Sentencia 1998-05486 de febrero 13 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad.: 76001- 2325-000-1998-5486-01-(22573)

Actor: Nolberta del Toro Renteria y Otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policia Nacional

Asunto: Acción de Reparación Directa (Sentencia)

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil quince

Extractos: «Consideraciones.

1.1. Competencia.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 31 de agosto de 2001, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la pretensión mayor, referida en la demanda a los perjuicios morales excedía la cuantía mínima exigida para que opere la doble instancia, tal como lo establece el Decreto 597 de 1988 y el Código Contencioso Administrativo.

El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por los demandantes en el recurso de apelación en consideración del inciso 1º Artículo 357 Código de Procedimiento Civil, como nos encontramos frente a un caso con apelante único, la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla.

1.2. Prueba trasladada.

En cuanto a las pruebas que la Sala valorará, se advierte que se allegó copia del proceso penal a solicitud de la parte demandante y frente a la cual se allanó la parte demandada, manifestando expresamente: “por considerarlas suficientes para el esclarecimiento de los hechos” (fl. 117 cdno.1). Teniendo en cuenta esto, la Sala con relación a la eficacia probatoria de la prueba trasladada se sostiene en el precedente según el cual cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia, y en el presente caso se reúne este requisito por cuanto la entidad demandada se allanó a la solicitud del traslado de la prueba, por lo cual se presume que conoce su contenido y lo acepta.

En este sentido, el precedente de la Sala sostiene que cuando el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso haya sido solicitado por ambas partes, las mismas podrán ser valoradas y apreciadas, pese a que se hayan practicado sin citarse o intervenir alguna de aquellas en el proceso de origen y, no hayan sido ratificadas en el proceso al que se trasladan, ya que se puede considerar contrario a la lealtad procesal “que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión”(2).

Cuando se trata de prueba documental, específicamente, se podrá trasladar de un proceso a otro en original (evento en el que se requerirá el desglose del proceso de origen y que se cumpla lo exigido en el art. 185 C.P.C), o en copia auténtica (evento en el que se deberá cumplir lo consagrado en los arts. 253 y 254 del C.P.C).

De esta manera, la Sala valorará las pruebas practicadas dentro del proceso contencioso administrativo y aquellas trasladadas del proceso penal, conforme a los fundamentos señalados.

1.3. Legitimación en la Causa.

En la verificación de los presupuestos procesales materiales o de fondo, dentro de los cuales se encuentra la legitimación en la causa, compete a la Sala, antes de considerar las pretensiones planteadas en el libelo introductorio, analizar la legitimidad para obrar dentro del proceso de la parte actora o de quien acude como demandado y su interés jurídico en la pretensión procesal, pues la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o a las demandadas(3).

En primer lugar, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a la legitimación en la causa, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”,(4) de forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas(5).

Dentro del concepto de legitimación en la causa, se vislumbra la legitimación de hecho, originada en la simple alegación de esa calidad en la demanda, como lo prevé el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, al señalar “la persona interesada podrá”, siendo entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio(6). Sin embargo, la legitimación material se concreta en el evento en que se pruebe realmente la calidad de damnificado para así obtener una sentencia favorable a las pretensiones de la demanda.(7)

Un concepto más reciente ha establecido que

“(…) se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda (…) la legitimación material en la causa, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño (…)”(8).

1.3.1. Legitimación de quien alega la calidad de compañera permanente.

En primer lugar, la Sala considera pertinente referirse a la noción de unión marital de hecho, de la cual surge la condición de compañera o compañero permanente. Mediante la Ley 54 de 1990, vigente para la época de los hechos, el legislador colombiano denominó unión marital de hecho a aquella relación “formada entre un hombre y una mujer que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular” y, asimismo, nominó al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho como “compañero y compañera permanente”.

En relación a lo anterior, se observa que la demandante Gigliola Patricia Campos Fabra, en el ejercicio de la acción que aquí se estudia, invocó la calidad de “compañera permanente”, condición que como se mencionó anteriormente se encuentra en la obligación procesal de acreditar a fin de legitimar el interés procesal de donde deriva sus pretensiones.(9)

Ahora bien, para establecer el medio probatorio idóneo en la acreditación de la calidad alegada por esta demandante, se resalta la naturaleza fáctica(10) de la unión marital, pues se desprende de la misma norma, que ésta comporta una situación de hecho, que no jurídica, no obstante los efectos jurídicos que de ella se derivan. En relación con la prueba de la Unión Marital de Hecho, como lo disponía el texto inicial del artículo 4° de la Ley 54 de 1990, antes de la modificación introducida por el artículo 2° de la Ley 979 de 2005, la existencia de la unión marital de hecho se establece por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil, es decir por los contenidos en el artículo 175 ibídem, a saber la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez(11).

Los medios de prueba, sin lugar a mudar el juicio de responsabilidad extrapatrimonial del Estado en uno declarativo de la unión marital, deben dirigirse a demostrar la concurrencia de los elementos integrantes del concepto dado por el artículo 1° de la Ley 54 de 1990, previendo, por supuesto, la vigencia de la norma para la época de los hechos, que para el caso de autos es el 21 de diciembre de 1995, fecha en la cual no se habían introducido las modificaciones de 2005 ni la interpretación de la Sentencia C-075 de 7 de febrero de 2007.

Consiste entonces en demostrar, en primer lugar, la unión, es decir, que hubo una cohabitación bajo un mismo techo; que la unión se efectuó entre un hombre y una mujer; que no se encontraban casados entre sí; que hacían una comunidad de vida permanente, elemento que exige que la unión sea duradera, término que el artículo 2° de la misma legislación establece en lapso no inferior a 2 años; singular, es decir monogámica; y, con capacidad núbil o para contraer matrimonio, es decir entre mujer mayor de 12 años y varón mayor de 14 años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1777 del Código Civil.

Finalmente, sobre este punto, se aclara que la Sala no insta a demostrar la existencia de la sociedad patrimonial derivada de la unión marital de hecho sino que es suficiente la acreditación de esta última para legitimar su interés dentro del proceso de reparación directa, y para hacerlo, no se requiere la demostración de los dos años, pues este término está previsto por la ley para la declaratoria de la sociedad patrimonial.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala considera que en el caso sub judice se encuentra acreditada la condición de compañera permanente de la víctima, en la señora Gigliola Patricia Campos, lo cual se deduce de lo manifestado en las declaraciones rendidas, unas dentro del proceso de filiación, que se valorarán como se dijo en precedencia, por cuanto la apoderada de la Policía Nacional se allanó a todas las pruebas solicitadas en la demanda; pero también se encuentra probado con los testimonios practicados en este proceso, por el Tribunal del Chochó, actuando como comisionado del Tribunal del Valle del Cauca.

En efecto, en la declaración de la señorea Amparo Otero Montes, cuando se les pregunta si conoció a la víctima Robinson Palacios Rentería y a Gigliola Patricia Campos, se lee: “Sí al finado lo conocí y a ella también, los conocí en el barrio porque ella es vecina, por ahí, el era policía y trabaja en el comando de la granja y llegó por ahí por el barrio y empezó a enamorarse de Gigliola y ahí lo conocí… Ellos primero se conocieron a mediados del año noventa y tres, tuvieron su romance, ya en el noventa y cuatro como a finales empezaron a vivir como hasta el noventa y cinco cuando él murió”. Fls. 230-231 cdno.2

La señora Dayris Díaz Bedoya… afirma: “Sí, ellos se conocieron en el noventa y tres, (sic) ellos no duraron mucho tiempo en amores, empezaron a vivir en ese mismo año que yo los conocí, ellos empezaron a vivir aquí en Montería donde una amiga, en el barrio policarpa, ahí no duraron ni un mes, por ahí unos quince días, después se fueron a vivir a Roldanillo (valle)”. Fl. 233 cdno.2.

La señora Alina Fabra Tordecilla, describe la relación de la Víctima con la señora Giglioa Patricia Fabra Campos, en los siguientes términos: ”Si convivieron, en el año noventa y trés (sic) como a finales désde (sic) el noventa y trés (sic) para el noventa y cuatro, ellos vivieron, cuando ella se comenzó a conocer con él elle vivía (sic) en mi casa y él visitaba a unos amigos y también visitaba en mi casa porque le gustaba a ella, después de esa amistad, vino el noviazgo, se enamoraron, en mi casa eran gustosos pero como él no se aguantó más se la llevó donde un amigo de él aquí mismo en Montería, duraron como un mes ahí viviendo, después como a él le salió traslado para Roldanillo (Valle), él se la llevó, y estuvo viviendo con ella allá, de ahí ella quedó embarazada y nació una niña llamada Wendy Vanessa Palacio. A mí me consta porque yo era sabedora de eso, porque él, el difunto se comunicaba conmigo y Gigliola”.

Por su parte la señora Barbara Cuesta Andrade, sobre la convivencia de Robinson Palacios y Gigliola Patricia Fabra, afirma: “Si, tuvieron una niña, empezaron a vivir a principios del noventa y trés(sic), terminaron de vivir cuando él se murió que tuvo el accidente en el noventa y cinco en diciembre eso fué (sic) en Cali. Me consta que vivieron aquí porque vivieron en mi casa, cuando él se la sacó a vivir vivieron en mi casa, ahí vivieron un mes, de ahí se fueron para Cali, a vivir allá porque él estaba trasladado para allá”

En el testimonio de Absalon Rivas Domínguez, recepcionado dentro de este proceso, por el Tribunal Administrativo del chocó, en su condición de comisionado, sobre la convivencia entre la víctima y la demandante Fabra Campos, se lee: “Las relaciones eran de convivencia pacífica… él quería mucho a su niña, lo digo porque cuando él llegaba de vacaciones, él y ella se demostraban mucho cariño y fuera de eso ella Gigliola manifestaba que Robinson era un excelente compañero y decía que lo quería mucho, siempre se presentaban como recientes enamorados, gomosos y lo sé porque siempre hacíamos en la casa un pequeño agasajo a la llegada o despedida de él”. (fl.180 cdno.3).

De estos testimonios se evidencia que entre la víctima y la demandante Gigliola Patricia Campos Fabra, existía una convivencia que reunía las condiciones para tenerlos como compañeros permanentes en el momento en que ocurrió la muerte de Robinson Palacios Rentería, toda vez que se trataba de un hombre y una mujer, que vivían bajo un mismo techo con vocación de permanencia.

1.3.2. Legitimación de quien alega la condición de hijo.

Para acreditar el parentesco, el artículo 106 del Decreto 1260 de 1970 es categórico al precisar cuál es el documento para lograr este propósito cuando dispone:

“Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en las respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”.

Con base en el registro civil de nacimiento que se aportó, como consecuencia de la prueba declarada de oficio por la Sala, se tiene demostrado plenamente el parentesco entre la menor Wendys Vannesa Palacios Campo, con la víctima, en su condición de hija de Robinson Palacios Rentería.

2. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización” de la responsabilidad del Estado y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(12), sin distinguir su condición, situación e interés(13). Como bien se sostiene en la doctrina,

“La responsabilidad de la Administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(14); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la Administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”(15).

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(16) tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional); Adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En cuanto al daño antijurídico, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho. Así pues, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado,

“La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”(17).

De igual manera, el precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra a los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(18). Así mismo, en este precedente se ha sostenido que este daño en el marco del ejercicio de legítimo de los poderes del Estado comprende,

“Por consiguiente, cuando el daño no puede reputarse como antijurídico, en razón de que es el resultado del ejercicio legítimo de los poderes del Estado, no está obligado a indemnizarlo, dado que en este evento todas las personas están obligadas a asumirlo como una obligación o carga… el daño antijurídico es aquél que la víctima no está en el deber de soportar, razón por la cual deviene en una lesión injusta a su patrimonio”(19).

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(20), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(21). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(22).

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(23). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(24).

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(25). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(26).

Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación.

En ese sentido, el precedente jurisprudencial constitucional indica:

“… el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(27). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”(28).

A lo que se agrega por el mismo precedente,

“En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber:

1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. Vg. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce — un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo — prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario— (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro.

Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porque su contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás.

2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso.

Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en éstos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos(29)(30).

16. En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante.

“Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa. Vg. Si alguien maneja una represa y el agua se desborda ocasionándole daño a una población, en el juicio de imputación lo sustancial no es si el operario abrió la compuerta más de lo debido (acción) o simplemente no la cerró a tiempo (omisión); lo fundamental es si cumplió o no con los deberes de seguridad que surgían del control de una fuente de peligro. Lo mismo acontece, cuando en virtud de relaciones institucionales se tiene el deber de resguardar un determinado bien jurídico contra determinados riesgos. El padre de familia incumple sus deberes de protección frente a su hijo, no sólo cuando entrega el arma homicida, también lo hace cuando no evita que un tercero le ocasione una lesión mortal. En la actualidad, se afirma que la técnica moderna y el sistema social, hacen intercambiables la acción y la omisión(31). Günther Jakobs ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. Hay conductas activas, socialmente adecuadas, que se convierten en un riesgo jurídicamente desaprobado cuando la persona tiene una posición de garante. Ejemplo: es socialmente adecuado apagar la luz del portón de una casa (acción) aun cuando sea probable que un peatón puede tropezar en la oscuridad; pero se convierte en un comportamiento prohibido (apagar la luz) si el propietario ha realizado una construcción frente a ella, porque al crear una fuente de peligro aparecen deberes de seguridad en el tráfico: alumbrar la obra para que nadie colisione con ella”(32).

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme al anterior esquema, se analizará el caso a resolver.

3. Problema jurídico.

Con base en todo lo anterior se plantea como problema jurídico: ¿constituye el accidente donde murió el Señor Robinson Palacios Rentería un daño por el cual deba responder el Estado?.

4. Régimen de responsabilidad aplicable.

El análisis del caso se enmarca en la falla del servicio como título de imputación. Atendiendo a lo expresado en precedencia, de acuerdo con lo cual, el título de imputación debe ser uno y el primero que debe intentar aplicarse es el de la falla del servicio; y sólo en ausencia de este, examinar la aplicación de los títulos objetivos de imputación. La Sala encuentra que en caso sub judice, la Policía Nacional omitió un deber normativo, al transportar en un vehículo de carga el personal que debía trasladar, haciéndolos particularmente vulnerables en caso de un accidente de tránsito, como en efecto ocurrió.

5. Hechos probados.

Se cuenta con el Registro Civil de Defunción, de la víctima Robinson Palacio Rentería. (fl. 29 cdno.1); igualmente con el acta de inspección al cadáver de la misma persona (fls. 112 y 113 del cdno. 2ª).

Se encuentra acreditada la vinculación de la víctima como agente de la policía a la entidad demandada, con la declaración rendida por el oficial de la policía Walter Mujica Gomez, quien en su condición de jefe de recursos humanos, se presentó a retirar el cadáver de la víctima. (fl. 120 cdno. 2ª). Prueba también la vinculación el oficio 3276 suscrito por el jefe de la oficina telemática de la Policía, en el que se aporta la constancia del sueldo correspondiente al agente Robinson Palacios Renteria. (fl. 345 cdno. 2).

Así mismo, obran en el expediente los registros civiles de nacimiento de quienes obran como padre y hermanos de la víctima.

Existen también diversos testimonios que acreditan la forma como ocurrieron los hechos en los que falleció el señor Robinson Palacios Rentería. Estos testimonios serán examinados individualmente más adelante.

6. Daño antijurídico.

La Sala, mediante el análisis de los medios de prueba obrantes en el expediente, considera demostrado el daño consistente en la muerte del Agente Robinson Palacios Rentería, acreditada con el certificado de defunción obrante a fl. 29 del cdno.1; y que la razón de ese daño no es otra que los hechos ocurridos el día 21 de diciembre de 1995, mientras se transportaban en un vehículo de propiedad de la Policía Nacional asignado al Departamento de Policía Valle del Cauca con sede en Cali. (fl. 316 cdno. 2).

7. La imputación de la responsabilidad.

En el proceso sub examine está demostrado que el vehículo en el cual se presentó el accidente era de propiedad de la Policía Nacional, y a la fecha de ocurrencia de los hechos estaba adscrito al Departamento de Policía Valle del Cauca.

Quedó plenamente demostrado que el agente Palacios Rentería, se encontraba en servicio en el momento en que sufrió el accidente que trajo como consecuencia su muerte, el hecho de tener que acudir a garantizar la seguridad en el lugar donde había ocurrido un siniestro aéreo, lo obligó a tener que desplazarse en un vehículo adscrito a la policía; pero cabe resaltar que de la conducta de la víctima no es posible atribuirle un comportamiento irresponsable o peor aún considerar que el puso en riesgo su propia vida, actuando de manera deliberada o incumpliendo norma alguna; como sí podría decirse de quien dispuso del traslado de los agentes de la policía en un vehículo de carga, en manifiesta violación del artículo 170 del Decreto 1344 de 1970, código Nacional de Transporte, vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos, que literalmente disponía:

“ART. 170.—Los vehículos de carga no podrán transportar pasajeros sobre la plataforma, excepto cuando se transporte mercancías u objetos fáciles de sustraer, caso en el cual podrán llevar dos vigilantes sobre la carga con las debidas seguridades.

Para transportar ocasionalmente pasajeros en vehículos de carga se requiere permiso especial expedido de autoridad competente

No comparte la Sala el argumento del Tribunal de primera instancia, según el cual, la concurrencia de dos sujetos en desarrollo de una actividad peligrosa, muta el título de falla en el servicio presunta, al de falla probada. Además, aun en el evento que así fuese, es evidente que en el caso concreto la falla se encuentra probada, toda vez que se acreditó que la víctima se transportaba en un vehículo de carga, en contravención flagrante del Código Nacional de Policía de la época.

La declaración de algunos testigos pone en evidencia la vulnerabilidad de los agentes, derivada del tipo de vehículo en que viajaban. En efecto, el testimonio de algunos agentes, confirma que la omisión del deber normativo fue determinante en el daño antijurídico, esto se colige cuando los referidos agentes afirman que algunos de los policías muertos salieron expedidos del vehículo en que viajaban, lo cual confirma la vulnerabilidad a la que estaban expuestos por viajar en un carro apto sólo para carga.

Así ocurre con la declaración del Agente Jesús Guillermo Lopez Sánchez, quien al describir el momento del accidente al hablar del furgón que colisionó con el vehículo de la policía afirma: “le pegó al camión donde veníamos en el costado izquierdo, con el impacto salieron tres compañeros cayeron a la carretera porque con el impacto fue muy fuerte (sic) y daño las carpas y las varillas se dañaron”. Folio 380. Otro tanto sucede con lo manifestado por el Agente Julio Cesar Cabrera Vallejo, quien afirmó: “Cuando empezaron a bajarse del vehículo los compañeros entonces ya pude ver que habían como tres compañeros tirados en la carretera”. (fl. 401 cdno.2a).

8. Concurrencia de Responsabilidades.

No obstante lo anterior, la sala no puede desconocer que también se encuentra probado dentro del proceso, que a la ocurrencia del accidente en que el agente Robinson Palacios Rentería perdió la vida, concurrió, el hecho de un tercero, esto es, la imprudencia del señor Rubén Darío Arias Zuluaga, quien según se determinó conducía en estado de embriaguez (fls. 346-347 cdno. 2ª); y de otra parte, atendiendo a los testimonios recepcionados dentro del proceso penal, que fueron trasladados con los requisitos de ley que permiten ser valorados, fue él quien invadió el carril por donde transitaba el camión de la policía.

En efecto, obran en el proceso declaraciones que de manera concordante acreditan que el conductor del Furgón que colisionó con el vehículo oficial en que viajaba la víctima, invadió el carril por el que transitaba el vehículo de la Policía Nacional.

Declaración del agente: Jimmy Harvey Ayala Brand.

“Yo venía sentado hacia el lado derecho de la Banca que hay en la carrocería y lo único que sentí fue (sic) que el conductor Noy, de la camioneta maniobró hacia el lado derecho y ahí fue donde me golpié (sic) con las estacas del camión y al mismo tiempo sentí el segundo golpe que fue el del furgón ese y me golpié (sic) la cabeza donde me hice una fisura donde me cogieron cinco puntos.(...) la camioneta de la policía siguió y me prendí tanto de la banca como de las estacas porque sentí que el vehículo se iba como a voltiar (sic)…(fl. 56 cdno.2ª).

Declaración del Agente Samuel Orlando Noy López, conductor del vehículo de la Policía en que viajaba la víctima:

“….. El bus se aorillo (sic), saco (sic) el bus más hacia la derecha aclaro hacia la berma, en ese momento vi que venía un furgón invadiendo el carril de nosotros, entonces procedí hacer la misma manera de la maniobra que hizo el conductor del Bus, osea(sic) bajar el camión a la berma, cuando sentí el golpe al lado izquierdo de la carrocería”…(fl. 94 cdno. 2ª).

El Guarda Bachiller Municipal, Jhon Fredy Reyes Barbosa, quien realizó el informe de tránsito, cuando se le pregunta por qué colocó en tal informe el exceso de velocidad del furgón conducido por Rubén Darío Arias Zuluaga y la invasión de este mismo vehículo al carril por el que transitaba el vehículo de la Policía, responde:

“pues esas causas las concluye uno de acuerdo a lo que uno observa en el sitio del accidente, lo del exceso de velocidad que es la llo(si) se deduce de la distancia donde quedó el camión furgón, el cual fue desprendido completamente de su carrocería y la invasión de carril por parte del camión furgón al carril que le corresponde al carro dela policía se deduce de los pedazos de carpa, pintura y pedazos de cráneo de una de las víctimas, que yo recogí (sic) personalmente del punto de impacto”(fl.146 cdno.2ª).

Declaración del agente Adriano Rafael Mercado Florez quien era comandante de un puesto de control y recibió la información del conductor y el ayudante del Bus, que se movilizaba adelante del camión de la Policía, al que se refiere el agente Samuel Orlando Noy Lopez, conductor del vehículo oficial: declaración folio 268 2ª.

“Ahí se bajó rápidamente el conductor y el ayudante y nos manifestaron que cerca a la paila se acababa de accidentar un camión de la policía con un furgón y que habían policías regados y heridos por toda la vía, también manifestaron que el furgón se fue encima de la Flota pero que ellos lograron esquivarla y se dio con el camión de la policía que venía detrás del bus”. (fl. 268 2ª).

Las declaraciones anteriormente transcritas, hechas por el conductor del camión de la policía accidentado, y las de algunos de los agentes que viajaban con la víctima en ese vehículo; así como el testimonio del policía que elaboró el informe de tránsito, aunado a la declaración del comandante de un puesto de control que en la fecha del accidente operaba en la misma carretera, a quien dos testigos presenciales del accidente le informaron la forma como ocurrió el mismo; todas estas manifestaciones permiten a la Sala tener por probado que junto con la falla del servicio, se probó el hecho, no exclusivo, de un tercero.

Por ello la Sala entiende que en la ocurrencia del accidente concurrieron el hecho del tercero con la falla del servicio de la entidad demandada. Se evidencia que la responsabilidad mayor estuvo en el tercero por cuya imprudencia se produjo el accidente, pero a ella se unió, si bien en menor grado, la omisión del deber normativo en que incurrió la entidad demandada. Sin embargo, se condenará solidariamente a la entidad demandada al pago de los perjuicios ocasionados.

Ha sido reiterada la posición de la Sala en considerar que la concurrencia entre la falla en la prestación del servicio y el hecho de un tercero conlleva el nacimiento de una obligación solidaria, conforme se encuentra establecido en el artículo 2.344 del Código Civil(33), contrario sensu, en tratándose de la concurrencia con el hecho de la víctima, la legislación civil dispuso en su artículo 2357(34), la reducción en la apreciación del daño cuando el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente, precepto que, igualmente, se fundamenta en la confusión, prevista como modo de extinguir las obligaciones y que tiene lugar cuando en una sola persona concurren la calidad de deudor y acreedor de una misma prestación, la cual opera de pleno derecho.

De manera que, por cuanto la conducta del tercero no fue única ni exclusiva sino coparticipada con la falla en la prestación del servicio endilgada a la entidad demandada, se configuró una obligación solidaria que dio derecho al acreedor — perjudicados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1571 del ordenamiento civil, a dirigir su demanda contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que pueda oponérsele el beneficio de división(35), situación que resulta concordante con el artículo 1579 ibídem del cual se desprende que la solidaridad de los deudores se presenta frente al acreedor — demandante.

El apoderado de la entidad demandada plantea en los alegatos de conclusión de segunda instancia que la institución, de acuerdo con el informativo prestacional, reconoció indemnización a los familiares, afirmación que no tiene ningún sustento probatorio en el expediente, pero aun en el evento que lo tuviere, resultaría inane.

En efecto, la Sala no comparte dicho planteamiento y se permite aclarar que en anteriores pronunciamientos del Consejo de Estado, se ha tocado el tema de la indemnización a for fait aunque en casos relacionados con el daño a miembros de la fuerza pública y se ha dejado claro el tema afirmando que las indemnizaciones y reconocimientos patrimoniales y prestacionales que de manera especial reconoce la ley para los integrantes de la fuerza pública que mueren con ocasión del servicio —indemnización a for fait— no son excluyentes ni incompatibles con las indemnizaciones pretendidas como consecuencia de la responsabilidad estatal, como quiera que, de una parte, provienen de causas jurídicas distintas y de otra parte, debe darse aplicación al principio de reparación integral del daño.(36)

9. Liquidación de Perjuicios.

Determinada la responsabilidad de la Policía Nacional, en los términos anteriormente escritos, procede la sala a la liquidación de los perjuicios solicitados; para el efecto se dividirá tal liquidación con base en los perjuicios que fueron solicitados en la demanda así:

9.1. Perjuicios materiales.

Se liquidarán los perjuicios materiales solicitados para la compañera permanente Gigliola Patricia Campos Fabra y para la menor Wendys Vannesa Palacios Campos, esto es el lucro cesante consolidado y futuro; para el efecto la Sala tendrá en cuenta el certificado aportado por la Policía Nacional, en el que se constata que en el mes de diciembre de 1995, la víctima tuvo unos ingresos netos de $ 615.507. Cifra que se actualizará así:

Actualización de la renta:

FORMULAS-0548-A
 

Ra = Renta actualizada a establecer.

Rh = Renta histórica -: $615.507, cifra que devengaba mensualmente la víctima en el momento de su muerte.

Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 118.91, que es el correspondiente a enero de 2015.

Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 59.88, que es el que correspondió al mes de diciembre de 1995.

FORMULAS-0548-B
 

A efectos de liquidar individualmente el lucro cesante en sus dos modalidades: consolidado y futuro, entre los dos demandantes que tiene derecho al mismo; la anterior cifra se divide en 2, obteniendo como resultado: $611.955,99

9.1.1. Lucro Cesante Consolidado para Gigliola Patricia Campos Fabra y para la menor Wendys Vannesa Palacios Campos.

Para obtener el monto de la indemnización del lucro cesante consolidado, se aplicará la siguiente fórmula

FORMULAS-0548-C
 

Donde,

Sn: Es la indemnización a obtener.

Ra: Renta actualizada, es decir, el valor de $ 611.955,99

N: Número de meses que comprende el periodo indemnizable: desde la fecha del fallecimiento 26 de diciembre de 1995 hasta la fecha de esta sentencia, es decir 229.6 meses.

i: Interés puro o técnico, esto es 0.004867 mensual.

FORMULAS-0548-D
 

Conforme al resultado anterior la indemnización total por concepto de lucro cesante consolidado correspondiente a Gigliola Patricia Campos Fabra y Wendys Vannesa Palacios Fabra, equivale a la suma de Doscientos Cincuenta y Siete Millones Seiscientos Nueve Mil Ciento Noventa y Siete Pesos Con Noventa Centavos ($257.609.197,9), para cada una de estas personas.

9.1.2. Lucro Cesante Futuro para Gigliola Patricia Campos Fabra.

Asimismo, habrá que liquidarse el lucro cesante futuro para GIGLIOLA PATRICIA CAMPOS FABRA, el cual se calcula sobre la expectativa de vida del Señor ROBINSON PALACIOS RENTERIA, quien en el momento de su muerte tenía 25 años y su expectativa de vida era de 51.04 años, lo cual corresponde a 612.48 meses; sin embargo a estos se les restará el número de meses que fueron reconocidos en el lucro cesante consolidado, esto es, 229,6 meses, obteniendo así una expectativa de vida de 382,88 meses. El cálculo se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:

FORMULAS-0548-E
 

Sn: Es la indemnización a obtener.

Ra: Renta actualizada, es decir, el valor de $ 611.955,99

N: Periodo futuro correspondiente a 382,88 meses, que corresponden a la expectativa de vida de la víctima a partir de la fecha de esta sentencia.

i: Interés puro o técnico, esto es 0.004867 mensual.

FORMULAS-0548-F
 

Conforme al resultado anterior, le corresponden a Gigliola Patricia Campos Fabra, como indemnización por concepto de lucro cesante futuro la suma de $106.141.722,76 Ciento Seis Millones Ciento Cuarenta Y Un Mil Setecientos Veintidós Pesos Con Setenta y Seis Centavos M/Cte.

Lucro Cesante Futuro Para Wendys Vannesa Palacios Fabra

Asimismo, habrá que liquidarse el lucro cesante futuro para WENDYS VANNESA PALACIOS FABRA, correspondiente al periodo comprendido desde la fecha de esta sentencia hasta la fecha en que la menor complete los 25 años de edad. El cálculo se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:

FORMULAS-0548-E
 

Sn: Es la indemnización a obtener.

Ra: Renta actualizada, es decir, el valor de $ 611.955,99

N: Periodo futuro correspondiente a 69,9 meses, comprendidos entre la fecha de esta sentencia y el 10 de diciembre de 2020, fecha en la cual la menor completará los 25 años de edad indemnizables.

i: Interés puro o técnico, esto es 0.004867 mensual.

FORMULAS-0548-G
 

Conforme con el resultado anterior, la indemnización por lucro cesante futuro para la menor Wendys Vannesa Palacios Campos, corresponderá la suma de $ 36.185.105,26 Treinta y Seis Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Ciento Cinco Pesos Con Veintiséis Centavos M/Cte.

9.2. Los perjuicios morales.

En estricto cumplimiento de lo ordenado por la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, se procede a ajustar la liquidación de los perjuicios morales. Para el efecto se aplicarán los criterios objetivos que para cuantificar los perjuicios morales determinó la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, providencia en la que, específicamente para la hipótesis de perjuicios derivados de la muerte de una persona, se dijo(37):

“…para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

GRAFICO No. 1
Reparación del Daño Moral en Caso de Muerte
Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelaciones afectivas conyugales y paterno filialesRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos).Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil.Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
Porcentaje100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.

En casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en todos los eventos anteriores, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de los montos indemnizatorios antes señalados. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño”.

En el caso concreto se ha demostrado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, como consecuencia de la muerte del agente Robinson Palacios Rentería, y este hecho constituye una afectación cierta, personal y que no estaban en la obligación de soportar; lo que hace devenir la responsabilidad de la entidad demandada.

La Sala considera que con el daño demostrado, consistente en la muerte del Agente Robinson Palacios Renteria en el accidente de tránsito de un vehículo adscrito a la Policía, se evidencia el perjuicio moral alegado por los actores, esto es, la tristeza y congoja que padecieron, la compañera permanente, las hijas, el padre y los hermanos de la víctima. Simplemente al aplicar las Reglas de la experiencia, se puede deducir el dolor y la intensa aflicción que produce a una familia, la muerte de un ser querido. Como se verificó en el acápite de las pruebas, cada uno de los demandantes aportó los medios probatorios idóneos para acreditar su vínculo con el Agente Robinson Palacios Rentería; por lo tanto hay lugar al reconocimiento de los perjuicios morales deprecados

Así pues, en el sub judice el reconocimiento se hará de acuerdo con la relación afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas.

En consecuencia, observa la Sala que está plenamente acreditado que en el primer nivel respecto de la víctima se encuentran los siguientes demandantes: Salvador Palacios (padre), Gigliola Patricia Campos Fabra (compañera), Wendys Vannesa Palacios Campos (hija); en el segundo nivel, en su condición de hermanos de la víctima, aparecen con su vínculo acreditado: Nolberta, Baltazara, Florencia y Luz Maritza del Toro Rentería; y Marcelina, Francisco y Carmen Alicia Palacios Rentería,

En este orden de ideas, la Sala liquidará la indemnización por los perjuicios morales a favor de los demandantes, en las cantidades siguientes,

Salvador Palacios Palacios (Padre)100smlmv$ 64.435.000
Gigliola Patricia Campos Fabra (Compañera)100smlmv$ 64.435.000
Wendys Vannesa Palacios Campos (hija)100 smlmv$ 64.435.000
Nolberta Del Toro Rentería (Hermana)50 smlmv$ 32.217.500
Baltazara del Toro Rentería (hermana)50 smlmv$ 32.217.500
Florencia del Toro Rentería (hermana)50 smlmv$ 32.217.500
Luz Maritza del Toro Rentería (hermana)50 smlmv$ 32.217.500
Marcelina Palacios Rentería (hermana)50 smlmv$ 32.217.500
Francisco Yimmy Palacios Rentería (Hermana)50 smlmv$ 32.217.500
Carmen Alicia Palacios Rentería (Hermana)50 smlmv$ 32.217.500

Por tanto, la Sala revocará la sentencia apelada, para declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por las razones expuestas en las consideraciones precedentes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

EN CUMPLIMIENTO del fallo de tutela del 25 de febrero de 2014 proferido por la Honorable Corte Constitucional, procede a dictar nuevamente sentencia en este asunto, así:

REVÓCASE la sentencia recurrida, esto es, la dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 31 de agosto de 2001, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional, por la muerte del Agente Robinson Palacios Rentería, en el porcentaje dispuesto en la parte motiva de esta providencia. Como consecuencia de esta declaración se dispone:

2. CONDENASE a la Nacion - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado, en favor de Gigliola Patricia Campos Fabra y de la Menor Wendys Vannesa Palacios la Suma de Doscientos Cincuenta ySiete Millones Seiscientos Nueve Mil Ciento Noventa y Siete Pesos Con Noventa Centavos ($257.609.197,9), para cada una de estas personas.

3. CONDENASE a la Nacion - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar por perjuicios materiales, en la modalidad lucro cesante futuro, en favor de la menor Wendys Vannesa Palacios Campos, la suma de $ 36.185.105,26 Treinta y Seis Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Ciento Cinco Pesos Con Veintiseis Centravos M/Cte.

4. CONDENASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar por perjuicios materiales, en la modalidad lucro cesante futuro, en favor de Gigliola Patricia Campos Fabra, la suma de $106.141.722,76 Ciento Seis Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Setecientos Veintidós Pesos Con Setenta Y Seis Centavos M/Cte .

5. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por perjuicios morales, a favor de las siguientes personas las sumas que a continuación se relacionan:

Salvador Palacios Palacios (Padre)100smlmv$ 64.435.000
Gigliola Patricia Campos Fabra (Compañera)100smlmv$ 64.435.000
Wendys Vannesa Palacios Campos (hija)100 smlmv$ 64.435.000
Nolberta Del Toro Rentería (Hermana)50 smlmv$ 32.217.500
Baltazara del Toro Rentería (hermana)50 smlmv$ 32.217.500
Florencia del Toro Rentería (hermana)50 smlmv$ 32.217.500
Luz Maritza del Toro Rentería (hermana)50 smlmv$ 32.217.500
Marcelina Palacios Rentería (hermana)50 smlmv$ 32.217.500
Francisco Yimmy Palacios Rentería (sic)(Hermana)50 smlmv$ 32.217.500
Carmen Alicia Palacios Rentería (Hermana)50 smlmv$ 32.217.500

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

8. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen”

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase».

2. Sentencias de 21 de febrero de 2002. Exp.12789; 9 de junio de 2010. Exp.18078.

3. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001, Consejera Ponente. María Elena Giraldo Gómez, expediente 13356. Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que éstas, a diferencia de aquélla, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado.

4. Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

5. Consejo de Estado, Sentencia de 25 de julio de 2011, Exp. 20.146.

6. Consejo de Estado, Sentencia de 19 de agosto de 2011, Exp. 19.237.

7. Sentencia del10 de agosto de 2005, Exp. 13444.

8. Sentencia del 11 de noviembre de 2009, expediente: 18163; 4 de febrero de 2010, expediente 17720.

9. Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

10. El tratadista Pedro Lafont Pianneta, dice que la naturaleza fáctica indica que la unión marital, es considerada como un hecho jurídico familiar especial, es decir voluntario de constitución familiar reconocido por el derecho, razón por la cual se califica de hecho.

11. Artículo 175 del Código de Procedimiento Civil.

12. La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

13. La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.

14. “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la Administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que ésta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la Administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos”. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, p.120.

15. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., pp.120-121.

16. Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, Exps.10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993.

17. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

18. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001.

19. Corte Constitucional, Sentencia C-430 de 2000. Puede verse también: Sentencia C-100 de 2001; Sentencia 1074 de 2002.

20. En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, p.35.

21. El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 25 de marzo de 2003.

22. “Tenía razón Welzel al considerar que el Derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], pp.6 y 7.

23. “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionados por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp.77 ss.

24. Mir Puig, Santiago. Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7.

25. Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7.

26. Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994.

27. Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt.Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977). Págs. 1 y ss.

28. Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

29. Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil.Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage.Walter de Gruyter.Berlin.New York. 1993.Pags. 796 y ss.

30. Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

31. Cfr. Javier Sánchez-Vera. Pflichtdelikt und Beteiligung. Zugleich ein Beitrag zur Einheitlichkeit der Zurechnung bei Tun und Unterlassen. Duncker & Humbolt Berlin 1999. Pags. 51 y ss Kurt Seelmann. Grundlagen der Strafbarkeit. Komentar zum Strafgesetzbuch. Band 1. Reihe. Alternativkommentare. Luchterhand. Neuwied. 1990.Pag.389.

32. Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

33. Artículo 2344 del Código Civil. Responsabilidad Solidaria. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso.

34. Artículo 2357 del Código Civil. Reducción de la Indemnización. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.

35. Artículo 1571 Código Civil. Solidaridad Pasiva. El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de división.

36. Sentencia del 15 de febrero de 1996, exp 10033, en el mismo sentido, Sentencia del 20 de febrero de 1997.

37. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 26251.