SENTENCIA 1998-05964/31538 DE NOVIEMBRE 17 DE 2016

 

Sentencia 1998-05964 de noviembre 11 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Stella Conto Díaz Del Castillo

Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 25000232600019980596401 (31.538)

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Guaicaramo S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Vías

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(5), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación, con miras a determinar el daño causado a la sociedad Guaicaramo S.A. en razón de las obras de ampliación que adelantó el Invías en la autopista Bogotá-Medellín en el sector El Cortijo-El Vino-La Vega y, de ser así, si conforme a los medios de pruebas válidamente recaudados se estructuran los elementos de la responsabilidad por ocupación.

Para estos efectos, la Sala determinará los hechos probados y luego con fundamento en ellos, abordará la resolución de los problemas planteados.

3. Las pruebas trasladadas y los hechos probados.

3.1 Pruebas trasladadas.

La Sala valorará las copias que se trasladaron del proceso 96-D-12872 en diligencia de inspección judicial llevada a cabo en esta instancia, pues, a diferencia de lo manifestado por la parte demandante, se garantizó el derecho de contradicción, situación más que suficiente para que puedan tenerse como válidas para el esclarecimiento de los hechos que ahora se analizan. Sobre el particular, debe tenerse presente que el a quo ordenó el traslado del mencionado expediente y lo puso a disposición de las partes. Cosa distinta es que aquel no fue remitido a esta corporación para el trámite de la segunda instancia, lo que obligó a la Sala a ordenar su incorporación en diligencia, escenario en el que se obtuvieron las pruebas necesarias para la decisión, las que nuevamente se pusieron a disposición de las partes.

Sobre la incorporación de pruebas documentales trasladadas, la Sala Plena de Sección Tercera, ha señalado:

“...[S]e reitera aquí el criterio recientemente establecido por la Sala Plena de Sección Tercera frente al valor probatorio de las copias simples, cuando las mismas han obrado en el plenario a lo largo del proceso y han sido susceptibles de contradicción por las partes sin que éstas las tacharan de falsas, evento en el cual dichas copias son susceptibles de valoración, e idóneas para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocerían el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, lo que a su vez iría en contra de las nuevas tendencias del derecho procesal. (...) el hecho de que los intervinientes del proceso hubieran conocido el contenido de los documentos allegados como prueba trasladada, permite fallar de fondo el presente asunto con base en ellos, toda vez que resultaría contrario a la lealtad procesal que las partes utilizaran unas pruebas como fundamento de sus alegaciones y que luego, al ver que su contenido puede resultar desfavorable a sus intereses, predicaran su ilegalidad, pretextando que en el traslado de los documentos no se cumplió con las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil...”(6). 

Lo anterior tiene justificación conforme al principio de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción y de libre valoración racional de la prueba, en armonía con el principio de acceso a la justicia, el cual no comporta una posibilidad formal de acudir a la jurisdicción, en pos de cualquier decisión que ponga fin a las reclamaciones, sino que exige al juez acudir a distintas fuentes de información que le permitan la convicción sobre la verdad de los hechos en procura de una decisión justa. De modo que las normas procesales deben ser aplicadas con criterios racionales y flexibles, de cara a la utilización de cualquier medio probatorio, sin restricciones más allá de las que expresamente prevé el ordenamiento.

4.2. Precisado lo anterior, se advierte que la valoración conjunta de los medios de prueba válidamente allegados permite tener por acreditados los siguientes hechos, relevantes para la solución de la impugnación:

4.2.1. El 17 de noviembre de 1964, los señores Raimundo Hurtado Triviño y Elvira Triviño de Hurtado, esta última en representación de sus hijos Roberto, Hernán, Gonzalo Efraín, Justo Javier, Gladys Yolanda y Carmen Elvira Hurtado Triviño comparecieron a la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá para legalizar una sociedad de hecho y constituirla como de responsabilidad limitada, con el nombre de Raimundo Hurtado Triviño y Hermanos Ltda., con el objeto general de realizar negocios de agricultura y ganadería (fls. 24 a 31, cdno. 12 - escritura pública Nº 6171 del 17 de noviembre de 1964).

4.2.2. Dentro del juicio de sucesión testada, adelantado por la muerte del señor Raimundo Hurtado Ospina, se presentó, el 30 de mayo de 1969, al Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá, el trabajo de partición en el que se adjudicó a los señores Roberto, Hernán, Gonzalo Efraín, Justo Javier, Gladys Yolanda y Carmen Elvira Hurtado Triviño una sexta parte de una “finca rural de 145 fanegadas y 3.284 varas cuadradas...ubicada en jurisdicción del municipio de Cota, departamento de Cundinamarca, formada por los potreros denominados EL RETIRO, SANTA ISABEL, EL PARQUE, EL RÍO y cinco fanegadas del potrero EL PRESIDIO, junto con el chirca y la enramada ubicada en el potrero El Parque, denominada VUELTA GRANDE”.

El trabajo de partición fue aprobado mediante sentencia del 3 de junio de 1969 y registrado el 4 de julio de ese año en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Bogotá (fls. 33 a 57, cdno. 12 - escritura Nº 5.147 del 17 de 1969, en la que se protocolizó la sucesión del señor Raimundo Hurtado Triviño).

4.4.3. El 4 de diciembre de 1970, los socios de Raimundo Hurtado Triviño y Hermanos Ltda., adicionaron el capital social a $ 4.206.000, aportando cada uno la cantidad de $ 536.000. Para el efecto aportaron derechos en común y proindiviso, en una sexta parte, sobre los inmuebles Vuelta Grande, Jarama y Tibuyes (fls. 63 a 77, cdno. 12 - escritura pública Nº 6.933 del 4 de diciembre de 1970).

4.4.4. Los días 3 y 14 de mayo de 1971, se disolvió y liquidó la sociedad Raimundo Hurtado Triviño y Hermanos Ltda. De acuerdo con los activos denunciados, a cada uno de los seis socios le correspondió la cantidad de $ 720.159,26 por su aporte de capital. Elaboradas las hijuelas, a la señora Gladys Yolanda Hurtado Triviño de Matallana se le adjudicó:

“...a la socia GLADYS YOLANDA HURTADO TRIVIÑO DE MATALLANA le corresponde por concepto de aporte de capital, participación en la reserva y en las utilidades la suma de ($ 720.159,26) para pagárselos se le adjudica en pleno dominio y posesión lo siguiente:...b) un inmueble consistente en dos globos de terreno que hacen parte del denominado VUELTA GRANDE que en adelante se llamará LA RIVERA ubicado en jurisdicción del municipio de Cota (Cundinamarca) con una extensión superficiaria de 9 hectáreas y 9.574,25 metros cuadrados y comprendido dentro de los siguientes linderos: Globo número uno: Por el NORTE y ORIENTE a partir del mojón número 28, colocado en la orilla derecho del río Bogotá y en el punto donde intercepta la cerca de alambre que divide este lote con el lote número 2 de la misma finca VUELTA GRANDE, sigue por toda esta orilla aguas abajo hasta el mojón número 4 en dirección noroeste por la cerca mencionada de la zona de la carretera Bogotá-Medellín, en longitud de 118.oo metros hasta el mojón número 27. Colinda por el Este, costado autopista de por medio con el lote 1ª de la misma partición. Por el Occidente desde el mojón número 27 en longitud de 172.oo metros, colinda con el lote número 2 de la misma hacienda Vuelta Grande, cerca de alambre de por medio, hasta el mojón número 28, punto de partida y encierra. GLOBO NÚMERO UNO A. Comprendido dentro de los siguientes linderos: por el NORTE: colinda con los lotes números 2 y 1 de esta misma hacienda Vuelta Grande, autopista Bogotá-Medellín, de por medio desde el mojón número 30 en dirección sureste por cerca de alambre y siguiendo la zona de la mencionada autopista, en longitud de 529,48 metros, hasta el mojón número 5 colocando en el punto donde la cerca encuentra la margen derecha del río Bogotá. Por el ORIENTE y por el SUR: desde el mojón número 5 por todo el río Bogotá, aguas abajo, siguiendo su caprichoso curso, hasta el mojón número 29. Colinda por estos costados, río Bogotá de por medio, con terrenos de la hacienda Los Cerezos, de propiedad de Álvaro Gaviria. Por el OCCIDENTE: desde el mojón número 29 en dirección norte, por cerca de alambre y línea recta, 150 metros hasta el mojón número 30, punto de partida y encierra. Colinda por este costado con el lote número 3 de la partición de la misma hacienda Vuelta Grande. Este inmueble fue adquirido por la sociedad en mayor extensión por aporte hecho por los socios mediante escritura pública 6933 de 4 de diciembre de 1970 de la Notaría Cuarta de Bogotá, inscrita en el libro primero de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito de Bogotá, el 22 de febrero de 1971, bajo el número 2627B página 294 y en libro de matrícula de la misma oficia el 23 de febrero de 1971, al tomo 3 de Cota, folio 184. Este inmueble lo hemos avaluado de común acuerdo en la cantidad de sesenta y un mil seiscientos ochenta pesos. 

c) Un derecho equivalente a una sexta parte (1/6) en el inmueble consistente en 7 hectáreas, 3.337, 60 metros cuadrados, que hace parte de la hacienda VUELTA GRANDE, que en adelante se denominará AUTOPISTA comprendido dentro de los siguientes linderos: Por el NORTE: con los lotes números 4, 5, 6, 2 y 1 de esta misma hacienda Vuelta Grande; por el Occidente con la hacienda Glorieta de propiedad de Jorge Hurtado. Este inmueble fue adquirido por la sociedad en mayor extensión por aporte hecho por los socios mediante la escritura pública número 6.933 de 4 de diciembre de 1970 de la Notaría Cuarta de Bogotá, inscrita en el libro primero de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito de Bogotá, el 22 de febrero de 1971 bajo el número 2627, página 294 y en el libro de matrícula de la misma oficina el 23 de febrero de 1971 al tomo 3 de Cota, folio 184...” (fls. 79 a 96, cdno. 12 - escritura pública 2174 del 14 de mayo de 1971 - resalta la Sala).

Se anexó a dicho instrumento un plano topográfico de la finca Vuelta Grande, en el que se delimitan siete globos de terreno. Seis pertenecientes a cada socio y uno más que coincide con el espacio ocupado por la autopista Bogotá-Medellín, al que se denominó Autopista (fl. 96, cdno. 12).

Acorde con la anotación uno, la escritura pública fue inscrita el día 26 de mayo de 1971, dando lugar a cuatro predios segregados del de mayor extensión hacienda Vuelta Grande, así Nº 50N-175242 (Globo1), 50N-175243 (Globo 1A), 50N-20216532 (Autopista), 50N-166712 (Grande #2) de acuerdo con las documentales con que se cuenta en el expediente (fls. 109, 201 a 211, cdno. 12).

Conviene resaltar que en el folio de matrícula Nº 50N-20216532, abierto el 9 de marzo del año 1995, para el inmueble Autopista, se puede leer:

“CÍRCULO REGISTRAL: 50N BOGOTÁ ZONA NORTE 

VEREDA: MUNCIPIO: COTA DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 

TIPO PREDIO: RURAL COD. CATASTRAL: COD. CATASTRAL ANT: 

CON FUNDAMENTO EN: 

Instrumento: CERTIFICADO FECHA APERTURA: 09-03-95 RADICACIÓN: 95-37207 

Fecha: 13-02-05 Estado: Activo 

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DESCRIPCIÓN: CABIDA Y LINDEROS 

UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CON UNA EXTENSIÓN DE 7 HECTÁREAS DE 3.337, 60 METROS CUADRADOS, QUE HACE PARTE DE LA HACIENDA VUELTA GRANDE COMPRENDIDO DENTRO DE LOS SIGUIENTES LINDEROS: POR EL NORTE CON LOTES Nº 4-5-6-2 y 1 DE ESTA MISMA HACIENDA VUELTA GRANDE; ORIENTE CON EL RÍO BOGOTÁ, POR EL SUR CON LOS LOTES Nº 4, 3, y 7ª de la misma hacienda VUELTA GRANDE; ORIENTE CON LA HACIENDA DE PROPIEDAD DE JORGE HURTADO. 

COMPLEMENTACIÓN: 

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DIRECCIÓN DEL INMUEBLE 

1) SIN DIRECCIÓN, LOTE # EN AUTOPISTA 

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MATRÍCULA ABIERTA CON BASE EN LA (s) SIGUIENTE (s) MATRÍCULA (s) (En caso de integración y otros. 

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ANOTACIÓN Nº 1 Fecha: 26-05-1971. Radicación:  

DOCUMENTO QUE SE REGISTRA 

Naturaleza: ESCRITURA Nro. 2174 Fecha: 14-05-1971 

Oficina: NOTARÍA 4ª ciudad Bogotá 

VALOR DEL ACTO: $  

NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO: 

Código: 106 

Especificación  

ADJUDICACIÓN DE LIQUIDACIÓN SOCIEDAD 

LIBRO PRIMERO PÁG. 173 NÚMERO 8834B/71 TOMO 8 DE COTA FOLIO 7 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (La X indica persona que figura como titular de derechos reales de dominio) 

DE: LA SOCIEDAD RAIMUNDO HURTADO TRIVIÑO Y HERMANOS LIMITADA 

A: HURTADO TRIVIÑO EDUARDO 

A: HURTADO TRIVIÑO ROBERTO HERNÁN 

A: HURTADO TRIVIÑO GONZALO EFRAIN 

A: HURTADO TRIVIÑO JUSTO JAVIER 

A: HURTADO TRIVIÑO DE MATALLANA GLADYS YOLANDA 

A: HURTADO TRIVIÑO DE DÍAZ CARMEN ELVIRA...” (fl. 109, cdno. 12). 

4.4.5. El 12 de febrero de 1974, la señora Gladys Yolanda Hurtado Triviño vendió al señor Fernando Sanclemente Molina el predio denominado Globo 1A (fl. 210, cdno. 12 - anotación Nº 2 certificado de tradición y libertad Nº 50N-175243).

4.4.6. A su turno, el 29 de noviembre de 1977, el señor Fernando Sanclemente Molina enajenó al señor Jorge Fernando Sánchez Mallarino, el citado inmueble (fl. 210, cdno. 12 - anotación Nº 7 certificado de tradición y libertad Nº 50N-175243).

4.4.7. Y el 1º de octubre de 1982, el señor Jorge Fernando Sánchez Mallarino vendió a la sociedad Herrera Obregón Ltda., hoy Guaicaramo S.A. el predio (fl. 210, cdno. 12 – anotación Nº 10 de la escritura de venta Nº 1598 del 1 de septiembre de 1982(7) del certificado de tradición y libertad Nº 50N-175243).

En el certificado de libertad y tradición, correspondiente al mencionado predio Globo 1A, aparece descrita la siguiente cabida y linderos:

“GLOBO Nº 1-A QUE CON EL GLOBO # 1 FORMAN LA RIVIERA Y TIENE UNA EXT. DE 9 HECTÁREAS Y 9.574.26 MTS2, EL GLOBO #1-A LINDA POR EL NORTE: CON LOS LOTES # 2 y 1 DE ESTA HACIENDA VUELTA GRANDE.AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLIN DE POR MEDIO DESDE EL MOJON # 30 EN DIRECCIÓN SURESTE POR CERCA DE ALAMBRE Y SIGUIENDO LA ZONA DE LA AUTOPISTA EN 529.48 MTS HASTA EL MOJON #5...COLOCANDO EN EL PUNTO DONDE LA CERCA ENCUENTRA LA MARGEN DERECHO DEL RÍO BOGOTÁ. POR EL ORIENTE Y POR EL SUR, DESDE EL MOJÓN #5 POR TODO EL RÍO BOGOTÁ AGUA ABAJO SIGUIENDO SU CURSO HASTA EL MOJÓN # 29 COLINDA POR ESTOS COSTADOS, RÍO BOGOTÁ DE POR MEDIO CON TERRENOS DE LA HACIENDA LOS CERESOS DE ALVARO GAVIRIA, POR EL OCCIDENTE DESDE EL MOJON #29 EN DIRECCIÓN NORTE POR CERCA DE ALAMBRE Y LÍNEA RECTA EN 150 MTS HASTA EL MOJÓN # 30. PUNTO DE PARTIDA Y ENCIERRA. COLINDA POR ESTE COSTADO CON EL LOTE #3 DE LA PARTICIÒN DE LA MISMA HACIENDA VUELTA GRANDE...SEGÚN ESCRITURA 109 LA CABIDA ES DE 9 HECTÁREAS, 5.574 M2...” (fl. 110, cdno. 12 – certificado de tradición y libertad, matrícula inmobiliaria Nº 50N-175243 - resalta la Sala).

4.4.8. El 10 de enero de 1985, la Secretaría de Obras Públicas del departamento de Cundinamarca entregó al entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte el tramo de la carretera de la autopista Bogotá-Medellín, sector puente El Cortijo - El Vino - La Vega - Puente Hila que hace parte de la autopista Bogotá-Medellín, construida en virtud de lo establecido en la Ley 11 de 1962 (fl. 301, cdno. 2). Se detallaron las siguientes características de la vía entregada:

“1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

LONGITUD DEL SECTOR ENTREGADO: 57 Kilómetros 

ANCHO PROMEDIO DE LA BANCA: 7.20 metros 

La carretera se desarrolla en terreno plano hasta el K.21 y del K. 21 al 57 terreno montañoso con secciones transversales predominante de media ladera. 

2. ANCHO DE ZONA DE CARRETERA POR SECTORES: 

Abscisas Ancho de zona total 

1.- K. 0+000 al K.20+000 40.00 mts. 

(...) 

Para constancia se firma la presente acta de entrega del sector de carretera Puente El Cortijo-El Vino-La Vega-Puente Hila-Autopista Bogotá-Medellín y se incorpora a la red vial nacional del distrito Nº 8 con sede en Bogotá, D.E. a los 10 días del mes de enero de 1985(8)...” (fls. 349 y 350, cdno. 2 - acta de entrega).

4.4.9. En el año 1994, el Instituto Nacional de Vías celebró el contrato Nº 447 de 1994 con la sociedad Concesión Sabana de Occidente S.A. cuyo objeto fue “la realización de estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción, la operación y el mantenimiento de la carretera Bogotá (Puente Cortijo)-Siberia-La Punta-El Vino, del tramo de carretera Bogotá - La Vega, ruta 54”; adicionalmente entre las actividades incluidas se pactó el alcance básico de las obras, como la construcción del nuevo puente sobre el Río Bogotá, la construcción de la calzada existente entre el K 4 + 500 y el K 11 + 000, la construcción de la nueva calzada de acceso a Bogotá en una longitud equivalente a la inversión de $ 1.000.000.000.oo a junio de 1994 (fl. 38, cdno. 2 - antecedentes Resolución Nº 5226 del 12 de septiembre de 1995).

4.4.10. A fines de este mismo año, la sociedad Guaicaramo S.A. inició conversaciones con el Invías, con el fin de llegar a un arregló respecto de la franja de terreno que la entidad requería para realizar las obras de ampliación de la autopista Bogotá-Medellín. Desde el inicio y hasta el año 1995, la sociedad manifestó en diferentes comunicaciones ser la propietaria del predio y estar en disponibilidad de entregarlo, siempre que se la indemnizara previamente. Así, requirió a la entidad el 31 de octubre (fl. 146 a y 146 b, cdno. 2), el 21 de diciembre de 1994 (fl. 146, cdno. 2), el 10 de enero de 1995 (fls. 147 y 148, cdno. 2), el 13 de marzo (fls. 68 a 73, cdno. 2), el 17 de marzo (fl. 74, cdno. 2), el 10 de julio y el 14 de septiembre de1995 (fl. 85 a 89, cdno. 2).

4.4.11. Por su parte, el Invías, ante la imposibilidad de llegar a un arreglo, dio apertura a una actuación administrativa con el fin de continuar con la ejecución de las obras de ampliación afectadas por la disputa sobre la franja de tierra, para ese momento no solo la sociedad Guaicaramo S.A. alegaba derechos sobre el inmueble, sino los hermanos Hurtado Triviño y el propio instituto, con fundamento en la entrega que el departamento de Cundinamarca le había realizado de la carretera en ese sector. Una vez agotada la etapa de pruebas se profirió la Resolución Nº 5226 del 12 de septiembre de 1995, en la que se destaca:

“Que de las pruebas aportadas al expediente, se extrae básicamente como puntos fundamentales sobre el asunto en cuestión los siguientes: a) la partición realizada por la familia Hurtado Triviño fue posterior a la construcción de la Autopista; b) en el sector reiterativamente citado se encuentra construida la autopista Bogotá-Medellín desde el año 1962; c) la hijuela correspondiente al lote Nº 1 vendida por doña Gladys Hurtado Triviño fue vendida sin la zona de la autopista a la porción del frente del lote Nº 1, hoy de los señores Herrera Obregón; d) El lote de terreno correspondiente a la hijuela Nº 1 tuvo una variación por la rectificación del río Bogotá que la CAR realizó en 1980. 

Que a pesar de los antecedentes que aportaron como prueba de sus presuntos derechos la sociedad Guaicaramo y la familia Hurtado Triviño, se considera que el Instituto Nacional de Vías le asiste un mejor derecho de posesión ya que la Gobernación del Departamento de Cundinamarca, construyó la autopista Bogotá a Medellín, sector puente El Cortijo-El Vino-La Vega-Puente Hila, en el año 1962, ejerciendo posesión permanente desde esa época, hasta el 10 de enero de 1985, fecha en la cual se suscribió el acta de entrega del sector El Cortijo-El Vino-La Vega-Puente Hila de la autopista Bogotá a Medellín y se incorpora a la red vial Nacional del distrito Nº 8 de Obra Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

Que en dicha acta de entrega se estipuló las características generales de la autopista Bogotá a Medellín – sector Puente El Cortijo-El Vino-La Vega-Puente Hila, agregando en el numeral 2º: 

“Ancho de zona de carretera por sectores Ancho de zona total 

K0+000 al K20+000 40.00 mts”. 

Que en virtud de lo anterior recibieron 40.00 metros que constituye el ancho de la autopista y zona aledaña. 

Que de la misma manera se ordenó un peritazgo para determinar técnicamente varios de los aspectos que rodean lo presentado sobre el terreno motivo del desacuerdo en concordancia con el ancho de la vía, dicho experticio tuvo como resultado, lo siguiente: 

“Frente a la primera consulta, según la cual se necesitaba determinar si en la escritura pública Nº 2174 del 14 de mayo de 1971, realmente que si (sic) el ancho de la vía correspondía a 40 mts. de acuerdo a los datos y extensiones allí contenidas, ante lo anotado el ingeniero interventor, contestó:

“Mi conclusión es que el ancho de la zona es de 40 mts sustentados en los siguientes considerandos: 

a) En el anexo del acta de entrega de la carretera el CORTIJO-EL VINO-PUENTE HILA, realizada el 10 de enero de 1985 entre la Secretaría de Obras Públicas de Cundinamarca y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, consta que el ancho de zona total de la carretera entre el K0+000 (Puente el Cortijo) y K20+000 (El Rosal) es de 40 mts. 

b) Analizadas las hijuelas de la escritura Nº 2174 del 14 de mayo de 1971 y extractada de ella las distancias parciales en el costado Norte y Sur de la Autopista Medellín, se encuentran longitudes totales de colindancia de la finca Vuelta Grande así: costado sur 1827,48 mts y costado Norte 1.833, 40 mts. En el plano del tramo de la autopista Medellín protocolizado en la Notaría 4ª del Circuito de Bogotá el 14 de mayo de 1971 y que hace parte de la escritura pública Nº 2174, aparece como área total la zona de la autopista en lo relativo a la hacienda Vuelta Grande un área de 7 hectáreas 3.337.60 mts2 o sea 73.337.60 mts2 que divididas por las longitudes citadas nos dan un ancho de zona de carretera de 40 mts tomando la longitud del costado Norte y 40.13 mts la longitud del costado sur. 

c) Midiendo a escala en el plano de la hacienda Vuelta Grande el ancho de la zona es de 40 mts y además es posible que con el original se pueda leer en una parte del mismo que la distancia es de 40 mts. 

El segundo punto motivo de consulta fue la necesidad de establecer la correspondencia entre el lote No.1 de la hijuela de la escritura pública 2174 con el lote vendido por la propietaria de la citada hijuela mediante la escritura 109 del 18 de enero de 1974. El dictamen técnico concluyó: 

“a) en cuanto al área en la hijuela Nº 1 figura 9 hectáreas, 9.774,25 mts2, pero en el plano del lote de Vuelta Grande original se puede aclarar esta situación. 

b) La distancia entre el mojón 4 y el mojón 27 del lindero SUR, figura una longitud de 118 mts en la hijuela y 116 mts en la escritura de venta. 

Cabe anotar, que el ingeniero que rindió el dictamen expuso: 

“Por lo demás debe aclarar que no se puede aspirar a la localización de mojones a que se refiere la escritura, por cuanto esta zona por ser inundable fue rellenada hace mucho tiempo. 

El punto 3 solicitado para ser esclarecido por el concepto técnico, pretendía determinar si las obras de ensanchamiento y rectificación del río Bogotá variaron el globo de terreno 1ª determinado en la escritura 109 de 1974. Adicionalmente, se quería determinar las modificaciones que en área habría podido tener el globo de terreno anotado. El experticio técnico arrojó el siguiente resultado: 

“El lote Nº 1ª fue modificado como consecuencia de la corrección de cauce efectuada por la CAR al río Bogotá en 1980 reduciendo el área de dicho lote. 

En el plano de la CAR donde aparecen dibujadas las variaciones a esa área se puede tomar una medida planímetro y utilizando la escala de dicho documento. Se concluye que el área de reducción puede ser aproximadamente de 1.6 He o 16.000 m2. 

El último punto motivo de determinación fue la necesidad de establecer si la franja de terreno causa de las reclamaciones se encontraba de acuerdo a todo lo establecido en la hijuela 7 o dentro de los terrenos de la sociedad Guaicaramo. Lo cual fue resuelto por el interventor de la siguiente manera:  

“La franja de terreno motivo de la reclamación pertenece a la hijuela Nº 7 denominada zona Autopista, de acuerdo a la expuesto”(9). 

Que de acuerdo con lo anterior y partiendo de la base que la franja de terreno motivo de las reclamaciones se encuentra ubicada dentro de la autopista Bogotá a Medellín sector puente El Cortijo-El Vino-La Vega-Puente Hila y cuya construcción fue ordenada mediante Ley 11 de 1962. 

Que por medio de la resolución 009920 de noviembre 16 de 1984, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte adscribió el pluricitado sector al distrito Nº 8 de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte para la conservación, rehabilitación y supervisión de varios sectores de la carretera, actividades estas que desde esa época el citado Ministerio vino adelantando por medio de diversas contrataciones lo que acredita el ánimo de señor y dueño, la explotación económica y la constitución de mejoras sobre el predio en mención y en consecuencia, desde el año 1962 el Instituto Nacional de Vías, viene ejerciendo la posesión sobre el tramo Puente El Cortijo-El Vino-La Vega-Puente Hila. 

Que de lo anterior se concluye que, a la posesión ejercida por la Gobernación del Departamento de Cundinamarca, le suma la que ejercía el Ministerio de Obras Públicas y Transporte desde el año 1984. 

Visto lo anterior, este Instituto observa que si se tiene en cuenta que la vía fue construida en 1962 por la Gobernación de Cundinamarca y entregada físicamente en enero de 1985 al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, como consta en el acta de fecha 10 de enero de 1985, es el Estado quién desde el momento de la construcción de la vía tiene una relación de posesión sobre el tramo en donde se encuentra la autopista Bogotá-Medellín, de aproximadamente 33 años, situación que está totalmente respaldada en el hecho que ninguna persona hasta antes de los trabajos relacionados con la concesión en cuestión había obstaculizado o reclamado titularidad de dicho terrenos. 

(...) 

Que frente a este estado de cosas definitivamente es la justicia ordinaria quien debe entrar a declarar propietario de los terrenos en caso que esta no reconozca el derecho que le asiste al Estado como poseedor de buena fe de los terrenos en donde existe actualmente la autopista Bogotá-Medellín, pero el Instituto Nacional de Vías en representación de los intereses del Estado no puede permitir que se paralice las obras contratadas mediante el contrato referenciado, por cuanto se ocasiona un grave perjuicio a los intereses de la Nación y se afectaría la prestación del servicio público de transporte, en detrimento de los administrados y del Estado mismo según consta en reporte presentado mediante oficio de septiembre 5 de 1995, por la gerencia “CONCESIÓN SABÁNA DE OCCIDENTE, S.A.”, en donde cuantifica los perjuicios económicos en caso de no cobro del peaje por el retraso de las obras, en aproximadamente veinte millones de pesos ($ 20.000.000.00) diarios, sin contar otro tipo de perjuicios e intereses de mora. 

Que visto lo anterior se hace viable aplicar el artículo 2º del Decreto 507 de 1955 según el cual: “Declárense de utilidad pública los trabajos de construcción de las vías públicas nacionales. En tal virtud ningún propietario de finca raíz podrá oponerse a que en el predio de su propiedad se realicen los mencionados trabajos, más podrá exigir el reconocimiento de perjuicios en los términos del artículo 2º del Decreto 2770 de 1953. 

Que de la misma manera se observa viable dar aplicación a la Ley 142 de 1993...”. 

(...) 

Que, en conclusión, el Instituto Nacional de Vías está totalmente legitimado a declarar la utilidad pública a los trabajos a ejecutar en el predio motivo de la litis con independencia de quien sea el titular del inmueble...”. 

Y se resolvió:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la utilidad pública de las obras de construcción que se ejecutan en la franja de terreno ubicada en K 0 + 465 al K + 951,12 sector puente el Cortijo-El Vino-La Vega-Puente Hila de la autopista Bogotá-Medellín. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar ejecutar los trabajos del contrato de concesión Nº 447 de 1994, al contratista CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE, S.A. previo levantamiento de acta donde conste el estado del terreno motivo de la litis al momento de su ingreso por parte del contratista, del interventor y la oficina de concesiones, 

ARTÍCULO TERCERO: Responsabilizar a la oficina de concesiones del Instituto Nacional de Vías, la vigilancia al momento del ingreso de los contratantes y la interventoría al terreno con el fin de que solo se utilice la franja de terreno ya identificada, evitando provocar daño no justificado a los predios adyacentes. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar envío de la copia de la presente resolución a la Alcaldía Municipal de Cota para los efectos pertinentes...” (fls. 38 a 44, cdno. 2). 

4.4.12. El 2 de octubre de 1995, la sociedad Guaicaramo S.A, inconforme con la anterior decisión, formuló recurso de reposición (fl. 171, cdno. 2 - Resolución Nº 2282 del 26 de marzo de 1996).

4.4.13. Por la misma época, la sociedad solicitó la práctica de una prueba anticipada de exhibición de documentos, para constatar los títulos en los que el instituto fundaba su mejor derecho sobre el terreno, la que fue practicada, el 3 de noviembre de 1995, por el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá. En dicha diligencia la mandataria del Invías adujo que tratándose de posesión, esto es de una situación de hecho, no le era posible acreditar los títulos de propiedad que se le exigían (fls. 326 a 328, cdno. 2).

4.4.14. El 26 de marzo de 1996, el Invías expidió la Resolución Nº 2282 por medio de la cual negó el recurso de reposición, reiterando sus consideraciones. Resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la Resolución Nº 5226 del 12 de septiembre de 1995 por la cual se declara la utilidad pública de unas obras. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el ingreso al terreno una vez se haya notificado personalmente la presente resolución al apoderado de la sociedad Guaicaramo y se haya compulsado copia al alcalde del municipio de Cota para lo de su competencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar que se informe en el momento de la notificación personal de este acto al apoderado de la sociedad Guaicaramo la fecha de ingreso al terreno para que se hagan parte de la diligencia y suscriban el acta que allí se levantará, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 5226 del 12 de septiembre de 1995...” (fls. 171 a 193, cdno. 2).

4.4.15. El 1º de abril de 1996, la sociedad actora demandó de la Alcaldía Municipal de Cota protección, en su condición de propietaria de los terrenos de los que el Invías pretendía despojarla; aunque el ente territorial debía proceder a cumplir la orden de entrega, emitida por el Instituto (fls. 161 a 163, cdno. 2).

4.4.16. Los días 1º y 2 de abril de 1996, la alcaldía municipal de Cota adelantó la diligencia de entrega, en la que intervinieron delegados de la sociedad Guaicaramo S.A, del Invías y de la Personería. Además, se contó con un grupo de topógrafos encargados de determinar los puntos declarados como de utilidad pública. En el desarrollo de la diligencia la sociedad actora manifestó su oposición alegando no solo el derecho de dominio sino la posesión material de inmueble, la que sustentó en la actividad ganadera que, para ese momento, venía realizando. Al respecto, el delegado del alcalde precisó que el objeto de la audiencia era el cumplimiento de una decisión administrativa y que su competencia nada tenía que ver con la determinación de los derechos reales sobre el inmueble. Sobre este mismo aspecto, el personero llamó la atención de que el hato no se encontraba en el terreno para cuando se intentó realizar la diligencia por primera vez, esto es el 30 de marzo de 1995, aseveración que fue corregida por el inspector de policía quien señaló que, efectivamente, el ganado pastaba en el lote en esa fecha.

Realizadas las anteriores precisiones, se ordenó el ingreso al terreno para efectos de que los expertos designados establecieran los puntos para tomar las medidas pertinentes, frente a las cuales los asistentes manifestaron conformidad. En ese estado, la diligencia fue suspendida.

4.4.17. El día siguiente la diligencia continuó, para el efecto se integró al grupo de expertos, por solicitud de la sociedad Guaicaramo S.A, un delegado, cuya participación fue aceptada. Realizado el trabajo ordenado, la comisión de topógrafos rindió el siguiente informe:

“...Distancias medidas entre las cercas de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 50N175243 y 50N166712 a lo largo de la autopista Bogotá-Medellín en el sector puente El Cortijo-El Vino, al momento antes de entregar el terreno al Instituto, se realizaron seis medidas de 87 mts cada una a lo largo y se tienen los siguientes anchos desde el punto uno (mojón 30) 20 mts. Punto dos 21 mts. Punto 3, 21 mts. Punto cuatro 21.50 mts. Punto cinco, 22,50 mts. Punto seis 22 mts (M5). De la misma forma se observaron en los mismos cinco puntos mencionados las distancias que había entre la cerca anterior y la definitiva. Punto uno (nuevo mojón 30) 20 mts. Punto dos 19 mts. Punto tres 19 mts. Punto cuatro 18.50 mts. Punto cinco 17.50 mts. Punto seis, 18 mts (nuevo mojón M5), la distancia observada entre el límite de la obra y el río es de en la cerca anterior de 527.75 mts y en la cerca nueva o definitiva es de 525.89 mts. Concluyendo el terreno en mención que se le entrega al Instituto presenta un área en metros cuadrados de 9.952.35 mts2, delimitados con exactitud por parte del señor RENÁN EDUARDO DUQUE RUSSINQUE...”. 

Acto seguido se procedió a la entrega de la franja de terreno a los representantes del Invías quienes se comprometieron a dejar instalada la cerca con la nueva delimitación. Igualmente, se dejaron las siguientes constancias:

“...el apoderado de Guaicaramo, S.A. manifiesta que el terreno anteriormente definido y con área de 9.592,35 mts2 hace pare del predio identificado con matrícula inmobiliaria 50N-175243 de propiedad de Guaicaramo, S.A. El terreno se ha entregado a solicitud del señor inspector pero dejó constancia que mi representada no ha recibido el valor del predio entregado al Instituto. En consecuencia, se espera que el Instituto proceda a su pago. Se allega a la diligencia copia del plano de linderos de la hacienda Vuelta Grande que contiene el lote del cual se ha tomado el terreno que se entrega al Instituto para fines de su plena identificación del predio de mayor extensión del cual se ha tomado el terreno aclarado...(fls. 278 a 288, cdno. 2).

4.4.18. El 23 de septiembre de 1996, esto es seis meses después de la entrega por la sociedad Guaicaramo S.A., los hermanos Hurtado Triviño presentaron demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en ejercicio de la acción de reparación directa, contra el Invías, con motivo de la ocupación de una franja del inmueble de su propiedad denominado Autopista, con extensión aproximada de 36.668,80 mts2.

El proceso terminó por conciliación, en la que se llegó al siguiente acuerdo:

“Teniendo en cuenta que la pretensión inicial de hace aproximadamente dos años y medio estaba plasmada en la suma de mil ochocientos treinta y tres millones cuatrocientos mil pesos ($ 1.833.400.oo) e igualmente si traemos esta cantidad a valor presente nos daría una suma superior, pero en aras de llegar a un acuerdo y a una conciliación sin que se lesionen los intereses del Estado e igualmente sin que se atropellen los derechos de la familia Hurtado Triviño hemos llegado a un acuerdo de conciliación con el Instituto Nacional de Vías en la suma de mil seiscientos cincuenta millones de pesos ($ 1.650.000.000.oo). 

El apoderado de la parte demandada, manifiesta: 

“Como apoderado del Instituto Nacional de Vías me permito manifestar al despacho, que después de haber hecho un análisis de carácter jurídico, económico y técnico del presente proceso ha considerado que existe responsabilidad por parte del Instituto Nacional de Vías y es por ello que se ha llamado a la parte demandante al dialogo y aceptación de la conciliación aquí presente. En tal sentido, se ha llegado a un acuerdo total de mil seiscientos cincuenta millones de pesos ($ 1.650.000.000.oo), tal como lo manifestó el apoderado de la parte actora, hechos y condiciones que se plasmaron en un documento de preacuerdo suscrito en las instalaciones de la oficina jurídica del Instituto Nacional de Vías el día 28 de enero de 1998, documento éste que se aporta y que debe hacer parte de la presente acta...” 

(...)

El 12 de febrero de 1998, el tribunal impartió su aprobación al acuerdo conciliatorio, para el efecto señaló:

“Procede la Sala a analizar si la conciliación efectuada puede hallarse viciada de nulidad absoluta, o resulta lesiva para los intereses patrimoniales de la administración. 

El acuerdo a que se llegó en la audiencia de conciliación, no se encuentra viciado de nulidad absoluta, pues el objeto, causa y requisitos que la ley prescribe se ajustan a éste. 

En efecto, se debate un conflicto donde se enfrentan intereses particulares con los de la administración, susceptibles de conciliación conforme a las normas que regulan la materia, se llega a un acuerdo no prohibido por la ley. 

Las pretensiones de la demanda ascienden a la suma de $ 1.833.400.000.oo, más $ 36.668.000.oo por concepto de perjuicios. En consecuencia, el valor conciliado no es lesivo para la administración, pues lo pactado no accede lo pedido en ella. 

Se anexó al proceso los títulos que demuestran la propiedad del inmueble objeto de la ocupación permanente, los cuales obran en los cuadernos 2 y 3 del expediente...” (fls. 117 a 123, cdno. 1).

4.4.19. Sobre estos hechos, rindieron testimonio los señores Roberto Hernán y Raimundo Hurtado Triviño. En su orden señalaron:

“PREGUNTADO: Sírvase contestar a este despacho cuanto le conste o tenga conocimiento en relación con el proceso administrativo iniciado con Nº 96-D-12872 en el que usted actuaba como demandante y que terminó por medio de acuerdo conciliatorio. CONTESTÓ: cuando murió mi padre existía una zona que había sido tomada por la autopista, pero que nunca se les había pagado, por eso al momento de la partición se alinderó una zona que correspondía la tomada por la autopista, se le hicieron planos y se le abrió un número catastral del cual fuimos copropietarios los seis hermanos, es así como posteriormente iniciamos un proceso con el ánimo de que se nos pagará esa zona, para lo cual anexamos todos los documentos de propiedad que respaldaban nuestras solicitudes. Dentro de ese proceso se llevaron a cabo experticios e inspección judicial, los cuales corroboraron nuestras solicitudes y de esta forma llegamos a un acuerdo de conciliación con el INVÍAS quien posteriormente nos lo pagó...PREGUNTADO: Diga el testigo ya que en su constancia afirma que si intervino en algunas diligencias, si le consta que la soc. Guaicaramo, demandante en este proceso, estaba en posesión real y material de la zona cedida para la ampliación de la autopista desde el año de 1982. CONTESTÓ: no me consta, pero existían unos planos donde esa está delimitada cual era el área que tenía la zona de la autopista como tal. PREGUNTADO: Diga el Testigo desde cuando estaba conservando o visitando la zona de terreno que fue cedida al INVÍAS para la ampliación de la zona autopista Bogotá-Medellín. CONTESTÓ: Porque esa zona era nuestra y anexamos todos los documentos que demuestran nuestra propiedad sobre esa zona, con impuestos prediales, declaración de renta y por eso era una zona nuestra. PREGUNTADO: Diga el testigo cómo explica que en el acto oficial de ocupación de la zona de ampliación, de la autopista se hubiera encontrado en explotación y posesión económica de la misma a la soc. Guaicaramo y no a la familia Hurtado Triviño. CONTESTÓ: Esa zona no era explotable económicamente porque era una zona de carretera, por esa razón no la explotamos económicamente...PREGUNTADO: Diga el testigo por qué razón o motivo en la demanda que ustedes entablaron contra el INVÍAS, omitieron exponerle al Tribunal Contencioso de Cundinamarca, el hecho debidamente comprobado por diligencia judicial practicada por la alcaldía de Cota, que la zona de terreno cedida al INVÍAS, para la ampliación de la autopista fue encontrada en posesión material de Guaicaramo, S.A. y no de la familia Hurtado Triviño demandante en ese proceso. CONTESTÓ: Tengo entendido que existieron experticios en los cuales se estableció nuestra propiedad y por tal razón no sé porque deberíamos llamar a unos terceros en esa demanda. PREGUNTADO...” (fls. 404 a 406, cdno. 2).

(...) 

“PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si usted tuvo conocimiento de un proceso que inició la familia Hurtado Triviño contra el INVÍAS y en que concluyó. CONTESTÓ: Sí, concedió poder al doctor Jairo Parra, para que adelantara el juicio y vine a firmar la conciliación que se hizo aquí en el Tribunal...PREGUNTADO: Diga el testigo si le consta, sin mencionar linderos que Guaicaramo ejercía la posesión el lote de terreno ocupado por el INVÍAS para la ampliación de la zona de la autopista Bogotá-Medellín. CONTESTÓ: recuerdo haberme reunido con los señores Herrera en las oficinas del Invías, con una Dra. Leonor que no recuerdo el apellido y tener en esa ocasión unos planos levantados por el Sr. Ramiro Ramírez, en que decía que le faltaba terreno al lote por uno de mis hermanos. Se le solicitó al INVÍAS pedir a la CAR la rectificación del Rio Bogotá para que constara la zona que con la rectificación del río perdimos todos los vecinos. A la siguiente reunión fui citado y llegué y se encontraban sentados los Srs. Herrera y del Invías, el Sr. Ramiro Ramírez que se encontraba con ellos dijo que si yo entraba, él se retiraba, razón por la cual me retiré y de ese momento en adelante el que tiene conocimiento es el Dr. Parra Eredía. Yo recuerdo que la Gobernación de Cundinamarca por medio del Instituto de Valorización fue la que nos quitó ese terreno...PREGUNTADO: Diga el testigo si por el conocimiento personal que tiene de los terrenos aledaños a la autopista mencionada, en esa zona, la familia Hurtado Triviño nunca formuló demanda judicial o reclamación extrajudicial a Guaicaramo, S.A. CONTESTÓ: Nosotros que yo sepa no formulamos ni reclamación ni querella porque la zona que el Dr. Menciona estaba entregada al INVÍAS por la gobernación. PREGUNTADO: Diga el testigo si en la etapa previa de conversaciones adelantadas con el INVÍAS, sostenía la tesis, de que la zona a ocupar para la ampliación de la autopista era de su propiedad por entrega que le hizo el departamento de Cundinamarca. CONTESTÓ: en las dos o tres reuniones que tuvimos con el INVÍAS y los sres. Herrera, presenté los títulos que nos acreditaban como propietarios de la zona autopista que tiene un folio de matrícula de un número catastral y a la vez ellos reclamaban como suya la zona mencionada, no me consta lo referente a la pregunta, pues nunca supe ni recuerdo...PREGUNTADO: Diga el testigo por qué razón usted y sus hermanos en la demanda que le formularon al INVÍAS ante este Tribunal, omitieron mencionar a este despacho que Guaicaramo, S.A. también alegaba de derecho de propiedad y posesión sobre la zona en disputa. CONTESTÓ: Como lo dije anteriormente concedí poder al DR. Jaime Parra Heredia, para que adelantara proceso contra el INVÍAS y él fue quien presentó la demanda. PREGUNTADO: Diga el testigo si usted personalmente o algunos de los copropietarios suyos en los terrenos aledaños a la autopista mencionada, en alguna ocasión sostuvieron que Guaicaramo, S.A. había ocupado la zona cedida al INVÍAS para la ampliación por haber corrido las cercas de alambre para el lindero con la autopista, supuestamente invadieron el lote que se había reservado y que estaba ubicado, según ustedes entre la autopista y el lote de terreno comprado por Guaicaramo. CONTESTÓ: no recuerdo la fecha en que la autopista Medellín al desbordarse el río Bogotá y las cercas haber quedado destruidas se hayan levantado en un sitio distinto al que estuvieron originalmente y personalmente no recuerdo, hace más de 20 años si lo haya comentado o no. PREGUNTADO: Diga el testigo si tiene conocimiento de que persona puso haber llevado a la Notaría 4 de Bogotá un plano correspondiente al levantamiento topográfico de la hacienda Vuelta Grande, realizado por el señor García a escala 1:2000 para que se incluyera o protocolizara con la escritura Nº 000174 de 1971, cuando en el texto de dicha escritura para nada se menciona que dicho plana haya sido aportado. CONTESTÓ: Los srs. Neftalí Ospina y Moisés Hurtado Aguilera fueron los liquidares de la sucesión de mi padre sr. Raimundo Hurtado Ospina, estos bienes fueron aportados a la sociedad Raimundo Hurtado Triviño y los planos para liquidar la mencionada sociedad de las haciendas La Argentina en el municipio de Funza, Jarama en el Municipio de Tenjo y Vuelta Grande en el municipio de Cota, fueron levantados por el Dr. García, topógrafo y ha sido costumbre nuestra protocolizar la escritura con los mencionados planos que coinciden en un todo con el texto de los linderos de la escritura que no recuerdo el número que es la de la liquidación de Raimundo Hermanos, quien lo llevó a la notaría no recuerdo, creo que fueron los partidores, pero son los mismos que figuran en el catastro de Cundinamarca...” (fls. 409 a 411, cdno. 2).

4.4.20. Por último, el tribunal dispuso la práctica de un dictamen pericial con el fin de delimitar la zona objeto de ocupación y compararla con el predio Autopista.

Al respecto el ingeniero catastral designado, previo examen de los elementos de juicios de los dos expedientes, conceptuó:

“Con el fin de ilustrar el dictamen pericial solicitado por el honorable magistrado realice este esquema topográfico, teniendo como base las copias de los planos 1R2 y 2R2 del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS a escala 1:1000, suministrados amablemente por la CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE, S.A. y los planos protocolizados con la escritura 2174 de 14 de mayo de 1971, esquema en el cual se puede observar: el absisado de la carretera Santa Fe de Bogotá – La Vega (autopista Bogotá-Medellín), el ancho de la misma, las distancias de colindancia de cada uno de los lotes definidos en las hijuelas de la escritura 2174 y planos mencionados, las cédulas catastrales, matrículas inmobiliarias, nombre de propietarios y de los predios, cada uno de ellos resaltados en color y achurado. 

El predio LA AUTOPISTA de acuerdo con los siguientes documentos: cédula catastral 00—0-004-114, matrícula inmobiliaria 050N20216532 y EP 2174 de 1971 Notaría 4ª de Bogotá eran de propiedad de la sociedad RAIMUNDO HURTADO TRIVIÑO Y HERMANOS LTDA y coincide en toda su extensión con la carretera Santa Fe de Bogotá-La Vega en el tramo K0+460 al K2+2293 aproximadamente. 

Estudiado el folio de matrícula inmobiliaria 050N00175243 en sus anotaciones números 2 y 10 y las EP Nº 109 de 1974 y EP 1598 de 1982 de la Notaría 32 de Bogotá, se observó que el objeto de venta es únicamente del globo 1 A que con el globo Nº 1 forman la RIVIERA y no se menciona para nada la venta de la 1/6 parte del predio la AUTOPISTA. Con el cual colinda el primero. 

En los planos y el esquema también se observa que la cerca del predio 1 A de la RIVERA se encuentra instalada en el predio LA AUTOPISTA pero ésta circunstancia por sí sola no constituye título. 

Del estudio de estos documentos y del esquema realizado se puede establecer que la franja de terreno es la misma que se menciona en los expedientes citados...” (fls. 2 a 4, cdno. 9).

El dictamen transcrito fue objetado parcialmente. Se consideró que si bien se dictaminó que el predio ocupado y el objeto de reparación coinciden, la experticia se acompañó de consideraciones jurídicas relacionadas con la titularidad del bien, esto es, por fuera de la misión conferida al auxiliar de la justicia (fls. 377 a 383, cdno. 1).

Sobre esto último, la Sala debe señalar que las apreciaciones jurídicas nada tienen que ver con el objeto de la decisión, dirigida a definir el derecho a la reparación de la sociedad Guaicaramo S.A.(10).

5. Análisis del caso

5.1. La legitimación de la sociedad Guaicaramo S.A.

5.1.1. Teniendo en cuenta que en primera instancia se consideró que los demandantes no acreditaron el mejor derecho sobre el inmueble objeto del presente proceso y que esa aseveración es controvertida en la apelación, inicialmente, se procede a precisar los intereses de la sociedad Guaicaramo S.A. con el fin de determinar si puede considerarse damnificada con ocasión de las obras que adelantó el Invías para la ampliación de la autopista Bogotá-Medellín.

5.1.2. Se conoce que el tribunal a quo consideró que la entidad demandada reparó a los hermanos Hurtado Triviño, por la ocupación de la misma franja de terreno que reclama la sociedad Guaicaramo S.A. Lo anterior, si se considera que i) en la disolución y liquidación de la sociedad Raimundo Hurtado y Hermanos, se delimitó una franja de 40 metros de ancho sobre el predio por donde pasaba y se proyectaba la ampliación de la autopista Bogotá-Medellín y ii) la titularidad del derecho de propiedad del predio ocupado, denominado Autopista, data del año 1971.

En estos términos, coligió que la reclamación que presenta la sociedad Guaicaramo S.A se explica por una errada interpretación del lindero Norte del predio 1 A, debido a que se desconoció la titulación o a que en la escritura pública de venta no se mencionó el predio Autopista. Lo que a su juicio no tenía el efecto de anular la existencia del predio.

5.1.3. Entre tanto, la impugnante niega la delimitación del predio Autopista en los títulos que sirvieron de base a la tradición del Globo 1A hasta cuando llegó a su dominio. Alega que adquirió el lote del cual el Invías se apropió; que ejerció la posesión y que actuó en todo tiempo de buena fe, fundada en la titulación que así lo indicaba, si se considera que el inmueble le fue entregado y lo poseyó de forma tranquila y pacífica, hasta la diligencia adelantada por la alcaldía municipal de Cota que culminó el 1º de abril de 1996.

De otra parte, puso de presente varias inconsistencias en las actuaciones de la familia Hurtado Triviño, las que a su juicio se encuentran reflejadas en las escrituras públicas y certificados de tradición y libertad que obran en el expediente. Así, por ejemplo, advierte extraño que i) se hayan segregado de la hacienda Vuelta Grande siete predios cuando eran seis los herederos; ii) el predio Autopista tenga exactamente las mismas dimensiones y características del predio que fue requerido por el Invías y iii) el predio Autopista se haya inscrito en el registro veinticinco años después.

5.1.4. Sobre el particular, se encuentra acreditado que, dentro del juicio de sucesión del señor Raimundo Hurtado se adjudicó, el 3 de junio de 1969, en partes iguales, a los señores Roberto, Hernán, Gonzalo Efraín, Justo Javier, Gladys Yolanda y Carmen Elvira Hurtado Triviño el derecho de dominio sobre la hacienda Vuelta Grande. Predio que, el 4 de diciembre del siguiente año, fue aportado a la sociedad Raimundo Hurtado y Hermanos.

Igualmente, se sabe que el 14 de mayo de 1971, en la disolución y liquidación de la mencionada sociedad, se adjudicó a la señora Gladys Yolanda Hurtado Triviño dos globos de terreno distinguidos con los números 1 y 1 A de la hacienda Vuelta Grande. Este último, de acuerdo con el instrumento, colindaba por el Norte con los lotes 2 y 1 de ese mismo predio, autopista Bogotá-Medellín de por medio. Igualmente, se le adjudicó: “un derecho equivalente a una sexta parte (1/6) en el inmueble consistente en 7 hectáreas, 3.337, 60 metros cuadrados, que hace parte de la hacienda VUELTA GRANDE, que en adelante se denominará AUTOPISTA comprendido dentro de los siguientes linderos: Por el NORTE: con los lotes números 4, 5, 6, 2 y 1 de esta misma hacienda Vuelta Grande; por el Occidente con la hacienda Glorieta de propiedad de Jorge Hurtado.

La escritura pública en la que se formalizó la mentada liquidación, numerada 2174, se inscribió en el folio de matrícula del predio de mayor extensión el 26 de mayo de 1971, tal como dan cuenta los certificados de libertad y tradición de los bienes segregados, entre los que se encuentran los Globos 1, 1A y el predio Autopista.

También, se estableció que el 12 de febrero de 1974, la señora Gladys Yolanda Hurtado Triviño vendió el Globo 1A al señor Fernando Sanclemente; que el 29 de noviembre de 1977 este lo enajenó al señor José Fernando Sánchez Mallarino y que el 1º de octubre de 1982, este último lo vendió a la sociedad Herrera Obregón, hoy Guaicaramo S.A. En todos los casos, bajo el entendido que el lindero Norte del inmueble estaba dado por los lotes 1 y 2 autopista Bogotá-Medellín de por medio, tal cual se estableció en la escritura de liquidación de la sociedad.

No obstante, en la misma escritura, esto es la Nº 2174, ya mencionada, figura también el lote Autopista alinderado por el Norte con los lotes 4,5,6,2 y 1 y por el Occidente con la hacienda Glorieta de propiedad de Jorge Hurtado. El que se adjudicó en común y proindiviso a todos los socios.

5.1.5. Recuérdese que el título, esto es la venta, donación o cualquier otro no transfiere el derecho de dominio, en cuanto, a la luz del artículo 756 del Código Civil, la tradición de los bienes raíces se efectúa con la anotación en el folio correspondiente, como en efecto ocurrió(11) con la escritura de disolución y liquidación de la sociedad Raimundo Hurtado y Hermanos.

Entonces, demostrado como se encuentra que la hacienda Vuelta Grande fue adjudicada en la sucesión de Raimundo Hurtado en común y proindiviso a sus seis herederos quienes la aportaron a la sociedad ya referida, luego disuelta y liquidada previa conformación de siete lotes, entre estos el predio Autopista, es clara la individualización de este último desde el otorgamiento de la escritura Nº 2174, oponible a terceros a partir del 26 de mayo de 1971, esto es desde su registro. Así la apertura del folio independiente date de 1995.

Sobre el tema basta señalar que la apertura en mención no tiene los efectos que le pretende dar la parte actora, pues, como el folio 50n-175243 lo indica, en la anotación Nº 1 figura la escritura Nº 2174 del 14 de mayo de 1971, lo que significa que la adjudicación y segregación aconteció con el registro, lo que ocurrió el 26 de mayo de 1971, por lo que, se insiste, la apertura del folio años después no postergó en el tiempo la individualización jurídica del predio.

En estas condiciones, tampoco resulta extraño que la hacienda se haya dividido en siete predios y que el séptimo denominado Autopista tenga exactamente las dimensiones de la franja de terreno que requería el Invías, pues, conocida la limitación existente, debía actuarse de conformidad para no afectar solo a alguno o algunos de los socios. Se advierte, a juicio de la Sala, la decisión de distribuir equitativamente los efectos de la limitación.

Por otra parte, está demostrado que la sociedad Guaicaramo S.A. compró el Globo 1A como cuerpo cierto y que tanto la escritura de venta como la de liquidación delimitaron el predio por el Norte con los predios distinguidos con los Nº 1 y 2 de la misma hacienda, autopista Bogotá-Medellín de por medio, con evidente falta de claridad del instrumento sobre el predio Autopista. Confusión que no comporta necesariamente la indebida interpretación de los títulos por el tribunal, como lo pretende hacer ver la actora.

Es cierto que la discrepancia sobre la titularidad de la franja ocupada no se hubiera presentado si el instrumento de liquidación, en coherencia con todas sus estipulaciones, se hubiera señalado que el Globo 1A, adjudicado a la señora Gladys Yolanda Hurtado Triviño, lindaba al Norte con el predio denominado Autopista. Confusión que si bien podría no tener alcance frente a la tradición, indudablemente, en cuanto afectó su publicidad, demandaba una corrección de parte del liquidador o de los adjudicatarios en común y proindiviso del predio, que se echa de menos.

Nótese que, siendo como fue, una venta por cabida y linderos, era obligación del liquidador tradir lo comprendido en ellos. Sin embargo, pese a la imprecisión del instrumento, los terrenos de la autopista Bogotá-Medellín, como lo señaló el tribunal a quo, no solo incluían el trazado de la vía, sino la zona adicional que, de acuerdo con el plano protocolizado con la escritura de liquidación, sumaba una distancia de 40 metros de ancho.

Lo anterior al margen de que, acorde con la determinación utilizada para individualizar el predio adjudicado a la socia Gladys Yolanda Hurtado Triviño, el predio colindaba por el Norte con los lotes Nº 1 y 2 del inmueble objeto de partición y no con el lote Autopista, como el folio destinado a este predio lo indicaba.

Así, la redacción del lindero Norte del Globo 1A podía y puede llevar a entender, para efectos de la titulación, como lo sugiere la impugnante, que incluía los terrenos por donde pasaba la carretera Bogotá-Medellín y su zona de ampliación, de origen privado pero circunscritos al interés público.

Colofón de lo expuesto, es que, comprobada como se encuentra la existencia del predio Autopista, materialmente afectado por la autopista Bogotá-Medellín, cuyo trazado final en ese preciso sector contemplaba un ancho de 40 metros, aunque coincidente con el establecido para el mencionado predio en el instrumento de liquidación, se advierte confusión con la determinación, cuando menos del Globo 1A, individualizado en el mismo acto de partición.

5.1.6. De otra parte, la Sala no puede pasar por alto que en el proceso se demostró que i) los hermanos Hurtado Triviño no explotaron el predio Autopista, conscientes de su afectación por utilidad pública, desde que el departamento de Cundinamarca determinó las características de la autopista Bogotá-Medellín, lo que incluyó el trazado inicial y las obras de ampliación y ii) la sociedad Guaicaramo S.A. sí ejerció actos positivos de señor y dueño desde su adquisición, porque lo poseía a tiempo de su despojo por el Invías(12) Es decir, además de propietaria inscrita, ostentaba presunción de dominio(13).

Esto es así, si se tiene que los señores Roberto Hernán y Raimundo Hurtado Triviño en las declaraciones que rindieron ante el tribunal, pese a que advirtieron que contaban con los títulos que los acreditaban como propietarios, coincidieron en que no tenían el control material del área cedida para la construcción de la obra pública y su ampliación. Afirmación que, valga la pena señalar, guarda consonancia con lo sucedido con la liquidación de la sociedad familiar, en la que se resolvió dejar en estado de negociar para construir la vía, sin control sobre el mismo.

Ahora, no se puede desconocer que, desde el mes de octubre de 1995, la sociedad Guaicaramo S.A. con el fin de ceder la franja de terreno que el Invías necesitaba para la ampliación de la vía y obtener la consecuente indemnización, adelantó una serie de actuaciones ante la demandada, como señora y dueña; al punto que fue quien impugnó la decisión final de la administración de declarar de utilidad pública las obras que se adelantaban y la orden de desalojo, evidenciando la afectación. Actuaciones que dejan en claro la publicidad de su actuación ante el Invías y frente a cualquier persona. Situación que la entidad demandada reconoció, pues no de otro modo podría entenderse su actuación ante la alcaldía, en orden a que se librara y ejecutara en su contra orden de desalojo, como efectivamente aconteció.

Además, es de notar que la entidad no refirió la posesión o el derecho de propiedad de los hermanos Hurtado Triviño. Su defensa se centró en que “el tramo en donde se encuentra la autopista Bogotá-Medellín, de aproximadamente 33 años (...) está totalmente respaldada en el hecho de que ninguna persona hasta antes de los trabajos relacionados con la concesión en cuestión había obstaculizado o reclamado titularidad en dichos terrenos” (fls. 38 a 44, cdno. 2 – Res. 5226 del 12 de septiembre de 1995).

A lo que cabe agregar que, las autoridades de policía, en el marco de la práctica de diligencia de desalojo, corroboraron que la franja que la entidad requería para la ampliación de la vía comprendida materialmente dentro del Globo 1A de propiedad de la sociedad demandante estaba siendo ocupada y explotada por la misma, al punto que en la diligencia se ordenó la remoción de las cercas. Mismas que si bien la entidad en su defensa denunció corridas convenientemente, nada probó. En tanto, indagados los hermanos Hurtado Triviño sobre el punto, manifestaron que nada les costaba sobre el hecho.

Por otra parte, en la diligencia se constató que esa franja, como el resto del predio, estaba siendo destinada por la demandante a labores de ganadería, hecho que resultaba concordante con su objeto social el que comprendía actividades agropecuarias (fl. 3, cdno. 2-certificado de existencia y representación).

Sobre el particular, es importante tener presente que el artículo 762 del Código Civil define la posesión, en los siguientes términos:

La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo. 

La Corte Suprema de Justicia, en innumerables ocasiones, se ha referido al tema, a guisa de ejemplo obsérvese la siguiente definición(14):

“...1. Como es sabido, la posesión, uno de los fundamentos esenciales de la prescripción adquisitiva de dominio, está integrada por dos elementos bien definidos, el “animus” y el “corpus”, éste relacionado con el poder de hecho que materialmente se ejerce sobre la cosa, y aquél, de naturaleza subjetiva, intelectual o sicológica que se concreta en que el poseedor actúe como si fuera el verdadero y único dueño, sin reconocer dominio ajeno.  

Sobre el particular ha dicho la Corte: “es cuestión suficientemente averiguada la de que la mera detentación de la cosa no es bastante para poseer en sentido jurídico; que es indispensable que a ello se agregue la intención de obrar como propietario, como dueño y señor de la cosa, o, lo que es lo mismo, con el positivo designio de conservarla para sí. Y, si se quiere, es el animus el elemento característico y relevante de la posesión y por tanto el que tiene la virtud de trocar en posesión la mera tenencia. Para que ésta exista es bastante la detentación material; aquella, en cambio exige no sólo la tenencia sino el ánimo de tener para sí la cosa (animus domini)”. (G. J., CLXVI, pág.: 50). De suerte que, allí donde no se descubra el elemento subjetivo de actuar por su propia cuenta, no queda lugar para hablar de poseedores por muy numerosos y variados que sean los actos materiales que se ejerzan sobre la cosa. Ahora bien: por su carácter subjetivo, “el ánimo de poseer implica observar el estado de espíritu que se presenta en el poseedor, averiguación que por lo mismo resulta asaz delicada, dificultad de la cual tomó, por fortuna, nota la ley, permitiendo entonces que esa intencionalidad se presuma de los hechos que normalmente dicen ser su reflejo, y que por aparecer externamente son apreciables por los sentidos”. (Sentencia 052 del 4 de abril de 1994). 

Entonces, si la posesión es la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño, lógico es concluir que quien detentaba dicha condición, para el momento del desalojo, era la sociedad Guaicaramo S.A. Esto es así porque, además de ocupar materialmente, realizó diligencias en orden a preservar la tenencia y hacer valer su calidad de propietario inscrito. Lo que le permite a la Sala concluir que la conservaba para sí. Calidad de titular del derecho que si se llegare a controvertir, en todo caso deviene en posesión regular, habida cuenta del amparo con justo título registrado(15) y buena fe(16).

Lo anterior, además de la tenencia pública e ininterrumpida, pues desde cuando se adquirió el inmueble se aducen actos de dueño no confrontados, bajo el convencimiento fundado de que el predio delimitaba, como figura en el folio y en la titulación, por el lindero Norte con los Globos 1 y 2 autopista de por medio. En este punto y dada la individualización del predio Autopista, vale considerar que la señora Gladys Yolanda Hurtado transfirió el globo de terreno el 12 de febrero de 1974 y que la sociedad Herrera Obregón Ltda., hoy Guaicaramo S.A., lo adquirió en 1982, y lo mantuvo hasta el 1º de abril de 1996, tiempo superior a 10 años y así mismo suficiente para imprimirle firmeza a la titulación.

Finalmente, es importante resaltar lo dispuesto por el artículo 2342 del Código Civil, acorde con el cual está legitimado para reclamar, no solo el dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. Incluso, puede reclamar el que tiene la cosa, con obligación de responder de ella, en ausencia del dueño.

Calidades estas para reclamar indemnizaciones por afectaciones de los derechos sobre las cosas que la actora concreta en su condición de propietaria inscrita y poseedora, por un tiempo superior a 10 años.

5.2. Juicio de responsabilidad.

5.2.1. Responsabilidad del Estado por ocupación permanente de inmuebles.

5.2.1.1. La Constitución de 1991 en el artículo 58(17) consagra el derecho a la propiedad privada y regula tanto su protección como su legítima privación. Señala que se puede subordinar el uso y goce de este derecho al interés social o a motivos de utilidad pública e incluso privarse de este por estas mismas razones, a través de su expropiación sujeta el pago de indemnización, en los casos y según las formas establecidas por la ley.

5.2.1.2. En similares términos, la Convención Americana de Derecho Humanos en el artículo 21(18) consagra este derecho y obligación. Sobre su alcance la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Salvador Chiriboga vs Ecuador, señaló(19):

“60. El derecho a la propiedad privada debe ser entendido dentro del contexto de una sociedad democrática donde para la prevalencia del bien común y los derechos colectivos deben existir medidas proporcionales que garanticen los derechos individuales. La función social de la propiedad es un elemento fundamental para el funcionamiento de la misma, y es por ello que el Estado, a fin de garantizar otros derechos fundamentales de vital relevancia para una sociedad específica, puede limitar o restringir el derecho a la propiedad privada, respetando siempre los supuestos contenidos en la norma del artículo 21 de la Convención, y los principios generales del derecho internacional.  

61. El derecho a la propiedad no es un derecho absoluto, pues en el artículo 21.2 de la Convención se establece que para que la privación de los bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización, practicarse según los casos y las formas establecidas por la ley y efectuarse de conformidad con la Convención(20)”. 

5.2.1.3. Uno de los eventos en que el Estado puede transgredir o limitar el pluricitado derecho es la ocupación. Se trata de una situación de hecho, a título justo o injusto, con ánimo de señor o reconociendo dominio ajeno. Se observa en situaciones como los asentamientos de tropas, la ubicación de materiales o maquinaria para la realización de proyectos de infraestructura o para su ejecución. Sin ser estas las únicas situaciones, pues la administración también puede poseer, sin reconocer dominio ajeno, siendo para el efecto necesario que medie la ocupación material.

5.2.1.4. En estos casos, la Corporación ha señalado que la parte actora debe demostrar que una parte o la totalidad del bien inmueble que posee fue ocupado permanentemente por la administración o por particulares que actuaron autorizados por ella(21). Se trata de una responsabilidad fundada en el daño antijurídico o lesión al derecho de dominio en sentido amplio, protegido por el artículo 58 constitucional que deberá ser reparado integralmente.

Comprende, entonces, tanto los perjuicios derivados de la afectación a los derechos e intereses legítimos(22) como los causados a su ejercicio. Es decir, al menoscabo de la posesión o tenencia sobre el predio(23). Imputable a la entidad pública que ocupó o dispuso la ocupación sin adelantar la enajenación de los derechos e intereses y en todo caso la indemnización plena y previa.

5.2.1.5. Al respecto, vale recordar que en los términos de la Sentencia C-864 de 7 de septiembre de 2004, la Corte Constitucional, fundada en que las autoridades públicas tienen el deber constitucional de respetar los derechos de los particulares sobre toda clase de bienes, puso de presente que, cuando se requiere de un inmueble para cumplir los fines del Estado, la sujeción al principio de legalidad y la garantía constitucional a la propiedad y al debido proceso comportan el deber de adelantar los trámites en orden a la enajenación voluntaria o la expropiación, si aquélla no es posible, en los términos del artículo 29 constitucional.

5.2.1.6. En este contexto, la Sala debe mencionar que el ordenamiento jurídico, en casos como el que se estudia, al tiempo que protege los derechos adquiridos con justo título, concilia su protección con el interés público, mediante mecanismos para que la administración adquiera los bienes incluso contra la voluntad de sus propietarios, por razones de utilidad pública e interés social.

Siendo así, cuando la negociación voluntaria no da resultado se impone la expropiación como único mecanismo válido para acceder al inmueble que se requiere para la realización de la obra pública.

5.2.2. Caso concreto

Procede la Sala a determinar si en este caso se estructuran los supuestos necesarios para condenar al Invías por ocupación permanente a la luz del artículo 90 constitucional o si por el contrario se deben negar las pretensiones como lo dispuso el a quo:

5.2.1.1. Las pruebas que obran en el expediente permiten tener por acreditada la ocupación parcial del predio denominado Autopista. En ello concuerdan las partes, al punto que el Invías, en la contestación de la demanda, reconoce la ocupación, aunque señala que por ese hecho indemnizó a los integrantes de la familia Hurtado Triviño. Lo último al margen de que la sociedad Guaicaramo S.A, no los hermanos Hurtado Triviño, fue despojada de la posesión para adelantar la ampliación de la autopista Bogotá-Medellín, como lo demuestra la diligencia policiva en la que se le entregó a este instituto un área de 9.592,35 mts2, sobre la que se adelantó la obra, como lo señala la propia demandada y lo constataron los peritos(24).

5.2.1.2. Acreditada la ocupación del inmueble, en lo que respecta al área que tenía bajo su señorío la sociedad Guaicaramo S.A., se impone imputar el daño al Invías.

5.2.1.2.1. Al respecto, se debe tener en cuenta que, para el momento de ocurrencia de los hechos, la Ley 9 de 1989 regulaba los procedimientos legales para la expropiación de los bienes de propiedad de los particulares por motivos de utilidad pública, fincados, entre otros, en el desarrollo de obras públicas como las vías, los puentes etc., previa declaratoria del bien como de interés público. Se dispuso que, vigente la declaración, se adelantaría la negociación directa luego de una oferta dirigida al particular y que, acordado el precio y las demás condiciones de la oferta se celebraría un contrato de promesa de compraventa susceptible de registro(25).

Suscrita la promesa de compraventa, el término para otorgar la escritura pública que le diera cumplimiento no podía ser superior a dos meses. Vencido el cual, sin que se hubiere celebrado el contrato o el término previsto en la promesa para otorgar la escritura pública sin que fuere otorgada, se entendía finiquitada la etapa de adquisición por enajenación voluntaria.

De este modo, agotada la etapa de enajenación voluntaria(26) lo siguiente era la expropiación mediante resolución motivada. Decisión que debía ser notificada al afectado, el cual podía interponer el recurso de reposición(27) o demandar el acto, en nulidad y restablecimiento del derecho, ante el juez contencioso administrativo(28).

En firme el acto administrativo que ordenara la expropiación, la administración competente podía iniciar el proceso ordinario ante la jurisdicción civil con el objeto de definir el precio y la entrega(29).

Iniciada la instancia judicial, se debía proceder de acuerdo con lo ordenado por los artículos 451 a 458 del Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, a la entidad pública correspondía presentar la demanda en contra de todos los titulares de derechos reales, anexando la resolución de expropiación y el certificado de tradición y libertad. De ella se debía dar traslado a la parte pasiva por tres días.

Finalizado el término anterior, el juez debía dictar sentencia y si decretaba la expropiación ordenaba cancelar los gravámenes, embargos e inscripciones que recayeran sobre los bienes.

Ahora, surtida la publicidad de la sentencia, el juez designaba peritos para que estimaran el valor del bien y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados. En firme el avalúo, procedía a entregar a la entidad demandante el bien expropiado. Sin embargo, si en dicho acto se presentaba oposición por un tercero o quien alegare la posesión material o derecho de retención, la entrega se efectuaba, pero se prevenía al opositor, del derecho que tenía de presentarse al proceso dentro de los diez días siguientes a la terminación de la diligencia, a fin de que mediante incidente se decidiera si le asistía o no el derecho alegado. En caso de acreditarse la condición, el juez ordenaba a los peritos que evalúen la indemnización que le correspondía, la que se pagaba con cargo a la determinada para el demandante o de la que se le hubiere pagado al momento de la entrega del bien.

La sentencia ejecutoriada junto con el acta de entrega del inmueble, debían ser inscritas en la oficina de registro de instrumentos públicos, lo que daba paso a la entrega de la indemnización. Cabe precisar que la actuación administrativa y el proceso judicial se adelantan en contra de los titulares de derechos reales inmuebles y por lo mismo individualizados en el folio de que se trate.

5.2.1.2.2. Se aprecia, entonces, que la entidad estaba en el deber de armonizar el interés general dirigido a realizar la obra pública con el interés particular en conflicto; el que, por demás, conocía, dado que la sociedad Guaicaramo S.A. en el año 1994, cuando la concesión Sabana de Occidente S.A. inició los trabajos de ampliación de la vía El Cortijo-El Vino-La Vega, le ofreció los terrenos que ocupaba en venta. Además, expedida la Resolución Nº 5226 que los declaró de utilidad pública, interpuso recurso de reposición y se opuso a la diligencia de desalojo.

Sin embargo, obtenido el bien, la entidad continuó con la obra sin más. Esto es, no agotó el procedimiento de expropiación siendo esta la vía para procurar la entrega, la transferencia y el pago. Así, no puede considerarse que el bien fue entregado debidamente para fines de obra pública. Ocurrió sí una ocupación de hecho.

Sobre el particular, la Sala debe señalar que, pese a que la entidad inició un procedimiento administrativo invocando la utilidad pública, ello, además de insuficiente, de cara al artículo 58 de la Carta, desarrollado por la Ley 9 de 1989 como quedó explicado, deviene en arbitrario, en cuanto se quebrantó el ordenamiento, pues no de otra forma puede entenderse que se hubiese despojado a la sociedad Guaicaramo S.A. de un predio que poseía legítimamente, por fuera del procedimiento de expropiación, que, como se verá a continuación, establecía los mecanismos para la solución de la situación particular.

Esto es así, si se tiene en cuenta que agotada la negociación voluntaria con los interesados, que dadas las particularidades del caso seguramente se habría frustrado, la entidad debió continuar con la expropiación forzada ante la jurisdicción ordinaria y así procurar la entrega, en tanto se definía, conforme a los títulos registrados y en particular la situación real y los intereses en disputa; empero lo deseable no aconteció, no fue el juez civil el árbitro de la controversia, porque la demandada ocupó el inmueble, adelantó la obra y eligió a su arbitrio a los hermanos Hurtado Triviño, como beneficiarios de la indemnización.

Por todo lo expuesto, establecido el daño antijurídico causado a la sociedad Guaicaramo S.A., al igual que su imputación, se condenará al Invías al pago de los perjuicios que se liquidan como sigue:

6. La indemnización de perjuicios.

6.1. Tratándose de la ocupación permanente de inmuebles por la ejecución de obras o trabajos públicos, una vez probada la concurrencia de los elementos exigidos para que se declare la responsabilidad del Estado, procede la valoración de los perjuicios que pueden consistir tanto en el daño emergente, entendido como el precio del inmueble ocupado, como el lucro cesante, es decir los ingresos que el propietario del inmueble ocupado dejó de percibir a consecuencia de su ocupación(30). En este sentido, ha sostenido la Sala:

“La indemnización de los perjuicios causados con ocasión de la ocupación permanente de un inmueble debe atender a los principios de reparación integral del daño. 

Esto significa que el juez administrativo, ante la prueba de una ocupación permanente por parte de la administración y de los perjuicios causados con aquella, al demandante, no debe limitar su condena al pago del valor del inmueble, con exclusión de otros eventuales perjuicios siempre que resulten probados. 

En otras palabras, los conceptos de daño emergente y lucro cesante se imponen en el proceso administrativo de reparación directa por ocupación de hecho, siempre que el demandante los haya pedido y acreditado en el curso del proceso. 

El daño emergente consiste en el precio del inmueble ocupado(31), y el lucro cesante se traduce en aquellos ingresos que el propietario del inmueble ocupado dejó de percibir como consecuencia de la ocupación del mismo”(32). 

6.2. La actora pretende el pago del daño emergente, consistente en el valor comercial de la franja de tierra ocupada, suma que solicita se actualice al tiempo de la sentencia. Por concepto de lucro cesante no formuló pedimento alguno.

6.3. La Sala debe señalar que es procedente reconocer el citado perjuicio en los términos que ha sido solicitado, es decir teniendo en cuenta el valor del inmueble, toda vez que quedó demostrado que la actora, además de la propiedad inscrita, porque la situación registral así lo indica, el 1º de abril de 1996 ostentaba la posesión sobre la franja de terreno de manera pública, pacífica e ininterrumpida. Estado adquirido desde 1982. Lo que implica que, para el momento de la ocupación en el año 1996, había acumulado más de diez años haciendo su situación inobjetable.

6.4. Ahora bien, con el fin de demostrar el daño emergente, además de los documentos que se allegaron, obran en el expediente dos avalúos. El primero se aportó con la demanda(33) y el segundo fue decretado y practicado en el curso del proceso.

Los peritazgos tiene en común que toman como objeto de estudio el Globo 1A identificado con la matrícula inmobiliaria 50N-175243 e individualizan el área entregada y dispuesta para la obra pública de 9.572,35 mts2, la que consideraron a su vez limitada por el plan vial y especialmente por la ronda hidráulica del Río Bogotá en 6.687,35 mts2.

El presentado con la demanda, fue realizado el 11 de agosto de 1997, por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. Se tuvieron en cuenta para determinar el precio comercial, las siguientes variables:

“...Se extractan en este capítulo las características más relevantes de las propiedades expuestas en los capítulos anteriores, las cuales se han tenido en cuenta particularmente para la determinación del justiprecio comercial del presente informe: 

— La ubicación de la propiedad objeto de estudio dentro de la zona de ampliación de la autopista a Medellín, delimitada por el río Bogotá y la glorieta de Siberia, sector específico de particulares características, dadas entre otras su proximidad al Distrito Capital, su normatividad industrial, su efectivo desarrollo constructivo, las perspectivas de importantes proyectos tanto institucionales, como industriales y comerciales, la competitiva alternativa de inversión inmobiliaria que representa el sector, etc., 

— La ubicación del inmueble materia de estudio a escasos 10,50 kms, al occidente de la ciudad de Santafé de Bogotá, distancia está tomada a partir del monumento de los héroes sobre la autopista Norte o Paseo de los Libertadores. 

— La localización concreta del predio en jurisdicción del colindante municipio sabanero de Cota, sobre el margen sur de la autopista Medellín, colindante al norte y al occidente con el río Bogotá y a 4.2 kilómetros aproximadamente al oriente de la Glorieta de Siberia. 

— La relativa reciente declaratoria de zona industrial que el municipio de Cota, publica en su Acuerdo 09 de junio 30 de 1995, la cual cobija la margen sur de la autopista Medellín, sitio en el cual se ubica el bien avaluado. 

— El lento y repetitivo proceso de comercialización de los proyectos realizados en la zona de localización (uniabastos, puerto libre, etc.), circunstancia esta que permite entrever la posible dificultad de realización de un proyecto de similares características en la zona. 

— La trascendencia del importante eje vial vehicular de la autopista Medellín el cual permite la conexión (entrada y salida) del centro del país con su nor-occidente. 

— La limitación de la zona con lo que respecta a futuros desarrollos de cierta envergadura dada la carencia de alcantarillado y especialmente por la circunstancia de estar el Río Bogotá a un nivel superior que el de la propia zona. 

— La adicional e importante vocación comercial de la delimitada zona de localización. 

— La interesante alternativa sustitutiva de inversión en finca raíz con respecto a la autopista Norte, que representa la autopista Medellín y particularmente el tramo entre el Río Bogotá y la Glorieta de Siberia. 

— La restrictiva norma urbanística de ronda de río que afecta parte del predio avaluado. 

— La cabida superficiaria comercial del bien. 

— La forma rectangular del lote, así como su topografía plana. 

— El importante frente de 524,00 metros que tiene el lote sobre la autopista Medellín. 

— El actual proceso de recesión de la economía nacional, circunstancia esta no ajena al mercado de la finca raíz. 

Con fundamento en lo anterior, se realizó el siguiente avalúo comercial:

DESCRIPCIÓNÁREA (M2)VALOR UNITARIO $ /M2SUBTOTAL $
*Terreno no afectado2.905,0090.000,oo261.450.00
*Terreno afectado6.687,3531.500,oo210.651.525
TOTAL9.592,35 472.101.525

*La afectación hace referencia a la ronda hidráulica del Río Bogotá...” (fls. 376 a 392, cdno. 3).

Entretanto, para el experticio practicado en el proceso, se designaron dos avaluadores en finca raíz, quienes el 5 de agosto de 1999, con el fin de establecer el valor comercial de la franja ocupada tuvieron en cuenta las vías de acceso, las características y topografía del predio, la reglamentación urbanística y sus afectaciones. Además, consideraron:

“Esta zona es de tipo plano, con zonas de comercio, industria y entidades financieras, como los son: Uniabastos, estaciones de servicios como Terpel, Esso; Concasa, Kokorico, entre otras. Esta zona tiene una proyección futurista como zona de comercio e industrial sobre vía. Es permitido para esta zona según acuerdo transcrito parcialmente en su artículo 68 para usos principales, industria, servicios de carretera, centros comerciales, lotes individuales como complementarios, oficinas, comercio, servicios de asistencia, recreación y bienestar institucional, todos con los requisitos urbanísticos y ambientales que le corresponden. 

AVALÚO: 

Para determinar el justo de la franja de terreno para el día 2 de abril de 1996, tuvimos en cuenta, además de nuestro examen personal y directo, las características del sector, la oferta y la demanda de la finca raíz a la fecha, las afectaciones que posee el inmueble, el valor del metro cuadrado en la zona cercana a la franja de terreno que hace parte de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, según boletín de Fedelonjas para la época contenidas en el valor del suelo urbano y en general todos los aspectos tomados en este punto del experticio, al igual que toda la documentación tomada en el presente experticio, por lo anterior y según nuestro legal saber y entender le asignamos el siguiente valor para el 2 de abril de 1996, así: 

Y concluyeron:

DESCRIPCIÓNÁREA (M2)VALOR UNITARIO $ /M2SUBTOTAL $
Terreno no afectado2.905,00120.000,oo$ 348.600.000
Terreno afectado6.687,3566.000,oo$ 441.365.100
TOTAL9.592,35 789.965.00

6.5. Este último concepto fue objetado por el Invías por error grave. La entidad señaló, esencialmente, que se desconoció los títulos de propiedad y demás documentales que se aportaron dentro del expediente 96D-12872 que cursó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sostuvo que la documentación demostraba a los hermanos Hurtado Triviño como titulares del derecho de dominio sobre el inmueble, hoy de su propiedad. En estos términos, señala que el avalúo recayó sobre un predio diferente, pues se tomó como fundamento simplemente el denominado Globo 1A (fls. 172 a 174, cdno. 1).

Al respecto, téngase en cuenta que el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil preceptúa:

ARTÍCULO 241.—Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

“Si se hubiere practicado un segundo dictamen, éste no sustituirá al primero, pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere objeción por error grave”.

Se habrá, en consecuencia, de apreciar la firmeza, precisión y calidad de la peritación, teniendo en cuenta siempre el principio de la valoración integral de la prueba, atendiendo a que su finalidad tiene que ver con la verificación de hechos que requieran de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Lo anterior, comoquiera que no resultaría lógico que el juez se viese obligado, en todos los casos, a acoger un dictamen, así el mismo confiera certeza, porque ello equivaldría a trasladar al perito el juzgamiento.

En este sentido, no basta que los peritos emitan un concepto, se requiere que el mismo se fundamente en las reglas del conocimiento de la experiencia y de la lógica(34), sobre el punto técnico sometido a examen.

Ahora, para que se configure un error grave, los expertos deben incurrir en equivocaciones con entidad suficiente para llegar a conclusiones igualmente equívocas tal y como lo exigen el numeral 4 del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil(35).

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(36) ha precisado, respecto de la objeción por error grave:

“(...) si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos...”(37) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, “...es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven...”.

Ahora, respecto del planteamiento de la objetante, la Sala encuentra que no logra desvirtuar las apreciaciones y conclusiones del dictamen, toda vez que no devela que los expertos cambiaron las cualidades propias del objeto examinado o sus atributos, por otras que no tiene, tampoco que tomaron como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen.

Sobre el particular, debe precisarse que lo alegado por el Invías tiene que ver con los linderos del predio Autopista, en tanto que la actora reclama la propiedad sobre una franja de terreno comprendida en el Globo 1A, conforme a la titulación del inmueble que data desde 1974. Esto es, del área de 9. 592,35 mts2 de la que fue desalojada el 1º de abril de 1996 y que había adquirido en el año de 1982, la que se avaluó de acuerdo con sus particulares características.

En estos términos y dado que el valor comercial de dicha franja no tenía por qué cambiar, en atención a la decisión sobre los derechos de la sociedad actora objeto de la controversia que la Sala resuelve, es claro que la objeción por error grave no tiene vocación de prosperidad.

Precisado lo anterior, la Sala debe señalar acorde con el análisis conjunto de los avalúos, que, si bien las dos comparten fundamentos similares, la allegada con la demanda genera mayor persuasión. No solo porque se rindió por una institución especializada en la materia, sino porque la misma fue realizada con mayor grado de detalle y para una época más cercana al momento de ocurrencia de los hechos, lo que permitía a los expertos tener mayor precisión sobre el estado del mercado y de los factores externos e internos que afectaban su valor.

6.6 Así las cosas, el valor de la franja ocupada es el que se obtiene de multiplicar el valor del metro cuadrado por el total de su extensión, es decir de realizar la operación que realizaron los peritos y que ahora se reproduce:

El total del área es de 9.592, 35 mts2, de los cuales 6.687,35 tienen un valor de $ 210.651.525 por cuanto el valor del metro cuadrado es de $ 90.000 dada la afectación por ronda hidráulica, los restantes 2.905 mts2, tiene un valor de $ 261.450.00, por cuanto el metro cuadrado de esa zona se calculó en $ 31.500 para un total de $ 472.101.525.

Suma que debe actualizarse conforme a la fórmula para el efecto ha adoptado la Corporación:

Ra = Rh x Ipc (f)

Ipc (i)

Donde:

Ra: Valor actualizado a obtener

Rh: Valor historio del predio

Ipc (f): Último índice de precios conocido (septiembre de 2016)

Ipc (i): Índice de precios a la fecha del dictamen pericial (agosto de 1997).

Ra = 472.101.525 x 132,77

43,12

Ra = $ 1.453.639.134,38

Son mil cuatrocientos cincuenta y tres millones seiscientos treinta y nueve mil ciento treinta y cuatro pesos con treinta y ocho centavos.

7. Costas

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

1. REVOCAR la sentencia del 20 de abril de 2005, proferida por la Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera que negó las pretensiones de la demanda.

2. DECLARAR patrimonialmente responsables al Instituto Nacional de Vías por la ocupación permanente de una franja de tierra de 9.592, 35 mts2 que destino para la ampliación de la autopista Bogotá-Medellín de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. CONDENAR al Instituto Nacional de Vías y a favor de la sociedad Guaicaramo, S.A. por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente al pago de mil cuatrocientos cincuenta y tres millones seiscientos treinta y nueve mil ciento treinta y cuatro pesos con treinta y ocho centavos ($ 1.453.639.134,38).

4. RECHAZAR la objeción por error grave presentada por el Instituto Nacional de Vías contra el dictamen pericial rendido por los auxiliares de la justicia Oscar Alejandro Abella García y John Jairo Agudelo Sánchez.

5. La demandada dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo. En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta—Danilo Rojas Betancourth—Arturo Solarte Rodríguez, conjuez».

5 La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en 1997 fuera conocida por esta corporación, debía superar la suma de $ 13.460.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597/88— y la mayor de las pretensiones fue estimada por la parte actora en $ 500.000.000, por concepto de perjuicios materiales (fl. 30, cdno. 1).

6 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 2013, Exp. 20.601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

7 El instrumento da cuenta del negocio jurídico consistente en la venta del derecho de dominio que realizó el señor Jorge Sánchez Mallarino a la sociedad Herrera Obregón Ltda., de tres globos de tierra pertenecientes a la hacienda Vuelta Grande entre los que se encontraba el Globo 1A cuyos linderos se detallaron de la siguiente manera: “RIVIERA – GLOBO NÚMERO UNO (1); RIVIERA – GLOBO NÚMERO UNO A (1A) Y GRANDE NÚMERO DOS (2) RIÓ VIEJO que hicieran parte de otro de mayor extensión denominado VUELTA GRANDE, con un área de treinta fanegadas (30) aproximadamente, ubicados en jurisdicción del Municipio de Cota, anexada al distrito especial de Bogotá, cuyos linderos y especificaciones son los siguientes:...SEGUNDO GLOBO DE TERRENO: En la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Bogotá, este inmueble tiene el número de matrícula inmobiliaria cero cinco cero – cero uno siete – cinco dos cuatro tres (050-0175243), figura con el nombre de “RIVERA-GLOBO UNO A (1-A); está inscrito en el catastro del municipio de Cota, bajo el número cero – cero – cero – cero – cero – cuatro – uno - uno – uno (00-0-004-111) y está comprendido dentro de los siguientes linderos: “POR EL NORTE, colindando con los lotes números dos (2) y uno (1) de esta misma hacienda “VUELTA GRANDE” autopista Bogotá-Medellín de por medio, desde el mojón número treinta (30) en dirección suroeste por cerca de alambre y siguiendo la zona de la mencionada autopista en longitud de quinientos veintinueve metros con cuarenta y ocho centímetros (549.48 mts), hasta el mojón número cinco (5) colocando en el punto donde la cerca encuentra la margen derecho del río Bogotá. POR EL ORIENTE y POR EL SUR, desde el mojón número cinco (5) por todo el río Bogotá, aguas abajo siguiendo su caprichoso curso, hasta el mojón número veintinueve (29). Colinda por estos costados, río Bogotá, de por medio, con terrenos de la hacienda LOS REZOS, de propiedad de ÁLVARO GAVIRIA. POR EL OCCIDENTE, desde el mojón número veintinueve (29) en dirección norte, por cerca de alambre y línea recta en ciento cincuenta metros (150 mts) hasta el mojón número treinta (30) punto de partida y encierra. Colinda por este costado con el lote número tres (3) de la partición de la mima hacienda VUELTA GRANDE...” (fls. 8 a 11, cdno. 2 – escritura pública 1598 del 1º de septiembre de 1982 - se resalta).

8 Obra en expediente la Resolución Nº 9920 de 16 de noviembre de 1984 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte por medio de la cual se adscribió al distrito Nº 8 con sede en Bogotá, la conservación, mantenimiento y supervisión de entre otros sectores, el tramo Puente El Cortijo-El Vino-La Vega-Puente Hila, con una longitud de 57 kilómetros (fl. 346, cdno. 2).

9 A folios 6 a 9 del cuaderno Nº 12 obra el dictamen técnico al que se hace referencia.

10 El artículo 236 del Código de Procedimiento Civil señala: “Para la petición, el decreto de la prueba y la posesión de los peritos, se observarán las siguientes reglas: 1. La parte que solicite un dictamen pericial, determinará concretamente las cuestiones sobre las cuales debe versar, sin que sean admisibles puntos de derecho...”.

11 En esa línea el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, Decreto 1250 de 1970, dispone que todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario debía inscribirse en el registro de instrumentos públicos.

12 La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia da cuenta de la posibilidad de que las personas jurídicas ejerzan la posesión, bajo la mismas condiciones en la que lo hacen las personas naturales, esto es acreditando la tenencia material sobre el inmueble (Corpus), con animó de dueño, (animus), aspecto este último que la diferencia de la mera tenencia. Al respecto, se pueden consultar las sentencias del 16 de junio de 2009, Exp. Nº 6800131030062003-00003-01, M.P. Ruth Marina Díaz Rueda y del 20 de marzo de 2014, Exp. Nº 05045 3103 001 2007 00120 01, M.P. Margarita Cabello Blanco.

13 El artículo 762 del Código Civil señala: “La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.
El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo (negrillas adicionales).

14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 de septiembre del año 2000, Exp. 6120, M.P Silvio Fernando Trejos Bueno.

15 El artículo 765 dispone: “...El justo título es constitutivo o traslaticio de dominio. Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción. Son traslaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición. Las sentencias judiciales sobre derechos litigiosos no forman nuevo título para legitimar la posesión. Las transacciones en cuanto se limitan a reconocer o declarar derechos preexistentes no forman un nuevo título; pero en cuanto transfieren la propiedad de un objeto no disputado constituyen un título nuevo...”.

16 Por su parte el aartículo 768 prescribe: “La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe. Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario”.

17 El artículo 58 modificado por el Acto Legislativo 1 de 1999, dispone: “ Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio” (Resalta la Sala).

18 El artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos preceptúa: “Derecho a la Propiedad Privada 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley” (resalta la Sala).

19 Este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la expropiación de un inmueble perteneciente a María Salvador Chiriboga por parte del Concejo Municipal de Quito, así como a la falta de una justa indemnización.

20 Nota original: Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez, supra nota 47, párr. 174.

21 En este sentido, la Sección Tercera, en sentencia de 28 de junio de 1994, Exp. 6806, señaló: “Esta acción denominada de ocupación de hecho por trabajos públicos, como ya lo ha dicho la Sala, puede utilizarse en el caso en que, no obstante no ser la entidad de derecho público la que materialmente ocupa el predio, los efectos de su conducta irregular o las consecuencias de su falla son similares por cuanto el particular resulta, por dicha falla, privado del derecho de dominio que ejerce sobre su bien”.

22 Ver sentencias proferidas el 28 de junio de 1994, Exp. 6806 y de 25 de junio de 1992, Exp. 6947.

23 Al respecto cabe tener en cuenta la sentencia del 13 de febrero de 1992, Exp. 6643, en la cual se reconoció indemnización porque al propietario de un inmueble se le limitó el ejercicio de su derecho de dominio y posesión sobre sus predios por causa de la declaración de parque natural, con lo cual se le impidió vender, gravar o explotar económicamente su bien. De igual manera, en sentencia proferida el 25 de junio de 1992, en el proceso Nº 6974, se reconoció indemnización por la limitación por parte del Inderena a los derechos de propiedad y posesión de los demandantes sobre un predio, al prohibir la explotación agropecuaria del mismo sin reconocer suma alguna de dinero como compensación por los perjuicios sufridos.

24 Los dictámenes periciales que obran en el proceso para establecer los perjuicios, dan cuenta de la afectación del predio por la ampliación de la autopista Bogotá-Medellín, en un área de 9.592,35 mts2.

25 El artículo 13 de la Ley 9 de 1989 establece: “Corresponderá al representante legal de la entidad adquirente, previa las autorizaciones estatutarias o legales respectivas expedir el oficio por medio del cual se disponga la adquisición de un bien mediante enajenación voluntaria directa. El oficio contendrá la oferta de compra, la transcripción de las normas que reglamentan la enajenación voluntaria y la expropiación, la identificación precisa del inmueble, y el precio base de la negociación. Al oficio se anexará la certificación de que trata el artículo anterior...”. Por su parte el artículo 14 señala: “Si hubiere acuerdo respecto del precio y de las demás condiciones de la oferta con el propietario, se celebrará un contrato de promesa de compraventa, o de compraventa, según el caso. A la promesa de compraventa y a la escritura de compraventa se acompañarán un folio de matrícula inmobiliaria actualizado”.

26 El artículo 20 de la Ley 9ª de 1989 dispone: “La expropiación, por motivos enunciados en el artículo 10 de la presente ley, procederá: 1. Cuando venciere el término para celebrar contrato de promesa de compraventa o de compraventa y no fuere ampliado oportunamente, sin que se hubieren celebrado dichos contratos. Si es por causa imputable a la entidad adquirente el propietario no perderá los beneficios de que trata el artículo 15. de la presente ley; 2. Cuando el propietario hubiere incumplido la obligación de transferirle a la entidad adquirente el derecho de dominio en los términos pactados; 3. Cuando el propietario notificado personalmente o por edicto rechazarse cualquier intento de negociación o guardare silencio sobre la oferta por un término mayor de quince (15) días hábiles contados desde la notificación personal o de la desfijación del edicto”. El artículo 61 de la Ley 388 de 1997 entre otras modificaciones que introdujo al proceso de enajenación voluntario señaló: “...Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) días hábiles después de la comunicación de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa...”.

27 El artículo 21 señala: “Corresponderá al representante legal de la entidad adquirente expedir resolución motivada en la cual se ordene la expropiación, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del agotamiento de la etapa de adquisición directa por enajenación voluntaria directa, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Si no fuere expedida dicha resolución, las inscripciones que se hubieren efectuado en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos quedarán sin efecto alguno, y su cancelación se realizará en la forma prevista por el inciso 3° del artículo 25 de la presente ley. El representante legal obtendrá las autorizaciones previas previstas en los estatutos o normas que regulan la entidad que represente. Cuando la expropiación sea ordenada por una entidad territorial o un área metropolitana, no se requerirá la expedición de una ordenanza o acuerdo...”.

28 El artículo 22 preceptúa: “Transcurrido un mes sin que la entidad expropiante hubiere expedido la resolución por la cual se resuelve el recurso de reposición, éste se entenderá negado, y quedará en firme el acto recurrido. Incurrirá en causal de mala conducta el funcionario que no resuelva el recurso oportunamente. Pasado dicho término no se podrá resolver el recurso interpuesto. El término de caducidad de cuatro (4) meses de la acción de restablecimiento del derecho empezará a correr a partir del día en el cual quede en firme el acto recurrido. Contra la resolución que ordene una expropiación en desarrollo de la presente ley procederán las acciones contencioso-administrativas de nulidad y de restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo competente, en única instancia. El término de un mes se redujo a 15 días de acuerdo con la modificación establecida en el artículo 62 de la Ley 388 de 1997.

29 El Artículo 25 señala: “La demanda de expropiación será presentada por el representante legal de la entidad expropiante mediante abogado titulado e inscrito ante el juez competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en la cual quedare en firme la resolución que ordenare la expropiación....”.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2005, Exp. 13643, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

31 Nota original de la sentencia citada: Puede consultarse al efecto, sentencia 9718 del 3 de abril de 1997.

32 Nota original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diez (10) de mayo de dos mil uno (2001), Rad. 20001-23-31-000-1993-0273-01(11783), C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; Actor: Sociedad Construcciones e Inversiones Santa Rosalía Ltda.; Demandado: Municipio De Valledupar.

33 Es importante anotar que del avalúo se corrió traslado junto con la demanda (fl. 34, cdno. 1) y luego fue tenido como prueba por el Tribunal al momento de abrir el debate probatorio (fls. 91 a 92, cdno. 1), es decir que pudo ser controvertido por la demandada dentro del proceso, lo que permite darle pleno valor probatorio.

34 En este sentido. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 5 de junio de 2008. Rad. 25000-23-31-000-1994-00177-01 (15911), C.P. Mauricio Fajardo Gómez

35 El numeral 4º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civiles, establece: “4. De la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán objetar el dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas. 

36 Corte Suprema de Justicia, Auto de 8 de septiembre de 1993, Exp. 3446, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

37 Gaceta Judicial, T LII, pág. 306.