Sentencia 1998-03478 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Exp.: 050012331000199803478 01

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Rad. Interna 27.450

Demandante: Blanca Nelly Vanegas Aguilar y otros

Demandado: Municipio de Bello

Proceso: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a su consideración, a través del siguiente derrotero: 1) competencia de la Sala, 2) los hechos probados, 3) valoración probatoria y conclusiones, y 4) condena en costas.

1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, comoquiera que la pretensión mayor, individualmente considerada ($29.513.780)(1), supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1998 tuviera esa vocación, esto es, $18.850.000.

2. Los hechos probados.

Del acervo probatorio allegado al expediente, se destacan los siguientes aspectos:

2.1. Resultado del TAC de cráneo simple realizado al niño Sergio Herrera Vanegas, del 30 de abril de 1998, en el que se consignó:

“HALLAZGOS:

Hay hemorragia subaracnoidea con hiperdensidad de la línea interhemisférica. Hay múltiples perdigones metálicos principalmente en la región interhemisférica frontal. Hay otro que produce destellos en la región temporal muy cerca al diploe.

En este estudio se observa colección extra-axial muy posiblemente epidural frontal de alta derecha que produce efecto de masa sobre los giros adyacentes. Adicionalmente hay un foco hemorrágico en el lóbulo frontal derecho por delante del cuerno frontal que también se rodea de edema periférico.

Hay cambios por encefalomacia frontal izquierda cerca del área de craneotomía.

Hay levantamiento de la bóveda craneana fronto - temporal derecha y hay edema de tejidos blandos fronto - temporales derechos en vía de resolución.

Comparativamente con el estudio de 26 de marzo de 1998 prácticamente no hay cambios persistiendo la colección hemorrágica extra - axial frontal y el hematoma intra - axial frontal derecho” (fl. 12, cdno. ppal. - mayúsculas y negrillas del original).

2.2. Copia íntegra y auténtica de la historia clínica del menor Sergio Esteban Herrera Vanegas:

“Paciente 8 años traído por la madre; en la escuela cayó al piso presentando herida en la región parietal izquierda la cual se suturó y se dejó en observación con Dx de TEC en evolución ...

19 de febrero de 1998

(...) Hallazgos

Existe al parecer orificio de entrada por arma de fuego a nivel frontal izquierdo con múltiples esquirlas en el trayecto bifrontal interhemisférico donde hay contusiones hemorrágicas y hemorragia subaracnoideas comprometiendo principalmente la cisura interhemisférica y la hoz frontal. La bala se aloja en el opérculo frontal derecho y a lo largo del trayecto hay aire y contusión frontal. Hay discreto edema cerebral dado por el borramiento de los surcos. No hay compresiones sobre el sistema ventricular.

(...) CONCLUSIÓN:

Lesiones secundarias a heridas por arma de fuego con compromiso principalmente en la bóveda craneana en la región temporofrontoparietal derecha. Leve colección extra axial. Hay colección de tejido blando y cuya densidad de aproximadamente 17 HU similar a la del líquido subaracnoideo y por lo tanto no descartamos que exista líquido cefalorraquídeo en esta colección, sin embargo no hay signos francos de meningocele (fls. 13 a 33, cdno. ppal.).

2.3. Testimonio de la señora Martha Lucelly Gómez Giraldo —Directora de la Escuela Rogelio Arango de Bello— quien ante el juzgado comisionado por el a quo, puntualizó:

“(...) El día 18 de febrero yo no me encontraba en la institución, sin embargo al otro día la educadora Nancy Elena encargada del grupo del 3 tercer grado donde estudiaba Sergio me informó que había sacado a los niños al corredor a hacer una actividad y que el niño Sergio de un momento a otro empezó a sangrar sin darse cuenta ella de que era realmente lo que había ocurrido. Inmediatamente llevaron al niño a la dirección donde junto con otros profesores le prestaron los primeros auxilios, inmediatamente se llamó a la mamá para que lo llevara a un centro de salud donde estuviera en mejores condiciones, luego la mamá nos contó que era una bala que la tenía en la cabeza, bueno y eso fue una gran sorpresa para todos nosotros ... Dentro de las condiciones normales sí las ofrece, porque tiene muros con alturas considerables con una altura más o menos de 6 metros fuera de eso tiene dos rejas de entrada a la institución que permanece permanentemente cerradas ... En la institución no existe celador en las horas del día pero la profesora que le corresponde la disciplina mientras los alumnos se encuentran en la institución está constantemente vigilando de que no ocurra nada anormal. PREGUNTADO. Existe cerca al establecimiento educativo algún batallón o comando de policía ... CONTESTÓ. Cerca de la escuela pero a una distancia de más o menos 4 kilómetros de la institución. PREGUNTADO. Cuál es el procedimiento de ingreso de particulares al plantel educativo. CONTESTÓ. Cuando me requieren a mí, piden cita previa, o cuando llegan de improviso se toca la puerta del candado de afuera y se le pregunta qué necesita y cuándo requieren a otra persona diferente se le llama para que salga a la puerta. PREGUNTADO. De acuerdo con su respuesta anterior es muy difícil que personas extrañas dentren (sic) al establecimiento sin permiso de los directivos del plantel. CONTESTÓ. Si es realmente difícil nadie entra a la escuela sin saber a dónde se dirige ... Yo considero que el impacto que recibió el niño pudo haber sido de una bala perdida que no pudimos, ni se ha podido detectar ..., pudo haber ingresado por el aire porque los patios están descubiertos. PREGUNTADO. Cuál es la situación actualmente del niño Sergio Herrera física y psicológicamente. CONTESTÓ. Hasta el año pasado que el niño estudió en la institución se detectó un comportamiento normal tanto físico como psicológicamente ... PREGUNTADO. Sabe usted el motivo por el cuál Sergio Herrera no continuó los estudios en la escuela Rogelio Arango. CONTESTÓ. La escuela solamente ofrece el ciclo básico primaria y el niño continuó sus estudios de secundaria en el liceo Bello ...” (fls. 133 a 135, cdno. ppal. - mayúsculas del original).

2.4. Declaración de la señora Ana Inés Londoño Alzate, rendida ante el juez comisionado por el a quo, de la cual se destaca:

“(...) PREGUNTADO. Conoce en forma presencial o directa la escuela Rogelio Arango de Bello. En caso afirmativo, cuéntele al juzgado si este establecimiento educativo a los estudiantes seguridad en sus instalaciones (sic). CONTESTÓ. Si yo he ido a la escuela, la conozco personal (sic) inclusive yo he estado en clases de corte cuando han dado. Sí el establecimiento es seguro, yo digo que es seguro porque está cerrado, pero le veo un poco de inseguridad en los muros porque ahí se subían muchos muchachos ... PREGUNTADO. Durante el tiempo que usted ha ido a la escuela Rogelio Arango pudo observar que el plantel tiene vigilancia especial, como portero, policía u otra que haya observado. CONTESTÓ. No he visto sino al celador. PREGUNTADO. Sabe usted si en dicho establecimiento existe un portero permanente. CONTESTÓ. Sí el celador siempre está ahí ... PREGUNTADO. Ha escuchado usted que en dicho plantel educativo se haya presentado escándalos protagonizados por el porte de armas, o riñas entre ellas. CONTESTÓ. No jamás he oído decir ni he visto ...” (fls. 136 a 138, cdno. ppal. - mayúsculas del original).

2.5. De folio 130 a 133 del cuaderno principal, obra el testimonio del señor Jorge Berrío, quien en relación con los supuestos fácticos del proceso, precisó:

“(...) Cuando el accidente yo estaba en la tienda pasé por el corredor y me dijo la profesora nueva no recuerdo el nombre, don Jorge este niño está botando sangre de la cabeza y yo le tengo pánico a la sangre, ellos estaban en el corredor haciendo una actividad, cuando está haciendo mucho calor los profesores sacan a los niños. Yo me lo llevé para la dirección y le hice una curación no tenía más para hacerle porque nadie escuchó tiros y ni se oyó nada esa es como la versión que yo puedo dar. Ya por comentarios me di cuenta que se lo habían llevado para el Hospital Marco Fidel Suárez hasta ahí sé yo ... La escuela está ubicada en Niquía parte baja, tiene mucha seguridad, está protegida por un muro de 6 metros alrededor, protegida con dos rejas de seguridad y extraños no entran a la escuela a no ser que sean los padres de familia ... PREGUNTADO. Durante el tiempo que usted ha tenido el establecimiento de comercio dentro de la escuela ha presenciado en forma directa o indirecta sobre algún hecho irregular protagonizado por los estudiantes por arma de fuego, cortantes, cortopunzantes o agresiones de terceros contra estudiantes ... CONTESTÓ. No, en ningún momento. Pero hago la aclaración de que hace 9 años el Ejército se apoderó de la escuela, y aclaro que el apoderamiento del Ejército duró aproximadamente 6 meses ... PREGUNTADO. Dígale al despacho si el menor al momento de recibir el impacto estaba expuesto a algún peligro o estaba en un lugar inadecuado en la escuela. CONTESTÓ. No eso es un corredor muy seguro y cubierto por un techo que al frente queda la cancha de básquet. El niño no estaba expuesto a ningún peligro ...” (fls. 131 a 133, cdno. ppal. - mayúsculas del original).

3. Valoración probatoria y conclusiones.

Analizados los medios probatorios, la Sala confirmará la sentencia apelada, toda vez que el daño antijurídico sufrido por los demandantes no es imputable —fáctica y jurídicamente— al municipio demandado y a la institución educativa demandada. Lo anterior, con fundamento en el siguiente razonamiento:

3.1. La Sala se abstendrá de declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva invocada por la Escuela Rogelio Arango, toda vez que no se demostró en el proceso que esa institución careciera de personería jurídica. De allí que, por ser procedente, se estudiará de fondo la controversia para determinar si se configuran o no, en el caso concreto, los elementos de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado.

3.2. Para que se declare la responsabilidad de la administración pública es preciso que se verifique la configuración de los dos elementos o presupuestos de la misma, según la disposición constitucional que consagra la institución jurídica, esto es, el artículo 90 superior, en consecuencia, es necesario que esté demostrado el daño antijurídico, así como la imputación fáctica y jurídica del mismo a la administración pública.

El daño antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente —que no se limite a una mera conjetura—, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar o debatir el interés que se debate en el proceso, bien a través de un derecho que le es propio o uno que le deviene por la vía hereditaria.

La antijuricidad del daño va encaminada a que no solo se constate la materialidad y certidumbre de una lesión a un bien o interés amparado por la ley, sino que, precisamente, se determine que la vulneración o afectación de ese derecho o interés contravenga el ordenamiento jurídico, en tanto no exista el deber jurídico de tolerarlo. De otro lado, es importante precisar que aquel no se relaciona con la legitimidad del interés jurídico que se reclama. En otros términos, no constituyen elementos del daño la anormalidad, ni la acreditación de una situación legítima o moralmente aceptada; cosa distinta será la determinación de si la afectación proviene de una actividad o recae sobre un bien ilícito, caso en el que no habrá daño antijurídico derivado de la ilegalidad o ilicitud de la conducta de la víctima.

De allí que, la Sala no prohíja interpretaciones ya superadas según las cuales era preciso que se acreditara una situación legítima —una cosa es la legitimidad de una situación y otra diferente es la ilicitud de la conducta o antijuridicad(sic) subjetiva de la acción desencadenante del daño— pues se trata de un carácter que en la actualidad no se predica del daño, puesto que el mismo sirvió de fundamento para negar perjuicios a situaciones que revistiendo la connotación de daños, eran censuradas moralmente (v. gr. los perjuicios reclamados por los entonces mal llamados concubinos o concubinas, los daños irrogados a trabajadoras sexuales, etc.)(2). En otros términos, aspectos de esta estirpe o morales no pueden ser analizados desde la antijuridicidad del daño, toda vez que este elemento se concentra en determinar si la persona estaba o no en la obligación normativa de soportarlo (v.gr. los impuestos, los daños que tienen su origen en conductas ilícitas, etc.).

Como se aprecia, el daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se estructura la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su configuración de dos ingredientes: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o fenómeno físico o material (v.gr. la desaparición de una persona, la muerte, la lesión, etc.) y ii) otro formal que proviene de la norma jurídica, en nuestro caso de la disposición constitucional mencionada(3).

En este orden, el daño antijurídico no puede ser entendido como un concepto puramente óntico, al imbricarse en su estructuración un elemento fáctico y uno jurídico se transforma para convertirse en una institución deontológica, pues solo la lesión antijurídica es resarcible integralmente en términos normativos (L. 446/98, art. 16) y, por lo tanto, solo respecto de la misma es posible predicar consecuencias en el ordenamiento jurídico.

Es así como, solo habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga.

En el caso sub examine, se encuentra acreditada la configuración de un daño antijurídico, comoquiera que de la lectura de la historia clínica aportadas al proceso se concluye la existencia de una afectación para los demandantes consiste en las lesiones que sufrió el niño Sergio Herrera Vanegas al alojarse en su cavidad craneana una munición de arma de fuego el 18 de febrero de 1998.

Definida la existencia del daño antijurídico, corresponde establecer, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, si se encuentra o no configurado el segundo elemento de la responsabilidad, esto es, la imputación(4).

3.3. La imputación consiste en el proceso mediante el cual el operador jurídico determina dos aspectos relacionados con el deber contenido en una disposición de naturaleza normativa. El primer nivel es el fáctico (imputatio facti)en el que se establece la autoría del daño en el plano material, es decir, a partir de un ejercicio hermenéutico el juez establece los factores que son determinantes en el plano físico, probabilístico y social (v. gr. la posición de garante, el principio de confianza, el incremento del riesgo permitido) para atribuir a un sujeto la producción del daño, es decir, para reputarlo como autor de una conducta que lesiona un interés jurídico; a contrario sensu, en el segundo plano, (imputatio iure) se identifica el fundamento normativo del deber de responder (penal, disciplinaria, patrimonialmente, etc.), en estricto sentido esta es la imputación normativa a la que se refería Kelsen.

Así las cosas, antes de abordar el análisis de la imputación jurídica o el fundamento de la responsabilidad, es imprescindible que la lesión o afectación antijurídica esté radicada en cabeza de la entidad o del sujeto pasivo de la relación. Una vez constatado lo anterior, es posible abordar el análisis sobre la imputación jurídica, esto es, si existe o no, un fundamento normativo que concrete, en el caso específico, la obligación de resarcir el daño antijurídico(5).

Ahora bien, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, es decir, la parte tiene la carga de probar los hechos que alega en el proceso, salvo las excepciones establecidas por la ley y la jurisprudencia, comoquiera que esta es una regla de conducta para las partes y una regla de juicio para el juez que le indica que debe fallar contra quien debía probar y no probó. La Sección Tercera, sobre la carga de la prueba, ha puntualizado:

“Es un principio de derecho probatorio que para lograr que el juez dirima una controversia aplicando las normas de derecho que precisamente han de restablecer el equilibrio violado, es necesario demostrar en forma plena los actos o hechos jurídicos de donde proceda el derecho, o nazca la obligación invocada. Así, si el interesado en dar la prueba de los hechos básicos de la pretensión no lo hace o la da imperfectamente o descuidada, el resultado le será forzosamente adverso.

Toda resolución en materia contenciosa administrativa debe fundarse en los hechos de la demanda y en las excepciones y descargos de la administración, si la existencia y verdad de unos y otros aparecen evidenciados de manera satisfactoria, según la ley, por alguno o algunos de los medios probatorios compatibles con la clase de controversia debatida.

Ninguna de las partes goza en el proceso colombiano del privilegio especial de que se tengan por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de estas deberá acreditar sus propias aseveraciones.

Lo enunciado atrás no es más que la traducción de principio de la carga de la prueba; principio que está contenido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y que no es más que la concreción o síntesis de la doctrina elaborada por los procesalistas a este respecto. Así, de acuerdo con el aludido texto "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellos persiguen”(6).

Entonces, si bien en el caso concreto, se acreditó el daño antijurídico, esto es, la lesión padecida por el niño Sergio Herrera Vanegas, lo cierto es que del acervo probatorio que integra el proceso no es posible atribuir el daño en cabeza de la entidad demandada. En términos de la carga de la prueba —onus probandi— (CPC, art. 177), era deber del extremo demandante acreditar los hechos en los que fundamentaba su pretensión, circunstancia por la cual era una carga procesal y, por lo tanto, un presupuesto inexorable de la sentencia a favor que se demostraran —por todos los medios de convicción que avala la normativa procesal civil y contenciosa— que el impacto de bala recibido era atribuible al plantel y a al municipio demandados, bien por acción o por omisión.

En otros términos, se advierte de forma palmaria que los demandantes concentraron los esfuerzos probatorios y argumentativos en demostrar una posible falla del servicio atribuible a la Escuela Rogelio Arango, pero dejaron de lado uno de los presupuestos sustanciales para que operara la responsabilidad del Estado, consistente en la acreditación de que el daño era imputable en el plano fáctico o material al colegio o institución educativa.

En efecto, tal y como lo precisó el tribunal de primera instancia, con apoyo en el exiguo acervo probatorio, el daño según quedó establecido en el plenario provino de un proyectil que fue disparado por un tercero indeterminado —esto es, que no fue individualizado ni identificado—. De modo que, en aras de que la lesión antijurídica fuera atribuible a las entidades demandadas era imperativo que se demostrara que existió una omisión que habría permitido o facilitado que la circunstancia dañosa se hubiera concretado.

Y, por lo tanto, el hecho de que los estudiantes se hallaran realizando una actividad escolar en uno de los corredores de la institución educativa no constituye, por sí solo, una razón suficiente para endilgar responsabilidad. Por el contrario, según se desprende de las declaraciones que reposan en el proceso, el centro educativo tenía buenas medidas de seguridad que consistían en muros con considerable altura, una sola entrada con rejas, y celador en las noches.

En consecuencia, del escaso material probatorio que obra en el proceso —aun cuando no existe duda de la configuración del daño antijurídico— no se puede establecer conexión entre la lesión y el comportamiento de la institución educativa. Sobre el particular, los testigos son contestes en indicar, sin ambages o anfibologías, que no se oyó ningún disparo, sino que advirtieron de la lesión cuando Sergio se desplomó al suelo y advirtieron la sangre que brotaba de su cabeza.

En otros términos, como lo trasunta el material probatorio, el tercero que descerrajó no pudo estar situado en las instalaciones del colegio, sino que se encontraba fuera de las mismas, lo que reafirma la conclusión de que se trató de un daño derivado o proveniente de una de las común o popularmente denominadas “balas perdidas”, circunstancia a todas luces resulta deplorable, censurable y reprochable más aún cuando quien terminó afectado con la lesión es un menor de edad cuyos derechos e intereses son prevalecientes según lo determina la Constitución Política (art. 44).

No obstante, la responsabilidad como institución transversal al derecho, y fundamental en las sociedades para la garantía de la justicia correctiva y la eliminación de externalidades económicas, no puede convertirse en un sistema de aseguramiento universal, sino que su objetivo es la identificación de los autores de los daños que el ordenamiento impone el deber de resarcir de manera integral.

De allí que, para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado es imprescindible que, se itera, se acrediten los elementos o presupuestos de la institución jurídica; por consiguiente, ante la ausencia de la verificación de uno de los requisitos de configuración las pretensiones o súplicas de la demanda serán denegatorias.

Así las cosas, en el asunto sub examine el daño no deviene imputable —fáctica o materialmente— a la administración pública sino que, por el contrario, es atribuible al hecho exclusivo y determinante de un tercero, sujeto este que actuó de la manera más irresponsable y execrable que puede existir, al disparar un arma de fuego en plena ciudad sin medir las consecuencias o repercusiones que podría conllevar esa comportamiento insensato.

De modo que, al margen de que se imponga la denegatoria de las pretensiones por ausencia de imputación fáctica, la Sala hace un llamado a las instituciones públicas y a la población sobre los peligros que representa el manejo de las armas, ya que, por lo general, quienes más resultan afectados con este tipo de desafortunados escenarios son los niños y niñas del país. No debe perderse de vista que una sociedad dominada por la intolerancia, por la falta de consensos y de acuerdos, en la que las armas no son controladas de manera efectiva por la fuerza pública puede representar la semilla o el germen del odio y de la violencia. Es imperativo que la vida y la protección a la integridad psicofísica recobren el valor que constitucionalmente se les ha asignado, es decir, garantías esenciales del ser humano para el desarrollo pleno de su existencia.

Que infortunio y lástima refleja una sociedad en la que un niño durante un ejercicio académico y lúdico en su centro educativo, recibe un disparo de una bala perdida en su cabeza, lo que le apareja lesiones físicas, cicatrices y la pérdida de clases. Este tipo de cuadros muestran una descomposición de los valores y principios no solo jurídicos, sino éticos que deben imperar y permear en un Estado social y democrático de derecho como se califica Colombia.

Es importante recordar que en Colombia, a diferencia de otras latitudes, la libertad de compra y venta de armamento se encuentra restringida y controlada, por lo tanto, no constituye un derecho fundamental del ser humano el estar provisto de indumentaria bélica, circunstancia por la que es el Estado el encargado no solo de brindar protección a todo ciudadano que se encuentre en situación de peligro o amenaza, sino que también es su obligación controlar el porte, tenencia y venta de todo tipo de armas.

En esa perspectiva, al margen de que el artículo 2347 del Código Civil(7) no sea aplicable al caso concreto para la estructuración de la falla del servicio, comoquiera que la imputación fáctica —antes mal denominada nexo causal— no se encuentra estructurado en relación con las entidades demandadas, no puede desconocerse que este tipo de hechos deben generar todo el reproche y censura por parte de las autoridades públicas y de la población en general.

Como corolario de lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada porque: i) el daño no es imputable a las demandadas, sino que es atribuible a un tercero indeterminado, ii) se configuró, por lo tanto, uno de los escenarios de la denominada “causa extraña”, de manera concreta el hecho determinante y exclusivo de un tercero, sin que existiera comportamiento —activo u omisivo— de la administración pública que le fuera atribuible en la producción del daño, iii) al margen de la obligación de seguridad consagrada en el artículo 2347 del Código Civil, lo cierto es que se acreditó por parte del plantel educativo que se contaban con las medidas de seguridad idóneas para la protección de la integridad de los alumnos, y que hacerla responder por el daño concreto sería tanto como compelerla a lo imposible, aunado al contenido del inciso final de la disposición en comento, que establece que: “(...) cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”, lo que ocurrió en el caso sub lite, por cuanto, de la declaración de la rectora, profesora y encargado de la cafetería era imposible para el establecimiento pedagógico impedir la producción del daño.

Debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de manera que, en el caso sub examine, y con el fin de demostrar la existencia de responsabilidad del Estado, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la parte demandante debía probar además del daño antijurídico, las circunstancias fenomenológicas en las que se desencadenó aquel, esto es, la imputación del mismo a la administración pública.

Como corolario de lo anterior, la Sala confirmará en su integridad la sentencia apelada, no sin antes reiterar el llamado a que la sociedad colombiana cambie paradigmas, y se reconozca la importancia de que los niños y niñas que integran las nuevas generaciones, estudien y jueguen tranquilos en sus escuelas y colegios, el lugar donde adquieren los insumos para desarrollarse plenamente según el modelo de vida que decidan adoptar libremente. Ojalá nunca más ocurran sucesos como los que se acaban de analizar, y podamos ver los colegios libres y ajenos de todo tipo, clase y naturaleza de violencia, de forma que en ellos se refleje y reproduzca la imagen de la maravillosa y cautivante pintura intitulada “La escuela de Atenas” del reconocido artista Rafael Sanzio, en el que se aprecia a Platón y Aristóteles rodeados de los grandes filósofos griegos, todos en conjunto protegidos y cobijados por el aula.

4. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte actora de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia apelada, esto es, la proferida el 4 de diciembre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. Sin costas.

3. Cumplido lo anterior, por secretaría, remítase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Suma que corresponde a la deprecada a título de perjuicio fisiológico a favor de Sergio Herrera Vanegas.

(2) “La noción de situación jurídicamente protegida como clave para que una persona esté legitimada para actuar bien podría ser enunciada por su anverso, esto es, que no puede recibir indemnización quien se encuentre en una situación ilegal de la que se genera el título por el cual se reclamaría”. Henao, Juan Carlos. “El daño”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 95.

(3) Cf. De Cupis, Adriano. “El Daño”, Ed. Bosch, Barcelona, 2ª edición, 1970, pág. 82.

(4) “Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la administración pública en la medida en que esta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto.

En materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar —acción u omisión—, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política ...” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, Exp. 17994, M.P. Enrique Gil Botero.

(5) Acerca de la diferencia entre el plano material y el jurídico, en este último en el cual se desenvuelve la imputación, la jurisprudencia del Consejo de Estado, de forma ilustrativa, señaló: “No se puede, por consiguiente, afirmar de manera simple y llana, que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica, en relación con los daños ocasionados a conscriptos o reclusos, es suficiente para que estos sean considerados como no atribuibles —por acción u omisión— a la administración pública. Se requiere, además, en estos eventos, que la entidad demandada acredite que su actuación no contribuyó en la producción del daño, motivo por el cual no le es imputable fáctica o jurídicamente. Lo puntualizado, en la medida en que es posible que la causa directa, inmediata y material del daño sea la actuación de un tercero o de la propia víctima, pero tal resultado perjudicial tenga una relación mediata con el servicio que estaba desplegando el soldado conscripto, motivo por el cual la entidad no puede desprenderse de su responsabilidad, por cuanto también puede serle endilgable jurídicamente el daño.

No quiere significar lo precisado que, en este tipo de situaciones, no opere la causa extraña en sus diversas modalidades como causal exonerativa de responsabilidad, solo que, como se ha venido señalando, la acreditación de la eximente debe hacerse a través de la demostración de que, en estos precisos eventos, le resultaba a la entidad demandada absolutamente imprevisible e irresistible. Sin embargo, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero, por regla general, tal y como lo ha aceptado la doctrina autorizada sobre la materia, no requieren para su configuración que se pruebe su imprevisibilidad e irresistibilidad”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, Exp. 18.586, M.P. Enrique Gil Botero.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de septiembre de 1984, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(7) ART. 2347.—Toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado.

“Así, los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa.

Así, el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado.

Así, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices, o dependientes, en el mismo caso.

Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”.