsabilidad del Estado en aquellos eventos en que el daño lo ha causado un tercero, casos en los que aquello que permite atribuirle responsabilidad es el incumplimiento de sus deberes funcionales; esto es, aunque no exista una conducta activa de la administración, es viable plantear el juicio de imputación jurídica en razón de una omisión.

Así, en relación con la responsabilidad del Estado por los daños derivados de la ejecución de hechos punibles a cargo de personas al margen de la ley, la jurisprudencia de esta jurisdicción ha señalado que aunque el deber de protección de los asociados a cargo del Estado no constituye una carga absoluta que le imponga prevenir cualquier hecho delictivo, sí está llamado a responder cuando ha incumplido el ejercicio de sus competencias específicas en ese ámbito(5).

En efecto, se ha aceptado que en aquellos casos en que el administrado ha solicitado de manera expresa la adopción de medidas de protección y estas han sido desatendidas, se compromete la responsabilidad del Estado cuando se materializa la amenaza o riesgo puestos de presente por el administrado, con fundamento en el desconocimiento del ámbito obligacional a cargo de la administración, que debe analizarse en cada caso particular con el fin de establecer (i) si le imponía determinada conducta positiva o negativa a la demandada y (ii) si esta omitió ejecutarla.

Bajo ese supuesto, se ha encontrado configurada la responsabilidad de la administración en aquellos eventos en que, pese a que el afectado ha promovido expresas solicitudes de protección, estas han sido retardadas, omitidas o adoptadas en forma insuficiente.

También se ha aceptado que existen eventos en que los riesgos para determinados sujetos resultan previsibles para las autoridades, aún en ausencia de solicitud expresa del interesado, casos en los que solo resulta necesario acreditar que por cualquier vía la administración tenía conocimiento de la situación de riesgo, no obstante lo cual se mantuvo indiferente pese a sus acreditadas posibilidades de prevenirla o precaverla. Ello opera en aquellos casos en que aún sin que se haya elevado una solicitud expresa de protección, se demuestra que las autoridades tenían conocimiento de la situación de peligro, por ejemplo, en aquellos en que el contexto de violencia hace palmario el conocimiento del nivel de peligro para los ciudadanos, pese a lo cual las fuerzas del Estado no actúan.

Reitera la Sala que la responsabilidad del Estado en este tipo de eventos no surge de manera automática ni a título de una garantía omnímoda de los derechos de los asociados, sino que se configura como un tipo de responsabilidad por omisión frente al incumplimiento de competencias precisas y preexistentes en materia de protección y seguridad, que solo puede predicarse en la medida en que se acredite que el riesgo era conocido y existían posibilidades razonables de impedir su materialización. Tal ha sido la línea trazada al respecto por la Corporación, en consonancia con el entendimiento que sobre el particular se ha aceptado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos(6):

“[P]ara la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía”.

En el sub lite, aunque no se demostraron las precisas circunstancias en las que ocurrió el ataque contra el grupo familiar demandante, las informaciones rendidas por la Personería Municipal y la Procuraduría dan cuenta de la veracidad de la ocurrencia de unos hechos en los que, luego de la destrucción de su vivienda, algunos de los actores debieron abandonar el municipio de San Roque. En efecto, está acreditado que Esmeraldo Marín Marín, Elvia Silva Agudelo, Julián Santiago Marín Silva, Edison Arley Marín Silva, Zulemy Eliana Marín Silva y Maribel Marín Silva fueron víctimas de desplazamiento forzado. Así lo hizo constar el Ministerio Público y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que dio cuenta de la inclusión del núcleo familiar demandante en el registro único de población desplazada.

Para la Sala resulta suficiente demostración de la condición de desplazados(7) la inscripción en el registro único previsto para tal fin, pues estaba en manos de la autoridades la aplicación del Decreto 2569 del 2000 que prevé los criterios de evaluación de las declaraciones que sobre esa situación realicen los ciudadanos. En efecto, la norma impone que la inscripción no tenga lugar cuando existan fundadas y objetivas razones para concluir que no se presentan las condiciones para que una persona pueda considerarse en esa condición de debilidad.

Ahora, aunque no se allegó prueba de solicitudes expresas de protección por parte de dicha familia ante los organismos de seguridad del Estado, las evidencias aportadas revelan el especial contexto de violencia que para la época determinó la presencia de paramilitares en el municipio de San Roque. Tal como lo manifestaron los accionantes, se acreditaron una serie de homicidios sistemáticos de ciudadanos que fueron ejecutados en la zona, secuestros y enfrentamientos armados que permiten tener por ciertos los hechos de la demanda relativos a la existencia de una situación de grave conflicto que amenazó en forma general a todos quienes habitaban la región.

En efecto, no fueron menores ni aislados los graves hechos de violencia registrados en la zona, según quedaron acreditados procesalmente mediante el libro de la Policía Nacional, conforme se pormenorizaron en la tabla que antecede.

Así las cosas, bajo esas especiales condiciones de contexto, no es viable exigir de las víctimas la denuncia de una situación que era palmaria para las autoridades, por lo que el acto violento que los afectó sí resultaba previsible en las condiciones de violencia ya referidas.

La Sala no duda que en razón de la gravísima situación de orden público que afrontaba el municipio de San Roque —pues según está demostrado resultaron ajusticiadas ocho personas y secuestrada otra más en un lapso inferior a un mes, tal como lo revelan las informaciones contenidas en el libro de población de la Policía Nacional—, un ataque contra la población civil podía resultar altamente previsible para las autoridades.

En efecto, bajo las condiciones contextuales de violencia que afrontaba el municipio de San Roque para el año 1996, que determinaron —entre otros muchos lamentables hechos— el desplazamiento forzado del grupo familiar actor, era previsible para las autoridades que se presentaran hechos violentos en contra de la ciudadanía. Por su parte, imponerles a los inermes ciudadanos el deber de denunciar y solicitar de forma expresa la intervención estatal ante tan patentes hechos, conlleva la imposición de una carga desproporcionada, en tanto semejante actuación lo expondría a la eventual retaliación de estas organizaciones. Las denuncias, en esas condiciones, resultarían además innecesarias, cuando el accionar delictivo es notorio y, por ende, de público conocimiento.

Para la Sala es claro que el accionar de grupos armados irregulares en el contexto del conflicto armado se ha constituido en una situación que desborda las posibilidades reales de control y prevención estatal, lo que aparece evidenciado por la prolongada duración del mismo y la necesidad de acudir a las vías de la negociación con dichos actores con el fin de obtener su desarme y reincorporación a la vida civil, ante la imposibilidad de controlar su accionar por la vía armada. En tales condiciones, para que pueda responsabilizarse al Estado por las consecuencias lesivas del actuar criminal de dichas organizaciones resulta indispensable que aparezcan acreditados los elementos que permitan la imputación de dichos daños a los entes públicos demandados, sin que pueda imponerse una reparación únicamente fundada en criterios de solidaridad.

Al respecto se encuentra que, pese a la verificación de las referidas condiciones de violencia que se desarrollaban en San Roque, las autoridades militares se mantuvieron indiferentes. No resulta comprensible cómo en el comité de vigilancia adelantado en la zona no se hizo mención a ninguno de los aberrantes casos de violaciones a los derechos humanos acreditados en este proceso. Por el contrario, se limitan las actas a referir medidas meramente policivas como la requisa a personas y establecimientos, pero sin mención alguna a la evidente presencia de paramilitares armados en la zona, menos aún a acciones concretas para combatirlos.

Nótese que los aludidos comités de vigilancia eran adelantados con presencia del comandante de la Base Militar acantonada en el municipio, quien omitió hacer mención a los execrables hechos y, por ende, también se omitió un análisis real de la situación, así como de las posibles soluciones y medidas para contrarrestar el actuar criminal. Ello revela un panorama de abstención estatal respecto de sus deberes en materia de preservación pues ante el combate y control de organizaciones armadas paralelas a las estatales correspondía a las fuerzas militares en aras de la preservación del régimen constitucional(8) y, de contera, de la defensa de los ciudadanos frente a la grave situación de orden público que debieron afrontar producto del conflicto armado interno.

Tratándose de casos de graves violaciones a los derechos humanos, la Sala ha moderado los estándares probatorios en procura de garantizar a las víctimas sus derechos sustanciales, para hacerlos más flexibles en procura de los derechos de las víctimas, ello conlleva la obligación de no limitar el alcance demostrativo de los medios de prueba y de realizar hondos esfuerzos para la apreciación de la prueba indirecta(9):

“Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia.

Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá́ acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas.

Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios. (...)”.

La conducta estatal en los mencionados comités, que corresponden a la única acción estatal acreditada en el plenario, es conclusiva de que las autoridades militares fueron pasivas y permisivas respecto de la presencia de grupos de autodefensas en el casco urbano de San Roque, probado como está el impune accionar criminal de estos grupos en dicha jurisdicción, así como la ausencia de medidas concretas y plausibles para combatirlos.

Así, aunque ninguna prueba se allegó de la participación directa de agentes del Estado en las amenazas y accionar violento en contra del núcleo familiar actor, ni del hecho alegado en la demanda según el cual miembros del Ejército se acantonaron en predio aledaño al de los actores, sí hay evidencia contextual de la situación de violencia que para la época se afrontaba y que fue determinante en el desplazamiento forzado de los accionantes al ser tildados de auxiliadores de la guerrilla, sin que existiera un plan de acción estatal para proteger a los inermes ciudadanos que habitaban la zona, entre ellos quienes integran el grupo familiar actor. Luego del ataque en el que su vivienda fue incinerada, tampoco se tomaron medidas para protegerlos, por lo que se vieron forzados a abandonar su arraigo en procura de sus vidas.

En tales condiciones probatorias, se impone revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, declarar la responsabilidad administrativa de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

5. Indemnización de perjuicios.

Para la Sala es evidente que debe indemnizárseles el daño moral padecido a quienes probaron haber sido desplazados, en razón de la evidente situación de vulnerabilidad y desarraigo al que la necesidad de abandonar su lugar habitual de residencia les determinó(10).

En efecto, el desplazamiento genera a quien lo sufre una pérdida de sus condiciones de vida, de sus costumbres, su identidad, su entorno social, familiar y laboral, situación de extrema gravedad que ha de determinar, sin duda, una afectación emocional compatible con la definición de daño moral que la jurisprudencia de esta jurisdicción ha estructurado y que deviene en la afectación de diversas garantías fundamentales constitucionalmente amparadas.

Así lo ha señalado la corporación al indicar que(11):

“[C]onstituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional”.

Bajo esas condiciones, aunque no se aportó alguna evidencia de esa afectación moral de los actores, la Sala estima justo y equitativo reconocerles una indemnización por tal concepto, a quienes probaron dicha afectación esto es, a los señores: Esmeraldo Marín Marín, Elvia Silva Agudelo, Julián Santiago Marín Silva, Edison Arley Marín Silva, Zulemy Eliana Marín Silva y Maribel Marín Silva. Se negará a los demás actores, quienes no probaron tal padecimiento.

Ahora, aunque no es posible cuantificar en dinero dicha afectación, deberán ser indemnizados con una cifra que a título simbólico represente una compensación de dicho padecimiento. Para ello se tendrá en cuenta que en casos similares se ha tasado en cuantía equivalente a cien (100) salarios mínimos para cada afectado(12), bajo el entendido de que dicha grave situación causa daños en el más alto nivel a quien los padece, por lo que se encuentra justo y equitativo reconocer el máximo que en condiciones generales se reconoce por tal concepto.

En cuanto a los perjuicios materiales, se demostró, mediante dictamen pericial en el cual se analizó la casa de habitación de los actores, se concluyó que las reparaciones de los daños padecidos por este ascenderían cuando menos a la suma de $ 16.969.226, como fundamento de lo cual se allegó un presupuesto estimado y detallado (fl., 179, cdno. 1) en el que se resalta cada ítem a intervenir, el valor unitario y las cantidades de obra requeridas. Frente a dichas conclusiones guardaron silencio las partes, por lo que la Sala las acoge para efectos de establecer el valor del daño emergente sufrido por el grupo familiar actor. De dicha suma se reconocerá el 50% a cada uno de los jefes del hogar afectado, esto es, $ 8.484.613.

En cuanto al lucro cesante se tiene que los demandantes, como obligada consecuencia de su desplazamiento, se vieron forzados a abandonar toda actividad económica en San Roque. La Sala desestima el dictamen pericial en tanto calculó la imposibilidad de laborar de los actores en forma permanente, esto es, hasta su vida probable, esto por cuanto nada obsta para que, pese a su situación de vulnerabilidad, recobraran las posibilidades de laborar en su nuevo domicilio.

En efecto, sin que se desconozcan las dificultades propias del desplazamiento, los actores tenían la carga de sobreponerse a los efectos lesivos del daño, lo que la Sala ha estimado debe ocurrir en un término prudencial de seis (6) meses(13). A título de lucro cesante se reconocerá la dejado de percibir por los dos jefes del hogar, en el equivalente a un salario mínimo mensual para cada uno, adicionado en un 25% correspondiente al factor prestacional, que se presume es la suma que, cuando menos, devenga cada persona para garantizar su sustento. Dicho cálculo tendrá lugar con fundamento en el salario mínimo legal mensual vigente, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo de dichas sumas.

Entonces:

$737.717 * 1.25 = $ 922.146,25 * 6 = $ 5.532.877

Se reconocerá dicha suma a favor de cada uno los jefes del hogar afectado.

6. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección B—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia de 24 de noviembre de 2011, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala de Descongestión - Subsección de Reparación Directa, negó las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:

1. DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, del desplazamiento forzado del que fueron víctimas los señores: Esmeraldo Marín Marín, Elvia Silva Agudelo, Julián Santiago Marín Silva, Edison Arley Marín Silva, Zulemy Eliana Marín Silva y Maribel Marín Silva.

2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a los señores Esmeraldo Marín Marín, Elvia Silva Agudelo, Julián Santiago Marín Silva, Edison Arley Marín Silva, Zulemy Eliana Marín Silva y Maribel Marín Silva, el equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno, como indemnización por el daño moral que padecieron.

3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a los señores Esmeraldo Marín Marín, Elvia Silva Agudelo, la suma de ocho millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos trece pesos ($ 8.484.613). como indemnización por daño emergente, para cada uno.

4. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a los señores Esmeraldo Marín Marín, Elvia Silva Agudelo, la suma de cinco millones quinientos treinta y dos mil ochocientos setenta y siete pesos ($ 5.532.877), como indemnización por lucro cesante, para cada uno.

5. La sentencia se cumplirá en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. Sin costas.

8. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Código Contencioso Administrativo, artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley.

3 El daño emergente lo estimaron los actores en $ 298.116.000, el lucro cesante en la suma de $ 459.154.080 y el daño moral en cuantía equivalente a $ 193.211.980 (fls. 53 y 54, cdno. 1). El recurso de apelación fue promovido el 16 de diciembre de 2011 (fl. 286, cdno. ppal.).

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 9 de septiembre de 2015, exp. 35574, M.P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 8 de junio de 2017, exp. 58822, M.P. Martha Nubia Velázquez Rico. En la última de las citadas providencias se sostuvo: “en los casos en los que se alega un daño por desplazamiento forzado, por ser un daño continuado, el término de caducidad debe contabilizarse desde la cesación del daño, esto es, cuando se verifique que se dan todas las condiciones de seguridad para que las personas desplazadas retornen al lugar de origen”.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 26 de junio de 2014, exp. 26029. M.P. Danilo Rojas Betancourth.

6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la masacre de Pueblo Bello v.s. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 123.

7 Desplazado, según el artículo 1º de la Ley 387 de 1997, es “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”.

8 Constitución Política de Colombia. “ART. 217.—La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

10 Se insiste en que esa condición de desplazamiento quedó acreditada conforme a la inscripción en el registro único de desplazados, evidencia que no fue desvirtuada ni controvertida dentro del proceso.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de enero de 2006, Radicación 25000232600020010021301 (AG), M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de octubre de 2015, exp. 35197, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

13 En efecto, está probado que a los demandantes se les negó la ayuda humanitaria solicitada, precisamente porque se verificó que ya habían recobrado la posibilidad de proveerse su propio sustento.