Sentencia 1998-04411 de diciembre 3 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 20001-23-31-000-1998-04411 01

Exp. 27765

Actor: William Barrios Fernández y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, y Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y Ejército Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Consejero Ponente (E):

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

I. Competencia

8. Por ser competente, procede la Sala a decidir en segunda instancia(1), el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 16 de octubre de 2003.

II. Hechos probados

9. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

9.1. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Nacional, Sala de Decisión, en la cual se valoró el material probatorio allegado al proceso penal adelantado en contra del demandante William Barrios, los hechos que precedieron a la captura de este último se resumen así: “[e]l 11 de noviembre de 1993, tropas del Ejército Nacional montaron un retén en la vía que de Pailitas conduce de Aguachica en el departamento del Cesar e interceptaron la camioneta Chevrolet Luv de placas HOD-093 de Honda donde se transportaba la mujer Lucy Hortensia Téllez Mena y los señores William Barrios Fernández, Carlos Pacheco Arévalo, José del Carmen Barbosa Cañizares a quienes dieron captura. Tras hallarse en el automotor una granada de fragmentación, 75 cartuchos para fusil R15, 42 cartuchos calibre 7.62, un radio Sony (12 bandas) y varios documentos alusivos al frente Nororiental del grupo rebelde autodeterminado Ejército de Liberación Nacional, ELN” (fl. 5, cdno. 1 del fallo en mención; Ofi. 235/coman-Suco-Deces del Departamento de Policía del Cesar —fl. 145 cdno. 1—; y Ofi. 81/satec-Sijin-Deces de la Policía Nacional —fl. 147, cdno. 1—).

9.2. El detenido William Barrios fue puesto a disposición de la Fiscalía Delegada ante la Unidad Antiextorsión y Secuestro Unase de Valledupar, la cual dio apertura formal al proceso (nov. 16/93). Vinculó mediante diligencia injurada al capturado y su homóloga con sede en Barranquilla profirió en su contra la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva (dic. 3/93) bajo el cargo de rebelión (sentencia del Tribunal Nacional —fl. 6, cdno. 1—).

9.3. EL Juzgado Regional de Barranquilla, mediante providencia judicial del 26 de septiembre 1996, absolvió de responsabilidad penal por el delito de rebelión al señor William Barrios Fernández. Señaló que el absuelto, en su condición de conductor no tenía por qué conocer el material transportado de quienes llevaba dentro de su vehículo: “Ahora bien, como conductor de vehículo destinado al transporte público de pasajeros no tiene el deber legal de conocer a estos, de saber de sus antecedentes y hábitos como tampoco de registrar lo que lleven esos pasajeros en sus bolsas o equipajes. De tal suerte que si alguno de ellos posee elementos ilegales no puede responsabilizarse por ello, en forma objetiva al chofer”. También estableció que ninguna de las pruebas obrantes en el proceso lo relacionaban, ni siquiera los testimonios rendidos bajo la reserva de identidad (copia auténtica de la sentencia del Juzgado Regional de Barranquilla —fls. 23-42, cdno. 1—).

9.4. El Tribunal Nacional, Sala de decisión, mediante providencia del 17 de enero de 1997, en sede del grado jurisdiccional de consulta, confirmó la sentencia del Juzgado Regional de Barranquilla frente a la absolución de William Barrios por el delito de rebelión y ordenó la boleta de libertad a la cárcel del Distrito Judicial de Ibagué. En su concepto no se probó el hecho punible frente al sindicado:

“... la convicción sobre responsabilidad que esos hechos otorga, no alcanza a cubrir las exigencias del artículo 247 del estatuto formal, que reclama certeza tanto del hecho punible como de la responsabilidad del sindicado. Los informes de inteligencia suministrados por las fuerzas de orden acatan a incluir (sic) el nombre de William Barrios Fernández como miembro del ELN pero no ofrecen ninguna razón que sustente su incriminación, de suerte que no puede reconocerse en ellos vocación para incrementar la convicción respecto de la militancia del referido acusado en la subversión” (copia auténtica de la sentencia del Tribunal Nacional —fls. 4-21, cdno. 1. La cita transcrita corresponde al fl. 14).

9.5. La mencionada providencia cobró ejecutoria el 22 de abril de 1997 (constancia de ejecutoria emitida por el secretario del Tribunal Nacional –fl. 22, cdno. 1—).

9.6. Eulogio Barrios Barón y Myriam Fernández de Barrios son los padres del señor William Barrios (copia auténtica del registro civil de nacimiento de este último —fl. 3, cdno. 1—) y Darío Barrios Alonso, William Andrés y Jessica Alexandra Barrios Hernández, sus hijos (original respuesta de la Registradora Nacional del Estado Civil, Pailitas - Cesar anexando copia de los registros civiles de los actores en mención —fls. 149-152, cdno. 1—).

III. Problema jurídico

10. En primer lugar, la Sala deberá establecer si se estructura responsabilidad administrativa en cabeza de la nación por las actuaciones de la fiscalía general y/o la rama judicial, como consecuencia de la privación de la libertad del señor William Barrios Fernández, la cual cesó con la sentencia absolutoria emitida por el Juez Regional de Barranquilla en primera instancia y por el Tribunal Nacional en sede de consulta, con ocasión de la inexistencia del hecho. Para este efecto se revisará si el daño se enmarca dentro del régimen de responsabilidad objetiva derivada del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. En segundo lugar, se deberá determinar si en el presente caso se estructura la responsabilidad administrativa de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y/o Ejército Nacional por la captura adelantada por el Grupo Antiextorsión y Antisecuestro Unase del demandante William Barrios, en la cual no medió la orden judicial previa.

IV. Análisis de la Sala

11. De conformidad con los hechos probados la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditado que el señor William Barrios Fernández estuvo privado de su libertad a órdenes de Fiscalía Delegada ante la Unidad Antiextorsión y Secuestro Unase de Barranquilla (párr. 9.2.) entre el 11 de noviembre de 1993 —fecha en[sic] fue capturado— y el 17 de enero de 1997 —fecha en que se profirió la sentencia del Tribunal Nacional en grado de consulta que lo absolvió de responsabilidad penal(2)—; es decir, durante 38 meses y 6 días.

11.1. Aprecia la Sala que, por la privación de la libertad de William Barrios Fernández, está demostrada la configuración de un daño en cabeza de Eulogio Barrios Barón y Myriam Fernández de Barrios, padres de del señor William Barrios y de Fabián Darío Barrios Alonso, William Andrés y Jessica Alexandra Barrios Hernández, sus hijos (párr. 9.6.), relación que conforme con las reglas de la experiencia, permite inferir el sentimiento de pena por ellos padecido debido a la detención de su padre. Se reitera que, para el reconocimiento del daño moral, la parte demandante tiene el deber mínimo de probar su existencia (CPC art. 177) y que la prueba de parentesco con la víctima directa constituye una inferencia para derivar la afectación moral(3).

11.2. En cuanto a la señora María Alexandra de la E. Hernández Lobo, quien se presentó al proceso en calidad de compañera permanente del señor Barrios, la Sala considera que mediante el certificado del registro civil de nacimiento de William Andrés y Jessica Alexandra Barrios Hernández (fl. 151-152, cdno. 1, respectivamente), en los cuales aparece consignado su nombre como madre de aquellos, la Sala puede inferir que la señora María Alexandra mantenía lazos de afecto y cercanía con William Barrios Fernández y en consecuencia, será tenida como damnificada por el daño por el cual demanda(4).

12. En lo que tiene que ver con el régimen de responsabilidad aplicable al presente caso, el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad, estaba constituido por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991:

“ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave” (destacado fuera de texto).

12.1. En interpretación de dicho artículo, el criterio que rige actualmente los pronunciamientos de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el siguiente:

“En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(5), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquel”(6).

12.2. Clarificado lo anterior, el caso bajo estudio implica una responsabilidad de carácter objetivo, en la que no es necesaria la demostración de que la autoridad judicial incurrió en un error. Al damnificado le basta con demostrar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia por haberse demostrado que el hecho no ocurrió, no lo cometió o no es punible, así como el daño surgido de la situación de la detención, para que con esa demostración surja a cargo de la administración la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos.

12.3. En consecuencia, no son de recibo los argumentos del Ministerio Público y las partes respecto de la ausencia de responsabilidad de las entidades demandadas. Según estas, la investigación se ajustó a las prescripciones legales vigentes sin que se presentara una falla en el servicio originada en su proceder. Si bien es deber constitucional del Estado investigar los delitos y lograr la comparecencia de los sindicados al proceso, y a pesar de que la Sala constate que la captura correspondió a un caso de flagrancia, evento que permitía contar con el indicio grave en contra del sindicado, también lo es que la privación de la libertad legalmente impuesta puede resultar sin embargo injusta cuando al final del proceso se demuestre que la persona no tenía el deber jurídico de soportar esa grave restricción de sus derechos, porque, finalmente en el proceso queda demostrada su carencia de responsabilidad, tal como en su momento lo reconoció el legislador al consagrar en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 las causales objetivas de responsabilidad en estos asuntos.

12.4. Así las cosas, de acuerdo con el criterio unificado, al presente caso le es aplicable el régimen objetivo de responsabilidad señalado y bajo esa óptica, deberán analizarse los presupuestos para que pueda declararse responsabilidad en contra de la demandada en el sub lite.

12.5. En el caso concreto, se evidenció que el señor William Barrios Fernández estuvo privado de la libertad, recluido en las cárceles de los distritos judiciales de Bucaramanga e Ibagué. Igualmente resultó probado que el demandante no cometió los hechos punibles que se le imputaron por el delito de rebelión, razón por la cual la presunción de inocencia del procesado quedó incólume y así fue reconocido por el Juzgado Regional de Barranquilla, en el fallo de primera instancia y en la sentencia que en sede de consulta emitió el Tribunal Nacional —la cual se encuentra debidamente ejecutoriado—, con los que el acusado fue absuelto de toda responsabilidad penal por el señalado delito. Del contenido de ambas decisiones emerge la antijuridicidad de la privación de la libertad que sufrió el señor William Barrios, en tanto es claro que no cometió el delito investigado (párrs. 9.2. y 9.3.).

12.6. Las anteriores consideraciones son suficientes para encontrar acreditada la responsabilidad de la nación con cargo al patrimonio de la Fiscalía General de la Nación bajo el entendido de que la detención injusta tuvo lugar durante la etapa de instrucción.

13. De acuerdo con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima(7) en la medida en que el señor William Barrios condujo una camioneta en donde transportaba material bélico de uso exclusivo de las fuerzas armadas y accedió a transportar miembros del grupo armado ilegal ELN en su camioneta.

13.1. Consagra el Código Civil que la culpa grave es la falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios y el deber de administrar un negocio como un buen padre de familia (art. 63). Así mismo, según el Código Penal, habrá culpa cuando no se previeron los efectos nocivos de su acto habiendo podido preverlos, o cuando a pesar de haberlos previsto se confió imprudentemente en poder evitarlos (art. 37).

13.2. Adicionalmente, ha sostenido la jurisprudencia de esta corporación, que no puede quedar comprometida la responsabilidad de la autoridad pública cuando la víctima actuó de forma imprudente o culposa, desatendiendo a tal punto las obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta, que se entiende participó directamente en la producción del resultado daños(8).

13.3. No quedó acreditado en el proceso que el actor William Barrios haya tenido conocimiento previo de la naturaleza de los elementos transportados por quienes contrataron su servicio el día de los hechos o de la finalidad a la que servían esos armamentos o documentos alusivos al ELN. De manera que no considera la Sala que la actuación del actor pueda catalogarse como una de carácter imprudente o culposa frente a los hechos investigados y coincide con la apreciación del Juzgado Regional de Barranquilla que estableció lo siguiente: “[a]hora bien, como conductor de vehículo destinado al transporte público de pasajeros no tiene el deber legal de conocer a estos, de saber de sus antecedentes y hábitos como tampoco de registrar lo que lleven esos pasajeros en sus bolsas o equipajes. De tal suerte que si alguno de ellos posee elementos ilegales no puede responsabilizarse por ello, en forma objetiva al chofer” (párr. 9.3.).

14. Analizada la responsabilidad de la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General a la luz del régimen objetivo consagrado en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en razón de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el demandante, procede la Sala a determinar la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, en razón de la captura que llevó a cabo en contra de la víctima.

14.1. Precisa la Sala que en este caso no es posible endilgar responsabilidad a la nación por las actuaciones del Ministerio de Defensa-Policía Nacional y/o Ejército Nacional, dado que del acervo probatorio no se desprende que la conducta desplegada por la captura adelantada por los agentes la Unidad Antisecuestro y Antiextorsión haya constituido una captura arbitraria o ilegal.

14.2. En efecto, de acuerdo con el recuento de los hechos esbozados en el fallo de primera instancia, el comando operativo 7 de la Unase instaló un retén militar tras los informes de inteligencia allegados a esa unidad que permitieron establecer que varias personas pertenecientes al Frente de Guerra Nororiental de la Unión Camilista del ELN se movilizaban en un vehículo particular (fl. 23, cdno. 1). Así, la resolución de acusación emitida por la Fiscalía Regional de Barranquilla en contra de William Barrios, estableció que la captura fue realizada en flagrancia: “[c]onsidera que la responsabilidad de los procesados está demostrada con la captura en flagrancia, los indicios graves del informe de inteligencia en donde daba cuenta de posibles rebeldes que viajaban en un vehículo particular, la documentación y municiones halladas... y las declaraciones de los militares intervinientes en el operativo” (fl. 26, cdno. 1).

14.3. El Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal vigente para ese momento, consagraba los eventos que constituían un estado de flagrancia y la posibilidad de efectuar una captura sin necesidad de orden judicial previa(9), así:

“ART. 370.—Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer un hecho punible o cuando es sorprendida con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible o participado en él, o cuando es perseguida por la autoridad, o cuando por voces de auxilio se pide su captura(10).

ART. 371.—Captura en flagrancia. Quien sea sorprendido en flagrancia será capturado por cualquier autoridad o persona y conducido en el acto, o a más tardar en el término de la distancia, ante el fiscal o funcionario competente para iniciar la investigación, a quien deberá rendir informe sobre las causas de la captura”.

Cuando por cualquier circunstancia no atribuida a quien hubiere realizado la captura, el aprehendido no pudiere ser conducido inmediatamente ante el fiscal, será recluido en la cárcel del lugar o en otro establecimiento oficial destinado al efecto, debiéndose poner a disposición del funcionario judicial dentro de la primera hora hábil del día siguiente, con el informe de que trata el inciso anterior. Para los efectos de esta disposición todos los días y horas son hábiles.

Cuando la medida de aseguramiento a imponer por razón del hecho punible sea caución, conminación, detención con excarcelación o detención domiciliaria, una vez el capturado haya rendido indagatoria se le dejará en libertad firmando acta de compromiso de presentarse ante la autoridad que lo solicite.

En ningún caso el capturado puede permanecer más de treinta y seis horas por cuenta de funcionario diferente al fiscal o juez“.

14.4. De un lado, comprueba la Sala que la captura del demandante fue realizada en flagrancia, de acuerdo con el artículo 370 del Decreto 2700 de 1991, de manera que no se requería una orden judicial. Del otro, se observa que en el proceso no quedó demostrada una violación de las garantías exigidas en este tipo de capturas, como quebrantamientos al deber de conducción en el acto del capturado ante autoridad judicial competente, la conducción dentro del término legal establecido, ausencia o irregularidades en el informe que establece las causas de la captura, u otra violación de índole material o formal de las garantías de la captura en flagrancia, en contravía de los términos previstos en los artículos 370 y 371 transcritos anteriormente.

14.5. Por todo lo anterior no se imputará responsabilidad alguna a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y/o Ejército Nacional y se declarará la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación quien deberá asumir el 100% del valor de la condena.

V. Perjuicios

Perjuicios morales

15. Conforme a las consideraciones efectuadas en esta providencia, en relación con la acreditación del dolor moral padecido por los actores con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido William Barrios por el término de 38 meses y 6 días (supra párr. 11), se procederá a su reconocimiento en los términos de la sentencia de septiembre 6 de 2001, expedientes 13232 y 15646, en la cual se fijó tal indemnización en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los eventos de mayor intensidad del dolor, abandonando así el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente.

15.1. Conviene precisar además, acerca de la cuantía del perjuicio que, si bien la jurisprudencia contenciosa administrativa ha señalado unos parámetros a tener en cuenta al momento de proferir la respectiva condena, estos no son absolutos y pueden variar —ser incrementados o disminuidos— según el caso concreto, en razón de la magnitud e implicaciones del daño padecido por los damnificados(11). En efecto, las pautas jurisprudenciales en la materia constituyen una guía, dada la inexistencia de una norma a seguir para la tasación de la indemnización y precisamente por ello, si las características del caso concreto lo ameritan, el juez se puede apartar de tales pautas y condenar incluso por montos superiores a los tradicionalmente empleados.

15.2. Así por ejemplo, en sentencia de febrero 2 de 2012, Expediente 20943, se condenó a favor de quien fuera privado de la libertad por el término de 1 año, 1 mes y 20 días, al pago del equivalente a 70 smmlv por perjuicios morales y, en providencia de mayo 28 de 2012, Expediente 19173(12), la Sala reconoció a favor de quien estuvo detenido por un lapso de 1 año, 7 meses y 11 días el equivalente en pesos a 100 smmlv por el mismo concepto.

15.3. De conformidad con lo expuesto, se considera que un monto razonable a reconocer a favor del señor Barrios por concepto de perjuicios morales, quien estuvo privado de la libertad durante 38 meses y 6 días, corresponde a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes(13), y a favor de Eulogio Barrios Barón, Myriam Fernández de Barrios, María Alexandra Hernández Lobo, Fabián Darío Barrios Alonso, William Andrés y Jessica Alexandra Barrios Hernández, 50 smmlv, para cada uno.

Lucro cesante

16. En la demanda se solicitó de forma genérica el pago de perjuicios materiales, por concepto de “lucro cesante y daño emergente(14) derivado por la razón de la paralización que sufrió el anterior automotor desde el día 11 de noviembre de 1993, hasta el día 17 de enero de 1997, es decir, tres años y dos meses” (párr. 1.). También señaló la parte actora que dicha solicitud la hacía “ya que mi patrocinado se encontraba laborando en oficios varios antes de su captura” (párr. 1.1.).

16.1. Mencionó la sentencia del Tribunal Nacional que “el señor Barrios se presentó como persona dedicada a la actividad lícita de transporte de personas y allegó en apoyo de su aserto abundante prueba testimonial” (fl. 9, cdno. 1). Lo anterior, así como las circunstancias en las que se hizo la captura (párr. 9.1.) permiten establecer que en efecto el actor se dedicaba a contratar los servicios de transporte en la camioneta que fue retenida y decomisada por la fiscalía. No obstante, no quedaron demostrados los ingresos que dicha actividad le reportaba, ni que tuviera entradas por otros conceptos. Por lo anterior, se tomará como base el smlmv a la fecha de la sentencia: $ 566.700, incrementado en un 25% correspondiente a las prestaciones sociales. Por lo tanto, se tendrá en cuenta como base de liquidación el salario que equivale a $ 708.375.

16.2. El periodo a indemnizar corresponderá al tiempo en que el señor William Barrios Fernández estuvo privado de la libertad, esto es entre el 11 de noviembre de 1993 —fecha en fue capturado— y el 17 de enero de 1997 —fecha en que se profirió la sentencia del Tribunal Nacional en grado de consulta que lo absolvió de responsabilidad penal y ordenó su libertad inmediata—; es decir, 38 meses y 6 días que equivalen a 38,2 meses. Ahora bien, se considera procedente extender dicho periodo de tiempo por el término en que el señor Barrios Fernández debió quedar cesante una vez recuperó su libertad definitiva, el cual corresponderá a un periodo adicional de 35 semanas (8,75 meses), que corresponden al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores, con fundamento en la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA(15), por lo que el periodo total a indemnizar será de 46,95 meses.

S= Ra (1 + i)n - 1

i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual, es decir $ 708.375.

i= Interés puro o técnico: 0.004867.

n= Número de meses que comprende el periodo indemnizable: 46,95 meses.

S= $ 708 375 (1 + 0.004867)46,95 - 1

0.004867

S= $ 37 263 444

17. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia del 16 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en su lugar se dispone:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor William Barrios Fernández, del 11 de noviembre de 1993 al 17 de enero de 1997.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación -Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales: cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor William Barrios y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los siguientes demandantes: Eulogio Barrios Barón, Myriam Fernández de Barrios, María Alexandra Hernández Lobo, Fabián Darío Barrios Alonso, William Andrés y Jessica Alexandra Barrios Hernández.

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor del señor William Barrios, la suma de treinta y siete millones doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos ($ 37.263.444).

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda

5. Sin condena en costas.

6. ABSOLVER a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y a la Nación - rama judicial.

7. La Nación - Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Para el cumplimiento de esta sentencia expedir copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

(1) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

(2) No obra en el expediente la fecha exacta en la que el señor William Barrios fue dejado en libertad, en consecuencia, se toma como fecha límite aquella en que se profirió sentencia penal absolutoria a su favor, comoquiera que en la misma se ordenó su libertad inmediata (párr. 9.4.).

(3) Al respecto, la sentencia de la Sección Tercera, S.C.A., Subsección B, del Consejo de Estado de mayo 12 de 2011, Expediente 18902, C.P. Danilo Rojas Betancourth, señaló: “... la Sala tiene establecido que si se acredita el nexo de parentesco entre dos personas, también es posible inferir el perjuicio padecido indirectamente por una persona, debido al daño irrogado a un ser querido como víctima directa del actuar lesivo de la administración. Así las cosas, aun cuando en el expediente no existe prueba alguna que demuestre el daño moral padecido por el señor Juan Alberto Caicedo, la Sala reconocerá una indemnización por concepto de dicho perjuicio, en la medida en que se infiere el daño sufrido por el demandante con ocasión de la privación de su libertad. Por la misma vía se reconocerán perjuicios morales a favor de la señora (...) pues, aunque tampoco se demostró el daño moral por esta padecido por la privación de la libertad del señor Juan Alberto Caicedo, sí quedó acreditado su parentesco con este, razón por la cual la Sala infiere el perjuicio que sufrió la mencionada señora con ocasión de la detención de su cónyuge”.

(4) Ver: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Subsección B, sentencia de octubre 27 de 2011, Exp. 18988, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(5) [18] A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no solo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto estas son decisiones equivalentes a aquella para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp: 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Exp: 13.449.

(6) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, Exp. 20942, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(7) Establecía dicha norma: “Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Al respecto, ver las sentencias de septiembre 15 de 1994, Exp. 9391, C.P. Julio César Uribe Acosta y de septiembre 25 de 1995, Exp. 10056, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(8) En un caso referente a un accidente de tránsito en vehículo automotor oficial, el Consejo de Estado manifestó lo siguiente: “... Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño...” Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de julio de 2002, Exp. 13744, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(9) Artículo 32 de la Constitución Política de Colombia.

(10) Precisa la Sala que las voces de auxilio a las que hace referencia la normativa anterior, no deben entenderse únicamente como gritos por parte de la comunidad, sino también comprenden aquellos eventos en los cuales simplemente esta solicita la ayuda de la autoridad competente o le da la noticia de la comisión de un delito.

(11) Con relación al arbitrio judice en materia de la cuantía de los perjuicios morales, ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de febrero 13 de 2003, Exp. 12654, C.P. Alier Hernández y junio 24 de 2004, Exp. 14950, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(12) Ambas sentencias con ponencia de la consejera de Estado Ruth Stella Correa Palacio.

(13) En relación con el monto de la condena por perjuicios morales en eventos de privación injusta de la libertad, ver: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de julio 26 de 2012, Exp. 24688, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(14) Al respecto, advierte la Sala que no se acreditó que con ocasión del daño imputado a la demandada, la parte actora hubiera sufrido perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y en consecuencia, no se efectuará reconocimiento alguno en este sentido.

(15) Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA, Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.