Sentencia 1998-0651 de agosto 11 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA–SUBSECCIÓN A

Rad.: 66001233100019980651 - 01 (20.704)

Consejero ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Sandra Milena Torres López y otros

Demandado: Departamento de Risaralda

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., agosto once de dos mil once.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes y por la compañía de seguros llamada en garantía, contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Risaralda, el día 16 de abril de 2001, mediante la cual se dispuso:

“1. Declarar administrativamente responsable al departamento de Risaralda de las lesiones ocasionadas a Sandra Milena Torres López, en las circunstancias descritas en la parte motiva.

2. Como consecuencia de lo anterior, se condena a la entidad mencionada a pagarle a Sandra Milena Torres López, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos a mil (1.000) gramos de oro.

3. Por concepto de perjuicios materiales, debidos a la disminución de su capacidad laboral, le pagará a Sandra Milena Torres López, en concreto, las sumas que resulten de aplicar las fórmulas que se dejaron anotadas en la parte considerativa, comprendiendo dos periodos: vencido o consolidado y futuro o anticipado.

4. El llamado en garantía Silvio Castro Hernández, le pagará al departamento de Risaralda el cincuenta por ciento (50%) de la suma indicada en el ordinal anterior, que la entidad le llegare a cubrir a la demandante.

5. La compañía de seguros la Previsora S.A., le pagará al departamento de Risaralda, dentro de los límites pactados en las pólizas que sirvieron de base para el llamamiento en garantía, la suma de dinero que tal entidad territorial llegue a pagar con ocasión de la condena impuesta en esta sentencia.

6. Se niegan las demás súplicas de la demanda”.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En escrito presentado el día 9 de noviembre de 1998, la señora Sandra Milena Torres López, a través de apoderado judicial, formuló acción de reparación directa contra el departamento de Risaralda, con el fin de que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios materiales e inmateriales a ella ocasionados, como consecuencia de las lesiones padecidas al ser arrollada por un vehículo del ente demandado, el día 10 de noviembre de 1996 (fls. 14 a 21, cdno. 1).

En este sentido, la parte actora solicitó la suma de $ 100’000.000 por concepto de perjuicios materiales; 1.000 gramos de oro a título de perjuicios morales y $ 100’000.000, “por el perjuicio causado a su vida de relación”.

2. Los hechos.

La parte actora narró, en síntesis, que el día 10 de noviembre de 1996, aproximadamente a las 2:00 a.m., la señora Sandra Milena Torres se dirigía junto con otra persona en una motocicleta sobre la vía Turín - La Popa, en jurisdicción del municipio de Dosquebradas (Risaralda), cuando fueron atropellados por un vehículo de propiedad del departamento de Risaralda, debido a la imprudencia del conductor de ese automotor. En el hecho resultó muerto el conductor de la moto, en tanto que la demandante sufrió graves lesiones físicas.

3. Contestación de la demanda.

Notificado del auto admisorio, el departamento de Risaralda, actuando a través de apoderada judicial, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, puesto que consideró que no existe nexo de causalidad entre la actuación de la administración y el supuesto daño causado a la actora, comoquiera que no es cierto que el conductor del automotor oficial estuviere en cumplimiento de una misión oficial, por cuanto tenía instrucciones de adelantar unas diligencias administrativas hasta las 10:00 p.m.

Agregó que en este caso se presentó la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, toda vez que “la demandante fue responsable en gran parte de lo sucedido ya que le faltó diligencia y cuidado y buen razonamiento para medir las consecuencias, cuando tomó la decisión u osadía de viajar a altas horas de la noche en moto conducida por una persona que había ingerido licor gran parte de la noche” (fls. 35 a 46, cdno. 1).

4. Llamamiento en garantía.

En escritos separados de la contestación de la demanda, el ente territorial accionado llamó en garantía a la aseguradora La Previsora S.A. (fls. 44 a 47, cdno. 1) y al señor Silvio Castro Hernández, quien habría conducido el automotor oficial involucrado en los hechos (fls. 67 a 69, cdno. 1), petición que fue accedida por el tribunal administrativo a quo, a través de auto de fecha 24 de marzo de 1999 (fls. 71 y 72, cdno. 1).

5. La mencionada compañía aseguradora, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda (fls. 94 a 101, cdno. 1), y señaló que el presente asunto debe analizarse desde la óptica de la falla probada en el servicio y, por consiguiente, le corresponde a la parte demandante acreditar los tres elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Sostuvo que en el sub lite se configuran el hecho de la víctima y del tercero, como causales eximentes de responsabilidad, por cuanto el conductor de la motocicleta en la cual se desplazaba la actora conducía en estado de alicoramiento y con exceso de velocidad.

En relación con el llamamiento en garantía, sostuvo que en el evento en el cual llegare a resultar condenada la entidad pública, la compañía de seguros solo estaría llamada a responder hasta el monto de la póliza constituida a favor del departamento de Risaralda.

6. El señor Silvio Castro Hernández no contestó la demanda ni el llamamiento en garantía formulado en su contra, no obstante que fue notificado, en forma personal, de la decisión que lo vinculó a este proceso (fl. 118, cdno. 1).

7. Alegatos de conclusión en primera instancia.

7.1. La parte actora efectuó una reseña de los hechos y pretensiones de la demanda, para luego abordar el daño que habría padecido y la responsabilidad que frente al mismo le asistiría al ente demandado; finalmente, se refirió a los perjuicios deprecados y a la procedencia y cuantía de aquellos (fls. 127 a 137, cdno. 1).

7.2. La Previsora S.A., por su parte, sostuvo que en el proceso no se acreditaron los presupuestos para que opere la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que pueda predicarse en este caso su presunción por tratarse de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de vehículos automotores.

Reiteró que el daño fue consecuencia de la inobservancia al ordenamiento jurídico por parte del conductor de la motocicleta, toda vez que este ejercía tal actividad bajo el influjo de bebidas alcohólicas y en horas de la madrugada, por manera que se configuraron el hecho de la víctima y del tercero como eximentes de responsabilidad (fls. 150 a 154, cdno. 1).

7.3. Finalmente, la parte demandada señaló que habría sido la conducta de la víctima la causa del daño, comoquiera que ella también se hallaba en estado de embriaguez, a lo cual agregó que el supuesto despido de la actora de su trabajo no habría sido consecuencia de la incapacidad que le fue dictaminada, motivo por el cual la indemnización de perjuicios no puede tener en cuenta tal aspecto (fls. 155 a 161, cdno. 1).

8. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida el 16 de abril de 2001 (fls. 163 a 185, cdno. ppal.), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda porque consideró que el daño causado a la demandante sí le resulta atribuible al ente territorial accionado, sin que la conducta de la víctima hubiese participado en la producción de ese daño.

A juicio del tribunal administrativo de primera instancia:

“La demandada olvida que estamos en un Estado de derecho y que no existe norma, al menos no esgrimida, que prohíba la conducta realizada por Sandra Milena Torres López en calidad de ‘parrillera’. Por lo que fuerza es concluir que la aquí demandante no ha violado preceptos legales, de los cuales se pueda derivar la pretendida concausa. A ello agréguese que ha quedado plenamente establecido que fue el vehículo oficial el que invadió la calzada por donde se desplazaba la motocicleta en la cual, como parrillera, iba la demandante, sin que de las probanzas pueda dejarse establecido que su proceder incidió en lo más mínimo en el suceso que nos ocupa: el choque”.

De otra parte, el tribunal a quo denegó la indemnización solicitada por perjuicios fisiológicos, por cuanto consideró que no habían sido probados en el proceso.

En relación con el funcionario de la entidad demandada llamado en garantía, se consideró en el fallo impugnado que existía culpa de su parte y, por consiguiente, debía cubrir el 50% de las sumas que el departamento de Risaralda llegare a cancelar a la demandante.

Y en cuanto a La Previsora S.A., se encontró acreditado el vínculo contractual para con la entidad demandada, derivado de la póliza Nº 07 0289733, cuyos amparos estaban destinados a cubrir los daños causados a terceros, por muerte o lesiones, razón por la cual esa sociedad debía reembolsar la sumas que la parte demandada debiere cancelar a la actora, hasta el límite determinado en la aludida póliza de seguro.

9. La apelación.

Inconformes con la referida sentencia de primera instancia, las partes y la compañía de seguros La Previsora S.A., interpusieron recurso de apelación, en los siguientes términos:

9.1. Parte demandante.

Se opuso a la negativa del Tribunal Administrativo de Risaralda consistente en denegar la indemnización del perjuicio fisiológico, por cuanto este sí se halla probado y además deviene de la lesión misma que padeció la víctima. De otra parte, solicitó condenar en costas a la sociedad llamada en garantía (fls. 187 a 191, cdno. ppal.).

9.2. La Previsora S.A.

Solicitó revocar la sentencia apelada, pues según su juicio en este asunto no está acreditada la responsabilidad patrimonial del ente demandado, para lo cual reiteró que no puede predicarse la presunción de responsabilidad, en tratándose del ejercicio de actividades peligrosas.

Señaló que el conductor de la motocicleta se hallaba en estado de embriaguez y ello era conocido por la víctima, de modo que “asumió el riesgo al subirse a la motocicleta”, motivo por el cual el daño provino de la conducta de esa persona y de la propia víctima.

De otro lado, indicó que en el evento de confirmarse el fallo recurrido, La Previsora S.A., solamente estaría obligada a desembolsar al monto de $ 10’000.000, de acuerdo con la póliza de seguro de automóviles y la suma de $ 5’000.000, con base en el contrato de responsabilidad civil extracontractual, ambos adquiridos por la parte demandada (fls. 195 a 201, cdno. ppal.).

9.3. El departamento de Risaralda señaló, nuevamente, que “la parrillera había sido imprudente al viajar a altas horas de la noche en moto conducida por una persona que había tomado licor”, a lo cual adicionó que

“(...) quien a título gratuito se transporta en vehículo automotor ejerce frente asimismo (sic) una actividad peligrosa por el simple hecho de permanecer en el vehículo, pues sabiendo el estado de peligrosidad y aceptándolo, la conducta del pasajero no puede ser menos peligrosa en relación a los perjuicios que sufra”.

Indicó, además, que en los eventos en los cuales opera la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado, también se configura el hecho de la víctima como causal eximente de aquella, por lo cual “no puede aceptarse el argumento del tribunal de que la concurrencia de culpas no exonera de responsabilidad al Estado, por cuanto también es posible que en la concurrencia de un hecho dañoso concurran varios elementos causales, y si uno de ellos es un hecho extraño a la actuación de la administración este al menos debe morigerar la responsabilidad de la entidad pública”, lo cual se produjo en este caso, puesto que la víctima, no obstante que conocía el estado de ebriedad de su compañero, decidió abordar la moto y, por ende, expuso su vida de manera imprudente.

Solicitó, finalmente y en el evento en el cual se confirme la decisión de primera instancia, disminuir el quantum indemnizatorio, habida consideración de la participación de la víctima en el daño (fls. 220 a 224, cdno. ppal.).

10. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

Solo la entidad territorial demandada intervino en esta oportunidad del proceso y reiteró lo expuesto a lo largo de sus intervenciones, en relación con el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad patrimonial del Estado o, en su defecto, como constitutiva de una concausa (fls. 231 a 236, cdno. ppal.).

II. Consideraciones

Decide la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto por las partes y por la compañía de seguros La Previsora S.A., contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el día 16 de abril de 2001, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. El material probatorio.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales, se recaudaron los siguientes elementos probatorios:

1.1. Copia autenticada del proceso penal(1) adelantado por la muerte del señor Héctor Fabio Gaviria Grajales —conductor de la motocicleta— y por las lesiones físicas padecidas por la ahora demandante Sandra Milena Torres López, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 10 de noviembre de 1996 (cdnos. 4 y 5 del Exp.).

El Código Contencioso Administrativo dispone, en materia de pruebas, que en los procesos seguidos ante esta Jurisdicción se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con sus normas, las del Estatuto de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración (art. 168). Por su parte, el artículo 185 de ese último estatuto prevé que las pruebas trasladadas son apreciables, sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

La Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de indicar que aquellas pruebas trasladadas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquella, no podrán ser valoradas en el primer proceso(2).

También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, hay lugar a tener en cuenta dichas pruebas en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hubieren sido practicadas sin citación o intervención de alguna de las partes en el proceso original y no hubieren sido ratificadas en el nuevo proceso contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invocase las formalidades legales para obtener su inadmisión(3).

Sobre este mismo tema, la Sección Tercera de la corporación ha sostenido que(4):

“De no cumplirse alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de estas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos(5):

‘... el artículo 229 del mismo código dispone:

Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior” (se resalta).

Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquellos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso”.

Aplicando estos criterios al caso presente, se tiene que las pruebas en el proceso primitivo (penal) no fueron solicitadas ni practicadas a petición de la parte contra quien se aducen ni con su audiencia; su traslado tampoco fue solicitado a este proceso de manera conjunta por las partes, ni la entidad demanda se allanó a la petición probatoria elevada por la parte demandante en el sentido de que se allegare a este proceso la respectiva investigación penal por la muerte del soldado Ardila Lozano.

Aun cuando esta prueba fue decretada por el tribunal y para cuyo efecto se libró el Oficio 0206-00 de marzo 18 de 1999 solicitando el traslado en copia auténtica del correspondiente proceso penal, lo cierto es que no se agotaron las formalidades del traslado que cada medio de prueba exige y en cuanto se refiere específicamente a las pruebas documentales antes descritas(6) no se surtió el traslado de los mismos para garantizar el derecho de contradicción de la contraparte contra la cual se aducen.

No obstante lo anterior, para el específico caso de las pruebas documentales advierte la Sala que si bien se incurrió en una irregularidad al haberse omitido dicho traslado, la misma no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal ‘se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece’, solución claramente aplicable en este caso. Ciertamente, se advierte que durante la etapa probatoria ninguna de las partes se pronunció al respecto y que dentro del traslado para alegar de conclusión el apoderado de la entidad pública demandada no hizo señalamiento alguno en relación con dicho asunto(7) (resaltados del original, negrillas de la Sala en esta oportunidad).

En el caso que ahora se examina ocurre que la prueba antes mencionada no cumple con lo prescrito en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, referente al traslado de pruebas, amén de que la parte demandada no las solicitó en la contestación de la demanda ni se allanó o adhirió a los medios probatorios solicitados por su contraparte, por lo cual de los medios de acreditación que allí reposan solo podrán valorarse en este juicio las pruebas documentales, puesto que si bien frente a estas no se surtió el traslado respectivo para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, tal omisión fue convalidada, según lo normado en el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, tema que fue explicado dentro de la sentencia antes transcrita.

De las pruebas documentales que en la mencionada prueba trasladada reposan, se destacan:

— Copia auténtica del informe sobre accidente de tránsito elaborado por la Policía Nacional, el día 10 de noviembre de 1996 y dirigido a la Fiscalía General de la Nación (fl. 19, cdno. 4), según el cual:

“Comedidamente me permito informarle a este despacho sobre el accidente de tránsito ocurrido el día de hoy a eso de las 02:05 horas aproximadamente en la cra. 10 con 31 frente a la cancha de tejo que hay en la chec la rosa. Donde resultó muerto un N/N con las siguientes características ... lo acompañaba como parrillera una dama de unos 25 años de edad ... la cual presenta trauma craneoencefálico y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, la cual fue atendida en el Hospital San Jorge donde quedó hospitalizada ... viajaban en una motocicleta ... colisionaron contra el vehículo Nissan sentra modelo 95, de placas OVE-090 de propiedad del departamento de Risaralda, el cual era conducido por el señor Silvio Castro Hernández (...). Móviles: al parecer por exceso de velocidad del señor de la motocicleta y por encontrarse en estado de alicoramiento ya que se le sentía tufo (...)”.

— Copia auténtica del informe de accidente 0000001 (fls. 20 y 21, cdno. 4), dentro del cual se dejó consignado:

“Causas probables:

Vehículo 1 [motocicleta] Cod. 114 embriaguez (ilegible) y Cod. 116 exceso de velocidad.

Versión 1 [conductor del vehículo oficial] Yo vengo por mi carril el Sr. Viene culebriando (sic) yo paro y él se viene rápido y se me viene encima y colisiona contra el carro ... el vehículo quedó dañado la parte delantera y la moto de igual forma (...)”.

— Copia autenticada de la tarjeta de propiedad del automotor Nissan sentra, tipo sedán, de placas OVE-090, cuyo propietario, según dicho documento, es el departamento de Risaralda (fl. 33, cdno. 4).

— Copia auténtica del oficio calendado en noviembre 20 de 1996, por medio del cual la Gobernación de Risaralda certificó que: —el vehículo Nissan sentra de placas OVE-090, se encuentra asignado al despacho del secretario administrativo y de la Función Pública. El vehículo en mención cumple funciones oficiales a su cargo, este automotor se le había asignado al señor SILVIO CASTRO, como conductor oficial y era quien lo conducía todo el tiempo” (fl. 74, cdno. 4).

— Copia auténtica del Decreto 0436 de mayo 24 de 1996, por medio del cual se incorporó a la planta de personal de la secretaría administrativa y de la Función Pública del departamento de Risaralda al señor Silvio Castro Hernández, como conductor de dicha dependencia (fls. 113 a 115, cdno. 4).

— Copia auténtica de la historia clínica Nº 416036, perteneciente a la señora Sandra Milena Torres López (fls. 172 a 248, cdno. 4), con ocasión de las lesiones físicas por ella padecidas en el accidente de tránsito que dio lugar a este litigio.

— Copia auténtica del Oficio 4731 de noviembre 18 de 1996, mediante el cual el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - regional Occidente, emitió informe acerca del historial clínico de la demandante y de la revisión médico-legista practicada a la paciente (fl. 141, cdno. 4), en los siguientes términos:

“(...) evaluada la historia clínica Nº 416036 a su nombre [Sandra Milena Torres López], refiere: Ingresó el 10-11-96 remitida de Dosquebradas por sufrir politraumatismo en accidente de tránsito (moto) con hematoma palpebral, parietal derecho y anisocoria, solución de continuidad de 1 cm. parietal derecho. Se palpa fractura fronto-parietal temporal derecha inconciente. El TAC cerebral reporta: Zona de edema moderado y contusión a nivel parieto-occipital izquierdo, burbujas de neumoencéfalo. Fractura fronto-parietal derecha no deprimida, afasia. El 16 de noviembre presentó epistaxis por lado derecho para lo cual se realiza taponamiento anterior.

Diagnóstico: TEC moderado severo.

Evolución favorable.

Al examen presenta herida y abrasión irregular frontoparietal derecha cubierta por costra hemática, edema y equimosis bipalpebral derecha y taponamiento nasal anterior.

Lesiones ocasionadas por mecanismo contundente.

Incapacidad médico legal provisional de cuarenta y cinco (45) días.

Requiere un segundo reconocimiento durante el cual se debe aportar historia clínica actualizada”.

— Copia auténtica del oficio 1636 de 14 de mayo de 1997, a través del cual el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-regional Occidente, profirió un nuevo informe médico legal en relación con el estado de salud de la paciente Sandra Milena Torres López y las secuelas por ella padecidas (fl. 253, cdno. 5), a saber:

“(...) Conclusiones:

Lesiones ocasionadas por mecanismo contundente.

Incapacidad médico legal definitiva de cuarenta y cinco (45) días.

Secuelas: 1. Perturbación funcional del órgano de la visión de carácter permanente (...)”.

1.2. Dictamen emitido el 10 de octubre de 2000, dentro de este proceso, por la junta de calificación de Invalidez de Risaralda frente a la lesión padecida por la demandante, a través del cual se determinó una disminución de su capacidad laboral del 21.35% (fls. 164 y 165, cdno. 2).

2. Responsabilidad de la entidad demandada.

De conformidad con el anterior conjunto probatorio, la Sala encuentra acreditado el daño antijurídico causado a la demandante, consistente en la lesión física por ella padecida como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el día 10 de noviembre de 1996.

En efecto, se encuentra probado que la demandante se desplazaba en la parte trasera de una motocicleta, la cual era conducida por el señor Héctor Fabio Gaviria Grajales —quien lamentablemente perdió la vida en ese hecho— y se desplazaban sobre la vía que del municipio de Santa Rosa de Cabal conduce al municipio de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, pero colisionaron con un vehículo automotor de propiedad del ente demandado, hecho que le causó lesiones físicas a la actora y, por lo tanto, debió ser remitida a un centro asistencial en el cual estuvo hospitalizada por varios días; finalmente, se le dictaminó una perturbación funcional del órgano de la visión de carácter permanente y la consiguiente disminución de su capacidad laboral, en el 21.35%.

Ahora bien, la Sala estima que el mencionado daño antijurídico no le resulta imputable a la parte demandada, por cuanto el mismo devino de la culpa personal del agente, tal como se pasa a exponer.

Ocurre que el servidor del ente territorial demandado no contaba realmente con la debida autorización para desplazarse en el automotor oficial en el horario en el cual se produjo el accidente de tránsito y mucho menos se hallaba en cumplimiento de una misión oficial, por cuya virtud pudiere predicarse nexo con el servicio entre su actuación y el hecho dañoso.

La Sala encuentra probado, de acuerdo con las decisiones adoptadas por la entidad demandada dentro del proceso disciplinario seguido en contra del empleado público involucrado en los hechos materia de proceso y también con algunas de las declaraciones rendidas en este litigio, que el desplazamiento que realizaba el conductor del vehículo oficial por la vía en la cual se produjo la colisión vehicular, obedeció a cuestiones ajenas al servicio público a cargo de la entidad demandada, de acuerdo con lo siguiente:

En cuanto a la misión de trabajo encargada al señor Silvio Castro —conductor del vehículo oficial—, rindió declaración en este proceso el señor John Robinson Jiménez —jefe de transportes del departamento de Risaralda— (fl. 28, cdno. 2), quien señaló:

“Me enteré del accidente motivo de este proceso, esa misma noche, por intermedio del vigilante de la gobernación, no recuerdo su nombre, quien llamó a mi residencia una hora después de haber ocurrido los hechos, o sea, en horas de la madrugada. Posteriormente cuando entré a laborar, el (sic) horario de trabajo tuve una mejor información sobre lo que había pasado con relación al accidente de tránsito, estableciendo que el vehículo Nissan sentra de placas OVE-090, conducido por el señor Silvio Castro hacia un desplazamiento no autorizado entre Pereira y Santa Rosa y Santa Rosa - Pereira, no es autorizado en el sentido de que a esa hora el vehículo debía estar guardado en los parqueaderos de la gobernación y apareció haciendo un desplazamiento que nadie lo autorizó. Fruto de ese hecho, inmediatamente recogí la información correspondiente e informé por escrito a la unidad de control interno disciplinario y a mis jefes superiores en la gobernación, con el fin de establecer la responsabilidad del señor Silvio Castro en este asunto tan delicado como fue el accidente, el resultado fue la destitución del señor Silvio Castro por conducta impropia y abuso de los bienes puestos a su cuidado” (se destaca).

Con fundamento en lo anterior, el departamento de Risaralda inició el respectivo procedimiento disciplinario, dentro del cual la unidad de control interno disciplinario de dicho ente territorial, mediante auto de fecha 9 de mayo de 1997, dispuso: “Sancionar al señor Silvio Castro Hernández, conductor al servicio del departamento de Risaralda, con multa equivalente a noventa (90) días del salario devengado para el día 10 de noviembre de 1996” (fls. 58 a 63, cdno. 2).

Esa decisión se adoptó, con fundamento en lo siguiente:

“(...) el día 9 de noviembre de 1996 el señor Silvio Castro Hernández salió conduciendo el vehículo OVE-090 adscrito a la secretaría administrativa, y debiendo cumplir una orden del Secretario en horas de la noche, del día 9 de noviembre. Produciéndose una colisión el día 10 en horas de la madrugada, donde resultó muerta una persona particular y otra quedó gravemente herida, que al parecer falleció posteriormente. El secretario administrativo doctor Humberto Agudelo informó que el conductor, sin ninguna autorización, utilizó el vehículo en altas horas de la noche sufriendo el accidente.

Con el informe de la queja y sus anexos, se ordenó abrir investigación disciplinaria al señor Silvio Castro Hernández, mediante auto de fecha 14 de noviembre de 1996 en su condición de conductor grado 5.35 código 6.06 del departamento de Risaralda. Investigación que una vez culminada fue evaluada, y mediante auto de fecha 11 de diciembre de 1996, se formularon cargos en su contra. Auto que en lo pertinente señala: Cargos.

Haber utilizado el vehículo indebidamente y, transportar personas no autorizadas en el mismo.

“(...).

Fundamentos de la decisión

Al señor Silvio Castro Hernández se le formularon cargos por haber incurrido en la violación al numeral primero del artículo 40 de la Ley 200 de 1995 en el sentido de infringir el cumplimiento del manual de funciones (D. 435 de mayo 24/96), violación que consiste en trasladarse al municipio de Santa Rosa de Cabal sin autorización legal, y en transportar personas no autorizadas, dando uso inadecuado del vehículo, lo que finalmente terminó con un accidente de tránsito con las consecuencias personales ya anotadas, como fue la muerte de una persona y la invalidez permanente de otra, además se causó detrimento considerable al patrimonio económico del departamento. Tales faltas han sido demostradas (...).

“(...).

Se puede ver claramente que la conducta del señor Silvio Castro Hernández constituye falta disciplinaria tipificada legalmente ya que con su actitud atentó contra el orden administrativo interno y la moral del departamento de Risaralda en forma injustificada. El disciplinado señor Castro justifica su conducta manifestando que el uso del vehículo fue adecuado ya que por un acto de compañerismo (motivo noble) y una necesidad y elemental colaboración lo que hizo fue llevar a otro servidor a su residencia, para lo cual estimó prudente y aconsejable ir acompañado de la esposa ... pero el disciplinado sabía que tenía que guardar el vehículo en el parqueadero después de cumplir la misión encomendada y que no podía transportar personas particulares en el mismo.

La falta cometida por el señor Silvio Castro Hernández es grave pues él tenía conocimiento del manejo que debía darle al parque automotor, con su falta le causó perjuicio a la administración y aún es más grave ya que hubo de por medio la vida de una persona y la incapacidad permanente de otra; lo cual lo hace acreedor a las sanciones disciplinarias establecidas en la Ley 200 de 1995 como responsable de los cargos que le fueron formulados” (se deja destacado en negrillas).

La anterior decisión fue confirmada por el Gobernador (e) del Departamento de Risaralda, a través de Resolución 414 de junio 25 de 1997 (fls. 64 a 72, cdno. 2), según la cual:

“(...) Cumplida la comisión, que no demoraba más de 2 horas, el vehículo debió regresar de nuevo al parqueadero, lo que no sucedió por cuanto el conductor sin autorización alguna utilizó el vehículo en un menester diferente.

“(...).

Evidente es que el señor Silvio Castro Hernández sin autorización y con pleno conocimiento de causa en horario inapropiado y no habitual de trabajo, optó por realizar funciones no encomendadas como el trasladarse a Santa Rosa de Cabal en compañía de su esposa a llevar un funcionario de la gobernación (...).

Es claro que el proceder del investigado —pese a sus argumentos—, fue a todas luces violatorio, al obrar por su propio riesgo en una comisión no oficial (...).

Hubo uso indebido de un bien del Estado a él encomendado, cuando aprovechando la confianza depositada, obrando a su libre albedrío y corriendo un riesgo impredecible como el que se dio y que bien pudo evitar si hubiese obrado con sensatez y responsabilidad, tomó la decisión de trasladarse a una zona en horario no convencional sin contar con la debida autorización que se lo permitiera.

A lo anterior se suma el no acatar la prohibición de transportar personas ajenas a la entidad —particulares o familiares— consignada en el artículo 2º del Decreto 368 de 1996, y divulgado mediante circular de 24 de mayo de 1996, la que entre otras señala:

13. No transportar personas particulares o a sus familiares en el vehículo asignado.

14. Terminada la comisión debe parquear el vehículo en las instalaciones del parqueadero” (negrillas y subrayas de la Sala).

Mediante acto administrativo 0479 de julio 14 de 1997, la Gobernación de Risaralda hizo efectiva la sanción de multa impuesta al señor Silvio Castro Hernández, por los hechos antes expuestos (fls. 73 a 77, cdno. 2).

No obstante que las aludidas decisiones se allegaron en copia simple, la Sala estima que cuentan con mérito probatorio en este litigio, por cuanto su aporte al proceso se produjo directamente por la entidad pública que las expidió y que funge en este proceso como parte demandada, tal como lo corrobora el oficio 317 de abril 6 de 2000 (fl. 57, cdno. 2), dentro del cual se agregó que “la administración departamental está pendiente de adelantar proceso de jurisdicción coactiva contra el exfuncionario, para el cobro de la multa”.

Debe precisarse que buena parte de las conclusiones a las cuales arribó la Gobernación de Risaralda para efectos de establecer el uso indebido del automotor oficial, por cuanto su conductor se abstuvo de conducirlo al parqueadero respectivo para su depósito y actuó entonces por fuera de las tareas oficiales que le habían sido encomendadas, encuentra igualmente sustento dentro de este litigio, a través de la declaración rendida por el señor José Gersaín Ramírez Pérez (fls. 88 y 89, cdno. 2), a quien el conductor oficial decidió llevar hasta su casa a altas horas de la noche; al respecto narró:

“(...) respecto del caso en mención en esa fecha yo prestaba el servicio en la gobernación, creo que eso fue un sábado, él sacó el vehículo en horas de la tarde, yo terminaba turno y como él iba para una reunión con el jefe de él Dr. Bernardo Gil Jaramillo, como iba en la misma ruta le dije que si me podía esperar para que me llevara al terminal, como a las 6 ó 6:30 de la tarde, en camino me dijo que si lo acompañaba a la Casona allí se realizaba la reunión, allá estuvimos, él se asomaba a ver si la reunión ya se iba a acabar o algo, ahí estuvimos esperando un rato, llegamos como a las siete y esperamos como hasta las diez o diez y media, salió el jefe, no recuerdo muy bien si el doctor Bernardo se vino con nosotros o trajimos otros funcionarios, dejamos las personas que llevábamos y nos dirigimos a la casa de él en el barrio Cuba Pereira, a la casa del señor Silvio, allá estuvimos charlando un rato, le dije que ya me venía para Santa Rosa que me pegara la arrimadita al terminal, eran más de las once y no había vehículo en el momento, me dijo yo voy a llevarlo, pues usted me acompañó a la Casona, yo voy a llevarlo, cuando salimos de la casa de Silvio salimos con la señora de él María Palmes, bueno él me trajo yo vivía en Nuevo Horizonte, allí comimos otra vez, estuvimos charlando un rato ahí la señora de él con la esposa mía, aproximadamente a las doce de la noche pasadas dijo que se iba, que estaba muy cansado por lo que había estado en comisión, nos despedimos y se fue con su señora. Esa es la parte que yo conozco (...)” (negrillas y subrayas de la Sala).

De conformidad con lo anterior, la Subsección estima que el daño irrogado a la demandante no cuenta con vínculo alguno con el servicio, toda vez que si bien es cierto que provino de un accidente de tránsito en el cual resultó involucrado un vehículo oficial, el cual, a su vez, era conducido por un empleado público del ente territorial demandado, también lo es que ese hecho se produjo en forma aislada o, mejor, sin nexo con el servicio público a cargo del departamento de Risaralda, por cuanto se logró demostrar en el proceso que una vez finalizada la misión oficial que le fue asignada al empleado de dicho ente territorial, este continuó ejerciendo la actividad dentro de la esfera eminentemente personal, pues primero se desplazó hacia su residencia con otro empleado del departamento de Risaralda —ajeno a la actividad laboral que ese día ejercía el señor Castro Hernández— y compartió allí con él por un amplio espacio de tiempo; luego optó por llevar al señor José Gersaín Ramírez Pérez hasta su domicilio, el cual, bueno es destacarlo, se hallaba en otro municipio, esto es en Santa Rosa de Cabal, donde nuevamente se reunieron con sus respectivas esposas por otro lapso y sobre la madrugada tomó la decisión de regresar a su vivienda pero sobre la marcha se presentó el accidente tantas veces aludido.

Así las cosas, aunque horas antes del hecho el conductor oficial se hallaba en cumplimiento de sus funciones, consistente en trasladar de una reunión de trabajo hacia sus respectivas residencias a un personal del departamento de Risaralda, lo cierto es que esa actividad oficial finalizó mucho antes de que ocurriera el hecho dañoso, tal como lo indicó el propio acompañante del señor Castro Hernández, quien manifestó que la actividad laboral finalizó entre las 10:00 y 10:30 p.m., por manera que no existía razón para que el empleado público aún transitare en el vehículo oficial a su cargo, dado que tenía incluso la obligación de guardar el automotor, según se dejó consignado en la Resolución 414 de junio 25 de 1997, según la cual: “Cumplida la comisión, que no demoraba más de 2 horas, el vehículo debió regresar de nuevo al parqueadero”, con lo cual, según dicho acto, se transgredió lo dispuesto en la circular de 24 de mayo de 1996, la cual dispuso: “14. Terminada la comisión debe parquear el vehículo en las instalaciones del parqueadero”.

Al respecto debe precisarse que aunque al proceso no se allegó copia de la aludida circular, no por esa razón puede dejar de entenderse que la prohibición allí contenida no habría existido o no era de conocimiento del conductor del vehículo oficial, pues de una parte existen tres decisiones administrativas —i) la de primera instancia, adoptada por la unidad de control interno disciplinario del departamento de Risaralda; ii) aquella que la confirmó, adoptada por el gobernador (e) de dicho ente territorial y iii) la contenida en la Decisión 0479 de 1997, para hacer efectiva la sanción de multa que le fue impuesta al señor Silvio Castro Hernández— que destacaron la infracción por parte de dicha persona al transitar en el automotor oficial sin la debida autorización oficial, a lo cual debe agregarse que dentro de la segunda de ellas se puso de presente que el funcionario disciplinado aceptó la inobservancia de su parte frente a la obligación que tenía en el sentido de guardar el automotor en el respectivo parqueadero oficial:

“En sus descargos el implicado frente a la carga procesal recaudada, acepta el no haber ingresado al parqueadero el vehículo a él encomendado tan pronto cumplió la comisión asignada por su superior (...)”. (fl. 67, cdno. 2).

Dado que el daño se produjo cuando el conductor del vehículo oficial se hallaba por fuera del ejercicio de las funciones públicas que le habían sido asignadas por el ente demandado, se impone concluir que se encuentra acreditada la configuración de una causal eximente de responsabilidad, consistente en la culpa personal del agente, circunstancia que impide estructurar la imputación jurídica del daño causado en contra de la entidad pública demandada, elemento indispensable para poder deducir responsabilidad extracontractual respecto del Estado, por lo cual se revocará la sentencia apelada.

Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido, en forma reiterada y pacífica, que si bien no se discute el hecho de que los agentes del Estado deben observar una conducta acorde con su investidura, la sola circunstancia de ostentar dicha calidad no torna a la entidad que representan responsable de los daños causados por su conducta, habida cuenta que las actuaciones de los agentes estatales comprometen la responsabilidad de la administración cuando tienen algún nexo o vínculo con el servicio; dicho de otra manera, la administración no responde por los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus funcionarios y agentes, esto es, aquella que se produce al margen de las funciones que el cargo les impone o por fuera del servicio(8):

“La corporación ha señalado en varias oportunidades, que las actuaciones de los funcionarios solo compromete el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público. La simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública”.

3. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el día 16 de abril de 2001 y, en consecuencia, deniéganse las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Gladys Agudelo Ordoñez—Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez. Con salvamento de voto.

(1) Remitido a este juicio por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), mediante Oficio 592 de marzo 22 de 2000, con ocasión del requerimiento que en tal sentido efectuó el tribunal administrativo a quo, a través de oficio 0237 de febrero 3 de ese mismo año (fl. 79, cdno. 2).

(2) Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20.300, entre muchas otras providencias.

(3) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789, entre otras.

(4) Sentencia de febrero 4 de 2010, Expediente 18.320, reiterada recientemente por esta Subsección, en sentencia de julio 7 de 2011, Expediente 16.590, entre otras decisiones.

(5) Sentencia de 13 de abril de 2000, Expediente 11.898.

(6) Diligencia de inspección al cadáver de la víctima Nº 1582-0657; informe emitido por el cabo primero Carlos Muñoz Sierra - suboficial de administración del Ejército Nacional; Informe emitido por el soldado Oscar Vidales Benítez; decisión proferida el 1º de octubre de 1997 por la oficina de instrucción Penal Militar de la Décima Sexta Brigada del Ejército, mediante la cual se ordenó la cesación del procedimiento adelantado en contra del soldado Oscar Vidales Benítez por el homicidio del señor Luis Fernando Lozano Ardila; providencia dictada el 12 de noviembre de 1997 por el Tribunal Superior Militar, a través de la cual se confirmó la anterior decisión.

(7) En ese sentido se pronunció la Sala en sentencia de junio 5 de 2008, Expediente 16.589.

(8) Sentencias de 14 de abril de 2010, Expediente 17.898; de 16 de febrero de 2006, Expediente 15.383, criterio reiterado por esta Subsección, tal como lo corrobora la sentencia de 9 de febrero de 2011, Expediente 19.745, entre otras decisiones.