Sentencia 1998-0729 de junio 23 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 170012331000 1998 0729 01 (20563)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Martha Restrepo de Bohórquez y otros

Demandado: Inpec y otros

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., veintitrés de junio de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia

Corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación dado que la providencia recurrida fue proferida en un proceso de doble instancia, pues la pretensión mayor, correspondiente al perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, se estimó en la suma de $ 101’913.000, suma superior a los 500 SMLMV para la época en que se interpuso la demanda(8).

Toda vez que la alzada fue interpuesta por la parte actora en contra de una sentencia desestimatoria de sus pretensiones, la Sala no tiene limitación alguna al momento de resolver el presente asunto.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados —decía la norma en la época de presentación de la demanda— a partir del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por los actores con ocasión de la muerte de los señores José Guillermo Bohórquez Restrepo, Carlos Alberto Granada Restrepo y Jairo Alonso Ríos Rivera, ocurridas el 8 de junio de 1998, en el municipio de Anserma, Caldas, lo que significa que tenían hasta el día 8 de junio de 2000 para presentarla y, comoquiera que ello se realizó el 30 de julio de 1998, resulta evidente que el ejercicio de la acción se hizo dentro del término previsto por la ley (CCA, art. 136).

3. Caso concreto.

3.1. El daño.

El concepto del daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991(9) hasta épocas más recientes,(10) como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

En relación con el hecho constitutivo del daño que se predica en el sub judice, ha de decirse que se deriva de la muerte de los señores José Guillermo Bohórquez Restrepo, Carlos Alberto Granada Restrepo y Jairo Alonso Ríos Rivera ocurrida el 8 de junio de 1998 presuntamente a manos de Orlando Londoño Díaz, quien disfrutaba de un permiso de 72 horas otorgado por el director del centro de reclusión de Anserma.

Para efectos de demostrar el hecho generador del daño, se tendrá acreditada la muerte de los señores José Guillermo Bohórquez Restrepo,(11) Carlos Alberto Granada Restrepo(12) y Jairo Alonso Ríos Rivera(13) con el certificado individual de defunción y el informe 203 de junio 8 de 1998 del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación que obra a folio 48 del cuaderno 2 y que da cuenta sobre el levantamiento de cadáveres de los antes mencionados.

El fallecimiento de un ser querido constituye, en efecto, una afectación negativa irrogada a los demandantes que es personal, cierta y que no estaban en la obligación jurídica de soportar, porque el ordenamiento jurídico no les imponía esa carga. Por consiguiente, se encuentra establecida la existencia del daño antijurídico invocado por los actores, quienes acreditaron su calidad de familiares de los occisos.

(Sic) 4.2. La imputabilidad.

A través de la presente acción pretende la parte demandante —ya se ha dicho— que se declare la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por los perjuicios morales y materiales que le fueron causados con la muerte de los señores José Guillermo Bohórquez Restrepo, Carlos Alberto Granada Restrepo y Jairo Alonso Ríos Rivera, presuntamente a manos de Orlando Londoño Díaz,(14) pues al ostentar el instituto carcelario la tutela y guarda jurídica de los reclusos se hace responsable por cualquier hecho dañoso que ellos puedan cometer, incluso cuando están por fuera de las instalaciones carcelarias gozando de beneficios administrativos.

Al respecto, la Sala observa que en el presente no hay lugar a que se comprometa la responsabilidad de la entidad demandada por las circunstancias que se pasan a explicar:

4.2.1. Legalidad del permiso de 72 horas.

La Ley 65 de 1993, por medio de la cual “se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, en su artículo 147 dispone:

“ART. 147.—Permiso hasta de setenta y dos horas. La dirección del instituto penitenciario y carcelario podrá conceder permisos con la regularidad que se establecerá al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes requisitos:

1. Estar en la fase de mediana seguridad.

2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta.

3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial.

4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria.

5. No estar condenado por delitos de competencia de jueces regionales.

6. Haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión y observado buena conducta, certificada por el consejo de disciplina.

Quien observare mala conducta durante uno de esos permisos o retardare su presentación al establecimiento sin justificación, se hará acreedor a la suspensión de dichos permisos hasta por seis meses; pero si reincide, cometiere un delito o una contravención especial de policía, se le cancelarán definitivamente los permisos de este género” (destaca la Sala).

La norma trascrita es clara en establecer la posibilidad que tiene la dirección del instituto penitenciario y carcelario para conceder un beneficio a los internos consistente en permiso de setenta y dos horas para salir del establecimiento penitenciario, lo cual, a su vez, debe ser entendido como un derecho del que gozan los internos una vez se cumplan los requisitos legales. Del análisis de la norma resulta igualmente claro que el permiso se concede, por parte del instituto carcelario, sin ningún tipo de vigilancia.

Lo anterior conlleva a concluir que el Inpec sólo será responsable por las conductas desplegadas por los internos que disfruten del permiso cuando este ha sido otorgado sin el cumplimiento de los requisitos legales, es decir, cuando se produce una falla respecto de la verificación del cumplimiento de los requisitos, pero, contrario sensu, no lo será si se cumple con cada uno de ellos. La circunstancia de que el permiso sea concedido sin ningún tipo de vigilancia exime a la entidad en el deber de cuidado sobre las posibles conductas delictivas que puedan cometer los beneficiarios del mismo.

Lo que pretende la norma al conceder ese tipo de prerrogativas a favor de los reclusos sin que medie vigilancia alguna, es procurar por su resocialización, acondicionarlos para su vida en libertad, concederles oportunidades para que modifiquen su proyecto de vida y se alejen así del actuar delictivo. El artículo 142 de la Ley 65 de 1993 señala que “el objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad”.

En vista de lo anterior y para efectos de concluir si el permiso fue otorgado conforme a los requisitos prescritos por el artículo 147 de la Ley 65 de 1993 y, por consiguiente, ajustado a la legalidad, la Sala ha de revisar el material probatorio que obra en el proceso.

Obra en el expediente copia auténtica de la Resolución 010 de febrero 6 de 1998 firmada por el director de la Cárcel del Circuito Judicial de Anserma(15) en la cual se concedió el permiso de 72 horas al señor Orlando Londoño Díaz. Dicha resolución en su parte considerativa señaló lo siguiente:

“Que Orlando de Jesús Londoño Díaz condenado por homicidio, interno de esta carcel (sic) de circuito judicial ha solicitado el permiso de que trata el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, por reunir los requisitos así:

1. Condena: 12 años de prisión1/3 de la pena: 4 años.
Detenido: diciembre 23/94.Descontado: 50 meses 2 días.
1º instancia: nov. 25/952ª instancia:

2. No registra fuga, requerimientos pendientes ni condenas por delitos de que trata los #rales (sic) 3º y 4º.

3. La condena es superior a un año y ha trabajado y estudiado en reclusion (sic).

4. Los anexos y documentos de la Resolución 233 dé 1989, también estan (sic) acreditados los que se consideren incorporados a esta resolución”.

Así las cosas, concluye la Sala que el permiso de 72 horas fue otorgado bajo el cumplimiento de cada uno de los requisitos instituidos por la Ley 65 de 1993 pues se vislumbra que, para efectos de concederlo, el director del establecimiento carcelario sí verificó el cumplimiento de cada uno de ellos.

Así mismo, obran en el expediente certificados de calificación de conducta suscritos por la dirección de los distintos institutos carcelarios en donde estuvo recluido el señor Londoño, en donde la constante es una calificación en grado de ejemplar y buena(16). Igualmente, obran numerosos certificados de cómputos por trabajo y/o estudio(17) y, finalmente, copia auténtica de la providencia de 6 de febrero de 1998 proferida por el juzgado penal de circuito en la que se reconoce un descuento de pena por trabajo y estudio en el equivalente a 11 meses y 24 días y se declaró que ha descontado de su pena, hasta ese momento, 50 meses y 2 días (fls. 160 a 161, cdno. 2).

De todo lo anteriormente mencionado no cabe otra cosa que concluir que el permiso fue legalmente otorgado, pues se observa que la entidad accedió a la solicitud deprecada por el interno, previa verificación del cumplimiento de los requisitos instituidos por la Ley 95 de 1993.

4.2.2. Ausencia de condena en contra del señor Londoño por los homicidios que se le imputan.

De otra parte, la Sala observa que en el expediente obran algunas pruebas trasladadas del proceso penal en que se investigó al señor Londoño por su presunta comisión del delito de homicidio en contra de los señores José Guillermo Bohórquez Restrepo, Carlos Alberto Granada Restrepo y Jairo Alonso Ríos Rivera, y el auto de 12 de junio de 1998 proferido por la Fiscalía General de la Nación(18) en el que se le impuso la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva, pero no obra sentencia condenatoria del proceso penal en su contra.

En ese orden de ideas, no le es dable a esta corporación decidir sobre la culpabilidad o no del señor Londoño en relación con la comisión de la conducta punible, pues dicha atribución es exclusiva de la jurisdicción penal. Además, la Sala no puede apartarse de la aplicación del derecho fundamental al debido proceso dentro del cual se encuentra la presunción de inocencia, según la cual: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”(19).

Así las cosas, la Sala concluye que no resulta imputable el hecho, pues el permiso de 72 horas se concedió previo cumplimiento de todos los requisitos del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 y, por otro lado, no está establecido en el presente proceso que haya sido el señor Londoño quien cometió la conducta punible, por lo que, al no existir nexo causal, no puede imputársele la responsabilidad del daño a la entidad demandada y, en consecuencia, se deberá confirmar la sentencia de 30 de enero de 2001 proferida por el tribunal a quo.

5. Costas.

Como no se vislumbra temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Descongestión con sede en Medellín de 30 de enero de 2001, de conformidad con expuesto (sic) en la parte considerativa de esta providencia.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

3. Sin costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(8) 30 de julio de 1998.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 27 de junio de 1991, C.P. Julio César Uribe Acosta, Expediente 6454.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 6 de junio de 2007, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Expediente 16460.

(11) Folio 16 del cuaderno 1.

(12) Folio 11 del cuaderno 1.

(13) Folio 30 del cuaderno 1.

(14) Se tiene como probado que el señor Londoño fue condenado a la pena principal de doce años y medio de prisión como autor único responsable del delito de homicidio simple en la modalidad de tentativa, por lo que fue privado de su libertad desde el 23 de diciembre de 1994 (fl. 154, cdno. 2). Igualmente, de las pruebas allegadas al proceso se constata que el día en que sucedieron los hechos él ostentaba un permiso de 72 horas otorgado por la dirección del establecimiento carcelario de Anserma (fl. 146, cdno. 2).

(15) Folio 153 del cuaderno 2.

(16) — Certificado de calificación de conducta proferido por el consejo de disciplina de 12 de mayo de 1998 (fl. 141, cdno. 2).

— Certificado de calificación de conducta proferido por el consejo de disciplina de 5 de febrero de 1998 (fl. 144, cdno. 2).

— Certificado de calificación de conducta proferido por el consejo de disciplina de 24 de febrero de 1997 (fl. 198, cdno. 2).

— Certificado de calificación de conducta proferido por el consejo de disciplina de 30 de octubre de 1996 (fl. 259, cdno. 2).

— Certificado de calificación de conducta proferido por el consejo de disciplina de 5 de julio de 1996 (fl. 273, cdno. 2).

(17) Folios 132, 167, 178, 179, 242, 248, 251, 274 y 275 del cuaderno 2.

(18) Folios 67 a 75 del cuaderno 2.

(19) Artículo 29 de la Constitución Política.