Sentencia 1998-04410 de junio 12 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 76001-23-25-000-1998-04410-01 (22.576)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Carla Eufemia Espíndola Villegas

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(3), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

Consideraciones previas

1. Antes de decidir el asunto puesto a consideración de la Sala, resulta pertinente señalar que, en este caso, las demandadas tienen la calidad de apelantes únicos, toda vez que el recurso de apelación interpuesto par la parte actora fue declarado desierto por el tribunal, mediante auto del 19 de junio de 2002(4); por tanto, la Sala no podrá hacer más gravosa la situación de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, únicamente podrá mejorarla —en el evento de que encuentre que hay lugar a ello—, de conformidad con las pruebas debidamente decretadas y practicadas en el proceso.

2. Sobre los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, se ha dicho que aquella que no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no haya sido solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aduce, o no haya sido practicada con audiencia de esta no puede ser valorada en el proceso al que se traslada(5). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de la prueba rendida dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dicha prueba puede ser tenida en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aún cuando haya sido practicada sin su citación o intervención en el proceso original y no haya sido ratificada en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(6).

En este caso, obra la investigación 71, adelantada y remitida a este expediente por la fiscalía seccional de San Juan de Pasto (oficio UDT-953, oct. 20/2003(7)), contra la abogada Carla Eufemia Espíndola Villegas, por los delitos de hurto calificado y violación de la Ley 30 de 1986, prueba que fue solicitada por ambas partes(8), decretada por el tribunal mediante auto del 5 de mayo de 1999(9) y requerida nuevamente por esta corporación, mediante providencia del 6 de septiembre de 2002(10). En este orden de ideas, dicha investigación se tendrá como prueba en este proceso.

El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por la vinculación de la abogada Carla Eufemia Espíndola Villegas (Juez 28 de Instrucción Criminal de Puerto Asís, Putumayo) al proceso penal adelantado por los delitos de hurto calificado e infracción de la Ley 30 de 1986, a partir del mes de junio de 1992, que tuvo como consecuencia el abandono del cargo judicial que desempeñaba, de su familia y de su entorno social, durante 18 meses.

En aplicación del principio “iura novit curia” e interpretando las pretensiones de la demanda, se advierte que se está frente a un caso de privación injusta de la libertad al que la demanda le dio la connotación de vinculación al proceso penal, comoquiera que, en ese entonces, el título de imputación aquí aplicable no era independiente, sino que hacía parte de la responsabilidad derivada del ejercicio de la administración de justicia.

Sobre el particular, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(11), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la ley estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— (responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal) ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996...(12) (se resalta).

Así mismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(13).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(14).

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(15). Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(16).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si este incurrió en dolo o culpa(17). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no solo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(18).

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(19): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(20).

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(…) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (…) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(21).

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política.

Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, o en el evento de que esta no haya interpuesto los recursos de ley, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos que se le imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que solo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (C.P., art. 28) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad…”(22).

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce
sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P., art. 5º) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (C.P., art. 2º), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 ejusdem)(23).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

— En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta...”.

— En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, se dice que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(…) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no solo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”(24).

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(25).

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la convención de derechos humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Civil —sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima—, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.

Responsabilidad del Estado por otras afectaciones al derecho a la libertad personal, en virtud de una medida cautelar proferida dentro de un proceso penal(26).

Ha analizado la Sala en otras oportunidades que, cuando una persona objeto de una medida de aseguramiento no ha sido detenida “físicamente o intramuros”, también puede reclamar el resarcimiento de los perjuicios sufridos con ocasión de esa medida, pues la sola imposición de esta implica una limitación al derecho fundamental de la libertad, que resulta injustificada de llegar a establecerse, por ejemplo, que esa persona no cometió la conducta por la cual se le investigó, caso en el cual la decisión judicial que concluye esto último evidencia el daño sufrido por el sindicado; al respecto, ha dicho la Sala:

“Ciertamente, la decisión en firme que decreta la imposición de dicha medida de aseguramiento conlleva una limitación a la libertad, específicamente respecto de la libertad de circulación, la libertad de fijar domicilio, y libertad de escoger profesión u oficio (C.P., arts. 24 y 26), amén de la afectación que la aludida medida de aseguramiento representaba necesariamente para el propio derecho a la libertad en el plano del mundo jurídico, independientemente de que la detención correspondiente no se hiciere efectiva en el plano real.

Agréguese a lo anterior que el artículo 24 constitucional prevé dos expresiones de la libertad personal en cabeza de los colombianos que revisten el carácter de derechos fundamentales: i) la libertad de locomoción o circulación que comprende el sentido más elemental de la libertad inherente a la condición humana, esto es, la facultad de desplazarse y de transitar por todo el territorio nacional, incluyendo la posibilidad de entrar y de salir del país sin que para su ejercicio sea menester permiso de autoridad alguna; este derecho fundamental se encuentra amparado internacionalmente por múltiples convenios y tratados en su dimensión negativa o defensiva, vale decir, en tanto limita el ejercicio del poder del Estado en defensa de la libertad del individuo (artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948(27), artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Ley 74 de 1968(28), artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972(29), entre otros convenios); y ii) la libertad de fijar domicilio, dimensión que entraña la facultad autónoma e inalienable de toda persona(30) para definir el sitio donde desea vivir, expresión de la libertad que constituye también manifestación del derecho constitucional fundamental a la personalidad jurídica (C.P., art. 14), libertad de escoger trabajo u oficio (C.P., art. 26) y del libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 16 eiusdem, por cuya virtud se excluyen las imposiciones externas e injustificadas respecto de decisiones relativas a la esfera particular y al rumbo de la vida de cada persona(31).

(…).

Ahora bien, de conformidad con las consideraciones antes expuestas, estima la Sala que aun cuando el legislador estableció en el artículo 414 del entonces Código de Procedimiento Penal, algunos eventos en los cuales objetivamente se entiende la injusticia de la detención frente a quien hubiere resultado exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente i) porque el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió, iii) o la conducta no constituía hecho punible, eventos en los cuales se tendrá derecho a ser indemnizado, ello no puede significar que en otro tipo de situaciones, independientemente de que no se subsuman en alguno de estos tres eventos, no hubiere lugar a declarar la responsabilidad del Estado, cuandoquiera que una decisión judicial que hubiere limitado, restringido o afectado la libertad de un individuo hubiere sido, a su turno, la causante de un daño antijurídico.

(…)

De igual forma, cabe reiterar que si bien el legislador dio un tratamiento normativo especial a unas situaciones que considera reprochables y que cobijó bajo la genérica denominación de ‘detención injusta’ (título de imputación privilegiado), ello no impide que otro tipo de afectaciones de los derechos de libertad, como es el caso de sus manifestaciones de locomoción y domicilio, entre otras, sean susceptibles de reproche ante esta jurisdicción, en orden a que se declare la responsabilidad de la administración, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 90 superior(32).

(…).

Por manera que —reitera la Sala—, las obligaciones derivadas de la medida cautelar consistente en detención preventiva, aunque no se hubiere hecho efectiva, conllevan necesariamente una afectación a los derechos de libertad de circulación, libertad de escoger domicilio y libertad de escoger libremente profesión u oficio, amén de que constituyen un daño antijurídico cuando se establezca, entre otras hipótesis, que la conducta por la cual se investigó al sindicado no era un hecho punible, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se hizo padecer.

(…).

“Y es que la garantía a los derechos de libertad consignada tanto en la Carta Política como en tratados internacionales de los cuales el Estado colombiano hace parte, no puede verse reducida a la efectiva privación física de la libertad, pues ello implicaría que muchas situaciones fuente de responsabilidad estatal quedarían excluidas de indemnización, en abierto desconocimiento del artículo 90 superior.

En otros términos, la regulación prevista en el citado artículo 414 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal, dirigida a normativizar los casos de detención injusta, sirve también para definir la injusticia de otras medidas de cautela adoptadas dentro del juicio penal, en cuanto desencadenen la causación de un daño que se revela antijurídico ante la falta de responsabilidad del implicado, porque no hubiere cometido el hecho, o porque el hecho no era delito, o porque el hecho no existió, daños que merecen la tutela jurídica del ordenamiento, tal y como lo ordena el artículo 90 Constitucional(33)(34).

De acuerdo con lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a la actora, con ocasión de la privación jurídica de la libertad de la cual fue objeto.

El caso concreto

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto eligió a la abogada Carla Eufemia Espíndola Villegas como Juez 28 de Instrucción Criminal radicado en Puerto Asís, Putumayo, en encargo y provisionalidad, según el acta de acuerdo 3 del 30 de enero de 1992(35), cargo del que fue relevada con la elección de otro abogado para el desempeño del mismo, según el acta de acuerdo 24 del 29 de mayo de 1992(36).

Mediante providencia del 4 de junio de 1992(37), el Juzgado 33 de Instrucción Criminal comisionó a los jueces 1º y 6º de Instrucción Criminal Ambulantes de Pasto, para que recibieran las “injuradas” a un grupo de personas dentro de las que se encontraba la doctora Carla Eufemia Espíndola Villegas.

En documento del 5 de junio de 1992(38), el Juez 1º de Instrucción Criminal Ambulante de Pasto dejó constancia de que la mencionada señora no pudo ser indagada porque se encontraba en Pasto y, además, porque había sido desvinculada del cargo de Juez 28 de Instrucción Criminal.

En providencia del 23 de junio de 1992(39), el juzgado de instrucción de orden público ordenó proferir orden de captura para indagatoria a la doctora Carla Eufemia Espíndola Villegas y, en consecuencia, al día siguiente, es decir, el 24 de junio de 1992(40), el jefe de la sección jurisdiccional de orden público libró la orden de captura en contra de aquella.

El 26 de agosto de 1992, el jefe de la secretaría común - Dirección regional de fiscalías de Cali profirió el edicto emplazatorio 34(41), mediante el cual citó a la doctora Espíndola Villegas, para que se presentara a rendir indagatoria. El 16 de junio de 1993, esa misma autoridad profirió un nuevo edicto emplazatorio (el 11)(42) con la misma finalidad.

En providencia del 24 de febrero de 1994(43), la fiscalía regional delegada ante los juzgados regionales declaró persona ausente a la doctora Carla Eufemia Espíndola Villegas.

El 13 de octubre de 1995, la mencionada señora confirió poder a un abogado para que la representara en ese proceso penal(44).

Posteriormente, dicho abogado solicitó la preclusión de la investigación en contra de aquella(45).

Finalmente, en providencia del 31 de mayo de 1996(46), la fiscalía primera delegada, unidad de fiscalía delegada ante el tribunal superior del distrito judicial de Pasto, declaró la preclusión de la investigación adelantada en contra de la doctora Carla Eufemia Espíndola Villegas, por los punibles de hurto calificado e infracción a la Ley 30 de 1986, en los siguientes términos:

“Demostradas las contradicciones e inconsistencias surgidas de las primeras versiones rendidas por el señor Idelfonso Vallejo la credibilidad de este presunto testigo de cargo, surge débil desde el mismo comienzo de la investigación. Se evidencia lo sospechoso de los señalamientos genéricos cuando enfatiza que la titular del Juzgado 28 de Instrucción Criminal estuvo presente en los hechos y explica que su aseveración obedece, que (sic) a pesar de que había una persona disfrazada (tenía peluca y gafas) ‘la conoció a ella porque tenía senos’… conclusión que reitera en posterior ampliación donde aclara que estaba vestida de hombre … pero que resulta cuando menos sorprendente’ (sic) porque sobra decir (sic) no solo la funcionaria señalada sino todas las mujeres están dotadas en ese sentidos (sic); mal puede ser de recibo que una persona limitada de la vista, ante una oscuridad total, vea de lejos a alguien disfrazado y concluya —y se le crea— no que es una mujer en términos genéricos, sino una específica, solo por percatarse que debajo del disfraz se notaba (sic) sus senos, como con bastante lógica lo plantea la fiscalía delegada ante el tribunal nacional al referirse a la situación procesal de la encartada doctora Espíndola Villegas.

Realmente al leer el presente proceso y sopesar el caudal probatorio existente concretamente contra la doctora Karla Eugenia (sic) se concluye que las pruebas tienden a mostrarla ajena al hecho…

SEGUNDA. De la lectura de todo el acervo probatorio existente en este extenso expediente no se encuentra una sola mención de las otras personas procesadas que señalen un solo indicio (sic) que la doctora Karla Eugenia (sic) Espíndola Villegas haya tenido la más leve participación en estos hechos.

(…).

Ciertamente que ese es el estado que se presenta en estas diligencias cuando la prueba allegada indica la total ajenidad de la exfuncionaria implicada en los hechos que dieron lugar a esta compleja investigación…

… el conocimiento que tenemos sobre la ajenidad de la encartada esta (sic) por ‘fuera de toda duda razonable’…”(47).

En oficio del 14 de junio de 1996(48), la unidad de fiscalía delegada ante el tribunal superior ordenó el archivo de la anterior investigación, por encontrarse ejecutoriada.

Se acreditó, pues, que a la abogada Carla Eufemia Espíndola Villegas se le dictó orden de captura por haber sido sindicada de los delitos de hurto calificado y violación de la Ley 30 de 1986; sin embargo, la fiscalía primera delegada le precluyó la investigación, debido a que se evidenció que no cometió los delitos por los cuales se le investigó.

La situación descrita, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, conforme al artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal, cual es que la sindicada no cometió el delito.

Entonces, la imposición de la respectiva medida de aseguramiento y las consiguientes restricciones de la libertad de locomoción y de fijación de residencia, de las cuales fue objeto la demandante, constituyen a todas luces un daño antijurídico, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculada la doctora Espíndola Villegas siempre se mantuvo intacta la presunción de inocencia que la ampara y que el Estado no le desvirtuó.

Es del caso tener en cuenta que, si bien la doctora Carla Eufemia Espíndola Villegas no fue privada efectivamente de su libertad física —pues, a pesar de que se intentó su vinculación mediante dos edictos emplazatorios, fue declarada persona ausente—, lo cierto es que esa medida tuvo como consecuencia la limitación de su derecho de libertad en el plano jurídico, toda vez que se le afectaron sus derechos de libre circulación, de la posibilidad de fijar residencia, de libertad de ejercer su profesión, del libre desarrollo de su personalidad y de la unidad familiar, entre otros, afectaciones que no estaba en la obligación de soportar, pues, como viene de explicarse, la administración de justicia advirtió que aquella no cometió la conducta punible que se le imputó y que originó la imposición de la detención.

Resultaría necesario, entonces, indemnizar a quien, durante cuatro años —aunque en las pretensiones de la demanda se haya solicitado únicamente la indemnización por 18 meses—, tuvo que soportar injustificadamente la privación jurídica de su derecho a la libertad y la afectación física, real y efectiva de derechos tales como la libre circulación, la libre fijación de residencia y la libertad de ejercer su profesión.

Al respecto, la Sala insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue una decisión de la administración de justicia la que llevó a que la doctora Carla Eufemia Espíndola Villegas estuviese privada de su libertad jurídica durante 4 años, término al cabo del cual se le absolvió de responsabilidad penal, al considerarse que no cometió la conducta punible que se le imputaba. En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(49). Ninguna de estas eximentes fue acreditada en el plenario.

Ahora, respecto de la decisión de evadir la orden de captura por parte de la doctora Espíndola Villegas, debe precisarse que esta, en su calidad de víctima de la afectación de su derecho a la libertad personal, no incurrió en culpa que le hiciera atribuible total o parcialmente el daño sufrido, dado que esa renuencia a comparecer ante la autoridad competente no fue determinante al momento de su privación jurídica de la libertad. Lo anterior, en virtud de que aquella consideró ilegítima la existencia en sí misma del proceso penal y su renuencia a comparecer no puede ser entendida como la causante del daño, máxime cuando está acreditado que la investigación estaba fundamentada en la comisión de un punible que efectivamente nunca cometió.

En ese orden de ideas, el comportamiento de la víctima en el caso sub examine, no resulta relevante para configurar una concausa que atenúe la responsabilidad de la administración pública, pero sí para reducir la indemnización, pues es indudable que la falta de comparecencia al proceso penal redujo las condiciones de severidad de la medida de aseguramiento, pues no es lo mismo tener que afrontarla en un establecimiento carcelario que permanecer por fuera de este, mientras se termina el proceso penal.

Por otra parte, la Sala considera necesario resaltar que las providencias mediante las cuales se vinculó a la doctora Carla Eufemia Espíndola Villegas al proceso penal adelantado en su contra y se ordenó su captura fueron expedidas por el Juzgado 33 de Instrucción Criminal, el Juzgado 1º de Instrucción Ambulante de Pasto, el Juzgado de Instrucción de Orden Público y la Sección Jurisdiccional de Orden Público, lo cual permite determinar que la responsabilidad patrimonial que aquí se le atribuye al Estado por la privación jurídica de la libertad de dicha persona recae en la Rama Judicial y no en la fiscalía; por lo tanto, es la primera de ellas quien deberá resarcir los daños causados a la actora.

En consecuencia, se modificará la sentencia apelada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto la señora Carla Eufemia Espíndola Villegas.

Los perjuicios

Como a la parte demandante se le declaró desierto el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, no se revisará la negativa al reconocimiento de perjuicios materiales, máxime que las demandadas son apelantes únicos y, por ende, no se puede hacer más gravosa su situación. Por lo mismo, tampoco se revisará la posibilidad de aumentar el valor reconocido por concepto de perjuicios morales; sin embargo, como estos se concedieron en gramos de oro, se hace necesario ajustar la condena a salarios mínimos legales mensuales vigentes, en aplicación de los criterios establecidos por la jurisprudencia(50).

En casos de privación injusta de la libertad en establecimiento carcelario, durante un lapso de 18 meses —como el presente—, esta Sala ha reconocido 90 salarios mínimos legales mensuales; sin embargo, como la doctora Espíndola Villegas nunca estuvo recluida “intramuros”, debido a que no compareció al proceso penal que se le adelantaba, se le reconocerán 50 salarios mínimos legales mensuales.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Modifícanse los numerales 2º y 3º de la sentencia del 27 de julio de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los cuales quedarán así:

2. Declárase a la Nación - Rama Judicial, administrativamente responsable de los daños y perjuicios causados a la demandante, doctora Carla Eufemia Espíndola Villegas.

3. Como consecuencia de la declaración anterior, condénase a la Nación - Rama Judicial, a pagar a la doctora Carla Eufemia Espíndola Villegas, por concepto de perjuicios morales, cincuenta (50) smlmv.

SEGUNDO: Confírmase, en lo demás, la sentencia recurrida.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Expediente 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(4) Folio 209 del cuaderno principal.

(5) Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20.300.

(6) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789.

(7) Folio 233 del cuaderno principal.

(8) Folio 9, 57 y 86 del cuaderno 1.

(9) Folios 90 y 91 del cuaderno 1.

(10) Folios 214 y 215 del cuaderno principal

(11) “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

(13) En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en sentencia de 19 de octubre 2011, Expediente 19.151, precisó: “… no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma…”.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463.

(15) Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 1992, Expediente 7058.

(16) Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 1994, Expediente 8666.

(17) Sección Tercera, sentencia de 15 de septiembre de 1994, Expediente 9391.

(18) Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1995, Expediente 10056

(19) Rodríguez Villamizar, Germán. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

(20) Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, Expediente 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo.

(21) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 15.980.

(22) García Morillo, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en López Guerra, Luis et al. Derecho Constitucional, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 258.

(23) El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de 10 de diciembre) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan —aun previstas en la ley— privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “... por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996).

(24) Sentencia C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997.

(25) Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 de 25 de julio de 2001 de la Corte Constitucional.

(26) Sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, del 29 de agosto de 2012, Expediente 27.109 y del 16 de agosto de 2012, Expediente 21.968.

(27) “toda persona tiene derecho a circular libremente (...) en el territorio de un Estado”.

(28) “toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él...”.

(29) “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”.

(30) De acuerdo con el Código Civil el domicilio es un atributo de la personalidad (C.C., art. 76) que consiste la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella.

(31) Corte Constitucional, Sentencia C-379 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(32) En este mismo sentido consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2011, Expediente 19.858, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, en el cual se declaró la responsabilidad del Estado por la imposición de una medida de aseguramiento, con beneficio de libertad provisional.

(33) En términos similares pude consultarse, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, Expediente 16.075, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(34) Sentencia del 29 de agosto de 2012, Expediente 27.109. C.P. Hernán Andrade Rincón.

(35) Folio 17 del cuaderno 2.

(36) Folio 16 del cuaderno 2.

(37) Folios 76 y 77 del cuaderno 8.

(38) Folio 100 del cuaderno 8.

(39) Folios 159 a 170 del cuaderno 8.

(40) Folio 173 del cuaderno 8.

(41) Folio 303 del cuaderno 8.

(42) Folio 58 del cuaderno 9.

(43) Folios 225 y 226 del cuaderno 9.

(44) Folio 395 del cuaderno 7.

(45) Folios 396 a 405 del cuaderno 7.

(46) Folios 421 a 431 del cuaderno 7.

(47) Folios 428 a 430 del cuaderno 7.

(48) Folios 434 del cuaderno 7.

(49) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Expediente 17.517, reiterada en sentencia de abril 15 de 2011, Expediente 18.284 y recientemente en sentencia de 26 de mayo de 2011, Expediente 20.299, actor: Jesús David Arciniegas Caselles y otro, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(50) Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, se ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales. Se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad. Sentencia del 6 de septiembre del 2001. Expediente 15646.